El censo de colmenas y productores de miel no ha dejado de caer en Cantabria en los últimos años, en un goteo que tiene tanto que ver con cuestiones legales como con las amenazas que afectan a la propia supervivencia de las abejas, como los pesticidas o la avispa asiática. También hay motivos para el optimismo: la demanda de miel artesana supera ampliamente a la oferta y, aunque lentamente, el sector avanza poco a poco hacia la profesionalización.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Con una producción que se queda muy lejos de ser capaz de abastecer a la demanda pero con notables problemas para acceder al mercado, la apicultura cántabra tiene numerosos puntos en común con otros alimentos de fabricación artesana de la región, pero también una nada desdeñable cantidad de problemas específicos que convierten a esta actividad en una más entre las que se encuentran en franca recesión en el ámbito rural de Cantabria. Según los datos que maneja la Federación de Asociaciones de Apicultores de Cantabria (FAAC), en la región existían 264 productores de miel en 2014 –último año con referencia estadística– que explotaban un total de 10.627 colmenas. Ambas cifras son claramente inferiores a las que se registraban seis años antes pero, a decir de quienes trabajan en el sector, son mayores que las que habrá en un futuro más o menos inmediato.

“Tenemos la legislación más restrictiva de España”, asegura José María Villota, presidente de la FAAC, que se muestra categórico a la hora de achacar a la Administración la mayor parte de la responsabilidad en las menguantes cifras que registra la apicultura cántabra. La normativa fija la distancia mínima de las colmenas a zonas habitadas, fincas colindantes o carreteras, y lo hace, explica el representante de los productores, con cotas y criterios especialmente cicateros. “Se ha dado el caso de mediciones erróneas por parte de los técnicos, por no hablar de situaciones paradójicas, como que yo puedo poner colmenas en la finca de un vecino, con su permiso, pero no en la mía con permiso de ese mismo vecino, porque la distancia que se exige es diferente en uno y otro caso”.

La peculiar orografía de Cantabria, con terrenos escarpados y fincas pequeñas, convierte el asunto de las distancias en un factor crítico para el sector, un auténtico cuello de botella que tiende a estrecharse cuando se le suman factores que tienen que ver con la aplicación práctica de la norma o, más en general, con la falta de adecuación de las estructuras de la Administración a una actividad que, aunque nominalmente adscrita a la ganadería, tiene características muy específicas. Alguno de los problemas que se derivan de esta cuestión son comunes a toda España –como la normativa de transporte, concebida en Europa para animales vertebrados, y traspuesta aquí para todos los animales ‘vivos’– pero otros tienen un carácter más local, muy vinculado al protagonismo del vacuno en el ámbito rural cántabro. José María Villota menciona varios ejemplos que vincula con esto, pero quizá el más llamativo es el de técnico de la Consejería que reclamaba el certificado de retirada de animales muertos ante una colmena que había perdido a sus abejas. La carga burocrática, de la que esto sería solo un ejemplo, es otro de los factores que, a decir del presidente de la FAAC, está provocando que muchos apicultores opten por el abandono de la actividad, o por mantenerla como un hobby sin relevancia económica.

Las dificultades que se derivan de este marco general son también los principales condicionantes para enfrentarse a los problemas puntuales que hoy afectan al sector. Aunque el más comentado es el que tiene que ver con la presencia de la vespa velutina o avispón asiático –especie invasora depredadora de las abejas–, esta es hoy más una preocupación de futuro que una verdadera amenaza para los enjambres. Con todo, sí que ocupa un lugar central en las reivindicaciones de las asociaciones de apicultores, que creen que no se están poniendo los medios para minimizar el riesgo de proliferación del avispón, básicamente estableciendo protocolos para la retirada de nidos. La FAAC destruyó uno el pasado año –por el momento el único que se ha localizado en la región– cumpliendo una tarea que le había encomendado la Consejería de Ganadería. “Pero no nos han abonado los gastos, tal y como estaba acordado. Es un sistema que no funciona. Hay que definir una estrategia para su control y erradicación, como se ha hecho en el resto de comunidades autónomas de la cornisa cantábrica”, señala José María Villota.

Aun sin la incidencia de la vespa velutina –que se confía que tampoco tenga una gran presencia esta temporada, dado lo duro que ha sido el último invierno– lo cierto es que las colmenas se están viendo diezmadas, lo que los apicultores achacan a la varroa, un ácaro que ataca las colmenas, y al uso de insecticidas en los cultivos. Este último es un problema que se sufre únicamente en la costa –normalmente asociado a las plantaciones de maíz– pero de difícil solución y del que tampoco es sencillo calibrar el alcance: “Quien hace los estudios muchas veces es el mismo laboratorio que fabrica el pesticida, lo que hace que los resultados no sean muy fiables. Nosotros estamos convencidos de que es uno de los principales factores que está afectando a las colmenas”.

José María Villota, presidente de la Federación de Asociaciones de Apicultores de Cantabria.

Más allá de todos esos condicionantes, y de sus efectos sobre el número de colmenas y su producción, los apicultores cántabros operan en un mercado que presenta una situación en principio envidiable, con la demanda superando ampliamente la oferta. En la práctica, en cambio, eso no se traduce ni en mejores precios ni en la incorporación de nuevos operadores. Una vez más son cuestiones que tienen que ver con la dificultad que encuentra el sector para desarrollarse: con producciones pequeñas es muy complicado encontrar cauces para hacer llegar el producto al mercado, y es casi imposible producir más en un entorno que no favorece el crecimiento.

Como en otros productos artesanos de alta calidad, el etiquetado específico ha sido uno de los recursos utilizados para mejorar la posición competitiva del producto en el mercado. En el caso de la miel esa estrategia se ha plasmado en una doble vía: la marca CC que identifica a los productos cántabros de calidad controlada y, más recientemente, las denominaciones de origen Miel de Liébana y Miel de Campoo-Los Valles. Estas últimas cuentan con protección nacional transitoria, a la espera de su homologación por Europa, y su incidencia es mínima, con solo cuatro operadores lebaniegos registrados. La ‘doble c’ Miel de Cantabria, en cambio, tiene un más amplio recorrido temporal y cifras de producción estimables, aunque con una preocupante tendencia a la baja.

Según datos de 2013 –la Oficina de Calidad Alimentaria (Odeca) no cuenta todavía con los referidos al pasado ejercicio– eran entonces 17 los apicultores registrados, 9 las salas de envasado y algo más de 30.000 los kilos de miel producidos. Aunque no es fácil establecer una relación directa por cuanto hay algún gran productor que prefiere operar sin el amparo de esta etiqueta, las estadísticas del sello Miel de Cantabria dan una medida bastante aproximada de la apicultura más profesional, aquella que constituye el principal medio de vida de quienes la practican. Bajo esa premisa, la información da pie a lecturas contrapuestas, que es difícil confirmar en uno u otro sentido sin conocer las cifras de 2014. Porque aunque en 2013 continuó el goteo de bajas entre productores y envasadores, la miel recogida experimentó una clara recuperación respecto a los tres ejercicios precedentes, por más que quedara lejos de los 40.000 kilos que marcaron el máximo registro de la etiqueta en 2008. Es un dato que indicaría que los operadores, aunque en menor número, cuentan con explotaciones más grandes, lo que podría leerse como un paso en la dirección correcta. Sin la confirmación o el desmentido que ofrecerían los datos del pasado ejercicio, y con el número de colmenas a la baja, no hay por el momento demasiados asideros para el optimismo.