‘Cantabria Negocios’ pregunta a los candidatos sobre sus propuestas concretas en el ámbito económico y empresarial, en un cuestionario remitido a las seis formaciones a las que las encuestas conceden posibilidades de conseguir representación parlamentaria

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga Publicado en mayo de 2015

Más allá de lo que deparen los resultados electorales, la convocatoria a las urnas del próximo 24 de mayo presenta ya una importante novedad: por primera vez desde los orígenes de la autonomía, es seguro que accederá al Parlamento algún partido que nunca antes había conseguido representación. A efectos prácticos, y en lo relativo a estas páginas, ello supone que el tradicional cuestionario que esta revista envía a los candidatos cada cuatro años desborda el marco de los partidos con diputados en la legislatura que acaba. Para hacerlo, y asumiendo el riesgo de ser injustos, se ha elegido a aquellas formaciones a las que las encuestas conceden posibilidades de hacerse con alguno de los escaños en juego. A sus candidatos les hemos planteado preguntas concretas sobre medidas a tomar en el ámbito económico. Estas son sus respuestas.

Cantabria Negocios (CN).- –Si tuviera que señalar sólo una, ¿cuál sería para su Gobierno la máxima prioridad de la próxima legislatura y cuál la principal medida para avanzar en el cumplimiento de ese objetivo?

Ignacio Diego, candidato del PP.- Sin duda alguna, la prioridad para la próxima legislatura será la misma que para la presente: la creación de empleo. Pero con cambios muy sustanciales. En la presente legislatura hemos tenido que luchar contra una situación dramática de las arcas públicas por la irresponsabilidad de los anteriores gestores y, además, contra una tendencia de destrucción masiva de empleo. Con rigor, prudencia, sensatez y sentido común, no solo hemos logrado enderezar y hacer sostenibles nuestras cuentas, sino que además ahora Cantabria ya no destruye empleo. Al contrario: ahora Cantabria es la comunidad autónoma que más empleo crea de toda España, liderando también la caída del paro. Por tanto, partimos de una situación mucho mejor de cara a la próxima legislatura y por eso el compromiso es que, si seguimos haciendo las cosas bien, con criterios de responsabilidad, perseverancia y decisión, Cantabria puede crear 10.000 empleos cada año. Ese es mi gran compromiso para la siguiente legislatura.

Miguel Ángel Revilla, candidato del PRC.- La primera prioridad es el empleo, para poner freno al crecimiento incesante del paro que se ha producido en estos últimos cuatro años y que nos sitúa a día de hoy con 10.500 parados más y 20.000 puestos de trabajo menos que en 2011. La primera medida para avanzar en este objetivo será recuperar la inversión pública y poner en marcha proyectos capaces de atraer inversión privada, como el plan eólico o la potenciación del Parque Científico y Tecnológico.

Rosa Eva Díaz Tezanos, candidata del PSC-PSOE.- Sin duda la máxima prioridad es crear empleo,. La creación de empleo está en el centro de nuestra política, porque es el problema más importante para la ciudadanía y porque nos encontramos ante una situación de desempleo persistentemente alto un empleo precario y con un crecimiento insostenible del paro de larga duración. La mitad de los desempleados no cobra prestación. Aprobaremos un plan de choque de inversión Pública, para crear empleo de manera urgente. También plantemos programas de empleo para jóvenes menores de 30 años y otro para mayores de esa edad, así como un plan de empleo para mayores de 45 años, la generaciones perdidas. Resolver este grave problema requiere del concurso de todos y el gobierno que yo presida no sólo creará las condiciones para crear empleo, sino que impulsará todos los resortes para revertir esta situación. Está claro que Cantabria necesita una política económica alternativa, una alternativa realista solvente y transformadora.

Román San Emeterio, candidato de UPyD.- Además de atender las emergencias de las personas a las que la crisis ha condenado a la precariedad, la prioridad será “sembrar futuro”, pues ya hemos perdido demasiado tiempo durante la legislatura que termina y las anteriores, unas legislaturas marcadas por el cortoplacismo electoralista, el despilfarro y los recortes. La fórmula: un gran pacto por Cantabria con el resto de fuerzas políticas, agentes sociales y sociedad civil para desarrollar en el medio y largo plazo un acuerdo sobre asuntos esenciales como la economía y la industria, la investigación y la educación que requieren de mucho más de cuatro años para madurar y dar buen fruto. Cantabria tiene un potencial extraordinario, es nuestra obligación aprovecharlo.

José Ramón Blanco, candidato de Podemos.- La prioridad está clara: las personas. Que los trabajadores tengan empleo estable y de calidad y que los empresarios dirijan negocios florecientes son condiciones necesarias para que Cantabria tenga un mejor futuro. Para ello es necesario tanto abordar un cambio de modelo económico como asegurar una adecuada provisión de bienes y servicios públicos básicos tanto para los ciudadanos como para las empresas. Si tuviera que señalar una única medida esta sería el Plan de Rescate Ciudadano. En sí, más que una medida, es una batería conjunta de medidas, de implementación inmediata durante los primeros meses de gobierno, cuyo objetivo es resolver la situación de emergencia social de los ciudadanos y los pequeños y medianos empresarios. En esta batería de medidas se aseguraría, entre otras cuestiones, líneas de crédito urgente para pymes y autónomos, un ingreso mínimo a los hogares o aplicar un procedimiento simplificado para reestructurar deudas tanto a hogares como a pequeños y medianos empresarios.

Rubén Gómez, candidato de Ciudadanos (C’s).- La máxima prioridad de la próxima legislatura ha de ser, como ya de hecho lo es, el generar las mejores condiciones posibles para crear empleo. Medidas para avanzar en ello puede haber muchas y de distinto tipo, expongo dos que me parecen las más inmediatas: racionalizar la administración, lo cual deberá dejar mayor margen para inversión, y establecer una mesa de diálogo entre empresas, agentes sociales y gobierno para, entre todos, llegar a un gran pacto sobre el empleo.

CN.- En materia de empleo, uno de los recursos pendientes de poner en marcha en Cantabria es el relativo a la regulación de las agencias privadas de colocación. ¿Cuál será la política de su Gobierno en relación con estas entidades y con la forma en que pueden colaborar con los servicios públicos de empleo?

Ignacio Diego (PP).- Hemos de tener en cuenta que es una política nacional, que por tanto necesita de un marco nacional. Pero me gustaría responder más a la esencia misma de lo que significa ese cambio: las políticas activas de empleo deben estar orientadas a resultados. Ese ha sido el mayor cambio que le ha dado este Gobierno, junto a la mayor dotación presupuestaria. Tenga en cuenta que hemos pasado de los 65 millones de euros de 2011 a los más de 100 millones de euros de 2015. En pocas palabras, mayor dotación y políticas orientadas a resultados tienen como consecuencia lo que ya le he señalado antes: Cantabria es la comunidad líder en creación de empleo y en descenso del paro.

Miguel Ángel Revilla (PRC)- La creación de empleo digno y de   calidad es mi primera prioridad. Con esa premisa, utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para que la generación de empleo se convierta en un hecho. La facultad para desarrollar las políticas activas de empleo la tienen los servicios públicos de empleo, y en el caso de Cantabria el responsable es el Servicio Cántabro de Empleo. Nosotros somos partidarios de dotar al Servicio Cántabro de Empleo de medios humanos, materiales y técnicos adecuados y suficientes para dar un mejor servicio de orientación e intermediación laboral, que mejore las expectativas de los desempleados en la búsqueda de empleo. No obstante, también creemos necesaria la colaboración con agencias privadas, aunque siempre bajo supervisión del Servicio Público de Empleo, en aquellos casos donde puedan complementar las actuaciones y políticas públicas de empleo.

Rosa Eva Díaz Tezanos (PSC-PSOE).- En principio, no estoy en desacuerdo con las agencias privadas de colocación siempre y cuando cubran un hueco que la administración no llega a atender. Pero en mi programa planteo una mejora del funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Cantabria (EMCAN), que detenga el desmantelamiento al que le ha sometido el gobierno del PP, dotándole de más medios humanos y materiales , que le permitan convertirse en una verdadera agencia de colocación pública.

Román San Emeterio (UPyD).- Francamente, creo que lo que está pendiente en Cantabria es conseguir un servicio público de empleo eficaz y eficiente, y esa será la prioridad en el ámbito competencial que abarca su pregunta. A partir de ahí, obviamente, cualquier colaboración que beneficie a los cántabros y sea ejercida desde la total transparencia y el control público podrá ser abordada.

José Ramón Blanco (Podemos).-  Arrancaríamos con una revisión del trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, y de todas las entidades que actualmente están autorizadas como Agencias de Colocación con centros de trabajo, y por tanto campo de actuación, en Cantabria. Vemos muy importante la colaboración público-privada ya que siempre supone un aporte de conocimiento y experiencia, en este caso, específicamente sobre el mercado laboral, las necesidades reales que las empresas tienen en cuanto a personas para avanzar en el proceso productivo y la evolución del mercado. Esta conexión entre servicios públicos de empleo y tejido empresarial es vital para un buen trabajo en intermediación laboral y a su vez inserción de personas desempleadas. Si bien si queremos resaltar que ello no va a suponer un debilitamiento del Servicio Cántabro de Empleo, sino lo contrario, a su vez se trabajará por el fortalecimiento del mismo a través de un aumento de dotación de  recursos para poder llevar este trabajo adelante de forma más exitosa y satisfactoria para todas las partes.

Rubén Gómez, (C’s).- Todo lo que sirva para que la gente encuentre trabajo será una ayuda, aunque entiendo que el sistema completo ha de ir de la mano y no caer en una especie de “guerra de guerrillas” donde cada parte funciona sin saber nada del resto, dado que eso resta eficiencia.

CN.- Dentro de las políticas activas de empleo, la formación se menciona siempre como el principal recurso para mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la competitividad de las empresas. ¿Cuál sería el principal eje de la política de su Gobierno en esta materia?

Ignacio Diego (PP).- Sin duda alguna, orientar la formación a lo que las empresas demandan. Ambos factores, oferta laboral y demanda laboral, deben dialogar, por decirlo de un modo gráfico. Si no existe ese diálogo, podemos gastar muchos recursos a tener desempleados muy formados pero sin futuro. En esta legislatura ya se han empezado a notar los cambios, como por ejemplo no conceder subvenciones nominativas a los sindicatos para formación, sino exigir un proyecto y que este se presente a un proceso de concurrencia competitiva con todas las academias privadas de Cantabria. El mejor proyecto es el que se lleva los recursos. Y ya hemos dado los primeros pasos para que la orden contemple qué es lo que necesitan las empresas, aunque es cierto que en este ámbito el reto es ambicioso y por eso su desarrollo integral es de dos legislaturas.

Miguel Ángel Revilla (PRC)- Nosotros creemos que la formación para el empleo es cada vez más necesaria, tanto para afrontar los cambios organizativos y tecnológicos en el ámbito productivo, como por la mayor incertidumbre que existe en el mercado laboral. Por ello apostamos por una formación continua y queremos poner en marcha un plan de formación profesional, revisando los catálogos de los ciclos formativos para su adecuación a las necesidades del mercado laboral. Creemos que hace falta incorporar actividades emergentes e innovadoras a los planes de formación, impulsando en los centros integrales un área específica de orientación y formación, en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo. También potenciaremos el sistema de acreditaciones profesionales adquiridas por experiencia laboral y otras vías no formales de formación. Y apostamos por la formación continua en las empresas para mejorar la cualificación de los trabajadores y su reciclaje profesional, mediante convenios con las empresas, sobre todo con las pymes y la empresas de economía social y cooperativas.

Rosa Eva Díaz Tezanos (PSC-PSOE).- En cuanto a la formación reglada, y partiendo de la base de que disponemos de una magnífica oferta universitaria, creo que es en la FP donde podemos avanzar más y mejor. Hasta ahora esta formación no ha sido reconocida lo suficiente, pero ahora es necesario incrementar el esfuerzo que se le dedica. Asimismo, facilitaremos programas específicos de formación para el primer empleo de jóvenes y mujeres y para  los parados de larga duración., intensificando la activación y seguimiento de los demandantes en la búsqueda de empleo para mejorar su empleabilidad. Esto lo haremos contando con los agentes sociales, que deben tener un protagonismo claro a la hora de diseñar e implantar los programas, ya que nadie mejor que ellos conocen las necesidades formativas en cada momento.

Román San Emeterio (UPyD).- La capacitación idiomática generalizada nos parece esencial tanto para la formación normada como para la de trabajadores en activo. Una región que se quiere internacional y dinámica tiene que tener una población capaz de expresarse perfectamente bien en español y estupendamente, mínimo, en inglés. Además el desarrollo puntero de una formación profesional de calidad y en estrecha relación con el universo productivo. En lo que a la formación para trabajadores en activo se refiere –o para desempleados en busca de su cambio de modelo productivo personal– habrá que hacer énfasis en el carácter práctico de dicha formación, desterrando formaciones obsoletas e impidiendo que los cursos de formación sean antes un negocio para algunos que una herramienta para el progreso social. La formación continua de las personas en un panorama en el que el valor añadido será el motor del éxito económico es un frente primordial.

José Ramón Blanco (Podemos).- La actuación debería girar en torno a cuatro propuestas principales: orientar la formación al nuevo modelo productivo; trabajar por la unificación de la formación como vía de reconocimiento de los conocimientos y competencias adquiridas por las personas por las diferentes vías posibles: formación reglada, experiencia laboral y formación no reglada; establecer una oferta formativa ocupacional adaptada al nuevo modelo productivo y a la demanda del mercado laboral; y, por último, promover la cultura de la formación a lo largo de toda la vida en las empresas.

Rubén Gómez, (C’s).- La formación es algo básico pero ha de servir realmente para algo, volvemos a hablar nuevamente de eficiencia. Que la sensación, y en ocasiones la realidad, sea que los cursos que se dan, por ejemplo, a los parados no sirvan de nada es una pérdida de recursos, por un lado, y de tiempo para estas personas. No podemos pensar en formación sin tener claro cuáles son las necesidades del mercado laboral, esa es la meta a alcanzar.

CN.- ¿Qué medidas concretas de plantea su Gobierno para favorecer la investigación, el desarrollo y la innovación en las empresas?

Ignacio Diego (PP).- Lo primero, y quizá más importante, dar seguridad jurídica a las empresas. Nadie va a invertir ni un euro si piensa que su inversión está apoyada sobre una cuerda floja. Tenemos que dar seguridad, mantener y aumentar las políticas fiscales que fomenten la inversión en I+D+i, plantear un escenario de medio y largo plazo… En este último aspecto, destacar la RIS3 diseñada por Cantabria, que es nuestra apuesta por la especialización inteligente. Podría valorar el consenso alcanzado, la transversalidad de su contenido o cualesquiera otros factores que ponderen la acción de Gobierno. Pero lo haré con dos hechos concretos:  el primero, con el Programa Operativo Feder, que en gran parte se apoya sobre la RIS3, ha sido uno de los tres primeros en ser aprobado por la Comisión Europea y por eso ya podemos empezar a desarrollar programas de ayuda y fomento de la inversión en I+D+i. Y el segundo, con el reciente acuerdo entre Cantabria y el Ministerio de Economía y Competitividad, por el que en el periodo 2015-2016,  recibimos un total de 37,5 millones de euros del Estado para impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Esta importante cantidad de fondos, llegará a las empresas y a los investigadores de Cantabria, de forma inmediata.

Miguel Ángel Revilla (PRC)- Como ya hicimos en nuestra anterior etapa en el Gobierno, la apuesta por la innovación será uno de los ejes prioritarios de acción regionalista para consolidar en Cantabria un modelo económico basado en el conocimiento. Para ello, vamos a impulsar la investigación y el desarrollo en el ámbito de las energías renovables, porque Cantabria tiene un enorme potencian en esta materia. También recuperaremos el apoyo a la Universidad e impulsaremos el Parque Científico y Tecnológico.

Rosa Eva Díaz Tezanos (PSC-PSOE).- Nuestro objetivo es recuperar los años perdidos con el gobierno del PP, hasta alcanzar el 1,16% del PIB en gasto interno de I+D+i  que teníamos en 2010 desde el 0,81% actual. Con posterioridad pretendemos alcanzar un objetivo entorno al 2% del PIB para aproximarnos a las comunidades punteras de España y a los indicadores europeos. Para ello nos dotaremos de una infraestructura eficiente y estable para gestionar la I+D+i –crearemos la Agencia Cántabra de Investigación– para que actuando con independencia, se le asegure la financiación durante siete años –más allá de una legislatura–  para que distribuya los recursos y los destine a los mejores proyectos. Para conseguir estos objetivos implicaremos a Sodercan y la Universidad de Cantabria para impulsar la innovación en el tejido productivo de Cantabria, apostando por los sectores estratégicos de Cantabria: energías renovables, biomedicina y biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación –entre otros– y conectar los proyectos innovadores con las empresas vinculándolas con nichos de negocio y de mercado. Tenemos que superar la escasa inversión en I+D+i por parte de las empresas, por lo que facilitaremos, mediante subvenciones y préstamos, que la I+D+i básica se traslade a las empresas y propicie su incorporación rápida al sistema productivo de Cantabria.

Román San Emeterio (UPyD).- Seamos objetivos: la realidad de la empresa cántabra es heterogénea, por lo que entendemos que las medidas han de serlo también, de otro modo alguna parte del tejido empresarial podría quedar al margen, algo que no deseamos. Hay empresas por nacer, empresas viables con dificultades, empresas inviables, empresas consolidadas y en expansión. La innovación requiere primero de voluntad y de visión (eso ha de surgir de la propia empresa) y luego de una inversión de recursos a las que algunas empresas pueden hacerle frente y otras no. Para parte del tejido empresarial con dificultades para el acceso a financiación (empresas o autónomos con falta de liquidez o empresas nacientes) la medida podría ser de ayuda directa o, nos parece mejor, préstamos preferenciales. Para empresas consolidadas y sin particulares dificultades de financiación son más interesantes medidas de tipo desgravatorio. Paralelamente fomentar los fondos y el seguimiento de la investigación universitaria (que puede dar excelentes resultados) y su relación con el mundo empresarial. Creo necesario además cambiar la modalidad temporal de las campañas de ayuda, sustituyendo los breves plazos que se conceden por periodos largos de disponibilidad de fondos, algo que facilitará la presentación de proyectos serios y bien trabajados.

José Ramón Blanco (Podemos).- Haremos un plan autonómico de I+D+i con el objetivo de llevar la inversión hasta el 1,5% del PIB en 2016, 1,9% en 2017, 2,2% en 2018 y 2,5% en 2019. Incluirá medidas como el incremento directo de la inversión pública en I+D+i, hasta un tercio de los citados objetivos anuales; la atracción nacional e internacional de la participación y las inversiones privadas mediante potentes incentivos fiscales a la I+D+i; la creación de una oficina especializada en la captación de proyectos científicos procedentes de convocatorias europeas que involucren a instituciones públicas, como la Universidad de Cantabria, y a empresas privadas ligadas a la I+D+i; o la promoción de la contratación estable de doctores y personal técnico especializado con alto grado de capital humano.

Rubén Gómez, (C’s).- Ciudadanos apuesta por destinar mayores recursos al I+D+i a nivel nacional. En el caso autonómico el margen de recursos es menor por lo que creo que debemos esforzarnos por favorecer y fomentar las sinergias entre la Universidad de Cantabria, donde hay grandes grupos de investigación, y las empresas, algo que será beneficioso para ambos sin lugar a dudas. Esta retroalimentación empresa-universidad es práctica común en la mayoría de los países europeos y nosotros debemos explotar ese camino lo máximo posible.

CN.-¿Cuál será la postura de su gobierno en relación con la concesión de ayudas directas a la inversión de las empresas, ya sea esta en forma de subvención o a través de la toma de algún tipo de participación accionarial a través de empresas públicas como Sodercan?

Ignacio Diego (PP).- Siempre que esa ayuda sea temporal, esté vinculada a resultados, acote muy bien la participación del Gobierno a ese tiempo determinado y además suponga creación de empleo directo e indirecto, el Gobierno apoyará a las empresas. Pero no solo para atraer nuevas inversiones, sino también para que las empresas que ya funcionan en Cantabria puedan crecer. Me gustaría destacar dos de las medidas de las que más orgulloso me siento: el Plan de Suelo Industrial, que ha sido refrendado por la Comisión Europea tras la denuncia del País Vasco, a los que por cierto agradezco la publicidad gratuita que hicieron de este plan; y las medidas de apoyo a la financiación de las empresas, que han movilizado más de 130 millones de euros en créditos a pymes, microempresas y autónomos y que van a continuar gracias a la adhesión de Cantabria al programa Iniciativa Pyme, que supondrá otros 110 millones adicionales.

Miguel Ángel Revilla (PRC)- Este tipo de ayudas se han concedido siempre desde las administraciones públicas y yo creo que pueden ser muy positivas en este momento para incentivar la inversión privada y la creación de empleo. Pero eso sí, con férreos controles que garanticen el futuro de la inversión y que los puestos de trabajo que se creen sean estables y de calidad.

Rosa Eva Díaz Tezanos (PSC-PSOE).- Hay que distinguir dos tipos de ayudas: las convocatorias públicas competitivas y las ayudas directas – discrecionales– que sólo deben destinarse a proyectos verdaderamente estratégicos para Cantabria, lo que no se da en el caso del proyecto empresarial de Nestor Martin. Sí se dio por ejemplo en nuestra apuesta por acelerar la construcción del Parque Empresarial de Marina-Medio Cudeyo , que nos permitió retener aquí el Centro de Proceso de Datos (CPD) del Banco Santander de Solares, eso sí es estratégico. No soy partidaria de entrar en el capital de empresas privadas, sino participar con apoyo técnico y  asesoramiento y, si se dan ayudas o préstamos, se analizará la viabilidad de los proyectos concienzudamente y si son estratégicos para Cantabria. Para impulsar determinados proyectos de interés para Cantabria, recuperaremos el ICAF, como banco público regional, que aportará financiación a proyectos que sean técnica y económicamente viables además de estratégicos para el tránsito hacía el nuevo patrón de crecimiento.

Román San Emeterio (UPyD).- No nos parece adecuado, como norma general, la participación del Gobierno de Cantabria en empresas, y menos aún cuando se ocultan las condiciones de dicha participación detrás de cláusulas de confidencialidad o cuando la discrecionalidad en la toma de decisión es tan evidente. El Gobierno de Cantabria debe velar por garantizar la seguridad jurídica básica, agilizar los procesos eliminando barreras burocráticas y maraña normativa y catalizar reacciones que la iniciativa privada debe llevar a cabo (especialmente en lo que a creación de nuevas empresas/actividades se refiere, pues toda gran empresa fue en su momento un embrión).

José Ramón Blanco (Podemos).- El cambio modelo económico que proponemos, hacia un tejido productivo con alta intensidad en tecnología y capital humano, necesita capital para su puesta en marcha. Esto incluye tanto inversión pública como privada, sea esta nacional o extranjera. Se ha observado a escala europea como la colaboración entre el sector público y las empresas privadas es altamente exitosa en este sentido. Las ayudas directas a la inversión empresarial serán siempre finalistas y se establecerá un sistema de evaluación y rendición de cuentas pública de las mismas. Para atraer empresas, la alternativa a lo que se ha hecho hasta ahora es es desarrollar una política activa de atracción de inversiones a través de la coparticipación o creación de empresas mixtas. Así, la empresa proporciona una parte de la inversión y el conocimiento productivo y el Gobierno de Cantabria otra parte de la inversión y elementos como el suelo o la asunción de los costes burocráticos.

Rubén Gómez, (C’s).- Personalmente no soy partidario, lo cual no quiere decir que pueda estar justificado en determinados momentos. La administración debe dar facilidades, ayudar a que las empresas sean rentables por sí mismas, hemos visto casos de empresas que se mantienen artificialmente a costa de los contribuyentes, eso no puede ser. Evidentemente, después hay que ver el detalle de cada caso, toda empresa está sujeta a la posibilidad de pasar una mala época dentro de una trayectoria de éxito y en esos casos, de forma suficientemente justificada, pueden caber las subvenciones.

CN.- Desde el comienzo de la crisis se ha impuesto la austeridad como concepto inspirador de las políticas públicas, también en lo relativo a la inversión. ¿En qué medida considera que esa fase puede darse por superada para que la Administración regional juegue algún tipo de papel como motor de la economía?

Ignacio Diego (PP).- La Administración nunca debe ser el motor de la economía, porque entonces estaríamos generando economía ficticia. De hecho, es lo que intentó hacer el anterior Gobierno en los años más duros de la crisis: incrementar el gasto público de forma desbocada para tratar de paliar la crisis. ¿Sirvió para algo esa supuesta inversión pública? No, para nada. Solo para ponernos al borde de la bancarrota. Mi forma de entender el Gobierno es diferente: creo que la inversión pública debe tener como objetivo vertebrar la comunidad autónoma, garantizar la calidad de los servicios públicos en todos los puntos de Cantabria, hacer atractiva nuestra región para la inversión privada y favorecer la puesta en marcha de nuevos negocios. Si juntamos esas cuatro patas y funcionan, el crecimiento llega.

Miguel Ángel Revilla (PRC)- La austeridad debe ser siempre un objetivo de la gestión pública, pero eso no significa que haya que abandonar la inversión y estrangular la economía, como se ha hecho en los últimos años en Cantabria, en España y en Europa. La inversión pública es un instrumento clave no sólo para crear empleo, sino también para modernizar e impulsar el progreso de la región.

Rosa Eva Díaz Tezanos (PSC-PSOE).- Hasta los expertos más ortodoxos ya reconocen que la austeridad llevada al límite acaba asfixiando el consumo y por tanto la economía. A mi juicio, una política económica más expansiva, de impulso de la inversión pública como la aplicada, por ejemplo, en EE.UU. ha permitido, que ese país haya capeado la crisis mejor que Europa, que ha aplicado una política económica muy restrictiva impuesta por el neoliberalismo conservador dominante. Antes me he referido al Plan de choque de Inversión Pública que voy a poner en marcha si los cántabros me dan su confianza, pero también dejo claro que los socialistas somos defensores de la estabilidad presupuestaria, aunque con mayor flexibilidad que la impuesta por el PP, porque el gobierno de Cantabria, además del necesario rigor y control en sus cuentas, debe pensar en la personas desempleadas e inyectar fondos para reactivar la economía y crear empleo y con los datos económicos conocidos, Cantabria se descuelga de la media de España y no consigue rebajar el desempleo.

Román San Emeterio (UPyD).- Discrepo. Se ha vendido “austeridad” para acometer recortes en asuntos esenciales mientras se seguía despilfarrando en lo que se gastaba por otro lado. La austeridad (entendida como eficiencia en el gasto) no es una opción, es una obligación. Seamos claros: la austeridad cántabra ha dado como resultado el aumento de la deuda. La Administración debe catalizar y dinamizar la actividad económica, facilitándola y teniendo en cuenta que es el sector privado el que ha de ser protagonista de la misma.

José Ramón Blanco (Podemos).- La austeridad ha sido un fracaso absoluto. El sector público debe retomar un papel activo en el crecimiento y la reactivación económica. Aquí el sector público tiene mucho que decir, pero tiene que decirlo de forma conjunta con la iniciativa privada. Un ejemplo, que se añade a los anteriores sobre inversión en I+D+i y atracción de inversión exterior, es el del capital social. Si el sector público facilita una serie de servicios y bienes públicos accesibles y de calidad, como la educación o la sanidad, esto incrementará el capital social de Cantabria, lo que la hará más atractiva para las inversiones y el desarrollo de la actividad empresarial.

Rubén Gómez, (C’s).- La administración no ha de ser motor de la economía, ha de ser quien ponga las facilidades para que las empresas privadas, tanto grandes empresas como pymes o autónomos sean quienes ejerzan de motor económico. Si bien hemos vivido una época de austeridad la administración pública ha pasado por ella sin sufrir grandes ajustes, si racionalizamos la propia administración podremos disponer de mayor capacidad para invertir y poder generar esas condiciones para que el sector privado ejerza de motor económico.

CN.- El sector público empresarial cántabro se ha reducido notablemente en los últimos años. ¿Es un proceso que su Gobierno daría por bueno, que considera necesario seguir incidiendo en él o, por el contrario, cree que hay que revertirlo de alguna manera?

Ignacio Diego (PP).- Hemos ahorrado 300 millones de euros en esta legislatura adelgazando las empresas públicas y hoy funcionan mejor que hace cuatro años, por tanto, más que revertirlo, que puede tener una connotación de error, lo que hago es ponderarlo como uno de los grandes logros de este Gobierno. En cuanto a si darlo por bueno o seguir incidiendo, mi respuesta es que va a estar siempre vivo, porque un Gobierno responsable es aquel que siempre busca la máxima eficiencia en los servicios que presta. No por gastar menos se presta un peor servicio. Esa es una máxima que cualquier empresa entiende y que llama ratio de eficiencia, pero que la Administración, entre los años 2003 y 2011, olvidó. Ahora se ha implantado y es una máxima que ha venido para quedarse, a no ser que vengan los que dicen que hay que volver a dar a la máquina de la deuda. Ante eso, solo me queda hacer una pregunta retórica: ¿si volvemos a cometer los mismos errores del pasado, qué futuro nos espera? Si me permite mi respuesta, un futuro desesperanzador. No podemos desandar el duro camino andado. Ha costado mucho recuperar el norte y es tremendamente sencillo volver a perderlo. Espero que nadie caiga en esa trampa.

Miguel Ángel Revilla (PRC)- El sector público empresarial debe planificarse conforme a criterios de eficiencia y, en ese sentido, no compartimos la reducción llevada a cabo por el PP, porque lo que ha primado no ha sido la eficacia, sino la eliminación de servicios. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el 112. Por lo tanto, nosotros recuperamos los servicios que creemos imprescindibles para los cántabros, aunque gestionando siempre las empresas públicas con austeridad y eficiencia.

Rosa Eva Díaz Tezanos (PSC-PSOE).- No cabe duda de que la crisis imponía la racionalización y redimensión de algunas empresas públicas, como ya iniciamos nosotros desde el gobierno. Lo que si ha hecho el PP es desmantelar o vaciar de contenido a empresas públicas, que como la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan), tenían un papel clave en la dinamización económica y en la impulso a la I+D+i regional. Por cierto que recuperaré Sodercan si soy la presidenta de Cantabria, porque unas empresas públicas dimensionadas son imprescindibles para desarrollar ciertas acciones, como la creación de suelo industrial, el fomento de la internacionalización o el impulso de la I+D+i.

Román San Emeterio (UPyD).- Si la pregunta se refiere a la participación del Gobierno en empresas, creemos que el sector público ha de centrarse en lo que es de interés público, no en acumular participaciones en empresas semi-privadas que hacen la competencia a otros plenamente privadas. Si la pregunta se refiere a la periferia administrativa (empresas públicas) entendemos que queda bastante trabajo aún por hacer en su racionalización  y, sobre todo, en la rendición de cuentas y transparencia. No podemos perpetuar un sistema paralelo para hacer desde lo semipúblico lo que desde la Administración está prohibido.

José Ramón Blanco (Podemos).- nuestra parte la propuesta es clara: el desarrollo de un Plan de Nueva Empresa Pública de Cantabria. Un plan que en una primera fase realizará una auditoría, públicamente accesible para la ciudadanía, de las cuentas, el personal, los activos y las funciones del sector público empresarial autonómico. En la segunda fase se realizará la reordenación del sector público empresarial y la liquidación de las entidades que no justifiquen su rentabilidad social. Y en la tercera y última fase se potenciarán las empresas públicas que sean socialmente rentables para los cántabros y cántabras y que estén más intensamente ligadas al nuevo modelo económico propuesto y la I+D+i.

Rubén Gómez, (C’s).- Se ha reducido sí, pero no lo suficiente. Seguimos desperdiciando recursos en algo que no reporta beneficios. Principalmente esto ocurre cuando dichas empresas no cumplen su cometido o parecen carecer de alguno en concreto. Siempre se pueden optimizar aún más los recursos, recordemos que en España disponemos de una red de funcionariado cualificado y que, desgraciadamente, está infrautilizado.

CN.- ¿Qué compromiso asumirá su gobierno en relación con los impuestos sobre los que tiene competencia (Sucesiones y Donaciones, Transmisiones, céntimo sanitario, tramo autonómico del IRPF…?

Ignacio Diego (PP).- Un compromiso claro, firme e inequívoco: bajar todos los impuestos. Como ya le dije, en esta legislatura tuvimos que hacer frente en sus inicios a una situación de práctica bancarrota. Y tuvimos que subir algún impuesto. Lo reconozco y lo asumo. De hecho, nunca lo hemos ocultado. Nuestro Plan de Sostenibilidad de la Administración Pública fue público desde el primer día. sin ambages ni medias tintas. Pero situemos las cosas en su justa medida: las subidas de impuestos supusieron, entre los años 2012 y 2013, poco más de 30 millones de euros. Por el contrario, las bajadas de impuestos de los años 2014 y 2015 suponen 220 millones de euros de beneficio fiscal cada año. Insisto: cada año pagaremos 220 millones de euros menos en impuestos autonómicos.

Miguel Ángel Revilla (PRC)- Intentaremos reducir la presión fiscal en la medida de lo posible y lo haremos de verdad, sin engañar a la ciudadanía, como ha hecho el PP. Además, me comprometo firmemente a no aplicar nunca impuestos tan dañinos o injustos como el mal llamado céntimo sanitario, que ni es un céntimo, ni sirve para financiar la sanidad. Creo que aplicar ese gravamen ha sido una de las mayores agresiones a la ciudadanía del Gobierno del PP, porque han sangrado a las clases medias y bajas, en lugar de apostar por una fiscalidad progresiva en la que pague más quien más tiene. Ésa será siempre mi apuesta como presidente, que paguen más los que pueden permitírselo, para que los impuestos cumplan la función para la que fueron creados y contribuyan a equilibrar las rentas.

Rosa Eva Díaz Tezanos (PSC-PSOE).- Dada la situación de asfixia económica debida a la elevada deuda que nos deja este gobierno, que se quejaba de una supuesta herencia pero que casi ha doblado la deuda de Cantabria, se impone una revisión y reequilibrio de las cargas fiscales. Nuestro objetivo en política fiscal pasa por un reparto más equilibrado y justo de las cargas fiscales y reduciremos la carga fiscal a las clases medias y trabajadoras, que soportan casi en exclusiva el peso de la crisis por la indiscriminada subida de todos los impuestos aprobadas por el gobierno del PP. En esa línea recuperaremos el impuesto de sucesiones para las grandes herencias, incidiendo en la progresividad para que los que más tienen aporten más, justo lo contrario que la última reforma fiscal del PP.

Román San Emeterio (UPyD).- La respuesta no es tan directa como podría parecer. Mi gobierno no se planteará subir ningún impuesto antes de suprimir todo el gasto superfluo y optimizar la propia administración y su periferia. Lamento que se haya desaprovechado en Cantabria la oportunidad que da toda crisis para acometer reformas de calado para salir fortalecidos (se ha optado por recortar y ahorrar en lo esencial, tal vez la más fácil y sin duda la más injusta de las medidas posibles). Entendemos que el dinero recaudado debe ser el necesario para hacer frente a los compromisos de bienestar y servicio público y para hacer frente a la creciente deuda pública. Preferimos que el dinero esté a disposición directa de los cántabros. Llegado el caso optaremos siempre por una tributación equitativa y solidaria.

José Ramón Blanco (Podemos).- Apostamos por una reforma fiscal progresiva dentro de las competencias autonómicas, lo que asegurará la suficiencia del sector público en la provisión de servicios y bienes públicos de calidad. En la práctica esto implica que, en términos relativos, aquellas personas con rentas medias y bajas pagarán menos impuestos y recibirán más del sector público, mientras que las rentas y patrimonios más altos serán quienes tengan que pagar más impuestos. Esto implica hacer más progresivo el IRPF en su parte autonómica, tanto en tipos como en deducciones; hacer efectivos los impuestos  sobre el patrimonio y su transmisión, respetando siempre unos mínimos que aseguren que las nuevas cargas únicamente afectarán a los patrimonios más altos y nunca a la mayor parte de los cántabros y cántabras; o acercar la fiscalidad medioambiental en Cantabria a los estándares de la Unión Europea.

Rubén Gómez, (C’s).- En primer lugar debemos conocer en detalle cómo están las cuentas, a partir de ahí se puede concretar más. Somos partidarios de una fiscalidad justa y sostenible donde apostamos, por ejemplo, por bajar el IRPF, así como los de sucesiones o donaciones. En cualquier caso ya digo que primero hay que conocer el estado real de las cuentas. Sí me gustaría matizar que el céntimo sanitario por el que me pregunta fue declarado ilegal por Europa y que, sin embargo, los cántabros hemos estado pagándolo mucho tiempo después, hasta que el gobierno tuvo a bien retirarlo, nosotros no apostamos por un impuesto de esas características.

CN.-En su opinión, ¿cuál sería la principal infraestructura pendiente en lo relativo a Cantabria?

Ignacio Diego (PP).- Aunque ya se ha hecho mucho en cuanto a mejoras en la línea ferroviaria entre Santander y Madrid, consideramos que el siguiente paso es impulsar la inversión de más de 300 millones de euros para conseguir que el trayecto se pueda realizar en 2 horas y 55 minutos. Una iniciativa en la que ya estamos trabajando. Por otro lado, y en lo que se refiere al desfiladero de la Hermida y al enlace de Sierrapando con la A-67 a la altura de Barreda, reivindicaremos la ejecución de dichas obras en cuanto toda la tramitación administrativa haya concluida y esté listo para su licitación. Hemos de recordar que están incluidas en el PITVI del Gobierno del  Estado.

Miguel Ángel Revilla (PRC)- El Tren de Alta Velocidad, sin ninguna duda. En este momento somos la única comunidad autónoma de la Cornisa Cantábrica excluida de la red ferroviaria de alta velocidad, como primero lo fuimos de las conexiones por autovía con la Meseta. Cantabria no puede permitir este nuevo agravio y yo, desde luego, si vuelvo a ser presidente no lo permitiré. Es cierto que la situación económica es difícil, pero no podemos admitir que los cántabros sean los únicos paganos, mientras los AVES de Galicia, Asturias y el País Vasco se siguen construyendo, cuando tienen además un coste muy superior al que supondría el de Cantabria. Puedo admitir que el proyecto se plantee en fases, acometiendo de inmediato la construcción hasta Reinosa, para abordar a continuación la llegada a Santander, pero lo que nunca aceptaré es que Cantabria sea la única autonomía periférica sin AVE.

Rosa Eva Díaz Tezanos (PSC-PSOE).- Modernizar la conexión ferroviaria Santander- Bilbao, dotándola de una infraestructura ferroviaria actual y eficiente con vía de ancho internacional. Cantabria por su ubicación central en la cornisa cantábrica y sus buenas comunicaciones tiene grandes posibilidades para convertirse en un gran centro logístico de España. Sin embargo las conexiones por ferrocarril son deficientes, especialmente la que nos comunica con Bilbao, una infraestructura que hay que mejorar porque es estratégica para conectar Cantabria con la alta velocidad española con el corredor del Ebro hacía el Mediterráneo y con Europa por Irún. Además nos acercará a un área de gran desarrollo económico y poblada.

Román San Emeterio (UPyD).- Las comunicaciones de mercancías y personas deben ser impulsadas y mejoradas en Cantabria. Lo que producen y producirán las empresas cántabras está destinado a encontrar mercados fuera de los límites autonómicos. Por ello hay que fomentar y potenciar los ejes fuertes existentes (como el eje del Cantábrico) y los ejes de futuro con fuerte potencial (como los ejes que el Atlántico nos ofrece: sur del Reino Unido, y arco atlántico continental) y ejes nacionales hacia el sur y el Mediterráneo. Todo ello además nos hará más accesibles para potenciar otros sectores, pues toda vía de comunicación es de doble sentido. Además, como actuación más concreta, en la red viaria impulsaremos la mejora de los accesos a Liébana desde la costa, una carretera de competencia nacional que necesita una actuación tan urgente como sensible.

José Ramón Blanco (Podemos).- Consideramos que se debe abandonar la política de infraestructuras faraónicas, con costes de construcción y mantenimiento inasumibles. En su lugar, se debe preguntar a la población y a las empresas sobre sus necesidades en este ámbito y actuar en consecuencia. Un ejemplo de esto es que existe una demanda clara para mejorar la infraestructura ferroviaria para que esta sea funcional y competitiva, tanto para el transporte de viajeros como de mercancías. No obstante, llevamos años escuchando que los políticos van a traer el AVE para cubrir esta demanda, cuando los estudios técnicos y económicos desaconsejan esa inversión. Esta lógica puede aplicarse al resto de infraestructuras de transportes, o a otras como las sanitarias, donde se ha privatizado parcialmente el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por decisión meramente política ya que alternativas para la construcción de la infraestructura existían.

Rubén Gómez, (C’s).- Debemos, antes de nada, esforzarnos por mejorar las que ya tenemos. No puede ocurrir que la catenaria del tren que nos une con Madrid pare la circulación cada poco tiempo. Mejorar nuestra red de mercancías es algo vital, tanto por tren como empleando el aeropuerto de Parayas (ahora Seve Ballesteros), dado que puede ser un impulso económico para la región.