Cantabria regula la instalación de dispositivos para que los jugadores apuesten en locales específicos para ello, salones recreativos, bingos y casino. Coincidiendo con la nueva norma, un grupo de empresarios cántabros ha creado la primera empresa regional que operará en el sector y que prevé invertir 540.000 euros para instalar máquinas en 18 locales. La Hacienda cántabra se llevará un 10% de la diferencia entre lo recaudado y los premios pagados.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Después de una larga tramitación, en la que se ha mantenido un contacto continuo con representantes del sector del juego, Cantabria cuenta ya con legislación propia en materia de apuestas. Que la primera norma aprobada por el nuevo Gobierno, apenas asumidas sus responsabilidades, tenga que ver con una materia controvertida, y en todo caso relacionada con el ocio y no con materias de en principio mayor trascendencia, alimentó una cierta polémica sobre la oportunidad política de la iniciativa. Lo cierto es que la luz verde a la nueva normativa no ha sido sino el último paso de un proceso que se ha prolongado durante los dos últimos años, y que se cerró en febrero con la remisión al Consejo de Estado del texto definitivo. La aprobación por parte de este llegó en julio, ya con el anterior Gobierno en funciones, por lo que la responsabilidad de promulgar la norma quedó en manos del nuevo Ejecutivo.

Cantabria es una de las últimas comunidades en regular esta modalidad de juego, y lo hace también después de que las apuestas ‘on line’ se hayan convertido en un formato más o menos familiar. El primer dato –el retraso en incorporar la regulación a la legislación regional– permite contar la referencia de otras comunidades a la hora de calibrar el alcance que puede tener la medida, en tanto que la competencia del juego por Internet, ya consolidado y con marcas muy conocidas por los jugadores, supone una de las principales incógnitas a las que tendrá que enfrentarse quien opere en el sector al amparo de la nueva norma. Lo que regula el Decreto 78/2015 es la posibilidad de hacer apuestas externas –esto es, fuera del recinto donde se está desarrollando el acontecimiento sobre el que se juega– desde dispositivos instalados en lugares públicos. La normativa cántabra fija como establecimientos susceptibles de acoger alguna de estas máquinas a los salones de juego, bingos y el casino, y veta por el momento tal posibilidad para los locales de hostelería. Esta limitación, y su carácter transitorio, constituye una de los elementos diferenciadores con lo regulado en otras comunidades autónomas, y una de las claves acordadas en el largo proceso negociador previo, que sentó en una mesa a los técnicos de la Consejería de Presidencia –cuyo titular por entonces era Leticia Díaz– y a representantes de las asociaciones cántabras que agrupan a operadores de máquinas recreativas y empresarios del bingo.

La consecuencia más evidente de que se haya optado por esta fórmula es que se limita drásticamente el mercado potencial, de forma que el número de dispositivos a instalar –cuanto menos en una fase inicial– no es muy grande. Aunque en una primera lectura esto podría parecer un inconveniente para los diferentes agentes que pueden beneficiarse del nuevo mercado –establecimientos donde pueden instalarse las máquinas y las empresas que operan estas, básicamente– lo cierto es que es una premisa que favorece al tejido local y que pone coto a un hipotético desembarco de las grandes empresas de apuestas, las únicas que tendrían capacidad para afrontar un despliegue masivo de dispositivos.

Funcionamiento

El negocio de las apuestas tiene algunos puntos en común con el de las máquinas recreativas, pero también notables diferencias. La principal de estas últimas es que el jugador puede ganar a la empresa, de manera que el importe del premio supere a lo recaudado. En una recreativa –ya esté instalada en un bar o en un salón de juego– el software con el que funciona, y la propia ley que las regula, garantiza que el 75% de lo que se juega se devuelve o, lo que es lo mismo, que el operador puede contar con que recaudará para sí el 25% restante, una cantidad con la que luego tiene que afrontar el pago al local, las obligaciones tributarias y sus propios gastos. En el caso de las apuestas no es posible establecer legalmente una tasa fija de devolución, ni tampoco conocer de antemano cuál será el saldo resultante de restar a lo recaudado la cantidad que se abone a los jugadores. Esta diferencia aumenta los riesgos y cambia completamente la forma en que funcionan los respectivos mercados.

Las grandes casas de apuestas por Internet –con nombres muy conocidos, en parte por la fuerte inversión publicitaria que realizan y en parte por llevar funcionando ya varios años en España– apenas han demostrado interés en desplegar una red de dispositivos para el juego presencial. Las máquinas de apuestas que se instalan en locales españoles son operadas por empresas como  Codere, Sportium, Reta o Kirolbet, mucho menos conocidas que los gigantes de las apuestas ‘on line’ pero en muchos de los casos empresas también de considerable tamaño y fuerte capacidad financiera. Más allá de esta última característica, la principal clave para el funcionamiento de unas y de otras es la combinación de tecnología, conocimiento y datos en la que se basa la propuesta de juego de cada cual. Esto es, el factor que mide los riesgos y decide a cuánto pagar cada posible resultado, o combinación de resultados, por los que puede apostar el jugador.

De las decisiones que tome ese cerebro en la sombra depende el futuro de la empresa de apuestas, y lo hace desde una doble vertiente: si se equivoca a la hora de calibrar los riesgos, se estrechan los márgenes y la rentabilidad se esfuma; si por el contrario se muestra excesivamente conservador en sus cálculos, el jugador optará por apostar en otro sitio. Como en tantos otros ámbitos, el éxito depende de ser capaces de encontrar el punto de equilibrio. Lo cierto es que las referencias que ofrecen tanto los lugares donde ya se han desplegado los dispositivos como las cifras del juego ‘on line’ certifican lo afinado de las decisiones que toman las empresas cuando establecen las características de las apuestas, de manera que la relación entre lo jugado y los premios repartidos se mueve en un abanico muy estrecho y similar en todas los operadores: entre un 80 y un 90% de lo que recaudan las máquinas vuelve al jugador. Los márgenes, por lo tanto, no son muy amplios y obligan a ajustar todos los parámetros del gasto. Es ahí, más que en cubrir posibles quebrantos derivados de una mala gestión del riesgo, donde es decisiva la capacidad financiera de las grandes empresas del sector.

La inversión media que hay que acometer para instalar un dispositivo de apuestas ronda los 10.000 euros por máquina y local. Ahí entra tanto el coste del aparato en sí como el de las pantallas por las que pueden seguirse los acontecimientos deportivos, en lo que se conoce como ‘corner’ de las apuestas. A pesar de que en las comunidades donde la autorización para apostar en hostelería se ha hecho con algunas limitaciones, con un mercado tan amplio como el que suponen bares y cafeterías la posibilidad de hacer un despliegue masivo quedaría limitado a las grandes empresas. Si tenemos en cuenta que se trata de una actividad con mínimos márgenes, y en la que quien sea capaz de generar economías de escala tiene una gran ventaja, se entiende que la apertura total del mercado hubiera provocado una posición de dominio de unas pocas empresas y un obstáculo prácticamente insalvable para las más pequeñas.

Empresa cántabra

De esa circunstancia, de las dificultades del sector del juego y de los muchos números que hay que hacer para operar en el mercado recién abierto puede dar fe José Ramón Sainz San Emeterio. En su condición de presidente de la Asociación Cántabra de Empresas Operadoras de Máquinas Recreativas (ACEO) ha participado en las negociaciones que han dado como resultado la norma relativa a las apuestas, y conoce bien las dificultades de competir contra las grandes empresas en un sector que tiende a la concentración. A su vez, es uno de los empresarios locales que, procedentes de área de los recreativos, han creado la primera empresa cántabra que operará en el mercado amparado por la nueva regulación. Cántabra de Apuestas SA tiene como accionistas –a partes iguales– a siete operadoras cántabras de máquinas recreativas y a Kirolbet, empresa vasca que es uno de los líderes españoles en el mercado de las apuestas presenciales. Esta última, como proveedor, será la encargada de aportar las máquinas y la tecnología –el ‘cerebro’ que mide riesgos y decide a cuánto pagar cada envite– con la que funcionarán los dispositivos que instale la empresa cántabra. “El sector del juego es muy complicado, hay que estar dispuesto a innovar, a seguir al cliente en sus gustos. Eso es lo que esperamos que puedan aportar las apuestas, tanto en nuestra condición de operadores de salones recreativos como en este proyecto que hemos puesto en marcha”, señala el presidente de ACEO y también de Cántabra de Apuestas.

Esa doble condición de la que habla José Ramón Sainz aporta alguna de las claves del proyecto y de la propia naturaleza del mercado. Los empresarios operadores de recreativas, que en su mayor parte tienen también salones de juego, esperan que la nueva modalidad incorpore un nuevo perfil de cliente para sus establecimientos, lo que debería redundar en una mayor recaudación tanto a través de los dispositivos en sí como en los consumos que se realicen en la cafetería con la que siempre cuentan esos locales. Otro tanto pueden decir los empresarios del bingo, o el propio casino. Todo el sector del juego ha visto cómo la crisis deterioraba sus cifras de negocio, con lo que contemplan la apertura de esta nueva actividad como una forma ampliar gama para llegar a nuevos nichos.

En un primer momento, cuanto menos hasta que el nuevo mercado se abra a la hostelería, Cántabra de Apuestas aprovechará todas las posibilidades de esas sinergias entre su propia actividad y la de los locales donde instale los dispositivos. En un primer momento la empresa cuenta ya con los correspondientes acuerdos para montar un rincón de apuestas en 18 locales –normalmente con dos terminales en cada uno de ellos–, con una inversión total que alcanzará los 540.000 euros.

La normativa cántabra contempla que un 10% de la diferencia entre lo recaudado y lo abonado sea para la Hacienda regional, una tasa que está en la línea de la que han fijado otras comunidades y que ha sido uno de los caballos de batalla en la negociación de la normativa. Si el porcentaje se cobrara sobre la recaudación, o alcanzara el 12% que se cobra en otras regiones, José Ramón Sainz considera que hubiera sido completamente imposible cuadrar las cuentas, ni para la empresa operadora ni para los establecimientos que acogieran las maquinas. Estos cobran también un porcentaje –en este caso variable y sujeto a negociación– de la recaudación neta. Con el resto hay que abonar la tarifa de la señal de televisión de las retransmisiones deportivas y los propios costes de explotación. “Si una vez consolidado este mercado consiguiésemos entre 8.000 y 10.000 euros de beneficio por local y año estaríamos encantados”, asegura el presidente de Cántabra de Apuestas.

Tanto las cifras como el mercado serán algo distintos cuando la posibilidad de instalar máquinas de apuestas se extienda a bares y cafeterías. Los detalles de cómo se regulará esa segunda etapa no están todavía definidos, pero las referencias de otras comunidades apuntan a que esa ampliación del mercado tendrá su propia ordenación. Para evitar un crecimiento descontrolado en una actividad en la que descontrol y patología aparecen íntimamente ligados, en otras regiones se han establecido condiciones para la expansión –un porcentaje máximo de bares en los que se pueden poner máquinas, o la obligación de que por cada 100 números de dispositivos en la hostelería, se instalen otros en salones tradicionales– y límites a la cuantía de las apuestas y los premios.

Con esas premisas, los cálculos realizados desde el sector en Cantabria apuntan a que el número total de terminales que puedan encontrar acomodo en establecimientos de hostelería se mueva como máximo en la cota de los 500. En La Rioja, con el mercado abierto desde el primer día a la hostelería y tras un año de funcionamiento del sector, hay 280 máquinas instaladas en bares. Son cifras relativamente modestas, que apoyan la línea argumental de José Ramón Sainz, convencido de que las apuestas aportarán nuevos aires al mercado del juego, pero no serán ninguna panacea ni para los locales de juego, ni para la hostelería, ni para las propias empresas que operen en el sector. Tampoco para los jugadores: el premio máximo que se ha pagado en una apuesta en España ronda los 12.000 euros, y eso por acertar una combinación de varios improbables resultados. “Nadie va a hacerse rico con esto”, concluye el presidente de ACEO.