Los ex jugadores Colsa y Munitis abren, junto a Higuera, Canales, Álvaro González y Daniel Raba, un centro de formación para futbolistas en el Polígono de Raos. Con una inversión de 300.000 euros, este proyecto enfocado a mejorar la técnica de los jugadores de fútbol base de la región arranca este mes de abril con un primer Clinic Avanzado de Tecnificación. Su objetivo: formar a los niños y niñas aficionados al balompié y controlar a los nuevos talentos que surjan.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2022

Formar a jóvenes futbolistas e identificar y controlar a los nuevos talentos del balompié que puedan surgir en Cantabria. Ese es el objetivo principal de Futbox Santander, una empresa de reciente constitución que aspira a dar una oportunidad a todos los niños y niñas que sienten pasión por este deporte. Así lo reconoce Gonzalo Colsa, actual director de Fútbol Base del Real Racing Club, y uno de los impulsores, junto a Pedro Munitis, de este proyecto pionero en Cantabria.

“Pedro [Munitis] y yo llevábamos tiempo dándole vueltas a esta idea pero, entre unas cosas y otras y la pandemia, no acabábamos de arrancar. Lo que pretendíamos era conjugar nuestra experiencia profesional en la Clínica Colmun –un centro de rehabilitación y readaptación de lesiones abierto en 2011 en Mompía del que ambos ex futbolistas son socios–, con la práctica y desarrollo del fútbol, que es lo que realmente nos apasiona”, relata para explicar cómo nace este proyecto del que también participan el ex jugador y ex presidente racinguista Manuel Higuera –aparece junto a Colsa como administrador mancomunado de la sociedad– y los jugadores cántabros en activo Sergio Canales (Real Betis), Álvaro González (Olympique de Marsella) y Daniel Raba (Granada CF).

Gonzalo Colsa, en las instalaciones de Futbox, junto al mural en el que aparecen las imágenes de todos los socios del proyecto: Dani Raba, Srgio Canales, Álvaro González, Pedro Munitis, Manolo Higuera y él mismo.

Para cumplir con su propósito, este centro de formación para futbolistas de deporte base acaba de abrir unas modernas instalaciones en una nave de 2.000 metros cuadrados en el Polígono de Raos en las que han invertido unos 300.000 euros. Se trata de un espacio que cuenta con dos campos de fútbol de hierba artificial de treinta metros de largo por veinte de ancho y una pista de padbol –una nueva disciplina deportiva que fusiona el fútbol con el pádel–, además de un gimnasio para la optimización, prevención y recuperación de los deportistas.

En concreto, Gonzalo Colsa explica que su propuesta pretende ser un refuerzo tanto para los jóvenes futbolistas que ya compiten en clubes de Cantabria y quieren una clase particular extra, como para aquellos otros chicos y chicas a los que les gusta este deporte pero no la competición liguera de todos los fines de semana. “Queremos centrarnos en que los jugadores y jugadoras se formen según su edad y nivel: que aprendan a controlar un balón, a dar un pase con el interior del pie, a golpear, a regatear, a levantar la cabeza… En suma, una trabajo más individualizado y específico con el que estamos convencidos de que van a mejorar”, resume.

Grupos reducidos

Para satisfacer esta oferta, el exfutbolista de Ramales de la Victoria avanza la creación en su centro de grupos reducidos de no más de seis integrantes para que el entrenador pueda prestar una adecuada atención a cada uno de ellos. “Intentaremos que estos grupos sean lo más homogéneos posibles en cuanto a nivel futbolístico para que el aprendizaje de todos los participantes sea lo más parejo posible. Habitualmente, en las categorías inferiores, vemos equipos en los que hay algún jugador muy bueno y otros que apenas han empezado a jugar. ¿Qué ocurre?, que los mejores no progresan y los que están iniciándose ven que no participan tanto como deberían. Y eso es precisamente lo que queremos evitar”, aclara sobre el funcionamiento de las clases. Dirigido a pequeños desde los seis o siete años y hasta juveniles, el fin de esta academia privada es detectar carencias y habilidades de cada jugador, pero siempre desde un punto de vista lúdico. “Aquí tienen que venir a divertirse”, puntualiza.

Con Futbox Santander, sus impulsores quieren de igual modo dar cumplimiento a los objetivos que se han marcado tanto la Federación Cántabra como la Real Federación Española de Fútbol que, dentro de su plan estratégico, contempla el proyecto ‘Excelencia deportiva’ dirigido a la creación en cada comunidad autónoma de centros de tecnificación para controlar a las jóvenes perlas futbolísticas que vayan saliendo. En este sentido, Colsa resalta que la federación cántabra va a disponer de un espacio

Vista panorámica de las instalaciones de Futbox, que cuentan con dos campos de fútbol y una pista de ‘padbol’.

en el que poder realizar sus entrenamientos. “Vendrán con sus entrenadores para hacer ese trabajo de tecnificación y con su personal sanitario para hacer igualmente las evaluaciones médicas que tienen que realizar a sus jugadores, pero siempre bajo la metodología que nosotros tenemos instaurada”, enfatiza.

Temporada futbolística

Sobre la programación de las clases, el director de Fútbol Base del Racing admite que se adaptarán a lo que los niños quieran o necesiten, pero que lo ideal sería que se prolongaran durante un curso académico o temporada de fútbol completa, es decir, de septiembre a junio. “Entiendo que habrá niños que ya entrenan con sus equipos y que con que vengan un día a la semana será más que suficiente. En cambio, los que no compitan quizá convenga que entrenen dos días”. Del mismo modo, sugiere que es posible que los de edad cadete o juvenil, donde las exigencias físicas ya son mayores, no solo necesiten trabajar la tecnificación en grupos reducidos, sino que también quieran mejorar su físico y contratar los servicios de un preparador, o incluso de un entrenador que les ofrezca ese feedback continuo de lo que tienen que hacer. “Habrá que organizarlo”, concede.

Para su desarrollo, Gonzalo Colsa anuncia que se van a rodear de personas del mundo del fútbol, con José Picón –futbolista todavía en activo– al frente de todas ellas en calidad de gerente y director deportivo. “Las jornadas matinales –expone– el servicio estará más enfocado al entrenamiento personal y a la rehabilitación y readaptación de lesiones, una tarea para la que Futbox Santander contará con dos profesionales del área de la preparación física y fisioterapia. Las tardes, por su parte, estarán centradas en los aspectos más deportivos con entrenadores que contrataremos en función de la demanda, pero que seguramente serán en torno a cuatro o cinco”. Hasta aquí la teoría porque, como señala el propio Colsa, la actividad del centro no arrancó hasta esta Semana Santa. “Tras las vacaciones, y hasta final de temporada, programaremos un trimestre de actividad para ver cuál es la respuesta del público con el objetivo de poder empezar a pleno rendimiento en septiembre”, anticipa sobre la planificación a corto plazo.

Entre 250 y 300 alumnos

Gonzalo Colsa, uno de los promotores de Futbox Santander, juega con futbolistas de las secciones inferiores del Racing en las instalaciones de la academia que ha montado en el polígono de Raos.

Cuando esto ocurra, Colsa confía en alcanzar entre los 250 y los 300 alumnos al año, a los que aventura, aunque con muchas reservas, el precio que con carácter general deberán pagar por recibir formación: en torno a 80 o 90 euros al mes. Entre sus clientes, también estarán los equipos de las secciones inferiores del Racing, club con el que ha llegado a un acuerdo de colaboración “desinteresado” para que sus jugadores “se diviertan” en nuestras instalaciones. “Será como lo que el club cántabro hace ya en su Academia, pero diferente y más avanzado”, afirma antes de enfatizar que “nosotros, además de amar este deporte, ante todo somos racinguistas” (de hecho, el Infantil A entrenaba en Futbox Santander el día de esta entrevista).

En cualquier caso, el que fuera centrocampista del Racing y del Atlético de Madrid, entre otros equipos, insiste en recordar que su centro estará abierto a todos los jóvenes que sienten pasión por el fútbol, aunque no les guste estar el fin de semana en ‘modo competición’. “Queremos que vengan aquí igual que si fueran a una clase particular de inglés o de matemáticas”, incide.

Con las miras puestas a medio plazo, el promotor junto a Munitis de este proyecto no descarta llevar a cabo iniciativas conjuntas con centros similares al suyo. “Somos en la actualidad el más grande del norte de España, pero estamos abiertos a colaborar con personas del fútbol que tengan una visión de este mundo similar a la nuestra”, asegura el ex futbolista.

En este sentido, Colsa sostiene que hasta su llegada la Racing no se hacía nada de tecnificación con los más pequeños. “Ahora, tenemos un director de metodología y vamos a hacer una sesión con los equipos alevines al campo del Atlético España de Cueto y, en contraprestación, también la hacemos con los benjamines y alevines de este equipo del norte de la ciudad. Llevamos ya una veintena de entrenamientos”, reconoce. “Los niños tienen que trabajar ciertas tareas según su edad y nivel. No podemos saltarnos eso ni ir más deprisa porque nos equivocaremos. Está claro que en las secciones inferiores del Racing se concentra el mayor talento de la región, pero tenemos que saber qué hacer en cada momento y con cada grupo de chavales. Detectar su carencias y corregirlas”.

“No es importante que un niño de ocho años sea fuerte físicamente. A mí me llama mucho más la atención que se sepa perfilar, que controle bien el balón… Nuestra intención es trabajar para mejorar individualmente a los jugadores. Que entiendan que es su momento, que la formación es muchas veces repetir y repetir”, explica Gonzalo Colsa, que al mismo tiempo recuerda que la formación no puede quedarse ahí: “Talento también es la actitud de un niño que quiere mejorar. El formador debe saber transmitir entonces al niño que si ha nacido para ser un ‘seis’ en el campo, un recuperador de balones, no puede ser un ‘diez’”, detalla.

En su visión del fútbol base, el socio fundador de Futbox Santander relata que, desde su desembarco como máximo responsable de las secciones inferiores del Racing, ha intentado inculcar a los pequeños racinguistas que lo importante no es ganar la liga, ni siquiera el partido del fin de semana. “Lo realmente importante es lo que hacemos de lunes a viernes. Y que no nos salgamos de este guion”, subraya. En su análisis, admite que este planteamiento cambia un poco cuando los jugadores llegan a División de Honor juvenil, cuando la competición y la formación empiezan a tener un peso similar: “Pero hasta esa edad y categoría hay que cambiar el sistema y la mentalidad. Me da igual quedar primeros que quintos o sextos. Si ganamos la liga, lo celebramos, pero insisto, no es lo más importante. Por tanto, el mensaje de los entrenadores tiene que ser ese. Pero en el fútbol base hay una carencias enormes, las más de las veces por falta de medios”, recapitula y expone: “Cambiar esta dinámica en un club que tiene treinta equipos es muy complicado. Y si encima le pagas 50 euros al entrenador, pues entonces más aún. Al margen de lo que tienen que aguantar. Yo quiero cambiar esto. Lo estoy intentando en el Racing y ahora quiero hacerlo en un proyecto que es mío. Mi idea es muy sencilla: quiero una fábrica de futbolistas, pero antes de nada de personas con educación y respeto. Por ahí empieza todo”, concluye.

Pasado un año desde que se remitiera la documentación, la ampliación de la indicación geográfica protegida ‘Carne de Cantabria’ se ve frenada por la petición de aclaraciones sobre las condiciones del pliego, al que se pide una mejor definición en las características específicas del producto y en su diferenciación con el de las mismas razas en otros lugares de Europa. Además del trastorno que ese retraso puede producir entre los ganaderos afectados, que ven condicionadas sus posibilidades de lograr un mejor precio, la actuación de los funcionarios europeos refleja la relevancia que se da a las marcas protegidas y el celo con el que Europa vigila la ampliación del catálogo actual.

Cristina Bartolomé |  @criskyraAbril 2022

Hace casi año que los ganaderos de Cantabria esperaban abrir una nueva etapa en la venta de carne, con la culminación del proceso abierto entonces para la inclusión de cuatro nuevas razas cárnicas en el sello de calidad IGP Carne de Cantabria. Habían hecho los deberes: cumplían las exigencias de la marca en cuanto a cuidado de las reses y calidad de la carne y la expectativa era alta: se incluirían unas 200 explotaciones cántabras en la marca, y con ello esperaban poder aumentar los precios y las ventas, ayudando a los ganaderos de razas cárnicas a salir del atolladero que significa no cubrir los gastos de explotación con el precio del kilo de carne. Todo estaba dispuesto además en cuanto a los trámites administrativos, y tras la aprobación de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el destino final de los nuevos pliegos era Bruselas, que debía dar el visto bueno final. Y allí siguen los papeles.

Según relata Lorenzo González, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Razas Cárnicas de Cantabria, Bruselas pidió unas aclaraciones sobre las condiciones de la marca: “Un día antes de que venciera el plazo de tres meses en el que, si hay silencio administrativo, se da por aprobado el asunto. Esto fue el pasado mes de diciembre. Esas aclaraciones se contestaron en una semana desde la consejería. Cuando pase el nuevo plazo, volveremos a llamar a Bruselas a ver cómo está este expediente”. Guillermo Blanco consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sigue mostrándose optimista en relación con la ampliación de la IGP –“Lo importante es que hemos hecho lo que teníamos que hacer”, asegura– y se remite al estudio de la Universidad de Zaragoza que en su día se realizó para justificar la ampliación de razas a incluir en la indicación: “Los resultados de este estudio se remitieron a la Comisión Europea, quien independientemente del tiempo, nos ha contestado en plazo. Lo que sí puedo decir es que en 10 días hemos tratado, con ayuda de la citada Universidad, de resolver las aclaraciones planteadas”.

Lorenzo González, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Razas Cárnicas de Cantabria

La noticia, que vino a ralentizar los planes, cayó como un jarro de agua fría entre los productores, ya que esperaban luz verde sin más sorpresas: “Contábamos los días”, recuerda el presidente de la Federación de Asociaciones de Razas Cárnicas de Cantabria ¿Podemos pensar que la respuesta de  Bruselas indique una posición contraria a la ampliación? Lorenzo González descarta esta interpretación, basándose en que las aclaraciones pedidas por la autoridad europea no son de gran enjundia y no se refieren a la parte nuclear del nuevo pliego de condiciones de la IGP Carne de Cantabria: “No pienso que haya un interés en contra, de ser así las aclaraciones no hubieran sido tan sencillas, no son como para decir ‘se nos cae el pliego’”. El caso es que el asunto sigue en Bruselas, pendiente de unas alegaciones para las que se esperaba una respuesta a finales de febrero que finalmente no llegó en ese plazo.

En concreto, y de acuerdo con el Reglamento (UE) Nº1151/2012, los puntos objeto de mejora, según la Consejería de Ganadería, fueron sobre la descripción del producto, que de acuerdo al dictamen de los funcionarios europeos debe definirse con más precisión y centrarse en las características específicas del producto objeto de protección.  Y esta descripción debe indicar con rigor cómo la ‘Carne de Cantabria’ se distingue de los mismos tipos de razas criadas en otras partes de Europa.  Así mismo, la Comisión Europea ha pedido que debiera mejorarse la sección ‘Vínculo con la zona geográfica’, que es un elemento crucial del documento único. En particular, se pide indicar claramente sobre qué factor se basa el vínculo causal explicando con exactitud el factor indicado, que puede ser reputación, cualidad concreta u otra característica del producto.

Para el consejero, este trámite debe entenderse no como un retraso, sino más bien, como indicativo de la importancia que hay que darle al significado de lo que representa una IGP: “Todos tenemos la responsabilidad, Bruselas y nosotros, de velar por unos productos que respondan a una realidad tangible, que dé respuesta a unos consumidores que cada vez exigen una trazabilidad y unas garantías de acuerdo con lo que rigen sus respectivos reglamentos”.

Aún sin fecha

La ampliación de la IGP ‘Carne de Cantabria’ acogería la inclusión de las razas pirenaica, charolesa, blonda de Aquitania y fleckvieh, lo que supone que más de 10.000 reses podrían comercializarse bajo la marca que ya acoge a las razas tudanca, monchina, asturiana de los valles, asturiana de la montaña, parda de montaña y limusina. Además, el pliego incluía algunas mejoras en el pliego anterior, “que estaba obsoleto”, según señala Lorenzo González. Después de todo este trabajo, el presidente de las asociaciones ganaderas de razas cárnicas, no pierde la esperanza: “Esperemos que Bruselas se muestre positiva”. En todo este proceso destaca que la consejería de Ganadería de Cantabria se volcó en una ampliación que considera que va a ser muy positiva para los productores cárnicos de la región. “Seguimos en reuniones para ver si esto avanza, la última fue en diciembre y en estos días pediremos reunirnos para ver cuál es el siguiente paso”, señalaba en febrero

“De momento no ha habido novedades, aunque confiamos en que la respuesta europea se produzca en el menor plazo posible”, asegura Blanco, quien recuerda que el interlocutor es el Ministerio, y que esta cuestión y su resolución en estos momentos no tiene un plazo máximo para resolverse, al tiempo que  apunta que la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada la (Mecocadi), de la que forma parte la consejería, informa en su reunión trimestral de las decisiones de la Comisión. Concluye, por otra parte, que tan pronto como se publique la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), se podría poner en venta la carne de las nuevas razas bajo la marca IGP Carne de Cantabria.

Precios insuficientes

Las consecuencias de todo este largo y lento proceso son que los doscientos ganaderos que podrían trabajar bajo el amparo de la IGP, siguen como estaban: “En terreno de nadie, y con un precio más bajo de la carne que el que se comercializa con la IGP”, lamenta el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Razas Cárnicas de Cantabria. La carne que se comercializa bajo la marca Carne de Cantabria ha subido el precio entre un 3 y un 4%, aunque Lorenzo González, que explota una ganadería de casi 300 reses, matiza esta subida y la pone en relación con la que han experimentando los costes: “El precio de producción es el triple porque ha subido el pienso un 50%, la luz… todos los costes han subido”. Es la misma tesitura que viven y padecen los ganaderos de vacas de producción láctea: los costes de producción no se compensan con el precio del litro de leche en los supermercados.

La inclusión de las nuevas reses en la marca de calidad significaría una clara mejora económica para los ganaderos. Según las previsiones que manejaban hace unos meses, pasarían de cobrar 3 euros el kilo de carne a 4,20 euros, eso sin la actualización de precios tras la subida de los costes. Ese euro y veinte céntimos significa que la producción salga rentable, ya que, si no se alcanza, no se recupera lo que ceban los animales. Como ejemplo, de un ternero tudanco cebado, que podría producir unos 162 kilos de carne, podrían obtenerse casi 200 euros o más de beneficio.

Las previsiones de mejora de la rentabilidad, sin embargo, podrían verse alteradas por las consecuencias de la situación en Ucrania. El consejero Guillermo Blanco reconoce que el margen de beneficio que ya venían percibiendo los ganaderos, es mínimo: “Los ganaderos son conscientes de que su producto es esencial y no podrán repercutirlo todo sobre los consumidores. Esta es la razón principal por la que tenemos que estar presentes y caminar de la mano del sector compensando esas pérdidas”. Confía en que la nueva situación sea coyuntural: “Aunque tendremos que estar a su altura. Seguiremos vigilantes y estaremos disponibles para seguir apoyando al sector cárnico en esta dura crisis, al igual que haremos con el resto del sector primario y la industria de la alimentación que tanto bien han hecho históricamente a nuestra región”.

Macrogranjas inexistentes

Si la carne de Cantabria puede ostentar un sello de calidad, una IGP que garantiza unos estándares de cuidado del animal y de calidad de la carne, es porque cuenta con explotaciones adecuadas. A renglón seguido de la reciente controversia en torno a las llamadas macrogranjas, Lorenzo González aclara con determinación que en Cantabria no existen explotaciones de este tipo: “Se está confundiendo la velocidad con el tocino, aquí no hay macrogranjas. Los terneros que se crían, en modo extensivo o no, van a cebaderos, si no se defiende ese final de la cadena alimentaria, apaga y vámonos, a quién vamos a vender la carne”.  Lorenzo defiende los modos de producción y el cuidado de los animales en las explotaciones agroganaderas de Cantabria, donde los animales gozan del necesario confort que se traduce en medidas como la llamada cama caliente y otros cuidados: “Es impresionante cómo están. En Cantabria no puedes meterte con esas cosas cuando no son ciertas”.

Lorenzo González sí ve que en esas críticas sobre las llamadas macrogranjas puede haber otro interés: “No acabo de entender esto, están intentado que la gente no coma carne para vender carne de plástico, no se dan cuenta del daño que van a hacer a la economía y los trabajos que se van a destruir” y plantea qué situaciones se darían en algunas, como la suya propia, en la que hay 300 reses. “Hablan de limitar a 150, ¿qué tengo que hacer?, ¿quieren limitar mi producción?, y ¿qué hago con las personas que trabajan ahí, los despido?”.

“Los pequeños, juntos, somos como la mayor empresa del mundo”, asegura en defensa de los ganaderos. Su cálculo es tan sencillo como contundente: “Yo genero tres puestos de trabajo; en cada ganadería, de media, hay un puesto de trabajo y al final son 5.000 o 6.000 trabajadores en las explotaciones de carne y de leche”.

La empresa cántabra, que celebra este año su 75º aniversario, ha centrado su estrategia de los últimos años en los productos de más valor añadido, con la sonorización IP como protagonista y con los desarrollos más complejos como principal objetivo. Con una gama en la que siguen teniendo presencia los productos dirigidos al consumidor minorista que dieron origen a la compañía, Fonestar concentra hoy la mayor parte de su actividad en instalaciones de sistemas de sonido para hospitales, fábricas, grandes cadenas comerciales o estadios, con soluciones escalables que le permiten cubrir desde proyectos de unos pocos miles de euros hasta otros con presupuestos millonarios. Con tecnologías y diseños propios, el objetivo de la empresa es incrementar la fabricación en España, para lo que trabaja en una nueva línea de instalaciones certificadas, con capacidad para integrarse en los sistemas de seguridad y control de los edificios inteligentes.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2022

Fabricar un aparato de radio suponía, hace 75 años, operar en el campo tecnológicamente más avanzado del momento y competir en un mercado acotado por el limitado poder adquisitivo de entonces, pero también con un alto valor añadido y con un notable potencial de crecimiento. Salvando el enorme salto temporal, la Fonestar de hoy es resultado de una historia asentada en la misma vocación que dio origen a la empresa, concretada a lo largo de estos tres cuartos de siglo en productos diferentes y destinados a clientes y usos muy distintos cada vez, pero siempre con el sonido como elemento en torno al que pivotar la oferta y con la innovación como factor diferencial. Con un catálogo en la que todavía están presentes productos electrónicos destinados al consumo minorista, los vínculos de Fonestar con su propia trayectoria se encuentran sobre todo en su capacidad de adaptación y en el desarrollo de soluciones propias con las que responder a las necesidades de un abanico de clientes enormemente diverso, en proyectos cada vez más vinculados con las tecnologías de la información y la comunicación.

Parte del equipo de dirección de Fonestar Sistemas, en las sede de la empresa en el polígono de Trascueto. De izquierda a derecha, Ntuma Ntamila, director de Exportación, Carlos Besoy, director comercial; en la escalera, Pablo Calvin, responsable de Diseño de Producción, Irene Alonso, responsable de Marketing y Comunicación, y Teresa Vallejo, CEO de la empresa.

Con una plantilla de 110 trabajadores y una facturación que se mueve en el entorno de los 14 millones de euros, Fonestar Sistemas da servicio desde Cantabria a clientes de más de sesenta países, en proyectos con capacidad para cubrir cualquier necesidad en el ámbito de la megafonía y concebidos para integrarse dentro de los sistemas de inteligencia artificial del lugar donde se instalen. En la sede de la empresa en el polígono de Trascueto se fabrican los componentes de mayor valor añadido y los productos para los que, bien por su complejidad o por tratarse de series pequeñas, no es rentable externalizar la producción. Pero sobre todo en Cantabria están las que los responsables de la empresa consideran las bases de la competitividad de Fonestar: el potente departamento de I+D, una plataforma logística que permite servir rápidamente cualquier componente a cualquier lugar del mundo y un servicio de atención al cliente que tiene un protagonismo central dentro de la estrategia de la compañía.

“Todo el mundo habla de servicio pero, francamente, no creo que nadie haga lo que hacemos nosotros”, asegura Teresa Vallejo, CEO de Fonestar, antes de repasar algunas de las claves que, a su juicio, marcan las diferencias con lo que existe en el mercado: asesoramiento desde  el primer momento y hasta más allá del periodo de garantía, formación continua a instaladores y clientes, atención ante cualquier incidencia en menos de una hora y capacidad para servir cualquier repuesto en España y Portugal en un día, y apenas en un poco más de tiempo en cualquier parte del mundo. Todo ello, explica, con una visión volcada en el producto y en las soluciones que puede aportar. “Nuestros comerciales son técnicos, y nuestro departamento de ingeniería trabaja siempre con una visión comercial, buscando una orientación práctica a lo que hacen, eso permite que podamos detectar rápidamente lo que necesita el cliente, en ocasiones incluso dando respuesta a problemas que el propio cliente no sabía que podía solucionar con un sistema de sonido como el nuestro”.

Clave en términos de diferenciación del producto, el servicio es también el motor de buena parte de las inversiones estratégicas de Fonestar, desde el almacén, en el que el valor de los stocks se cuantifica en cantidades millonarias, hasta la dotación de recursos humanos, pasando por la continua realización de encuentros de trabajo y de formación con trabajadores y clientes. También es la idea que está detrás de otro de los factores en los que la empresa busca marcar distancias con la competencia: el diseño del producto. “No entendemos este concepto solo como apariencia, que también, sino desde la parte de control, de poder desarrollar exactamente lo que quieres y resolver con ello las necesidades que nos plantean nuestros clientes”, señala Pablo Calvin, responsable de Diseño de Producto. Es una idea, explica, que lleva a formular productos que mejoren la experiencia del usuario, que sean fáciles de instalar y que cumplan con las especificaciones técnicas. “Todo esto hay que plantearlo desde el diseño, que es lo que nos permite conseguir el producto que nuestros clientes quieren, al tiempo que a ellos les aporta soluciones que les es difícil encontrar en lo que ofrece el mercado”.

Una de las placas con destino a un sistema de megafonia de Fonestar. La empresa fabrica en Cantabria los componentes de más valor añadido y todos los que precisan series pequeñas.

Aunque es una idea común a todas las líneas de producto, al hablar de soluciones y de la amplia capacidad de respuesta de los sistemas que desarrolla la empresa los responsables de Fonestar destacan especialmente a la megafonía IP, hoy por hoy uno de los principales elementos diferenciadores de la oferta de Fonestar, y un ejemplo de lo que puede aportar el software al integrarse con el resto de componentes de un sistema de sonorización: altavoces, amplificadores, reproductores o micrófonos. “Con estos sistemas puedes mandar el sonido por la red de datos, pero nosotros hemos desarrollado nuestro propio sistema para ir más allá, añadiendo diferentes capas de funcionalidad para facilitar la vida a nuestros clientes”, señala Daniel Cobo, director del departamento de I+D de Fonestar, que destaca el amplio abanico de aplicaciones que consigue cubrirse con ello. El audio sobre IP, explica, está a caballo entre la instalación clásica de megafonía y las grandes instalaciones integradas: “Lo que hacemos con nuestro sistema, que es perfectamente escalable, es poner está tecnología al alcance del instalador clásico, que no tiene por qué tener experiencia en redes, y por otro lado hemos avanzado en las posibilidades de integración, que es algo cada vez más demandado”. Cobo menciona como ejemplo los sistemas que desde la nube controlan los edificios inteligentes, a los que ahora se ofrece la posibilidad de sumar la megafonía. Ese es el papel que juega Fonestar, y en el que detecta un gran potencial de crecimiento. “Se trata de incorporar tecnología, y es una idea en la que llevamos trabajando mucho tiempo. Siendo un poco atrevidos, podemos decir que hemos digitalizado la megafonía”.

Pablo Calvin, responsable de Diseño de Producción

Fonestar ha montado esta tecnología en el circuito de Moto GP de Termas de Río Hondo, en Argentina, en el Hotel Ocean Coral Spring de Jamaica o en tiendas del grupo Inditex en todo el mundo, y también se usa en multitud de instalaciones más pequeñas. La flexibilidad que aportan estos sistemas, y su componente tecnológico, han abierto un camino por el que Fonestar quiere seguir avanzando: el de acometer proyectos cada vez más ambiciosos en su planteamiento, que den pie a fabricar cada vez más en España: “Queremos potenciar el ‘made in Europe’ y la forma de hacerlo es desarrollar soluciones complejas en proyectos complejos”, resume Teresa Vallejo, que ve las mayores oportunidades en el campo de la megafonía certificada según normativa europea, de aplicación en sistemas de evacuación y seguridad por voz: “Sin dejar de lado nuestro conocimiento en IP, que es mucho, queremos enfocar ahí nuestra I+D”.

Pese a que es una división que los responsables de la empresa admiten que puede tener fronteras poco definidas, el amplísimo catálogo de Fonestar se estructura en torno a dos grandes bloques: la gama de consumo, o minorista, y la gama profesional, en la que se integra el audio IP y, en general, todos los sistemas de megafonía que se instalan en edificios de uso público. El primer bloque, que es el que entronca directamente con el origen de la empresa, incluye aparatos de radio, reproductores de CD y DVD, auriculares, altavoces, soportes de TV, cables de conexión de todos los formatos o las agujas de tocadiscos que en su día fueron uno de los productos estrella de Fonestar y que hoy, más como un reconocimiento a la propia historia que como negocio, se siguen fabricando en las instalaciones de Trascueto. Estos productos de gran consumo, que se venden en los lineales de Mediamarkt o El Corte Inglés, aportan hoy menos del 20% de la facturación de la empresa aunque la porosidad de la línea divisoria entre lo minorista y lo profesional hace que ese dato no sea muy significativo: “Hay una línea muy fina entre uno y otro. Un altavoz o un soporte de televisión, ¿es un producto profesional o de consumo? En realidad tienen ambos usos, y es más adecuado hablar de canal mayorista o minorista. Pero en todo caso están entremezclados”, apunta la CEO de Fonestar Sistemas.

Más allá del valor que pueda tener a la hora de organizar el catálogo y segmentar mercados, o incluso de su peso en el total de ventas, el canal minorista cumple también un papel estratégico al dar visibilidad a la marca y servir como punta de lanza para acceder a determinados clientes. El ejemplo más claro sea probablemente el de Mediamarkt, que es uno de los principales distribuidores de los productos de consumo de Fonestar, pero que también tiene una división, Mediamarkt Bussiness, que realiza instalaciones susceptibles de utilizar los sistemas que desarrolla la empresa cántabra. “Aunque su aportación en ventas pueda ser relativamente modesta, la línea de consumo es un vehículo transmisor, que completa la oferta de canales donde estamos presentes”, explica Carlos Besoy, director comercial de la empresa, que destaca el valor que suma en términos de marca: “Cuando ofertamos nuestro producto para un proyecto competimos con 35 o 40 catálogos. Que el cliente conozca Fonestar no quiere decir que vaya a elegirnos, pero es más fácil que nos tome en consideración. Buscamos esa asociación”.

Juan Vallejo, miembro de la segunda generación de la empresa y responsable de su expansión desde los años 80, con una muestra de las agujas de tocadisco que fueron uno de los productos de más éxito de Fonestar.

Fonestar Sistemas celebra su 75 aniversario en pleno proceso de reestructuración de su catálogo, en el que busca dar más protagonismo a lo productos de más valor añadido, y en un momento marcado todavía por las consecuencias de la crisis sanitaria. Estas se dejan notar sobre todo en los problemas para abastecerse de componentes y en la suspensión de ferias internacionales. Ambas circunstancias han provocado una ralentización de la innovación, por cuanto los componentes tienden a utilizarse más en los productos existentes que en las tareas de I+D, a lo que hay que unir que, sin la presión de tener que presentar nuevas soluciones en las muestras internacionales, los estímulos para ampliar la gama son menores. En todo caso, la empresa mantiene activo un ambicioso programa de inversiones que contempla partidas millonarias en los próximos años para continuar reorientando el modelo de negocio en busca de una mayor rentabilidad y hacia mercados y productos que permitan relocalizar un mayor volumen de fabricación en España.

Incluso con todas las trabas que las políticas autárticas ponían a la importación, y por más que operara entonces con un nombre distinto, la Fonestar de los años cincuenta del pasado siglo tuvo ya una vocación internacional que se ha mantenido en el ADN de la empresa hasta nuestros días. Si en aquellos primeros años encargaba la compra de componentes americanos a los tripulantes de los barcos que cubrían la ruta entre Nueva York y Santander, después pasó a contar con proveedores en Japón, luego en Taiwan y, ya desde los años ochenta y abriendo un camino que luego siguieron muchas otras empresas, en China. En este último país tiene ‘partners’ estables y, sobre todo, cuenta con personal propio encargado de la gestión de la calidad, en lo que los responsables de Fonestar consideran un factor clave para conseguir los resultados que buscan. Ese mismo compromiso por asumir con trabajadores propios las tareas consideradas estratégicas se ha plasmado también en la otra faceta en que la empresa concreta su internacionalización: la exportación.

Aunque tenía presencia desde mucho tiempo antes en Portugal, y realizaba con cierta asiduidad ventas fuera de las fronteras españolas, Fonestar no se planteó sistematizar su estrategia exportadora hasta los años posteriores a la crisis financiera de 2008. La creación del departamento de exportación, en 2010, dio el impulso definitivo a un objetivo para el que se contó con el apoyo del Instituto de Comercio Exterior y que tuvo su primer escenario en Latinoamérica. “Empezamos ahí porque pensábamos que podía ser lo más sencillo, luego vimos que no lo era tanto y que había grandes diferencias entre unos países y otros”, explica Ntuma Ntamila, director de Exportación de Fonestar, que destaca esa capacidad de adaptarse a diferentes realidades como una de las características de la empresa. En aquellos primeros viajes –“a la aventura”, según los recuerda Ntamila– se formalizaron contratos con clientes chilenos que todavía hoy siguen trabajando con la empresa cántabra. “Lo bueno de aquellos primeros pasos es que nos confirmaron que había que ir con una oferta adaptada a cada caso. No servía lo que hacíamos en España, donde ya había un mercado abierto a Fonestar. Y confirmamos que había interés por conocer nuevas marcas, nuevas soluciones, novedades”. A partir de ahí, señala el director de Exportación de Fonestar, se trataba de trasladar el compromiso de servicio de la empresa a esos nuevos mercados para fidelizar al cliente y, al tiempo, conseguir que cada proyecto funcionara como un aval para conseguir el siguiente. “Cuando decimos que tenemos un 98% de stock y que eso nos permite solucionar rápidamente cualquier incidencia, es verdad, pero quien todavía no nos conoce no lo sabe. Cuando les decimos que los profesionales de Fonestar les acompañarán en todo el proceso, es cierto, pero hasta que no trabajan con nosotros tampoco lo saben”. Ese, señala Ntuma Ntamila, es el principal obstáculo con el que se encuentran al entrar en cualquier mercado, pero también algo que cada vez sucede menos: “Cuando ya saben quiénes somos, como pasa ahora, nos encontramos con que hay clientes que vienen a buscarnos, como ha sucedido recientemente en Vietnam”.

Almacenes de Fonestar en Trascueto, que cuentan con stocks para servir cualquier repuesto en menos de 24 horas a cualquier punto de España y Portugal.

Fonestar tiene presencia habitual en países europeos, de América, Asia, África y Oriente Medio, siempre con proyectos del área profesional, y en casi todos los casos de gran complejidad técnica. Además del circuito argentino de motociclismo de Río Hondo, la empresa cántabra ha sonorizado hospitales en Kenia, hoteles en Emiratos Árabes o Cuba, la Asamblea de la República de Portugal y mezquitas en Egipto, por mencionar solo alguno de los proyectos que ha realizado fuera de España. En todos ellos la instalación se ha realizado con apoyo de personal de Fonestar, que en buena parte de esos países tiene trabajadores que realizan allí su labor de forma permanente. Es el caso de Portugal, Francia, Colombia, México y Tailandia, además de China, donde trabaja la persona dedicada al control de calidad de las fábricas que son proveedoras de la empresa cántabra. “Son trabajadores de Fonestar, no distribuidores o instaladores”, recalca Teresa Vallejo, que destaca esa circunstancia como otro de los pilares sobre los que se asienta la capacidad de servicio de la empresa.

Actualmente un 25% de las ventas de Fonestar se realiza fuera de España, una aportación exterior que no ha dejado de crecer desde la creación del departamento de exportación en 2010 y a la que se concede una importancia fundamental dentro de los planes de la empresa. De acuerdo a lo que recogen estos, el desarrollo de nuevos productos dentro de las gamas de mayor valor añadido, y especialmente en los sistemas de voz bajo normativa acreditada, deberían dar un impulso a la facturación, hasta situarla por encima de los máximos históricos de la empresa. Las ventas de los últimos años se han situado algo por debajo de los 15 millones que llegaron a facturarse en 2018, un descenso que es consecuencia no tanto de la crisis sanitaria como de la apuesta por los productos de mayor valor añadido, que ha llevado a que bajara la aportación de algunos que generaban más volumen en beneficio de otros que a cambio aportan una mayor rentabilidad. Las previsiones que maneja Teresa Vallejo contemplan dar continuidad a ese proceso: “Los proyectos que tenemos en marcha deberían aportarnos cinco a seis millones adicionales en facturación en los próximos cinco años, para situarnos en los 18 o 20 millones anuales, que es donde debemos estar”.

Estrena cargo ilusionado y con el objetivo de poner en valor un sector que reconoce hoy no resulta tan atractivo para los trabajadores como en el pasado. Javier Palomera, que sustituyó el pasado mes de enero a Gervasio Pinta al frente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP), aspira a que sea esta asociación, y no otros, la auténtica voz del sector en la región.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Marzo 2021

Javier Palomera ofrece su colaboración a la Administración para aprovechar al máximo los anunciados fondos europeos, reclama más estabilidad en la licitación pública y menos ligada a la cercanía de los procesos electorales, además de una mayor agilidad en los trámites administrativos. Advierte de que el alza del precio de las materias primas ya está dejando muchos contratos desiertos, echa de menos que en la nueva Ley del Suelo de Cantabria no existan mecanismos correctores para aquellos municipios donde no haya demanda suficiente o real de vivienda protegida, y niega que haya riesgo de que se produzca otra burbuja inmobiliaria.

Pregunta.– En su balance anual del sector, su predecesor en el cargo aseguró que 2020 fue un ejercicio nefasto para el sector. ¿Cómo ha sido 2021?
Respuesta.– A nivel de actividad ha sido mejor que 2020, que fue un ejercicio raro por culpa de la pandemia. Con todo, hemos seguido con algunos pequeños problemas en temas como las bajas y también hemos notado mucho parón en la licitación pública. Pero a nivel de resultados, en términos globales, tiene pinta que 2021 no ha sido un buen año por el incremento de los precios de las materias primas que, en muchos casos, han ido directamente a costes propios de la empresa que no se han podido repercutir. En resumen, este crecimiento de la actividad no se ha traducido en mejores resultados.

P.– Afirmó asimismo que la principal aspiración del sector durante el año que acaba de terminar era la creación de empleo. ¿Objetivo cumplido?
R.– Bueno. El empleo ha crecido un 3,8% y hemos cerrado el año con 16.713 trabajadores. Respecto al número de empresas, hasta noviembre habían aumentado un 5,7% con relación al mismo periodo del año anterior, lo que supone el 10,5% del total de empresas de Cantabria. Pese a ello, seguimos viendo que cada vez tenemos más problemas para contratar. Realmente, tenemos más oferta que demanda y no somos capaces de contratar todo el personal que necesitamos.

P.– Desde hace tiempo alertan de la falta de personal cualificado. ¿El sector ya no despierta tanto interés entre los trabajadores?
R.– Realmente no sé de quién es la culpa, pero sí que es cierto que hoy por hoy no somos un sector atractivo para los trabajadores. No sé muy bien las causas. Sí que puede haber un pequeño estigma de tiempos pasados que no somos capaces de quitarnos de encima y que siempre nos devuelve a la crisis de 2008, de la que ya han pasado casi quince años. En la actualidad el sector no tiene nada que ver con aquella época. Pero bueno, seguimos siendo un sector relativamente estable, comparable a cualquier otro, e incluso con unos salarios y un convenio bastante más altos que en otros sectores productivos. Con lo cual tampoco acabamos de entender por qué no somos atractivos más allá de que a primera vista pueda parecer un sector duro y exigente a nivel de trabajo. También creo que es un problema de comunicación porque, al final, siempre se nos acaba relacionando con el encofrador, el albañil y otros trabajos a la intemperie cuando dentro del sector existen otros muchos perfiles y gremios que igualmente también están teniendo problemas para captar empleo.

P.– La reforma laboral pone coto a los tipos de contratación existentes hasta ahora, entre otros al contrato por obra o servicio tan habitual en su sector. ¿Teme que su eliminación desaliente el mercado laboral y agudice el problema de falta de mano de obra?
R.– Creo que en nuestro sector no lo vamos a notar mucho. Considero que al final este tipo de contratación afecta más a otros sectores con mayor estacionalidad. Es verdad que el contrato de obra se modifica, pero estoy convencido de que a nosotros no nos va afectar tanto.

P.– El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, les ofreció en marzo pasado un panorama de “muchísimas inversiones”, tanto públicas como privadas, “cientos de millones” dijo para revitalizar el sector de la construcción en Cantabria. Diez meses después, ¿percibe este paisaje?
R.– Pues hombre, tan, tan optimista creo que no. La verdad es que las inversiones privadas de las que hablaba, salvo las que está acometiendo el Banco Santander en la capital cántabra, no acaban de arrancar. Sobre licitaciones, sí que estamos viendo que se han retomado algo en estos dos o tres últimos meses, pero desde finales del segundo trimestre hasta casi el último del pasado año se registró un parón importante en licitación pública. Seguimos por tanto con nuestra reivindicación histórica de poder ser un sector estable, que no tengamos esas fluctuaciones en la licitación pública y que, en muchos casos, ésta no aparezca ligada a ciclos cercanos a procesos electorales.

P.– Cantabria contaba a finales del pasado año con 1.795 empresas inscritas en la Seguridad Social, frente a las más de 5.424 con las que contaba hace tan solo un lustro. ¿La construcción está perdiendo protagonismo en la economía regional?
R.– Buena pregunta. No lo sé. Creo que en muchos casos este dato se explica en el hecho de que se ha reducido la fuerte atomización de empresas que antes existía. Se ha apostado por unir empresas y sumar esfuerzos. Además, también es cierto que hubo unos años, desde 2016 a 2018, en que la actividad se redujo considerablemente, lo que sin duda trajo consigo la desaparición de algunas. Pero es verdad que el sector no está ahora entre los protagonistas del panorama económico regional. Y tampoco parece, con la actual dinámica, que vayamos a estarlo porque todas las políticas que se están ejecutando no van encaminadas precisamente hacia nuestro sector.

P.– En reiteradas ocasiones han solicitado al Ejecutivo cántabro una mayor agilidad en la tramitación de licencias, licitaciones y otros expedientes administrativos. ¿Les han hecho caso?
R.– De momento, no. Mantenemos esta reivindicación porque al final repercute mucho en nuestra actividad. Es un tema que ya afecta incluso al consumidor final. En muchos casos prácticamente el 50% del tiempo se nos va en trámites. Imaginemos un escenario tipo de construir un chalé. Pues a grandes rasgos son dos años los trámites y dos años edificar la casa. No hay manera de conseguir los estándares de agilidad que reclamamos ni tampoco una comunicación profesional con la Administración.

P.– Según datos del Observatorio de la Construcción, el volumen de licitación de obra pública acumulada hasta octubre pasado fue de 189 millones de euros, un 197,4% más que en el mismo periodo de 2020 y muy por encima de la media nacional que fue del 85,6%. ¿Estamos ya en niveles previos a la pandemia?
R.– En primer lugar, debo decir que ese incremento tan brutal se justifica porque en 2020 hubo un periodo de cinco o seis meses de cero actuaciones. Dicho esto, con el empuje registrado en los últimos meses de 2021 y los primeros de este año ahora mismo si podríamos estar cerca de los niveles de entonces que, dicho sea de paso, tampoco eran ninguna panacea. Por eso, seguimos reclamando más inversión porque respecto a ejercicios anteriores aún estamos por debajo de lo que consideramos debería ser una actividad media que nos permita tener esa estabilidad en el sector a la que aspiramos.

P.– Pese a la Ley de Contratos del Sector Público, ¿persiste el problema de las bajas temerarias? ¿En qué medida siguen produciéndose y de qué manera afecta el actual tirón de la obra pública y la subida del precio de los materiales?
R.– Superar o no el tema de las bajas temerarias depende en gran medida de la actividad. Muchas veces se criminaliza las bajas cuando, dentro del sinsentido que representan, vienen motivadas por la falta de actividad. Las empresas ante un escenario de no actividad o generar una, aunque sea a un mal precio, optan en muchos casos por esta segunda opción con le fin de proteger el empleo y la propia empresa. En cualquier caso, ahora no estamos en esa situación que sí se ha vivido en otras épocas. Sigue habiendo alguna que otra baja un poco desmesurada, pero no tanto como para rescindir una obra. Pero con lo que sí nos estamos encontrando a raíz del incremento de las materias primas es con licitaciones desiertas, que es un asunto bastante más relevante. En muchos casos las obras no tienen actualizados los costes al escenario actual, con el agravante de que en los contratos públicos, tal y como están planteados aquí, no se permite la revisión de precios. Esto está derivando en que en muchas actuaciones se están quedando contratos, y algunos importantes, sin licitar. Un contrato que hace años hubiera salido con una baja temeraria, ahora se está quedando desierto. Creo que esta situación sí supone un cambio significativo de tendencia. Por eso solicitamos que aquí se permita esta revisión de precios que en otras comunidades, como Extremadura y Galicia, y en entidades públicas como Adif, ya se han admitido.

P.– Los visados autorizados de obra nueva para uso residencial hasta septiembre se situaron en 851 unidades, un 78,4% más que en 2020. ¿Satisfecho?
R.– Como ya le dije antes, creo que este incremento viene motivado por lo que ocurrió en 2020. Comparar con ese ejercicio es engañarnos porque solo se trabajó medio año y, por tanto, es lógico que se registren incrementos. En términos generales los visados de viviendas unifamiliares han mantenido una tendencia muy estable, por lo que diría que casi un 90% de este aumento corresponde a una serie de viviendas que se han iniciado en Santander. Hay que tener en cuenta que, dado los números en los que nos movemos, cien viviendas nuevas representan unos incrementos brutales. Es decir, cualquier movimiento produce una fluctuación muy importante en los porcentajes.

P.– Desde hace meses vienen alertando del encarecimiento de las obras y retrasos en los plazos de ejecución de los proyectos debido al alza del coste de la energía y el aumento de precios de los materiales. ¿A las puertas de la llegada de los fondos europeos para proyectos de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, esta alza de precios puede comprometer su viabilidad?
R.– Lo estamos viendo ya. Nos estamos encontrando con muchos casos de proyectos que ya estaban en estudio y que, una vez llega ahora el momento de solicitar precios, se topan con unas desviaciones salvajes en relación a lo que tenían previsto cuando iniciaron los trámites a mediados del pasado año. Sobre todo se va a notar una paralización en el sector privado y la industria, donde las previsiones de inversiones en obra civil no digo ya que se estén paralizando, pero sí en muchos casos aplazando porque entienden que ahora no es el momento. Y es que al final podemos estar hablando de un encarecimiento del 25 o el 30% del presupuesto. También lo estamos percibiendo en viviendas unifamiliares, donde mucha gente está esperando a ver qué pasa porque no cabe duda de que un incremento de ese tipo es muy representativo.

P.– ¿Cómo va a encarar el sector esta situación que muchos expertos aseguran que es coyuntural?
R.– Es complicado. De momento, más allá de apoyarnos en la obra pública, que va tener que corregir proyectos y precios y asumir en muchos casos los sobrecostes con los fondos europeos, es evidente que en el ámbito privado es un problema porque los precios no se pueden subir hasta el infinito. En este caso el precio final está topado al bolsillo del consumidor. Es que, como ya he apuntado, no estamos hablando de incrementos del 1 o el 2%, sino de incrementos brutales hasta el punto de que nosotros mismos hemos recomendado en algunos casos no realizar la inversión. Porque sencillamente no es el momento. Y en la parte de rehabilitación, entiendo que lo que esté vinculado a las ayudas y subvenciones sí se llevará a cabo, pero con el mismo problema de sobrecoste.

P.– Su asociación ha valorado positivamente el proyecto de la nueva Ley del Suelo actualmente en tramitación. ¿No echan nada de menos?
R.– Es cierto que hemos valorado positivamente algunas de las iniciativas que inspiran la redacción de la nueva Ley, como lo es la pretensión de flexibilizar y fomentar la tramitación y aprobación de los planes generales municipales, tan necesarios para poder desarrollar y rehabilitar el medio donde vivimos y trabajamos los cántabros, tarea en la que llevamos años de retraso debido a la falta de motivación o interés para aprobar tan trascendentes instrumentos. También hemos valorado positivamente la intención de flexibilizar y agilizar la tramitación de licencias de obras y primera ocupación, más siendo conscientes de que la Ley estatal impone su desestimación por silencio, lo que implica que sea necesario disponer de herramientas correctoras ante los posibles retrasos o demoras por parte de la Administración. Incluso se ha valorado en el debate parlamentario la posibilidad de instaurar un índice de cumplimiento de los plazos por parte de las administraciones para el otorgamiento de las licencias y autorizaciones urbanísticas. Veremos si estas iniciativas son suficientes y eficaces, pero lo que resulta positivo es comprobar que existe un interés real en intentar dar una solución a esta problemática.

P.- ¿Qué echan en falta en la nueva norma?
R.- Existen aspectos que los promotores y constructores hemos manifestado que debieran revisarse, en especial aquellos que pueden afectar a la viabilidad de las actuaciones urbanísticas. Entre ellos, y en relación con la promoción del suelo, hemos pedido la reducción de la cesión obligatoria a favor de la Administración, que se establece en el 15% del suelo, con toda la obra de urbanización ejecutada, libre de cualquier gasto o carga, es decir, listo para que la Administración pueda edificar, para ajustarlo al 10%, que es lo previsto en otras comunidades autónomas de nuestro entorno inmediato, como Asturias o Galicia, o de diferentes modelos y visiones estratégicas, como Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía… También hemos pedido la revisión de los estándares urbanísticos establecidos en el proyecto legal, pues consideramos que no existen argumentos para justificar un incremento de los mismos. Es cierto que en el proyecto, tras las alegaciones realizadas por este sector, se han corregido significativamente los mismos respecto al borrador inicial, pero aún quedan algunos por ajustar y que pueden afectar a la sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo del suelo. El que estos estándares se encuentren en un texto legal dificulta que puedan revisarse “a posteriori” para resolver los problemas e ineficacias que pudieran darse. Es por ello que hemos defendido que debieran reducirse al mínimo imprescindible, dando margen a los ayuntamientos para que puedan adaptar los mismos a las necesidades de cada desarrollo. De otro lado, en el proyecto legal se incluye la previsión de un mínimo de 30% de viviendas de protección para los desarrollos del suelo residencial, la cual tiene su justificación en la Ley estatal. Los promotores somos conscientes de la necesidad de desarrollar vivienda protegida y siempre nos hemos mostrado favorables a hacerlo, pero siempre y cuando sea sostenible, viable y exista una demanda contrastada. A este respecto, se echa de menos que existan mecanismos correctores para aquellos municipios o lugares donde no exista demanda suficiente o real de vivienda protegida.

P.- Piden también que el sector privado pueda impulsar modificaciones del planeamiento municipal ante situaciones de inactividad por parte de los municipios.
R.- Consideramos que esto bien pudiera servir para incentivar que la Administración mantenga actualizados sus instrumentos de planeamiento. También miramos con cierto escepticismo algunas otras normas que pudieran instrumentalizarse para limitar o condicionar la iniciativa privada, como lo es la facultad que se da a la Administración para poder adquirir inmuebles para el patrimonio público del suelo y posteriormente cederlos o arrendarlos incluso a precio inferior al de mercado, atribución que utilizada abusivamente pudiera generar distorsiones irreales sobre el valor de mercado, ya que tal reducción del precio no tendría su origen en situaciones reales de mercado, sino en la instrumentalización de fondos públicos de todos los ciudadanos. En este mismo sentido, y como limitación a la iniciativa privada, tampoco se entiende que la promoción y titularidad de los alojamientos colaborativos o cohousing se limite a cooperativas excluyendo al resto de agentes, más cuando el Plan de Vivenda 2022-25 establece expresamente como beneficiarios de las ayudas para promover este tipo de alojamientos a cualquier entidad pública o privada.

P.– Han advertido que en algunos municipios cántabros adquirir una vivienda de protección oficial resulta más caro que comprar una libre. ¿A qué lo achacan?
R.– No podemos obviar que el principal incentivo para adquirir una vivienda protegida respecto la vivienda libre es el precio. Los requisitos de acceso, la obligación de residencia o las limitaciones a la venta o alquiler reducen su atractivo ante los potenciales adquirentes. Donde la vivienda libre ve reducido su precio por debajo de la media es muy difícil encontrar demandantes de vivienda protegida. Además, debemos ser conscientes de que en Cantabria existen municipios donde los compradores principalmente buscan segunda residencia y la demanda de vivienda protegida es limitada. Los promotores estamos deseando construir y vender viviendas en cualquier régimen de protección. El problema se da cuando la Administración impone la construcción de un mínimo de viviendas de protección oficial en un municipio donde no hay demanda efectiva para este tipo de viviendas. En este contexto, resulta insostenible cualquier iniciativa de desarrollo de suelo residencial. ¿Cómo puede asumir un promotor la construcción de un mínimo del 30% de viviendas protegidas en un municipio donde no existe demanda de ese tipo de residencia? En Cantabria, la necesidad y demanda principal de viviendas de protección se concentra en el entorno de los grandes municipios en los que el precio de la vivienda libre es más elevado. Fuera de ellos, la imposición de un mínimo de viviendas protegidas que no se ajuste a la demanda real genera un gran problema al hacer insostenible el desarrollo de suelo residencial.

P.– La construcción vive un inusitado auge de la rehabilitación. ¿Por ahí pasa el futuro del sector?
R.– En condiciones normales debería ser así, al menos en las ciudades. Santander, por ejemplo, seguirá creciendo con obra nueva, pero sin duda será mayor la necesidad de rehabilitar las ya existentes. En este punto hay que empezar a hacer una labor didáctica para entender que las viviendas al final tienen un mantenimiento similar al de un coche. Mantener una casa en condiciones adecuadas conlleva unos costes y nos estamos encontrando con edificios muy cerca ya de su ocaso útil. Por eso creo que, aunque se seguirá haciendo obra nueva y se desarrollen nuevas zonas y urbes, el futuro del sector pasa por la rehabilitación.

P.– El acceso a financiación se antoja, en este sentido, fundamental. ¿Hay algún acuerdo a la vista entre el Ejecutivo, ACP y las entidades de crédito?
R.– Hoy por hoy, no. De momento, nosotros tampoco estamos en ese diálogo.

P.– En el actual contexto de reactivación económica y de fuerte incremento del precio de la vivienda, ¿hay riesgo de que se pueda producir otra burbuja inmobiliaria?
R.– No. Son dos escenarios completamente diferentes. No veo que el aumento de la actividad vaya a ir por ahí. Sobre todo porque las viviendas se construyen para que las compren las personas, y no creo que estemos ahora en ese punto de que todo el mundo compre vivienda nueva. Tenemos aún mucho margen de reactivación antes de acercarnos siquiera a aquellos momentos. En cualquier caso, además, podríamos estar ante una burbuja de precios, no de ladrillo. El problema es el coste y la venta del producto. Parece que somos un sector en el que es muy fácil hablar de burbujas, pero estamos en un mundo muy diferente al de entonces.

Aunque era una tendencia que ya se había dejado notar antes de la pandemia, los primeros indicios de la recuperación tras la crisis sanitaria han confirmado la pujanza del alquiler a largo plazo como alternativa a la propiedad de los automóviles. Los primeros meses tras el confinamiento han disparado la demanda de vehículos en ‘renting’ por parte de las empresas, en una tendencia que se ha trasladado también a los particulares. El parque de vehículos ha crecido más de un 3% respecto al existente antes de la declaración del estado de alarma, pero el incremento más notable se ha producido en el número de clientes, que son hoy casi un 15% más de los que eran entonces. La fórmula, con una cuota fija mensual en la que están incluidos todos los gastos, despeja incertidumbres y protege al usuario de los imprevistos, algo especialmente valorado en el escenario postpandémico en el que nos movemos.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Julio 2021

El del automóvil es un mercado en el que desde hace años son más las dudas que las certezas, pero en el que empiezan a apuntarse algunas tendencias con una clara vocación de continuidad. Pocas lo hacen con el respaldo que los datos conceden al ‘renting’, una alternativa que hasta no hace mucho era muy minoritaria y restringida casi al ámbito empresarial pero que hoy abandera a una proporción muy significativa del parque de vehículos español y que mantiene un crecimiento sostenido en el número de usuarios, en gran parte gracias a la incorporación de particulares. A diferencia de lo que sucede en otros productos y servicios, la crisis derivada de la pandemia no ha supuesto aquí ningún freno a una demanda que ya era notable antes de la declaración del estado de alarma y que ahora se ha visto multiplicada por los cambios de hábitos propiciados por la covid-19.

Según recoge un estudio elaborado por la Asociación Española de Renting (AER), el parque de vehículos en circulación bajo esta fórmula sumaba 742.621 vehículos al cierre del primer trimestre de 2021, último periodo con datos. Esta cifra supone un incremento del 3,56% en relación con la que se registraba el 31 de marzo de 2020, cuando todavía no eran perceptibles los efectos de la declaración del estado de alarma. El crecimiento más significativo, en todo caso, no tiene tanto que ver con la cantidad de vehículos en ‘renting’ como con el cada vez mayor número de personas que hacen uso de esta modalidad: las empresas que ofrecen servicios de alquiler de vehículos a largo plazo atendían a algo más de 230.000 clientes en la fecha de referencia del informe, un 14,25% más que el año anterior. Que el número de usuarios crezca significativamente por encima del parque de vehículos confirma una tendencia que, aunque ya perceptible con anterioridad, se ha visto reforzada tras el confinamiento: la incorporación de particulares y autónomos a un mercado que hasta no hace mucho atendía casi exclusivamente a grandes empresas que veían en el renting la mejor fórmula para gestionar sus flotas.

Fermín González, responsable de la delegación de Northgate en Cantabria.

El alquiler de vehículos a largo plazo permite utilizar un vehículo en condiciones comparables a las que ofrece la propiedad a cambio de una cuota mensual en la que normalmente están incluidos todos los gastos, con excepción del combustible. Es una fórmula emparentada con otras que han ido abriéndose paso entre la oferta de los concesionarios de vehículos, como aquellas que a cambio de una cantidad mensual ofrecen un compromiso de recompra del automóvil al cabo de un tiempo determinado, o bien quedarse definitivamente con él a cambio del pago de una cuota final por el importe del valor residual del vehículo, pero en la que a diferencia de estas el coche no es propiedad de quien lo utiliza, que por tanto puede desentenderse del pago de seguros, reparaciones y mantenimiento, y con la garantía de contar inmediatamente con un vehículo de sustitución en caso de cualquier percance. Es precisamente esta cobertura ante imprevistos la principal ventaja que hace valer esta forma de resolver las necesidades de movilidad, que encuentra aquí un recurso frente a las incertidumbres, sea esta del tipo que sea. Sin la obligación de contar con grandes periodos de tiempo para amortizar una compra, el usuario puede despreocuparse de cuestiones que hoy son un verdadero quebradero de cabeza para cualquier comprador, como qué combustible o sistema de propulsión elegir. Tras una pandemia que ha puesto de manifiesto hasta qué punto el futuro puede ser imprevisible, todo parece jugar a favor de una fórmula que permite una rápida adaptación a circunstancias cambiantes, y que permite acceder a un vehículo nuevo sin afrontar desembolsos iniciales que comprometan la capacidad financiera de empresas o particulares.

Del análisis que recoge el informe realizado por la AER se desprenden algunas conclusiones que parecen avalar que el buen momento por el que pasa el ‘renting’ no es coyuntural, y puede tener todavía un amplio recorrido. La principal es, sin duda, que el crecimiento que está experimentando este mercado se debe sobre todo a la incorporación como clientes de un número cada vez más significativo de personas físicas, ya sean empresarios autónomos o particulares.  Al cierre del primer trimestre de este año, el peso de las personas físicas en el parque de renting era del 15,86%, algo más de dos puntos por encima del porcentaje que se registraba en el primer trimestre de 2020, pero eran ya casi la mitad del total de clientes de esta modalidad. También crece la cuota de las empresas más pequeñas –las que cuentan con flotas de hasta cuatro vehículos– y de las medianas –hasta 24– en tanto que desciende la demanda por parte de las mayores. Esto es, permanece estable o con ligera tendencia a la baja la participación del segmento más maduro en tanto que aumenta –en algunos casos con mucha fuerza– aquel que tiene un mayor potencial para seguir creciendo.

Cantabria

El informe de la AER no incluye datos de las comunidades autónomas, pero nada indica que el mercado del renting en Cantabria esté siguiendo sendas distintas a las que recorre en el conjunto de España. Si acaso, y si tomamos como referencia la actividad de alguna de las principales empresas de renting que opera en la región, la tendencia al crecimiento puede ser incluso más acusada que en el resto: “Nuestros datos corroboran los del estudio de la Asociación Española de Rentiong, e incluso los sobrepasan –explica Fermín Gutiérrez, responsable de la delegación de Northgate en Cantabria– nuestro parque de vehículos alquilados en Cantabria ha crecido un 16% en esa comparativa trimestral 2020/21”. En línea también con lo que recoge el estudio, el delegado de Northgate confirma que la mayor parte de ese incremento se debe a la incorporación de clientes nuevos, que aportan el 50%  además es destacable que sobre todo lo ha hecho gracias a nuevos clientes, que aportan un 50% de ese aumento de parque: “Son muchas las empresas y autónomos de la región que hasta ahora no se planteaban otra fórmula que no fuese la propiedad como modo de afrontar sus necesidades de vehículos y que ahora no dudan en apostar por el renting como solución principal”.

El contrato de ‘renting’ incluye cualquier operación de taller, tanto las de mantenimiento como la reparación de averías o golpes.

Los cambios que se están produciendo en el mercado del ‘renting’ llevaron a Northgate, que hasta entonces tenia todo su negocio centrado en las empresas, a poner en marcha el año pasado una línea específica para particulares. Fermín González, que califica como muy positiva la evolución de esta línea de negocio, considera que los consumidores están trasladando al automóvil una modalidad –el pago por uso– cada vez más habitual en otros productos y servicios.

En relación con las empresas, en las que ya era relativamente habitual recurrir al renting como fórmula de acceso al vehículo, el delegado de Northgate detecta también algunos cambios que reflejan la diferente forma en que la pandemia ha afectado a unos y otros sectores: “En el último año hay dos cuya demanda de vehículos en Cantabria ha crecido por encima de ningún otro: auxiliar de la construcción y logística. Sin duda alguna son dos sectores que se han visto beneficiados por el cambio de hábitos y consumo vivido en la pandemia: el comercio electrónico y la inversión en reformas de vivienda y obra nueva”.

Crecimiento

El delegado en Cantabria de Northgate confirma que el mercado del renting de vehículos llevaba años encadenando crecimientos importantes en España –”y en Cantabria en particular”, señala–, una tendencia en la que seguía la tónica habitual en el resto de Europa. Un escenario en el que la irrupción de la pandemia, a diferencia de lo que ha sucedido en otras actividades, no ha tenido ningún efecto, al menos ninguno negativo: “La crisis sin precedentes que hemos vivido ha catapultado al renting como solución a las necesidades de movilidad”, asegura Fermín González, que apunta alguna de las razones que lo explican: “Creo que, además de por las virtudes del servicio en sí, esto se produce por un cambio de mentalidad y valores en el empresariado y ciudadano en general; nuevos valores que fortalecen al servicio flexible frente a la propiedad, el pago por uso frente a compromisos a largo plazo que la experiencia nos ha mostrado pueden ser difíciles de cumplir”, señala.

Fábricas de coches a medio gas

Con los vientos soplando a favor, la principal amenaza a la que se enfrenta hoy el ‘renting’ no es muy distinta a la que acecha al automóvil en su conjunto: el riesgo de no poder dar respuesta a la demanda debido al desabastecimiento al que aboca la caída de producción en las fábricas debida a la falta de componentes. Es un problema al que ya se enfrenta el ‘rent a car’, un mercado distinto –estacional y muy vinculado al turismo– pero que es indicativo de un fenómeno que puede trasladarse a otros ámbitos. En las empresas que operan en renting y que lo hacen con grandes flotas, como Northgate, la planificación está permitiendo dar respuesta a lo que demanda el mercado y mantener las previsiones de crecimiento.

Con todo, es difícil que, de prolongarse en el tiempo el descenso de la producción de automóviles, la actividad no terminase por verse afectada. El ´renting’ supone ya el 21,95% del mercado español del automóvil, con lo que no puede mirar si no con preocupación una situación que le afecta directamente. “La ralentización en la fabricación de  automóviles está afectando a todo el sector”, admite el responsable de la delegación de Northgate en Cantabria.

La sociedad laboral creada por los trabajadores de ‘Cantabria Negocios’ ha vivido en una montaña rusa desde su fundación en 2019, afrontando los retos habituales de una empresa en sus inicios, adaptando después su plan de negocio a los condicionantes de la crisis sanitaria para, finalmente, alcanzar los objetivos de facturación y empleo que se planteaban para la fase de puesta en marcha del proyecto. Además de editar la revista de información económica de referencia en Cantabria, la empresa produce vídeos corporativos y diseña y posiciona páginas web para clientes de toda España, con una actividad creciente en el País Vasco, donde tiene presencia estable a través de una delegación comercial. Completado el catálogo de servicios y dotada ya de la estructura necesaria para asumir nuevos retos, Maremagno Comunicación SLL se prepara ahora para seguir creciendo.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Julio 2021

Sin necesidad de que ninguna pandemia venga a acentuar tal circunstancia, los primeros años de vida de una empresa tienen siempre la condición crítica que se le supone a los proyectos en incubación. Por más que esa condición pueda verse atenuada en el caso de una empresa nacida para dar continuidad a una actividad de décadas, la vertiginosa sucesión de acontecimientos que se ha dado en los dos últimos años ha supuesto todo un desafío para el proyecto de Maremagno Comunicación SLL, la sociedad laboral creada por los trabajadores de Cantabria Negocios para asumir la edición de la revista tras la jubilación de Eduardo Zúñiga, fundador y anterior propietario de la cabecera. A los inevitables –y esperados– condicionantes administrativos, burocráticos y financieros de todo inicio, se unió después la imprevisible crisis sanitaria, para con todo ello dar forma a un escenario que dejó sin efecto los planes trazados con anterioridad y puso en cuestión los objetivos fijados cuando se puso en marcha el proyecto. Con todo, y pasada la frontera de los dos años, Maremagno ha llegado al punto previsto en aquel planteamiento inicial, por más que lo haya hecho siguiendo rutas diferentes a las previstas entonces.

El equipo de Maremagno, en las instalaciones de la empresa. De izquierda a derecha, Rubén Gutiérrez y Josune Gómez, técnicos del departamento web, Antonio Ruiz Garmendia, fotógrafo y operador de drones; José Ramón Esquiaga, director de la revista ‘Cantabria Negocios’; Chema Echeverría, gerente; Lola de María, responsable de diseño y directora del departamento web; Ibana Morales, responsable de la delegación del País Vasco; y Ana Fernández, de Administración.

Maremagno Comunicación SLL formalizó su nacimiento en mayo de 2019, y estrenó su condición de editora de Cantabria Negocios dos meses después, con el número correspondiente a agosto de aquel año. Fue el primer paso en una transición que contemplaba la recuperación de la oferta de productos y servicios que ya se ofrecían en la etapa anterior para, a partir de ahí, crecer tanto en volumen como en mercados en los que tener presencia, tanto sectorial como geográficamente. El objetivo siempre fue hacerlo con los mismos trabajadores que ya lo eran de Ediciones Finder –la anterior editora de la revista–, de manera que cada nuevo servicio que iba asumiendo Maremagno implicaba la incorporación de los empleados que ya venían desempeñando esa labor, en ocasiones desde muchos años atrás. Este último era el caso de los tres fundadores de Maremagno Comunicación –Chema Echeverría, gerente, que trabaja en Cantabria Negocios desde su fundación en 1999, José Ramón Esquiaga, director, que lo hace desde el tercer número de la revista, y Lola de María, diseñadora gráfica, que se incorporó en 2003–, pero también en mayor o menor medida del resto de profesionales que se fueron sumando a Maremagno en los meses posteriores a su creación.

Además de editar esta revista de información económica, Maremagno Comunicación SLL produce contenidos audiovisuales –vídeo corporativo, en su mayor parte, aunque su oferta cubre casi cualquier necesidad que pueda plantear el cliente– y elabora y posiciona páginas web. Un catálogo de productos que en buena medida es resultado del proceso de diversificación emprendido a partir de 2012 por la antigua editora –y por los mismos profesionales que hoy mantienen esa estrategia en la nueva empresa– como forma de enfrentarse a la fuerte caída que la crisis de 2008 provocó en el sector de la edición periodística, que hasta entonces aportaba la totalidad de los ingresos. La creación de Maremagno ha permitido destinar más recursos a esa diversificación, a la que se le ha añadido una nueva rama con la apertura de una delegación comercial en el País Vasco. Los apenas dos años que la empresa lleva operando con su nueva estructura, pero sobre todo el que en ese tiempo haya tenido que enfrentarse a las consecuencias de la crisis sanitaria, han permitido poner a prueba las virtudes de esa estrategia, haciéndolo además con una intensidad que nadie estaba en condiciones de prever.

Imprevisible 2020

Las previsiones con las que arrancó 2020 –el que iba a ser primer ejercicio completo de la nueva empresa– contemplaban un leve incremento de la facturación procedente de la revista y crecimientos más acusados en los pedidos a atender desde los departamentos de elaboración de páginas web y producción audiovisual. La declaración en marzo del estado de alarma, y el consiguiente confinamiento, dio un vuelco a ese planteamiento, pero lo hizo afectando de una forma diferente a cada área de negocio, y con ritmos que también iban a ser distintos en la recuperación de la actividad.

Chema Echeverría y Antonio Ruiz Garmendia con uno de los drones que se utilizan en la producción audiovisual.

Nadie, eso sí, estuvo en condiciones de apreciar esas diferencias durante los primeros días tras la declaración del estado de alarma. El parón fue en ese momento prácticamente absoluto, y afectó casi por igual a todos los departamentos, que de una manera o de otra se enfrentaban a una disyuntiva muy parecida: mantener o no la actividad ante una caída de ingresos que inevitablemente iba a llevar las cuentas a los números rojos. En el caso de la revista hubo desde el principio la convicción de que era imprescindible seguir en los quioscos, aunque ello implicara hacerlo con pérdidas. El mercado publicitario se había venido abajo, especialmente en sectores que aportan una proporción muy significativa de los anunciantes de la revista, como el automóvil, lo que convirtió a la revista correspondiente al mes de abril del pasado año en la que menos facturación publicitaria ha aportado en las más de dos décadas de historia de Cantabria Negocios. A cambio fue el número más vendido en quioscos –directorios empresariales al margen– de los últimos años.

A diferencia de lo que sucedió en el caso de la revista, donde se consiguió mantener cierta apariencia de normalidad pese a la caída de ingresos, el departamento web vio prácticamente paralizada su actividad durante las primeras semanas del confinamiento. No hubo nuevos pedidos para elaborar páginas web e incluso buena parte de las que estaban en producción quedaron en suspenso. El cierre de toda la actividad considerada como no esencial afectaba a gran parte de los clientes del área de negocio digital, con lo que se acordó suspender los proyectos en marcha mientras estuvieran vigentes las restricciones. Otro tanto sucedió en lo relativo a la producción audiovisual, donde existía además una imposibilidad de trabajar debido al estado de alarma.

Como en tantas otras empresas en similar situación, los ERTE fueron un instrumento fundamental para conseguir adecuar la capacidad de la empresa a la caída de los pedidos. En cambio, no hubo en ningún momento problemas de liquidez que obligaran a recurrir a la financiación de los créditos ICO. Además de lo que aportaron en términos de flexibilidad, la evolución de los expedientes temporales de regulación de empleo es también un buen indicador de cómo los diferentes departamentos de Maremagno Comunicación se vieron afectados por la crisis, y de la forma en que fueron saliendo de ella. Así, los trabajadores directamente implicados en la edición de la revista tuvieron una reducción de jornada que nunca fue superior al 70%, y que se dio por terminada a finales de julio. En el departamento web hubo un ERTE completo durante el primer mes tras la declaración del estado de alarma y al 50% durante los dos meses siguientes. Llegado el 1 de agosto de 2020, la totalidad de la plantilla de la empresa trabajaba ya a tiempo completo.

José Ramón Esquiaga, director de ‘Cantabria Negocios’

La vinculación entre la jornada de trabajo y la recuperación de la actividad, y lo que ello pueda tener de indicativo de la forma en que se encararon las difíciles circunstancias del mercado en los meses del confinamiento, no estaría completa sin tener en cuenta la aportación de los proveedores externos, algo especialmente decisivo en el caso de un medio de comunicación impreso como es Cantabria Negocios. El compromiso de Camus Impresores –donde se imprime la revista– fue clave para poder llegar a los quioscos durante los meses en que estuvo vigente el estado de alarma, como lo fue también el de los distribuidores y los propios quiosqueros. Otro tanto puede decirse de los periodistas ‘free lance’ que colaboran en la elaboración de los contenidos de cada número de la revista, y del fotógrafo encargado de tomar las imágenes, sin los que hubiera sido imposible acudir a la cita con los lectores.

El recuerdo a las circunstancias en las que Maremagno celebró su primer aniversario, en pleno confinamiento, se completa con la inevitable mención al teletrabajo. Desde el 16 de marzo hasta bien entrado el mes de julio del pasado año, las oficinas de la empresa en la calle Rualasal de Santander permanecieron vacías, con los trabajadores haciendo sus tareas desde sus propios domicilios. Si bien la naturaleza de las funciones a realizar no suponía demasiado problema para el trabajo a distancia, la coordinación entre los diferentes departamentos y la comunicación con los clientes sí que supusieron auténticos retos, sacados adelante con el auxilio de la tecnología y con la buena voluntad de todos.

Recuperar objetivos

Lola de María, Josune Gómez y Rubén Gutiérrez, trabajando en el departamento de diseño web de Maremagno

La progresiva vuelta a la actividad permitió a los responsables de Maremagno liberarse de la presión del día a día que concentró todos los esfuerzos durante el confinamiento y volver a fijar la mirada algo más lejos para revisar los planteamientos y objetivos con los que se inició el año, en circunstancias radicalmente diferentes. Pese al terreno perdido hasta agosto, la recuperación del mercado publicitario y el tirón de la demanda de páginas web que se produjo a partir del verano fueron empujando la cifra de facturación hasta cotas muy cercanas a las que se preveían al iniciar el ejercicio. Ello permitió además completar la transición de la antigua ediciones Finder a la nueva Maremagno Comunicación, que inició 2021 ya con seis trabajadores en plantilla, los mismos con que contaba la anterior editora. Los algo más de 280.000 euros de facturación con los que se cerró el año de la pandemia quedaron ligeramente por debajo de las previsiones, pero no muy lejos de estas.

Ibana Morales, responsable de la delegación de Maremagno Comunicación en el País Vasco.

El impacto de la crisis sanitaria ha dado un vuelco a los mercados que atienden los diferentes productos de la empresa, pero no en todos ellos con consecuencias negativas. Es pronto todavía para valorar la forma en que se verá afectada la edición de la revista Cantabria Negocios, que opera en un mercado tan maduro como estable, pero en el caso del departamento de creación y desarrollo de páginas web es un hecho que la pandemia ha provocado un claro incremento de la demanda. En el caso de la producción audiovisual, la recuperación fue mucho más lenta y, de hecho, apenas se percibió hasta el último trimestre de 2020, pero este año es con mucho la actividad que más crece. Durante los primeros meses del año se han hecho grabaciones en Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja y Castellón, además de las realizadas en Cantabria. Buena parte de los cerca de 20.000 euros invertidos por Maremagno en el último año se han destinado precisamente a este área de producción, con la compra de dispositivos de grabación, cámaras y drones.

Previsiones

Maremagno prevé cerrar el presente ejercicio con una facturación que se movería en el entorno de los 360.000 euros, de los que aproximadamente la mitad procederían del área de edición y un 40% los aportaría el diseño y elaboración de páginas web, quedando el resto a cargo de la producción audiovisual. Esta diversificación en producto se traslada también al ámbito geográfico, a pesar de ser un proceso más incipiente. Como no puede ser de otro modo, la práctica totalidad de lo que factura la revista Cantabria Negocios tiene origen cántabro, pero en el resto de departamentos la procedencia es mucho más variada. Tanto por lo que supone el contar con presencia en el enorme mercado del País Vasco, como por el cada vez mayor número de contratos que se cierran por Internet, los encargos de webs y vídeos llegan de toda España, hasta el punto de que si tenemos en cuenta lo sucedido en los primeros meses del año, ha habido varios momentos en los que eran más los pedidos llegados de fuera de Cantabria que los que se recibían desde la región. Entre los clientes que el departamento web ha atendido este último mes hay empresas y particulares de Burgos, Logroño y Barcelona, además de los más habituales de las provincias vascas.

De acuerdo a las previsiones para el ejercicio en curso, las ventas realizadas fuera de las fronteras regionales aportarán a cierre de 2021 cerca del 20% de la cifra de negocio de Maremagno Comunicación SLL. Es un porcentaje que, de acuerdo a los objetivos que manejan los responsables de la empresa, debería ir incrementándose en los próximos años, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento de facturación que contempla el plan de negocio de la empresa.

 

Francisco Javier López Marcano, consejero de Industria, analiza en esta entrevista las fortalezas y riesgos de la industria regional, un sector con el que asegura va de la mano y que, a su juicio, está demostrando una sorprendente capacidad de generar nuevas iniciativas. Aboga por desterrar personalismos y por construir consensos, y defiende la importancia de las grandes empresas, aunque reconoce que no son tiempos propicios para su implantación. Afirma que trabaja para crear cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial y confía en que las máquinas entren en La Pasiega antes de que finalice esta legislatura. Destaca el potencial del sector sociosanitario y apuesta por jugar un papel clave en la industria del hidrógeno. Dejado atrás ya el tiempo de los ERTE, augura que el próximo año será el de las ejecuciones de proyectos y sostiene que Cantabria seguirá siendo un destino turístico seguro, saludable, natural y, por ende, preferente. Eso sí, siempre que el cielo no nos juegue una mala pasada y lleguen vacunas. ¡Que lluevan vacunas!, reclama.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Junio 2021

Pregunta.– Tras más cinco años alejado de la primera línea política regresa para hacerse cargo de un departamento que no le es en absoluto ajeno, pero al que en esta ocasión se añade de forma singular la industria regional. ¿Percibe que le van a exigir más en esta nueva responsabilidad que en otras como el turismo, un sector al que ha estado más íntimamente ligado?

Respuesta.– Debo aclarar que soy una persona muy autoexigente y que soy consciente de la enorme responsabilidad que he asumido. No diré que mi primer juez voy a ser yo, pero se aproxima muchísimo a la realidad. Estoy convencido de que hay que echar el resto en beneficio de un sector que tiene una enorme pujanza histórica en una tierra de vocación industrial contrastada. Por eso, mis esfuerzos estarán como mínimo en consonancia con la importancia que la industria representa para nuestro PIB, que actualmente está en torno al 22%. Nuestra intención es incrementarlo hasta el 24% a lo largo de esta y la próxima legislatura. Mi reto personal es esforzarme en estos dos años que restan como si fueran los cuatro de una legislatura ordinaria.

P.– Pese a que la industria alimentaria tiene un importante peso específico dentro del sector industrial de Cantabria, su gestión es competencia de otra Consejería. Aunque sea liderada también del PRC, ¿no lo considera una cierta incongruencia?

R.– Es una competencia del Gobierno, que es lo más sustantivo. Sí que es cierto que esta parcela en el día a día puede generar situaciones de difícil gestión, pero no es menos cierto que cuando un Ejecutivo cuenta en estos dos aspectos con consejeros de la misma adscripción política todo resulta más fácil. Por si eso fuera poco, los dos consejeros titulares somos vecinos y tenemos una buena relación.

P.– También es muy destacado el papel de la industria auxiliar de la automoción, un subsector en el que Cantabria cuenta con empresas altamente competitivas pero que dependen absolutamente de las decisiones que adopten las grandes multinacionales, todas ellas localizadas fuera de la región. Ante esta realidad, ¿qué papel puede desempeñar el Gobierno cántabro, además de dar ayudas?

R.–  Son los rigores de la globalización. Las decisiones son en ocasiones globales y hay puntos importantes, sobre todo en ese mapa europeo, pero también tiene sus ventajas. Hay un papel que no nos resignamos a dejar de jugar que es el de la demanda permanente conjuntamente con el sector. Hay que equilibrar las reglas de juego porque el mercado de componentes del automóvil es un mercado global que va dirigido a las grandes marcas. Dicho esto, que las grandes decisiones a veces se tomen fuera de Cantabria es como mínimo una incomodidad. Más allá de las ayudas, los responsables del Gobierno deben ser la voz de estas empresas y un interlocutor válido de sus demandas ante el Gobierno de España. Nosotros no decimos no sistemáticamente a sus proyectos de emprendimiento e innovación por más que esos mercados y las empresas matrices estén fuera de la región.

P.– Las escasas grandes industrias que hay en Cantabria son las mismas desde hace décadas, aunque en ocasiones hayan cambiado de nombre: Solvay, Dinasol, Sidenor, SEG Automotive, Armando Álvarez, Global Steel, Ferroatlántica… ¿Le preocupa la dependencia que existe de estas compañías, que en su mayor parte son las que obedecen a lo que conocemos como industria tradicional o la vieja economía?

R.– Me preocupa más que el cambio de nombre la causa que lo motiva, que es el cambio de propietarios. Resulta doloroso para un consejero de Industria muy arraigado a su tierra que las grandes decisiones se tomen en China o en Alemania porque sus propietarios son chinos o alemanes. Sin embargo, nuestras grandes empresas también tienen autonomía para tomar decisiones y están en una fase de elaboración de proyectos que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Dicho esto, no cabe duda de que son una seña de identidad de nuestro tejido industrial, integrado en un 90% por pymes y micropymes. Los tiempos, de todos modos, no son propicios para la implantación de grandes empresas. Eso pertenece más, salvo casos excepcionales, a épocas pretéritas.

Francisco Javier López Marcano, consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

P.– Precisamente una de ellas, Solvay, necesita sacar adelante su plan de transición energética para garantizar su continuidad. El Ejecutivo regional ya ha anunciado que brindará su apoyo para facilitar este proceso, que suma una inversión prevista de más de 120 millones de euros, pero ¿cuál es la postura de Madrid y de Bruselas?

R.– El proyecto de Solvay es modélico, ejemplar. No solo por la fuerte inversión que conlleva sino también porque se adapta perfectamente al Acuerdo de París y a las exigencias en este ámbito de 2030 y 2050. Supone la eliminación de 170.000 toneladas al año de gases de efecto invernadero. Y nosotros vamos de la mano con la empresa. Estamos al tanto y seguimos sus pasos, desde el propio presidente, que ha liderado esas demandas ante el Estado, hasta la última persona de esta consejería estamos empeñados en ser la voz y el brazo armado de la necesidad de ese proyecto para esta empresa de larguísima tradición y una de las grandes de nuestra economía.

P.- Precisamente, en esta transición energética el hidrógeno verde está llamado a ser una pieza clave. España aspira en su conjunto a producir el 10% del total de la UE y a desarrollar toda la cadena de suministro. ¿Cantabria también va a jugar en esta liga?

R.– No solo queremos jugar la Liga, queremos jugar la Champions. Hemos puesto en marcha una iniciativa, que es la Plataforma del Hidrógeno de Cantabria (PH2C), a la que ya se han adherido 46 o 47 entidades que representan a nuestro tejido industrial, tecnológico y económico. Todas las grandes empresas forman parte de esta plataforma, empeñadas en sacar adelante sus proyectos en Castro Urdiales, Torrelavega, en el área de Santander y en otros muchos lugares de la geografía regional. Queremos cumplir esos parámetros; secundamos esos proyectos y hemos firmado manifestaciones de interés PH2C cuando así se nos ha requerido, siendo copartícipes y aliados de las empresas promotoras de estos proyectos. Si me pidiera un resumen de lo que va de legislatura, la Plataforma del Hidrógeno aparecería en los primeros lugares de logros conseguidos.

P.– Hay consenso en que el coste de la energía lastra la competitividad de la industria no solo en Cantabria, sino en toda España. ¿De verdad no puede hacerse nada desde la administración regional?

R.– Es una pregunta querida (se ríe). Tiene que ver mucho que ver con la Alianza por la Industria, con la imperiosa necesidad de implantar herramientas que equilibren esas diferencias porque, como ya he comentado antes, el mercado en que se mueven nuestras empresas va mucho más allá de nuestras fronteras. En alguna ocasión he aludido a la diferencia existente entre la Europa unida y la de los mercaderes. Y a veces esas diferencias se aproximan mucho más a esta última Europa.

P.–En el proceso de liquidación de Sniace parece que hay algún comprador interesado en quedarse con la fábrica, ya sea en todo o en parte. ¿Realmente existe esta posibilidad? Se lo pregunto porque con los antecedentes de esta empresa solo cabe ser escéptico.

R.– El objetivo es que ese privilegiado espacio productivo de Sniace siga funcionando como tal. Nos encontramos en un momento decisivo de ese larguísimo proceso. Hace unos días se ha abierto el plazo del plan concursal para que los posibles licitadores presenten sus ofertas. A lo largo de estos meses he ido conociendo el interés de distintos grupos no solo por adquirir la empresa sino también por hacerla rentable. Y he conocido proyectos diversos, unos que mantienen todas las unidades productivas que pueden resistir las reglas del mercado en la actualidad, y otros que incorporan fórmulas mixtas, como por ejemplo algunas vinculadas con el hidrógeno. En cualquier caso, es una imperiosa necesidad para Cantabria en general y muy en particular para Torrelavega y su comarca que ese polígono industrial, conectado por autovía y tren y a quince minutos del Puerto de Santander, vuelva a funcionar.

P.– Crear suelo industrial en Cantabria nunca ha sido una tarea fácil. ¿Qué relación existe actualmente entre la oferta y demanda de suelo? ¿Baraja algún uso o alternativa para la extensa superficie que dejará libre Sniace, incluso en el hipotético caso de que la fábrica vuelva a funcionar?

R.– Nosotros estamos trabajando en estos momentos por poner a disposición en torno a cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial. No solo los dos millones del Llano de la Pasiega, sino también los 515.000 metros cuadrados del polígono de Laredo; los más de medio millón de Los Tanagos y de La Hilera, la ampliación del polígono de Castro… Y a todo eso hay que añadir que quedan parcelas en Morero y en Marina de Cudeyo… No tengo ninguna duda de que una vez terminemos las tramitaciones, que son costosas y laboriosas, esos polígonos se van a llenar. Estamos en el momento procesal oportuno en este y en los próximos años para llenar esos espacios industriales y no descarto que en los próximos meses vayan produciéndose buenas noticias.

P.– A las diferentes administraciones, y no solo a ésta, siempre se les ha achacado que buscan un gran proyecto (GFB, Haulotte, Nestor Martin, la reapertura de la mina de Reocín…) que casi siempre acaba mal. ¿La Pasiega es uno de esos grandes proyectos que no llega a ningún lado?

R.– Han acabado mal o no han acabado, porque algunos aún continúan. La Pasiega se encuentra en el mejor momento conocido. Hasta finales de este mes estará en exposición pública y tenemos un calendario que es muy posible que podamos cumplir y que antes de que finalice la presente legislatura nos dé alguna satisfacción. En cualquier caso, en este largo itinerario de tramitación de La Pasiega, que se inicia hace muchos años y que fue suspendido en 2013 –hubo un Gobierno que tardó dos años, de 2011 a 2013, en decidir la suspensión– nos encontramos en el momento más avanzado. Tengo que confesar que el día que el expediente de La Pasiega salió de esta consejería con dirección a Obras Públicas me sentí muy satisfecho. Y eso supuso, junto con la muy estrecha colaboración de esta otra consejería, la aprobación inicial que creo recordar fue el 9 de abril. El mejor de los calendarios es que haya máquinas en el Llano de la Pasiega antes de que acabe la legislatura. Eso sería extraordinario.

P.– En términos industriales, ¿qué espera de los fondos europeos de recuperación? En este sentido, ¿no teme que, dado que la mayoría del tejido industrial cántabro está integrado por pymes con muy poca estructura y escasa capacidad para moverse por los laberintos burocráticos, al final haya menos proyectos que dinero, y que éste termine por perderse?

R.– Tengo un sentimiento doble. Por una parte, me preocupa la incertidumbre y la ambigüedad sobre la distribución de esos 70.000 millones de euros destinados a proyectos. En este momento no sabemos aún si su selección y, por tanto, la distribución de fondos va a estar o no centralizada, ni si todos los ministerios se van a comportar de igual manera. No sabemos tampoco cómo se van a resolver los PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), los fondos de los Next Generation… Hay incógnitas que deberán ir resolviéndose en los próximos meses. De otra, tengo una fe de mucho peso en los extraordinarios proyectos que están presentando las empresas interesadas. Empresas que no son una isla y que conocen muy bien el funcionamiento y requerimientos de la Administración a las que nosotros apoyamos desde el primer minuto procesal. En nuestro ánimo, además, está el seguir ese recorrido conjuntamente con ellas. De todas formas, estoy firmemente convencido de que algunos proyectos deben ejecutarse con o sin fondos europeos, verbigracia La Pasiega.

P.– En muchos foros económicos se apunta al enorme potencial que presenta el sector sociosanitario en Cantabria. ¿Qué hace falta para que esta previsión se concrete y qué argumentos tiene que hacer valer la región para que finalmente pueda conseguirlo?

R.– Estoy totalmente de acuerdo que tiene mucho poderío. Esta fortaleza del sector sociosanitario entronca directamente con una de las direcciones de esta consejería, que es la del turismo de salud. En los tiempos actuales, las personas buscan destinos seguros y saludables y, en ese ámbito, Cantabria, liderada por el buque insignia que es Valdecilla, tiene que mostrar su poderío industrial. Hay que tener en cuenta que desde Sodercan tenemos una línea de ayudas dirigida no solo a las TIC y la creación e internacionalización de las empresas, sino también a la salud. Creemos firmemente en el Clúster de la Salud del que formamos parte.

P.– Usted ha anunciado que el próximo cuatro de junio se constituirá la Alianza por la Industria que servirá para fijar “objetivos comunes” de lo que debe ser el futuro de la comunidad autónoma en este ámbito. ¿Nace con el consenso de todos los implicados –Gobierno regional, grupos parlamentarios y agentes sociales y económicos–?

R.– Sí. Hace tiempo que lo pusimos en manos de todos los grupos parlamentarios. Nace como un ejercicio de fe en el consenso. Los individualismos en la época que vivimos no conducen a buen puerto. Sabemos que es un documento que tiene contenidos, pero que su espíritu corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones, en una aventura que tiene un inicio feliz pero que luego, si no la gestionas, puede conducir a la nada. No tenemos esa voluntad. Tenemos la de buscar acuerdos y consensos y de eso es fiel reflejo esta Alianza por la Industria, como también lo son los acuerdos a los que intentamos llegar con otras comunidades autónomas vecinas. Creo que por principio y por también mi concepción de la gestión pública tenemos que ser una consejería a la escucha y los problemas y necesidades de la industria, del turismo, del comercio, del transporte y de la innovación.

P.– Asegura que sobre la mesa de su despacho se acumulan proyectos de empresas “dinámicas” de la región que, de materializarse en un 70 u 80% de los casos, contribuirán a un futuro de prosperidad y riqueza.

R.– Estoy convencido de que va a ser así. También estoy convencido del riesgo que entraña este tipo de afirmaciones que dependen de muchas cuestiones. En los últimos días suelo enriquecer la explicación. Siempre he dicho que si se cumple ese porcentaje, nos esperan tiempos de prosperidad. Luego también he añadido siempre que han de ejecutarse antes del 2025, porque de lo contrario no los ejecutaremos antes del 2040. Pero, como le decía, ahora lo expreso de otra manera. Si lo que se presentaba el pasado año en esta y otras consejerías eran ERTE, en 2021 son proyectos, el próximo año serán ejecuciones y en 2023 realidades. Este es el calendario que creo debe cumplirse para fortalecer el peso de nuestra industria.

P.– Igualmente, sostiene que de los 19 proyectos eólicos en tramitación solo prosperarán los que sean “sumamente respetuosos con la ley, con el paisaje y con el medio ambiente”. ¿Conoce ya cuáles son?

R.– No. Como sabe, hay proyectos de tramitación autonómica, hasta 50 MW, y a partir de ahí otros de tramitación estatal. A esto siempre añado que nuestro plan de sostenibilidad energética, otra de las buenas noticias de esta legislatura porque ya ha salido a exposición pública, solo contempla 700 MW de eólica terrestre y otros 50 de eólica marina. Si esos 19 proyectos suman del orden de 1.700 MW, es una obviedad que no todos van a salir. Pero el objetivo general es cumplir la legislación, como los estados miembros de la UE también tienen que cumplir la suya, y contribuir a mejorar los datos de producción eólica que hay en España.

P.– Augura que el mayor problema que va a tener Cantabria este verano en términos turísticos es que quepamos todos. ¿Realmente lo piensa así?

R.– (se ríe). Bueno, no sin antes afirmar que las mayores crisis del turismo vienen de arriba, cuando llueve. Eso es lo peor que nos puede suceder en años normales y en circunstancias normales. Lo peor que nos puede suceder ahora es que no estemos vacunados, un extremo que no se va a producir porque ya en estos momentos tenemos unos datos de vacunación muy superiores a la media española. Cuando acabe junio, este porcentaje de vacunados va ser muy elevado, como también será muy relevante el de inmunizados. Eso aporta tranquilidad. Cantabria es un destino preferente. En 2020 ya fuimos junto con Asturias la comunidad con mayor ocupación de España. Somos un destino saludable, seguro, natural y que conjuga tantísimas fortalezas que es imposible encontrar en el mundo otros 5.300 kilómetros cuadrados con tamaña variedad turística. Yo no soy un consejero estático. Cuando puedo, recorro la región y además hago semanalmente mis muestreos sobre cómo están las reservas, los alquileres, incluso las compras de vivienda y tengo mucha fe en que esto va a ser así. Si no llueve y hay vacunas. ¡Que lluevan vacunas!

P.– ¿El turismo ya no será nunca como antes del covid? ¿Y el comercio?

R.– Nada va a ser como antes. Ni el turismo ni el comercio. Esta crisis nos ha cambiado la vida, no solo los hábitos de trabajo y de conducta, sino también el urbanismo, la arquitectura, la demanda de espacios verdes y abiertos… Un hostelero me decía que un alto porcentaje de las personas que entran a un bar a una cafetería a partir de las diez de la noche lo hace para comprar tabaco. Eso antes era impensable. El ocio nocturno se ha ido adaptando en los lugares que ha podido adaptarse, que no son todos. Los hosteleros de la noche son supervivientes y saben mucho de su negocio. La hostelería se está adaptando porque está gestionada por profesionales que, como digo, conocen muy bien su negocio y hacen sus propios estudios y prospecciones. En la profesionalidad de nuestra gente hemos avanzado siglos en décadas. En el caso del comercio, diría que su futuro descansa sobre dos líneas fundamentales: conectividad y digitalización.

Pese a que el cierre de Estvdio puede hacer pensar otra cosa, el número de lectores no ha dejado de crecer y, aunque cada vez se compra más por Internet, también han aumentado las ventas y la valoración de la tienda tradicional como un eslabón fundamental dentro del ocio cultural. En Cantabria operan unas 25 librerías, a las que viene ahora a sumarse la Casa del Libro, vinculada al grupo Planeta. Unas y otras están convencidas del futuro del modelo tradicional de negocio, defienden la aportación de sus establecimientos como proveedores de cultura y coinciden en considerar que el confinamiento dio un impulso a la lectura y, pese a que favoreciera también la venta ‘online’, generó una sentimiento de pérdida que llevó a que las librerías volvieran a llenarse rápidamente tras su reapertura.

Cristina Bartolomé |  @criskyraJunio 2021

Hay futuro para las librerías. La pandemia resucitó el libro como un puerto seguro donde refugiarse de tormentas varias y en Cantabria el porcentaje de lectores pasó del 60% en 2019 al 61,9% en 2020. Además, también se compraron más libros en nuestro país y un 51,7% de los españoles adquirieron al menos un ejemplar en 2020, un 1,3% más que en 2019. Por otra parte, aunque el formato electrónico y la venta ‘online’ tuvieron durante el confinamiento su protagonismo, el papel no ha desaparecido y las librerías siguen siendo el lugar preferido para comprar libros. Una vez superadas las restricciones, la reapertura de estos templos de la cultura atrajo como un imán a los lectores que han vuelto a los orígenes. Nada se compara al placer de pasar las páginas o releer una frase. Aun así el sector conoce sus amenazas, la venta de libros por internet a través de algunas de sus conocidas plataformas es la más importante. Pero también lo pueden ser el libro electrónico, los audiolibros, las autoediciones y la caída de la venta institucional.

Un cliente, entre las estanterías de La Casa del Libro, la última librería en abrir en Santander.

En ese balance entre las amenazas y lo que indican los índices de lectura y venta, el cierre de Estvdio se situaría entre los argumentos que alientan las visiones más pesimistas, lo que a su vez se vio matizado por la rápida apertura de La Casa del Libro, precisamente ocupando uno de los espacios que ocupó hasta hace unos meses la histórica librería, que ha significado una importante novedad para un sector que, según los profesionales, no va a desaparecer.

En Cantabria hay cerca de 25 librerías. La mayoría de ellas, 16, forman parte de Libreros Asociados de Cantabria, LAC, la agrupación que preside Luis Lisaso, propietario de Librería Lisaso, en Renedo. El representante de esta asociación empresarial resume el año-pandemia como un periodo que “no ha sido catastrófico” para las librerías, y asegura que “más o menos” han podido mantener el nivel de ventas anterior a la crisis sanitaria, e incluso admite que habría espacio para hasta 30 o 35 librerías si el sector tuviera ayudas. Apoya su optimismo en que la sociedad cántabra es especialmente aficionada a leer: “Santander es una de las ciudades más lectoras”, afirma. Otra de las razones por las que la pandemia ha tenido un efecto menor en el sector, apunta Lisaso, es la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos “Vamos evolucionando, tenemos opciones y algunas ventajas. Creo que hay futuro, aunque tenemos que trabajar, eso sí”. 

Amenazas y oportunidades

Las librerías sufren, en parte, las mismas amenazas que el producto que venden, esto es, los libros tradicionales. Entre ellas, la competencia del libro electrónico. Sin embargo, según Lisaso, ese es un ‘boom’ que ya ha pasado. La proliferación de las pantallas en el confinamiento y durante la situación sanitaria generada por la covid podía parecer de no retorno –el porcentaje de lectores de libros en formato digital aumentó 1,2% con respecto a 2019– pero el presidente de los libreros quita importancia a ese dato: “Nuestros clientes lo siguen siendo y además hay gente que se está enganchando a leer. Lo que tratamos de hacer las librerías es fomentar la lectura con presentaciones, presencia de autores y muchas iniciativas”.

Curiosamente, el principal efecto que ha tenido el libro electrónico sobre las librerías no ha llegado por restarles ventas en la tienda, sino por su competencia a la hora de surtir a las bibliotecas públicas. Las librerías vienen nutriendo de ejemplares en papel a las bibliotecas, pero cada vez son más las peticiones y préstamos en versiones digitales o electrónicas. Según Luis Lisaso, les resulta muy difícil competir ahí ya que, por ejemplo, en los concursos para adjudicar el servicio se prima el número de empleados de la empresa: “A número mayor de trabajadores te gana cualquiera y es un problema gordísimo el que tenemos con la nueva licitación electrónica. Porque simplemente si nos compraran a nosotros desde las bibliotecas públicas ya daría para salvar muchas librerías”. Destaca además que, al adquirir los libros electrónicos de la forma que se está haciendo, ese dinero se va fuera de la región.

Los responsables de la Casa del Libro en la librería que acaban de abrir en Santander. Gerardo Mouron, director de la tienda cántabra, y Javier Arrevola, director general del grupo, son el primero y segundo por la derecha, respectivamente.

El otro gran problema para una librería física es la venta de libros a través de Internet, donde destacan sitios como Amazon. Para hacer frente a esta competidora a gran escala los libreros independientes, asociados en CEGAL, Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, han puesto en marcha un nuevo sito de venta online: “Hemos pegado un salto y hemos creado todostuslibros.com, con el historial de todos los libros que salen al mercado. Un sitio muy profesional que muestra la disponibilidad en las librerías, el lector encuentra todo nuestro stock y lo que está en su localidad”. Lisaso asegura que está funcionando bien, aunque apela a las ayudas para favorecer una iniciativa que defiende la competitividad de las empresas locales –“necesitamos un poco de subvenciones del estado”, señala– y matiza que, en todo caso, la venta ‘online’ es un complemento para las librerías físicas: “Porque si no, cerramos todos y vendemos por Internet”. Aun así valoran actualmente otras ofertas de nuevos sitios de venta de libros en la red que están surgiendo y de las que de momento prefiere no comentar. El caso es que la pandemia, dice, ha sido un acicate para buscar alternativas: “Ha hecho saltar lo que teníamos trabajado desde hace años, lo hemos acelerado”.

Otro asunto que les afecta, y que está directamente relacionado con la capacidad de las librerías tradicionales para competir con las grandes cadenas de venta por Internet, es la función de las empresas distribuidoras, eslabón fundamental en la llamada “cadena del libro”. El sistema de precio fijo por el que se venden los libros hace que, a diferencia de lo que sucede con otros artículos, la competencia de la venta electrónica no se base en vender más barato, sino en la amplitud del catálogo y en la capacidad para servir cualquier título en un plazo de tiempo breve. Es ahí donde entran en juego las distribuidoras, empresas que se sitúan entre el editor y el librero. Lisaso recalca que en España quedan 3 o 4 distribuidoras importantes, a las que habría que sumar pequeñas distribuidoras en cada región, una función que en Cantabria han venido ejerciendo marcas como Estvdio. Según el presidente de los libreros algunas distribuidoras “hicieron el monopolio y han ido cayendo” y basa su argumento en que “debían haber dado el paso al sistema online, las grandes que dieron el paso se han comido a las otras”.

Un oasis en el sector cultural

El cierre de Estvdio ha dejado a Gil como la gran cadena local de librerías, en una posición que todavía no tenía durante el cierre motivado por la pandemia pero desde la que ahora su directora, Paz Gil, llega a similares conclusiones a las apuntadas por Lisaso. Paz manifiesta sin rodeos que la pandemia ha sido positiva para el sector, que “sigue vivo” y que, dentro de la cultura, ha sido el más beneficiado, ya que desde la fase cero les dejaron abrir, y han podido vender ‘online’: “Hemos trabajado en los meses de confinamiento y ahora la gente se ha volcado en el libro, además ha vuelto al ejemplar en papel”. Como ejemplo menciona su establecimiento de la calle San Fernando: “Nos ha subido mucho el lector, le hemos recuperado y nuestra obligación es darle un servicio y que se quede. La respuesta de la gente ha sido excepcional”. Atribuye parte de este éxito al apoyo de las administraciones con iniciativas como los bonos cultura: “Han ayudado a los jóvenes a acercarse de nuevo a las librerías porque dentro del sector cultural éramos los que estábamos más abiertos, frente a cines, teatros y conciertos”. Tanto es así que alcanzaron el nivel de ventas anterior a la pandemia: “Con un esfuerzo muy grande y también por la venta online. No hemos tenido pérdidas en los meses que estuvimos cerrados y poder decir que hemos llegado al nivel de 2019 es muy importante”.

Además, reconoce Gil, el Ministerio de Cultura ha apoyado al sector: “Hizo un esfuerzo para que nos llegaran los ICOs, que fue un colchón para nosotros, porque tenía muy buenas condiciones”. También se acogieron a un ERTE, “pero como somos también papelería, que era un sector esencial, de los 30 trabajadores, dos nos quedamos trabajando y cuando empezamos a mover la web, para el 30 de mayo la mayoría ya estábamos trabajando”, recuerda.

Nuevo escenario

Luis Lisaso, presidente de Libreros Asociados de Cantabria.

Si la venta en Internet ha sido la tabla de salvación, ahora, con menos restricciones, la directora de Gil calcula que este canal de venta perderá protagonismo y remontará la venta física. Destaca también como positiva la irrupción de la plataforma todostuslibros.com, que puede dar servicio a públicos específicos, aunque asegura que nunca será un sustituto de la venta tradicional: “Para un lector es importantísimo ojear los libros, hablar con los libreros, conocer a los autores…”. Su conclusión es que “la gente ha vuelto al papel” y que se está dando un movimiento relativamente nuevo: “Los jóvenes han encontrado algo que les interesa. Te sorprendería la cantidad de gente joven que lee bien y de todo, también filosofía, ensayo…”

Y es en este contexto en el que aparece un nuevo actor, La Casa del Libro, y desparecen del centro de la capital de Cantabria las librerías de Estvdio, lo que vino siendo toda una referencia durante décadas. ¿Cómo puede influir este cambio?

Paz reconoce que cualquier establecimiento y más con la fortaleza de la cadena de librerías avalada por Planeta, es una fuerte competencia: “Pero cuanta más competencia mejor va todo. Nos vamos a complementar, lo importante es el lector. En realidad el buen aficionado visita todas las librerías y eso enriquece mucho, porque nosotros no podemos tenerlo todo”.

También hace una referencia a la desaparición de Estvdio del centro de la ciudad y asegura que le preocupa: “Es un grave problema para Santander, era una librería muy buena y tenía muchos clientes, daban un servicio para la ciudad. Es doloroso ver cómo desaparece una librería, es como la desaparición de los cines”. A esto añade que no necesariamente los clientes de la famosa tienda de Calvo Sotelo acudirán a la suya, aunque no niega que les pueda beneficiar: “Nos favorecerá, pero no en la medida que debería para la ciudad. El problema cuando desaparecen las librerías es la falta de diversidad. Estvdio vendía mucho libro técnico y ahora no hay ninguna que dé ese servicio, eso es peligroso para una ciudad. Si todos vendemos lo mismo, desapareceríamos”.

Uno de los problemas más recientes de las librerías independientes, enumera Paz Gil, es que no pueden vender libros electrónicos o ‘e-books’, entre otras razones porque muchos de los títulos no están digitalizados. De hecho, narra, se da la circunstancia de que hay bibliotecas que solicitan determinados ejemplares a pequeñas editoriales pero aún no existen en formato digital: “Son los grandes grupos editoriales quienes tienen más títulos y fundamentalmente lo lleva un grupo muy grande también del grupo Planeta”.

El caso es que cada vez hay más libro electrónico en las bibliotecas, un lamento en el que la voz de Paz Gil se une a la de Lisaso: “En pandemia han subido muchísimo y en este formato no pueden comprar a las librerías, que somos sus proveedores. Nosotros vivimos en gran medida de la venta institucional, es lo que más temo que va a desaparecer. Siguen comprando bastante pero es una amenaza de futuro, la oferta  además es mucho más barata”.

Mejoras en la cadena del libro

La librería es el último eslabón de la llamada cadena del libro, formada por los agentes del sector. De la venta de un libro, generalmente un 45% es para el editor, un 20% para el distribuidor y un 35% para el librero.  ¿Habría que introducir cambios ante la nueva situación? Paz considera que en general la cadena funciona bien, aunque matiza que hay que respetar la función de cada uno y aboga por que el editor edite bien y que se pague bien a los traductores, los maquetadores, que se corrijan los libros… “Y que se respete también la función del distribuidor, que hace la parte comercial y nos enseña las novedades a las librerías. A veces saltan a esta parte algunas editoriales y creo que no está bien”. Cuenta además que durante los meses de pandemia y confinamiento “los pequeños grupos y distribuidores se han portado bien, prorrateando pagos, no nos han pasado recibos cuando estábamos cerrados… negociamos siempre en positivo”.

Paz Gil, directora de Librería Gil, en el establecimiento de la plaza de Pombo, uno de los tres con los que cuenta la empresa en la capital de Cantabria.

Las palabras de la directora de la Librería Gil traslucen su admiración por el libro como elemento valioso de la tradición cultural. Por ello la opción de la autoedición que ofrecen plataformas digitales y algunas editoriales no le convence. El hecho es que crear una publicación en estas plataformas significa que su identidad, su ISBN, puede asimilarse a otro país, un detalle que puede pasar desapercibido: “Esas cosas el gobierno las debería proteger, porque la ley dice que tenemos unos derechos como libreros. A nosotros no nos hacen descuentos en Amazon por ser libreros y resulta que si compramos ese libro porque estamos obligados a dar ese servicio a una biblioteca o un cliente, ¿resulta que tiene un ISBN de otro país?”.

Otra de las razones para no congeniar con la autoedición es que rompe de algún modo la cadena, y deja fuera de juego a profesionales especializados: “La autoedición mueve mucho dinero, pero un libro es mucho más, es algo muy valioso. En las plataformas los libros se califican con estrellas, con comentarios para subir en el ránking… y eso no me parece bien, me parece peligroso… ¿Qué criterio seguimos? Algunos de esos libros autoeditados tienen hasta tienen faltas de ortografía”.

Tanto la autoedición como la venta de libros en grandes plataformas como Amazon ha venido a alterar el mercado de las librerías. Paz Gil compara la situación de España con la de Francia, donde el Gobierno le ha hecho frente para proteger a sus libreros exigiendo controles financieros y laborales.

El recién llegado

Javier Arrevola es el director general de La Casa del Libro. Tras las primeras semanas después de la apertura de la tienda en la calle Burgos, justo donde antes se encontraba Estvdio, expresa su confianza en un futuro “más que prometedor” viendo el “éxito” por la llegada de público y ventas hasta el momento. Esta cadena de librerías fue fundada por Espasa-Calpe en 1923 en Madrid y actualmente cuenta con más de 40 tiendas en España y una en México. Maneja un fondo de más de 1.000.000 libros y más de 700.000 eBooks. En 1996 puso en marcha su librería virtual, que en 2017 fue adquirida por la editorial Espasa, del Grupo Planeta.

Su llegada a Santander se pergeñó ya antes de la pandemia, cuando tomaron la iniciativa de ponerse en contacto con los propietarios, y retomaron las negociaciones cuando la situación sanitaria mejoró: “Hablamos con Estvdio, que prefería que el local en donde estaban lo ocupara otra librería”.

Reconoce que durante el confinamiento solo pudieron vender vía ‘online’: “Que no sustituye, ni mucho menos, la venta de las librerías, pero cuando se abrieron fue una explosión de venta de libro físico en todo el sector”. Arrevola encuentra lógica esta reacción: “El hábito de la lectura creció,  había más tiempo para estar en casa y se compraron más libros”, y cifra entre dos y tres veces más volumen de ventas en su plataforma de internet que antes de la pandemia. “Ahora ha disminuido, pero ha venido para quedarse” y clientes que no sabían comprar online pivotan con naturalidad entre uno y otro modo, “se mueven en eso que llamamos omnicanalidad”.

Por otro lado, la lectura en pantalla actualmente no es el grueso de su negocio, que valora en un 6% de las ventas y el 7% en el mercado: “Ha perdido cuota desde 2013, calcula, y asegura que “el rey sigue siendo el rey” en referencia al libro en papel, por lo que le augura una “larga vida”.

El hecho de ser una gran marca en el sector de las librerías y el segundo en la lista de ventas por Internet en España, no les libra de los costes del negocio y ve que cabrían más posibilidades para ampliar el margen de beneficios: “Soy librero y sé que vender libros en una tienda es cada vez es más caro, especialmente por los costes del alquiler en los mejores sitios de las ciudades, pagar a los equipos… Valoraríamos mucho que se hiciera un pequeño movimiento hacia el librero y evitar que se lo comiera Amazon. El librero tiene un valor social de prescripción hacia el lector”.  Por ello aboga por un mejor reparto de los márgenes: “Cuanto más apoyes a la librería más vendes, cuando más vendes, más ganamos todos. Si vender más significa que hay que sacrificar un pelín del resto y dar un poquito más de margen a los libreros, pues bienvenido sea”. Otra opción podría ser un IBI rebajado en el caso de los propietarios del local.

La visita a las librerías se ha convertido, tras el confinamiento, en una de las formas de acceso a la cultura que menos afectada se ha visto por las restricciones.

Entre las líneas de trabajo que prevé seguir La Casa del Libro en Cantabria está la venta institucional y, en cuanto a la oferta de libros técnicos que ofrecía la librería Estvdio, prevén trabajarla, aunque ven difícil llegar al nivel de especialización que tenía la histórica librería: “Nuestro modelo es más generalista, no tan orientado al libro de texto o técnico. A diferencia de Estvdio, que tendría cerca de 25.000 referencias, nosotros tenemos 50.000 y para alimentar un modelo así tenemos que ser mucho más generalistas y menos centrado en ese tipo de negocio. Aun así vamos a tratar de rellenar este hueco”.

Por su parte, Gerardo Mouron, director de la nueva tienda en la calle Burgos de la capital cántabra, destaca que la acogida ha superado sus expectativas, algo que relaciona con el lugar en el que se encuentra el establecimiento y que, pese al cambio de marca, “sigue apegado a la tradición que venía de antes, en un edificio singular y muy unido a la ciudad”. Lo que viene a aportar La Casa del Libro en Santander, dice su director, es un fondo muy amplio dirigido a todo tipo de público.

Mouron está convencido de que la venta de libros en papel no va a descender, aunque la realizada online aumentara entre un 10% y un 20% durante los pasados meses de pandemia. Dado el nuevo contexto, avanza que es la venta física la más importante y en lo que están trabajando más, convencido de que las librerías aportan la asesoría y el trato personalizado. En Santander, además, harán un esfuerzo por aumentar las referencias ligadas a Cantabria, para cubrir otro de esos huecos que dejan sus antecesores.

Los responsables de tres asesorías cántabras analizan el desempeño de sus despachos profesionales desde que hace algo más de un año se desatara esta crisis a la que en ningún caso se atreven a poner fecha de caducidad antes del finales de 2022. Meses, según conceden, de una carga “brutal” de trabajo bajo un aluvión de normas y decretos, muchos de ellos improvisados cuando no contradictorios. Valoran la fidelización de sus clientes, a los que reconocen haber prestado más servicios por lo mismo, y censuran por insuficientes y tardías las ayudas para tratar de socorrer a las empresas en dificultades. Consideran que aún se producirán cierres empresariales y que la recuperación económica será antes que la del empleo,al que auguran fuertes turbulencias con el final de los ERTE.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2021

De súper caótico a excepcionalmente especial pasando por novedoso del que sacar algunas enseñanzas. Así caracterizan los responsables de tres asesorías y consultorías cántabras el espiral de trabajo en el que se han visto envueltos durante este largo año de pandemia. Los tres, sin excepción, coinciden en que sus despachos profesionales han tenido que hacer frente a una “ingente” carga de trabajo en unas condiciones especialmente difíciles, ya fuera por la imposición del teletrabajo, las restricciones de movilidad que han afectado a sus clientes o por el aluvión de normas y decretos al que se han enfrentado “un día sí y otro también”

“Ha habido un gran descontrol legislativo, informativo y sanitario. Y no sé en qué orden”, clama el economista y consejero de Cedenor Alfonso Pariza, que critica “la disparidad de opiniones y de toma de medidas” a lo largo de estos últimos doce meses. “En general, ha existido mucha contradicción, lo que ha hecho aún más complicada la labor de quienes teníamos que interpretarlo”, asegura.

En la misma línea se expresa el socio director del Grupo HFC Consultores, Ramón Cifrián, quien censura la maraña normativa muchas veces “improvisada” con la que han tenido que lidiar. “La tarea más difícil ha sido el análisis e interpretación de los decretos que se sucedían a toda velocidad”, resuelve.

Tampoco se aparta de este discurso su colega y uno de los gerentes de Gestisa, José Moreiras, para quien raro era el día en que no salía un decreto que modificaba al publicado el día anterior. “Teníamos que estar muy atentos por si aparecía algo nuevo sobre lo mismo. Entiendo que en aquellos primeros momentos no era fácil legislar, pero las modificaciones de las modificaciones eran muchas veces continuas”, aclara.

A este caos normativo, Pariza añade otros dos factores que, a su juicio, han contribuido a dificultar el trabajo. De un lado, alude tanto al cierre durante un largo periodo de las oficinas de las diferentes administraciones como al hecho de que, una vez abiertas, para cualquier gestión haya que pedir cita previa, que en ocasiones se eternizan en el tiempo. “Se ha perdido mucho de la agilidad de tantos años de conocimiento del funcionariado que a nosotros nos permitía manejarnos con mayor rapidez para solucionar los problemas de nuestros clientes”, afirma.

La tramitación de ERTE, de créditos ICO y la adapación a una normativa que cambiaba cada día ha multiplicado el trabajo en las asesorías durante el último año.

De otro, sostiene que esta crisis, que ha afectado a prácticamente todos los sectores productivos, ha generado “angustias financieras y problemas de pago y de tesorería” a algunos clientes que, al final, han terminado por verse reflejadas en los acuerdos profesionales que mantenían. “Tenemos una fidelización muy alta de clientes y por eso hemos seguido trabajando con ellos, pese a que en algunos casos hemos empezado a tener ciertas demoras en la atención de nuestras minutas”, concede antes de explicar que en su despacho han tenido casos de todo tipo, desde suspensiones de cuotas, hasta reducciones temporales que confían en recuperar en un futuro.

Esta situación también ha afectado al resto de despachos, tal y como reconoce Cifrián, quien igualmente cita a la elevada fidelidad de su clientela. “Son clientes de toda la vida a los que hemos tratado de ayudar mediante moratorias y fórmulas de aplazamiento de cuotas, pero a los que en muchos casos hemos hecho trabajos, sobre todo de tramitación de ayudas y subvenciones, que no les hemos facturado”, describe.

Su casuística es compartida por el gerente de Gestisa, que admite que a los clientes de los sectores más expuestos a la crisis les han prestado servicios que no han cobrado. “Más que renegociaciones de contratos o reducciones de cuotas, que algunas sí ha habido, aunque no muchas, lo que nos ha tocado es hacer más por lo mismo”, afirma.

Una vuelta de tuerca a su trabajo diario que los tres despachos han llevado a cabo con la misma plantilla y mayoritariamente de forma presencial, según confirman sus responsables.

“Hemos reutilizado nuestros recursos derivando personal de otras áreas para que apuntalaran el departamento laboral”, explica Moreiras. “Esta sobrecarga de trabajo ha puesto a prueba a todo el personal de la asesoría”, confiesa por su parte Cifrián, mientras que Pariza pone el ojo en las tensiones generadas por la avalancha de tramitaciones que han tenido que soportar durante todos estos meses: “No es lo mismo carga de trabajo que tensiones”, clarifica este economista para tratar de explicar lo que ha ocurrido en Cedenor. Así, afirma que toda la tramitación de los créditos ICO les ha reportado “muchísimo trabajo” no retribuido, mientras que los ERTE, que al principio de la pandemia también generaron enorme labor, han provocado después “mucha tensión” en su seguimiento “por la mala gestión del SEPE derivada en gran medida por la falta de personal”.

En este aspecto, el socio director de HFC Consultores conviene en que el embrollo no ha estado en la complejidad de los asuntos a realizar, sino en el elevadísimo número de solicitudes que tramitar. “El problema viene del volumen”, subraya.

De otro lado, Pariza resalta que su despacho aún mantiene “numerosas discusiones con las administraciones públicas por criterios de interpretación”. Así, asegura “que ningún otro año habían recibido tantas declaraciones paralelas del IRPF de 2020 por, según resalta, “cantidades muy pequeñas y sin tener en cuenta que la campaña de la renta del pasado año se llevó a cabo en unas condiciones heroicas”.

En lo que también coinciden estos tres asesores es en que la pandemia ha acelerado la digitalización de sus despachos y de muchos de sus clientes, aunque conceden que todavía hay algunos, sobre todo los más “tradicionales y de mayor edad”, que “siguen viniendo a traer los papeles a la asesoría”.

Alfonso Pariza, director de Cedenor.

Es lo que le sucede a Gestisa, donde su gerente admite que a gran parte de su clientela, integrada mayoritariamente por pequeñas empresas y comercios, aún le cuesta digitalizarse y prefieren mantener el trato directo son sus asesores.

Cifrián, por su parte, destaca que, aunque el perfil de sus clientes es igualmente el de una pyme, cada vez se comunican más por medios digitales. “Lo agradecen ellos y nosotros”, proclama al tiempo que concede que este proceso les ha permitido reducir las visitas a clientes y de clientes. La digitalización ha venido para quedarse en línea con lo que defiende nuestro país y el resto de Europa”, resume.

Ayudas insuficientes

A la hora de analizar y valorar las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España para ayudar a empresas y autónomos a superar esta crisis, la crítica es prácticamente unánime. En este sentido, el consejero de Cedenor no duda en calificarlas de manifiestamente mejorables: “Han sido insuficientes y cuando han llegado, si es que han llegado, ha sido muy tarde”, recalca para criticar, a renglón seguido, el uso y destino de los créditos ICO. “El Gobierno ha puesto muchísimo dinero en avales ICO pero no ha hecho suficiente seguimiento de estos préstamos que los bancos han utilizado, en muchos ocasiones, para sanear los riegos con sus clientes cuando, obviamente, este no era el objetivo previsto por la normativa”.

“Escasas y extemporáneas”. Así las tilda por su parte Moreiras, quien igualmente considera que “han llegado bastante tarde y, en algunos casos, nunca”. “Si pretendes ayudar, ayuda cuando hay que ayudar porque hay trabajadores que no han cobrado el ERTE”, insiste este gestor experto en Sociedades que se declara a título personal “contrario” a las subvenciones.

De su lado, el socio de HFC Consultores, aunque reconoce que las cosas podrían haberse hecho de una forma más ordenada, prefiere quedarse con la parte positiva. “Gran parte del empresariado ha podido resistir gracias a los préstamos ICO y a la posibilidad de acogerse a los ERTE, dos balones de oxígeno que han permitido a las empresas sobrellevar esta pandemia”. Con todo, Cifrián también comparte que las ayudas directas no han funcionado bien. “Han llegado tarde, mal y nunca y han generado mucha confusión”, apunta para subrayar que la gestión de los dineros públicos “no han sido la que debiera”.

En cuanto a las aprobadas por el Ejecutivo regional o las administraciones locales, los tres resaltan que han mantenido parecido perfil a las estatales, aunque con “menos ceros”.

“Sus recursos son más limitados y han hecho lo que han podido”, opina Cifrián que, en cualquier caso, critica la tremenda burocracia en su gestión, incluida para la propia Sodercan, que a su juicio “no ha contado con el personal suficiente para poder agilizar su tramitación”.

Impacto en la economía

Sobre los efectos económicos de esta pandemia, tanto Pariza como Cifrián y Moreiras convienen en que la crisis ya se ha llevado a empresas por delante, especialmente en aquellos sectores que se han visto más afectados por las restricciones.

José Moreiras, socio y uno de los gerentes de Gestisa.

Así lo estima el primero de ellos, que expresa su preocupación por lo ocurrido con las empresas de ocio nocturno, cerrado a cal y canto, o del sector de la distribución, donde “la capilaridad es tremenda y alrededor del 50% de las plantillas están en ERTE”.

Pero no son los únicos. El consejero de Cedenor considera que el sector industrial también se ha visto muy afectado al igual que lo ha hecho el turismo hotelero, un gremio en el que augura la llegada a España “de grandes grupos empresariales para hacerse con paquetes de hostelería”.

Pese a que se registrarán aún más cierres, sostiene que la caída de negocio no será tan pronunciada porque “se sustituirán unos muertos por otros nacimientos” y el país y esta región “seguirán siendo potencias turísticas”.

Cifrián, por su parte, fía el impacto a lo que ocurra una vez concluya la actual moratoria que pesa sobre el deber de presentar concurso de acreedores, aunque advierte que los problemas que tienen algunas empresas “no se arreglan en tres meses”, lo que le hace prever que aumente la insolvencia empresarial. “Quiero ser optimista, pero el efecto de la ola económica todavía no lo hemos llegado a palpar. Viene con retardo y cuando llegue tendríamos que hacer todo lo posible para que las empresas que eran viables en 2019 lo sigan siendo en 2022. No nos podemos permitir que cierren. Si no, el cementerio de los concurso de acreedores va a ser demasiado grande”, previene.

El gerente de Gestisa, por su lado, confía en que no se cumplan algunas expectativas que apuntan a que entre el 20 y el 25% de las empresas van a caer o verse muy afectadas, un porcentaje que según explica incluso se incrementa hasta el 30% en el caso de Cantabria. “¿Cuál será finalmente el impacto? Dependerá del nivel de aguante de cada uno, aunque está claro que algunos pequeños negocios no volverán a abrir su puertas”, resuelve.

Sobre el empleo

Lo que sí teme Moreiras es que muchas empresas se vean abocadas, para evitar su cierre, a transformar los ERTE en ERE, lo que de producirse dispararía el desempleo.

Así lo valora también Pariza, quien aventura que una vez terminen los ERTE se destruirá entre el 15 y el 20% de ese empleo y que el país cerrará el ejercicio con más de 700.000 parados más. “Lo veo bastante feo de aquí a dos años”, puntualiza sobre la base de que España, a diferencia de otros países de su entorno, necesita crecer mucho para generar empleo. “Es un mal endémico del sistema productivo español”, advierte al tiempo que muestra su preocupación por “un nivel de endeudamiento público como nunca en España, a pesar de todo el dinero que está llegando de Europa”.

Cifrián, por su parte, abunda en esta idea y considera “que la recuperación económica avanzará a mayor ritmo que la del empleo”, que ya partía, además, de unos niveles que no eran nada buenos. “La contratación tardará más en recuperarse y será en buena parte diferente a la que conocemos”, enfatiza para explicar que determinadas habilidades y profesiones van a dejar de ser necesarias. “El ejemplo lo tenemos ya en los bancos y sus ajustes irán trascendiendo a otros sectores”, predice. Por eso, reclama la necesidad de poner el foco en la formación, “que es lo que nos va permitir generar y cubrir el empleo del futuro”.

Ramón Cifrián, socio director de HFC-Grupo Consultores.

En lo que estos tres asesores muestran más reservas es en poner fecha a la salida de esta crisis y la vuelta a los niveles de actividad económica precovid. Aunque con cautela, el socio director de HFC Consultores estima que este hecho no ocurrirá hasta finales de 2022. “Hace falta un año entero de cierta normalidad para hacer una lectura de qué empresas han aguantado”, avisa convencido, no obstante, de que a partir de este otoño “ya pegaremos un salto”.

“Es complicadísimo”, revela Moreiras, quien también calcula que habrá que esperar al menos un año y medio para volver a ser lo que éramos. “Ya no vamos a retroceder, pero la salida será muy suave y poco a poco”, sentencia.

El más cauto es Pariza, quien advierte de que en cualquier caso la recuperación “va ser muchísimo más lenta de lo que algunos nos quieren vender”. “Va a ver mucha asimetría en la salida de la crisis”, subraya sin querer aventurar plazos. “No me atrevo. Y el que lo haga es un temerario o le pagan por decirlo; o las dos cosas”, concluye con cierta socarronería.

Siete empresas de Cantabria han tomado parte en el proyecto industrial más ambicioso acometido por la construcción naval española, culminado en su primera etapa con la puesta a flote del submarino S-81, el primero de una serie que contará como mínimo con otras tres unidades en las que también han garantizado su participación. Con la construcción del sumergible, España se convierte en uno de los únicos diez países del mundo con capacidad para diseñar y construir este tipo de buques, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para atender encargos procedentes de otros países. Además de las oportunidades que ello supone para las empresas participantes, el altísimo nivel tecnológico y los requerimientos técnicos que exige un proyecto de estas características son un verdadero aval de la capacidad y competitividad de quienes han tomado parte en el programa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2021

Casi atendiendo a cualquier variable que pueda considerarse, pero singularmente si consideramos el alcance y la exigencia tecnológica del proyecto, la construcción de los submarinos de la serie S-80 que la Armada Española ha encargado a Navantia constituye el programa más ambicioso acometido nunca por la industria española. Con la puesta a flote del primero de los cuatro sumergibles de la serie, un acontecimiento celebrado el pasado 22 de abril en el astillero de Cartagena donde se construye el S-81, España se convierte en uno de los pocos países con capacidad para diseñar y construir buques de este tipo, haciéndolo además con tecnología propia y con unas prestaciones que convierten al ‘Isaac Peral’ –nombre con el que se le ha bautizado– en el submarino más avanzado del mundo entre los que utilizan propulsión distinta a la nuclear. La relación de proveedores con que ha contado Navantia para la construcción de la unidad botada en abril, y también para las que vendrán después, incluye una presencia mayoritaria de empresas españolas y, entre ellas, siete de Cantabria que, bien en sus propias instalaciones o bien trabajando en el astillero murciano, han fabricado e instalado componentes del sumergible. Una tarea esta que, más allá de las dimensiones de lo realizado por cada una –y en algunas la aportación ha sido de gran relevancia–, supone un incuestionable aval de la capacidad técnica de los participantes.

Aunque España ya había construido submarinos anteriormente, hasta ahora lo había hecho siempre con tecnología y licencias de otros países. Es el caso, por ejemplo, de los sumergibles de la clase Galerna –o serie S-70–, desarrollados por los astilleros franceses DCN y construidos por Bazán –la actual Navantia– en los años ochenta del pasado siglo. Es precisamente a esa serie a la que se viene a dar relevo con el programa S-80 –o clase Isaac Peral, por el nombre de su primera unidad– para el que el astillero público optó por hacer un desarrollo propio. La dificultad del empeño queda clara si tenemos en cuenta los obstáculos que han tenido que superarse y que han retrasado en una década la fecha prevista para la entrada en servicio de estos submarinos, obligando a la Armada a acometer una renovación completa de la última de las unidades de la vieja serie S-70 –lo que se conoce como gran carena– para prolongar su tiempo de servicio. El principal contratiempo en el desarrollo del programa S-80 fue el error detectado en 2012 –apenas un año ante de la fecha inicialmente prevista para la entrega– que obligó a recalcular las dimensiones de la nave y que en la práctica supuso la puesta en marcha de un nuevo programa, el que se conoce como S-80 Plus.

Navantia ha organizado la construcción del S-81 dividiendo el submarino en cuatro grandes secciones y adjudicando los trabajos a realizar en cada una de ellas a empresas diferentes. Enwesa ha sido la encargada de elaborar y montar las estructuras y montajes mecánicos de una de esas cuatro secciones.

El diseño, desarrollo y construcción de las cuatro unidades de la serie contempla una inversión de 3.900 millones de euros, una cantidad que según los cálculos de Navantia supone una aportación de en torno a 250 millones de euros anuales al PIB español. Además de lo que está cifra tiene de relevante en sí misma, la importancia del programa para la industria española se mide sobre todo en términos cualitativos, al haber contado con un importante número de empresas nacionales para su realización, con el uso de tecnologías de última generación, transferibles al ámbito civil. En total son unas 800 las empresas españolas las que han participado o están participando en la construcción de los submarinos de la clase Isaac Peral, de las que siete –Gamesa Electric, Ensa, Enwesa, Fernández Jove, Atecsol, Newtesol y la Fundación CTC– son de Cantabria.

Empresas cántabras

La relación de empresas cántabras participantes es representativa del perfil de proveedores habitual en construcción naval –metalurgia y calderería– pero lo es ante todo de la alta exigencia y capacitación tecnológica que requiere un proyecto de estas características. Buena parte de esas empresas, de hecho, son proveedoras habituales de la industria nuclear, un ámbito donde el nivel de exigencia es perfectamente comparable con el que requiere la construcción de un sumergible. La colaboración de esa parte del tejido industrial cántabro en el programa, y el retorno que esa participación tiene en términos económicos y estratégicos, es también representativa de la relevancia que el sector de defensa tiene como cliente.

“Un proyecto como el del submarino S-81 es básico para la industria española y ha podido demostrar las capacidades de las empresas españolas en un sector tan importante como la defensa”, resume David Peris, presidente del grupo de trabajo GT2 de Construcción Naval dentro del Clúster de la Industria de Defensa (CID). Creado en Cantabria en 2019, el clúster CID es el primero de estas características creado en España, con el fin precisamente de reforzar la participación tecnológica e industrial de las empresas españolas con el sector de la defensa. Peris, que destaca como un motivo de orgullo la participación de empresas cántabras en un proyecto como el del S-80, formen o no parte del clúster, está convencido de que este programa puede ser un punto de inflexión: “Este tipo de apuestas son las que se necesitan en una industria que esta pasando por tiempos difíciles y esta necesitada de grandes inversiones para que las empresas del sector puedan desarrollar todo su potencial y convertirse en un referente a nivel internacional”. El representante del clúster CID considera que haber tomado parte en un proyecto como este se convertirá en una “lanzadera” para quienes lo han hecho, que podrán exportar y aplicar muchos de los conocimientos que han desarrollado para este trabajo: “Hemos demostrado que sabemos hacerlo y lo hemos hecho bien”.

La instalación del motor en el S-81, en el astillero. El propulsor, de 3.500 caballos, es el encargado de mover al submarino mientras navega en inmersión.

La empresa cántabra que ha tenido probablemente una de las participaciones más importantes en el programa, y casi desde el inicio del mismo, ha sido Gamesa Electric, que cuando todavía era conocida como Cantarey Reinosa asumió el diseño y fabricación del motor eléctrico encargado de propulsar al submarino cuando navega bajo el agua. La capacidad para operar en inmersión –gracias a un sistema capaz de generar electricidad sin necesidad de utilizar los motores diesel y, por tanto, sin precisar aire para su funcionamiento– es una de las principales ventajas operativas del submarino diseñado por Navantia, que es capaz de permanecer hasta 30 días sumergido, una autonomía fuera del alcance de cualquier otro submarino no nuclear. En ese tiempo, la responsabilidad de mover la nave recae sobre el propulsor construido en Reinosa, un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 3.500 caballos. Cantarey entregó el primero de estos motores en 2010, a tiempo para la fecha inicialmente prevista para la entrada en servicio del S-81. Los posteriores cambios en el programa, que básicamente supusieron un aumento de la eslora de la nave, no afectaron en nada a la participación de la empresa cántabra en el proyecto ni al motor fabricado en lo que hoy es la fábrica cántabra de Gamesa Electric.

La participación del Grupo Fernández Jove en el programa S-80 se ha articulado a través de la empresa FJ I Integral Supply, que cuenta con una larga trayectoria de trabajo para el sector naval de Defensa. Dentro del programa S-80, FJ I Integral Supply ha sumnistrado sistemas de sellados fabricados por otra de las empresas del Grupo Fernández Jove, la firma Hawke Transit System. Concretamente el EMC (Electromagnetic Coupling), un sistema de sellado modular capaz de abarcar un amplio rango de cables o tuberías,  garantizando la integridad de las comunicaciones y los servicios electrónicos a bordo. Este sistema, explican desde la empresa cántabra, mitiga las señales  de ruido e interferencias a niveles que no afecten la operativa normal de los equipos eléctricos; además de estar certificado como barrera contra el fuego, agua, aire. “Para FJ I Integral Supply, esta colaboración supone un importante y ambicioso salto hacia nuevos tipos de buques, animándonos a seguir investigando y desarrollando nuevos proyectos I+D+i con el fin de seguir aportando productos novedosos a la Armada Española y al sector naval de defensa”.

Por las características de buena parte de los trabajos realizados en la construcción de los submarinos de la clase Isaac Peral –calderería de altos requerimientos y soldadura muy especializada– el proyecto tiene puntos de contacto con los habituales en el sector nuclear, lo que tiene su reflejo en la participación de las empresas cántabras del grupo Ensa –la propia Equipos Nucleares y su filial Enwesa– y de otras que trabajan habitualmente con estas, como la Fundación CTC.

El S-81 en la grada del astillero, durante su construcción.

La aportación de Enwesa al programa S-80 se cuenta entre las más relevantes dentro de las asumidas por empresas establecidas en Cantabria. El proyecto ademas tendrá continuidad en el tiempo al haberse confirmado ya su participación en la construcción del S-82 y el S-83, la segunda y tercera de las cuatro unidades que ha encargado la Armada Española. Al igual que en el caso de la empresa matriz Ensa, la especialización de Enwesa en el sector nuclear ha sido clave para haber logrado tomar parte en unos trabajos que requieren de una alta cualificación, capacidad técnica y garantía. De hecho, y debido igualmente a esa especialización de Enwesa en el ámbito nuclear, la colaboración de Enwesa con Navantia tiene un largo recorrido en el tiempo, al iniciarse ya en el año 2012. Destaca entre los trabajos realizados la participación en la gran carena del S-70, con la que se ha buscado mantener la operatividad de este submarino hasta la entrada en servicio de la nueva serie S-80.

En el caso del proyecto S-80 la participación de Enwesa se ha articulado en dos niveles. Por un lado, realizar el montaje mecánico y la soldadura de grandes estructuras en el propio astillero de Cartagena donde se ha construido el S-81 y donde se construyen también el resto de unidades de la serie; por otro, y en paralelo, suministrar equipos de altísimos requerimientos técnicos fabricados en Cantabria.

Para el trabajo en el astillero, Navantia ha organizado la construcción del S-81 dividiendo el submarino en cuatro grandes secciones y adjudicando los trabajos a realizar en cada una de ellas a empresas diferentes. Enwesa ha sido la encargada de elaborar y montar las estructuras y montajes mecánicos de una de esas cuatro secciones. Los requerimientos que plantea un buque de estas características muestran la relevancia de los trabajos de ingeniería realizados, que incluyen fabricación y montaje de tuberías y tanques, entre otras estructuras vitales para el funcionamiento de un submarino. Los equipos fabricados por Enwesa, en sus instalaciones de Heras, incluyen la fabricación de uno de los dos intercambiadores de calor del agua dulce/agua salada que equipan al S-81.

Enwesa está ya trabajando en la segunda de las unidades que se fabrican para la Armada Española y también ha conseguido ya la adjudicación para participar en la tercera unidad, el S-83. Esta línea de actividad supone la continuidad en la colaboración en el proyecto S-80 con una previsión inicial de trabajo para los próximos tres años.

Enmarcada dentro de su línea estratégica de ingeniería avanzada, la participación de la Fundación CTC en el programa S-80 está muy vinculada a la experiencia de este centro en la investigación de materiales, y relacionada a su vez con los trabajos asumidos por las empresas cántabras del grupo Ensa. Así, los analistas de CTC realizaron la verificación del cumplimiento de códigos de diseño por parte de los intercambiadores de agua del submarino S-81, construidos con aleaciones de cobre y de acero y destinados al sistema centralizado de refrigeración del submarino. CTC ha asumido además tareas de revisión y verificación de cargas y tensiones de otros materiales y elementos empleados en la construcción de la nave.

Atecsol es otra de las empresas cántabras que ha trabajado en el propio astillero donde se construyen los submarinos del programa S-80. En su caso, ha realizado recargues por soldadura con material anticorrosión mediante un sistema orbital automático, al tener que realizar los trabajos ‘in situ’ y sin poder rotar las piezas. El recargue por soldadura es un procedimiento por el cual se aplica un material sobre otro utilizando un proceso de arco eléctrico. El recubrimiento aplicado mediante este sistema por parte de Atecsol ha tenido como destino varios componentes para  los sistemas de estabilización y refrigeración del S-81.

La empresa cántabra, que en todo momento ha tratado directamente con Navantia, tiene contratada ya su participación en la construcción del S-82 y el S-83, en los que intervendrá a partir de este próximo verano y también durante el año que viene. Aunque Atecsol tiene una línea de trabajo relacionada con el sector naval, desde la empresa admiten que no es habitual realizar para este sector tareas con el nivel de exigencia que plantean las realizadas para Navantia en el S-81, semejantes a las que si realiza para el sector nuclear o petroquímico. En este caso concreto, estos componentes una vez recargados, son sometidos a ensayos por líquidos penetrantes y ultrasonidos para comprobar la calidad de la soldadura, con resultado de cero defectos.

David Peris, presidente del grupo de trabajo GT2 de Construcción Naval dentro del Clúster de la Industria de Defensa.

En total, la participación en la construcción de los tres submarinos sumará unas 800 horas de trabajo, una cifra notable pero que no da cuenta del alcance y complejidad técnica de lo realizado. Sí que está más cerca de hacerlo otra referencia: para el encargo de Navantia para el programa S-80, Atecsol ha desplazado a Cartagena una instalación de 150.000 € desarrollada por la propia empresa específicamente para este proyecto.

Dedicada como Atecsol al recargue de soldadura, y también al mecanizado e superficies y la fabricación de componentes, Newtesol ha hecho todos los pasos de casco del S-81, pasos de mamparos resistentes o partes fijas de pasos de estructuras resistentes, recargados con una aleación resistente a la corrosión de base níquel. También las tubuladas –para escape, ‘snorkel’ o medios de detección, entre otras– así como en otros componentes susceptibles de sufrir corrosión, como los de los tubos lanzatorpedos.

El acto de puesta a flote del S-81 –en realidad el bautismo y presentación del buque– está lejos de suponer el final de los trabajos a realizar en esa nave, a lo que habrá que sumar todo lo pendiente por hacer en el S-82 y S-83 –ya en construcción ambos– y en el S-84. La entrega del ‘Isaac Peral’  a la Armada está prevista para finales del año que viene, sucediéndose las del resto de unidades del programa S-80 hasta el año 2027. Pero el alcance del proyecto, y por tanto el impacto de este en la actividad de las empresas que participen, no acabaría ahí: el hecho de que Navantia se haya sumado al exclusivo club de quienes tienen capacidad para desarrollar sus propios sumergibles la sitúa en condiciones de pujar por contratos en todo el mundo. Navantia compite ya con otros cinco astilleros por la construcción de cinco submarinos con destino a la Marina india. Un contrato que, de conseguirse, garantizaría carga de trabajo para el astillero público español y también para un gran número de empresas de una gran capacitación técnica y una producción de gran valor añadido. Como las siete cántabras que ya lo han demostrado con su participación en la construcción del ‘Isaac Peral.