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Una hoja de ruta para ganar el futuro

El informe ‘Instrumentos para impulsar la I+D+i en Cantabria’ hace un diagnóstico de los factores que explican la escasa inversión en innovación que caracteriza a la región e identifica cinco ejes sobre los que avanzar para corregir un problema que limita las posibilidades de competir en una economía basada en el conocimiento. Impulsar el emprendimiento en sectores estratégicos, retener y atraer talento, establecer mecanismos de coordinación entre lo público y lo privado y reforzar la transferencia entre ciencia y empresa son algunas de las actuaciones que propone el estudio, elaborado por el grupo de investigación de Economía Pública y de la Salud de la Universidad de Cantabria a instancias de la Consejería de Economía y presentado en una jornada organizada por el Colegio de Economistas de Cantabria.

Juan Carlos Arrondo | Diciembre 2025

El rápido proceso de transformación tecnológica en que está inmersa la sociedad sitúa a nuestra comunidad autónoma ante el riesgo de rezagarse si no es capaz de dar el salto cualitativo necesario para implantar un ecosistema de innovación a largo plazo y una economía más basada en el conocimiento. Según el estudio ‘Instrumentos para impulsar la I+D+i en Cantabria’ –elaborado por el grupo de investigación de Economía Pública y de la Salud de la Universidad de Cantabria, a instancia de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos–, la región, a pesar de su importante potencial, adolece de un retraso estructural en inversión y dinamismo innovador, tanto en el ámbito institucional como en el empresarial. En un contexto que urge una toma de medidas ágil y decidida, el informe propone un plan de acción, estructurado sobre la base de principios como la colaboración público-privada, la gobernanza multinivel o la orientación a resultados, con el fin de contribuir a reforzar la competitividad, atraer inversión, crear empleo de calidad y, en definitiva, mejorar el bienestar.

Independientemente de la precisión con la que esos indicadores estadísticos puedan medir la magnitud del avance, el análisis cualitativo del sistema autonómico de I+D+i ofrece un diagnóstico de sus principales debilidades. De inicio, hay un ‘efecto frontera’, por la proximidad geográfica a polos de innovación fuertes, como las comunidades forales del País Vasco y Navarra, y un ‘efecto sede’, por una excesiva concentración en Santander frente a la periferia. Además, a diferencia de la especialización que ya experimentan otras comunidades, aún no están suficientemente definidos los sectores en los que enfocar la apuesta cántabra.

David Cantarero, director del grupo de investigación de Economía Pública y de la Salud de la Universidad de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

A partir de este contexto, David Cantarero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria y director del grupo de investigación que ha elaborado el estudio, resume los aspectos críticos detectados: “La fragmentación y escasa masa crítica para innovar, la poca implicación de las pequeñas y medianas empresas, las dificultades para retener o atraer el talento y la baja conexión entre ciencia y empresa son cuestiones a mejorar. Otros dos aspectos también interesantes son la necesidad de una mayor cultura emprendedora y, aunque ya existe una ley de simplificación administrativa, reducir las trabas burocráticas”.

Vulnerabilidades y carencias

A esas vulnerabilidades habría que añadir las carencias estructurales en la digitalización, necesaria para que el reto de la I+D+i se haga efectivo más rápidamente, y los problemas derivados de una insuficiente planificación estratégica, así como de la atomización y falta de coordinación de programas a escala autonómica. Una fotografía fija de las debilidades del sistema innovador cántabro que convendría pasar por el filtro de la comparación con otros lugares en que se está avanzando mucho: “La idea es que Cantabria se enfrenta a un dilema: o hace una apuesta fuerte por la innovación o se queda atrás”, advierte el catedrático de Economía Aplicada, y alerta de que las referencias de dichos avances no solo están a pocos kilómetros de distancia: “Por ejemplo, en Munich está el Instituto Max Planck, que es un polo de innovación a dos horas de aquí en avión”. Precisamente, invertir en este campo produce este efecto de ‘hub’ o de foco de concentración de talento, pero también de ‘clusters’ o la creación de cadenas de valor.

La inversión en innovación, que influye positivamente en la productividad, en el empleo y en el crecimiento, tiene en último término un alto retorno económico y social. “Es el precio de comprar el futuro. Al final, son cambios en los procesos, en los productos, en los servicios, en los recursos humanos. Y cuando partes de una situación como la de Cantabria, su efecto multiplicador tiene más impacto”, indica Cantarero. Además, de acuerdo con su observación, el esfuerzo innovador en nuestra región tiene la característica de lograr un mayor alcance en la recaudación fiscal: “A través de la metodología ‘input-output’ se ve que las ayudas a la innovación en Cantabria revierten en torno al 40% a las arcas públicas”. En su opinión, desde una ‘visión 360’, la comunidad debería enfocar su potencial en aquellos sectores en los que sea capaz de concentrar la I+D+i: “Una especialización ‘smart’, inteligente, en el campo de la salud, el industrial y el digital, en el de la innovación inclusiva y en el de la Cantabria verde”.

Cinco ejes estratégicos

Completado el diagnóstico, el objetivo es establecer una perspectiva estratégica de cómo debería ir creándose el ecosistema cántabro de I+D+i a largo plazo, para lo cual se propone intervenir en cinco ejes. El primero de ellos sería impulsar una cultura emprendedora destinada a la innovación. “Consiste en acelerar la creación y el mantenimiento de ‘startups’ y ‘spin-offs’ y que tengan mejor acceso a las fuentes de financiación”, explica el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Cantabria. Precisa que el apoyo no debe enfocarse únicamente en la creación del mayor número de empresas, sino también, por una parte, en que estén en sectores estratégicos de la comunidad y, por otra, en que la apuesta sea plurianual y trascienda a la mera supervivencia de la compañía: “La innovación en estas empresas puede apoyarse tanto a través de ayudas, subvenciones o bonificaciones fiscales como con otro tipo de acciones. Esa parte cualitativa o intangible de respaldar la cultura innovadora creo que es ahora muy necesaria”.

El segundo eje parte del principio de que el talento es el recurso estratégico de la innovación, el factor humano –investigador, emprendedor o gestores altamente cualificados– como motor de la transformación del modelo productivo. Para el responsable del grupo de investigación de Economía Pública y de la Salud de la Universidad de Cantabria no solo es importante mejorar las condiciones laborales de este tipo de perfiles para evitar su fuga, sino también crear incentivos para la atracción o la vuelta de los que están fuera: “Hay comunidades autónomas, como las forales o Asturias, que tienen esta idea de los planes de retorno. Además, esto hay que vincularlo a los sectores estratégicos autonómicos”. Cree que, en el caso de nuestra región, se puede unir el turismo, tan pujante actualmente, a los ya mencionados anteriormente: “Ahí también se puede hacer innovación. Lo que es obvio es que parte de la idea de atracción y retención del talento tendrá que ver con una orientación internacional de la comunidad autónoma”.

Miembros del grupo que ha elaborado el estudio, representantes del Colegio de Economistas y autoridades públicas locales y regionales. Foto: Colegio de Economistas de Cantabria.

Un principio básico en la estrategia innovadora es que sin una participación efectiva del sector privado, el impacto del esfuerzo público se reduce. De esta idea nace la formulación del tercer eje, que trataría de reforzar la transferencia entre la ciencia y la empresa. Si bien la comunidad cuenta con polos de excelencia científica, como pueden ser el Idival, Ibbtec u otros de la Universidad de Cantabria, urge el desarrollo de estructuras que medien entre la investigación y la demanda empresarial, como pueden ser las oficinas de transferencia autonómica. “Otra idea es potenciar o crear nuevos ‘clusters’ y consorcios de innovación y también promover proyectos colaborativos”, apunta David Cantarero, quien, siendo consciente de que es difícil competir con los sistemas tributarios de otras autonomías, añade la importancia que deben tener los estímulos fiscales: “Del mismo modo que hay muchas subvenciones o reducciones en la parte autonómica para otras políticas de incentivación, creo que en el ámbito innovador se puede hacer bastante. Sobre todo sabiendo que retorna el 40% de las ayudas y bonificaciones”.

“La idea es que hay que cultivar la innovación”, afirma David Cantarero. Este es el fundamento del cuarto eje, que se resumiría en el impulso a la inversión inteligente en I+D+i y en digitalización. Para alcanzarlo se propone que, mediante políticas estables y con una perspectiva a largo plazo, haya un incremento del gasto público orientado a la obtención de resultados y en sintonía con los objetivos estratégicos de Cantabria. De manera análoga, será preciso ayudar a que también las empresas hagan el esfuerzo de apostar por las tecnologías digitales, la automatización, etc. Además, se deberán fortalecer las capacidades de los centros de investigación científica, entendidos en este modelo como motores tractores de la transformación. “Es fundamental no solo decir todo esto con palabras bonitas, sino con un presupuesto. Y no solamente inicial, sino con un presupuesto real. Es decir, que se ejecuten las partidas destinadas a la innovación, que no se queden sin ejecutar y, al final, acaben destinándose a otras cuestiones”, subraya.

Todo este proceso no puede llegar a buen puerto sin un elemento clave: la coordinación. Por tanto, el quinto eje estribaría en una gobernanza que integre a todos los agentes frente a la actual dispersión de competencias y de recursos, así como en una evaluación del impacto real que tienen las políticas públicas. En este sentido, David Cantarero aboga por crear una plataforma regional de innovación, que ya existe en algunas autonomías, como la valenciana; un instrumento que habría de ir acompañado por un sólido sistema de seguimiento, en lugar de limitarse a la observación de una serie de informes o indicadores: “Un cuadro de mando multidimensional en el que se vea objetivamente cómo avanza la comunidad en cuanto a la innovación”. Una evolución cuyo objetivo final tiene que ser la creación de un ecosistema que lidere el cambio cultural en el tejido productivo: “Que modificaría el statu quo no solo de las empresas innovadoras, sino también de los sectores de baja intensidad tecnológica”.

Evolución de la inversión en innovación como porcentaje del PIB de Cantabria.

Estamos acostumbrados a que se publiquen informes o se organicen foros de los que pueden salir conclusiones interesantes e incluso planes de acción con mayor o menor nivel de detalle, pero que posteriormente no suelen sustanciarse en la adopción de las medidas propuestas o no lo hacen en un periodo de tiempo adecuado. Para el responsable del estudio ‘Instrumentos para impulsar la I+D+i en Cantabria’ lo importante en este caso es tener un horizonte a largo plazo y entender la innovación como caldo de cultivo: “Como una lluvia fina que cale, que haya una capilaridad, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas, para no quedarnos rezagados en productividad y en crecimiento frente a otras comunidades autónomas”. Desde su punto de vista, es fundamental que Cantabria consiga ser mucho más competitiva atrayendo dos factores clave: “Primero, talento, que es un activo estratégico aunque no aparezca en el balance contable; y, segundo, inversiones destinadas a la innovación, a la mejora, al cambio de procesos o de productos, a hacer cosas distintas a las que hacen otros”.

La economía cántabra sigue desde hace algún tiempo una tendencia al alza del empleo, si bien esas cifras no acallan el debate sobre su precariedad y si habría que aspirar a un modelo de trabajo de calidad. De alguna manera, se tiende a oponer como dos alternativas enfrentadas al sector turístico y al industrial, sobre todo aquel orientado a la innovación. David Cantarero entiende el dilema, pero no ve su incompatibilidad: “Perfectamente se pueden hacer ambas cosas, conciliar esos intereses, porque cada uno tiene su sitio”. Pero cree que hay margen para ir más lejos y si se hacen esfuerzos, por ejemplo, en los ‘clusters’, en las pequeñas y medianas empresas, en las ‘startups’, en los parques tecnológicos y en los institutos de investigación se podrá crear un ecosistema innovador que contribuya a un mayor desarrollo de Cantabria: “Es un crecimiento más eficiente, más inclusivo, más justo, en el que se tiene que avanzar y, aunque es complicado competir con los recursos que tenemos, es mejor tener un plan que no saber a dónde vamos”.

por Redacción

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Cantabria en pantalla: una pizarra en blanco

Las iniciativas de Cantabria Film Commission y de los productores locales buscan propiciar el crecimiento de un sector audiovisual que tiene potencial para generar actividad y empleo, pero que depende mucho de la capacidad para atraer rodajes y que todavía enfrenta desafíos en infraestructuras, ayudas y consolidación económica.

Ana Bringas | Diciembre 2025

Hablar de cine, para muchos, evoca la imagen de una gran industria: productoras con enormes presupuestos, rodajes internacionales y nombres de alfombra roja, lo que en definitiva sería cine en mayúsculas, pero, ¿qué ocurre en Cantabria? La región empieza a hacerse un hueco en el mapa audiovisual, aunque la situación del sector sigue siendo “incipiente”, en palabras de sus propios productores. Así lo describe el cineasta Rodolfo Montero, natural de Valderredible, quien insiste en que todavía hay que convencer a nuestros políticos y ciudadanos de que tienen ahí una industria cultural importante.

En esta visión coincide Víctor Lamadrid, director de la Cantabria Film Commission, la oficina creada por el Gobierno regional para facilitar la labor de las empresas y profesionales que quieran rodar en la región, que resume el momento actual afirmando que el sector “progresa adecuadamente”. Reconoce que Cantabria “parte con desventaja”, al no contar con televisión autonómica, estudios públicos de cine y, hasta hace pocos años, con ayudas muy limitadas. Sin embargo, subraya que, pese a ese hándicap, la región también tiene muchas ventajas: “A veces es mejor tener la pizarra en blanco y empezar a escribir todo de cero con sentido y en la misma dirección, que tener veinte cosas diferentes”.

Nacho Solana es director de cine y productor audiovisual cántabro. Reconoce que el punto de partida en Cantabria ha sido “complicado” debido a la “falta de tradición cinematográfica”. En este sentido, recuerda que las principales referencias del cine cántabro son directores que tuvieron que desarrollar su carrera fuera de la región, como Nacho Vigalondo, que ha trabajado sobre todo en el País Vasco. Ahora, poco a poco, muchos de esos profesionales están regresando. “Quedarse en Cantabria supone asumir un éxito más pequeño en cierto modo al margen de la gran industria”, señala. Aun así valora muy positivamente el papel de la Cantabria Film Commission como catalizador para la evolución del tejido audiovisual de la comunidad que, dice, “está en proceso”.

El cineasta Rodolfo Montero y Victor Lamadrid, director de la Cantabria Film Comission. Fotos: Nacho Cubero.

El reciente Festival de Cine de Santander, celebrado este septiembre, ha puesto el foco en esta realidad. Productores, cineastas y responsables institucionales coinciden: Cantabria tiene talento, localizaciones únicas y cada vez más rodajes nacionales e internacionales, pero, aunque vive un momento de creciente visibilidad, aún carece del impulso económico, las ayudas y la infraestructura necesarias para competir con comunidades como el País Vasco, Navarra o Canarias. Pese a ello, la región ya se ha abierto camino en la economía audiovisual nacional y todo apunta a que tiene un gran potencial de crecimiento. Entre 2019 y 2022, acogió seis producciones internacionales incentivadas, que dejaron en el territorio un gasto de 35,6 millones de euros, según un estudio de la Spain Film Commission.

Si miramos al conjunto de España, en ese mismo periodo se contabilizaron 80 producciones incentivadas, incluyendo largometrajes y series de televisión, que generaron un gasto total de 660,5 millones de euros. Más del 70% de ese gasto se concentró en cuatro comunidades: Madrid (194,8 millones de euros con 31 producciones), Cataluña (119,8 millones y 19 producciones), Canarias (106,3 millones y 12 producciones) y Andalucía (95,3 millones y 31 producciones).

Ahora bien, aunque Cantabria no está todavía entre las primeras posiciones por volumen de rodajes, sí figura dentro del grupo de comunidades con un gasto relevante. De hecho, el impacto económico en la región (35,6 millones de euros con solo seis producciones) supera al registrado en la Comunidad Valenciana (28,2 millones con ocho producciones) y se acerca al de Baleares (38,3 millones con 11 producciones).

Todo ello refuerza la idea de que, con una estrategia de atracción de rodajes, Cantabria puede consolidarse como un destino competitivo dentro de la industria audiovisual española, aprovechando sus paisajes, patrimonio y localizaciones singulares para seguir creciendo en este sector, y aunque las cifras de la región no son ni de lejos las más altas del país, demuestran que incluso comunidades con menor tradición audiovisual pueden beneficiarse de manera significativa de la llegada de rodajes. Lo cierto es que Cantabria nunca ha contado con una televisión autonómica propia ni con estudios públicos superiores en materia audiovisual.

En este sentido, Rodolfo Montero reconoce que Cantabria se queda por detrás de otras comunidades, en primer lugar por su tamaño. Aun así, recuerda que la región siempre ha sido muy creativa y ha aportado grandes nombres a la cinematografía española, como Mario Camus –a quien califica como su maestro–, Manolo Gutiérrez Aragón, Álvaro Longoria, Jesús Garay o él mismo, con más de 20 películas producidas a lo largo de tres décadas de trayectoria. Montero reconoce que sacar adelante un proyecto desde Cantabria no es fácil, aunque aclara que esto nunca ha sido sencillo en ningún sitio, ni siquiera donde ahora existen grandes incentivos fiscales. Por eso defiende la necesidad de incentivos vinculados a los entornos rurales. Explica que, aunque ya existen ayudas por insularidad, sería igualmente importante aplicarlas a las zonas con déficit de población, para fomentar que la gente se quede y se establezca en el medio rural.

Obstáculos reconvertidos en oportunidades

Montero prefiere no hablar de obstáculos, sino de evolución. “Estamos en una fase incipiente y hay que tener una visión más amplia del sector, además de convencer a la clase dirigente de que merece la pena apoyarnos”, señala. Lamadrid tampoco quiere hablar de obstáculos –“ahora mismo no hay nada que nos impida avanzar”, dice– pero sí reconoce algunas debilidades, aunque cree que pueden transformarse en fortalezas. Cantabria, explica, es una comunidad periférica y uniprovincial, y además compite con el País Vasco, que cuenta con un incentivo fiscal más atractivo. Aun así, señala que Cantabria se sitúa al nivel del resto de España en este aspecto y que, pese a ello, muchas producciones deciden venir porque los costes resultan más bajos: todo está más cerca, los rodajes están menos masificados y los permisos se obtienen con mayor facilidad. “No son obstáculos, lo importante es entender cómo está el terreno de juego y aprender a ponerlo a nuestro favor”, resume el director de la Cantabria Film Commission.

“Es fundamental tener luces largas”, incide Montero: “Se puede hacer cine desde Cantabria, pero hay que salir, porque esto es algo que se hace para la gente y no te puedes circunscribir a una región. Los proyectos, aunque en origen y producción sean locales, tienen que ser lo más transitables posibles para toda la sociedad”.

Por su parte, Lamadrid insiste en que su obsesión es que el crecimiento sea desde dentro, aunque pide equilibrio y reconoce que está muy bien que lleguen proyectos de fuera. Para ello, la Cantabria Film Commission ha desarrollado varias iniciativas que buscan fortalecer el talento local y generar comunidad: jornadas formativas de diálogo de cine y producción que capacitan a futuros cineastas, un catálogo de cortometrajes para que las producciones cántabras circulen por todo el mundo sin coste para los directores, jornadas de encuentro entre productores y directores, talleres de desarrollo de proyectos cántabros y acuerdos con festivales para que el talento de la región tenga espacios donde mostrarse y desarrollarse. “No creo en una comunidad que solo busque atraer rodajes de fuera, porque igual que llegan, se van. Está muy bien llamar la atención y difundir lo que tenemos, de hecho es una de nuestras tareas principales. Pero el talento local, los proyectos cántabros, tienen que desarrollarse para mostrar nuestra voz y nuestro punto de vista cultural, patrimonial y etnográfico”, explica.

A su juicio, impulsar proyectos propios es lo que realmente permite generar industria y fortalecer el tejido local. De este modo, cuando llegan producciones externas, encuentran en Cantabria técnicos con experiencia, profesionales cualificados y todos los servicios que necesitan. “Lo importante es encontrar ese equilibrio perfecto”.

El director y productor Nacho Solana, en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus. Foto: Nacho Cubero.

Para Nacho Solana, una de las ventajas de trabajar en Cantabria es que “somos pocos y bien avenidos”. Esto facilita entrar en los circuitos de ayudas disponibles, que aunque son limitadas, hacen de este un buen momento para comenzar proyectos en la región. Además, destaca que la descentralización del sector audiovisual está cada vez mejor valorada, y que ya empiezan a suceder iniciativas que podrían dar frutos en el futuro cercano. Lamadrid celebra que cada vez haya más representantes cántabros en festivales nacionales y reconoce que “lo más difícil es que el tren comience a caminar; pero ahora ya ha cogido velocidad”. También advierte de la importancia de mirar a otras comunidades, como el País Vasco, pero siendo conscientes de que Cantabria es uniprovincial y tiene limitaciones que se pueden convertir en ventajas: todo está cerca, todo puede individualizarse. “Vamos por el buen camino”, concluye.

Avances importantes recientes

En la última década se han dado pasos importantes, como la creación del grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea del Atlántico, que empieza a formar nuevo talento local. Montero cree que existen grandes oportunidades gracias a iniciativas como esa y al talento local. Explica que éste puede nacer y desarrollarse en un espacio, pero luego necesita abrirse al mundo. “En esa apertura puede ser que generes talento en Cantabria, pero al final tu película se haga en Brasil. Eso no es lo más importante; lo que sí importa es que el talento vuelva y pueda demostrarse en su territorio”, señala.

A ello se suman los atractivos naturales de Cantabria. Rodajes como ‘Diecisiete’ de Daniel Sánchez Arévalo, la serie Gran Hotel o la reciente ‘La bola negra’ de Los Javis han situado a la región en el escaparate nacional e internacional, demostrando el potencial de sus localizaciones: en apenas 45 minutos se puede pasar de una estación de esquí en Alto Campoo a una playa en Oyambre, con una gran diversidad de paisajes y muchas horas de luz durante el verano. Además, existe un equipo técnico cada vez más preparado. Si a estos factores se añaden los incentivos estatales ya existentes y la posibilidad de desarrollar incentivos autonómicos aún pendientes, Cantabria tiene todas las condiciones para consolidarse como un destino recurrente para rodajes nacionales e internacionales.

Montero asegura que en Cantabria cuenta con espacios que pueden parecer un desierto del Sáhara o, al sur, en la zona de Valderredible, bosques que recuerdan a la Selva Negra. “Y eso sin mencionar nuestro litoral. Las posibilidades son muchas: la naturaleza aquí es rica en casi cualquier rincón. Debemos exportar esa riqueza paisajística, siempre con el cuidado que merece nuestro entorno, que es mucho”. En este punto, Nacho Solana señala que Cantabria tiene muchos recursos aún por explotar. En su opinión, en el País Vasco, donde se rueda mucho gracias a los incentivos fiscales, las localizaciones ya están bastante saturadas, lo que convierte a Cantabria en una alternativa atractiva para nuevos proyectos.

Sinergias para diversos sectores

Los datos del estudio de Spain Film Comission muestran que los principales polos de producción siguen siendo Madrid, Cataluña, Canarias y Andalucía, pero también señalan la importancia creciente de territorios como Baleares, Cantabria y la Comunidad Valenciana. En el caso de Cantabria, los 35,6 millones de euros generados por seis producciones entre 2019 y 2022 han tenido un efecto notable: más del 50% de ese gasto se destinó a sectores fuera del audiovisual, como hostelería, transporte, logística o servicios locales. Cabe destacar que los datos recogidos se refieren a producciones rodadas en España antes de que se introdujera el incentivo a la producción de Bizkaia en enero de 2023. Esto significa que cada rodaje en Cantabria impulsa tanto a la industria audiovisual como al resto de sectores por lo que se convierte en un motor económico transversal, capaz de dinamizar distintos ámbitos de la economía regional y generar beneficios que van mucho más allá de la pantalla. En vista de estos resultados, para Lamadrid lo audiovisual “no está tan lejos de convertirse en otro motor económico para Cantabria”.

Solana considera que, por ahora, el sector audiovisual aún no se ha consolidado como un motor económico en Cantabria. Según él, los mayores beneficios los generan los rodajes procedentes de fuera, pero cree que el empujón definitivo llegaría si las productoras cántabras crecieran y pudieran asumir proyectos más grandes. Pone como ejemplo a Las Hermanísimas, una empresa que ha cambiado el modelo de producción: captan rodajes y llevan la producción directamente desde Cantabria, lo que les permite atraer proyectos que de otra manera no habrían venido. Además, llenan los rodajes de equipo técnico local, favoreciendo que los profesionales del sector se queden en la región. Aunque algunos también trabajan fuera, este modelo garantiza que los perfiles técnicos permanezcan en Cantabria, de modo que las productoras locales tengan personal cualificado disponible para sus proyectos. Según Solana, esto hace solo unos años no sucedía. En su opinión, producir en Cantabria es tan rentable como en cualquier otro lugar; la clave está en conseguir la financiación adecuada.

El director de cine Oliver Laxe, en el Centro Botín durante su presencia en el último Festival de Cine de Santander. Foto: Nacho Cubero.

De cara al futuro, Montero apuesta por una “crecida exponencial” del sector en Cantabria. Cree que habrá personas que lleguen a ocupar posiciones relevantes en la industria. Su objetivo es que la sociedad no vea al sector audiovisual como elitista o glamuroso, sino como un grupo de profesionales comprometidos con la cultura y la identidad de la región. “Los Premios Goya son un día. El resto del tiempo hay que asumir responsabilidades, levantarse pronto, pagar nóminas… Eso no se cuenta. Vendemos ‘glamour’, que es importante, pero hay que visibilizar el esfuerzo”.

Dice Solana que por naturaleza es “optimista”. Recuerda su regreso a Cantabria desde Madrid hace más de 15 años: “Volví sabiendo que aquí había poco, pero con la ilusión de que, con trabajo, puedes llegar a donde quieras. Ha sido un camino largo, pero me siento afortunado. Siempre pienso que hay cosas bonitas por venir”. Para él, ese futuro pasa por su compromiso con el diálogo con interlocutores políticos y culturales, junto con trabajo, perseverancia y la reivindicación de los logros cántabros en el sector audiovisual.

por Redacción

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Tanndem, el centro de preparación física coimpulsado por una exregatista

Tras una larga y exitosa trayectoria como regatista en varias clases olímpicas de vela, y después de cursar dos carreras universitarias, Berta Betanzos se enfrentó en 2020 a las dificultades que implica incorporarse al mercado laboral sin contar con una experiencia previa. Con el apoyo del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres de Cámara Cantabria, puso en marcha Tanndem, un centro en el que ofrece preparación física y comparte espacio con una fisioterapeuta, llevando a la práctica una vocación por la salud y el deporte que ya tenía muy presente cuando todavía competía.

José Ramón Esquiaga | Diciembre 2025

Es un paso que se sabe obligado, al que cada vez se llega con una mejor preparación y en el que puede aprovecharse buena parte de lo aprendido en la competición, pero el salto de la carrera deportiva al mercado laboral implica salvar un abismo al que es imposible asomarse sin vértigo. Después de una larga carrera como regatista en varias clases olímpicas de vela, la santanderina Berta Betanzos se encontró tras su retirada con todos los obstáculos que supone incorporarse al mercado laboral cerca de cumplir los 30 años y sin contar con experiencia profesional previa en aquello para lo que se había formado. Contaba ya para entonces con titulación como ingeniera técnica naval, un ámbito en el que era especialmente complicado introducirse sin contar con experiencia, y estaba terminando el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, el área hacia la que quería orientar su futuro. “Siempre tuve mucho interés por todo lo que tiene que ver con la salud, incluso cuando me formé como ingeniera buscaba la forma de combinar ambas cosas. Con la segunda carrera, que inicié cuando todavía estaba en activo, y con la ayuda y el consejo de la psicóloga de la federación, empecé a ver la forma de canalizar eso profesionalmente”.

Recién graduada, Berta trabajó para la Federación Española de Vela, en lo que podía haber sido una vía con la que continuar vinculada al deporte de élite aprovechando de forma directa su experiencia como regatista, pero con la que dejaba desatendida su vocación por la salud y con la que podía comprometer la conciliación entre la vida profesional y personal que anhelaba tras catorce años compitiendo por todo el mundo. Tras finalizar la vinculación con la federación, la opción de trabajar por cuenta propia se confirmó como la alternativa más viable para llevar a término ese proyecto vital.

Berta ya conocía a Elena Vila, una fitoterapeuta especializada en suelo pélvico, con la que valoró la forma de aunar sus respectivas disciplinas en un centro que ofreciera pautas de entrenamiento y tratamientos personalizados a quien necesitase recuperarse de lesiones de cualquier tipo o, en general, mejorar su condición física. La idea tomó forma en 2022 con la apertura de Tanndem, un gimnasio y clínica ubicado entre el Palacio de Festivales y el CEAR de Vela de Santander, en el que atienden a clientes que pueden serlo de ambas o utilizar solo los servicios de una de ellas.

“Tratar con la gente, ayudarles a solucionar sus problemas… eso es lo que me gusta y lo que se me da bien”, Berta Betanzos, de Tanndem.

Para la puesta en marcha del proyecto, recuerda Berta, las principales dificultades que hubo de superar no tuvieron que ver tanto con lo relacionado directamente con la actividad, como con la tramitación administrativa y el control de los tiempos en las diferentes fases del proceso: “Tanto en mi carrera deportiva como ahora, siempre he sido una persona que disfruta con lo que hace, con el trabajo. Tratar con la gente, ayudarles a solucionar sus problemas… eso es lo que me gusta y lo que se me da bien. La parte de gestión me gusta menos y se me da peor, pero es muy importante cuando quieres tener un proyecto propio. Ahí la Cámara de Comercio fue muy importante”, explica la exregatista, que se refiere con ello al asesoramiento recibido por parte del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), creado por Cámara España y que se gestiona desde las delegaciones camerales con financiación de la Comisión Europea, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Igualdad y, en el caso de Cantabria, con apoyo económico de Sodercan. “Fueron muy meticulosos en el planteamiento del proyecto, de todas las ayudas, de los tiempos, que son gestiones que requieren unos plazos que, si no se tienen en cuenta, pueden acarrearte problemas. Y te ayudan a organizar tus propias ideas, que también es muy importante”.

Tanndem, explica Berta Betanzos, es un centro con unas características y servicios que lo diferencian, ubicado en un entorno único, en el que es posible entrenar o recibir tratamientos con vistas a la bahía, y en el que se propicia una relación muy cercana con quienes utilizan sus servicios. En los tres años que lleva funcionando, Tanndem ha consolidado una amplia base de clientes, siguiendo lo que Berta Betanzos describe como una “curva ascendente”, con un crecimiento continuo pero controlado: “Cuando abrimos ya tenía mi primer hijo, y luego he tenido el segundo, y eso ha llevado a que la subida no haya sido lo intensa que hubiera podido ser, pero porque yo tampoco lo he querido, porque mi idea siempre ha sido compatibilizar los dos proyectos, el vital y el profesional. Posiblemente ahora puede ser el momento de dar otro paso adelante. Este es un proyecto al que todavía le queda mucho por crecer”.

por Redacción

•, Entrevistas

Jorge Muyo, responsable de Innovación, Digitalización y Emprendimiento de CEOE-Cepyme Cantabria: “El mayor reto de Cantabria está muy ligado a la productividad”

El responsable de innovación de la patronal cántabra aborda en esta entrevista la situación de la digitalización y el emprendimiento en la región, destaca la evolución favorable seguida en los últimos años y augura un presente y un futuro muy prometedor para las empresas del sector TIC en Cantabria.

Manuel Casino | Diciembre 2025

Pregunta.– La innovación y la digitalización son dos vectores estratégicos para todas las empresas, no solo las TIC, independientemente de cuál sea su tamaño y sector. ¿Lo percibe así el tejido empresarial cántabro en su conjunto?

Respuesta.– Sí, sí. Creo que sí. A partir de la pandemia, ha habido una evolución en la que las empresas han percibido que la digitalización y la innovación han pasado de un ámbito digamos más espontáneo hacia otro más estratégico. Ya existían antes, pero se abordaban de forma recurrente y solo ante ciertas demandas de clientes o mercados. Desde hace unos cuatro años, se ha experimentado una conversión hacia una digitalización e innovación más estructurada y más planificada por parte de todas las empresas. Por decirlo de otro modo, en vez de ser una respuesta a, ha pasado a ser una estrategia hacia.

P.– Admite que las pymes son las más reacias a asumir estos procesos, pero representan el 96% de las empresas de la región. ¿Eso es tanto como decir que la innovación y la digitalización no acaban de arrancar, o no al menos con la intensidad que sería deseable?

R.– Quizá los discursos que se lanzan siempre son de que queda camino por. Evidentemente que quedan cosas por hacer, pero también ya hay camino hecho. Ahí están, por ejemplo, la oficina Acelera Pyme y las diferentes acciones y herramientas que se han desarrollado para que esas pymes y micropymes se suban al tren de la digitalización y puedan avanzar también en otros ámbitos. Que quede camino no quiere decir que no se haya avanzado.

P.– ¿Tan necesario es avanzar en la digitalización del sector privado como de las administraciones públicas? ¿Diría que van a la misma velocidad?

R.– Bueno, intentamos ir a la par. Es verdad que desde las administraciones públicas se están utilizando herramientas para la formación de sus trabajadores y la digitalización de sus infraestructuras, lo que no siempre es sencillo porque son estructuras muy grandes y en ocasiones complejas. En Cantabria hemos sido testigos de un importante avance de la mano de la Agenda Digital, que ha supuesto un paso adelante para la digitalización de los sectores, tanto el público como el privado.

P.– Ya que lo cita, casi un año después de su aprobación, ¿qué valoración hace de este plan estratégico aprobado por el Gobierno regional para el periodo 2024-28?

R.– Como todos los planes, tiene un ámbito temporal al que habrá que esperar para ver sus resultados. Pero eso no impide que en estos primeros meses ya se hayan visto avances. Por ejemplo, en los proyectos en los que CEOE-Cepyme está implicada, como el Green Valley Cantabria Tech para poner en valor el ecosistema tecnológico cántabro y que va a estar presente en C-Meet 2026, así como de otras acciones desarrolladas por el Ejecutivo regional junto con otras entidades, como puede ser la Universidad de Cantabria, para lograr la capacitación y formación de personas en habilidades relacionadas con el ámbito de la digitalización. Además, se trata de una agenda que fue muy participativa en su diseño, lo cual es de agradecer.

“Creo que contamos con un sector tecnológico sólido y fuerte, en el que incluso algunas de sus empresas son líderes a nivel nacional e internacional en sus respectivas áreas”

P.– Desde el sector TIC se alertaba hace un par de años que Cantabria estaba en el furgón de cola en materia digital. ¿Seguimos igual?

R.– No. El pasado año hicimos en CEOE un estudio sobre el sector TIC que puso de relieve su importancia a nivel económico y laboral, así como que avanza a mayor ritmo que otros sectores. Creo que contamos con un sector tecnológico sólido y fuerte, en el que incluso algunas de sus empresas son líderes a nivel nacional e internacional en sus respectivas áreas. Con todo, y al igual que ocurre en otros muchos sectores, nos enfrentamos al problema de la captación y retención del talento. Por resumir, diría que el panorama digital en la región ha cambiado mucho y para mejor. Las empresas del sector TIC tienen un presente y un futuro muy prometedor en Cantabria.

P.– Las empresas TIC suelen achacar a las administraciones públicas, especialmente a la regional, que tal y como están planteadas las licitaciones, a las pymes les resulta prácticamente imposible competir con las grandes empresas en los contratos públicos. ¿Estima que el Gobierno cántabro podría hacer algo más a la hora de favorecer el crecimiento de las TIC de la región?

R.– Sí, sí creo que se puede hacer más. Evidentemente, los contratos públicos de gran tamaño, no solo en el sector TIC, están acotados a ciertas empresas que cuentan con la dimensión, la experiencia y el nivel necesario para ofrecer un valor añadido. En cambio, en el ámbito de la digitalización, existen herramientas para que empresas de menor tamaño pueden tener su espacio. El ejemplo más claro es la Compra Pública Innovadora (CPI), una fórmula de licitación y contratación que ya está implementada a nivel europeo y nacional para lograr atraer la atención de empresas que, por su carácter innovador, puedan ofrecer soluciones más innovadoras.

P.– Los expertos también coinciden en la necesidad de que las empresas crezcan en tamaño para ganar en capacidad de financiación y resistir mejor las posibles tensiones de tesorería. Sin embargo, muchas de ellas, cuando quieren hacerlo, se enfrentan a trabas regulatorias o financieras que se lo impiden. ¿Echa de menos un marco más favorable que haga posible tanto este crecimiento como la creación de nuevas empresas?

R.– Sí. Quizá es uno de los discursos más recurrentes en el ámbito del emprendimiento y de la creación de empresas. Pero creo que se están dando pasos a favor de lograr esa mayor agilización y, sobre todo, de ese reconocimiento de lo que es y supone la digitalización y la innovación en las nuevas empresas. Y me explico. Sí que hay herramientas que permiten que las empresas se distingan por ofrecer procesos y servicios más innovadores. Por ejemplo, el sello de empresa innovadora implementado a nivel nacional. Es decir, el reconocimiento a través de herramientas, de sellos o de captación de fondos específicos puede ser una de las soluciones para que haya un mayor dinamismo empresarial en los sectores de la innovación y la digitalización. Y aquí pongo otro ejemplo. Hay rondas de inversiones que solo están centradas en empresas que cumplen ciertos criterios innovadores. O también podríamos ser más creativos en cuanto a las deducciones fiscales por implementar acciones de I+D, como ya ocurre en otros países como Alemania, Finlandia o Suecia, donde cuentan con una política de deducción fiscal hacia la inversión en innovación mucho más generosa. Creo que este debería ser el recorrido que deberías seguir a nivel nacional y regional: ofrecer una estructura un poco más acogedora a las empresas de innovación y digitalización y, a su vez, favorecerlas fiscalmente porque, muchas veces, las ayudas y subvenciones son demasiado restrictivas, mientras que las deducciones siempre son más generalistas.

P.– El calendario oficial marca que la facturación electrónica será obligatoria desde el 1 de enero de 2026 para las grandes empresas y a partir de del 1 de julio para el resto, incluido los autónomos. ¿Prevé problemas en su aplicación?

R.– Preveo que tendremos que hacer un esfuerzo como ocurre con casi todos los requerimientos que pasan de ser una opción a una condición. Pero sé que el sector empresarial cántabro va a ser lo suficientemente ágil para amoldarse a las nuevas condiciones de la factura electrónica. No tengo ninguna duda y estoy convencido de que todas las empresas van a cumplir todos los trámites y requerimientos legales. Pero es verdad que vamos a vivir un periodo, porque estos cambios muchas veces comportan dudas, en que vamos a tener que ser muy ejemplares en cuanto a su resolución y en cuanto a la aportación de soluciones concretas para ciertos sectores o colectivos que no están digitalmente tan avanzados. Desde CEOE-Cepyme ya hemos estado apoyando y formando a las empresas para que se adapten sin problemas.

P.– La colaboración pública-privada se presenta como una herramienta imprescindible para impulsar la innovación y la digitalización. ¿Cómo calificaría el estado de esta necesaria cooperación?

R.– Aquí también soy optimista. He visto una evolución muy positiva tanto a nivel regional como nacional e, incluso, europeo. Antes, las administraciones públicas desarrollaban sus actividades y planes sin tener en cuenta de una manera tan directa a las empresas y a los agentes sociales y económicos. Pero esto es algo superado gracias, en gran parte, al trabajo desarrollado por instituciones como CEOE-Cepyme. Si podemos decir que la colaboración público-privada ahora mismo es un éxito, porque creo que así lo es, es por la participación de instituciones como la nuestra para que la interlocución sea indispensable. Hoy en día, cualquier entidad pública no contempla el desarrollo de determinadas acciones si previamente no las ha consultado con el entorno socioeconómico. Y la patronal y los sindicatos somos dos pilares en los que el ámbito público se apoya cada vez más.

Jorge Muyo, en un encuentro celebrado en el Centro Internacional Santander Emprendimiento en 2020, cuando era director de Innovación del Gobierno de Cantabria.

P.– ¿Andamos escasos de talento tecnológico, ya sea universitario o de FP?

R.– El talento, como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. El talento está ahí, y está en su justa medida. A ver, Cantabria es una región pequeña con un peso específico en casi todas las variables macroeconómicas que ronda el 1%. Y tenemos una estructura formativa acorde a ese tamaño. Es decir, tampoco podemos crecer en egresados y titulados universitarios, en másteres o en alumnos que terminan la FP de grado superior o medio como querríamos, o con la intención de demandar todo el talento que requieren nuestras empresas. Pero sí que creo que estamos cada vez mejorando ese talento. Porque los planes de estudios universitarios y de FP cada vez contemplan más el ámbito digital, y también porque los trabajadores en activo cada vez hacen un mayor esfuerzo por formarse y ser más digitales. ¿Necesitaríamos más talento en algunos micro sectores o nichos? Evidentemente, sí. Pero los tiempos de la educación y de la empresa son distintos. Con todo, soy optimista. Estamos en el buen camino. Nuestros jóvenes y futuros empleados cada vez conocen más y usan más y mejor las herramientas digitales. En CEOE tenemos planes de formación en digitalización realmente innovadores de los que pueden beneficiarse las empresas..

P.– ¿El mayor reto de Cantabria pasa por captar y retener el talento innovador?

R.– El mayor reto de Cantabria, y diría que también a nivel nacional y europeo, está muy ligado a la productividad. A ser cada vez más productivos. Y uno de los vectores de esa productividad y que influye de manera directa es la captación y retención del talento. ¿Qué significa ser una región más productiva? Significa aprovechar mejor los recursos humanos y tecnológicos para lograr un mayor impacto en nuestra economía. Es un concepto ligado a la manera en cómo hacemos las cosas y trabajamos. En cómo interactuamos con nuestros clientes y proveedores. Y aquí tiene mucho que decir la digitalización. Cuanto más innovadores y digitales podamos llegar a ser, veremos que nuestras cuotas de productividad pueden aumentar. Porque estamos haciendo de las maneras de hacer tradicionales, maneras de hacer más innovadoras y eficientes. Es repensar lo que hacemos para hacerlo más productivo.

P.– Se dice que no puede haber economía digital sin seguridad. ¿Cómo estamos de cerca o de lejos de consolidar una cultura de ciberseguridad entre el sector empresarial?

R.– Cada vez más cerca porque cada vez, desgraciadamente, somos testigos de más ataques, más fraudes y, en general, más problemas de ciberseguridad. Con la ciberseguridad ocurre como con los seguros, hasta que no te pasa algo no sabes de su importancia. Pero cada vez existe mayor concienciación y formación sobre los peligros que se dan en el mundo digital, pero aún queda camino por recorrer. Tenemos que ser más cautos y profesionales en la gestión del dato y a la forma que interactuamos en el mundo virtual, al igual que en la interacción entre nosotros en el ámbito personal. Tenemos que tener una cultura, no ya como profesionales sino también como ciudadanos, de que la ciberseguridad importa.

P.– La Unión Europea ha fijado el objetivo de que el 75% de las empresas europeas tengan implantadas soluciones de IA antes de 2030. ¿Estamos en condiciones de cumplir con ese objetivo?

R.– Bueno. Una cosa es cumplir con el objetivo europeo y otra aprovechar la inteligencia artificial (IA) como herramienta. Cuando la Comisión Europea fija esa meta, es más consciente de lo que es la implementación de lo que es el aprovechamiento. Y yo me fijaría más en la importancia de saber aprovechar, conocer y utilizar de forma específica las herramientas de IA, que en implementarlas únicamente. Me explico un poco mejor. La IA no solo hay que implementarla, hay que utilizarla. Y para ello hay que formarse. Muchas de las herramientas de IA que están ya en nuestro día a día nos vienen impuestas y autoexigidas. Nuestro móvil, por ejemplo, tiene una aplicación de IA porque un fabricante la implementado, pero nosotros no hemos sido conscientes de que tenemos que utilizarla, solamente la tenemos ahí y acudimos a ella para facilitarnos los procesos diarios. Lo mismo ocurre en las empresas. Tienen que implantarlas, pero también que saber cómo utilizarlas y formarse para hacerlo de la forma más eficiente.

“La sostenibilidad va a demostrar su importancia a medida que avanzamos en la digitalización”

P.– El uso de tecnología digital se enfrenta también a importantes desafíos derivados del aumento de consumo energético, la generación de residuos o la protección ética de los datos. ¿Las nuevas tecnologías y la digitalización son un riesgo para la creación de un futuro sostenible? O, dicho de otro modo, ¿digitalización y sostenibilidad deberían ser dos conceptos inseparables?

R.– Sí. Sin lugar a dudas digitalización y sostenibilidad tienen que tener un camino común, aunque todavía se percibe una cierta separación entre ambos mundos. La sostenibilidad va a demostrar su importancia a medida que avanzamos en la digitalización. Evidentemente las materias primas y la utilización de recursos van a ser importantes a la hora de desarrollar herramientas de digitalización. Pero también la ciencia va a permitir que ese camino entre sostenibilidad y digitalización sea más sinérgico y pueda explotar todas sus potencialidades. Por ejemplo, La reutilización de ciertos materiales o la optimización de tecnologías en el ámbito de la computación cuántica, por citar dos cuestiones, dejan patente que la investigación y la ciencia son dos pilares para lograr que desarrollo sostenible y digitalización vayan aún más de la mano.

P.– ¿Qué opinión le merece el proyecto Altamira, el macrocentro de datos anunciado como la mayor inversión económica en la historia de Cantabria, con un total de 3.600 millones de euros? ¿Cree que puede servir como estímulo de la actividad relacionada con las tecnologías de la información, pese a que a este tipo de instalaciones apenas generan empleo una vez entran en funcionamiento?

R.– Es un proyecto al que aún le queda recorrido. Seremos testigos en los próximos meses de cómo evoluciona y de cuál es su impacto real en nuestra economía. Sobre el papel, y con la información facilitada por el Gobierno de Cantabria, un proyecto de este tamaño siempre es bienvenido para la atracción de inversión. Queda por ver cuál es el futuro de estas infraestructuras y cuál es su evolución científica y tecnológica. Ya hay empresas que están optimizando mucho más sus centros de datos y seguramente con este proyecto veamos cómo estos avances se puedan materializar en este tipo de infraestructuras. En cualquier caso, creo que aún es pronto para saberlo.

P.– C-Meet celebra este año su cuarta edición. ¿Qué espera que pase en este encuentro empresarial?

R.– Espero que seamos más cooperativos. Es decir, siempre ha sido un evento en el que se han potenciado los espacios de colaboración. Y creo que este año va a ser un C-Meet más centrado en la cooperación, en las personas y en la colaboración. Son tres conceptos que a lo mejor a priori no suenan demasiado en el ámbito de la digitalización e innovación, pero creo que son tres pilares sobre los que sustentar futuros proyectos futura acciones a nivel regional, que es, en definitiva, lo que persigue C-Meet: que se hable de digitalización e innovación con el objetivo de generar más proyectos, mayor riqueza y mejores empresas en nuestra región.

por Redacción

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Una oportunidad en la defensa

El compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto y un contexto internacional proclive al aumento en las inversiones en defensa y seguridad dibujan un escenario en el que los proveedores de las fuerzas armadas tienen claras opciones de crecimiento, en tanto que para quienes todavía no tienen esa condición se abre la posibilidad de trabajar para un sector que demanda un amplio abanico de productos y servicios. Sin un gran integrador de referencia y con apenas un 0,5% del PIB vinculado a este mercado, Cantabria no se sitúa entre las regiones mejor posicionadas para sacar partido de esta situación, pero cuenta con una nómina cualitativamente notable de empresas que ya participan en proyectos de Defensa en áreas como las telecomunicaciones o la industria metalúrgica, y la oportunidad de identificar otras que podrían incorporarse a ese catálogo de proveedores

José Ramón Esquiaga | Noviembre 2025

En lo que supone un vuelco respecto a la situación de hace apenas unos años, la seguridad y la defensa han escalado hasta las primeras posiciones en el listado de prioridades de los gobiernos europeos, convirtiendo a las inversiones vinculadas a estas materias en tractores de la economía y abriendo una enorme ventana de oportunidad para las empresas que, directa o indirectamente, pueden proveer de productos y servicios a las fuerzas armadas. Además de despejar dudas políticas, la invasión rusa de Ucrania ha cambiado la percepción de un sector que hasta entonces provocaba reticencias no solo entre la opinión pública, sino en las empresas con producciones susceptibles de tener cabida en ese mercado, e incluso entre las que ya trabajan en el ámbito de la defensa, tendentes a ocultar esa parte de su actividad. La llegada de Trump a la Casa Blanca, su política arancelaria y sus exigencias en materia de gasto a sus aliados en la OTAN han terminado por configurar un escenario potencialmente favorable a la generación de actividad y empleo, pero no exento de incertidumbres, que por las características de su tejido industrial son mayores en el caso de una región como Cantabria.

En el informe con el que BBVA Research actualiza sus previsiones económicas, presentado en su apartado relativo a Cantabria el pasado septiembre, la entidad financiera identifica el aumento de las inversiones en defensa como uno de los factores que puede actuar como motor del crecimiento en los próximos años, pero relativiza el efecto que esto puede tener en la economía cántabra. Según sus cálculos, apenas el 0,5% del PIB de Cantabria está vinculado con la actividad que genera este sector, lo que a su juicio limita considerablemente las posibilidades de aprovechar la actual coyuntura en la medida en que pueden hacerlo otras regiones. Es un diagnóstico muy basado en lo cuantitativo y que puede pasar por alto la aportación de empresas regionales en alguno de los programas más ambiciosos del Ministerio de Defensa, pero con el que en lo esencial coinciden desde el Clúster de la Industria de la Defensa (CID), una agrupación empresarial con sede en Cantabria nacida en gran medida para afrontar ese problema.

“Al margen de que haya muchas empresas que hacen cosas muy significativas, es cierto que en Cantabria no hay un conglomerado de ellas tan relevante como para poder decir que este es un sector realmente importante para la economía de Cantabria”, admite Manuel Vila, presidente del CID, que relaciona buena parte de ese menor peso relativo con la carencia de un integrador, una gran empresa que contrate directamente con Defensa: “En otras regiones puede haber un Navantia, por ejemplo, y a su alrededor hay una pléyade de proveedores que dependen de él. Eso no lo tenemos aquí, y paliar esa carencia es precisamente uno de los objetivos que dio lugar a la creación del clúster”.

Composición del CID

Fundado en 2019, el CID supera hoy el centenar de socios, buena parte de ellos empresas que tienen su sede fuera de Cantabria. Una vocación global que ya estaba en el planteamiento original y que tiene que ver con esa búsqueda de oportunidades que menciona su presidente: “El mercado de defensa es nacional, es más, podríamos decir que es europeo, aunque las barreras de entrada para mantener la tecnología y la soberanía, digamos, industrial, hacen que realmente se pueda repartir el mercado en los distintos países miembros de la UE. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra actividad teniendo en cuenta esa realidad, lo que no quita que los socios cántabros tengamos un peso importante en el clúster”, explica Manuel Vila, que además de presidir el CID dirige la empresa cántabra Newtesol.

El perfil de las empresas cántabras que trabajan para la defensa se corresponde con el de una pyme que opera o bien en el sector de las telecomunicaciones, normalmente en nichos de altas prestaciones, o bien en el metalúrgico e igualmente en fabricaciones de altos requerimientos técnicos, o bien prestando servicios avanzados. En todos los casos se trata de proveedores que no tienen una relación directa con el cliente final –serían Tier-2 o Tier-3, según la terminología que clasifica las cadenas de suministro en función de lo más o menos cercanos al vértice en que se sitúe cada uno– y en cuya actividad este área de negocio tiene un peso menor.

Manuel Vila, presidente del Clúster de la Industria de Defensa (CID). Foto: Nacho Cubero.

La relación incluiría nombres como los de Textil Santanderina –una de las pocas que no responde al perfil sectorial apuntado–, Fernández Jove, Acorde Technologies, Grupo Faed, Enwesa, Reinosa Forgings & Castings, Erzia, Mecánica Brañosera o la propia Newtesol. Para buena parte de ellas ha sido Navantia su cliente, en proyectos como los de las fragatas de la serie F-110, cuya primera unidad fue botada el pasado 11 de septiembre, o los submarinos S-80, también ya con un barco en el agua y otros seis en proceso de construcción en el astillero que Navantia tiene en Cartagena. En este último proyecto, probablemente el más ambicioso y complejo de cuantos ha acometido la industria española de defensa, participa también Gamesa Electric, una empresa que no tiene su sede en Cantabria pero que fabrica en su planta de Reinosa el motor eléctrico de estos sumergibles.

El punto en común de la aportación cántabra a estos proyectos, además de no contratar nunca directamente con Defensa, es el alto valor añadido de la producción destinada a estos proyectos. Como referencia, Erzia suministra conjuntos integrados de microondas para las nuevas fragatas F110, a las que Acorde ha contribuido equipándolas con tecnología y componentes para sus sistemas de telecomunicaciones y guerra electrónica. Enwesa realizó el montaje mecánico y soldaduras de parte de la estructura del S-81, para el que Newtesol fabricó los pasacascos y Fernández Jove –el grupo industrial cántabro con más actividad en el sector de defensa– los sistemas de sellado para garantizar la integridad de las comunicaciones y los servicios electrónicos a bordo.

Más allá de las dudas y las certezas que pueda plantear esta situación de partida, el aumento del gasto ya aprobado, y las posibilidades de que con ello se abra la puerta a una estabilidad de las inversiones en este campo, sitúa a las empresas ante el reto de o bien entrar en ese mercado, para aquellas que están fuera, o bien acompañarlo en su crecimiento, en el caso de las que ya cuentan con experiencia en el sector. Manuel Vila no tiene dudas: “Hay margen para crecer, tanto con actividad nueva como incrementando lo que ya se está haciendo en Cantabria. Lo que estamos intentando desde el clúster es atraer hacia el sector defensa a empresas que tienen tecnología dual de aplicación en otros ámbitos, pero que perfectamente se podrían utilizar para suministrar a las fuerzas armadas”.

Planitec-CID

Identificar esas potencialidades y trasladar a las empresas las claves a considerar en la relación con el Ministerio de Defensa son dos de los objetivos del Plan Industrial y Tecnológico del Clúster de la Industria de Defensa (Planitec-CID), una iniciativa puesta en marcha durante el último trimestre del año pasado y que tiene en marcha actualmente su segunda edición. El programa, financiado por Sodercan y que se ofrece gratuitamente a los socios del clúster, se desarrolla de la mano de la consultora Atsalia, que dirige el capitán de fragata Fernando Mato, quien fue responsable de un plan con idénticos objetivos ligado al Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) en la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

Mato, que también puso en marcha y dirigió la empresa Sistemas de Misiles de España (SMS), adjudicataria del mayor contrato entre los que hasta ahora ha puesto en el mercado el Fondo Europeo de Defensa, describe el Panitec-CID como un instrumento para aportar valor a los socios del clúster, y una herramienta que permite hacer una foto de conjunto de las empresas, identificar cuáles son sus capacidades industriales y tecnológicas, ver dónde están posicionadas en la cadena de valor y conocer cuáles sus ambiciones: “La participación es por supuesto voluntaria, y a quienes lo hacen les pedimos que nos den mucha información para ayudarles, que se desnuden un poco”, explica el responsable del programa, que entiende que ese requisito, concretado en un amplio cuestionario previo, podía suponer un obstáculo en algunos casos: “Lo cierto es que nos sorprendió la respuesta que tuvimos en la primera edición, en la que considerábamos que si se apuntaban 20 o 25 empresas tendríamos ya una visión medianamente completa de lo que había. Pero lo cierto es que se apuntaron cerca de cuarenta”.

Fernando Mato, responsable del Planitec-CID, el programa con el que el CID quiere identificar las potencialidades de las empresas para trabajar en el sector. Foto: Nacho Cubero.

El resultado de esa labor de prospección no fue muy diferente al que esperaba, y confirma el abismo que existe entre esa minoría de empresas que tiene experiencia en programas de Defensa y el resto: “Por el tamaño de las empresas, el histórico de sus trabajos, por su estructura… vimos que prácticamente ninguna había trabajado en este sector y muchas de ellas, o la inmensa mayoría, tampoco conocían qué es lo que necesitaban para hacerlo”, y ello pese a que su condición de socios del CID podía llevar a suponerles un bagaje previo. “Están ahí porque intuyen que lo que hacen puede tener interés para Defensa, y tienen razón, pero no habían dado el paso. Es precisamente a estas empresas a las que más valor podemos aportarles con el plan”. La experiencia de Fernando Mato al frente del Planitec-CID, y la que tuvo trabajando en la Dirección General de Armamento y Material, le lleva a constatar las consecuencias que ha tenido la distancia que ha caracterizado la relación entre sociedad civil y fuerzas armadas en las últimas décadas: “Es triste, pero te das cuenta de que ni el Ministerio de Defensa conoce la cantidad de buenas empresas que tiene en España, ni esas empresas saben cómo mostrar esas capacidades al Ministerio de Defensa”.

Desaprovechar la oportunidad

Esa distancia y ese desconocimiento mutuo son dos de los riesgos que pueden hacer que el anunciado aumento de los presupuestos de Defensa no se traslade en una medida equivalente al tejido empresarial, ni sirva para generar una industria con capacidad para ser relevante tanto en términos económicos como estratégicos. Tanto Manuel Vila como Fernando Mato coinciden en reclamar una estabilidad en los planes que no dependa de los presupuestos de cada año o que, como sucede ahora, propicie picos de gastos que den pie a la adquisición de tecnología y equipamientos fuera de España, o a poner en marcha programas a los que luego no se dé continuidad: “El programa S-80 contempla construir cuatro submarinos, y el F110 cinco fragatas. ¿Y luego, qué? En Estados Unidos pueden estar treinta años fabricando el mismo tipo de barco, el mismo solo aparentemente, porque lo equipan y lo actualizan con la tecnología de cada momento. Pero es esa estabilidad y la existencia de unas líneas de inversión constantes lo que verdaderamente permite generar una industria y un conocimiento alrededor. Eso es lo que necesitamos aquí”, reclama el presidente del CID.

Fernando Mato confirma que las empresas españolas, por mucho que sea su potencial, no están preparadas para dar respuesta a la enorme demanda que puede generar un aumento del presupuesto como el que se está contemplando, lo que puede obligar a comprar fuera y desperdiciar las opciones de generar una verdadera industria de defensa en España, generando un gasto, pero no una verdadera inversión: “Lo ideal es que ese aumento fuera gradual y sostenido en el tiempo. En todo caso, lo que podemos esperar a corto plazo es que las cadenas de suministro se queden cortas, y los contratistas busquen nuevas empresas con las que trabajar. Eso va a dar muchas oportunidades a empresas como las que conocemos en Cantabria. Hay que estar preparado para ello”, concluye.

por Redacción

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El laberinto de la factura electrónica

La coincidencia en el tiempo de las leyes Antifraude y Crea y Crece ha provocado confusión sobre el proceso de implantación de la factura electrónica entre pymes y pequeñas empresas. Se trata de dos normativas de facturación que, pese a regular el mismo ámbito, persiguen objetivos bien diferentes: la primera se centra en combatir el fraude fiscal fijando los requisitos para que el software de facturación trabaje de una determinada forma a partir de 2026, mientras que la segunda establece la implantación de la factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresas (B2B), que empezará a ser obligatoria en determinados casos un año después de la publicación de su reglamento.

Manuel Casino | Noviembre 2025

Miles de empresas, fundamentalmente pymes y autónomos, se enfrentan entre un mar de dudas a la facturación electrónica con la que el Gobierno persigue, a partir del próximo año, combatir el fraude tributario y la economía sumergida, además de simplificar procesos, reducir la morosidad y la burocracia y garantizar una mayor transparencia y seguridad en las operaciones, entre otros objetivos.

Para José Manuel Olaiz, director de CDS Soft, empresa cántabra que desarrolla software adaptado a esos usos, la principal confusión surge en torno a cuáles son las nuevas obligaciones que deben cumplir la mayoría de las empresas y profesionales derivadas de dos normativas diferentes, pero que a menudo se confunden, aunque persigan fines diferentes: la Ley Antifraude y la popularmente conocida como Ley Crea y Crece.

Según detalla, la obligación más urgente, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 para los contribuyentes sujetos al impuesto de sociedades y seis meses después para los autónomos y el resto de empresas, es la de utilizar un sistema informático de facturación adaptado a los requisitos contenidos en el Reglamento de la Ley Antifraude para garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas. “Pero no se implanta la factura electrónica. Se implanta el cumplimiento de esta normativa dirigida a evitar el fraude fiscal y a la que, de hecho, los fabricantes y comercializadores de estos programas de software como nosotros ya estamos también obligados desde el pasado 29 de julio”, se apresta a aclarar. Olaiz detalla que esta nueva obligación que, en la práctica, descansa más sobre las propias empresas desarrolladoras del software que sobre los usuarios finales, se limita a la relación de los contribuyentes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Alberto Puente, director comercial de CDS Soft, y José Manuel Olaiz, gerente de la empresa. Foto: Nacho Cubero.

“Es una comunicación que se debe enviar a Hacienda con los datos claves de las facturas emitidas, cada una de las cuales incorporará un código QR impreso con el fin de generar un registro de facturación que sea inalterable”, abunda. De este modo, se crea un encadenamiento de facturas que en ningún caso se puede romper. “Si alguna factura contiene algún error, lo que sucede ocasionalmente, será necesario emitir una factura rectificativa, pero no se podrá eliminar”, avisa. Además, especifica que, para el envío de cada registro de facturación a la Administración Tributaria, el contribuyente puede optar entre hacerlo de forma automática y en tiempo real desde el propio software mediante VeriFactu, el sistema de verificación de facturas impulsado por la propia AEAT; o sin enviar las facturas, en cuyo caso deberá firmar digitalmente cada registro y mantenerlo a disposición de la AEAT en cualquier momento. “A esta opción le vemos inconvenientes y más requerimientos de gestión. Por eso, nosotros solo ofrecemos la primera, que es la más cómoda y la recomendada por la Administración”, subraya.

El incumplimiento de este deber, del que están exentas las empresas sujetas al Suministro Inmediato de Información (SII) de gestión del IVA, además de las del País Vasco y Navarra, que disponen de sus propias normativas forales, puede acarrear multas de hasta 50.000 euros por ejercicio, que se elevan hasta los 150.000 euros en el caso de los fabricantes y comercializadores de software.

Precios del software

El director de esta empresa cántabra de servicios de tecnologías de la información, que cuenta con alrededor de doscientes clientes, la mayoría de ellos en la región, destaca que la inversión necesaria para actualizar los programas o adaptarse a esta normativa varía mucho en función del tamaño de la empresa y de las funcionalidades que incorpore el software. “Los precios son muy elásticos. No es lo mismo un programa básico que otro que precise gestión en la nube u otras capacidades, pero podría hablarse de una horquilla entre los 500 y 1.000 euros”, admite el responsable comercial de CDS Soft, Alberto Puente, al que añade el de mantenimiento, soporte técnico y evolución tecnológica del software, que sitúa en torno a los 50 euros mensuales.

«A partir de ahora, todas las facturas no solo van a tener que ser correlativas y encadenadas, sino que, además, la fecha de emisión de la factura deberá ser la del día que se emita». José Manuel Olaiz, CDS Soft.

“Sin duda va a haber un antes y un después de la Ley Antifraude”, vaticina por su parte Olaiz, quien, no obstante, admite que esta nueva normativa viene a cerrar el círculo del Reglamento de Facturación, vigente desde 2012, que ya regulaba la mayoría de estas obligaciones en esta materia, pero que en todo este tiempo ha tenido, admite, una aplicación “bastante laxa”: “A partir de ahora, todas las facturas no solo van a tener que ser correlativas y encadenadas, sino que, además, la fecha de emisión de la factura deberá ser la del día que se emita, y no otro”, puntualiza. Y aunque aún resten tres meses para su entrada en vigor, el responsable de CDS Soft recomienda a las empresas que adapten cuanto antes sus sistemas de facturación. “El programa se encarga de todo, pero esta obligación va a traer consigo cambios internos y en los hábitos de facturación a los que habrá que adaptarse. Y cuanto antes se haga, mejor”, advierte.

Ley Crea y Crece

Aclarada la más inminente obligación, que Olaiz insiste que no llamaría factura electrónica, sino un ‘reporter’ fiscal de las facturas generadas, este informático de profesión se remite a la otra iniciativa legislativa –la Ley Crea y Crece– que, pese a coincidir en el tiempo y regular el mismo ámbito, contiene diferencias notables, tanto en su objetivo como en su aplicación. Así, puntualiza que la norma, que en este caso emana del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y no del de Hacienda como es la Ley Antifraude, regula y establece las bases de la factura electrónica obligatoria para todas empresas y autónomos en sus relaciones comerciales B2B (entre empresas) –ya es preceptiva desde 2015 para quienes operan con la Administración Pública–, si bien aún no tiene una fecha concreta de entrada en vigor, toda vez que el desarrollo reglamentario de esta ley aún está pendiente de publicación.

Lo que sí se sabe ya son los plazos que empezarán a contar en el momento que se apruebe ese reglamento, que serán de un año para los empresarios y profesionales con volumen de operaciones superior a ocho millones de euros anuales, y de veinticuatro meses para los que no lleguen a esa cantidad. A partir de esa fecha, el responsable de esta empresa cántabra también destaca que será igualmente obligatorio la conservación de las facturas de manera digital durante un período mínimo de cuatro años, accesibles para su inspección si así se requiriese.

«La puesta en marcha de un nuevo sistema siempre acarrea algún tipo de problema, tanto en la relación con la Agencia Tributaria como a nivel interno, donde seguramente la implantación de la factura electrónica tendrá su impacto». José Manuel Olaiz, CDS Soft.

Se trata, según resume, de una transformación más profunda y de mayor alcance que la derivada de la Ley Antifraude con la que se pretende controlar la morosidad y ofrecer mayor transparencia en los plazos de pago y que, aunque reconoce que, en un principio, puede generar dudas entre los afectados, principalmente micropymes y autónomos, a la larga aportará importantes beneficios en los procesos y la gestión de las empresas. “La puesta en marcha de un nuevo sistema siempre acarrea algún tipo de problema, tanto en la relación con la Agencia Tributaria como a nivel interno, donde seguramente la implantación de la factura electrónica tendrá su impacto. Pero como va a ser común a todos, espero que se entienda enseguida”, concluye.

Registro del horario digital

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de septiembre la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto de registro de jornada, el nuevo reglamento que endurecerá los actuales requisitos de control horario para combatir los abusos en el tiempo de trabajo, según informó el Ministerio de Trabajo.

Este procedimiento urgente “implicará una reducción a la mitad de los plazos previstos y no será preciso el trámite de consulta pública”, subrayan desde Trabajo. Ahora, el Ministerio de Yolanda Díaz tiene que definir el texto final del reglamento, llevarlo a audiencia pública, al Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos, y luego al Consejo de Ministros, que podrá aprobarlo y que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor.

Olaiz explica que la filosofía de este cambio “está más o menos bien definida”. Lo que pretende es que los fichajes sean digitales y los realice el propio trabajador, que incorpore algún mecanismo que garantice la inalterabilidad y que, además, se comuniquen y estén también en tiempo real a disposición de la Inspección de Trabajo, analiza. “Se trata de garantizar el registro de la jornada de los trabajadores, distinguiendo entre ordinarias y extraordinarias, y que no sea manipulable”, enfatiza.

por Redacción

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La calidad como filtro y como recurso: la labor de los editores cántabros

En un sector dominado por grandes grupos y marcado por la sobreproducción y la continua rotación de títulos, los editores cántabros independientes resisten con vocación y apostando por la calidad como fórmula de supervivencia. Aunque el número de las editoriales independientes que aparecen en los registros es más alto, las que siguen activas en Cantabria no son muchas más que la decena que forma parte del Gremio de Editores de Cantabria, con una producción anual que oscila entre los cuatro y los doce títulos por cada una de ellas.

Ana Bringas | Noviembre 2025

Como un filtro de calidad. Así se autodefinen los editores. Y eso es exactamente lo que son: un filtro que selecciona y pule lo que consumen los lectores con un cuidado excepcional. Algo especialmente cierto en las pequeñas editoriales cántabras, que luchan por diferenciarse y mantenerse en el panorama literario utilizando la calidad y la selección como armas.

En Cantabria, la edición de libros es un oficio pequeño pero apasionado, lo segundo casi por obligación. Con una decena de editoriales activas agremiadas, cada libro publicado es fruto de un minucioso proceso. Entre bambalinas, descubrimos cómo se gestan los libros: una vez que el autor presenta su manuscrito, comienzan a sucederse los eslabones de la cadena editorial. En algunos casos, estos procesos se han ido solapando debido a la tecnología, pero esto no ha hecho que el trabajo sea más fácil; al contrario, lo ha vuelto más variable, con múltiples modelos y caminos posibles.

El papel del editor es fundamental en todo el proceso de creación de un libro, y cuanto más pequeña es la editorial, más funciones asume. “Si tuviera que definir el papel del editor en un concepto, diría que es quien vela por la calidad del libro y de todo el proceso”, explica David Perujo, presidente del Gremio de Editores de Cantabria. Uno de los primeros pasos consiste en valorar el manuscrito recibido: comprobar que encaja con la línea editorial, que el texto tiene coherencia, calidad y buena ortografía y ortotipografía. En las editoriales grandes o medianas, estas tareas suelen estar compartimentadas entre distintos profesionales, pero en las pequeñas, como las cántabras, el editor trabaja codo con codo con el autor, planteando mejoras, gestionando ilustraciones en libros infantiles y coordinando la corrección ortotipográfica, ya sea interna o mediante correctores externos.

David Perujo, presidente del Gremio de Editores y director de Mora Mora. Foto: Nacho Cubero.

Tras esta fase se realiza la maquetación y la impresión, y posteriormente se planifica la comercialización: envío de libros a distribuidores, creación de fichas técnicas, definición del público objetivo, planificación de lanzamientos, presentaciones, notas de prensa y difusión en medios y redes sociales, donde hoy en día se incluyen también ‘bookstagramers’ y creadores de contenido que amplifican la estrategia comercial.

Relaciones y desencuentros en la cadena del libro

Los editores afirman que la relación con el resto de eslabones de la cadena es buena, aunque la hemeroteca recuerda un ‘encontronazo’ con los libreros en la última Feria del Libro de Santander, Felisa. El evento fue organizado por los libreros y, finalmente, los editores no participaron. La discrepancia surgió porque entendían que deberían estar presentes en las mismas condiciones que los libreros.

Al respecto, Perujo considera desde el gremio que uno de los grandes retos del sector es establecer un marco de cooperación entre los agentes de la cadena del libro: “Tenemos los mismos problemas en diferentes fases y, cuanto más cooperemos, mejor nos irá a todos. En aquel momento no alcanzamos un acuerdo, pero debemos centrarnos en cooperar y no en nuestras diferencias”. La idea de colaboración, añade, también se extiende a otros actores que forman parte del sector de manera indirecta, como bibliotecas, colegios o clubes de lectura, que cumplen un papel fundamental en la promoción de la lectura.

Para Perujo, la parte más importante sigue siendo trabajar el manuscrito y asegurar un producto de calidad. La venta, sin embargo, es más complicada ya que esta suscrita a múltiples factores externos: la acogida de librerías, el interés del público y la capacidad de conectar con los lectores. Un libro que inicialmente pasa desapercibido puede repuntar más adelante y viceversa, depende del contexto.

Jesús Herrán, editor de Valnera, una de las mayores dentro de las pequeñas editoriales independientes de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

La calidad se convierte así en la principal herramienta de las pequeñas editoriales para diferenciarse y mantenerse en el mercado, explorando temáticas o enfoques que no están reflejados en el panorama editorial convencional. Como explica Jesús Herrán, de Ediciones Valnera, el papel del editor también consiste en dar a conocer autores y obras necesarias para el avance intelectual de la sociedad, aunque hoy en día este papel, lamenta, “se está diluyendo”. Herrán critica la proliferación de autoediciones y de editoriales online que publican obras “de dudosa calidad”, a veces cobrando al propio autor por la edición, lo que ha generado un aumento en el número de libros que carecen de rigor ortotipográfico y valor intelectual. “Hay muchas personas que se creen con capacidad para figurar como editores y no lo son. En algunas publicaciones incluso se está llegando al bochorno”, advierte.

Sobreedición para renovarse

La distribución representa otro desafío. Las grandes editoriales colocan sus libros en librerías mediante empresas que se encargan de esta labor y, al cabo de tres meses, los libreros pueden devolverlos, generando una dinámica que obliga a los editores a lanzar constantemente novedades. Esto provoca la sobreedición: cada año se publican en España decenas de miles de títulos, pero esto no garantiza más calidad ni un aumento del hábito lector. “Los distribuidores obligan al editor a sacar muchas novedades porque ellos van lanzando semanalmente, y los libreros no tienen espacio para exponer tantos libros”, relata Jesús Herrán, que considera que nada de esto beneficia al mercado editorial: “Es una bola de nuevas obras pero no de ventas, y las editoriales son gigantes con pies de barro”.

En este contexto, las pequeñas editoriales cántabras, al ser más cuidadosas con sus tiradas y su selección, logran mantener un equilibrio entre cantidad y calidad, priorizando el cuidado del libro por encima de la presión del mercado, aunque esta también está ahí para ellos. “Si los cántabros entráramos en la vorágine de novedades, eso acabaría con nosotros”, zanja el editor de Valnera. En ello coincide Javier Fernández Rubio, de la editorial El Desvelo, quien recuerda que durante la pandemia se generó una burbuja: “Los títulos ya vendidos y pendientes de abono alcanzaban cifras muy superiores al valor de los nuevos libros que se seguían produciendo, pero que no podían comercializarse porque las librerías estaban cerradas o porque la gente prefería dedicar su tiempo a ver vídeos en casa”.

Por otro lado, la amenaza de grandes plataformas, las redes sociales o la inteligencia artificial afecta al proceso editorial, pero la edición profesional sigue viva. En Cantabria, según la base de datos de editoriales del Ministerio de Cultura, se registran 129 editoriales, aunque la cifra es engañosa. Incluye editores tan variopintos como la Universidad de Cantabria, la Sociedad Española de Nefrología o el Museo Diocesano Regina Coeli de Santillana del Mar. En la lista también hay asociaciones, ayuntamientos y personas que se autopublican. Como señala Perujo, quien también es director de la editorial Mora Mora, el registro de Cultura está distorsionado: “Incluye a todas las personas físicas o jurídicas dadas de alta en el epígrafe de edición de libros, y algunas se autopublican”, sostiene.

Además, algunas de las editoriales que aparecen como activas no han publicado nada en los últimos diez años. Esto demuestra que, más allá del número registrado, el verdadero pulso de la edición en Cantabria lo marcan unos pocos actores que mantienen la calidad editorial en la región.

Javier Fernández Rubio, fundador y director de la editorial El Desvelo. Foto: Nacho Cubero.

En este sentido cabe destacar que las editoriales son en su mayoría pequeñas, cada una con su propia línea editorial que define qué publica y cómo lo hace. La producción anual de las editoriales agremiadas oscila entre cuatro y doce títulos, mientras que de las no agremiadas no existen datos precisos. La edición sigue siendo tradicional: empresas como Mora Mora no recurren a la autoedición, sino que utilizan su página web como herramienta para visibilizar todo su catálogo, complementando la presencia en librerías donde solo se muestran las novedades.

La economía editorial es ajustada: del precio de venta de un libro, aproximadamente entre un 25 y 30% se destina al distribuidor, un 30% al librero, un 10% al autor y otro 30-35% al editor. Con estos márgenes, el editor debe cubrir los gastos de producción, financiar la actividad de la editorial y asegurar su propia subsistencia. Por ello, más allá de la economía, la edición de libros está íntimamente ligada con la vocación. “No es rentable”, advierten los editores cántabros, pero, como ocurre con muchas otras pasiones, el gusto por participar en la rueda de producción del libro compensa la satisfacción económica.

En este sentido, Javier Fernández Rubio, de la editorial El Desvelo, recuerda que otro de los ingredientes que, sí o sí, debe tener un editor es la vocación: “Si fuera solo por rentabilidad, no habría editoriales; se monta una cada día, pero también desaparece otra”. Para sostener esa vocación, muchos complementan sus ingresos con otros trabajos. “Tenemos mucho de quijotes, de idealistas; la mayoría nos conformaríamos con no perder dinero”, coinciden.

El porvenir de la edición de libros es casi un interrogante, aunque ya ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para reinventarse. Jesús Herrán rememora que ya en su etapa en Anaya pensó que no llegaría a jubilarse en el sector, convencido de que tenía poco recorrido, pero reconoce que el mundo editorial ha sabido reinventarse. Advierte, sin embargo, que el futuro solo será posible si se impulsan campañas sólidas de fomento de la lectura, primero en la escuela y después en la familia. “Si no se lee, el futuro del libro no existe”. Fernández Rubio, por su parte, subraya la dificultad de sostenerse en la edición independiente. “Es más fácil vender cerveza que vender libros”, señala, y apunta a la concentración del sector en torno a grandes grupos como Random House o Planeta, que suman decenas de sellos bajo su órbita. A todo ello se añade un nuevo desafío: la irrupción de la inteligencia artificial, capaz de generar libros de forma automática. Una herramienta útil para producir contenido sin fuste, pero que plantea dudas sobre el futuro: si una máquina puede hacer un libro, ¿qué papel quedará para los editores?

por Redacción

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Viviendas para estudiantes en Cantabria: el otro mercado inmobiliario

Un estudio de la consultora Atlas Real Estate Analytics calcula que unos 4.000 estudiantes buscan alojamiento en Cantabria cada curso, una cifra que cubren residencias, colegios mayores y, sobre todo, pisos de alquiler compartido. La gestión de esa demanda, tanto con los inquilinos como con los arrendadores, ha dado pie a la actividad de empresas especializadas en ese mercado, que en ocasiones prestan servicios y opciones similares a los que ofrecen las residencias. Con una temporalidad que se complementa casi exactamente con la del alquiler vacacional, la posibilidad de compatibilizar ambas categorías aporta un atractivo añadido para los propietarios.

Juan Carlos Arrondo | Octubre 2025

Llega el inicio del curso y, antes de abrir un solo libro, los estudiantes procedentes de otros países, de otras partes de España, o incluso de zonas de la propia comunidad alejadas de los centros de educación superior, ya han tenido que enfrentarse al reto de procurarse un lugar donde residir a lo largo de los próximos meses. Según el estudio ‘Estado actual del mercado de residencias de estudiantes’, publicado el pasado mayo por la consultora Atlas Real Estate Analytics, en 2024 demandaron alojamiento en Cantabria 3.000 alumnos de grado universitario, 528 de máster y 698 de Erasmus. De las varias opciones a su disposición, fuentes del sector especifican que, si bien el Colegio Mayor Torres Quevedo cubre la totalidad de sus 120 plazas ofertadas, la ocupación de residencias como la privada MiCampus –mixta, 415 camas– o Alto de Miranda, de las Hermanas Trinitarias –femenina, 120 camas– solo está en torno al 60%. La mayor parte, bien sea por el precio o por resultarles una alternativa más atractiva, se decanta por compartir un piso alquilado.

En los últimos años, alrededor de la gestión de alquileres de pisos para estudiantes han surgido algunas iniciativas empresariales que tratan de ir algo más allá, aportando ciertos servicios que añaden valor al simple arrendamiento. Es el caso de Notel Student Club, cuyo fundador y director, Ignacio Gutiérrez Breñosa, describe como un modelo de alojamiento a mitad de camino entre una residencia de estudiantes o un colegio mayor y una vivienda alquilada: “En las setenta plazas que tenemos incluimos limpieza todas las semanas, así como cambio de sábanas y toallas, y se puede contratar servicios de comida y comedor de lunes a viernes. Además, agrupamos a los estudiantes en función de un análisis de su personalidad, de su afinidad o de lo que están cursando”. En definitiva, aunar los servicios que proporciona una residencia con los beneficios de alojarse en un piso: “Hay una mayor sensación de hogar y no de hotel. En un hotel puedes estar de maravilla una semana, pero igual no estarías viviendo en él nueve meses”.

Ignacio Gutiérrez Breñosa, fundador y gerente de Notel Student Club, en uno de los pisos que su empresa pone a disposición de los estudiantes. Foto: Nacho Cubero.

Su amplia experiencia en el ámbito universitario, primero en Cesine y después como director de MiCampus en Santander, ha permitido a Ignacio Gutiérrez Breñosa conocer las necesidades de jóvenes y familiares a la hora de optar por un modelo de alojamiento: “Para los estudiantes es el ‘todo incluido’, no tener que preocuparse de limpiar, recoger o hacer la comida, poder centrarse solo en sus estudios, y tener un espacio privado en el que estar a gusto. Lo que demandan las familias es la seguridad de que, ante cualquier problema o necesidad que puedan tener, sus hijos van a tener atención, van a poder contactar con alguien; y, lógicamente, el precio es un factor determinante”. Durante estos años ha observado que, por magnificas instalaciones y comodidad que le ofrezca una residencia, el alumno tiende a preferir compartir un piso: “Quiere tener independencia. Por eso se me ocurrió unir lo mejor de la residencia de estudiantes, todos sus servicios, con lo mejor de los apartamentos: la sensación de estar en casa y, por supuesto, el precio”.

Mercado estudiantil y mercado vacacional

Tras ir fraguando esta idea de añadir una serie de servicios al arrendamiento tradicional de pisos para estudiantes, en 2022 lanzó su empresa con quince plazas distribuidas en cinco pisos pertenecientes a su entorno más cercano. A partir de unos buenos números iniciales, comenzó a contactar con otros propietarios e inversores inmobiliarios, lo que se ha traducido en un crecimiento en volumen, pero también en una diversificación, al compartir el modelo con el mercado vacacional. “Gestionamos inmuebles por valor de más de 20 millones de euros. Tenemos cuarenta y cuatro apartamentos, de los que veintiséis, con setenta plazas, son para estudiantes y el resto son de uso turístico durante todo el año”, detalla el fundador de Notel. Explica que este desdoblamiento surgió de empezar a alquilar en los meses de verano los pisos que quedaban vacíos una vez finalizado el curso, si bien la evolución de ambos nichos ha sido distinta: “Ahora tenemos mayor volumen de negocio en la parte vacacional porque el turismo cada vez es menos estacional en Santander y Cantabria”.

Todos los apartamentos que gestiona Notel están ubicados en un radio razonablemente cercano al núcleo universitario de Santander y gozan de todo tipo de comodidades, algo que les permite diferenciarse del grueso de la oferta convencional de pisos estudiantiles, no siempre confortables y en ocasiones con mobiliario y equipamiento anticuados. Si la idea es que los estudiantes se sientan en casa con los servicios de una residencia, en opinión de su director, los inmuebles también tienen que disponer de las mejores instalaciones: “Solo alquilamos apartamentos nuevos o completamente reformados, con un mínimo de tres dormitorios, todas las habitaciones tienen que ser exteriores y zonas comunes para un mínimo de una persona más que el número de dormitorios que tenga. Tampoco trabajamos con pisos por encima del tercero en caso de que el edificio no tenga ascensor”. Además, deben contar con el menaje completo, cocina con vitrocerámica, calefacción, así como televisión en todas las habitaciones y en el salón: “Están equipados al máximo nivel, como el mejor hotel en que se pueda estar”.

«Nosotros no competimos con el apartamento que está en Idealista, sino con las residencias de estudiantes y los colegios mayores». Ignacio Gutiérrez Breñosa, fundador de Notel Student Club.

El alto nivel de exigencia que debe cumplir cada inmueble lo compensa su dueño con una rentabilidad en torno al 40% mayor a la que obtendría si lo alquilase por su cuenta. “Nosotros no competimos con el apartamento que está en Idealista, sino con las residencias de estudiantes y los colegios mayores. Nuestro rango de precios es más barato que el de las residencias, pero también más caro que el alquiler normal de un piso”, apunta Ignacio Gutiérrez Breñosa. Y considera que, además de cubrir confortablemente las necesidades de los estudiantes, su modelo de negocio ofrece un valor añadido a los propietarios: “Les damos la tranquilidad de que su apartamento está controlado porque todas las semanas lo visita alguien del equipo, se hace una limpieza semanal, se repara cualquier cosa sobre la marcha. El mantenimiento es tan bueno que se mantienen en perfecto estado. Por tanto, tienen más ingresos, la seguridad de que no va a haber impagos y su propiedad controlada en todo momento”.

Además del coste, la limpieza y manutención y otras comodidades, para el joven inquilino es muy importante congeniar con quienes va a convivir durante los meses del curso académico. Cabe la posibilidad de que no encaje bien y necesite cambiar de piso o que sus amigos vivan en otro y prefiera irse con ellos. Como podría hacer una residencia o un colegio mayor, Notel Student Club tiene la capacidad de trasladarle a otra habitación en el mismo día.

Emancipia: una empresa y un proyecto de investigación

En una línea análoga de dar respuesta a este y a un sinfín de problemas ordinarios a los que puede tener que enfrentarse el alumno foráneo que estudia en nuestra comunidad es en la que trabaja Emancipia, un ‘spin-off’ de la Universidad de Cantabria ubicado en su Centro de Desarrollo Tecnológico, que desde 2013 ha gestionado el alojamiento de unos 2.600 estudiantes –en torno al 80% de ellos extranjeros– y los ha proporcionado apoyo ante incidencias cotidianas, desde las relacionadas con la salud o la convivencia hasta reparaciones o trámites burocráticos, entre otras.

Alfonso Nicholls –fundador junto a Martín Ruiz Oceja, quien ya no está en el proyecto– aclara que Emancipia, si bien es un negocio dado de alta como sociedad limitada, se trata sobre todo de una investigación enfocada a definir un modelo de alojamiento en pisos compartidos, para lo cual tienen una amplia muestra de estudiantes, propietarios e instituciones con los que han trabajado: “Hemos diseñado un servicio apoyado en una aplicación muy potente y sustentado en hipótesis validadas, longitudinal y transversalmente, durante trece años con esos miles de usuarios, con el objetivo de poder replicar de manera sencilla en cualquier ciudad de España o de Europa lo que hacemos aquí”. Esta gestión, sistematizada y con una base tecnológica, del arrendamiento de inmuebles en el mercado estudiantil se complementa con un servicio de acompañamiento, personal y gratuito, a los inquilinos: “Porque hay chicos jóvenes que viven fuera de casa, especialmente si son extranjeros, con competencias de autocuidados muy bajas y hay que apoyarlos a la hora de solventar incidencias, averías, etc”.

Según el Sistema Integrado de Información Universitaria, en el curso 2022/2023 hubo 2.299 alumnos extranjeros matriculados en los centros públicos y privados de Cantabria. Aunque cualquier estudiante que está fuera de su casa puede requerir la ayuda de Emancipia, los españoles, a priori, tienen más cercano el apoyo familiar o de sus amigos y carecen de los problemas idiomáticos que tienen los de otros países. “Los chavales extranjeros son más susceptibles de necesitar nuestros servicios por la seguridad y el confort que les dan”, indica su responsable, que destaca cómo se ha ido difundiendo de boca a boca: “Es más, algunos nos han pedido colaboración para hacer trabajos de fin de Erasmus que expliquen cómo es nuestro servicio de alojamiento. Porque, claro, es difícil ver algo así: que les esperemos en el portal para acompañarlos a hacer un trámite, que les traduzcamos en una consulta, etc. Y ellos han visto ese apoyo que damos, que es vocacional. Una vocación de servicio a los demás que nos ha movido para tirar adelante hasta hoy”.

Alfonso Nicholls, director de Emancipia, una empresa nacida en el seno de la Universidad de Cantabria que desde 2013 ha gestionado el alojamiento de unos 2.600 estudiantes, la mayor parte de ellos extranjeros. Foto: Nacho Cubero.

Los servicios que presta Emancipia, entre los que no se incluye la limpieza y la comida, son gratuitos, siendo su fuente de ingresos la tarifa que cobra a los dueños de los inmuebles. El alquiler de un piso de tres habitaciones, aunque depende de su estado de conservación, equipamiento y ubicación, suele situarse entre los 700 y 900 euros al mes. “Un estudiante podría encontrar ahora una habitación, con luz, agua, gas e internet incluidos, por una media de entre 325 y 350 euros”, señala Alfonso Nicholls. Añade que han podido contener los precios porque, además de los propietarios que buscan maximizar la rentabilidad de su inversión, han logrado incorporar a algunos con otra visión: “Hemos conseguido que el sistema no centrifugue a los que, por su edad u otra razón, tienen una brecha digital y eso les aleja de alquilar. Y a los que, buscando sacar algún beneficio, son más empáticos porque quizás han tenido hijos que han estudiado fuera o tienen ese carácter de ayudar a los demás”.

El fundador y responsable de Emancipia hace hincapié en esa vocación social que envuelve el proyecto. Desvela que conserva un correo de HousingWell, la mayor multinacional del alojamiento de estudiantes extranjeros, proponiéndole fusionar ambas marcas en España, una oferta que declinó porque su idea encaja más con el interés público que está convencido tiene este modelo: “Con nuestra aplicación cualquier ayuntamiento, concejalía de juventud o universidad puede montar un servicio de alojamiento funcional en media hora. No es una idea, son hipótesis ya validadas y contrastadas”.

«Hay jóvenes que necesitan una vivienda para los que es una odisea, una angustia, encontrarla». Alfonso Nicholls, director de Emancipia.

La clave está en que durante estos años han ido investigando y desarrollando una gestión de pisos compartidos con resultados tangibles en el ámbito estudiantil, pero que puede ser extrapolado a dar soluciones a otros: “Hay jóvenes que necesitan una vivienda para los que es una odisea, una angustia, encontrarla. Ahora, por ejemplo, hemos conseguido que un chico holandés recién incorporado al trabajo elija quedarse en Santander por la facilidad que ha tenido para encontrar un alojamiento con nosotros”.

Cabe preguntarse si los vaticinios sobre una futura caída de la población estudiantil por causas demográficas o un declive de la movilidad por la diversificación territorial de la oferta académica pueden poner una fecha de caducidad a este nicho del alquiler de viviendas. Alfonso Nicholls no lo cree así, de momento no percibe que haya menos universitarios demandando pisos y, de hecho, sí que nota que también hay alumnos de ciclos superiores de formación profesional que se desplazan de unas ciudades a otras. En todo caso, insiste en que su modelo de gestión de alojamientos aún tiene mucho recorrido: “Algunos de nuestros inquilinos se han convertido en trabajadores y hemos ido pivotando e iterando. Todo lo que hemos estado investigando se ha añadido a la aplicación y lo que necesitamos ahora es financiación para automatizarlo todo, para replicarlo de forma inmediata y con poco coste en cualquier sitio. Necesitamos el apoyo de algún inversor que aporte 100.000 o 150.000 euros, al que le podríamos devolver diez veces más”.

por Redacción

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El estudio de danza Bendita Locura celebra seis años de actividad

Después de varios años de experiencia como profesora, Ángela Bollada decidió en 2019 crear su propia academia de danza, una idea para la que contó con el apoyo del Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres de Cámara Cantabria. Bendita Locura es hoy una realidad que da trabajo a un equipo de nueve personas e imparte formación a más de 400 alumnos de todas las edades.

José Ramón Esquiaga | Octubre 2025

Por muchos conocimientos que se tengan sobre la actividad a desarrollar o el mercado al que se quiere atender –y Ángela Bollada los tenía en ambas cuestiones– dar el paso de crear una empresa implica avanzar por caminos nunca antes recorridos y enfrentarse a imprevistos que nadie espera. Muy a su pesar, afrontar el confinamiento al que dio lugar la pandemia del Covid-19 fue una inmejorable escuela para aprender lo que supone verse asaltado por lo inesperado, y ello apenas unos meses después de haber completado los trámites burocráticos y legales necesarios para dar cobertura administrativa al proyecto, un laberinto que Ángela superó con la ayuda de la Cámara de Comerio de Cantabria.

El estudio de danza Bendita Locura abrió sus puertas en 2019, recogiendo la experiencia de su fundadora como profesora de baile en otras academias. La idea de iniciar un proyecto propio siempre estuvo en el ánimo de Ángela Bollada, que lo consideraba un paso natural dentro de su carrera profesional. En la búsqueda de información para poder hacerlo, alguien le habló de la Cámara de Comercio y de un programa especialmente dirigido a facilitar la creación de empresas por parte de mujeres.

Creado por Cámara España, el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) nació en los primeros años del siglo como un instrumento con el que contribuir a cerrar la brecha de género en el emprendimiento. Con financiación de la Comisión Europea, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Igualdad, el programa funciona por medio de una red de gabinetes en las delegaciones camerales, que en Cámara Cantabria opera con apoyo de Sodercan, ofreciendo asesoramiento, formación y acompañamiento en cada uno de las fases por las que ha de pasar el proyecto de creación de una empresa. “La verdad es que empiezas con mil miedos, pero a partir de dar con la Cámara de Comercio fue todo más sencillo. La verdad es que me lo pusieron todo muy fácil”, recuerda Ángela Bollada, que con el apoyo de los técnicos camerales elaboró un plan de negocio que luego fue clave para lograr financiación a través de un crédito de La Caixa.

Por las características de su negocio, la fundadora de Bendita Locura recuerda como especialmente complicada la obtención de licencias y el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para poner en funcionamiento unas instalaciones por las que iban a pasar cientos de personas, muchas de ellas menores. “Un estudio de danza conlleva muchísimas cosas, debes garantizar que el local reúna unas condiciones, que sea accesible para personas con movilidad reducida, por ejemplo. Y luego tienes que acondicionarlo y equiparlo”. A partir de lo que era un espacio grande, pero vacío, se habilitaron aulas y vestuarios. “De una nave diáfana construimos una academia de danza”, resume la fundadora y directora de Bendita Locura.

Un arranque complicado

Aquel proyecto nacido hace seis años da hoy clases de baile a unos 400 alumnos de todas las edades, a cargo de un equipo formado por nueve personas. El estudio de danza mantiene además acuerdos con varios colegios para ofrecer sus clases dentro de las actividades extraescolares. Lejos queda ya la incertidumbre a la que dio lugar el confinamiento de la primavera de 2020, coincidiendo con los primeros meses de actividad de la academia. “Hubo miedo al principio, claro, pero rápidamente pasamos a dar clases ‘online’ y a hacer todo aquello que en aquellos momentos se podía. Cuando ya nos dejaron retomar la actividad, la gente respondió muy bien, siempre he contado con un alumnado muy fiel”.

Superados ya los plazos críticos que marcan la supervivencia o no de una empresa, Ángela considera consolidado el proyecto de Bendita Locura, que además de las clases organiza galas y participa con sus equipos en competiciones en toda España.

De cara al futuro, la directora del estudio de danza prioriza mantener lo conseguido hasta ahora –«que es mucho”, puntualiza”– antes que el crecimiento. “Mi intención es invertir para que los pequeños que llegan, y obviamente todo el alumnado, estén lo más a gusto posible y podamos evolucionar juntos. Somos una escuela de danza moderna y urbana que desde el principio ha funcionado muy bien. Tenemos que mantener eso”.

por Redacción

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La nueva legislación sobre viviendas de uso turístico inflama a sus propietarios

Las principales asociaciones de alojamientos tradicionales y otros colectivos dan la bienvenida al nuevo decreto sobre viviendas de uso turísticos aprobado por el Gobierno, pero genera un fuerte rechazo entre los propietarios, que anuncian una batería de recursos en los tribunales contra una norma que consideran innecesaria e ilegal y que tiene en su carácter retroactivo su requisito más controvertido.

Manuel Casino | Octubre 2025

El nuevo decreto para regular las viviendas de uso turístico en Cantabria, en vigor desde el pasado 25 de julio, no parece que vaya a traer precisamente la tranquilidad a un sector en constante ebullición. Frente al apoyo, aunque con matices, expresado por las asociaciones que representan a los alojamientos tradicionales –hoteles, campings y turismo rural–, que, en general, consideran positivo el paso dado por el Ejecutivo regional para poner orden en esta actividad y fomentar un turismo de calidad, el descontento reina entre los propietarios de estas viviendas, que ya han alzado la voz contra una normativa que consideran innecesaria, además de ilegal, y sobre la que anuncian un aluvión de demandas en los juzgados.

Al enfado de los titulares de esta modalidad alojativa se une la preocupación e intranquilidad de muchos ayuntamientos de la región, sobre los que el decreto autonómico traslada ahora la responsabilidad de regular estos negocios al exigir un certificado de compatibilidad urbanística que cada municipio deberá expedir en función de los criterios que decida establecer, y que tendrán que obtener todos los inmuebles, los nuevos que inicien a partir de ahora la actividad económica y los que ya funcionaban con anterioridad.

“Auguro el caos”, advierte Jaime Paino, presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcan), un colectivo que representa los intereses de alrededor de 700 propietarios individuales y en la que, según subraya, a lo largo de los últimos meses se han integrado también 25 empresas gestoras, algunas de las cuales aglutinan a más de un centenar de pisos turísticos.

Jaime Paino, presidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcan). Foto: Nacho Cubero.

“Nunca hemos entendido la necesidad de elaborar este nuevo decreto”, se apresta a explicar. En lugar de luchar contra las viviendas de uso turístico ilegales que, dice, son el verdadero problema, Paino lamenta que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte haya preferido perseguir a las viviendas legales que habían conseguido regularizar su actividad de acuerdo con el anterior decreto de 2019, que recuerda fue “aceptado por todos” y al que no duda en calificar de “muy bueno” y “eficaz” porque en ese momento consiguió regularizar la actividad de “más de 4.000 viviendas” en la región. “Este nuevo, en cambio, que surge más por una necesidad política que real, conlleva cambios que eliminan la esencia de los que son las viviendas de uso turístico (VUT) y, sobre todo, dispone de un carácter retroactivo que consideramos totalmente ilegal”, señala.

Momento ‘cero’

Al respecto, Paino, propietario de un piso turístico en Mogro y titular también de una empresa gestora de este tipo de viviendas, resuelve que el Gobierno regional podría haber elaborado una normativa con un momento “cero” para obtener nuevas licencias –“que, aunque con peros, seguramente podríamos haber aceptado”– en su lugar, censura que haya apostado por introducir una retroactividad que, vaticina, empujará a la ilegalidad a cientos de VUT: ”Vamos a exigir medidas cautelares para que no se puedan revocar las licencias ya concedidas”, aclara Paino consciente de que muchas viviendas no podrán adaptarse a las nuevas normas y que, en consecuencia, verán cómo sus expectativas de negocio se ven truncadas de la noche a la mañana tras asumir, en muchos casos, importantes gastos en la adquisición o reforma de los pisos. “No se pueden cambiar las reglas de juego en mitad de la partida”, recalca sobre la nueva exigencia de ese certificado de compatibilidad urbanística y antes de preguntarse en base a qué lo otorgará cada ayuntamiento. “Esa es la pregunta”, se apresura a contestar consciente de que, de los 102 municipios de la región, solo 36 cuentan con Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y únicamente en dos de ellos –Torrelavega y Ribamontán al Mar– se hace referencia de pasada a esta modalidad alojativa. “El resto, se rigen por normativas subsidiarias del siglo pasado, cuando esta actividad ni existía”.

Así las cosas, el presidente de Avutcan sostiene que cada ayuntamiento decidirá arbitrariamente qué es compatible y qué no lo es. “Dependiendo en qué municipio esté la vivienda ubicada, a unos propietarios se les permitirá ejercer la actividad y a otros no. Esto sin duda generará una inequidad entre los cántabros muy importante, sobre todo porque no hay un criterio que guíe cuál debe ser la decisión a tomar. Será una decisión personal, basada en una visión subjetiva de una norma urbanística subsidiaria del siglo XX o de un PGOU que no recoge nuestra actividad”, pronostica visiblemente contrariado ante la posibilidad de que, al final, haya 102 decretos, tantos como ayuntamientos.

Hasta el momento, en Santander, el municipio de Cantabria con más viviendas de uso turístico, el consistorio ya ha anunciado su intención de exigir a todos los pisos turísticos que estén en planta baja o tengan acceso exterior. Arnuero, por su parte, ha avanzado que va a exigir que cada propiedad tenga una plaza de aparcamiento por habitación. En este sentido, Paino razona que, después de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) del pasado 3 de abril, que prohíbe por defecto la actividad de alquiler turístico en las comunidades de propietarios, salvo que expresamente decidan lo contrario 3/5 partes de los vecinos, cabía preguntarse si la vivienda objeto de uso turístico estaba en un edificio sujeto a la LPH. “Ahora, además, hay que preguntar en qué municipio está porque se puede dar la paradoja de que, en una misma calle, esté permitido en altura en el número 2, y no en el 4 porque alguien ha decidido que un edificio está marcado con un determinado uso y otro no. Esto ya está sucediendo en Suances, en Comillas o en Castro Urdiales”, avisa. “Este decreto va ser de difícil aplicación” resuelve tal y como, según asegura, ha reconocido el propio consejero de Turismo en unas declaraciones.

La paz vecinal

Unas críticas a este decreto que no son del todo compartidas por el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (Cafca), Alberto Ruiz-Capillas, quien considera que este texto normativo está incardinado con la citada reforma de la LPH. “Si antes por defecto las viviendas de uso turístico estaban permitidas, ahora por defecto están prohibidas”, explica sobre esta actividad que la mayoría de las comunidades de propietarios entienden que perturba la paz vecinal. “Me parece bien que se regule y que para evitar molestias a los vecinos esta actividad solo se pueda llevar a cabo en planta baja o con entrada independiente”, aclara Ruiz-Capillas sabedor de que, con estas nuevas condiciones, muy pocos pisos turísticos se van a poder poner en marcha.

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

“Creo que, salvo en contadísimas excepciones, va a ser difícil que las comunidades de propietarios den nuevos permisos”, resalta antes de recordar que las comunidades son como una “gran familia” en la que todos se conocen y entre cuyos miembros, ya sean propietarios o inquilinos de larga estancia, se establecen vínculos de confianza. “Y la sociedad no está preparada, al menos de momento, para convertir un edificio en un establecimiento de hostelería”, concede.

Sobre los efectos del decreto, el presidente de los administradores de fincas cántabros manifiesta la obligación de su colectivo de ser “neutrales” porque administran los intereses tanto de propietarios que apuestan por esta actividad como de los que se ponen a ella por las inseguridades y molestias que genera. Sin embargo, en su calidad también de abogado, Ruiz-Capillas no participa de la retroactividad. “Toda la jurisprudencia tiende a lo contrario porque va en contra de los derechos adquiridos. Por eso, de hecho, la reforma de la LPH deja muy claro que no tiene carácter retroactivo”, subraya.

Los fondos de inversión

El presidente de Avutcan, por su parte, además de insistir en que esta normativa autonómica en lugar de eliminar los pisos turísticos ilegales lo que va a conseguir es que los legales pasen a no serlo, critica que el texto aprobado también abre la puerta a que fondos buitres o de inversión pasen a ser propietarios de licencias y a monopolizar el sector. “Mucho me temo, porque nadie ha dicho lo contrario, que a edificios completos, que ya se están haciendo en ciudades como Santander, sí se les va a permitir ejercer la actividad en altura al estar todo el inmueble destinado a viviendas de uso turístico, pero no así al propietario particular”, anticipa.

De otro lado, también alerta de que este decreto, muy similar según sostienen algunos propietarios al aprobado en Barcelona, no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda, como tampoco lo ha hecho en la capital catalana, donde afirma que, tres años después de su aprobación, no se ha abaratado el precio ni se ha aumentado el número viviendas en alquiler, sino todo lo contrario, y que aún hoy miles de apartamentos turísticos continúen funcionando de manera ilegal. “Lo único que se ha conseguido es aumentar el precio de los hoteles, que es a quienes más les interesa todo esto”, zanja.

“La diferencia con Barcelona”, continúa Paino, “es que allí dieron una moratoria de diez años para que los propietarios que no pudieran adaptarse a la normativa recuperaran al menos parte de la inversión realizada, mientras que aquí solo nos han dado ocho meses” A su juicio, esta ausencia de plazos para adaptarse provocará, según sus cálculos y solo en Santander, que más de 1.000 viviendas vayan a pasar a la ilegalidad.

Turistas en el Sardinero, ante una playa llena de gente, este pasado verano. Foto: Nacho Cubero.

Además, el presidente de Avutcan alerta del elevado uso esporádico de la vivienda que existe en la capital cántabra y en municipios como Noja –el más alto de toda España, según sus palabras–, es decir, que sus propietarios las usan en algún momento del año. Por tanto, razona que esas viviendas, si pierdan sus licencias de uso turístico, no saldrán al mercado de alquiler de largo plazo. “O seguirán siendo usadas algunas semanas por sus propietarios o las dejarán vacías, como ya hay otras 50.000 en Cantabria, pero en ningún caso resolverá el problema estructural de la vivienda que viene determinado por otros muchos factores, pero desde luego no por las VUT, que solo representan el 1,2% del total del parque urbanístico de Cantabria”, enfatiza.

Vuelta atrás

Ante la que considera una “vuelta atrás” y un “calco” del decreto de alojamientos extrahoteleros que regía antes del aprobado en 2019, Paino recuerda que su actividad no es un servicio de hospedaje. “Nosotros alquilamos las viviendas para estancias cortas, pero no damos desayunos, ni ofrecemos servicios de limpieza o de hostelería”, razones por las que, sostiene, están exentos de IVA y en las declaraciones de la renta las ganancias obtenidas por este alquiler tributan como rendimientos de capital inmobiliario, al igual que lo hacen los alquileres de temporada o de largo plazo.

Así, lamenta que el ayuntamiento de Santander haya dado “un giro circense” para interpretar, frente a la opinión de otros organismos que los pisos turísticos no son hospedaje, que sí lo son y, por tanto, querer aplicar una normativa al efecto. “Si fuera así, ¿por qué no han hecho nada desde 2019, cuando ya son conocedores de las licencias concedidas? O ¿acaso es el plazo de alquiler el que determina el tipo de actividad económica?”, se pregunta el presidente de Avutcan alarmado ante la posibilidad de que cada municipio considere arbitrariamente si las VUT son o no un servicio de hospedaje.

En su opinión, parte de este problema radica en la etiqueta de turístico que acompaña a su actividad y que no comparte de ningún modo porque, según resalta, dan servicio de estancias cortas a muchos otros colectivos que no son turistas. “Alojamos a familias de deportistas que acuden a Cantabria a competir; a personas que vienen a visitar a familiares hospitalizados o a hijos que están estudiando en las universidades; a profesionales que asisten a congresos y ferias; a empleados de UTE con proyectos de trabajo en la región… Alojamos a muchísimas personas que no vienen de vacaciones. ¿Dónde se van a alojar si perdemos las licencias, en hoteles que han aumentado sus tarifas?”, vuelve a cuestionarse Paino.

«Nosotros no somos competencia de los hoteles. Y las cifras lo dicen». Jaime Paino, de Avutcan.

En este sentido, alude a diferentes encuestas que reflejan que el 80% de sus clientes no se plantea cambiar de modalidad alojativa e irse a un hotel. “Si no encuentran viviendas de uso turístico en Cantabria irán a otras zonas, pero no a un hotel, del mismo modo que el usuario de camping, si no encuentra plaza, buscará otro destino, pero no cambiará su tipo de hospedaje. Nosotros no somos competencia de los hoteles. Y las cifras lo dicen”, recalca.

Sin consenso

Por otra parte, Jaime Paino niega que este decreto sea fruto del consenso de las partes implicadas. “Que no hablen de consenso en su elaboración porque no es así. Nosotros no nos sentimos representados y en ninguna ocasión nos hemos sentado para participar en su elaboración. Mienten con mayúsculas. La consejería se habrá reunido muchas veces con las asociaciones de Hostelería y Turismo Rural, que son las que realmente han redactado esta norma, pero no con nosotros”, enfatiza.

En su opinión, es como si el decreto que regula la ganadería se hiciera contando con los pescadores. “Me he reunido muchas veces con los trabajadores del mar para hablar del campo y ninguna vez con los ganaderos”, compara para explicar que, pese a su condición de colectivo con una posición central en este mercado, no se han sentido escuchados. Por su parte, el presidente de los administradores de fincas de Cantabria también reconoce que no ha participado en la elaboración de este decreto, aunque sí lo hizo en la del anterior. “No nos han llamado. Será porque han entendido que no somos necesarios”, puntualiza.

De cierre, Paino lamenta que sean los tribunales los que la final decidan si el decreto es o no legal. “No nos parece un buen texto, pero habríamos aceptado un cambio de reglas a partir de un momento cero, pero en ningún caso la retroactividad”, vuelve a insistir. “Aunque desde la consejería siempre nos dicen que están abiertos a cualquiera, al final han hecho lo que han querido. Y es una pena porque se podría haber evitado muy fácilmente. Ahora, habrá que esperar a que hable la Justicia”, sentencia.

por Redacción

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