Agustín Valcarce, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, defiende desde hace ocho años los intereses del sector eólico en Cantabria, convencido de que la energía del viento es la única oportunidad que tiene la región para iniciar su propia transición energética, toda vez que la solar y la eólica marina plantean muchas más dificultades.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Julio 2022

Pregunta.– ¿Qué pasa con la energía eólica en Cantabria, que tras más de veinte años de intentos sigue a la cola de España en la implantación de esta tecnología?
Respuesta.– Bueno, lo cierto es que Cantabria tiene sus peculiaridades y aquí el desarrollo eólico siempre ha sido un tema polémico y con mucha contestación incluso entre los propios partidos políticos de la región, que no terminan de ponerse de acuerdo sobre qué modelo energético quieren para la comunidad autónoma. Es curioso porque somos una comunidad con escaso aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica; no tenemos grandes parques solares. Es muy difícil hacer hidráulica ya nueva y la eólica era casi la única salida natural en una región que además dispone de este recurso. Tenemos 35 MW instalados comparados con los más de 1.000 que tiene Burgos, los 3.000 de Galicia, Navarra, País Vasco, Asturias… Todos los territorios limítrofes, siendo igualmente montañosos, tienen bastantes más megavatios instalados que Cantabria.

P.– Se queja de que seguimos perdiendo un tiempo precioso. ¿Hay riesgo de que lleguemos ya demasiado tarde?
R.– Nunca es tarde. Todos tenemos que apostar por la generación de energía limpia y sostenible. Además, la UE está continuamente aumentando los objetivos en este sentido para todos los países. Dicho esto, Cantabria ha perdido muchas oportunidades de sumarse al tren de desarrollo eólico y de atraer inversiones, digamos colaterales con esta tecnología.

P.– ¿De quién es la culpa de este retraso?
R.– Está claro que cuando los tribunales anularon el plan eólico es porque no se hizo como debía. Pero tampoco Cantabria ha sido un lugar atractivo para las empresas, que han preferido irse a otras comunidades en las que les resultaba más fácil desarrollar un proyecto. Todo es relativo. También se han registrado muchos cambios normativos. Aquí contábamos con una pequeña ventaja, que era la evacuación de la energía que no tenían otras regiones, y pese a ello no lo hemos sabido aprovechar.

P.– ¿A qué achaca el fuerte rechazo que esta energía despierta entre la población?
R.– Hay mucha falta de información veraz. Realmente en Cantabria han tomado la iniciativa los contrarios a la energía eólica, que en las redes sociales y los medios de comunicación han dibujado de forma intensiva un panorama que no se corresponde con la foto de lo que hay ni de lo que va a haber. Estamos a la cola de España en desarrollo eólico y la tramitación de los proyectos no va a ser todo lo exitosa que desearían los promotores, sino más bien lo contrario. Se sabe que los técnicos y las autoridades ambientales de la región son muy, muy conservadores en cuanto a nuevos proyectos, con lo cual va a ser muy difícil que Cantabria remotamente se acerque al escenario que presentan los anti eólicos, no digo los ecologistas.

P.– Defiende que, en el corto plazo, la eólica terrestre es la única que tiene una oportunidad viable de desarrollo respecto a otras energías renovables, como la fotovoltaica o la eólica marina. ¿Está convencido de que es la mejor opción que tiene Cantabria para iniciar su propia transición energética?
R. Desde luego. Más aún cuando la implantación de la solar, que tiene que hacerse, va a ser fundamentalmente por la vía del autoconsumo, pero será muy difícil ver grandes instalaciones fotovoltaicas en la región porque tenemos muchísimas menos horas de radiación solar que otras comunidades y es lógico, por tanto, que los proyectos vayan a zonas más viables. En cuanto a la eólica marina, es complicado porque se trata de una tecnología bastante más cara a la que, en nuestro caso, hay que añadir el problema de la existencia de una plataforma continental profunda que requiere de sistemas de anclaje muy caros. No dejaría de ser curioso iniciar este aprovechamiento sin haberlo hecho antes con lo que tenemos en tierra, que es lo más viable. De hecho, todas las regiones están aprovechando los recursos terrestres para después empezar a estudiar el litoral.

P.– Sin embargo, el Gobierno regional ya ha declarado que casi el 94 % del suelo cántabro no va a ser apto para instalaciones eólicas. ¿Encuentra justificada esta limitación?
R.– Es que más del 70% del territorio ya tiene figuras de protección, sean reservas, parques nacionales, naturales… Ya partimos por tanto de un porcentaje muy alto. Si luego le añadimos otros factores paisajísticos, culturales, orográficos o del propio viento, porque no todos los lugares sirven, entonces nos vamos a estos valores tan elevados de protección que realmente en otras comunidades no existen. Viniendo de donde venimos, lo que ha quedado sí parece razonable, aunque llama la atención tanto territorio protegido.

P.– Este mapa de exclusión eólica plantea, según expuso recientemente en el Parlamento el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, que solo se podrían instalar aerogeneradores cerca de El Escudo, en zonas altas del Besaya y al sur del pantano del Ebro, aunque esto no quiere decir que necesariamente sea así ya que, puntualizó, cada parque deberá seguir con su correspondiente tramitación urbanística y ambiental. ¿Precisamente ahí –en la lentitud de la tramitación– está el principal problema?
R.– La lentitud es un factor clave. Por cuestiones del propio Ministerio, que impuso unos hitos que los promotores estaban obligados a cumplir si no querían perder los avales depositados, todos los proyectos se han tenido que tramitar al mismo tiempo. Y la Administración dispone de los recursos y los medios humanos de los que dispone. De ahí que la tramitación esté resultando más lenta de lo que los promotores quisieran. Son proyectos que, sobre todo en su parte ambiental, requiere de unos análisis muy rigurosos, y eso lleva su tiempo. Al margen de la exposición pública, en la que han recibido cientos de alegaciones que hay que tramitar y contestar.

P.– Sostiene que el desarrollo eólico es sinónimo de desarrollo rural y una herramienta para combatir el despoblamiento. ¿Son ustedes los únicos que lo ven así?
R.– Supongo que no, pero a estas alturas, el desarrollo eólico tiene que ser desarrollo rural e implicar al territorio en el que se asienta. Volvemos a la necesidad de explicar bien los proyectos y que el mensaje llegue a sus destinatarios. La realidad es que en España hay más de 1.200 parques eólicos en más de 800 municipios y no se ha visto despoblamiento en ninguno de ellos. Todo lo contrario, donde existe un parque eólico hay recursos económicos. Mientras no se demuestre lo contrario, el desarrollo rural y fijar población en municipios aislados requiere de inversión.

Agustín Valcarce, presidente de la Asociación Eólica de Cantabria.

P.– ¿Echa de menos una mayor voluntad de entendimiento entre las partes afectadas –administraciones implicadas, empresas promotoras y habitantes del territorio–?
R.– Nosotros hemos encajado hasta con deportividad el papel de malos de la película. Hemos ido a todos los foros a los que nos han invitado a participar. Incluso dentro de la Asociación hay promotores que tienen puntos de vista diferentes sobre cómo enfocar el negocio y entrar en una comunidad como Cantabria. Lo que ocurre es que lo peor que hace uno, se lo achacan a todos. Y cuando delante tienes personas que lo que quieren es que no haya absolutamente nada en la región, la verdad es que entonces no queda mucho margen de maniobra para alcanzar consensos. Nuestro papel es el de intentar presentar proyectos que sean técnica, medioambiental y económicamente viables. La Administración, por su parte, debe velar por que se cumpla la legislación vigente. Luego, hay mucha parte de la población que quiere que se hagan proyectos que respeten al máximo el entorno, y otro sector, que es el que hace más ruido, que no quiere nada en Cantabria y que se haga en otras comunidades, pero no aquí. Realmente, en las propias juntas vecinales se quejan en ocasiones de que las personas más reacias a este desarrollo ni siquiera son vecinos empadronados. Es curioso. Si hablamos de representatividad, muchas veces no la tienen quienes más salen en los medios de comunicación.

P.– Ya que lo cita, las plataformas en contra del desarrollo eólico en Cantabria han convocado una gran manifestación este 25 de junio en Santander para expresar su rechazo a estos proyectos que tildan de faraónicos y que afirman destruirán el paisaje de la comunidad y la vida en las zonas rurales. ¿Teme que la sociedad cántabra pueda secundar mayoritariamente estos argumentos?
R.– Sinceramente, no. Si preguntas, hay un consenso unánime sobre la necesidad de apostar por las energías limpias, por frenar el cambio climático y nuestra dependencia del gas ruso y argelino y de todo aquello que no seamos capaces de producir. Hablamos de producción local, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Entonces, ¿qué quiere la industria y el usuario de Cantabria? Energía limpia y barata. Seguramente no quiere que se hagan las cosas mal. Pero eso no lo quiere ni la sociedad, ni los promotores, ni el Gobierno. Si opinara cada cántabro, seguramente no llevaríamos muchas sorpresas. Si se hacen las cosas bien, que se pueden hacer, ¿por qué no vamos a tener aquí un desarrollo eólico como tienen otras comunidades que suponga creación de empleo y actividad económica?

P.– Hasta la fecha, la única referencia eólica en Cantabria es el parque de Cañoneras, en Soba, sobre el que la asociación que usted preside ha llevado a cabo un estudio para conocer cómo ha afectado a la actividad turística y ganadera de la comarca. ¿A qué conclusiones ha llegado este trabajo?
R.– Más que un estudio, lo que hemos tenido es mucho contacto con los representantes municipales. La conclusión, según nos trasladan, es que la aceptación en Soba es de más del 90%; que la convivencia con la ganadería es estupenda en cuanto a compartir las infraestructuras de acceso; y en materia turística nos comentan que desde 2010 han abierto más de quince establecimientos relacionados con la hostelería. Lo que nos piden a los promotores es que ampliemos o que hagamos más parques en el municipio. Todos los años, el ayuntamiento y las juntas vecinales se reparten del orden de 300.000 euros en concepto de alquileres de locales y pagos de impuestos, cuya mayor parte se destina a la mejora de infraestructuras y abastecimientos. Además, los ganaderos de la zona disfrutan del agua más barata de la región. Después de tantos años, se caen todos los argumentos negativos que pesan sobre los aerogeneradores y queda patente que sin recursos económicos es muy difícil fijar población y mantener servicios.

P.– Prevé que a principios de 2023 finalice la construcción del parque eólico de El Escudo. ¿Mantienen estos plazos?
R.– Sí. Se está trabajando para que sea así, aunque cuesta mucho porque son varias las administraciones implicadas. Es muy complicado dar una fecha más concreta, pero en 2023 tiene que estar en marcha.

P.– ¿Será el primer paso para una electricidad más barata?
R.– Una de las medidas sociales del parque es la implantación en los cuatro municipios afectados de una tarifa reducida para los vecinos. En general, este tipo de proyectos favorecen precios de la energía más baratos. De hecho, nadie discute ya que cada vez que sopla el viento, la tarifa eléctrica baja y se consigue una energía más limpia.

P.– Recientemente se ha hablado del hallazgo de restos arqueológicos de un castillo y un campamento romanos en plena Sierra del Escudo. De confirmarse este extremo, ¿podría suponer la paralización del parque eólico de El Escudo?
R.– Este informe de un arqueólogo se ha puesto en conocimiento de la Administración, que nos ha pedido que, en las prospecciones arqueológicas a las que estamos obligados, incluyamos esta serie de indicios para comprobar su veracidad y si realmente son restos arqueológicos, qué valor tienen y cuál es su estado de conservación para proponer en su caso las medidas que sean pertinentes. De confirmarse, lo que haría la Consejería es establecer medidas de conservación, como ha hecho con los demás restos arqueológicos de la zona. Tendría lógicamente una afección, como no puede ser de otra manera, porque primaría la protección arqueológica y el parque se redimensionaría para no afectar a estos restos. De todas maneras, el propio autor del estudio reconoce que los restos no son tan claros como en otras ocasiones. Ahora los promotores están llevando a cabo unos estudios y se van a hacer campañas de prospección geofísica y con drones para identificar esos posibles restos. Y si es un elemento que se tiene que conservar, se conservará y se implementarán las medidas necesarias para ello.

P.– El proyecto de ampliación de la central de bombeo de San Miguel de Aguayo, ¿cree que podría generar un ecosistema favorable para el desarrollo eólico?
R.– Bueno, para Cantabria y para el sistema eléctrico español el proyecto de Aguayo de llevarse a cabo sería un proyecto estupendo. Porque realmente uno de los problemas que tenemos con las energías renovables es la falta de regulación. Podríamos decir que este proyecto es una gran batería de acumulación de energía porque toda esa agua que bombeamos al embalse superior luego la podemos usar en el momento que queramos. ¿Cuál es el problema? Si esa energía la bombeas al embalse superior con energía producida con fuentes fósiles, poco avanzamos. Lo que necesitamos por tanto son fuentes limpias para hacer ese bombeo y poder así cerrar el ciclo.

P.– Entre los objetivos de los famosos Fondos Europeos de Recuperación está favorecer la transición energética. ¿En qué medida las empresas del sector renovable están pudiendo utilizar esos recursos para este fin y qué repercusión pueden tener de cara al futuro?
R.– En concreto, de los proyectos eólicos presentados en Cantabria ninguno lleva aparejados fondos europeos. Esto es una de las ‘mentirijillas’ que dicen los anti eólicos. Todos estas financiados por el promotor o por entidades financieras sin necesidad de recursos públicos. Hay que recordar, además, que estos parques ya van a mercado por lo que no reciben ningún tipo de prima ni de subvención como ocurría hace quince años. Si los proyectos son viables, no necesitan de ayudas públicas, que muchas veces van destinadas a aquellos otros que precisamente tienen algún problema de viabilidad. Entiendo que estas ayudas europeas van más destinadas a proyectos de transformación del modelo energético y de investigación y desarrollo, que sí tienen más sentido, como pueden ser fabricar turbinas más eficientes o conseguir mejoras tecnológicas.