Titular de un departamento con amplias responsabilidades, Isabel Urrutia pondera en esta entrevista la Ley de Simplificación Administrativa, que dice nacer de la sociedad y de la participación de todos los agentes implicados; critica el escaso plazo que el Ministerio de Justicia les ha dado a las comunidades para implantar los cambios derivados de la norma sobre eficiencia del sistema público del sector, y anticipa su intención de introducir la carrera profesional para facilitar la especialización de los trabajadores.

Manuel Casino | Agosto 2025

Pregunta.– El Parlamento de Cantabria aprobó la Ley de Simplificación Administrativa con el voto favorable de su partido, Vox y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio. Tratándose de una norma esencial, como usted misma la ha calificado, ¿no hubiera sido deseable contar con un mayor respaldo parlamentario?

Respuesta.– Esa era nuestra intención. No era la ley solamente del Gobierno de Cantabria. Nosotros hemos sido los impulsores de esta norma, pero realmente es un texto que nacía del clamor de la sociedad y de la propia Administración y, sobre todo, es una norma elaborada con la participación de las empresas, los ciudadanos, la universidad, los colegios profesionales… De hecho, ha sido una de las leyes que mayor participación pública ha tenido y durante más tiempo. En una ley como ésta, que reitero nace de la sociedad, parece que lo más lógico es que en la institución en la que reside la soberanía popular, que es el Parlamento, la hubiera hecho suya y la hubiera aprobado. Esto no ha sido así por razones políticas de estrategia y también de momentos políticos de los partidos. Tengo clarísimo que el Partido Socialista nunca la ha querido, de hecho ha sido el partido que en octubre presentó una enmienda a la totalidad de devolución del texto al Gobierno sin presentar alternativas. Pero, claro, para eso lo primero es trabajar y creer en ello, en el concepto de que las administraciones están para hacer fácil la vida a los ciudadanos, a los empresarios, a los autónomos… Y ya sabemos que el PSOE siempre se pone del otro lado y prefiere enfrentarse a los que crean riqueza y empleo. No fueron capaces de hacerlo, pero a nosotros lo que más nos ha sorprendido es la posición que ha llevado el PRC. Los socialistas ya dijeron que no era su ley y que querían que se devolviera para darle una vuelta completa al calcetín. Sin embargo, las enmiendas que presentaron más que calcetín eran todo lo contrario, porque salvo alguna de ellas, que admitimos, no cambiaban para nada la ley y lo único que demostraron es que no tenían un modelo de simplificación administrativa ni sabían cómo se hacía. Como decía, nos sorprendió muchísimo la actitud de los regionalistas porque, justo tres meses después de que esta ley llegara al Parlamento, el portavoz de este grupo sale el 23 de enero con el cuento de que la norma tenía una modificación de la Ley del Suelo vinculada a una especulación que ahora, que lleva más de un mes en vigor, todo el mundo se ha dado cuenta de que no era cierta. Creo que lo que el PRC hizo fue buscar una mentira para tener algo a lo que agarrarse e ir contra la ley y luego hacer modificaciones para poder decir que no era la ley del Ejecutivo, sino la del PRC. Pero no supieron dejar a un lado esa mentira, que llevaron durante todo el debate parlamentario, y lo que aún menos se esperaban es que hubiera otro grupo parlamentario [Vox] que estaba dispuesto a aprobar la ley, que es lo que finalmente ocurrió.

P.– Hace poco más de un mes, el Ejecutivo cántabro sacó a consulta pública los proyectos de decreto reguladores del silencio administrativo, el régimen de las nuevas entidades colaboradoras de certificación y el reglamento que hará efectivo la reducción de los plazos de resolución de los procedimientos administrativos. ¿Cuándo espera que puedan estar listos?

R.– El decreto de entidades colaboradoras de certificación ya ha pasado a trámite de información pública, que ha finalizado el 23 de mayo, y, a partir de ahí, pasará a las secretarías para que pueda estar aprobado en verano. Y los otros dos también vamos a intentar que lo estén en un plazo de tres meses, que son los plazos que nos daba la ley desde su entrada en vigor el pasado 5 de abril.

Hasta ahora la Administración se convertía en una comprobadora de requisitos y de papeles para autorizar el inicio de una actividad. Ahora, esa responsabilidad se la trasladamos al ciudadano que tiene que cumplir los mismos requisitos, pero que con una declaración responsable puede decir que ya los cumple y, a partir de ahí, iniciar su actividad.

P.– Ha afirmado que lo más difícil está por venir. ¿Por qué?

R.– Porque es un cambio total en la forma de gobernar y de entender la Administración. Hasta ahora la Administración se convertía en una comprobadora de requisitos y de papeles para autorizar el inicio de una actividad. Ahora, esa responsabilidad se la trasladamos al ciudadano que tiene que cumplir los mismos requisitos, pero que con una declaración responsable puede decir que ya los cumple y, a partir de ahí, iniciar su actividad. Siempre lo digo, el empleado público ha dejado de ser un mero comprobador de documentación para ser ahora un facilitador de proyectos. Es una forma completamente distinta porque la Administración pasa a comprobar después, no antes.

P.– ¿Está la sociedad preparada asumir ese cambio de mentalidad?

R.– Sí, absolutamente. Estoy convencida de que los que quieren engañar son los menos. Además la ley tiene un régimen sancionador que al que diga tener lo que no tiene le pueden sancionar con multas de hasta 900.000 euros, en caso de una infracción muy grave. Creo, además, que va a ser una ley mucho más garantista porque hasta ahora se daba la autorización pero después no se comprobaba. Ahora, se inicia una actividad y se comprueba que se corresponde con lo que se ha dicho. El ciudadano ya no podrá echar la culpa a la Administración y decir que tarda en tramitar, que hasta ahora es verdad. Hay muchos inversores que tienen que esperar a que haya un funcionario que tenga tiempo para comprobar su expediente. Con esta ley, las entidades colaboradoras son las que certifican que ese ciudadano cumple con todos los requisitos y que, por tanto, tiene la capacidad de iniciar esa actividad. Y eso es una garantía.

P.– Ha emplazado al resto de consejería y a los ayuntamientos a moverse para que los efectos de esta ley empiecen a notarse. ¿Sin el concurso e implicación de los municipios la ley se podría quedar en papel mojado?

R.– Sí, clarísimamente sí. Porque, al final, quienes tienen la última palabra en muchos procedimientos son los ayuntamientos. Por ejemplo, una licencia de actividad la conceden los consistorios. Por eso tiene que ser algo de todos.

P.– En el Portal Institucional del Gobierno cántabro, está en funcionamiento desde el pasado 8 de mayo una línea abierta para atender las dudas y sugerencias de ayuntamientos, entidades y ciudadanos a la hora de implementar esta normativa. ¿Cuál es la duda o sugerencia más recurrente?

R.– Ha habido dudas en la interpretación de la ley, pero también las hay en la propia casa. Ahora mismo estamos estableciendo criterios comunes de aplicación para que no vayamos cada uno por su lado. Pero esta línea de la que me habla está hecha sobre todo para tener un contacto directo con el ciudadano y que nos diga cuál es el procedimiento que se le ha hecho eterno o en el que ha encontrado mayores trabas y dificultades. Y que nos cuenten qué documento le siguen solicitando cuando ya lo tiene la Administración que lo otorga.

P.– La administración electrónica avanza en el sector público, pero con paso desigual, especialmente en los entes locales de menor entidad. ¿No cabe la posibilidad de impulsar la digitalización con una única plataforma o procedimientos unificados en todas las consejerías e incluso ayuntamientos?

R.– Ya lo hay. Es verdad que cada uno tenemos nuestro sistema de procedimientos. Ha habido plataformas que se han puesto a disposición de los ayuntamientos. El problema es que luego hay que mantenerlas y llenarlas de contenido. Estamos ayudando mucho a los ayuntamientos a este proceso de digitalización con planes digitales en todos los municipios de menos de 25.000 habitantes y con puestos de trabajo inteligentes que les permiten teletrabajar, lo que también es muy importante. Asimismo, el pasado año arrancó la digitalización del Registro Civil y este año nuestra bandera va a ser la digitalización del padrón, que en pleno siglo XXI aún no lo está.

Isabel Urrutia, durante la entrevista. Foto: Nacho Cubero.

P.– Ya que lo menciona, ¿el teletrabajo ha llegado para generalizarse en la Administración autonómica de Cantabria?

R.– Bueno. Hemos aprobado en febrero de 2024 nuestro decreto de teletrabajo, que estaba pendiente, y tenemos que ponerlo en marcha. Para ello necesitamos soportes informáticos y este año vamos a hacer una inversión de más de cuatro millones de euros en nuevos ordenadores. Aunque evidentemente tiene que existir un trabajo mixto, creo que sí es una forma válida de trabajar. Si lo hacen las grandes empresas, por qué no va a poder hacerlo la Administración. Estoy convencida de que el que trabaja lo hace igual aquí que en su domicilio. Lo que sí se tiene que garantizar con el teletrabajo es la desconexión digital.

P.– Dice que su próximo reto es el anteproyecto de la Ley de Función Pública, que lamenta que aquí no se aplica. Si no estuviera listo para este año, como es su intención, ¿teme tener a los funcionarios de uñas?

R.– No, porque tenemos otro tipo de proyectos. La Ley de Función Pública les va a dar cosas que no se habían hecho en esta comunidad autónoma, como es la carrera profesional. En Cantabria, para que alguien pueda hacer carrera profesional tiene que cambiarse de puesto, con lo cual no hay una especialización de la función pública. Lo que queremos es introducir la carrera profesional, tanto la vertical como la horizontal, en el mismo puesto, lo que sin duda nos llevará a la especialización de los trabajadores. Al final, lo que ocurre ahora es que nadie está en su sitio, lo que no te garantiza tener trabajadores especializados, un inconveniente que, por ejemplo, se da mucho en contratación.

P.– Acaban de poner en marcha el organismo de supervisión de empresas públicas –Consejo de Seguimiento de la Actividad de los Entes del Sector Público Institucional Autonómico– con el fin de evitar duplicidades y promover, llegado el caso, fusiones. ¿Debo entender que la actual estructura de empresas públicas es manifiestamente mejorable, es decir, que más de una sobra?

R.– Esta pregunta la tenía que haber formulado hace siete años, que es cuando la ley crea este consejo de supervisión con un gobierno de minoría del PRC-PSOE, pero que ha habido que esperar a que llegara un gobierno del PP para ponerla en marcha. Creo que este organismo nos va a servir para dar transparencia al trabajo que se hace en la veintena larga de empresas públicas que existen, y que la propia sociedad y quienes allí están representados puedan dar su opinión. En estos dos años de gobierno que llevamos se ha hecho funcionar a las empresas públicas, reducir gastos y hacerlas muchísimo más eficientes en cada una de sus materias. Dicho esto, puede haber alguna vía de fusión, no por duplicidades sino por eficiencia en sus funciones. Pero esa decisión compete al consejo. Creo, en cualquier caso, que todas son necesarias.

P.– ¿Es posible en Cantabria una Dana como la de Valencia?

R.– ¿Alguien pensó que podía ocurrir lo de Valencia? Creo que no, por nuestra orografía, pero ningún territorio está libre de sufrir cualquier tipo de emergencia. Por eso contamos con un mapa de riesgos y sabemos dónde los tenemos. Tenemos riesgos de incendios forestales y de inundaciones, pero lo que no tenemos son barrancos como en la Comunidad Valenciana. Por tanto, creo que será difícil sufrir emergencias de esa magnitud, pero no estamos libres de sufrir alguna. Nadie pensó que se iba a registrar nunca un apagón y mire lo que ocurrió.

P.– Asegura que el actual Gobierno regional del PP es el más municipalista de la historia de la comunidad y el que más lucha contra la despoblación con la puesta en marcha de diferentes medidas a lo largo de la presente legislatura. ¿Qué valoración hace de las medidas fiscales impulsadas hasta la fecha?

R.– Las medidas vinculadas a la renta las veremos en la declaración del IRPF de este año. Por suerte, en plena campaña los cántabros estamos viendo clarísimamente el efecto fiscal de Buruaga. Las rebajas fiscales están ahí y siempre hemos defendido que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Hay quien dice que la reducción de impuestos lleva aparejada la caída de ingresos. Lo que no deja de ser curioso porque el pasado año, en nuestro caso, la reducción de impuestos nos ha permitido en solamente cuatro meses ingresar 17 millones de euros más que respecto al ejercicio anterior. Además, esta rebaja fiscal está permitiendo que Cantabria empiece a ser atractiva para las inversiones exteriores. Nos da confianza que grandes empresas y proyectos empiecen a mirar a Cantabria como una posibilidad para venir e instalarse. Ojalá lo hicieran en los 41 municipios en riesgo de despoblamiento. Pero somos un gobierno municipalista porque somos el que más invierte en los municipios de Cantabria. Hemos aumentado en un 8,1% los fondos de cooperación municipal y, sobre todo, estamos afrontando los grandes proyectos tractores y de vertebración regional que permitirán a estos municipios en riesgo de despoblamiento tener oportunidades, que es de lo que se trata.

La consejera se reúne con Huber Gambs, director general adjunto y coordinador de Pymes en la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea.

P.– El primer Pacto para la Justicia en la región cumplirá en julio su primer aniversario. ¿Satisfecha de los resultados?

R.– Sí, bastante. Porque tenemos varios puntos que ya hemos puesto en marcha, como son el nuevo turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita y el pago a profesionales. También han entrado en funcionamiento las dos salas Gesell, que eran muy demandadas. Sin embargo, tengo que decir que el Estado nos ha dado un gran golpe porque, por el camino, ha aprobado en enero la Ley de Eficiencia del Sistema Público de Justicia, en vigor desde el pasado 3 de abril, que nos obliga a transformar la forma de trabajar en la Administración de Justicia en siete de los ocho partidos judiciales de la región antes del 31 de julio, y antes del 31 de diciembre en el caso del de Santander. Esta ley supone un cambio radical para el que solo nos han dado seis meses de plazo. Para colmo, encima estamos totalmente abandonados por parte del Ministerio de Justicia, que lo ha dejado todo al libre albedrío. Acabamos de pedir al ministro la convocatoria de una conferencia sectorial de Justicia para tratar la financiación de este cambio, que nos va a costar mucho dinero y para el que no ha puesto un duro, porque el Ministerio legisla y las comunidades autónomas pagamos; y para ver también cómo vamos a poner en marcha las medidas de resolución de conflictos a las que nos obliga la norma. El ministro Bolaños nos quiere poco o nada y se comporta como si fuera otra comunidad autónoma. En lugar de ser el Ministerio que coordine, parece que ha entrado en una competición con nosotros. ¿De qué nos ha servido el pacto? Pues de mucho, porque ya teníamos nuestro camino andado con los profesionales del sector, lo que nos ayuda a poner en marcha esta ley y no tener que empezar desde cero. Pese a ello, va ser muy complicado porque tenemos muy poco tiempo.

P.– Algunos agentes judiciales reclaman la necesidad de reforzar todos los juzgados de la región. ¿Es de justicia?

R.– Cuando veamos cómo es este cambio de modelo, ya no crearemos juzgados sino plazas de jueces. Y ahí, desde el Pacto para la Justicia, todos hemos pedido por unanimidad la creación de dos plazas de juez en San Vicente de la Barquera y Santoña y otra en el Juzgado de lo Social de Santander.

P.– Cantabria cerró el pasado ejercicio con un incremento del 2,4 por ciento en el número de delitos, lo que nos sitúa como la tercera comunidad en la que más aumentó la criminalidad, según los datos del Ministerio de Interior. ¿A qué achaca estos malos datos?

R.– Bueno, no es una competencia de mi consejería, porque esta cuestión depende más de Delegación del Gobierno. Creo que desde hace tiempo todos los partidos políticos, y no solo el mío, lleva pidiendo más seguridad en Cantabria. La falta de agentes, el cierre de determinados cuarteles de la Guardia Civil, junto a la falta de presencia permanente de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen que sea más fácil delinquir. Hemos revindicado a Interior que se cubran todas las plazas.

P.– En este sentido, su partido ha anunciado hace escasos días que pedirá explicaciones en el Congreso por lo que entienden el desmantelamiento de la seguridad en Cantabria. ¿Los cántabros vivimos menos seguros que en otros lugares?

R.– No. Creo que Cantabria es una comunidad segura, pero lo que no podemos es hacer desmantelar los servicios públicos porque somos seguros. Lo que tampoco podemos hacer es dar una sensación de inseguridad. No puede ser, por ejemplo, que en la comarca de Liébana, con la situación que tiene ahora, y hablo del desfiladero, no haya una patrulla permanente de la Guardia Civil y que, cuando se produce un accidente, tarde una hora y media en acudir, como ha ocurrido en enero, no porque no vaya, sino porque para ir tiene que salvar esa distancia. Nadie puede concebir que no haya una patrulla permanente de la Benemérita y que el cuartel de Potes esté abierto dos horas al día. En Cantabria tenemos muy localizadas nuestras diferentes comarcas como para que no estén cubiertas por la Guardia Civil.