El Gobierno central da forma a un procedimiento permanente para reconocer las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral a través del que quiere que más de tres millones de trabajadores obtengan un título de FP o certificado de profesionalidad en los tres próximos años. Con un presupuesto de 852 millones de euros, el plan deja amplia capacidad de decisión a las comunidades autónomas para establecer la manera de impartir la formación complementaria que sea necesaria, algo para lo que ya está trabajando una comisión con participación de los agentes sociales y las consejerías de Empleo y Educación. Las academias confían en hacer valer su experiencia para colaborar en un reto que califican de “colosal”.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2021

España es uno de los países europeos con un mayor porcentaje de población activa formada por trabajadores sin ninguna titulación, un lastre tanto para los trabajadores, que ven así limitadas sus posibilidades de desarrollar una carrera profesional, como para las empresas, que se encuentran con mayores dificultades para acceder a mano de obra cualificada. Buena parte de esos trabajadores sin titulación sí cuentan, en cambio, con buena parte de las competencias profesionales para realizar el trabajo en el que están empleados, y acreditarlo, impartiendo la formación complementaria necesaria para hacerlo, ha sido un objetivo perseguido por la Administración desde que en 2009 se publicara el primer decreto que establecía el derecho de estos profesionales no titulados a ver reconocidas las habilidades, conocimientos y destrezas adquiridos a través de su experiencia laboral. Desde entonces, los certificados de profesionalidad –unos títulos con valor equivalente a la FP– han sido especialmente demandados dentro de la oferta de formación para el empleo, pero en un volumen que se ha quedado lejos de los objetivos previstos. Ponerle remedio, y reducir de forma significativa ese porcentaje de población activa sin titulación, es el objetivo del Real Decreto publicado por el Gobierno el pasado 9 de marzo, que establece un procedimiento permanente para avanzar en ese propósito, removiendo las barreras burocráticas que, a juicio del legislador, son una de las razones que lastran el actual sistema.

Los certificados de profesionalidad son una de las modalidades de formación para el empleo más demandadas pero, aun así, están lejos de alcanzar las cifras que ahora se propone como objetivo el nuevo Real Decreto. Hasta ahora, los certificados con más demanda eran los que habilitaban para ejercer, como sucede por ejemplo con los profesionales de centros geriátricos.

El desafío que plantea el Real Decreto no elude las cifras, y es precisamente a la vista de estas donde pueden apreciarse las proporciones del mismo: con 852,5 millones de euros de presupuesto, el programa se plantea acreditar las competencias profesionales de tres millones de trabajadores de aquí a 2024, un dato que contrasta vivamente con los apenas 300.000 a los que se ha conseguido llegar en los 10 años de vigencia del actual sistema. A diferencia de este, en el que se establecían convocatorias concretas para determinadas cualificaciones, el nuevo sistema establecerá un procedimiento permanente para evaluar, y en su caso acreditar, competencias profesionales adquiridas en el desempeño del trabajo. Para ello se da una amplia capacidad de decisión a las comunidades autónomas, que desarrollarán la forma concreta de llevarlo a cabo. En el caso de Cantabria, ese trabajo se está realizando en una comisión con presencia de los agentes sociales y las consejerías de Empleo y Educación, y que recoge en su larga denominación la literalidad de su tarea: comisión de trabajo para elaborar la normativa para los procedimientos de evaluación de competencias profesionales adquiridas a partir de la experiencia laboral o vías no formales de formación.

Isabel Cuesta, directora gerente de CEOE-Cepyme de Cantabria, representa a la patronal cántabra en la comisión y no tiene dudas a la hora de calificar como “colosal” el reto que plantea el Real Decreto: “España es el país europeo que tiene más trabajadores sin una formación acreditada y, si tenemos en cuenta los antecedentes, vemos lo difícil que va a ser alcanzar las cifras que se mencionan: en diez años se ha conseguido llegar solo a un 2,42% de los potenciales beneficiarios, y llegar ahora, en cuatro años, a un 40% va a ser complicadísimo y va a hacer necesario un esfuerzo enorme de todas las partes”, señala la representante de CEOE, que considera que la aportación de los centros privados de formación tendrá la máxima relevancia para alcanzar ese objetivo.

Participación

Isabel Cuesta, directora gerente de CEOE-Cepyme de Cantabria.

A su juicio, conseguir llegar al número de trabajadores que plantea el Real Decreto dependerá de aspectos en los que las academias que imparten formación para el empleo pueden aportar la experiencia y el conocimiento adquiridos en esa función de intermediación entre lo que demanda el mercado de trabajo y la oferta formativa. Porque uno de los problemas que ha existido hasta ahora, recuerda, es la dificultad para llegar a los potenciales beneficiarios de los certificados de profesionalidad: “Hay que dar a conocer la oferta y generar demanda, porque si no, no se alcanzarán los objetivos. Lo que hemos visto con los certificados de profesionalidad es que sí existía demanda para aquellos vinculados a capacitaciones necesarias para ejercer: conductores de ambulancias, personal de geriátricos… Hay que aprovechar la cercanía de los centros de formación al mercado de trabajo para que sirvan como correa de transmisión para la Administración”. Y sobre todo, indica Isabel Cuesta, garantizar su presencia en lo que considera la fase crítica de todo el sistema: “El tribunal que evaluará las competencias del trabajador y que determinará y ofrecerá la formación necesaria para completar los conocimientos adquiridos con la experiencia. Ahí los centros de formación tienen que tener un papel relevante. Garantizar su participación me parece un factor decisivo para conseguir el objetivo que se plantea”. La impresión recogida en las reuniones realizadas hasta ahora por la comisión lleva a la gerente de CEOE-Cepyme a mostrarse relativamente optimista sobre las posibilidades de los centros de tener ese papel relevante que reivindica para ellos, y recuerda que el Real Decreto determina de forma explícita que en esos tribunales tiene que tener presencia el tejido productivo.

Alumnos en un centro de FP de Cantabria. El sistema de acreditación de competencias busca facilitar a los trabajadores el acceso a una titulación equivalente a la que se obtiene mediante procedimientos reglados.

Ángela García de los Salmones, portavoz de la plataforma de formación de CEOE-Cepyme de Cantabria, considera igualmente que los centros que imparten formación para el empleo, y que han sido también los encargados de impartir los certificados de profesionalidad desde que se dio forma a esta modalidad, deben ser parte protagonista en el nuevo sistema al que da forma el Real Decreto del 9 de marzo. A su favor, señala, está la experiencia acumulada, la relación ya existente con trabajadores y empresas y, finalmente, el propio proceso de adaptación realizado para adaptarse al nuevo modelo: “Estamos formando ya a asesores y evaluadores para la acreditación de competencias profesionales”, asegura.

Al igual que Isabel Cuesta, Ángeles García de los Salmones cree que no será nada fácil alcanzar las cifras de acreditación de profesionales que el Gobierno marca como objetivo, y que en el caso de Cantabria supondría avalar las competencias de 4.000 trabajadores ya este mismo año. “Va a ser muy complicado alcanzar esas cifras, y para ello va a ser fundamental dar mucha publicidad a este sistema, tanto entre las empresas como entre los trabajadores, que unos y otros sepan que se puede conseguir un título que acredite la capacidad por vías no formales de formación”.

La implantación en las empresas de los documentos que deben garantizar la igualdad de trato y oportunidades de hombres y mujeres avanza a trompicones, impulsada por la ley. La ampliación de la obligación de contar con estos planes a las empresas de más de 100 trabajadores ha supuesto, el pasado 9 de marzo, el último paso dentro de un proceso que continuará en 2021 con la incorporación de aquellas con plantillas de entre 50 y 99 personas. Actualmente, menos de medio centenar de empresas cántabras cuentan con un plan de igualdad, a pesar de que más allá del cumplimiento de la ley, hay en ello ventajas estratégicas.

Cristina Bartolomé |  @criskyraAbril 2021

Los planes de igualdad de las empresas empezaron a implantarse hace catorce años en España, haciéndose obligatorios con la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de 2007, completada en 2019 con la promulgación de un decreto ley de medidas urgentes y, ya el pasado año, con un nuevo decreto ley que amplió las reglas para la elaboración de los planes y su registro. Al cabo de estos años y estas actualizaciones de la norma, en Cantabria –y a fecha del pasado 1 de marzo– había 43 planes inscritos en el registro y depósito de convenios colectivos y planes de igualdad, según los datos de la Dirección General de Trabajo. Además de ser una cuestión destacada en la agenda política y en el ámbito social, y marcada por obligaciones y plazos legales, cabe preguntarse si una empresa es más competitiva cuando aplica un plan de igualdad. Partiendo de que la igualdad en la empresa es un derecho básico de las personas trabajadoras, Adela Sánchez, directora de Proyectos Europeos en CEOE-Cepyme Cantabria y coordinadora de la Comisión de Igualdad de la patronal, no tiene dudas: “Los estudios de casos demuestran que las empresas que adoptan la diversidad de género tienen un nivel de competitividad superior”.

El plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Así lo define exactamente la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de 2007. Según Adela Sánchez, esta norma fue pionera en el desarrollo legislativo de los derechos de igualdad de género en España: “Hay que destacar los cambios que supuso en el ámbito empresarial”.

Las empresas del Grupo Blendio, en la foto, han sido unas de las que más recientemente se han dotado de un Plan de Igualdad.

Los planes de igualdad se hacían obligatorios a partir de ese año 2007 para empresas de más de 250 personas trabajadoras, o en aquellas en las que así lo hubiera establecido el convenio colectivo. Su implantación obligatoria se ordena de forma progresiva en el tejido empresarial, de manera que, por ejemplo y en el paso más reciente, desde el pasado 9 de marzo deben contar con estos planes las empresas de más de 100 trabajadores, en tanto que las de más de medio centenar deberán implantarlo de forma obligatoria en 2022. La normativa también regula el proceso de elaboración de un plan de igualdad, de tal forma que las empresas deben constituir una comisión negociadora en un plazo máximo de tres meses desde que resulte obligatorio contar con el plan. A partir de ese momento la empresa tiene un año para hacer el diagnóstico, negociar, diseñar, aprobar el plan y hacer la solicitud de registro. “En algunas empresas, este plazo puede ser demasiado corto, porque las negociaciones pueden ser complejas y llevan tiempo”, asegura Adela Sánchez.

Fase de diagnóstico

Entre los parámetros a examinar  en el análisis previo a establecer un Plan de Igualdad están los definidos por el Decreto Ley de 2019: el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional y las condiciones del empleo, entre otros. El proceso puede deparar sorpresas, y no necesariamente negativas, según Adela Sánchez: “Muchas veces las empresas al hacer la fase de diagnóstico se dan cuenta de que ya venían realizando actuaciones de igualdad en la empresa, muchas veces sin ser conscientes de ello”. El diagnóstico tiene una importancia destacada y de hecho ha de incluirse en el propio plan junto con los resultados de la auditoria retributiva. Muchas empresas, explica la coordinadora de la Comisión de Igualdad de CEOE-Cepyme, aprovechan esta fase de diagnóstico para dar un salto cualitativo revisando los planes de diversidad en la empresa, incorporando aspectos como la edad, la nacionalidad, la discapacidad, o la raza. Lo que se recoja en el plan es de obligado cumplimiento y debe contar con el compromiso de la dirección de la empresa y con la implicación de toda la plantilla. “De hecho, la elaboración del plan de igualdad debe involucrar a toda la plantilla; toda la empresa debe saber y participar en la elaboración del plan”, destaca Sánchez.

En relación con su vigencia, las partes negociadoras tienen capacidad para decidirla, pero en cualquier caso el límite máximo de duración son cuatro años.  Esto quiere decir que no se trata de un proyecto que pueda quedar obsoleto, y más teniendo en cuenta la variabilidad del mercado laboral. Según la directora de Proyectos Europeos en CEOE-Cepyme Cantabria “debe ser un documento vivo y ser revisado”. Por otra parte, resulta lógico pensar que los planes de igualdad no son un cliché, sino un instrumento que debe adaptarse a cada empresa: “Es imposible copiar de una empresa a otra porque cada una tiene una realidad diferente”.

La norma legal establece la obligatoriedad del registro del plan de igualdad, que puede ser con o sin acuerdo. Pero, ¿qué ocurre si hay discrepancia entre las partes? En ese caso, explica Adela Sánchez, a la empresa se le asignará una codificación diferente, por ello desde CEOE se recomienda llegar a un acuerdo porque tiene muchos beneficios: “Por ejemplo, para la concesión del distintivo de igualdad se tendrá en cuenta si el plan ha sido negociado y acordado. Además, el que haya acuerdo en el plan de igualdad reduce la conflictividad en la empresa”.

¿Obligación legal o ventaja estratégica para las empresas?

Adela Sánchez, directora de Proyectos Europeos y coordinadora de la Comisión de Igualdad de CEOE-Cepyme de Cantabria.

Adela Sánchez considera que el plan de igualdad “por supuesto” debe estar alineado con la estrategia de la empresa y, en su opinión, este hecho tiene muchas ventajas, “no solo por argumentos legales y morales sino también financieros”. Teniendo en cuenta la sensibilidad de la sociedad actual, cada vez más comprometida con las empresas igualitarias, los consumidores, “cada vez más penalizan con sus decisiones de compra a las empresas menos comprometidas”, por lo que contar con un plan de igualdad “tiene un impacto reputacional sobre la empresa”.

Para la coordinadora de la Comisión de Igualdad de CEOE-Cepyme Cantabria, otra ventaja es que tienen más facilidad para acceder a concursos públicos: “La ley de contratación del sector público establece que para que una empresa pueda contratar con una administración debe tener un plan de igualdad”. Algunas administraciones publicas van incluso más allá, estableciendo en las bases de la convocatoria tenerlo acordado o incluso contar con el distintivo de igualdad del Ministerio, añade.

Además, el reciente plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España tiene la igualdad entre sus cuatro ejes transversales junto con la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social y territorial. “Es uno de los ejes que inspirarán las reformas estructurales y las inversiones que se pongan en marcha”, recuerda Adela Sánchez.

Examinando salarios:auditoría retributiva

Uno de los objetivos de la normativa pretende evitar diferencias salariales entre hombres y mujeres. Por ello, las empresas deben llevar un registro retributivo. Es obligatorio desde el 8 de marzo de 2019 y se aplica a toda la plantilla. También se incluye el personal directivo y los altos cargos. Según Juan José Rodríguez, responsable de la asesoría jurídica y legal de CEOE-Cepyme en Cantabria, el objetivo es analizar las diferencias que pudieran producirse y, en su caso, introducir las correcciones oportunas. “En definitiva, garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada”.

Y desde el 14 de abril de este año todas las empresas con obligación de aprobar un plan de igualdad deben incluir en el mismo una auditoría retributiva. Tiene por objeto comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad en materia de salarios y “debe servir para evitar, corregir y prevenir las diferencias en el sistema retributivo”, señala Juan José Rodríguez

Las empresas están obligadas a realizar sus registros y sus auditorías y, de momento, deberán hacerlo de la forma que consideren oportuna: “Con la incertidumbre de si los documentos que elaboren servirán para pasar los controles oficiales que puedan realizarse”, señala el asesor jurídico de los empresarios de Cantabria, que recuerda que, en realidad, la norma prevé que el registro pueda hacerse en el formato establecido en las páginas web de los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Igualdad: “Sin embargo hasta la fecha ninguno de los dos ministerios ha publicado ningún modelo”. En cuanto a la auditoría retributiva, la ley indica qué contenido debe tener, pero sucede lo mismo que con el resto de documentación, lamenta Rodríguez: “Hasta el día de hoy tampoco se ha publicado ningún documento oficial que pueda servir como modelo de referencia”. Y aunque esta auditoría forma parte del plan de igualdad, la guía para hacerlos publicada por el Ministerio de Igualdad, señala el asesor jurídico de los empresarios, tampoco contiene ningún capítulo dedicado a estos aspectos.

Parece claro que tener o no tener un plan de igualdad puede influir decisivamente en el devenir de una empresa, pero, ¿qué pasa si una empresa obligada a contar con uno no lo tiene? Según explica Juan José Rodríguez se incurre en una infracción muy grave y se expone a una sanción de entre 6.251 euros y 187.515 euros. “Además una sanción por una infracción de este estilo conlleva la prohibición de contratar con la Administración Pública durante el tiempo que se determine en la propia resolución sancionadora”.

También se considera infracción grave y castigada con una sanción económica que oscila entre los 626 y los 6.250 euros, el hecho de no cumplir con las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación. Eso, sin contar con el deterioro de su imagen pública, frente a sus propios trabajadores y sus clientes y proveedores.

Cantabria

Juan José Rodríguez, responsable de la asesoría jurídica y legal de CEOE-Cepyme en Cantabria.

En Cantabria la Ley de Igualdad prevé que los órganos de contratación de la Administración Pública podrán incluir en los pliegos la obligación de la empresa adjudicataria de aplicar medidas destinadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el momento de realizar la prestación, entre las que podrá estar la elaboración y ejecución de planes de igualdad. Teóricamente no es una prohibición para contratar, pero “puede suponer un sobrecoste en el precio del contrato adjudicado”.

Según la normativa de Cantabria las mismas dificultades para la obtención de subvenciones públicas pueden derivarse también del incumplimiento de obligaciones en materia de igualdad. “Como puede apreciarse, las consecuencias para las empresas derivadas de incumplimientos en materia de planes de igualdad pueden ser muy gravosas”, concluye Juan José Rodríguez.

Las competencias para examinar y llevar a cabo las sanciones, en su caso, corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es el servicio público que ejerce la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y puede exigir las responsabilidades pertinentes, normas entre las que se encuentran todas las relativas a los planes de igualdad, su contenido, aprobación y registro.

Es la Inspección la que, bien de oficio dentro de sus planes anuales de actuación, bien por denuncia de parte, realiza la investigación pertinente e instruye en su caso el procedimiento sancionador. Este procedimiento “será resuelto por la Autoridad Laboral en Cantabria, que es ejercida por la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria”, concluye Juan José Rodríguez.

Si no sufre nuevos retrasos, el próximo 1 de junio entrará en vigor un cambio normativo que afectará a todos los términos que componen la factura de la electricidad, cambiando completamente las reglas del sector e introduciendo lo que los expertos consideran la transformación más relevante desde la liberalización del mercado realizada hace casi dos décadas. La principal modificación tiene que ver con la forma en que los precios cambian en función de la hora y del mes, algo que dejará sin efecto muchos de los contratos actuales de particulares y empresas y que, en el caso de muchas de estas últimas, afectará al calendario de planificación de la actividad. Sin una optimización de consumos, una adecuada valoración de ofertas y una adaptación de instalaciones, algunos cálculos prevén incrementos de entre el 20 y el 32% en el precio que abonan actualmente las pymes y los consumidores industriales, respectivamente.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2021

La energía consumida por hogares y pequeñas empresas. El número 1 (color rojo) se corresponde con las tarifas más caras; el número 2 (amarillo) con los precios medios y el número 3 (verde) con los más baratos.

Nunca ha sido fácil para nadie entender la factura de la luz pero, si alguien ha llegado a conseguirlo, convendría que fuera pensando en olvidar lo aprendido y en prepararse para descifrar de nuevo las claves de las que depende la cantidad a pagar. Porque si no se produce un nuevo aplazamiento, a partir del próximo 1 de junio entrará en vigor lo que los expertos consideran la mayor reforma del mercado eléctrico desde la liberalización acometida hace 18 años, un cambio que afectará a la forma en que se tarifan todos los elementos que componen el precio, y que afectará tanto a los consumidores domésticos como a las pymes y las industrias. Un cambio en las reglas de juego que, en la práctica, pondrá en cuestión los contratos en vigor, y que incidirá en la forma en que se consume electricidad a lo largo del día y del año, abriendo un abanico de posibilidades que permitirá optimizar el gasto pero que también, si no se lleva a cabo con seguridad, puede llevar a que se paguen cantidades notablemente superiores a las que se abonan actualmente. Una posibilidad esta última que puede suponer un golpe definitivo para la competitividad de muchas empresas y que, en un momento marcado por la crisis y la pérdida de actividad en muchas de ellas, está detrás de los retrasos en la entrada en vigor de la reforma, prevista inicialmente para noviembre de 2020 y después para el pasado 1 de abril. La prórroga, decidida poco más de un mes antes de la última fecha prevista para la entrada en vigor del nuevo sistema, da algo más de margen para prepararse para el cambio.

Periodos que se tendrán en cuenta para facturar la potencia y la energía consumida por hogares y pequeñas empresas. El número 1 (color rojo) se corresponde con las tarifas más caras.

La circular 3/2020 de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) cambiará por completo los precios de la electricidad para cada hora del día y mes del año en que se produce el consumo, tanto en la parte referida a la potencia como a la energía utilizada. El primero de esos componentes –la potencia– forma parte de lo que el consumidor doméstico suele identificar como la parte fija de la factura: el precio que se paga con independencia del consumo, y que se refiere, por decirlo de alguna manera, al caudal de kilowatios a los que se puede acceder en cada momento y que, cuando se rebasa, lleva a que se interrumpa el servicio con lo que popularmente se conoce como saltarse los plomos. La otra parte, la correspondiente a la energía, se refiere al consumo efectivo realizado. Aunque las novedades alcanzan a ambos conceptos y a todo tipo de consumidores, los mayores cambios tienen que ver con la parte de la potencia –que hasta ahora para los consumidores domésticos tenía un coste idéntico con independencia de la hora y el día– y con los consumidores empresariales, que son los que en mayor medida pueden verse perjudicados –o beneficiados si son capaces de adecuar sus necesidades a la tarifa– con la variación de precios en el tiempo. En la parte de consumo sí estaba ya interiorizada –al menos en parte y aunque esto no era así en todos los contratos– la idea de que consumir energía podía ser más caro o más barato en función de la hora del día, pero también aquí se da una vuelta a lo que ahora existe, cambiando los calendarios de aplicación, esto es, el precio que se abona en función de las horas y la fecha. El resultado de todo ello es una mayor complejidad en la tarea de adecuar consumos, tiempos y tarifas, pero también mayores posibilidades de optimizar lo que se paga por consumo eléctrico.

Energy Watch es una ingeniería y consultora cántabra que lleva desde 2003 ofreciendo un amplio catálogo de servicios relacionados con la energía, para cualquier perfil de consumo y siempre con el objetivo de aprovechar las oportunidades del mercado para conseguir la máxima eficiencia y ahorro en el consumo. Jesús Ruiz Conde, director de la empresa, no tiene dudas a la hora de valorar el alcance de las modificaciones que se producirán con la entrada en vigor de la circular de la CNMC, el próximo 1 de junio: “Son los cambios más relevantes en el sector eléctrico desde la liberalización de 2003 y afectarán a todos los tipos de consumidores sean domésticos, pequeños comercios, pymes, grandes consumidores industriales o ayuntamientos”, asegura Conde, que considera que de todo ello se derivará un vuelco en la situación actual que, si no se hace nada, implicará subidas en la factura. Para minimizarlas, o incluso para revertirlas, será necesaria conocer al detalle el propio consumo –tanto de potencia como energía– y valorar la cada vez más numerosa oferta de las comercializadoras, labores ambas hoy por hoy muy  complicadas de asumir para gran parte de los consumidores eléctricos, y que forman parte de la oferta de servicios de Energy Watch.

Cálculos

La consultora incluye en su web una aplicación que, a partir de los datos introducidos por el usuario, calcula el impacto que la modificación tendrá en su factura de la luz. Los técnicos de la empresa, además, han realizado en los últimos meses decenas de estudios personalizados a clientes corporativos, tanto pymes como grandes empresas, y tanto a consumidores de media como de alta tensión. A partir de sus cálculos, las estimaciones de Energy Watch cuantifican que el incremento en los precios se moverá en la horquilla que va del 21 al 25%, en el caso de los consumidores tipo pyme, y en un intervalo de entre el 25 y el 32% para la industria. Para consumidores y micropymes, el incremento será de entre el 8 y el 12%. El cálculo, lógicamente, parte de la situación actual y no tiene en cuenta los cambios futuros que pueda haber en la oferta de las compañías. Dos elementos –cómo se consume, y qué ofrece el mercado–  de cuya convergencia dependerá el importe de la factura en mayor medida aun de lo que sucede actualmente, lo que dará pie a que con potencias y consumos muy similares, dos consumidores del mismo perfil –ya sean domésticos o empresas– abonen importes muy diferentes.

Calendario para la potencia y la energía consumida en la tarifa 3.0TD

El director de Energy Watch detalla los cambios que llevará aparejados la entrada en vigor de la circular de la CNMC: para los consumidores domésticos y el pequeño comercio, desaparecen las actuales tarifas 2.0A, 2.0DHA, 2.1A o 2.1DHA –identificables en la factura como ‘Término tarifa’ o ATR– que pasan a agruparse en una nueva y única denominada 2.0TD; para los consumidores pyme en baja tensión –identificados en la factura como ATR 3.0A, y que serán uno de los grupos más afectados por el cambio– se aplicará un nuevo calendario denominado 3.0TD; y para las instalaciones en media y alta tensión –identificadas actualmente con las tarifas ATR 3.1A y 6.X– se aplicará el calendario denominado 6.0TD. Para cada una de las nuevas tarifas se establecen unos precios para el consumo y la potencia que serán altos, medios y bajos, o altos y bajos dependiendo de la hora y del día de la semana –en domicilios y pequeños comercios– y de la hora del día y el mes del año en el caso de las instalaciones de baja, media y alta tensión, donde las escalas de precios serán seis, según los horarios y calendarios que se muestran en estas páginas en forma de cuadros.

Calendario para la potencia y la energía consumida en la tarifa 6.XTD

“Una de las incógnitas a despejar –señala Ruiz Conde– es qué sucederá con los actuales contratos, firmados cuando las reglas eran otras y que, por lo tanto, deberían quedar sin efecto a partir del 1 de junio”. El director de Energy Watch aconseja a los consumidores estar muy atentos a las ofertas que reciban de las comercializadoras en los próximos meses, y que tengan en cuenta las modificaciones que van a entrar en vigor en junio. Aunque actualmente ya existía la discriminación horaria, los cambios al determinar la tarifa por horas y el establecer tres categorías de precio son modificaciones que pueden cambiar por completo lo que se paga. El caso de la potencia, que hasta ahora tenía un precio único, establece las mayores novedades para los particulares y las empresas más pequeñas: “En una instalación doméstica poco se puede hacer para ahorrar en la potencia contratada, salvo en el caso de segundas viviendas. En el pequeño comercio, según su actividad y horario, sí puede valorarse el contratar distintas potencias para cada periodo como una fuente de ahorro económico en la factura”, señala el director de Energy Watch que admite que en cambio en la parte de consumo, y a diferencia de lo que sucede en los hogares, el comercio tiene muy poca capacidad para llevarlo a las horas más baratas.

Empresas en baja, media y alta tensión: los mayores cambios

Aunque los hogares y las pequeñas instalaciones en pymes constituyen la mayoría de los más de 29 millones de clientes del sector eléctrico español, los mayores cambios, y los que más capacidad tienen para alterar la forma de consumir electricidad, son los que afectan a las empresas con instalaciones de baja, media y alta tensión. En general se trata además de consumidores –en muchos casos industrias de tamaños variables– con más capacidad para cambiar formas de trabajo y producción con vistas a adecuarlas a las tarifas, si bien ello puede implicar cambios organizativos de cierto calado a la vista de las nuevas reglas: “Las empresas van a tener que estudiar muy bien el nuevo calendario y tratar de adaptar su demanda a los periodos más baratos; si su proceso productivo se lo permite, también podrán fabricar para aprovisionar en los periodos más económicos del año. Por el contrario, si el horario de trabajo lo es a tres turnos, lamentablemente, poco van a poder modular su consumo”, explica Ruiz Conde.

Para estos consumidores se tendrán en cuenta seis escalones de precio, tanto para la potencia como para la energía consumida, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para adecuar consumos y tarifas a aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo. Aunque las seis escalas de precio ya existían en las instalaciones de alta tensión, explica el director de Energy Watch, cambian los calendarios, y en algún caso de forma muy significativa: “Por ejemplo agosto, que tradicionalmente era periodo 6 –el más barato–, ahora pasa a ser periodo 3, periodo 4 y periodo 6, dependiendo de la hora, lo que sin duda afectará a los costes de fabricación”.

En el caso de los consumidores empresariales de baja, media y alta tensión, entra en juego también la forma en que se facturan los excesos de potencia. En instalaciones de menos de 50 kW de potencia contratada, señala Ruiz Conde, se facturará como hasta la fecha, con maxímetros, mientras que si la potencia es superior a esos 50kW, se contabilizará el número de veces en los que, para cada periodo, se excede la potencia contratada y  por qué valor: “Será más caro excederse tres veces de la potencia para el periodo más caro, que las mismas tres veces para el periodo 6, el más barato, y no costará lo mismo excederse en una ocasión por un valor del 10% que por un valor del 40% de la potencia contratada”.

Jesús Ruiz Conde, director de Energy Watch.

La forma de facturar la potencia en baja tensión será el resultado de sumar el importe del 100% de la potencia contratada, a lo que habrá que añadir el importe de los excesos por maxímetros. En alta tensión –la actual tarifa ATR 6.x– no cambia la forma de facturar esos excesos, aunque sí los importes de su coste por cada periodo. En media tensión –la actual tarifa ATR 3.1A– se contabilizará el número de veces en los que, para cada periodo, se excede la potencia contratada y por qué valor, de una forma similar a cómo se hará en la alta tensión.

Los consumidores industriales tendrán un cambio más a tener en cuenta, referido a la energía reactiva, un concepto muy técnico que hace referencia a aquella potencia no útil que se inyecta en la red y cuyo recargo en la factura las empresas intentan minimizar a través de baterías de condensadores. Un factor más a considerar y que da cuenta de la complejidad de elementos que se ponen en juego en la tarifa eléctrica que abonan las empresas, un coste que tiene un impacto directo en su competitividad. Manejar todas esas variables será aun más complicado a partir del próximo 1 de junio y, al ampliarse el diferencial de precios entre quienes gestionen mejor o peor su factura energética, también será mayor la relevancia que ese coste tendrá términos estratégicos. Un nuevo desafío en un campo, el de los costes eléctricos, que en España siempre ha sido un quebradero de cabeza, tanto para los particulares, como para las empresas.

Aunque pendiente aún de adaptarse a la legislación española, la entrada en vigor de la nueva normativa europea que regula el uso recreativo y profesional de los aparatos voladores no tripulados ha removido ya alguno de los obstáculos que dificultaban el desarrollo del sector, que sufría los efectos de una regulación que avanza a un ritmo mucho menor de como lo hace la tecnología. La menor carga administrativa y la mayor claridad en los requisitos para volar y en la identificación de las zonas donde puede hacerse son factores que deberían impulsar una actividad que nunca ha terminado de desarrollarse en la medida que apuntaban algunas previsiones. A falta de concretar esas expectativas y con más de 5.000 operadores registrados, el sector afronta el reto de su profesionalización con lo que parece un claro exceso de oferta.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Marzo 2021

Las enormes expectativas generadas en torno al uso de los aparatos de vuelo no tripulados –los popularmente conocidos como drones– han venido topando en los últimos años con un abanico de obstáculos que han lastrado el desarrollo de un mercado en el que, como suele ser habitual en el ámbito de las tecnologías de la información, la realidad ha corrido muy por detrás de los pronósticos, aunque  sin llegar a cuestionarlos. Con ese precedente, es comprensible que las previsiones que apuntan a que este 2021 será el año del verdadero despegue de los drones se reciban con cierto escepticismo, tras las afirmaciones similares que se han visto frustradas con anterioridad. El actual optimismo, sin embargo, no se asienta tanto en el amplísimo potencial de aplicaciones para las que pueden utilizarse estos aparatos como en remover el que hasta ahora había sido uno de las principales obstáculos para su uso: una legislación muy restrictiva que no respondía a las necesidades ni de los usuarios recreativos ni de los profesionales, y que tampoco facilitaba el trabajo de los encargados de hacerla cumplir. La novedad con la que ha arrancado el año, y que todavía deberá concretarse legalmente dentro de unos meses, es la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo que regula la fabricación y el uso de los aparatos de vuelo no tripulados, estandarizando las normativas de los diferentes países y regulando quién, dónde y cómo puede operar con estos dispositivos.

El último listado de operadores de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS, por sus siglas en inglés) hecho público por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) incluye más de 5.000 registros. Dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la AESA es el organismo encargado de regular el uso de los drones en España, y figurar en su registro es requisito imprescindible para poder utilizar profesionalmente uno de estos aparatos. Lo amplio del abanico de aplicaciones de los vuelos no tripulados ha venido apuntándose ya desde que hace casi una década comenzase a hablarse de las posibles aplicaciones civiles de una tecnología que, hasta entonces, era utilizada únicamente en el ámbito militar: desde la toma de imágenes aéreas al transporte de paquetería, pasando por el control de cultivos o infraestructuras y llegando, en las proyecciones más futuristas, al transporte de personas en raudos servicios de aerotaxi. Poco de ello de ha concretado en los últimos años, sobre todo en los volúmenes que indicaban algunas previsiones, un desajuste que en buena medida se explica por las tradicionales dificultades que el legislador tiene para seguir el ritmo que marcan las novedades tecnológicas. El dato del número de operadores registrados, que ha registrado un enorme salto adelante en los últimos meses, es uno de los principales indicadores de un cambio de tendencia y de las expectativas generadas por el reglamento europeo y por el anuncio del real decreto que prepara el Gobierno para adecuar a este toda la normativa española que regula el sector.

Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, volando un dron en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

El del número de operadores no es el único dato que confirma la, ahora sí, pujanza del uso profesional de los drones. Probablemente el indicador más significativo es el aumento exponencial de solicitud de permisos de vuelo registrado por Enaire, la empresa pública –dependiente, como AESA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– que gestiona la navegación aérea en España. Según indicó el responsable de su Departamento de Desarrollo de Negocio de Drones en una jornada celebrada el pasado mes de diciembre en Madrid, las peticiones recibidas para operar con drones en espacio aéreo controlado y no controlado registraron en 2020 un incremento del 172% respecto a 2019.

Aunque la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo no supone una derogación del que hasta ahora regulaba el sector en España, abre un periodo transitorio hasta la publicación del Real Decreto que deberá adoptarla –que se espera no mucho más allá del próximo verano– y tiene ya algunos efectos prácticos que han cambiado de forma notable las posibilidades de volar con drones en determinados espacios. El cambio más relevante es el que tiene que ver con la regulación de las zonas de control (CTR por sus siglas en inglés) que protegen el tráfico de entrada y salida de los aeropuertos, donde las restricciones hasta el pasado 1 de enero eran tantas que, en la práctica, hacían casi imposible operar con drones en ese espacio. En el caso de Cantabria, eso suponía vetar tal posibilidad en todo el área de la bahía de Santander, una de las zonas en las que más demanda potencial existe para trabajos a realizar mediante drones.

Hasta este pasado 1 de enero, para volar en zonas CTR era necesario estar habilitado para ello por AESA, que solo había concedido esa autorización a 25 operadores en toda España. Con la nueva regulación, es posible volar en estas áreas restringidas para aquellos operadores que cumplan los requisitos que establece la normativa y que notifiquen los vuelos según los procedimientos establecidos que, incluyen, entre otros aspectos, formalizar una solicitud al Ministerio del Interior, notificar el plan de vuelo y coordinarse con Enaire, además de mantener comunicación con la torre de control del Seve Ballesteros-Parayas antes y después del despegue, y hasta el aterrizaje del dron. Concedido el permiso, y cumplido el resto de condiciones, es ya posible volar profesionalmente en una zona CTR para un operador dado de alta en el registro.

El control del cumplimiento de la normativa para volar drones –ya sea de forma recreativa o profesional– corresponde a la Policía Nacional, que lo hace en las áreas urbanas de Santander y Torrelavega, y a la Guardia Civil, a la que corresponde esa tarea en el resto de la región. A la espera del nuevo real decreto que adapte definitivamente el reglamento europeo, la legislación a aplicar sigue siendo la que desde 2017 regula las condiciones para pilotar uno de estos dispositivos de vuelo no tripulados, y las zonas donde es posible hacerlo. Ahí entran las licencias, las características de los aparatos, los seguros y los permisos que se requieren en cada caso. Desde el pasado mes de diciembre, la Policía Nacional cuenta en Cantabria con un departamento específico para controlar la operativa con drones, a la que le corresponde tanto la vigilancia preventiva como la comprobación del cumplimiento de las condiciones en los vuelos para los que se solicita el correspondiente permiso. Ricardo Díaz, responsable del departamento, hace una valoración positiva del grado de conocimiento y acatamiento de la normativa por parte de los profesionales, y no tanto en el caso de quienes utilizan estos dispositivos en el ámbito recreativo: “En general los profesionales son conscientes de lo que implica trabajar con drones y conocen la normativa. Entre los aficionados sí que hay un mayor desconocimiento y cierta inconsciencia. Un dron no es un juguete, pero hay quien sigue viéndolo así”, indica el policía, que considera que es demasiado pronto para hacer una valoración de la incidencia que puede tener el cambio regulatorio para adaptarse a la normativa europea, en tanto este no se concrete en el correspondiente decreto.

Chema Echeverría, gerente de Maremagno Comunicación y Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, la marca que identifica al departamento con el esta empresa ofrece sus servicios de grabación mediante drones.

El incumplimiento de la normativa conlleva sanciones que van desde los 60 a los 225.000 euros para los aficionados, y desde 4.500 a los 4,5 millones de euros para los profesionales. En 2019, último año del que se han facilitado datos, AESA impuso sanciones por un importe total de 173.452 euros, la mayor parte por no ser un operador habilitado, no cumplir los requisitos relativos a la aeronave o sobrevolar zonas no permitidas. Este último, por ejemplo, es el caso del dron que sobrevoló la Puerta del Sol durante la celebración de la última nochevieja, cuyo piloto se enfrenta a una sanción mínima de 12.000 euros por sobrevolar en una zona restringida y hacerlo por encima de personas. Aunque puede pensarse que el control de las infracciones no es tan sencillo como pueda hacer pensar este último caso –un vuelo irregular realizado ante miles de testigos, y con las cámaras de televisión delante– lo cierto es que la tecnología hace ya posible localizar cualquier vuelo que se esté realizando en un área determinada, identificando inequívocamente al aparato y a su propietario: “Disponemos de equipos con capacidad para detectar que se está utilizando un dron, y cada unidad emite una señal única, lo que permite saber de qué aparato se trata en cada caso”, señala Ricardo Díaz.

De acuerdo a la que contempla el reglamento europeo, la adaptación de la nueva normativa no debería suponer ninguna relajación de los requisitos y limitaciones actuales, pero sí probablemente una simplificación de los mismos que clarifique qué puede hacerse, y qué no, en cada circunstancia y que, sobre todo, aligere la carga administrativa. Así por ejemplo, el reglamento europeo establece una ‘categoría abierta’ que abarca las operaciones de menor riesgo, que no requerirán autorización ni comunicación a AESA. Por encima de esta, habrá una ‘categoría específica’ que, dependiendo de las circunstancias, sí requerirá la autorización y la adecuación de medidas dependiendo de cada escenario. El riesgo más elevado, que se identifica como ‘categoría certificada’, se corresponde con usos como el transporte de mercancías o personas y el vuelo sobre zonas habitadas.

Además de la necesidad o no de comunicación y autorización previa por parte de AESA, el definitivo real decreto que adapte la normativa europea deberá regular las licencias y formación necesaria de los pilotos para operar en cada categoría y con qué aparatos, además de establecer las condiciones para que las titulaciones existentes puedan homologarse con las de nueva creación. Esta última es una incógnita que algunos profesionales han preferido despejar inmediatamente, sacando las nuevas licencias y evitando así cualquier sorpresa que pueda producirse en el posterior proceso de adaptación. Es el caso de Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, la marca bajo la que Maremagno Comunicación –empresa editora de Cantabria Negocios– ofrece servicios de fotografía y vídeo aéreos mediante drones. Ruiz Garmendia superó en febrero las pruebas para la obtención de las licencias A1/A3, que permiten operar aparatos de hasta 25 kilos en categoría abierta, y la STS que habilita para escenarios estándar dentro de la categoría específica. Son licencias que cubren prácticamente todo el abanico de posibles usos profesionales de drones para fotografía, vídeo o mediciones aéreas, y que –a diferencia de las titulaciones actuales– son válidos en cualquier país europeo.

El director de Aerosport Foto, que pilota drones desde 2015, está convencido que con la nueva normativa se agilizarán todos los trámites para explotar profesionalmente los aparatos de vuelo no tripulados, dando un impulso a un sector que no ha terminado de alcanzar la actividad que se esperaba. A corto plazo, señala, la posibilidad de atender encargos en zonas CTR supondrá ya un impulso a un mercado que tiene sus principales clientes en la industria, la construcción y el turismo y que, debido a ello, tiene a un gran número de potenciales clientes en zonas urbanas cercanas a aeropuertos. Aun con las limitaciones que existían hasta el pasado 1 de enero, Aerosport Foto ha realizado trabajos en Cantabria y en prácticamente todas las comunidades autónomas, con clientes como Campofrío, Grupo Bailón, la Diputación Foral de Vizcaya o Ingeteam, y tareas casi siempre relacionadas con la toma de imágenes para vídeos corporativos, pero también en seguimiento de obras, vídeo turístico, fotografía 360 o termografías.

La condición de mercado en expansión que tiene la operativa con drones, impulsado ahora por la actualización de la normativa, alimenta también algunos desequilibrios que constituyen la principal incertidumbre de cara al futuro más inmediato. Chema Echeverría, gerente de Maremagno Comunicación, confía en que los cambios sirvan para profesionalizar un sector en el que considera que existe un claro exceso de oferta y con una escasa estructura empresarial entre los operadores: “Es cierto que este año tenemos buenas perspectivas de facturación en los servicios que ofrecemos con drones, pero aun así la actividad no sería rentable si no estuviera integrada dentro de una empresa que tiene un catálogo más amplio, y que nos permite sinergias en la comercialización y con el resto de productos”. Pese a lo que eso aporta en términos de competividad y economías de escala, explica, es habitual encontrarse con competidores que ofrecen precios que considera completamente fuera de mercado, como jornadas de grabación por menos de 80 euros: “No es posible cumplir la normativa, pagar seguros y amortizar equipos con ese precio”.

Aerosport Foto cuenta con un parque de 5 drones –un Mavic Mine, un Mavic Air 2, dos Phantom 4 y un Phantom 4 ProV2.0– con lo que dar respuesta a las diferentes necesidades que puede plantear cada encargo. Junto con las emisoras y los seguros, Antonio Ruiz Garmendia calcula que la inversión total se acerca a los 13.000 euros. Son cantidades que obligan a trabajar de forma habitual para rentabilizarlas, algo que no habitual en muchos de los operadores, autónomos que tienen una presencia intermitente en la actividad. Entre los encargos atendidos en el último año por parte de la marca de Maremagno Comunicación para el servicio de drones, hay proyectos que van desde los 700 a los más de 10.000 euros, estos últimos casi siempre trabajos que implican un seguimiento en el tiempo. “La demanda de tareas que pueden realizar los drones va a seguir aumentando, sin duda, pero no tanto como para justificar el brutal crecimiento que se ha dado en el número de operadores. Tendrá que haber una reordenación del sector”, concluye el gerente de Maremagno Comunicación.

Los pequeños negocios dedicados a la fabricación y venta de joyas no pasaban por un buen momento ya antes de la pandemia, pero la llegada de esta ha supuesto para muchas el empujón definitivo para bajar la persiana. El difícil relevo generacional era el principal lastre para la continuidad cuando la irrupción de la crisis sanitaria provocó un frenazo en el mercado que tumbó la rentabilidad de estos establecimientos. La incertidumbre económica, unida a la ausencia de celebraciones y eventos que propicien la entrega de regalos, han acelerado el descenso en el número de joyerías, que en la última década ha pasado en Cantabria de más de 200 tiendas a apenas 75.

Sara Sánchez Portilla | Marzo 2021

El año 2020 no ha sido propicio para gastar en joyas y todo apunta a que el 2021 tampoco lo será. Ni fiebre del oro, ni fiebre de otros metales, el impacto de la pandemia y las estrecheces económicas han generado una considerable caída de las ventas, además del cierre definitivo de muchos negocios dedicados a elaborar y vender productos de joyería. En la actualidad, España cuenta con 12.000 puntos de producción y comercialización de joyas, de los cuales 4.000 pertenecen a autónomos. Son  en su mayoría negocios pequeños y familiares que subsisten en un mercado con escaso relevo generacional, y que afrontan un futuro lleno de incertidumbres.

Esas perspectivas no eran especialmente favorables antes de la irrupción de la crisis sanitaria, y se han visto agravadas debido al confinamiento, el cierre perimetral y de comercios y la escasa celebración de eventos sociales, tradicionales motores de la demanda de este tipo de artículos. Salvador Victorino Fernández, presidente de la Agrupación de Joyeros, Relojeros, Orfebres y Gemólogos de Cantabria, señala que toda esa situación ha llevado a que se produzca un “bajada considerable” en el número de establecimientos que mantienen la actividad en la región, que en la actualidad se sitúa en 75 joyerías. Además, recalca que el sector suma a todos los condicionantes y dificultades que hoy tiene el mercado el hándicap de la continuidad generacional, que ha llevado a muchos de los establecimientos al cierre por jubilación –“en el mejor de los casos”– y no da pie a que el negocio siga adelante dentro del núcleo familiar.

“Para nuestros sucesores, la joyería está dejando de ser un negocio rentable. Estamos pasando a ser un sector de segunda clase. La inversión que tiene que realizar un joyero es importante y las generaciones más jóvenes cuando ven la situación no lo ven una salida a la crisis y desempleo, y razón no les falta”, señala el representante de los joyeros cántabros.  Los jóvenes, indica Salvador Fernández, tienen otra perspectiva de empleo y futuro y no quieren, admite, un negocio que “dé pérdidas, sino algo novedoso y rentable”.

Cantabria cuenta en la actualidad con unas 75 joyerías en funcionamiento. Según los cálculos del sector, al menos 20 tiendas han cerrado en los últimos 6 años.

Debido a la restricción de aforos y a la escasa o nula realización de eventos sociales se ha “prescindido” de la realización de regalos para eventos sociales y celebraciones como bodas, aniversarios, bautizo o comuniones, por mencionar los actos más propicios a la compra de joyas o relojes como obsequio, a los que hay que sumar otros igualmente afectados por las suspensiones, como las competiciones deportivas de base. “Este tipo de regalos ha caído más de un 60% en cuanto a ventas. Se ha visto afectada la joyería, la relojería, los detalles de homenajes para todo tipo de eventos. Por ejemplo, todos las medallas y trofeos, en referencia a deportes y eventos deportivos ha disminuido la venta de forma sustancial”. Sin embargo, otro tipo de detalles han tenido mayor equilibrio y, como apunta Salvador Fernández, en el caso del regalo personal tan sólo ha registrado un descenso del 20%. “Los complementos han pasado a no ser imprescindibles, pero sigue habiendo el detalle para la pareja y familiar más allegado”, comenta.

Cuando los joyeros de pequeños establecimientos oyen hablar de cierre perimetral “se echan las manos a la cabeza”, señala el presidente de la asociación que los agrupa: “Cerrar puertas implica que en el mejor de los casos vas a seguir pagando tus letras, mercadería, alquiler, pero no obtendrás ningún beneficio”, asegura Salvador Fernández, quien hace balance y recuerda cómo, diez años atrás, llegada la época de Navidad era necesario más personal y los pequeños comercios contrataban a más de tres empleados debido a la cantidad generosa de clientes que demandaban joyas para sus regalos navideños.

“También hace diez años había alrededor de 200 joyerías en la región y ahora apenas somos 75.  Los joyeros de la región lo están pasando muy mal, no es una situación agradable, por eso muchas joyerías han cerrado por jubilación del personal, pero lo malo, es tener que jubilarse porque no se puede llegar a últimos de mes”, señala el representante de los joyeros, que calcula que en Cantabria habrán cerrado, en los últimos seis años, una veintena o más o más de establecimientos: “Pero no solo hablamos de joyerías, que es lo que se ve físicamente, detrás de la joyería está el taller, personal dedicado al arreglo de joyas y relojes, y talleres cada vez quedan menos”, lamenta.

A todo lo anterior hay que sumar un cambio de paradigma que está afectando especialmente al joyero tradicional. Cada vez son más las tiendas con grandes marcas que ocupan considerables establecimientos y acaparan la clientela, dejando al pequeño comercio de lado. Sin embargo, según Salvador, esto no supone un gran problema y solo es, dice, “una competencia más”: “Las marcas tienen su aquel. Las marcas grandes también son vendidas en joyerías, como puede ser el caso de Pandora, por poner un ejemplo. En el caso de Tous les interesan más las franquicias porque es una marca familiar y consolidada, buscan vender en franquicias en vez de en comercio al detalle. Sin embargo, creo que simplemente es una competencia más. Todo nuestro sector depende de lo que la gente quiere gastar y a qué precio. Igual hace unos años a los clientes no les importaba hacer un regalo de más de 200 euros, mientras que ahora se mira mucho por lo que se gasta”, explica.

Y aunque la situación hace que “no haya tantos desembolsos” las compras navideñas trajeron un repunte en las ventas, concretamente en las de oro, como recalca Salvador Fernández: “Hemos concluido que la gente al no hacer viajes o celebraciones ha invertido parte de lo que no ha gastado durante la pandemia, regalando una joya. Un ahorro que antes se gastaba de otra forma, viajando por ejemplo, las personas han preferido  disfrutarlo de otras formas. Esto supuso un repunte de un 10% en nuestras ventas”.

Joyería cerrada en la calle Juan de Herrera de Santander, en una de las principales zonas comerciales de la capital de Cantabria.

Para el sector de la joyería, teniendo en cuenta la situación vivida durante los últimos meses, esa pequeña subida en las ventas “significa mucho”, sobre todo cuando los pequeños comercios salieron del confinamiento de la pasada primavera con un stock “bastante importante”, según explica el representante de los joyeros cántabros que destaca también cómo influyen las tendencias y las modas. Antes, señala, era habitual buscar una joya personalizada, única, como también encargar arreglos o adaptaciones de la joyería que ya pertenecía al cliente. “Antaño la compostura de arreglar cadenas era prioritaria, ahora ha pasado a un segundo plano. El cliente prefiere comprar una joya nueva, y las joyas a medida han perdido mercado. Si en un año te piden dos diseños adaptados te puedes dar con un canto en los dientes. Todo ha cambiado, los hábitos, los gustos, las modas”.

No obstante, Salvador Fernández también advierte de lo imprescindible que es adaptarse a estas nuevas tendencias y cómo añadir novedades y que el cliente vea que se renueva el muestrario es algo a lo que todos los joyeros tienen que dar respuesta.  Por esa vía, señala, es por donde es posible hacer que el sector resurja. “Lo que tenemos que hacer es reinventarnos, buscar otras salidas. Aunque el sector de relojería ha bajado en la venta de relojes, el reloj analógico y digital, el cliente busca otro tipo de relojería, en este caso la inteligente, los famosos ‘smart-watch’. Antes de empezar la pandemia se empezaron a ver este tipo de relojes en relojerías, nosotros cuando cerramos introducimos el primer ‘smart’ por un precio muy asequible, y tuve pedidos de más de una docena. Esto lo que implica, lo que sugiere, es que estemos abiertos a todo tipo de novedades que van llegando”, explica.

Cabe destacar que la pandemia y sus estragos también han tenido un punto positivo es un aspecto que siempre ha preocupado al sector, y que tiene una incidencia directa en sus cuentas: la seguridad. Las joyerías siguen siendo negocios de “bastante riesgo” que han sufrido actos de delincuencia que han conllevado considerables pérdidas para los dueños de los establecimientos. Gracias a la pandemia, al estado de alarma y a las restricciones horarias los delitos en este sector han supuesto una bajada importante de la criminalidad.

La tasa de criminalidad en Cantabria, hecha pública por el Ministerio del Interior, ha determinado que la comunidad autónoma es una de las más seguras de España, con una incidencia de 28,5 delitos por cada 1.000 habitantes. Eso sitúa a Cantabria 8,9 puntos por debajo de la tasa de criminalidad del conjunto del país, que es de 37,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Por lo que el número total de infracciones penales en Cantabria entre enero y diciembre del pasado año ha sido de 16.598, lo que supone 1.475 delitos menos que en el año 2019, estimando el porcentaje en un 8,2% de disminución.

Salvador Victorino Fernández, presidente de la Agrupación de Joyeros, Relojeros, Orfebres y Gemólogos de Cantabria.

Cifras que el sector de la joyería valora positivamente.  “Tenemos negocios de bastante riesgo, porque el oro cuando lo roban es fácil de fundir, ponerlo en movimiento y hacerlo desaparecer mientras que en otro tipo de artículos no es tan sencillo. Nosotros tenemos que hacer un desembolso muy importante en seguridad, todos tenemos cámaras de videovigilancia, tenemos nuestros seguros, contratos con centrales de alarma y ni eso evita que roben. Lo que sí hemos notado es que con los toques de queda y restricciones de movilidad han disminuido los delitos a nuestros negocios. Porque si a las diez de la noche tienes que estar en casa no queda otro remedio, no puedes estar delinquiendo”, concreta Salvador Fernández, quien además apunta que la limitación de aforo ha hecho que los robos al descuido también hayan disminuido considerablemente: “En seguridad nos estamos manteniendo, pero claro, hemos tenido momentos muy malos y al cabo del año se notaba en la facturación y cuesta levantarse. Y si las cosas no van muy bien, tiras la toalla”, concluye el presidente de la Agrupación de Joyeros, Relojeros, Orfebres y Gemólogos de Cantabria.

Cantabria cubre las últimas etapas para configurar un ‘digital hub’ que sirva como punto de encuentro entre la oferta y la demanda de tecnología, que unifique el acceso a los recursos para la innovación y que apoye la digitalización de administraciones y empresas, con especial atención a pymes y micropymes. Instrumento obligado para acceder a la fondos del programa Europa Digital 2021-2027, el ‘digital hub’ podría estar operativo en el segundo cuatrimestre del año que viene, con un presupuesto inicial que rondaría los 1,3 millones de euros.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Diciembre 2020

Es habitual que para definirlos se eche mano de metáforas que, con mayor o menor fortuna, remiten a su condición de elementos de conexión entre polos que, si no alejados, sí suelen adolecer de una dispersión que les resta eficacia. Con independencia de que se los denomine puntos de encuentro para la innovación, polos de transferencia de I+D+i o ventanillas únicas para acceder a recursos tecnológicos, los ‘digital hub’ son el instrumento designado para canalizar los recursos del programa Europa Digital, el plan con el que la Comisión Europea busca impulsar la digitalización de empresas y administración en el periodo 2021-2017. Ese es el marco en el que han venido trabajando la Dirección General de Innovación del Gobierno de Cantabria y Sodercan para configurar el que será el organismo encargado de cumplir este papel en la región. La iniciativa, desarrollada en respuesta a manifestación de interés emitida por el Gobierno central, cubre actualmente las últimas etapas, lo que permitiría su presentación durante el primer cuatrimestre del próximo año y, en caso de salir adelante en esa convocatoria, estar plenamente operativa ya durante la segunda mitad del ejercicio.

Ana Belén Álvarez, consejera de Empleo, y Francisco Martín, consejero de Industria, en la visita realizada en septiembre a Maflow, una de las empresas cántabras con un plan en el ámbito de la Industria 4.0.

El proceso para poner en marcha un centro de innovación digital, con las características que le permitan ser reconocido como European Digital Innovation Hub (EDIH) por parte de la UE, dio sus primeros pasos a comienzos del verano, y desde entonces se han ido cubriendo etapas para constituir el que se convertirá en uno de los ejes fundamentales para impulsar el desarrollo tecnológico de administración y empresas, con especial atención a pymes y micropymes. En su diseño, Cantabria ha optado por dar al organismo la forma de un consorcio, en el que tienen presencia el Gobierno Regional, Sodercan, los institutos de investigación que funcionan en la región, la Universidad de Cantabria, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales.

Fase inicial

Su principal tarea en esta fase inicial ha sido identificar los recursos con que cuenta Cantabria para avanzar en los objetivos de digitalización que se persiguen y valorar la demanda de tecnología de las empresas y sectores de la región. A partir de ahí se diseñará el programa estratégico sobre el que se sustente la actividad del día a día del nuevo organismo. Jorge Muyo, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria, calcula que el nuevo organismo iniciará su actividad con un presupuesto que, el primer año, se moverá en el entorno de los 1,3 millones de euros, que se financiarán según un modelo similar al que rige con los fondos Feder: la mitad con cargo a los presupuestos regionales y la otra mitad procedente de fondos comunitarios. “Hay que tener en cuenta, además, que contaremos con la infraestructura y los recursos que aportan los agentes que integran el ‘hub’. De manera que, por poner un ejemplo,  si la Universidad de Cantabria cuenta con un módulo de supercomputación, ese será un equipamiento con el que podremos contar”.

Una vez aprobado y en funcionamiento, la labor del ‘digital hub’ será servir de punto de encuentro entre los demandantes y los ofertantes de tecnología, apoyando tanto a los unos como a los otros en la búsqueda de recursos que permitan avanzar en los objetivos de digitalización que se buscan. Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria Turismo y Comercio, considera que Cantabria parte de una sólida posición en ciencia básica, en áreas como la supercomputación, la inteligencia artificial o el internet de las cosas. “También tenemos un sector de pymes muy inmerso en la industria 4.0, que han sabido aprovechar las ayudas que se han habilitado estos últimos 4 años para ello y han desarrollado planes en este área. Con eso tenemos una cantera de empresas que puede aportarnos mucho, en labores de formación, por ejemplo, o como referencia de lo que la digitalización puede aportar a la competitividad de los negocios”.

Aunque en los objetivos del programa Europa Digital hay continuas referencias a esa Industria 4.0 –el término con el que se engloba todo lo que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar al sector secundario–, el director general de Innovación del Gobierno de Cantabria explica que las acciones a canalizar y coordinar desde el ‘digital hub’ no se limitarán, ni mucho menos, al sector transformador: “Quizá es donde pueden conseguirse los resultados más evidentes, pero de ninguna manera es el único sector al que se dirigirán las acciones. La idea del Gobierno central es que cada autonomía tenga su ‘hub’, y que cada uno diseñe sus propios planes. en Cantabria, por ejemplo, una de nuestras prioridades es llegar con nuestras acciones al turismo, o el comercio, que son sectores que, por el pequeño tamaño de sus empresas, muchas veces van por detrás en el uso de la tecnología”.

Jorge Muyo, director general de Innovación.

Las acciones a diseñar por el futuro centro de innovación cántabro serán escalables, y adaptadas a las necesidades de los diferentes sectores y empresas que puedan identificarse. De este modo, si la robótica, la impresión 3D o el internet de las cosas (IoT) pueden ser objeto de las actuaciones en unas empresas, para pymes o micropymes las acciones pueden centrarse en cuestiones más básicas, como la adquisición de equipos o la conectividad.

Avanzar en la digitalización es uno de los objetivos que la UE ha vinculado a la estrategia para dejar atrás la crisis de la covid-19, pero la dotación presupuestaria para las acciones que canalizará el futuro ‘digital hub’ cántabro no están ligados a los fondos de reconstrucción, sino al programa Europa Digital. Esta circunstancia despeja incógnitas y permite augurar estabilidad en los recursos financieros con los que pueda contar un organismo que, a juicio de Jorge Muyo, va a ser un fundamental para facilitar el acceso a la tecnología de empresas y administraciones. “Con esto vamos a estar en una mejor posición para sumarnos al salto adelante que la crisis sanitaria va a provocar en la digitalización de la sociedad”, concluye.

Los promotores de la recién creada plataforma de Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales (PACCA) quieren impulsar la región como plató cinematográfico y remover los obstáculos que a su juicio impiden un mayor desarrollo del sector en Cantabria, especialmente la escasa cuantía de las inversiones públicas en comparación con otras comunidades autónomas, lo que unido a la falta de una televisión autonómica resta competitividad frente a la oferta de otras comunidades autónomas, una desventaja que se agrava por no contar con una televisión autonómica que actúe como motor de la actividad. El presupuesto medio de un largometraje español, recuerdan, ronda el millón de euros, de los que en torno a la mitad se invierten en el lugar donde se rueda, implicando a empresas de varios sectores y a un amplísimo abanico de profesionales.

Sara Sánchez Portilla | Octubre 2020

El cine es la forma de espectáculo más frecuentada por los españoles, que el año pasado destinaron algo más de 614 millones de euros para adquirir entradas en las taquillas de alguna de las 3.695 salas que existen en España. De esa cantidad, algo más de un millón de euros se recaudó en Cantabria, una región que –como el resto de comunidades autónomas españolas– busca que esa vinculación con el séptimo arte vaya más allá de esa relación entre exhibidores y espectadores y alcance todas las vertientes de una industria que alienta la actividad de empresas muy diversas. Algunos de ellos, los más directamente vinculadas con la creación de contenidos, presentaron el mes pasado la plataforma de Productoras Asociadas de Cine y Audiovisuales (PACCA), que se plantea como objetivo impulsar la región como “plató natural” para rodajes y sentar las bases para el desarrollo de una industria cinematográfica local. Para ello, los promotores de PACCA consideran prioritario atajar las desigualdades que sitúan a Cantabria en posición de desventaja respecto a otras comunidades autónomas, con la gestión de las ayudas públicas como uno de los elementos más destacables.

Como una de sus primeras acciones, PACCA ha elaborado un informe de diagnóstico del sector, a partir del cual ha articulado una serie de propuestas con el fin de que la industria del cine en Cantabria sea “considerada”, según señala como objetivo inicial Marta Solana, presidenta de la región creada asociación: “Sentíamos que quizá no nos habíamos expresado bien, que no habíamos informado a los políticos sobre por qué era importante invertir en cine. Por lo que para poner en marcha nuestro objetivo tenemos que hacer una labor informativa para explicarlo y argumentarlo”. El informe elaborado por PACCA calcula que la industria del cine genera en España un total de 89.000 puestos de trabajo en 6.700 empresas, 300 de ellas productoras, como las siete que han formado la asociación presentada el pasado 11 de septiembre en el Centro Botín, coincidiendo con la celebración de la cuarta edición de la Semana Internacional de Cine de Santander. Entre los profesionales que forman parte de PACCA hay actrices, productores, cámaras, montadores, directores, guionistas, y locutores, en una muestra de la diversidad de perfiles que se implican en la elaboración de contenidos audiovisuales.

“Cuando se desarrolla un rodaje en la región es necesario contratar profesionales, lugares de hospedaje, alquiler de furgonetas… se genera una economía en torno a la cultura. Por lo que invertir en cine es invertir en Cantabria, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural”, destaca Marta Solana, que apunta algunas cifras: la cantidad media que se invierte en un largometraje español ronda el millón de euros, y el 50% de ese dinero se queda en el lugar donde se rueda. Cantabria, lamenta, apenas atrae rodajes y se queda, por tanto, al margen de ese mercado: “Hay que considerar el cine como industria, y en la actualidad no está considerada como tal, por lo menos en Cantabria”.

Alguno de los rodajes realizados en Cantabria por las productoras agrupadas en PACCA, que consideran que la región no aprovecha todo su potencial como plató natural debido a la falta de una industria audiovisual potente.

Para atajar esa situación, PACCA considera fundamental reformar el sistema de ayudas, por ser estas claves para sostener proyectos ambiciosos que, de otra forma, buscan otro lugar para salir adelante, produciéndose una fuga de talentos que, indica Marta Solana, podría evitarse: “Siempre hay una desventaja. Tenemos potencial, buenas ideas, pero esas ideas no se desarrollan aquí, en nuestra comunidad, porque esta no nos apoya. Y poner en valor el contenido audiovisual en Cantabria, a través de dinero público, que saque adelante proyectos y que a su vez venda Cantabria enseñándola por todo el mundo, es clave. Cantabria no se ve promocionada porque no invierte en el sector”, puntualiza  Solana.

Desequilibrio con la inversión pública de otras regiones

En el informe elaborado por PACCA se concluye que el sistema de gestión de las subvenciones culturales está “obsoleto”, y que las ayudas no sirven para competir con igualdad con otras comunidades autónomas, además de existir un claro desequilibrio entre las cantidades que contempla Cantabria y las que se destinan en otras regiones, algo en lo que también tiene un peso decisivo la existencia o no de una televisión autonómica. En Cantabria el Gobierno regional destina al sector audiovisual 180.000 euros anuales repartidos en su línea de subvenciones, que al ser compartida con el sector musical dejaría la cantidad final en 90.000 euros al año. El informe de PACCA compara esa cantidad con la que otras autonomías destinan a ese mismo concepto y a sus televisiones públicas, y que como media sería de unos 19 euros por habitante y año. Para estar a la altura de las 15 comunidades autónomas que cuentan con televisión autonómica, calcula el informe de PACCA, Cantabria debería destinar a su sector audiovisual 11 millones de euros cada año. La diferencia entre esa cantidad y los 90.000 euros que recibe de forma efectiva el sector explica, según las productoras cántabras, que en la región no haya podido desarrollarse una industria cultural potente y de calidad, lo que a su vez implica que sea más difícil atraer rodajes.

La existencia o no de una televisión autonómica no sirve solo como referencia para las inversiones públicas en una autonomía u otra, sino que alcanza a otras cuestiones que tienen una incidencia directa sobre el sector audiovisual, y que en opinión de Marta Solana suponen otro factor de desigualdad de Cantabria respecto a otras regiones: “La ausencia de una televisión autonómica genera la falta de producción propia o conjunta con otras televisiones autonómicas o nacionales para la producción o coproducción de series, documentales o películas de ficción. El que no haya una televisión pública, además, nos priva de la participación e inversión que, por ley, se debe destinar a esos contenidos audiovisuales”, apunta la presidenta de PACCA en referencia al 7% de los ingresos que las televisiones públicas están obligadas a destinar a la producción de contenidos propios. Desde la plataforma que agrupa a las productoras cántabras se considera que no contar con una televisión autonómica, junto con la falta de formación académica del sector audiovisual en la región, ha tenido como consecuencia una “huida masiva de los profesionales del sector” a comunidades como Madrid, País Vasco y Cataluña.  

Además de por su escasa cuantía, PACCA cree que la gestión de las ayudas tampoco contribuye a que estas sean eficaces. Considera especialmente perjudicial que no se contemplen ayudas a cortometrajes pero no a la producción de largometrajes y series, lo que perjudicaría a las empresas locales en lo estrictamente económico –por no poder contar con unos recursos que, de nuevo, sí existen en otras regiones– y porque el sistema de puntuación del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), al que el informe de PACCA señala como principal fuente de financiación para el cine nacional, valora el que el productor cuente con ayudas de su comunidad autónoma.

Otro aspecto que PACCA considera especialmente perjudicial dentro del actual sistema de ayudas es que estas dejan fuera a las coproducciones, siendo esta una de las formas de financiación “directa” de una película cinematográfica o un cortometraje. Permitir la coproducción, explica Marta Solana, implicaría una mayor capacidad para captar el interés de productoras nacionales, habituadas a buscar acuerdos y sinergias con empresas de diferentes comunidades, facilitando el desarrollo de producciones. A todo lo anterior habría que unir lo que el informe de PACCA califica como reparto ineficaz de las ayudas, que incluyen partidas tanto para la producción amateur como para la profesional, distribuyéndolas de una forma que, a juicio de los redactores del estudio, perjudica a esta última. “Queremos que el cine en Cantabria sea una realidad y no algo anecdótico”, indica la presidenta de la asociación, que considera que la región cuenta con argumentos para ser considerada un plató natural excepcional: “Tenemos a poca distancia tanto costa como montaña, lo que resulta extraordinario a la hora de elaborar contenido audiovisual. Además, que no se haya rodado apenas en la región hace que sea más exclusivo. Hay muchos lugares que el espectador nacional e internacional puede descubrir”, indica Marta Solana.

Las productoras cántabras agrupadas en PACCA cifran en 850.000 euros anuales el presupuesto en ayudas que podría servir para sacar adelante proyectos en la región, una cantidad a la que llegan atendiendo a lo que Cantabria se ahorra por no contar con una televisión autonómica y al importe que los entes televisivos públicos están obligados a destinar a la producción audiovisual, cifrada en un 7% de sus ingresos. La propuesta, que la asociación ha trasladado a los responsables políticos, incluye un desglose del destino al que podría destinarse esa cantidad. La partida más importante –540.000 euros– iría a la producción de largometrajes de ficción y documentales. Las ayudas al desarrollo de producciones –un concepto que engloba toda la tarea previa a la producción propiamente dicha– concentraría la mayor parte del resto, a razón de 80.000 euros para el desarrollo de largometrajes de ficción, otro tanto para el desarrollo de documentales y 40.000 para el desarrollo de contenidos televisivos. Según la propuesta elaborada por PACCA, a la producción de cortometrajes se destinarían 80.000 euros, 20.000 a ayudas a la distribución y 10.000 euros –la misma cantidad que actualmente– a las producciones amateur.

El objetivo último sería generar una  bolsa de actividad que permitiera el desarrollo de una industria. Con ello, recalca el informe, se rompería la dinámica actual, que desde PACCA se considera que es una de las principales razones para que Cantabria no desarrolle todo su potencial como lugar para el rodaje de producciones audivisuales: no hay profesionales ni empresas por no existir una industria, y la ausencia de esta hace especialmente complicado que una productora piense en la región para rodar, al no existir una estructura empresarial local capaz de prestar los servicios que demandan. En Cantabria, señala el estudio elaborado por PACCA, no hay productoras de ‘services’ o de ‘casting’, y apenas hay presencia de técnicos especializados. “Esto sucede porque no les compensa económicamente, porque en Cantabria, aún no se ha visto al cine como una industria que pueda generar puestos de trabajo”.

Marta Solana considera que sacar adelante la industria del cine en la región “es posible” y para demostrarlo asegura que PACCA está dispuesta a presentar todos los informes que se requieran, con datos, propuestas y reflexiones, inspirados en modelos de éxito de los sistemas de ayudas que han desarrollado otras comunidades. Estarán, dice, “adaptados” a las necesidades de la región y tendrán como finalidad crear “el sello de cántabro” en la industria cinematográfica.

La crisis provocada por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto el carácter estratégico que tiene el abastecimiento de material médico, y también las posibilidades que existen para crear una industria local capaz de asumir esa tarea. La creación de un clúster que agrupe a empresas que trabajen en este ámbito, con independencia del sector desde el que lo hagan, busca dar respuesta a ese desafío con un objetivo que trascienda las actuales circunstancias, aunque pueda sacar partido de lo aprendido con las iniciativas desarrolladas para paliar el desabastecimiento provocado por la primera ola del coronavirus. Con Valdecilla como motor y estandarte, la experiencia de lo acontecido la pasada primavera permite identificar fortalezas, pero también pone en evidencia las dificultades que habrá que superar para afianzar una industria sanitaria cercana.

Cristina Bartolomé |  @criskyraDiciembre 2020

En los meses que llevamos de pandemia se han desarrollado en Cantabria iniciativas empresariales para fabricar suministros sanitarios relacionados con la covid-19, como mascarillas, gel hidroalcohólico, pantallas faciales… Dado que nuestra región cuenta con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de referencia nacional e internacional, y de una estructura sanitaria de alta cualificación, cabe preguntarse si esta situación puede significar un impulso para crear un tejido empresarial vinculado al ámbito de la salud que provea a los centros hospitalarios y pueda desarrollar un ‘Sillycon Valley’ de la biomedicina. Los primeros pasos para dar respuesta a ese interrogante se han dado con la iniciativa del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Industria, que proyecta una clúster de industrias de la salud.

Uno de los primeros ejemplos de la potencialidad de Cantabria en este campo, y también una de las iniciativas que ha dejado claras las dificultades y los retos que se plantean, ha sido la fabricación de los ahora tan conocidos hisopos. En las primeras semanas de la pandemia se dio un desabastecimiento de este sencillo pero crucial instrumento para la detección del covid y el Hospital Virtual de Valdecilla (HvV), bajo la dirección de Ignacio del Moral, los diseñó y fabricó con impresoras 3D. También realizó el diseño las necesarias pantallas de protección facial.

Desde ese momento y hasta mediados de octubre el HvV ha producido 90.000 hisopos destinados al Servicio Cántabro de Salud. “El Hospital Virtual –explica Ignacio del Moral– jugó un papel crucial en servir al Servicio Cantabria de Salud usando su tecnología en el diseño y fabricación del material del que estaba desabastecido. Trabajamos para adaptarnos y, junto a 3D IdeaLab Valdecilla, impulsamos un sistema de prototipado rápido con el objetivo llegar a una producción eficaz”.

A día de hoy el HvV no surte ya de hisopos al SCS: “El último pedido fue en octubre. Tenemos todo preparado por si nos necesitan, pero la cadena de abastecimiento de este material ya tiene un camino estándar”. Ahora, explica el director del HvV, es la empresa cántabra Metacrilatos y Plásticos quien está surtiendo a Valdecilla de pantallas faciales con el diseño cedido por el hospital virtual que, recuerda Del Moral, no es un centro de producción, sino de innovación: “No desarrollamos tecnología, nuestro modelo de negocio está en comprar o probar la que está en vías de comercialización y explorar su aplicación clínica”. En cualquier caso su apoyo sigue vigente: “Si el SCS tiene necesidad de algún material seguimos aportando soluciones, por ejemplo, estamos fabricando un componente para las máquinas que analizan las PCR”.

El reto del coste de fabricación

Una de las salas del Hospital Valdecilla, con todo un muestrario de los materiales y equipos que demanda la atención sanitaria especializada.

Uno de los retos que tiene que superar cualquier intento de crear una industria sanitaria en Cantabria es el del coste de fabricación. Ignacio del Moral considera, por ejemplo, que producir hisopos a gran escala en Cantabria puede ser poco sostenible: “Nadie fabrica 10.000 al mes, habría que montar una planta solo para Valdecilla. No se ha visto como rentable ponerse a fabricarlos, es carísimo, mientras que su precio es de apenas unos céntimos cuando se traen por ejemplo de China. En el momento en que nosotros nos pusimos a fabricarlos no había otra posibilidad que hacerlo de forma artesanal”. Sin embargo las circunstancias ahora son muy diferentes: “Hay material y además ya hemos conocido la situación, y la incertidumbre está más medida”.

La capacidad de fabricar estos materiales en el Hospital Virtual por tanto es limitada, pero sin embargo su reconocimiento como centro de referencia internacional sí abre una vía para la generación de los modelos: “Hemos hablado con varios países, entre ellos Israel, Alemania o Argentina, para que ellos, teniendo en cuenta nuestro diseño, pudieran hacer hisopos”. Además, el centro ha realizado pruebas para respiradores de ventilación: “Desde Idealab, junto a los clínicos y neumólogos de Valdecilla, se ideó diseñar y construir piezas de alta precisión a partir de las máscaras de Decathlon con el objetivo de usarlas clínicamente con seguridad”.

El rol de este centro especializado, resume Del Moral, es ser un ‘hub’ de clínicas y sector empresarial: “Trabajamos con la CEOE para ver cómo podían transformar su producción, con ENSA, con empresas de robots de higienización, con el CTC… En ese contexto hemos jugado el papel de catalizador, dinamizador, transformando nuestra misión inicial y adaptándonos”, explica el director del HvV, que destaca la excelente colaboración que se dio en aquellos primeros momentos de la pandemia: “La fabricación del hisopo se hizo en una semana cuando suele llevar meses, pero en ese proyecto estuvieron también los servicios de Microbiología y de Riesgos Laborales de Valdecilla, ingenieros de diseño y de producción, la empresa Metracrilatos y plásticos, ENSA…”.

Ahora, meses después del trabajo impulsado por aquella necesidad, Cantabria no está desabastecida de hisopos, de pantallas… “Las circunstancias vividas han servido para que el HvV se vea como una herramienta con la que trabajar mano a mano, como empresas de servicios y de generación de recursos y de transformación del modelo productivo”.

El motor del Hospital Marqués de Valdecilla

Rafael Tejido, director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es un motor muy importante para Cantabria, también económico, y resulta el buque insignia de los hospitales de la región. Cuenta con 5.700 trabajadores y según destaca su director gerente, Rafael Tejido, puede generar mucho trabajo, investigación e innovación: “Valdecilla tiene densidad de talento y tenemos estructuras que nos unen como el Idival, la Facultad de Medicina, el Hospital Virtual y las empresas, que nos puedan ayudar a través de conciertos público-privados. Esa potencialidad es nuestra principal fortaleza y hay fondos, por lo que se puede crear empleo y aportar a la industria”.

Tejido considera que en el ámbito de las empresas relacionadas con la salud se han dado pocos pasos aún: “Pero el camino es largo, es un campo inmenso por el que debiéramos apostar. Es una oportunidad enorme, Valdecilla es muy importante, debiéramos tener una comunidad sanitaria capaz de crear riqueza e innovación en biomedicina, que puede generar puestos de trabajo y riqueza para la comunidad”.

El HUMV está bien abastecido de lo necesario para esta fase de la pandemia. Ya en la primera ola Valdecilla hizo acopio con antelación de los materiales necesarios y Tejido recuerda cómo lograron que el almacén estuviera surtido, aunque también guarda en su memoria los momentos de desabastecimiento de hisopos, tests y EPIs. “Sin embargo ahora todo el mundo está más preparado y se afronta de una forma diferente. A día de hoy tenemos de todo y lo esperable es que no tengamos problemas, si bien depende de cuánto va a prolongarse esta situación. Nosotros estamos aumentando materiales como los equipos de protección individual y los proveedores están respondiendo”. Según el gerente de Valdecilla, además, “el hospital tiene una marca a nivel internacional y por eso cuentan mucho con nosotros”.

Varios de esos proveedores se encuentran a día de hoy en otras comunidades autónomas, según se muestra en la web del Gobierno regional, pero poder contar en un futuro con empresas localizadas en Cantabria sería una ventaja, según admite el director del hospital cántabro: “Pueden servir de manera más personalizada en una situación complicada, mientras que en un mercado internacional eres uno más”, reflexiona Tejido, que por ello aboga por proteger de alguna manera a los proveedores cercanos: “En casa se sienten parte de la solución del problema, por eso me gustaría que fuera con empresas locales, es bueno que tengamos proveedores cercanos que estén motivados en las soluciones y que quieran trabajar por Cantabria y por Valdecilla”.

El camino parece abierto también para otros equipos necesarios, como la fabricación de las máquinas que procesan las pruebas diagnósticas o PCR. “Ahora hay muchas soluciones tecnológicas que van a posibilitar que en 3 o 5 años se vayan a poder hacer de forma local, con robots más simplificados. Ahora los pasos son más automatizados, por ejemplo con el robot Opentrons Covid 19 se pueden hacer muchas PCRs al día”.

Pero, ¿de qué dependería que las empresas cántabras aprovechen la oportunidad?: “Tenemos que trabajar un nexo de unión, un clúster. Contamos con la materia prima, lo que nos falta es organizarlo”, resume el director del Hospital Valdecilla.

Ignacio del Moral, director del Hospital Virtual Valdecilla.

Desde la Dirección General de Innovación también se percibe así la situación generada por la pandemia. Su titular, Jorge Muyo, asegura que estamos ante una oportunidad que Cantabria está en condiciones de aprovechar: “El de la salud es un sector que siempre va a necesitar avances científicos y tecnológicos”. Desde su Dirección General, Muyo impulsa la creación de un clúster, una idea que nació al inicio del confinamiento. Viendo la iniciativa espontánea de la sociedad de fabricar pantallas faciales y mascarillas, la Consejería de Industria percibió la necesidad de establecer canales formales para desarrollarlo y, en coordinación con la de Sanidad, y contando con Sodercan, el Idival, el Hospital Virtual y Valdecilla, iniciaron el proyecto.

El objetivo es impulsar un movimiento económico, industrial y productivo: “Queremos atraer inversiones, desarrollar sinergias con centros de I+D+I, ser una referencia a nivel nacional e internacional, fomentar la interrelación empresa-salud y las iniciativas de emprendimiento. Queremos que sea el germen de nuevos productos, procesos y servicios desde la industria hacia el ámbito sanitario”.

Un clúster transversal

Se proyecta incluir subsectores más allá de la industria asistencial, integrando diferentes tecnologías, como las de la información y la comunicación. “Pueden participar además empresas de materiales sanitarios innovadores, infraestructuras para hospitales, impresión 3D y realidad virtual, diseño de nuevas herramientas o robotización. A ello se añaden los servicios, hostelería, limpieza, etc. También está el ámbito científico: nuevos medicamentos y sistemas de análisis, innovación en laboratorios, y de investigación: vacunas, sueros, medicinas, que es ya una industria en sí misma y se apoya en el I+D”. A todo esto se suma el sector del transporte y la logística, que facilita el acceso al material y evita desabastecimientos, y la participación activa de los profesionales de la sanidad: “Queremos que se impliquen en desarrollos industriales, que las empresas vayan al hospital y el hospital vaya a las empresas, que intercambien información y sean más socios”. El modelo descrito es inédito, ya que, según relata Muyo, a nivel nacional e internacional hay clústeres científicos, pero uno que incluya todos estos subsectores no hay: “El clúster que estamos diseñando quiere buscar soluciones industriales a todas las necesidades que hemos detectado”.

Una vez realizado el análisis estratégico, llega el plan de acción, empezando por un mapeo de empresas y profesionales. Las conversaciones con el sector empresarial se realizarán por Sodercan y, según las previsiones, a mediados de 2021 habrá una cartera de servicios y proveedores de habilidades científicas, tecnológicas e industriales de la región. Se trata, según explica Muyo, de detectar empresas que puedan dar soluciones al sistema de salud.

Los hisopos usados en las pruebas PCR.

La pregunta que puede surgir es si antes de que la iniciativa fructifique podemos quedarnos desabastecidos. Muyo cree que no: “Hemos visto acciones de diversificación de productos de empresas y nuevas líneas de producción, como las mascarillas y el gel. Las empresas de Cantabria han visto una oportunidad empresarial en esos productos, por lo que creo no habría ese problema”.

Además de la fabricación de esos materiales, la proyección puede ir mucho más allá, basándose en el “enorme potencial” que, señala el director de Innovación, tiene Cantabria, con Valdecilla, el Hospital Virtual y el Idival. Muyo enumera los avances en impresión 3D del HvV: “Un área en la que está muy bien posicionado y que le permite empezar a proveer a los hospitales”. También incluye el desarrollo de operaciones quirúrgicas ayudadas de la realidad virtual que implementa: “Es uno de los pocos a nivel internacional que cuenta con ello y eso se puede ya vender”, asegura.

Por su parte el Instituto de Investigación de Valdecilla, el Idival desarrolla proyectos europeos de telemedicina por el que se han interesado varios países. “Hay muchas cosas que se están haciendo, como la monitorización de pacientes de forma remota, la llamada sensórica o la analítica, con productos que ya se pueden vender en un catálogo de servicios. En robótica quirúrgica y 3D todas las regiones que conocen nuestros proyectos han estado interesadas en replicarlo. Francia, Irlanda, Finlandia, han intercambiado información con el hospital y están interesados en desarrollarlos. En fabricación de mascarillas China puede ganar, pero en soluciones tecnológicas podemos liderar a nivel nacional e internacional. Queremos ser un poco ‘vendedores’ de todo este conocimiento”, resume Muyo.

En cuanto a la inversión, Muyo aboga por un modelo europeo de I+D por el que se definen misiones o proyectos encaminados a un objetivo final. La previsión es incentivarlos con subvenciones: “En los últimos meses ha habido una revolución en este campo, con empresas reutilizando sus cadenas de producción, y hay que aprovechar ese impulso”. Se puede beneficiar también del apoyo del Gobierno central y de fondos europeos de reconstrucción. Ya se consigan o no, lo que define Jorge Muyo como seguro es que el clúster ha venido para quedarse: “Evidentemente tendrá apoyo regional, ya que es un proyecto del Gobierno de Cantabria, pero no perderemos ninguna fuente de financiación que tengamos al alcance”.

PCRs portátiles

Una de las empresas de Cantabria que ha visto una oportunidad en la situación actual ha sido Soningeo. A través de su filial Torrelab ha decidido distribuir en España y Portugal un aparato portátil de fabricación francesa con el que se obtienen los resultados de las pruebas de diagnóstico PCR en aproximadamente 40 minutos. Enrique Conde, propietario de la empresa, explica que aunque no se han dedicado al sector de la salud hasta ahora, pensaron que es una metodología que no había y que puede facilitar la forma de hacer las PCRs ya que no hay que ir a los laboratorios, el sanitario puede acudir donde esté la persona: “Evita desplazamientos de personas mayores, puede agilizar el trabajo de ambulatorios, empresas, etc. Da una facilidad importante”.

Acaban de comenzar y en Cantabria un laboratorio ya ha comprado el producto. Conde explica que, pese a su idoneidad, la distribución del producto no esta siendo fácil: “Este es un sector donde las grandes firmas farmacéuticas dominan el mercado, pero pensamos que puede ayudar mucho a las personas y con esa ilusión lo estamos moviendo. Lo vimos como una oportunidad muy buena de servir a la sociedad”.-

Además de su posición al frente de Soningeo, Enrique Conde preside CEOE-Cepyme en Cantabria y desde esa atalaya considera positivo la creación de un clúster de la salud. Incide en que el objetivo debe ser la creación de empresas en torno a la destacada actividad médica de nuestra región: “Hay que potenciar un tejido empresarial alrededor de Valdecilla y el resto de entidades públicas. La pura realidad es que a día de hoy hay pocas empresas que se dediquen a la actividad sanitaria. En CEOE apostamos por ello, está ahí para apoyar, pero con el ánimo sobre todo de impulsar un entorno empresarial sanitario, los empresarios deben tener más protagonismo. Valdecilla es un potencial impresionante, colaboramos con el Idival, con el IBBITEC… y creemos que hay que dar valor a lo que tenemos, pero hay que impulsar la creación empresarial”.

Siete meses después de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. La cara son los 1.808 hogares cántabros amparados por esta ayuda, que suman un total de 5.204 personas. La cruz, que el 65,9% de las solicitudes tramitadas se rechazan, que Cantabria se sitúa a la cola de España en cuanto a alcance de esta prestación y que, según denuncian sindicatos y organizaciones del tercer sector, los canales de comunicación para solicitar la ayuda son mejorables.

Francisco Rouco | @FranRoucoFebrero 2021

El pasado mes de junio, el Gobierno puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV), una aportación directa de entre 461,50 y 1.015,30 euros al mes dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas económicamente vulnerables. El objetivo: llegar a 2,3 millones de personas, 850.000 hogares en toda España. La medida, calificada por sus impulsores como “el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia —firmada en 2006—”, es compatible con otros incentivos como becas al estudio, ayudas a la vivienda y algunas prestaciones de emergencia. Y también con la búsqueda de empleo: en caso de encontrarlo, la prestación sigue activa mientras no se superen los requisitos, que son tener unos ingresos inferiores a 459,93 euros al mes y un patrimonio menor de 16.917,60 euros, además de otras obligaciones.

En diciembre, siete meses después de su puesta en marcha y con 518 millones de euros invertidos de una partida total de 3.000, el IMV alcanzaba a 462.508 personas en toda España, unos 160.000 hogares. Esta cifra representa el 19% de lo prometido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuando se aprobó la medida en junio. Aunque el ministro redujo en octubre el objetivo de los 850.000 hogares a 550.000, y en diciembre dijo que la primera cifra no se alcanzaría “ni de lejos”, las diferencias entre el alcance real y las previsiones sobre el papel han obligado a las autoridades a evaluar todo el proceso, especialmente después de conocer algunos porcentajes inesperados.

Un voluntario trabajando en el centro de distribución que el Banco de Alimentos de Cantabria tiene en Santander. La creciente demanda de este servicio, como de los que presta Cáritas o la Cocina Económica, es una de las consecuencias de la crisis de la covid-19.

En toda España, se presentaron –siempre con los datos hasta diciembre de 2020– 1.136.173 solicitudes para conseguir el ingreso mínimo vital. Para valorar la expectación que ha tenido esta medida hay que recordar que solo se puede presentar una solicitud por unidad de convivencia, es decir, por familia o pareja de hecho que convivan bajo un mismo techo. Por tanto, tras una sola solicitud puede haber más de una persona interesada (de hecho, el número de personas cubiertas actualmente por el IMV por cada solicitud aceptada es de 2,9). Hasta diciembre fueron tramitadas 807.914 solicitudes, es decir, un 71,1% de las presentadas. De aquellas, se aprobaron 159.482, se denegaron 466.873 y hay 181.559 solicitudes con errores o incompletas que deben ser corregidas. Si nos centramos en las solicitudes tramitadas, apartamos de la ecuación las solicitudes pendientes –22,5% de todas las tramitadas– y atendemos solamente a las aprobadas y las rechazadas, el porcentaje de aprobación es del 25,5% y el de rechazo, del 74,5%. Este dato es el que está suscitando la mayor parte de los reproches a la puesta en marcha de esta medida, aparte de las diferencias ya referidas entre el alcance prometido y el alcanzado.

En cuanto a los datos de Cantabria, los porcentajes van parejos a las cifras nacionales. Hasta diciembre se presentaron 9.765 solicitudes, de las cuales se tramitaron 6.892, el 70,6%. De estas se aprobaron 1.808, se rechazaron 3.493 y están pendientes de subsanación 1.591. De nuevo, podemos aislar las solicitudes por corregir –23,1% de las tramitadas– para obtener el grado de aceptación/rechazo del IMV en Cantabria: se aprueba el 34,1% de las solicitudes y se rechaza el 65,9%.

“Con carácter general, las denegaciones tienen que ver con los criterios de vulnerabilidad económica, es decir, no cumplir con los requisitos de renta y patrimonio”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las preguntas planteadas por esta revista. “El IMV está focalizado a las situaciones de vulnerabilidad extrema, es decir, a aquellas personas que se encuentran en situaciones de pobreza y exclusión. Es evidente que, de los más del millón de solicitudes que se han recibido, no todas las personas cumplen los umbrales de renta y patrimonio que se exigen para la prestación”. Con todo, desde el ministerio valoran la puesta en marcha del IMV como “muy positiva” y destacan la “elevada demanda”, que “pone en evidencia que era una prestación absolutamente necesaria, demandada desde hace muchos años por las organizaciones sociales y que, sin duda, supone un gran avance para nuestro Estado de Bienestar”.

Una cobertura de solo el 10%

Paralelamente a conocerse el dato de solicitudes del IMV y su porcentaje de rechazos, Comisiones Obreras (CCOO) publicó su informe Hogares sin ingresos laborales por comunidades autónomas, donde denunciaba el “lento reconocimiento” del IMV en la comunidad cántabra. Según datos del sindicato elaborados a partir de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) de 2018 del INE, esta ayuda solo alcanzaba en diciembre al 10% de los hogares cántabros potencialmente necesitados, la segunda comunidad autónoma con menos cobertura, solo por detrás de Canarias, con el 9,2% (la media española se sitúa en el 20,4%). El informe calcula que hay 18.000 hogares que podrían beneficiarse del IMV, pero a finales de año este solo alcanzaba a menos de 2.000 (los 1.808 ya citados). Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegaron hacer valoraciones sobre este asunto, aludiendo a que desconocen los datos que ha publicado CCOO, pese a habérselos facilitado y ser públicos.

Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria.

Desde el sindicato consideran esta cobertura “insuficiente”, y la explican a partir de varias razones: falta de personal en la administración pública, un procedimiento administrativo “demasiado farragoso” y una falta de comunicación que, señalan, dificulta que las personas puedan conocer este recurso. “Tras aprobar el IMV, hubo una primera oleada de personas de todo tipo de niveles de acceso que nos consultaron si podían solicitar el IMV”, explica Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria. “Llegaron muchas personas con ingresos muy bajos que creían tener derecho a la prestación, pero que quedaban fuera por tener familiares o cónyuges con cuantías que no cumplían los requisitos”. Paralelamente a esto, explica Mantecón, muchas personas que sí pueden optar al IMV están quedándose fuera por desconocimiento. “A las personas que ya teníamos en nuestros expedientes y que sabíamos que tenían posibilidades de acceder las ayudamos a hacer los trámites telemáticamente, un procedimiento que para gente que no tenga cierto nivel de estudios o habilidades informáticas es imposible”.

Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Pese a que existen dos vías para tramitar las solicitudes para el IMV, la presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la telemática en la página web (www.seg-social.es), además de un número telefónico para las consultas (900 20 22 22), la covid-19 redujo las opciones a una. Levantado el confinamiento, las citas presenciales empezaron a concederse para varias semanas después, con lo que la tramitación vía web se convirtió en la alternativa más rápida. El procedimiento no entraña mucho misterio para una persona que use Internet de forma habitual, una condición que no suele darse en muchas de las personas que piden estas ayudas, como denuncian desde CCOO. Para hacerlo más fácil, el 26 de junio se subió a Youtube un vídeo llamado ‘Acceda a toda la información sobre el Ingreso Mínimo Vital’, un clip explicativo con instrucciones claras y sencillas. Sin embargo, el vídeo dejaba fuera tareas con un punto adicional de complicación, que van mucho más allá de adjuntar archivos a la solicitud. Ejemplo de ello es convertir los documentos fotografiados en archivos PDF o reducir la resolución de los documentos si estos superan el tamaño máximo de 15 MB. “Todos estos trámites no son sencillos para muchas personas, especialmente para aquellas que ni siquiera tienen Internet en sus casas”, explica Rosa Mantecón, que señala además la dependencia del ordenador para conocer el estado de la solicitud. “Una vez que envías la solicitud telemáticamente, todas las comunicaciones son por esta vía. Hay muchas personas que creen que han añadido todos los documentos y no ha sido así, pero tampoco saben lo que tienen que añadir”. De las peticiones tramitadas hasta diciembre en Cantabria, dos de cada 10 tienen que ser revisadas porque falta información o hay errores en la documentación aportada. “El problema es que muchas veces las personas que se encuentran en situación de exclusión son las que peor acceso tienen a la información sobre los recursos disponibles que pueden ayudarles”, subraya la secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO.

Una “brecha comunicativa” pendiente

“Es posible que la información no haya llegado a la ciudadanía de forma suficientemente clara para que sepan cómo pedir esta ayuda”, explica Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander. “Al margen de que las entidades privadas ayudemos de forma individual a las personas que acuden a solicitar la ayuda, el esfuerzo debe de ser de quien tiene la información, y creo que ha habido una brecha comunicativa”. Desde esta institución han comprobado varios problemas relacionados con las solicitudes del IMV. El más notable es la falta de un interlocutor de la Seguridad Social en caso de dudas. “Hay personas que no saben por qué cobran lo que cobran y si pueden optar a más ayudas”, denuncia Sierra. Anulada de facto la opción presencial –“pueden pasar semanas hasta conseguir una cita”—, la única vía para obtener información de primera mano para explicar “conceptos confusos como la unidad de convivencia” es el teléfono. “Llaman por teléfono y en raras ocasiones obtienen respuestas”, explica Sierra, quien subraya que entiende que los servicios de la Seguridad Social están saturados y que hace su valoración desde la “comprensión” de esa circunstancia. Sobre el servicio telefónico hay que mencionar que inicialmente iba a funcionar de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 (el vídeo de Youtube muestra ese horario) pero actualmente solo opera de 9:00 a 14:30, de lunes a viernes. “Hay mucho desconocimiento a pie de calle sobre cómo se está llevando el ingreso mínimo vital. La ciudadanía necesita seguridad, y si la ciudadanía ha conquistado un derecho como es este, lo que hay que esperar es que se responda a todas las personas que tengan ese derecho”, concluye el secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Dependencias de la Cocina Económica, en Santander.

Superada la primera etapa del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. Siete meses después de su implementación, 1.808 solicitudes han sido aceptadas en Cantabria, y la ayuda se extiende hasta las 5.204 personas entre solicitantes y menores a su cargo. Sin embargo, por el lado negativo destaca el elevado porcentaje de rechazos (65,9%), el de solicitudes con errores o incompletas (22,5%) y el 5% de solicitudes duplicadas. Ante esta situación, fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten que el sistema está en revisión “Estamos realizando una completa evaluación de manera continua del alcance que tiene la prestación con la finalidad de desarrollar propuestas de mejoras y asegurar que la prestación llegue a las personas y colectivos a los que va dirigido y a los que de momento no se ha llegado. Ese es nuestro compromiso en este momento”.

La Cámara de Comercio de Cantabria lidera un proyecto piloto para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer uso de los instrumentos de calificación crediticia, una vía para mejorar el acceso a la financiación que tradicionalmente ha quedado fuera de su alcance debido a su alto coste. Inbonis Rating, la única agencia de calificación especializada en pymes que cuenta con acreditación europea, será la encargada de realizar un proceso que se ha diseñado para optimizar tiempos y que tendrá un coste de entre 3.600 y 6.600 euros para las empresas, cuando la tarifa habitual de las grandes agencias no baja de los 100.000 euros. Netboss, a la que se ha dado una calificación de triple ‘B’, ha sido la primera compañía cántabra en utilizar la nueva herramienta.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Octubre 2020

La capacidad de las pymes para superar las dificultades y hacer frente a sus compromisos es algo de lo que puede dar fe su propia trayectoria pero que, por sólida y prolongada en el tiempo que sea esta, no suele contar con más avales que la confianza que con ello pueda generar en el mercado y en quien esté en disposición de concederles financiación. Es una circunstancia que no supone mayor problema cuando la coyuntura es favorable, pero que puede convertirse en un obstáculo insalvable cuando el viento sopla en contra, o si se busca acceder a instrumentos financieros distintos de los tradicionales. Es en ese momento, con el caudal de las fuentes de liquidez reducido apenas a un goteo, cuando desde el otro lado de la mesa se pedirán otras garantías y se valorarán cualquier informe que evalúe los riesgos de impago. Entra entonces en juego la labor de las agencias de calificación de crédito, cuyos servicios son de uso más o menos habitual por parte de las grandes corporaciones, pero que apenas son utilizados por pequeñas y medianas empresas, y ello por un conjunto de razones en el que las cuestiones económicas tienen un peso decisivo, aunque no único. Acortar la distancia entre pymes y agencias de acreditación, mejorando con ello el acceso a financiación por parte de las primeras, es precisamente el objetivo de un proyecto piloto que lidera la Cámara de Comercio de Cantabria, encargada de poner en práctica y evaluar un modelo que, de tener éxito, se extenderá al conjunto de España. Inbonis Rating, una agencia española que es la única especializada en pymes que cuenta con la obligada autorización de la Autoridad Europea de Mercados y Valores, es la piedra angular sobre la que pivotará la iniciativa, que tuvo su presentación oficial el pasado 29 de septiembre pero que ya con anterioridad a esa fecha se había concretado en una primera acreditación para una pyme cántabra, la tecnológica Netboss Comunicaciones.

La tormenta financiera que se desató con el estallido de las hipotecas hizo que el nombre de las grandes agencias de calificación se hiciera familiar –y casi nunca por buenas razones– para cualquiera con un mínimo interés por la economía, una categoría esta última a la que, teniendo en cuenta la crisis que se desató a resultas de aquello, casi nadie fue ajeno a partir de 2008. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, empezando por una regulación acorde con el riesgo sistémico que se concede a la labor de estas empresas, pero Moody’s, Standar & Poor’s y Fitch siguen siendo hoy las referencias en un mercado que mueve cantidades millonarias pero que, explica Alberto Sánchez Navalpotro, consejero delegado de Inbonis Rating, no está habituado a considerar a las pymes como clientes: “Esas tres grandes agencias controlan el 95% del mercado, y trabajan con una rentabilidad media del 50%. ¿Por qué no se dirigen a las pymes? Habría que preguntárselo a ellas, pero a la vista de las cifras se puede pensar que, probablemente, es porque no lo necesitan. Ahí es donde se abre un hueco para agencias como la nuestra, y a eso responde también la iniciativa emprendida por la Cámara, porque estamos convencidos que las empresas pequeñas también pueden beneficiarse de lo que aporta una evaluación independiente de su riesgo de impago, que eso es lo que les ofrecemos”.

Alberto Sánchez Navalpotro, consejero delegado de Inbonis Rating, durante su estancia en Cantabria para presentar el programa.

El consejero de Inbonis Rating se declara un convencido defensor de las pymes y de su aportación a la economía española –”Ellas hicieron posible que superáramos la crisis de 2009, cuando se lanzaron a exportar y lograron dar la vuelta a nuestra balanza comercial”, recuerda–, pero admite que su posición en los mercados financieros es débil, lastrada por una imagen que, por injusta que pueda parecerle, sigue siendo la que se impone cuando las cosas vienen mal dadas: “Empresa pequeña, cascarón frágil, es lo que se dice y, aunque yo crea que no es verdad y que si algo demuestra la trayectoria de decenas de negocios familiares es su fortaleza, lo cierto es que ante una crisis es habitual que se imponga esa idea y se deje de financiar a pymes que son rentables”. Con ello, explica Sánchez Navalpotro, se cae en una dinámica que tiene mucho de círculo vicioso y profecía autocumplida: pymes que tendrían futuro se ven abocadas al cierre, alimentando el tópico de su propia debilidad: “No es justo, y eso es lo que podemos evitar si las dotamos de una calificación que les permita acceder a instrumentos financieros que están ahí, pero a los que no tienen acceso, en gran medida por esa ausencia de calificación”.

Además de con el consejero delegado de Inbonis Rating, de los responsables de Cámara Cantabria y del consejero de Industria del Gobierno regional, la jornada de presentación del proyecto de calificación crediticia para pymes contó con la presencia de Manuel Iturbe, director territorial de Cantabria y Asturias del Banco Santander. En su condición de proveedores de financiación, los bancos constituyen un receptor clave para la información que generan los informes que elaboran las agencias, y su peso dentro del mercado de crédito a pymes les convierte en uno de los agentes que puede beneficiarse del proyecto que lidera Cámara Cantabria. Iturbe destacó esta circunstancia durante su intervención en la jornada de presentación, y animó a las empresas a aprovechar este convenio para mejorar su posición como demandantes de crédito accediendo a una calificación que puede ser usada como herramienta muy valiosa de información interna para la empresa e incluso para el propio banco.

Aunque es cierto que la labor de las agencias de calificación, y lo que esta puede aportar a las pymes, no es especialmente conocida por estas, las principales razones de la escasa penetración que la calificación crediticia tiene en este segmento empresarial hay que buscarlas en otro lado. Las grandes agencias que dominan el mercado han desarrollado un producto poco apto para quienes por su propia naturaleza están obligadas a optimizar sus recursos, tanto económicos como humanos. Las tarifas de Standar & Poor’s, Moody’s, o Fitch parten de una cantidad no inferior a los 100.000 euros, explica Sánchez Navalpotro, y su trabajo implica la labor de varios técnicos que, mientras dura la calificación, se desplazan a la empresa cliente y requieren de atención constante por parte de sus profesionales: “Ninguna pyme puede permitirse eso, y lo cierto es que nosotros tampoco”, admite el consejero delegado de Inbonis Rating, que explica que su agencia ha desarrollado un software y una metodología que permite optimizar procesos y recursos. El convenio con la Cámara de Comercio, como el que tiene vigente con Informa D&B –una de los principales proveedores españoles de bases de datos de información empresarial–,

permite dar un paso más para facilitar a la pymes el acceso a ese producto especialmente adaptado para ellas. “Por la normativa que rige a las agencias, nuestras tarifas tienen que estar obligatoriamente ligadas a nuestros costes, no son arbitrarias. En nuestro caso, eso supone movernos en una horquilla que va de los 4.000 a los 10.000 euros. La Cámara ha hecho una buena labor de negociación en favor de las empresas de Cantabria, y el convenio permitirá que puedan acceder al producto por entre 3.600 y 6.600 euros”. Que el precio sea uno u otro depende no tanto del tamaño de la empresa, como de su complejidad: “Si tiene más de una actividad, si tiene una estructura societaria complicada… Su facturación influye, pero en menor medida”.

El proceso de calificación es rápido y no compromete el día a día de la actividad de la pyme: “Hemos desarrollado un proceso para optimizar su tiempo y el nuestro. Hay detrás un enorme esfuerzo en tecnología y diseño de procesos para conseguirlo, porque realmente es una proeza poder ofrecer servicios de calificación crediticia a estos precios”, asegura Alberto Sánchez Navalpotro. El procedimiento de calificación implica para la pyme la aportación de una información que, señala el consejero delegado de Inbonis Rating, es habitual que cualquier empresa tenga ya elaborada, incluso con soporte documental: cuál es su actividad, cómo se presentan ante sus clientes, planes estratégicos, documentos de la propiedad, cuentas actualizadas, informe detallado de los riesgos por operaciones bancarias, previsiones de negocio… Una vez recibida esa información, se concierta una entrevista por videoconferencia, preparada con anterioridad a partir de un documento con preguntas precisas enviado por los técnicos de Inbonis, en la que a lo largo de aproximadamente una hora el empresario podrá hablar de su negocio y de las claves del mercado al que atiende. “A partir de ahí puede haber alguna ida y venida en la petición de información y datos, pero lo habitual es que en una semana hayamos completado el proceso”, calcula Sánchez Navalpotro.

El resultado de todo ese trabajo es una calificación que busca predecir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus créditos en el futuro, y un informe que detalla como se ha llegado a ella. Ambos –la nota y su explicación– son claves para que la empresa pueda presentarse tanto ante los proveedores de financiación como ante sus clientes, pero también, destaca el consejero de Inbonis, para mejorar el conocimiento que se tiene de uno mismo. Esto último es especialmente importante para aquellas empresas que pueden no tener las condiciones para acceder a una buena calificación, y que por ello pueden ser reticentes a evaluarse. De hecho, y aunque lo habitual es que los informes y las calificaciones sean accesibles tanto para la empresa evaluada como para los subscriptores de Inbonis Rating, existe la opción de contratar una calificación confidencial, que no se hace pública en ningún caso y que sirve únicamente para uso interno de quien la contrata, que puede utilizarla ante terceros con ciertas limitaciones. No entra en esa categoría la calificación realizada a Netboss Comunicaciones, que ha alcanzado una nota de triple ‘B’, el cuarto escalón en la escala que utiliza Inbonis y un nivel de solvencia que la sitúa en una posición destacada entre cualquier demandante de crédito: “Es cierto que nuestros servicios son utilizados sobre todo por empresas que saben que pueden conseguir una buena calificación, y de hecho más de la mitad del total de las empresas con las que hemos trabajado han conseguido como mínimo una BB, y el 13% la BBB. Pero el rating también tiene utilidad para quien pueda tener una nota más baja”, asegura el consejero delegado de Inbonis Rating.

Alguna de esas utilidades, admite Sánchez Navalpotro, no son demasiado evidentes ahora, cuando la financiación barata, los créditos ICO y los aplazamientos debidos a la crisis sanitaria han situado a las empresas ante lo que considera una engañosa sensación de seguridad en cuanto a la posición de su tesorería: “Pero eso va a cambiar, y es el momento de anticiparse. Hasta ahora, con los tipos de interés en mínimos, se estaba subvencionando artificialmente el crédito a las empresas, de manera que la banca cobraba a todas el mismo interés, o muy similar. Pero vamos a un escenario en el que la banca va a ajustar el precio al riesgo, y ahí las empresas tienen que estar preparadas para defenderse y negociar. Contar con una calificación va a ser un elemento clave para diferenciarse”. El consejero delegado de Inbonis Rating ilustra con cifras la forma en que esa diferenciación puede beneficiar a los costes de financiación de una empresa: una calificación ‘B’ implica una posibilidad de impago del 4%, lo que debería llevar a la banca a aplicar un diferencial en el interés del crédito que le cubra ante esa posibilidad. “Eso daría como resultado un interés del 6%, que hoy parece una locura, pero estoy convencido de que va a pasar, y pronto. Una calificación ‘BB’, en cambio, tiene una posibilidad de impago del 1% y podrá financiarse al 1,5%. Va a haber una enorme diferencia en los costes de financiación entre unas empresas y otras, y ahí contar con una calificación siempre va a ser una ayuda”.