Los responsables de tres asesorías cántabras analizan el desempeño de sus despachos profesionales desde que hace algo más de un año se desatara esta crisis a la que en ningún caso se atreven a poner fecha de caducidad antes del finales de 2022. Meses, según conceden, de una carga “brutal” de trabajo bajo un aluvión de normas y decretos, muchos de ellos improvisados cuando no contradictorios. Valoran la fidelización de sus clientes, a los que reconocen haber prestado más servicios por lo mismo, y censuran por insuficientes y tardías las ayudas para tratar de socorrer a las empresas en dificultades. Consideran que aún se producirán cierres empresariales y que la recuperación económica será antes que la del empleo,al que auguran fuertes turbulencias con el final de los ERTE.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2021

De súper caótico a excepcionalmente especial pasando por novedoso del que sacar algunas enseñanzas. Así caracterizan los responsables de tres asesorías y consultorías cántabras el espiral de trabajo en el que se han visto envueltos durante este largo año de pandemia. Los tres, sin excepción, coinciden en que sus despachos profesionales han tenido que hacer frente a una “ingente” carga de trabajo en unas condiciones especialmente difíciles, ya fuera por la imposición del teletrabajo, las restricciones de movilidad que han afectado a sus clientes o por el aluvión de normas y decretos al que se han enfrentado “un día sí y otro también”

“Ha habido un gran descontrol legislativo, informativo y sanitario. Y no sé en qué orden”, clama el economista y consejero de Cedenor Alfonso Pariza, que critica “la disparidad de opiniones y de toma de medidas” a lo largo de estos últimos doce meses. “En general, ha existido mucha contradicción, lo que ha hecho aún más complicada la labor de quienes teníamos que interpretarlo”, asegura.

En la misma línea se expresa el socio director del Grupo HFC Consultores, Ramón Cifrián, quien censura la maraña normativa muchas veces “improvisada” con la que han tenido que lidiar. “La tarea más difícil ha sido el análisis e interpretación de los decretos que se sucedían a toda velocidad”, resuelve.

Tampoco se aparta de este discurso su colega y uno de los gerentes de Gestisa, José Moreiras, para quien raro era el día en que no salía un decreto que modificaba al publicado el día anterior. “Teníamos que estar muy atentos por si aparecía algo nuevo sobre lo mismo. Entiendo que en aquellos primeros momentos no era fácil legislar, pero las modificaciones de las modificaciones eran muchas veces continuas”, aclara.

A este caos normativo, Pariza añade otros dos factores que, a su juicio, han contribuido a dificultar el trabajo. De un lado, alude tanto al cierre durante un largo periodo de las oficinas de las diferentes administraciones como al hecho de que, una vez abiertas, para cualquier gestión haya que pedir cita previa, que en ocasiones se eternizan en el tiempo. “Se ha perdido mucho de la agilidad de tantos años de conocimiento del funcionariado que a nosotros nos permitía manejarnos con mayor rapidez para solucionar los problemas de nuestros clientes”, afirma.

La tramitación de ERTE, de créditos ICO y la adapación a una normativa que cambiaba cada día ha multiplicado el trabajo en las asesorías durante el último año.

De otro, sostiene que esta crisis, que ha afectado a prácticamente todos los sectores productivos, ha generado “angustias financieras y problemas de pago y de tesorería” a algunos clientes que, al final, han terminado por verse reflejadas en los acuerdos profesionales que mantenían. “Tenemos una fidelización muy alta de clientes y por eso hemos seguido trabajando con ellos, pese a que en algunos casos hemos empezado a tener ciertas demoras en la atención de nuestras minutas”, concede antes de explicar que en su despacho han tenido casos de todo tipo, desde suspensiones de cuotas, hasta reducciones temporales que confían en recuperar en un futuro.

Esta situación también ha afectado al resto de despachos, tal y como reconoce Cifrián, quien igualmente cita a la elevada fidelidad de su clientela. “Son clientes de toda la vida a los que hemos tratado de ayudar mediante moratorias y fórmulas de aplazamiento de cuotas, pero a los que en muchos casos hemos hecho trabajos, sobre todo de tramitación de ayudas y subvenciones, que no les hemos facturado”, describe.

Su casuística es compartida por el gerente de Gestisa, que admite que a los clientes de los sectores más expuestos a la crisis les han prestado servicios que no han cobrado. “Más que renegociaciones de contratos o reducciones de cuotas, que algunas sí ha habido, aunque no muchas, lo que nos ha tocado es hacer más por lo mismo”, afirma.

Una vuelta de tuerca a su trabajo diario que los tres despachos han llevado a cabo con la misma plantilla y mayoritariamente de forma presencial, según confirman sus responsables.

“Hemos reutilizado nuestros recursos derivando personal de otras áreas para que apuntalaran el departamento laboral”, explica Moreiras. “Esta sobrecarga de trabajo ha puesto a prueba a todo el personal de la asesoría”, confiesa por su parte Cifrián, mientras que Pariza pone el ojo en las tensiones generadas por la avalancha de tramitaciones que han tenido que soportar durante todos estos meses: “No es lo mismo carga de trabajo que tensiones”, clarifica este economista para tratar de explicar lo que ha ocurrido en Cedenor. Así, afirma que toda la tramitación de los créditos ICO les ha reportado “muchísimo trabajo” no retribuido, mientras que los ERTE, que al principio de la pandemia también generaron enorme labor, han provocado después “mucha tensión” en su seguimiento “por la mala gestión del SEPE derivada en gran medida por la falta de personal”.

En este aspecto, el socio director de HFC Consultores conviene en que el embrollo no ha estado en la complejidad de los asuntos a realizar, sino en el elevadísimo número de solicitudes que tramitar. “El problema viene del volumen”, subraya.

De otro lado, Pariza resalta que su despacho aún mantiene “numerosas discusiones con las administraciones públicas por criterios de interpretación”. Así, asegura “que ningún otro año habían recibido tantas declaraciones paralelas del IRPF de 2020 por, según resalta, “cantidades muy pequeñas y sin tener en cuenta que la campaña de la renta del pasado año se llevó a cabo en unas condiciones heroicas”.

En lo que también coinciden estos tres asesores es en que la pandemia ha acelerado la digitalización de sus despachos y de muchos de sus clientes, aunque conceden que todavía hay algunos, sobre todo los más “tradicionales y de mayor edad”, que “siguen viniendo a traer los papeles a la asesoría”.

Alfonso Pariza, director de Cedenor.

Es lo que le sucede a Gestisa, donde su gerente admite que a gran parte de su clientela, integrada mayoritariamente por pequeñas empresas y comercios, aún le cuesta digitalizarse y prefieren mantener el trato directo son sus asesores.

Cifrián, por su parte, destaca que, aunque el perfil de sus clientes es igualmente el de una pyme, cada vez se comunican más por medios digitales. “Lo agradecen ellos y nosotros”, proclama al tiempo que concede que este proceso les ha permitido reducir las visitas a clientes y de clientes. La digitalización ha venido para quedarse en línea con lo que defiende nuestro país y el resto de Europa”, resume.

Ayudas insuficientes

A la hora de analizar y valorar las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España para ayudar a empresas y autónomos a superar esta crisis, la crítica es prácticamente unánime. En este sentido, el consejero de Cedenor no duda en calificarlas de manifiestamente mejorables: “Han sido insuficientes y cuando han llegado, si es que han llegado, ha sido muy tarde”, recalca para criticar, a renglón seguido, el uso y destino de los créditos ICO. “El Gobierno ha puesto muchísimo dinero en avales ICO pero no ha hecho suficiente seguimiento de estos préstamos que los bancos han utilizado, en muchos ocasiones, para sanear los riegos con sus clientes cuando, obviamente, este no era el objetivo previsto por la normativa”.

“Escasas y extemporáneas”. Así las tilda por su parte Moreiras, quien igualmente considera que “han llegado bastante tarde y, en algunos casos, nunca”. “Si pretendes ayudar, ayuda cuando hay que ayudar porque hay trabajadores que no han cobrado el ERTE”, insiste este gestor experto en Sociedades que se declara a título personal “contrario” a las subvenciones.

De su lado, el socio de HFC Consultores, aunque reconoce que las cosas podrían haberse hecho de una forma más ordenada, prefiere quedarse con la parte positiva. “Gran parte del empresariado ha podido resistir gracias a los préstamos ICO y a la posibilidad de acogerse a los ERTE, dos balones de oxígeno que han permitido a las empresas sobrellevar esta pandemia”. Con todo, Cifrián también comparte que las ayudas directas no han funcionado bien. “Han llegado tarde, mal y nunca y han generado mucha confusión”, apunta para subrayar que la gestión de los dineros públicos “no han sido la que debiera”.

En cuanto a las aprobadas por el Ejecutivo regional o las administraciones locales, los tres resaltan que han mantenido parecido perfil a las estatales, aunque con “menos ceros”.

“Sus recursos son más limitados y han hecho lo que han podido”, opina Cifrián que, en cualquier caso, critica la tremenda burocracia en su gestión, incluida para la propia Sodercan, que a su juicio “no ha contado con el personal suficiente para poder agilizar su tramitación”.

Impacto en la economía

Sobre los efectos económicos de esta pandemia, tanto Pariza como Cifrián y Moreiras convienen en que la crisis ya se ha llevado a empresas por delante, especialmente en aquellos sectores que se han visto más afectados por las restricciones.

José Moreiras, socio y uno de los gerentes de Gestisa.

Así lo estima el primero de ellos, que expresa su preocupación por lo ocurrido con las empresas de ocio nocturno, cerrado a cal y canto, o del sector de la distribución, donde “la capilaridad es tremenda y alrededor del 50% de las plantillas están en ERTE”.

Pero no son los únicos. El consejero de Cedenor considera que el sector industrial también se ha visto muy afectado al igual que lo ha hecho el turismo hotelero, un gremio en el que augura la llegada a España “de grandes grupos empresariales para hacerse con paquetes de hostelería”.

Pese a que se registrarán aún más cierres, sostiene que la caída de negocio no será tan pronunciada porque “se sustituirán unos muertos por otros nacimientos” y el país y esta región “seguirán siendo potencias turísticas”.

Cifrián, por su parte, fía el impacto a lo que ocurra una vez concluya la actual moratoria que pesa sobre el deber de presentar concurso de acreedores, aunque advierte que los problemas que tienen algunas empresas “no se arreglan en tres meses”, lo que le hace prever que aumente la insolvencia empresarial. “Quiero ser optimista, pero el efecto de la ola económica todavía no lo hemos llegado a palpar. Viene con retardo y cuando llegue tendríamos que hacer todo lo posible para que las empresas que eran viables en 2019 lo sigan siendo en 2022. No nos podemos permitir que cierren. Si no, el cementerio de los concurso de acreedores va a ser demasiado grande”, previene.

El gerente de Gestisa, por su lado, confía en que no se cumplan algunas expectativas que apuntan a que entre el 20 y el 25% de las empresas van a caer o verse muy afectadas, un porcentaje que según explica incluso se incrementa hasta el 30% en el caso de Cantabria. “¿Cuál será finalmente el impacto? Dependerá del nivel de aguante de cada uno, aunque está claro que algunos pequeños negocios no volverán a abrir su puertas”, resuelve.

Sobre el empleo

Lo que sí teme Moreiras es que muchas empresas se vean abocadas, para evitar su cierre, a transformar los ERTE en ERE, lo que de producirse dispararía el desempleo.

Así lo valora también Pariza, quien aventura que una vez terminen los ERTE se destruirá entre el 15 y el 20% de ese empleo y que el país cerrará el ejercicio con más de 700.000 parados más. “Lo veo bastante feo de aquí a dos años”, puntualiza sobre la base de que España, a diferencia de otros países de su entorno, necesita crecer mucho para generar empleo. “Es un mal endémico del sistema productivo español”, advierte al tiempo que muestra su preocupación por “un nivel de endeudamiento público como nunca en España, a pesar de todo el dinero que está llegando de Europa”.

Cifrián, por su parte, abunda en esta idea y considera “que la recuperación económica avanzará a mayor ritmo que la del empleo”, que ya partía, además, de unos niveles que no eran nada buenos. “La contratación tardará más en recuperarse y será en buena parte diferente a la que conocemos”, enfatiza para explicar que determinadas habilidades y profesiones van a dejar de ser necesarias. “El ejemplo lo tenemos ya en los bancos y sus ajustes irán trascendiendo a otros sectores”, predice. Por eso, reclama la necesidad de poner el foco en la formación, “que es lo que nos va permitir generar y cubrir el empleo del futuro”.

Ramón Cifrián, socio director de HFC-Grupo Consultores.

En lo que estos tres asesores muestran más reservas es en poner fecha a la salida de esta crisis y la vuelta a los niveles de actividad económica precovid. Aunque con cautela, el socio director de HFC Consultores estima que este hecho no ocurrirá hasta finales de 2022. “Hace falta un año entero de cierta normalidad para hacer una lectura de qué empresas han aguantado”, avisa convencido, no obstante, de que a partir de este otoño “ya pegaremos un salto”.

“Es complicadísimo”, revela Moreiras, quien también calcula que habrá que esperar al menos un año y medio para volver a ser lo que éramos. “Ya no vamos a retroceder, pero la salida será muy suave y poco a poco”, sentencia.

El más cauto es Pariza, quien advierte de que en cualquier caso la recuperación “va ser muchísimo más lenta de lo que algunos nos quieren vender”. “Va a ver mucha asimetría en la salida de la crisis”, subraya sin querer aventurar plazos. “No me atrevo. Y el que lo haga es un temerario o le pagan por decirlo; o las dos cosas”, concluye con cierta socarronería.

Tomás Cobo Castro es desde hace poco más de un mes el nuevo presidente de los más de 252.000 médicos colegiados en España. Especialista en Anestesiología y Reanimación, se declara médico de pasillo de hospital, crítico con la Ley de Eutanasia y defensor del pasaporte de vacunación covid, que asegura no es nada nuevo porque ya existe para otras patologías. Sostiene que en España no faltan médicos y sí más plazas MIR para que los nuevos titulados puedan formarse, también fuera de nuestras fronteras. Apuesta por crear sinergias y una mayor conciliación con la sanidad privada para acercar la salud a los ciudadanos y reconoce que durante esta pandemia le hubiera gustado que el Gobierno de España hubiera contado más con la opinión del colectivo.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Abril 2021

Pregunta.– “No tenéis a un gran científico ni a un gran investigador como presidente, pero os puedo asegurar que tenéis a un médico hasta las trancas, que es lo que he hecho toda mi vida”. Con esta palabras, agradeció su reciente elección como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. ¿Usted nació ya médico?
Respuesta.– No. De hecho, no tengo antecedentes en mi familia. A partir de los 16 años me empezó a llamar mucho la atención la medicina y enfoqué hacia ella lo que luego ha sido y es mi vida. Dije lo de médico hasta las trancas porque tradicionalmente los presidentes de los colegios de médicos, cuando llegaban a la presidencia, era como el culmen a una carrera científica e investigadora de gran prestigio. Yo, sin embargo, no correspondo a esa figura. Pero lo que sí he sido toda mi etapa profesional es un médico asistencial, de pasillo de hospital y de centro de Atención Primaria. Mi vida ha sido completamente asistencial y he tenido muy poco tiempo para realizar acciones de investigación científica de altura. También es verdad que he querido desarrollar mi profesión en el ámbito de la cooperación internacional. Por eso dije lo que dije. Me siento médico y muy cerca de los pacientes.

P.– Critica que los médicos en España, además de estar peor pagados que sus colegas europeos, no cobran lo mismo, a igual desempeño, en todas las comunidades. ¿La brecha salarial no es solo cuestión de género, que también?
R.– Vivimos en una España divergente con 17servicios de salud diferentes. Efectivamente existe una brecha salarial en su conjunto pero sin ninguna duda existe una brecha de género que es conjunta. Es paradójico que haya comunidades autónomas en las que se paguen las guardias de una manera y haya otras en que lo hagan de un modo inferior o superior haciendo exactamente el mismo trabajo. Sobre la brecha salarial de género, hace tiempo creamos el Observatorio de Género y Profesión para conocer cómo estaba la profesión en España y ahora tenemos en marcha una encuesta de género en la que queremos recoger la percepción que tiene la profesión médica sobre temas importantes como son el techo de cristal, la brecha salarial, el acoso laboral o la conciliación. En este sentido, hay que tener en cuenta que, por debajo de 45 años, hay más médicas que médicos, un porcentaje que llega a ser casi del 70% a medida que bajamos en la franja de edad. Las mujeres, además, representan el 73% de los ingresos en las universidades.

Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, frente a la sede del Colegio de Médicos de Cantabria, que presidió entre los años 2011 y 2017.

P.– La crisis sanitaria ha desvelado que nuestra sanidad pública no era tan buena como creíamos. ¿Urge aumentar el gasto para al menos llegar a la media de la UE?
R.- Aquí hay dos temas. De un lado, el modelo sanitario que tenemos, que ha costado muchísimo construirlo, y que es el modelo universal, público y gratuito, eje del estado de bienestar social. Del otro, el sistema, que es el encargado de mantener el modelo. Sin duda, para mantener este modelo firme y potente necesitamos más inversión, que el sistema aporte más. Además, el modelo español es casi similar, con alguna variación, al que existe en Europa pero no al que existe al otro lado del océano, lo que provoca injusticia social. A partir de este modelo universal, público y gratuito lo que hay que crear son sinergias y conciliación con la sanidad privada.

P.– Un reciente estudio ponía de manifiesto que un 57% de los españoles son partidarios de aumentar la colaboración público-privada en sanidad para garantizar una correcta asistencia. ¿Lo ve usted también necesario?
R.– Pero sin ninguna duda. Todo lo que sea promocionar la salud, la prevención de las enfermedades y el diagnóstico y el tratamiento lo más eficaz posible, sin ninguna duda. Pero siempre que mantengamos el modelo. Ya existe la colaboración público privada y no atenta contra el modelo. Por ejemplo, aquí en Cantabria se operan listas de operaciones quirúrgicas en el Hospital de Santa Clotilde desde hace muchísimos años. Con gobiernos de un color y de otro. ¿Con qué objetivo? Claramente con el de acelerar las cirugías, los tratamientos y los diagnósticos de los pacientes. Y eso es generar sinergias, no demonizar a la sanidad privada. Hay margen de conciliación y de crear sinergias sin ningún género de dudas. De hecho, se hace. Quizá haya que potenciarlo. Pero hay que tener en cuenta que, dentro del modelo que tenemos, hoy no se entiende que los hospitales funcionen de 8 de la mañana a tres de la tarde y que los quirófanos estén como norma parados a partir de esa hora. Eso también hay que agilizarlo.

P.– ¿Faltan médicos en España –existen 3,9 facultativos por cada 1.000 habitantes, cunado la media en la OCDE es de 3,4– o el problema estriba más en el reparto de especialidades?
R.– En España no faltan médicos. Tenemos una bolsa de más de 7.500 profesionales que terminan la carrera y no pueden acceder a formación especializada ni incorporarse al Sistema Nacional de Salud. Lo que nos faltan son plazas MIR para que estos titulados puedan formarse. Porque se da la paradoja de que tenemos que importar médicos de fuera para cubrir las plazas de atención especializada. Es muy simple: lo que hay que convocar son más plazas MIR, más centros de docencia y agilizar y movilizar esa bolsa de profesionales porque no puede ser que realicemos un esfuerzo tremendo en formar a médicos con una altísima calidad para luego dejarles en la estacada. Y para eso es clave que la Administración y el ministro o ministra de turno cuenten con la profesión.

P.– Los expertos sostienen que al coronavirus no se le vence en la UCI de los hospitales, sino en la calle y en los centros de salud. Sin embargo, el gasto sanitario sigue muy centrado en la atención hospitalaria y muy poco en la primaria. ¿Nos hemos olvidado de la prevención y promoción de la salud?
R.– Sí. Con una precariedad del 50% es muy difícil que la medicina familiar y comunitaria ejerza su profesión. La Atención Primaria (AP) ha sido una de los grandes perjudicadas en los últimos años por los recortes y necesita un refuerzo sin ninguna duda. Las carteras de hoy en día de los médicos de Atención Primaria son abrumadoras. Sí que ha habido un tiempo en que la medicina ha sido mucho más hospitalaria, mucho más de grandes hospitales e hIperespecializada en la que se ha desatendido a los profesionales de AP, que son tan especialistas como los que trabajan en el entorno hospitalario. La pandemia ha puesto de manifiesto que se necesita un empuje a esta parcela de salud y que hay tres herramientas claves –el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social– que sabemos que funcionan y que son de la más elemental solidaridad. Son una lucha directa y eficaz contra el coronavirus que podemos utilizar cada uno de nosotros en cada instante de nuestra vida. Hablamos de solidaridad, pero también creo que hace falta educación cívica para que cumplamos estas medidas con naturalidad y sin que tenga que venir la policía a decírnoslo.

P.– De los últimos cinco ministros de Sanidad –cuatro de ellos mujeres–, ninguno ha permanecido en el cargo más de 20 meses. ¿Reflejo de la precariedad y temporalidad que vive la profesión?
R.– No. Es un ejemplo de las circunstancias políticas en las que vivimos. Teniendo en cuenta el modelo sanitario al que me refería antes, que es la columna vertebral de ese bienestar social del que todos presumimos, pero especialmente los políticos, resulta llamativo el hecho de que se haya dado tan poca importancia a quién es el ministro de Sanidad. Y digo poca importancia porque los relevos son tan rápidos que es obvio que no hay alguien ahí de peso capaz de mantenerlo, no ya al titular de la cartera, sino a los equipos que trabajan a su lado. Es cierto que el ministerio de Sanidad ha perdido competencias en favor de las comunidades autónomas, pero no podemos olvidar que, pese a ello, sigue siendo el coordinador de todo el SNS. Últimamente estamos viendo que el Consejo Interterritorial toma más relevancia y se reúne con más frecuencia y fluidez. Pues a ver si compactamos eso. Pero en este vaivén político en el que estamos ya no es solo un problema del ministerio, sino también vemos cómo bailan las consejerías autonómicas de Sanidad. ¿Si sería deseable que el ministro fuera médico? Yo creo que sí. Sería mucho más fácil comunicarse con un ministro o ministra que fuera sanitario. Dicho esto, yo comprendo que el titular de Sanidad cumple una labor institucional y que tienen que ser los equipos que tiene alrededor los que estén. En este caso, sí quiero subrayar que el director general de Ordenación Sanitaria, Vicent Martínez, es un cirujano pediátrico de altísimo nivel asistencial y un conocedor profundo de la realidad asistencial y de la sanidad pública en España.

P.–Son muchos los que censuran la excesiva politización del sistema público de salud. ¿Necesitamos instituciones con menos política y más conocimiento experto?
R.– Sin ninguna duda. La política ha penetrado hasta dentro del SNS de tal forma que, cuando hay un cambio de Administración, de cualquier signo, inmediatamente se cambian los gerentes de los hospitales. Es decir, la gerencia de los hospitales son ya cargos políticos. Hombre, sería deseable que esos cargos perduraran más en el tiempo para dar mayor solidez y más facilidad de interlocución a los jefes de servicio, que esos sí son figuras absolutamente claves para el buen funcionamiento de los hospitales. Y éstos tienen la necesidad de tener un interlocutor que sea el mismo durante un tiempo prudente que, en ningún caso, puede ser menos de cuatro años. Porque si cada vez que cambian el gerente, cada uno de los jefes de servicios le tiene que ir a contar cuál es el plan de su departamento, pues realmente entonces tenemos un problema.

P.– Asegura que su organización médica es un asesor gratuito del Ministerio de Sanidad. ¿Le hubiera gustado que su voz hubiera tenido más protagonismo en esta pandemia?
R.– Sí, sin duda. Me hubiera gustado que nos hubieran hecho más caso y que se hubiera contado más con nosotros.

P.– ¿Cómo valora la gestión de la pandemia por parte del Gobierno?
R.– Hablar a toro pasado es muy fácil. En medicina hablamos del ‘minuto de oro’ cuando tienes que salvar un paciente politraumatizado. Luego viene la ‘hora de oro’ en la que tienes que conseguir estabilizarle y trasladarle a un hospital. Pues bien. En este caso creo que al principio por lo menos perdimos dos o tres semanas de oro. Fue cuando nos llevó el ‘tsunami’ por delante y nos encontramos sin equipos de protección individual, sin normas claras de qué teníamos que hacer… Ahí sí que perdimos un tiempo precioso, aunque insisto que esto es muy fácil decirlo ahora. Pero lo que tenemos que sacar de aquí es lo positivo, que ha sido la capacidad del modelo de adaptarse a un impacto tremendo gracias al esfuerzo de todos los profesionales sanitarios. Nos hemos adaptado con mínimos medios y hemos conseguido montar unidades híper especializadas en poquísimo tiempo. Eso es lo bueno. De ahí la importancia de la formación médica continuada en competencias transversales.

P.– Sanidad mantiene su objetivo de llegar al 70% de la población vacunada al final del verano. ¿Lo ve realista?
R.– La bola de cristal. Dependerá de lo que pase con la vacuna de AstraZeneca. Ahora están produciendo la de Johnson & Johnson… Estamos en un periodo de incertidumbre y no me atrevo a aventurar cifras. Lo que sí es cierto es que antes íbamos al paso y ahora parece que empezamos a ir progresivamente al trote. Ojalá muy pronto podamos ir al galope. En cualquier caso, tengo que decir que me consta que se está haciendo todo lo posible y que no hay ninguna demonización de los médicos de la atención privada, aunque se ha dado la paradoja de que todavía tengamos profesionales de este sector mayores de 55 años sin vacunar.

P.– El CGCOM solicitó hace unas semanas al Ministerio de Sanidad la revisión de su estrategia de vacunación con el fin de dinamizar el ritmo de inmunización y eliminar las trabas autoimpuestas que exceden las recomendaciones de organismos como la EMA y la OMS. ¿Es partidario de extender la de AstraZeneca a los mayores de 55 años?
R.– Nos referíamos a la de AstraZeneca. Lo que pedíamos es que si tenemos vacunas, que se pongan ya. Aún está por demostrar que existe un vínculo entre esta vacuna y los casos de trombos y complicaciones que se han conocido. En esto hay diversas teorías. Hay científicos más conservadores que abogan por que no se inoculen hasta que haya la máxima seguridad y otros más intrépidos que defienden su uso. Bueno, esto sucede en la medicina todos los días. Hay profesionales más intrépidos y otros más conservadores. Este es el debate y de ahí sacar una conclusión.

P.– Los retrasos en la entrega de algunas vacunas cuestionan las prácticas seguidas por algunas empresas farmacéuticas, más preocupadas al parecer por obtener beneficios que por salvaguardar la ética empresarial. ¿Con la salud se negocia?
R.– Las farmacéuticas tienen un buen negocio. Y tanto. En los años 60, le preguntaron a un joven directivo de una grandísima industria farmacéutica qué es lo que querría para su empresa, que cuál era su objetivo; a lo que respondió: hombre, yo vender a los sanos porque los enfermos son muy pocos. Comprendo que tenga que haber negocio, porque para eso está la industria, pero que sea un negocio adecuado. Es decir, que el beneficio que obtengan sea el justo y adecuado porque están trabajando para la salud. Lo que no puede ser son las cifras escandalosas que a veces vemos. Aquí volvemos una vez más al modelo, pero sin demonizar a la industria, que creo que ha colaborado, en particular en España en el tema de la formación médica continuada. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de conflicto de intereses de compañeros que, en un momento dado, puedan tenerlo con el sector. Que lo que enseñemos en esos cursos no esté dirigido hacia un terreno en particular, sino que sea equilibrado, científico y con cero influencia y conflicto de intereses. De otro lado, deberíamos exigir también una justicia distributiva de las vacunas para que lleguen a los países en desarrollo. Aquí tenemos que reclamar un esfuerzo tanto a las farmacéuticas como a los gobiernos de Europa y del mundo.

P.– ¿Comparte la propuesta de crear un pasaporte de vacunación para facilitar la movilidad?
R.– Sí, pero si ya existe para otras patologías. No es nada nuevo. Yo cuando voy a África tengo que llevar mi pasaporte de vacunación y, si no, no me dejan entrar. ¿Por qué lo vamos a excluir para la covid? Claro que estoy a favor de la identificación porque su uso facilitará sin duda la libre circulación de personas. ¿Discriminará a quien aún no haya sido vacunado? Hombre, pues sí, pero estamos hablando de meses. Lo que nos hace falta son dosis, y creo que van a llegar.

P.– Usted ha criticado que la Ley de Eutanasia, aprobada hace unos días, desprotege al médico al permitir crear un registro de objetores que se nieguen a practicarla. Sus defensores aseguran que se trata de una norma extraordinariamente garantista con el paciente, pero ¿lo es también con los profesionales sanitarios?
R.– En este asunto hay cierta confusión entre lo que es la sedación terminal, los cuidados paliativos, la eutanasia como tal… Hay que hacer un ejercicio pedagógico desde la profesión para tratar de explicarlo. Nuestro código deontológico, que es la esencia de los colegios médicos, lo que apuesta es por la vida y no contemplamos la eutanasia como un acto médico en ningún caso. Pero también nos obliga a cumplir la ley. Dicho esto, creo que en esta norma hay un artículo, el 16, en el que se habla del registro de objetores que tiene una mala redacción y que, a mi juicio, es discriminatorio y vulnera la protección de datos. Además, parece que exige una objeción absoluta cuando depende de cada paciente. Cada vida es diferente y única y no se puede plantear una objeción absoluta. Nos preocupa cómo se va a aplicar la ley porque deja en vilo cantidad de incertidumbres que queremos ver y en las que queremos ahondar. ¿Se va a privatizar? ¿Van a existir conciertos y centros de eutanasia o se va a llevar a cabo dentro del modelo sanitario que tenemos, que es en el único entorno en el que creo que se debería hacer? Insisto, el papel lo aguanta todo, pero aún pesan demasiadas incertidumbres.

P.– Hay quien sostiene que en Cantabria contamos con unas infraestructuras hospitalarias espectaculares pero infrautilizadas, y que el mayor peligro que tiene Valdecilla es quedarse vacío por falta de contenido en una serie de años. ¿Lo comparte?
R.– No. Valdecilla es un centro de referencia europeo y mundial en determinados ámbitos. Ahí está el ejemplo del Hospital Virtual. Es una grandísima suerte que en una comunidad pequeña como Cantabria tengamos un centro hospitalario como es Valdecilla. Y al tiempo tenemos otros dos hospitales, como son Sierrallana y Laredo, junto con el de Reinosa, que son las puntas, los arietes de este modelo en el que apostamos por acercar la salud a las personas. ¿Tendremos que potenciar y seguir trabajando por Valdecilla? Pues sin duda, pero yo creo que es un hospital moderno, del siglo XXI y que durante esta pandemia ha sido ejemplar y ha soportado muy bien el impacto, seguramente uno de los que mejor lo ha hecho de España. No podemos olvidar que vamos hacia la europeización, hacia grandes hospitales de referencia en los que haya especialistas altamente cualificados que operen las patologías que no son comunes. Estoy convencido de que Valdecilla irá muy bien y de que el Hospital Virtual seguirá siendo un referente en el mundo.

La iniciativa para aumentar el catálogo de razas de vacas amparadas por la indicación geográfica protegida ‘Carne de Cantabria’ busca mejorar la rentabilidad de las explotaciones cárnicas de la región que hoy no pueden lucir una etiqueta que ha logrado el reconocimiento de mercado y que puede suponer mejoras de hasta el 40% en el precio que se paga por los animales. La incorporación de nuevas razas supondría incrementar en cerca de 9.000 cabezas el censo de ganado de la IGP, dando cobertura a cerca del 90% de la carne que se produce en Cantabria.

Cristina Bartolomé |  @criskyraMarzo 2021

Si se cumplen las previsiones y objetivos que manejan todas las partes, la indicación geográfica protegida (IGP) Carne de Cantabria previsiblemente avalará nuevas razas de ganado vacuno próximamente. Este sello de calidad contempla actualmente las razas tudanca, monchina, asturiana de los valles, asturiana de la montaña, parda de montaña y limusina, y avala su producción a base de alimentación y manejo tradicionales en Cantabria. Pero también la carne de las razas pirenaica, charolesa, blonda de Aquitania y fleckvieh, que igualmente se crían por parte de ganaderos de Cantabria, podrían comercializarse bajo esta marca. De ser así, tras el previsible visto bueno de Bruselas a la modificación del reglamento de la IGP, podrían verse beneficiadas con la ampliación más de 200 explotaciones de la región, con un censo aproximado de unas 10.000 reses, según los cálculos que realiza la Consejería de desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria.

La modificación es posible gracias a que la carne de estas razas responde a los estándares exigidos, según defiende la Federación de Asociaciones de Criadores de Ganado Vacuno de Razas Cárnicas de Cantabria, promotora de la iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (Odeca), el organismo que regula y controla las denominaciones de origen y los distintivos de calidad de los productos elaborados en la región. Además, recientemente un informe encargado por la Consejería a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza avala su incorporación. Este estudio determina que son el sistema de manejo y la alimentación de los animales los elementos prioritarios para alcanzar el sello de calidad. Según asegura Lorenzo González, presidente de la federación que agrupa a los criadores de razas cárnicas, las explotaciones ya “han hecho todos los deberes” y cumplen con las condiciones exigidas para incluirse en la IGP.

Modificación del pliego de condiciones

Interior de un establo en una explotación ganadera cárnica de Cantabria.

Los nuevos pasos se decidieron en una reunión del consejero de Desarrollo Rural Guillermo Blanco con técnicos, directores generales y las asociaciones de criadores. En ese encuentro se decidió encargar el informe a la Universidad de Zaragoza y se planteó una modificación menor del reglamento que rige la IGP: “Lleva menos trámite en Madrid y Bruselas, ya que no hay que modificar el pliego entero”, asegura González. La modificación del reglamento, –que data de 2001, cuando se creó la marca– ya ha sido aprobada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se espera que salga en el BOC este mes de marzo. Si no hay alegaciones, irá a Bruselas, donde espera que se le dé el visto bueno definitivo. Según explica la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería y Alimentación, la modificación se refiere a la descripción del producto, la prueba del origen, el método de obtención, la estructura u organismo de control y el etiquetado.

Razas y productos

Se introducen nuevas razas de ganado vacuno como aptas para suministrar carne a la IGP Carne de Cantabria incluyendo las pirenaica, charolesa, blonda de Aquitania y fleckvieh y la modificación de la mención de la raza pardo – alpina por parda de montaña.  Además, se propone ampliar la lista de los productos amparados por la IGP. Esto se debe a la necesidad de adaptar su identificación y nomenclatura a la denominación de venta aplicable a la carne de vacuno de acuerdo a la normativa vigente, en relación con la categoría del animal, que se establece en función de su sexo y edad.

Esta modificación se refiere a la inclusión de la ternera blanca y la carne de vaca –animales de más de cuarenta y ocho meses– que se añaden a las carnes de ternera rosa, añojo, novilla y buey. “Con esto se benefician todas las razas”, asegura Lorenzo González, que calcula que  entre las razas que ya cuentan con la IGP y las que se van a incluir ahora, va a estar protegido con el sello Carne de Cantabria el 90% de la carne que se produce en la región.

La modificación incluye también un cambio en el organismo de control sustituyendo el consejo regulador por la Oficina de Calidad Alimentaria, Odeca, que asume las funciones de autoridad competente. El consejo regulador se mantiene, aunque adscrito a la Unidad de Apoyo Técnico de la Odeca, y se modifican sus funciones de inspección, que quedan definidas por la autoridad competente en base a la Ley 3/2000, de 24 de julio, de creación del Organismo Autónomo Oficina de Calidad Alimentaria.

Esto supone, por otro lado, que la inscripción de los animales se solicite a la Odeca, en vez de al consejo regulador, de acuerdo a la legislación vigente. Por último, también se solicita que sea la Ley 3/2000, de 24 de julio, por la que se crea el Organismo Autónomo Oficina de Calidad Alimentaria, la referencia normativa, eliminando las ya derogadas. Lo que no asumiría la Odeca sería la expedición de las etiquetas y contraetiquetas, ya que no se corresponde con la práctica de este organismo.

Impacto en los precios

Lorenzo González, presidente de la Federación de Asociaciones de Criadores de Ganado Vacuno de Razas Cárnicas de Cantabria.

Incluir la carne de estas nuevas razas en la IGP significará una mejora económica para los ganaderos, según las previsiones que manejan sus impulsores. De acuerdo a estas, los ganaderos pasarán de cobrar 3 euros el kilo de carne a 4,20 euros: “Nos sale rentable ya que actualmente no se paga lo que ceban los animales”, asegura el presidente de la federación: “Con ese aumento del precio se saca un sueldo y se puede reinvertir en la explotación”. Como ejemplo, de un ternero tudanco cebado, que podría producir unos 162 kilos de carne, podrían obtenerse casi 200 euros más de beneficio. Por ello Lorenzo González prevé que todos los ganaderos que tengan estas razas entrarán en la IGP.  Lorenzo considera que con estos cambios “se va a hacer justicia, antes no lo habíamos conseguido y esto es un éxito”. Cabe preguntarse, entonces, por qué no se tomó la decisión antes: “No lo veía la administración, pero ahora se planteó de otra manera y dieron ese paso adelante. Creo que la administración temió perder el pliego que ya había para las otras razas y prefirió no arriesgarse”. El presidente de la Federación de Asociaciones de Criadores de Ganado Vacuno de Razas Cárnicas de Cantabria considera que habrá una buena comercialización teniendo en cuenta que ahora se está dando salida a la carne de la IGP a través de la comercializadora Agrocantabria, que distribuye esta carne en la región a grandes superficies y carnicerías y “se vende bien tanto en Cantabria como fuera”.

Requisitos de calidad

El reglamento de la indicación geográfica protegida Carne de Cantabria enumera de forma muy concreta las características de la carne y el sistema de alimentación de las reses. El resultado es una carne de muy alta calidad y con un engrasamiento excepcional. El proceso incluye que los becerros han de ser amamantados por la madre durante un mínimo de tres meses en Cantabria. Posteriormente la alimentación se adaptará a las tradiciones de aprovechamiento de pastos de la comunidad autónoma y al menos un 50% será en forma de forrajes producidos en Cantabria. Durante la fase de acabado y en la alimentación suplementaria solo se utilizan productos autorizados. En todo el proceso están prohibidos los productos que interfieran en el ritmo normal de crecimiento del animal. Todo este proceso se traduce en unas características fisicoquímicas y organolépticas determinadas.  “Quien no haga todo el proceso para la IGP puede ser expulsado de la marca”, recalca Lorenzo González.

De hecho, el informe elaborado por la Universidad de Zaragoza valora especialmente las prácticas de cría y alimentación con amamantamiento, junto con el aprovechamiento tradicional de los pastos. Lorenzo González abunda que los piensos deben ser homologados por la Comunidad Europea, son similares a los ecológicos y están compuestos de hierba autóctona, maíz sembrado por los productores, cebada, harina y otros subproductos. A eso se añade la alimentación en los pastos naturales de Cantabria.

Y como ejemplo de las medidas de bienestar animal que ponen en práctica los ganaderos de la región, entre otras, cita la llamada “cama caliente”, en la que los terneros descansan sobre paja: “Así están limpios, siempre secos y mucho más cómodos”. El resultado es que su carne “no está estresada”. Además incide en las ventilaciones de las explotaciones y en el uso de aireadores en verano, con lo que se eliminan los gases del abono.

Un paso positivo para el medio rural cántabro

Juan José Velarde, es presidente de la Asociación de Vaca Charolesa de Cantabria, una de las razas beneficiadas de la proyectada ampliación de la IGP. Se muestra satisfecho con la medida porque significaría dar un valor añadido para los animales: “Nos supondría grandes beneficios porque vamos a poder cebar terneros hasta el final, hacer la cría hasta su sacrificio sin tener que exportarlos a otras comunidades a mitad de producción”.  Velarde calcula que la diferencia podría ser de entre 150 y 200 euros de beneficios por animal. Además, estar dentro de la IGP Carne de Cantabria significa también que podrán vender los terneros de cruce entre charolesa y tudanca para sementales dentro de la marca.

Juan José Velarde, presidente de la Asociación de Vaca Charolesa de Cantabria, junto a alguno de los ejemplares de esta raza, en su explotación.

Por lo demás, no prevé ningún cambio en el tratamiento de los ejemplares de charolesa: “Usamos las mismas técnicas que las razas que ya están en la IGP”, asegura, y se muestra contento de que este paso se podría dar en breve, calcula que en junio haya luz verde desde Bruselas.

Valora que esta medida puede ser un acicate para quedarse en las zonas rurales: “No es un trabajo de 8 horas, pero bueno, teniendo una salud y si la gente funciona, es una razón más para quedarte en el pueblo. Es una forma de vida y si medidas como éstas la mejoran, más gente se animará a vivir de este sector”.

A todo ello, indica, se suma que la sociedad se decanta actualmente por conocer productos nuevos y también por consumir productos ‘kilómetro cero’: “Es muy interesante este tipo de mejoras para que la gente se anime a trabajar en esto”.

 

José Luis Gochicoa, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, repasa en esta entrevista los principales retos de su departamento en una legislatura en la que ha perdido las competencias en Vivienda, pero añade las de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Febrero 2020

La futura Ley del Suelo, más clara y simple, cuya tramitación administrativa espera iniciar a finales de este trimestre; el PROT, que establezca las bases para generar riqueza y conseguir un desarrollo sostenible para Cantabria; o el nuevo plan de carreteras, que debería entrar en vigor antes de cuatro años, son algunos de los objetivos que este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos tiene marcados en rojo. Además, no quita ojo a la integración ferroviaria en los grandes núcleos urbanos de la región ni a la mejora de la operatividad de los puertos autonómicos, y confía en que el Gobierno de España cumpla los compromisos inversores comprometidos, aunque reconoce que le da miedo cómo pueden afectar los acuerdos con los independentistas en tareas que nada tienen que ver con el régimen económico, del que comparte su visión progresista.

Pregunta.– A punto de cumplir un año en el cargo, ¿qué valoración hace de este periodo a caballo de dos legislaturas?

Respuesta.– Ha sido un periodo muy intenso, especialmente en esta segunda etapa en la que, además de a los retos ya previstos, hemos tenido que hacer frente a otros que han ido surgiendo derivados de las inundaciones, la problemática de los ríos y los efectos que, en general, está teniendo el cambio climático en Cantabria.

P.– La licitación pública cayó un 40% en Cantabria entre enero y noviembre de 2019, según los datos del Ministerio de Fomento recogidos por el Instituto Cántabro de Estadística (Icane). Este descenso, contrasta además con el incremento registrado en el conjunto del país, que rozó el 10%. Con estos números, parece claro que las administraciones públicas están lejos de cumplir un papel relevante como dinamizadoras de la construcción en la región.

R.– Más que de licitación, donde una obra del Ministerio de Fomento te puede condicionar esas cifras, a mí me gusta hablar más de obra ejecutada o en ejecución. En este sentido, tengo que decir que a lo largo del pasado año se ha iniciado la ejecución de muchas obras en Cantabria derivadas de licitaciones municipales, a las que habría que añadir las promovidas por el Gobierno regional en los entornos urbanos de Santander y Torrelavega o las que estamos empezando a licitar en el puerto. En suma, le puedo asegurar que actualmente se está ejecutando mucha más obra que durante el periodo en que el PP gobernaba en España. De hecho, durante los pasado meses de noviembre y diciembre hemos tenido problemas para iniciar obras de asfaltado porque las empresas no daban abasto. Dicho esto, creo que lo peor de la crisis en la construcción ya pasó. Es evidente que la burbuja inmobiliaria trajo consigo efectos negativos en el mercado laboral al desplazar a este sector a muchos trabajadores que acudían atraídos por los buenos salarios que se ofrecían. Y eso tampoco es bueno. Tan malos son las crestas como los valles. Mi objetivo es intentar que se note lo mínimo posible los periodos electorales en ejecución de obra pública. Hay que dar estabilidad al sector. Por eso se ha licitado tanta obra en diciembre, del orden de 30 millones de euros.

P.– En la presentación de las cuentas de su departamento para 2020, anunció una inversión de más de 86 millones de euros para impulsar las infraestructuras de la región, de los que casi el 45% se destinarán a actuaciones en la red viaria. ¿Cantabria necesita con urgencia un nuevo Plan de Carreteras?

R.– Cantabria está desarrollando el vigente plan de carreteras, pero antes de terminar la legislatura deberíamos contar con un nuevo plan porque para entonces ya estará listo o en ejecución el 90% del actual. En cualquier caso, tenemos identificadas algunas necesidades que no están en este plan y que sí deberían figurar en el próximo. Me refiero a carreteras que  presentan un estado de conservación deficiente o que necesitan mejoras. En este nuevo plan tendremos en cuenta carreteras que son de titularidad municipal pero que, o bien dan acceso a lugares estratégicos para la comunidad autónoma (vertederos, centros turísticos…), o bien carreteras que unen dos términos municipales y dan acceso a núcleos de población (acceso a Bejes), pero que los ayuntamientos por sí solos no pueden sufragar.

P.– Una de las principales novedades del presupuesto de su Consejería es la creación de un Fondo de Derribos, dotado con 6,3 millones de euros, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sentencias judiciales. ¿Prevé iniciar este ejercicio la construcción de viviendas que sustituyan a las que hayan sido ‘condenadas’ por los tribunales?

R.- En Arnuero tenemos ya el proyecto muy avanzado. De hecho, se lo hemos enseñado a los 102 vecinos afectados para que nos digan quiénes estarían interesados en estas viviendas de sustitución. A partir de ahí, esperamos poder licitar las obras este mismo año. Estamos hablando de entre 70 y 80 viviendas, en función de que los vecinos estén finalmente de acuerdo con este proyecto, que mayoritariamente creo que lo van a estar.

P.– En esta legislatura, su Consejería ha asumido nuevas competencias y ha perdido otras. Así, Vivienda ha dejado de estar en su estructura, pero sin embargo mantiene Gesvican, la empresa pública promotora de vivienda de protección oficial. ¿Cómo lo explica?

R.– Vamos a ver. La explicación nace porque ya en otras comunidades autónomas la vivienda se encuadra dentro de las políticas sociales. Sin embargo, la parte más técnica, la que se refiere a la empresa que ejecuta viviendas o al propio servicio de arquitectura, se mantiene en Obras Públicas porque entendemos que este departamento conoce probablemente mejor las cuestiones técnicas que una consejería de orden social. En cualquier caso, la directora general de Vivienda forma parte del Consejo de Administración de Gesvican.

P.– Según los últimos datos sobre calificaciones definitivas de VPO, el mercado de este tipo de viviendas está prácticamente paralizado en la región, especialmente en cuanto a la promoción de viviendas destinadas a la venta (no hubo ninguna desde 2018 y septiembre de 2019). ¿A qué obedece esta falta de interés?

R.– Aunque esta pregunta correspondería más a Vivienda, creo que en primer lugar habría que achacarlo a que la vivienda libre, sobre todo fuera de los entornos urbanos, ha bajado mucho de precio y, por tanto, se pueden comprar viviendas de este tipo a precios similares a las de VPO. En segundo lugar, yo apuntaría al hecho de que la demanda de los jóvenes se centra en el alquiler mas que en la compraventa. Seguramente por la dificultad de acceder a financiación, pero también por temas incluso culturales. En este sentido, nos estamos acercando a Europa donde la mayor movilidad laboral que se demanda a los jóvenes hace que prefieran vivir en régimen de alquiler que permite más flexibilidad.

P.– Asume Ordenación del Territorio y Urbanismo, área en la que espera que antes de fin de año esté listo por fin el borrador de la futura Ley del Suelo, un texto que, según sus propias palabras, no contendrá novedades sustanciales con relación a lo que ya estaba planteado y que vendrá a clarificar, simplificar y mejorar la actual normativa. ¿En qué aspectos en concreto?

R.– Bien. Se va a clarificar un aspecto básico que genera muchas interpretaciones diversas entre los ayuntamientos y el Gobierno como es la clasificación del suelo urbano y suelo no urbanizable especialmente protegido. Tanto en la Ley del Suelo como en otros instrumentos a posteriori pero que ya estamos redactando vamos a intentar que todo el mundo tenga claro lo que es o no suelo urbano y cómo clasificar el suelo de forma homogénea. Que cualquier técnico, con independencia de quién sea, tenga claro los criterios para ello. Por su parte, se simplifica porque en el suelo urbano desaparece el consolidado y no consolidado; y en el urbanizable desaparece la diferenciación entre residual y delimitado, es decir, solo hay un urbano, solo hay un urbanizable. Finalmente, también se agiliza con pequeñas herramientas las posibilidades de regeneración urbana o, dicho de otro modo, las posibilidades de actuar sobre el suelo urbano ya existente. Es un tema complicado, pero con pequeñas medidas pretendemos agilizar el desarrollo de promociones dentro del suelo urbano reduciendo, por ejemplo, los niveles de espacio libres o de determinados equipamientos que, por su cuantía, podían en ocasiones hacer inviable la operación. La nueva Ley del Suelo está muy avanzada y espero poder iniciar su tramitación administrativa a finales de este primer trimestre del año o comienzos del siguiente.

P.– Igualmente confía en aprobar a mitad de legislatura el Plan Regional de Ordenación del Territorio, actualmente en fase de redacción con una visión más economicista. ¿Cuáles son las principales directrices que van a guiar este documento?

R.– Efectivamente. Veíamos que hacían falta estudios económicos que no estaban suficientemente detallados que nos permitieran conocer las fortalezas y demandas de sectores tan importantes como el industrial en cuanto a necesidades de suelo. Y necesitábamos también ver cuáles son las oportunidades de Cantabria en los diferentes sectores y establecer parámetros que nos ayuden en la toma de decisiones. Así, se habla mucho del uso rústico-agrícola frente al industrial en un determinado ámbito. Tenemos datos de productividad del suelo agrícola en cuanto a número de trabajadores por hectárea que ponen de manifiesto que la riqueza que genera el suelo industrial es muy superior en términos de trabajo por metro cuadrado de superficie a la que puedan proporcionar otros usos como el agropecuario. Esto es un dato importante porque en el PROT, aun debiendo conservar suelo disponible, sobre todo aquel que tenga valores para no hipotecar nunca el futuro de Cantabria y para medioambientalmente garantizar la residencia, tenemos que ser capaces de ver en qué ámbitos necesitamos posiblemente sacrificar una parte pequeña de ese suelo para poder generar riqueza económica que posibilite el desarrollo de la región. En este sentido, estableceremos áreas, tal y como ya estableció en su día el POL, en las que entendamos que deben potenciarse actuaciones estratégicas de carácter productivo, industrial, logístico… Y también estableceremos áreas donde entendamos que puede desarrollarse una energía eólica que hasta la fecha tantos problemas ha tenido para implantarse en Cantabria. Por eso es ordenación y no protección. Porque hay que ver necesidades y valores y dónde conjugan mejor dentro del territorio para generar riqueza y un desarrollo sostenible.

P.– Algunos municipios, entre ellos el de Santander, están pendientes de aprobar sus planes generales de ordenación urbana, instrumentos sin duda claves para su desarrollo urbanístico y para promover la actividad del sector de la construcción y obra pública. ¿Tiene su departamento algún margen de maniobra para acelerar o intervenir sobre estos planeamientos que tanto se demoran en el tiempo? ¿No se pueden articular fórmulas más dinámicas que faciliten el día a día en las ciudades?

R.– El planeamiento urbanístico es competencia de los ayuntamientos. Nosotros no podemos proponer en su  sustitución. Lo que sí podemos hacer cuando los planes pasan por la CROTU es intentar agilizarlos al máximo a través de dos cosas: ese marco legal que es la Ley del Suelo, que al clarificar y simplificar esperamos que pueda dar lugar a una reducción de los plazos en la redacción de los planes y, sobre todo, en que no haya tantas discrepancias entre lo que aprueba un ayuntamiento inicialmente y lo que posteriormente tiene que aprobar definitivamente por motivos legales. Y en segundo lugar, yendo de la mano con los ayuntamientos ayudándoles en todo aquello en lo que podamos colaborar, pero desde el inicio para que luego no haya sorpresas en su aprobación.  En definitiva, marco legal y colaboración. Y en esa labor estamos.

P.– La Ley de Contratos del Sector Público vino a poner coto a las bajas temerarias. Más allá de si este problema persiste o no, dado la ambigüedad en su redactado, lo que algunas empresas reclaman incluso con más insistencia es que se cumplan los pliegos de contratación. ¿Comparte o ve razonable esta preocupación?

R.– Vamos a ver. Esta ley tuvo tantas enmiendas en su articulado durante su proceso parlamentario que tiene amplias contradicciones entre objetivos y artículo e incluso dentro de los propios artículos. El tema de las bajas temerarias está sujeto especialmente a la interpretación de un tribunal administrativo especial, con sede en Madrid, que hasta la fecha ha mantenido opiniones más bien favorables a su aceptación. De hecho, nosotros hemos tenido algún proyecto en el que, habiendo justificado que no procedía esa baja temeraria, finalmente tuvimos que aceptarla porque así lo determinó este tribunal. Esta situación no ha cambiado y lo cierto es que, aunque cuando a nosotros no nos gusta como Administración la existencia de estas bajas, en determinadas circunstancias no nos queda más remedio que aceptarlas por cuestiones de legalidad. Es un tema muy complejo. De otro lado, esta Consejería hace cumplir los pliegos siempre. Sin ningún género de dudas y en todos sus aspectos. No hay ninguna obra pública de nuestra competencia en la que haya habido alguna queja sobre la calidad de su ejecución.

P.– En materia portuaria, ha avanzado su idea de que el Puerto de Laredo se convierta en el referente del norte de España. ¿Deseo o realidad?

R.– En el Puerto de Laredo ya se ha visto un cambio muy importante durante la anterior legislatura. La marina seca, uno de los elementos más destacados del puerto, ha habido días que no daba abasto para extraer embarcaciones para su reparación. Por su parte, el turismo de tránsito, fundamentalmente de extranjeros, roza las 2.000 pernoctaciones  en verano. Además, se ha abierto una primera concesión de hostelería y ya hay empresas del sector interesadas en una segunda. Por otro lado, se está construyendo un edificio que permitirá contar con talleres de mantenimiento para poder aprovechar de la mejor manera posible esa marina seca. Es decir, se está invirtiendo y el sector privado tiene interés en potenciar digamos esta parte seca. De otro lado, se está incrementado de forma paulatina el número de embarcaciones que pernoctan en este puerto, con días que han superado las 300 o 400 embarcaciones. Por tanto, creo que sí, que se va por el buen camino. Por último, también se ha rebajado un 20% la tarifa previa anual de atraque, lo que confío servirá de incentivo para que cada vez un mayor número de embarcaciones se planteen estar todo el año en Laredo. Todo ello hace que entremos de lleno a competir con garantías en calidad  de servicios y precios con otros puertos del norte, especialmente de Vizcaya.

P.– Los proyectos para la reordenación ferroviaria de Santander y el soterramiento de las vías en Torrelavega parten de situaciones diferentes –el primero estaba mucho más avanzado que el segundo, que salió a información pública en octubre–, pero siguen caminos muy diferentes por divergencias políticas. El Gobierno de Cantabria recoge este ejercicio 4,7 millones de euros para la actuación en la capital del Besaya y está a la espera de lo que ocurra en el proceso de participación pública comprometido por el PP y Ciudadanos en Santander. ¿El segundo acabará adelantando al primero?

R.– Podría ser. Torrelavega tiene un muy amplio consenso político y social en cuanto a la solución a determinar. Por eso esperamos que este año se pueda aprobar el estudio informativo y que el proyecto sea una realidad en esta legislatura. En Santander, por su parte, estamos esperando a ver si existe ese consenso político para que de alguna forma la solución propuesta sea la definitiva y la que todo el mundo quiere. Lo único que esperamos es que esto no signifique un retraso de muchos años. El Ministerio de Fomento presentará su opción al Ayuntamiento probablemente este mes de febrero para que, a partir de ahí, puedan opinar con elementos de juicio suficientes porque hasta ahora no los había.

P.– Los compromisos alcanzados con el Gobierno de España en materia de infraestructuras e inversiones pendientes en Cantabria, incluso el propio Gobierno regional, estuvieron a punto de saltar por los aires tras el ‘no’ de su predecesor en la Consejería y actual diputado nacional del PRC, José María Mazón, a la investidura del presidente Sánchez. Tras la tempestad, ¿ha vuelto la calma o aún existe riesgo de borrasca?

R.¬– Nosotros estamos muy tranquilos de que haya un gobierno socialista en el Estado. Además, los interlocutores básicos siguen siendo los mismos y los ministerios más inversores, Fomento y Medio Ambiente, siguen contando con las mismas personas con las que mantenemos una relación fluida. Lo único que nos da miedo a los regionalistas es cómo puede afectar el pacto con ERC en tareas que nada tienen que ver con el régimen económico, con el que estamos de acuerdo que sea progresista. Pero siempre estaremos en contra de cualquier medida que suponga concesiones al independentismo. Esas son nuestras líneas rojas. Dicho esto, creemos y esperamos que la sensatez del Gobierno de España, que en general cuenta con un buen plantel de ministros, sea suficiente para asegurar las inversiones comprometidas en Cantabria.

 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, EIT, es un organismo creado por el Consejo de Europa con el objetivo de impulsar la innovación en Europa. Para conseguirlo creó las llamadas KIC, Knowledge Innovation Communities, es decir Comunidades de Conocimiento e Innovación. Una de ellas, el Climate KIC, trabaja para paliar los efectos del cambio climático y, además de sede en Valencia, tiene representación en Cantabria. Cliona Howie del Río, experta en Economía Circular y directora de la antena cántabra de Climate KIC, explica  lo que esta entidad puede ofrecer a las empresas de la región para innovar medioambientalmente.

Cristina Bartolomé |  @criskyraEnero 2020

Cliona Howie, directora de la oficina cántabra de Climate KIC, explica que cada KIC está destinado a promover la innovación para un reto social y que el que ella dirige, que en Cantabria tiene su sede en la Cámara de Comercio, fue uno de los primeros de los ocho que funcionan actualmente, y también el más amplio y con el reto –favorecer la innovación en la lucha contra el cambio climático– más definido. “Nosotros lo tenemos bien claro, el objetivo es mitigar el CO2 mediante una transformación sistémica de nuestra economía y sociedad”. Uno de los cambios que propone es el del modelo de economía, pasando de un sistema lineal a un sistema de economía circular basado en la reutilización de los materiales que evita generar residuos y abarata los costes de producción reduciendo así impactos negativos en el ecosistema.

Pregunta.– Habla de que el objetivo primordial es reducir las emisiones de CO2 y hay una línea roja de aquí a 2030: que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados centígrados. ¿De qué manera pueden ayudar en ese objetivo iniciativas como la de Climate KIC?
Respuesta.– Se trata de crear mecanismos económicos sostenibles, por ello todos los KICs que existen están muy orientados a la sostenibilidad, no todos trabajan con bajar las emisiones de carbono pero de alguna forma están vinculados. La innovación si no es sostenible no es innovación, dependemos mucho de los recursos de fuera de Europa y la manera de hacer negocios está cambiando, en Climate-KIC estamos muy centrados en ello. Apuntamos muy alto. Que la innovación sea sostenible es una necesidad, no es una cuestión de diseño, sino de supervivencia, para todos los KICs. Creo que están claras algunas cosas como la necesidad de financiar programas de investigación y hay empresas que han de cambiar sus modelos de negocio. Pero los cambios también han de darse a nivel político, tenemos que cambiar en nuestras políticas.

Presentación de la antena de EIT Climate- KIC Spain en Cantabria, el pasado 10 de septiembre.

P.– ¿Cómo se financia el Instituto Europea de Innovación y Tecnología y, en consecuencia, las KIC?
R.– Desde 2014 y hasta 2020 ha recibido para todas las acciones y todas sus líneas de trabajo un presupuesto de 2,4 billones de euros de la UE. El Climate-KIC en concreto cuenta con cerca de 90 millones de euros anuales de presupuesto. Cada Comunidad de Innovación y Conocimiento, cada KIC, tiene su curva de financiación. En Climate-KIC estamos saliendo del pico de la financiación y ya estamos poniendo en marcha nuevas formas de trabajar con otros tipos de inversión, pretendemos llegar a la financiación público-privada. Al principio las KIC están impulsadas por Europa, pero al cuarto o quinto período va bajando esa aportación. La idea es que la Comisión Europa financie el arranque de un modelo para estimular la innovación, pero este impulso tiene que ser sostenible y Climate-KIC  ya está en esa fase. Después de unos años de financiación europea hemos conseguido por ejemplo un acuerdo con el Gobierno de Eslovenia mediante el cual éste financiará un proyecto de economía circular contando con expertos de Europa. Nosotros lo implementamos pero lo financia el gobierno esloveno.

P.– ¿Cómo puede beneficiar económicamente a Cantabria éste impulso para paliar el cambio climático y para alcanzar la economía circular?
R.– La nueva Comisión Europea está 100% a favor de un modelo de economía circular y los nuevos programas de financiación están orientados a ello. Cantabria puede beneficiarse de nuevos programas de financiación si demuestra que está alineada con la estrategia de Comisión Europea. Nosotros, como instrumento de la Comisión, sabemos qué quiere financiar y podemos ayudar al Gobierno y a las empresas a captar esos recursos. Hay que demostrar ese compromiso. Yo en Bruselas, y ante la Comisión, he presentado los pasos que ha dado Cantabria y despertaron mucha atención.

P.– Cómo es el sistema de apoyo económico y subvenciones?
R.– Después de una década financiando la innovación de una forma más convencional, nos hemos dado cuenta de que no es suficiente. Para enfrentar el cambio climático necesitamos cambiar el sistema en que vivimos, desde las políticas hasta la forma en que compramos, nos movemos… todo. Eso se llama transformación sistemática. Climate-KIC apuesta por retos a gran escala y trabajamos mucho con ciudades, regiones o países. En cada caso identificamos los retos y áreas para mejorar la vida de los ciudadanos y al tiempo enfrentar el cambio climático. Toda de nuestra sociedad está relacionado con el medio ambiente: transporte, contaminación, industria, emprendimiento… .

P.– ¿Cuál es la influencia que tiene la acción de los gobiernos frente al cambio climático y, en concreto, la economía circular?
R.– Hay un ejemplo muy claro: pensemos en cómo tratamos los residuos. Esas líneas de acción vienen de los gobiernos. Hay empresas especializadas para ejecutar las estrategias y planes del gobierno, pero hay que matizar que las empresas solo reaccionan ante las políticas, ya que si concurren a concursos públicos tiene que atenerse a determinadas condiciones. Por ejemplo, en el País Vasco todas las carreteras nuevas deben construirse con un porcentaje de cemento reciclado, es una medida que estimula el mercado. Cuando las políticas favorecen eso hay más probabilidad de que las empresas busquen la manera de emprender e innovar, y después tengan éxito en el mercado. Por tanto hay que introducir cambios en las políticas y para llegar a ese punto hace falta formación. En Climate-KIC traemos y transferimos conocimiento desde toda Europa, cogemos lo bueno y lo traemos. Tratamos de acelerar la innovación, porque para superar  ese reto de los 1,5º C y para armonizar una sociedad de bajas emisiones de carbono tenemos que acelerar lo que estamos haciendo. Hay mucho conocimiento y hay que replicarlo en toda Europa y es necesaria una organización que puede facilitar esa transferencia.

P.– ¿Cómo puede influir Climate-KIC en ese proceso?
R.– Somos un instrumento, tenemos oficinas en toda Europa, somos un equipo de 260 técnicos preparados para facilitar estos procesos. Trabajamos en toda Europa y reconocemos las diferencias de las condiciones y contextos para poder codiseñar proyectos de trasformación. Cada KIC tiene una comunidad de socios que incluye universidades, gobiernos, empresas, centros tecnológicos, ciudades… En Climate-KIC trabajamos con todos ellos, en algunos casos financiamos, pero nuestro rol fundamental es evaluar y reconocer lo que funciona para poder traerlo e implementarlo en otros sitios. Algunas de las mayores industrias de Europa son socias nuestras, entre ellas por ejemplo está Ferrovial que creo se beneficia del conocimiento que puede encontrar en nuestro KIC. En cada caso, hay que definir el proceso según el reto. Algunas veces implica definir una estrategia y entonces Climate-KIC puede ayudar a ponerla en marcha, hay que definir cómo se gasta ese dinero público para combatir el cambio climático y como se pueden integrar actividades para el cambio climático en todas las líneas de actuación.

P.– ¿En qué nivel está Cantabria?
R.– Cantabria está comprometida. Estamos iniciando un acuerdo para ayudar a Cantabria para que sea lo más sostenible posible y pensar estratégicamente. Cambiar la política es urgente y el proceso requiere una implicación global, que todas las industrias participen, también los colegios, la universidad, la ciudadanía… hay que diseñar proyectos a nivel de ecosistema y Cantabria es un ecosistema en sí. El estilo de gobernanza diseñado es así, hay que facilitar que Cantabria trabaje además con País Vasco y Asturias. La gestión de residuos, por ejemplo, puede ser macroregional. La idea es que si podemos gestionar todo el ecosistema a la vez, el impacto es mayor y se puede contribuir realmente a reducir el CO2 que se emite. Cuando un gobierno está comprometido ya hay un impacto. Planteamos y diseñamos soluciones a ese nivel para acelerar la disminución del CO2.

P.– ¿En Cantabria hay empresas o industrias que deberían trabajar en este sentido con más urgencia?
R.– En realidad todas las empresas pueden estar vinculadas, porque todas las empresas tienen algún impacto: todas forman parte del ecosistema. Aunque sea una empresa digital, ocupa un espacio, debe conectarse a una red de agua, a la red eléctrica, genera algún tipo de desecho… Es casi imposible no estar relacionado. En Cantabria se firmó un acuerdo entre Sodercan, la Cámara de Comercio y Climate-KIC. Lo que interesa esa usar ese acuerdo para estimular el diseño de un plan estratégico de cambio climático. Uno que ya existe entra ahora en 2020 en revisión y participaremos para mejorar ese plan. Además se quiere diseñar un plan estratégico para la economía circular, que aún no existe, y vincular ambas estrategias. .

P.– Además de al medio ambiente, ¿en qué medida la economía circular puede ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas?
R.– La economía circular es un nuevo modelo de economía para aumentar la competitividad, y es el instrumento clave para combatir el cambio climático. En una estrategia circular se repiensa todo el ecosistema, porque se trata de mantener el valor de los materiales dentro del ecosistema sin aumentar los residuos. Ahora funcionamos de una manera lineal: extraemos recursos naturales, producimos algo, compramos materiales, lo usamos y luego lo tiramos. El planeta ya no puede funcionar así. Hay que rediseñar los productos para que se puedan reutilizar, no vale solo el reciclaje. Estamos hablando de algo que va más allá del concepto medioambiental.

P.– ¿Cómo podemos diseñar desde el principio productos que se puedan reutilizar?
R.– La respuesta está en el ecodiseño. Por ejemplo, sin el packaging, el empaquetamiento, evitamos ese problema. La economía circular pone de relieve la forma en la que se hacían las cosas hace una generación: las cosas se hacían para durar y durar. Y es que la forma en la que se fabrica hoy no es sostenible. Por ejemplo el móvil, que se produce con materias primas críticas. La cuestión es cómo diseñar un móvil para que no sea contaminante, y para eso hay que estimular la innovación. No es imposible, hemos llegado a la luna, ¿no?.

P.– Pero a las empresas les puede resultar difícil cambiar sistemas y cadenas de producción.
R.– Pero creo que a todas las empresas les interesa. Hay grandes empresas que ya saben que tienen que cambiar algunos aspectos para mejorar la sostenibilidad y ya están actuando. Hay otras empresas que dependen de ayudas del Gobierno, y saben que si contaminan lo van a pagar. Y hay otras que aún no lo han asumido, pero políticas bien diseñadas les ayudarán a ello. La noticia positiva en Cantabria es que hemos dado los primeros pasos para plantear una economía sostenible. Hemos llamado a líderes empresariales y de gobierno, a ONG y mancomunidades de la región. Entre septiembre y octubre hicimos dos reuniones, percibimos que existe el reconocimiento de que hay que replantearse las cosas y se comprobó el compromiso con el cambio, con la transición. Todos ven el riesgo de seguir con ese modelo lineal en el que los costes pueden llegar a ser muy altos, porque el precio de la materia prima depende muchísimo de factores que están fuera de control. Por ejemplo, empresas de componentes ven que cuando tu negocio es sostenible tienes más posibilidades de sumarte a ese modelo circular en el que ya están grandes empresas. Rediseñando la mejora de tu negocio mejoras la cadena de suministro y tu futuro a largo plazo. También se percibe por parte de inversores. La economía circular no es medioambiental, es de funcionamiento: existe cuando se da una simbiosis industrial en la que un residuo es materia prima o subproducto para otra empresa. Como la madera no usada, o la arena no usada en el cemento, o los tintes en una empresa textil… todo eso tiene un valor y es más barato que buscarlo como materia prima.

P.– ¿Cuál es el siguiente paso?
R.– Este mes empezaremos a trabajar con varias consejerías del Gobierno regional. Haremos también una reunión y presentaremos nuestras conclusiones para facilitar la transición a la economía circular, a raíz de las reuniones anteriores y que abarcan la investigación, el ámbito social, la economía, la gestión… Será un mapeo de hoja de ruta, de cómo se plantea y así elaboraremos la estrategia y las tareas a implementar. Es algo que se diseña con la voz de todos, no es para regular el emprendimiento: hay que plantear una transición que sea justa socialmente, dando oportunidades a todos, sostenible, baja en emisiones de carbono y accesible. Pero se hace en colaboración con todos.

P.– La Unión Europa lleva la iniciativa en éste cambio de modelo pero hay otras instancias que también promueven medidas medioambientales. ¿Por qué recurrir a Climate-KIC y el ITE?
R.– El interés de trabajar con Climate-KIC es precisamente ser una institución que viene de Europa. No hacemos esto para vender, nos vemos como otro actor para trabajar en colaboración y coordinar sinergias. Trabajamos de forma muy unida con la Comisión Europea y somos un instrumento suyo, nos gestionan en Bruselas, ese el formato que tenemos. Por eso podemos compartir información y transferencia de conocimiento entre los países, en todas las direcciones. Trabajamos también con otras instituciones fundamentales para diseñar el nuevo modelo económico, como el World Economic Fórum, el Banco Europeo de Inversiones, Naciones Unidas… este respaldo es otro beneficio que traemos al Gobierno de Cantabria. Yo ya he presentado el caso de Cantabria y ha generado interés, eso solo puede traer beneficios para la región.

P.– Si son necesarias nuevas leyes y acciones, ¿cuáles considera que serían las más positivas para Cantabria?
R.– Hay muchas leyes posibles, pero prefiero no enfocarme en ninguna en concreto porque esta transición tiene que ser algo sistemático, que toca todos los aspectos. Lo que sí puedo decir es que la contratación pública es un importante impulso para la economía circular: los concursos públicos deberían integrar la economía circular entre los requisitos, ya que esto tiene un impacto directo porque son muchas las empresas que dependen de la contratación por parte de las diferentes administraciones públicas. Así se estimula que las empresas concurran con esos requisitos. Esto les impulsa a innovar y cambiar.