Los promotores de la recién creada plataforma de Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales (PACCA) quieren impulsar la región como plató cinematográfico y remover los obstáculos que a su juicio impiden un mayor desarrollo del sector en Cantabria, especialmente la escasa cuantía de las inversiones públicas en comparación con otras comunidades autónomas, lo que unido a la falta de una televisión autonómica resta competitividad frente a la oferta de otras comunidades autónomas, una desventaja que se agrava por no contar con una televisión autonómica que actúe como motor de la actividad. El presupuesto medio de un largometraje español, recuerdan, ronda el millón de euros, de los que en torno a la mitad se invierten en el lugar donde se rueda, implicando a empresas de varios sectores y a un amplísimo abanico de profesionales.

Sara Sánchez Portilla | Octubre 2020

El cine es la forma de espectáculo más frecuentada por los españoles, que el año pasado destinaron algo más de 614 millones de euros para adquirir entradas en las taquillas de alguna de las 3.695 salas que existen en España. De esa cantidad, algo más de un millón de euros se recaudó en Cantabria, una región que –como el resto de comunidades autónomas españolas– busca que esa vinculación con el séptimo arte vaya más allá de esa relación entre exhibidores y espectadores y alcance todas las vertientes de una industria que alienta la actividad de empresas muy diversas. Algunos de ellos, los más directamente vinculadas con la creación de contenidos, presentaron el mes pasado la plataforma de Productoras Asociadas de Cine y Audiovisuales (PACCA), que se plantea como objetivo impulsar la región como “plató natural” para rodajes y sentar las bases para el desarrollo de una industria cinematográfica local. Para ello, los promotores de PACCA consideran prioritario atajar las desigualdades que sitúan a Cantabria en posición de desventaja respecto a otras comunidades autónomas, con la gestión de las ayudas públicas como uno de los elementos más destacables.

Como una de sus primeras acciones, PACCA ha elaborado un informe de diagnóstico del sector, a partir del cual ha articulado una serie de propuestas con el fin de que la industria del cine en Cantabria sea “considerada”, según señala como objetivo inicial Marta Solana, presidenta de la región creada asociación: “Sentíamos que quizá no nos habíamos expresado bien, que no habíamos informado a los políticos sobre por qué era importante invertir en cine. Por lo que para poner en marcha nuestro objetivo tenemos que hacer una labor informativa para explicarlo y argumentarlo”. El informe elaborado por PACCA calcula que la industria del cine genera en España un total de 89.000 puestos de trabajo en 6.700 empresas, 300 de ellas productoras, como las siete que han formado la asociación presentada el pasado 11 de septiembre en el Centro Botín, coincidiendo con la celebración de la cuarta edición de la Semana Internacional de Cine de Santander. Entre los profesionales que forman parte de PACCA hay actrices, productores, cámaras, montadores, directores, guionistas, y locutores, en una muestra de la diversidad de perfiles que se implican en la elaboración de contenidos audiovisuales.

“Cuando se desarrolla un rodaje en la región es necesario contratar profesionales, lugares de hospedaje, alquiler de furgonetas… se genera una economía en torno a la cultura. Por lo que invertir en cine es invertir en Cantabria, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural”, destaca Marta Solana, que apunta algunas cifras: la cantidad media que se invierte en un largometraje español ronda el millón de euros, y el 50% de ese dinero se queda en el lugar donde se rueda. Cantabria, lamenta, apenas atrae rodajes y se queda, por tanto, al margen de ese mercado: “Hay que considerar el cine como industria, y en la actualidad no está considerada como tal, por lo menos en Cantabria”.

Alguno de los rodajes realizados en Cantabria por las productoras agrupadas en PACCA, que consideran que la región no aprovecha todo su potencial como plató natural debido a la falta de una industria audiovisual potente.

Para atajar esa situación, PACCA considera fundamental reformar el sistema de ayudas, por ser estas claves para sostener proyectos ambiciosos que, de otra forma, buscan otro lugar para salir adelante, produciéndose una fuga de talentos que, indica Marta Solana, podría evitarse: “Siempre hay una desventaja. Tenemos potencial, buenas ideas, pero esas ideas no se desarrollan aquí, en nuestra comunidad, porque esta no nos apoya. Y poner en valor el contenido audiovisual en Cantabria, a través de dinero público, que saque adelante proyectos y que a su vez venda Cantabria enseñándola por todo el mundo, es clave. Cantabria no se ve promocionada porque no invierte en el sector”, puntualiza  Solana.

Desequilibrio con la inversión pública de otras regiones

En el informe elaborado por PACCA se concluye que el sistema de gestión de las subvenciones culturales está “obsoleto”, y que las ayudas no sirven para competir con igualdad con otras comunidades autónomas, además de existir un claro desequilibrio entre las cantidades que contempla Cantabria y las que se destinan en otras regiones, algo en lo que también tiene un peso decisivo la existencia o no de una televisión autonómica. En Cantabria el Gobierno regional destina al sector audiovisual 180.000 euros anuales repartidos en su línea de subvenciones, que al ser compartida con el sector musical dejaría la cantidad final en 90.000 euros al año. El informe de PACCA compara esa cantidad con la que otras autonomías destinan a ese mismo concepto y a sus televisiones públicas, y que como media sería de unos 19 euros por habitante y año. Para estar a la altura de las 15 comunidades autónomas que cuentan con televisión autonómica, calcula el informe de PACCA, Cantabria debería destinar a su sector audiovisual 11 millones de euros cada año. La diferencia entre esa cantidad y los 90.000 euros que recibe de forma efectiva el sector explica, según las productoras cántabras, que en la región no haya podido desarrollarse una industria cultural potente y de calidad, lo que a su vez implica que sea más difícil atraer rodajes.

La existencia o no de una televisión autonómica no sirve solo como referencia para las inversiones públicas en una autonomía u otra, sino que alcanza a otras cuestiones que tienen una incidencia directa sobre el sector audiovisual, y que en opinión de Marta Solana suponen otro factor de desigualdad de Cantabria respecto a otras regiones: “La ausencia de una televisión autonómica genera la falta de producción propia o conjunta con otras televisiones autonómicas o nacionales para la producción o coproducción de series, documentales o películas de ficción. El que no haya una televisión pública, además, nos priva de la participación e inversión que, por ley, se debe destinar a esos contenidos audiovisuales”, apunta la presidenta de PACCA en referencia al 7% de los ingresos que las televisiones públicas están obligadas a destinar a la producción de contenidos propios. Desde la plataforma que agrupa a las productoras cántabras se considera que no contar con una televisión autonómica, junto con la falta de formación académica del sector audiovisual en la región, ha tenido como consecuencia una “huida masiva de los profesionales del sector” a comunidades como Madrid, País Vasco y Cataluña.  

Además de por su escasa cuantía, PACCA cree que la gestión de las ayudas tampoco contribuye a que estas sean eficaces. Considera especialmente perjudicial que no se contemplen ayudas a cortometrajes pero no a la producción de largometrajes y series, lo que perjudicaría a las empresas locales en lo estrictamente económico –por no poder contar con unos recursos que, de nuevo, sí existen en otras regiones– y porque el sistema de puntuación del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), al que el informe de PACCA señala como principal fuente de financiación para el cine nacional, valora el que el productor cuente con ayudas de su comunidad autónoma.

Otro aspecto que PACCA considera especialmente perjudicial dentro del actual sistema de ayudas es que estas dejan fuera a las coproducciones, siendo esta una de las formas de financiación “directa” de una película cinematográfica o un cortometraje. Permitir la coproducción, explica Marta Solana, implicaría una mayor capacidad para captar el interés de productoras nacionales, habituadas a buscar acuerdos y sinergias con empresas de diferentes comunidades, facilitando el desarrollo de producciones. A todo lo anterior habría que unir lo que el informe de PACCA califica como reparto ineficaz de las ayudas, que incluyen partidas tanto para la producción amateur como para la profesional, distribuyéndolas de una forma que, a juicio de los redactores del estudio, perjudica a esta última. “Queremos que el cine en Cantabria sea una realidad y no algo anecdótico”, indica la presidenta de la asociación, que considera que la región cuenta con argumentos para ser considerada un plató natural excepcional: “Tenemos a poca distancia tanto costa como montaña, lo que resulta extraordinario a la hora de elaborar contenido audiovisual. Además, que no se haya rodado apenas en la región hace que sea más exclusivo. Hay muchos lugares que el espectador nacional e internacional puede descubrir”, indica Marta Solana.

Las productoras cántabras agrupadas en PACCA cifran en 850.000 euros anuales el presupuesto en ayudas que podría servir para sacar adelante proyectos en la región, una cantidad a la que llegan atendiendo a lo que Cantabria se ahorra por no contar con una televisión autonómica y al importe que los entes televisivos públicos están obligados a destinar a la producción audiovisual, cifrada en un 7% de sus ingresos. La propuesta, que la asociación ha trasladado a los responsables políticos, incluye un desglose del destino al que podría destinarse esa cantidad. La partida más importante –540.000 euros– iría a la producción de largometrajes de ficción y documentales. Las ayudas al desarrollo de producciones –un concepto que engloba toda la tarea previa a la producción propiamente dicha– concentraría la mayor parte del resto, a razón de 80.000 euros para el desarrollo de largometrajes de ficción, otro tanto para el desarrollo de documentales y 40.000 para el desarrollo de contenidos televisivos. Según la propuesta elaborada por PACCA, a la producción de cortometrajes se destinarían 80.000 euros, 20.000 a ayudas a la distribución y 10.000 euros –la misma cantidad que actualmente– a las producciones amateur.

El objetivo último sería generar una  bolsa de actividad que permitiera el desarrollo de una industria. Con ello, recalca el informe, se rompería la dinámica actual, que desde PACCA se considera que es una de las principales razones para que Cantabria no desarrolle todo su potencial como lugar para el rodaje de producciones audivisuales: no hay profesionales ni empresas por no existir una industria, y la ausencia de esta hace especialmente complicado que una productora piense en la región para rodar, al no existir una estructura empresarial local capaz de prestar los servicios que demandan. En Cantabria, señala el estudio elaborado por PACCA, no hay productoras de ‘services’ o de ‘casting’, y apenas hay presencia de técnicos especializados. “Esto sucede porque no les compensa económicamente, porque en Cantabria, aún no se ha visto al cine como una industria que pueda generar puestos de trabajo”.

Marta Solana considera que sacar adelante la industria del cine en la región “es posible” y para demostrarlo asegura que PACCA está dispuesta a presentar todos los informes que se requieran, con datos, propuestas y reflexiones, inspirados en modelos de éxito de los sistemas de ayudas que han desarrollado otras comunidades. Estarán, dice, “adaptados” a las necesidades de la región y tendrán como finalidad crear “el sello de cántabro” en la industria cinematográfica.

La crisis provocada por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto el carácter estratégico que tiene el abastecimiento de material médico, y también las posibilidades que existen para crear una industria local capaz de asumir esa tarea. La creación de un clúster que agrupe a empresas que trabajen en este ámbito, con independencia del sector desde el que lo hagan, busca dar respuesta a ese desafío con un objetivo que trascienda las actuales circunstancias, aunque pueda sacar partido de lo aprendido con las iniciativas desarrolladas para paliar el desabastecimiento provocado por la primera ola del coronavirus. Con Valdecilla como motor y estandarte, la experiencia de lo acontecido la pasada primavera permite identificar fortalezas, pero también pone en evidencia las dificultades que habrá que superar para afianzar una industria sanitaria cercana.

Cristina Bartolomé |  @criskyraDiciembre 2020

En los meses que llevamos de pandemia se han desarrollado en Cantabria iniciativas empresariales para fabricar suministros sanitarios relacionados con la covid-19, como mascarillas, gel hidroalcohólico, pantallas faciales… Dado que nuestra región cuenta con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de referencia nacional e internacional, y de una estructura sanitaria de alta cualificación, cabe preguntarse si esta situación puede significar un impulso para crear un tejido empresarial vinculado al ámbito de la salud que provea a los centros hospitalarios y pueda desarrollar un ‘Sillycon Valley’ de la biomedicina. Los primeros pasos para dar respuesta a ese interrogante se han dado con la iniciativa del Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Industria, que proyecta una clúster de industrias de la salud.

Uno de los primeros ejemplos de la potencialidad de Cantabria en este campo, y también una de las iniciativas que ha dejado claras las dificultades y los retos que se plantean, ha sido la fabricación de los ahora tan conocidos hisopos. En las primeras semanas de la pandemia se dio un desabastecimiento de este sencillo pero crucial instrumento para la detección del covid y el Hospital Virtual de Valdecilla (HvV), bajo la dirección de Ignacio del Moral, los diseñó y fabricó con impresoras 3D. También realizó el diseño las necesarias pantallas de protección facial.

Desde ese momento y hasta mediados de octubre el HvV ha producido 90.000 hisopos destinados al Servicio Cántabro de Salud. “El Hospital Virtual –explica Ignacio del Moral– jugó un papel crucial en servir al Servicio Cantabria de Salud usando su tecnología en el diseño y fabricación del material del que estaba desabastecido. Trabajamos para adaptarnos y, junto a 3D IdeaLab Valdecilla, impulsamos un sistema de prototipado rápido con el objetivo llegar a una producción eficaz”.

A día de hoy el HvV no surte ya de hisopos al SCS: “El último pedido fue en octubre. Tenemos todo preparado por si nos necesitan, pero la cadena de abastecimiento de este material ya tiene un camino estándar”. Ahora, explica el director del HvV, es la empresa cántabra Metacrilatos y Plásticos quien está surtiendo a Valdecilla de pantallas faciales con el diseño cedido por el hospital virtual que, recuerda Del Moral, no es un centro de producción, sino de innovación: “No desarrollamos tecnología, nuestro modelo de negocio está en comprar o probar la que está en vías de comercialización y explorar su aplicación clínica”. En cualquier caso su apoyo sigue vigente: “Si el SCS tiene necesidad de algún material seguimos aportando soluciones, por ejemplo, estamos fabricando un componente para las máquinas que analizan las PCR”.

El reto del coste de fabricación

Una de las salas del Hospital Valdecilla, con todo un muestrario de los materiales y equipos que demanda la atención sanitaria especializada.

Uno de los retos que tiene que superar cualquier intento de crear una industria sanitaria en Cantabria es el del coste de fabricación. Ignacio del Moral considera, por ejemplo, que producir hisopos a gran escala en Cantabria puede ser poco sostenible: “Nadie fabrica 10.000 al mes, habría que montar una planta solo para Valdecilla. No se ha visto como rentable ponerse a fabricarlos, es carísimo, mientras que su precio es de apenas unos céntimos cuando se traen por ejemplo de China. En el momento en que nosotros nos pusimos a fabricarlos no había otra posibilidad que hacerlo de forma artesanal”. Sin embargo las circunstancias ahora son muy diferentes: “Hay material y además ya hemos conocido la situación, y la incertidumbre está más medida”.

La capacidad de fabricar estos materiales en el Hospital Virtual por tanto es limitada, pero sin embargo su reconocimiento como centro de referencia internacional sí abre una vía para la generación de los modelos: “Hemos hablado con varios países, entre ellos Israel, Alemania o Argentina, para que ellos, teniendo en cuenta nuestro diseño, pudieran hacer hisopos”. Además, el centro ha realizado pruebas para respiradores de ventilación: “Desde Idealab, junto a los clínicos y neumólogos de Valdecilla, se ideó diseñar y construir piezas de alta precisión a partir de las máscaras de Decathlon con el objetivo de usarlas clínicamente con seguridad”.

El rol de este centro especializado, resume Del Moral, es ser un ‘hub’ de clínicas y sector empresarial: “Trabajamos con la CEOE para ver cómo podían transformar su producción, con ENSA, con empresas de robots de higienización, con el CTC… En ese contexto hemos jugado el papel de catalizador, dinamizador, transformando nuestra misión inicial y adaptándonos”, explica el director del HvV, que destaca la excelente colaboración que se dio en aquellos primeros momentos de la pandemia: “La fabricación del hisopo se hizo en una semana cuando suele llevar meses, pero en ese proyecto estuvieron también los servicios de Microbiología y de Riesgos Laborales de Valdecilla, ingenieros de diseño y de producción, la empresa Metracrilatos y plásticos, ENSA…”.

Ahora, meses después del trabajo impulsado por aquella necesidad, Cantabria no está desabastecida de hisopos, de pantallas… “Las circunstancias vividas han servido para que el HvV se vea como una herramienta con la que trabajar mano a mano, como empresas de servicios y de generación de recursos y de transformación del modelo productivo”.

El motor del Hospital Marqués de Valdecilla

Rafael Tejido, director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es un motor muy importante para Cantabria, también económico, y resulta el buque insignia de los hospitales de la región. Cuenta con 5.700 trabajadores y según destaca su director gerente, Rafael Tejido, puede generar mucho trabajo, investigación e innovación: “Valdecilla tiene densidad de talento y tenemos estructuras que nos unen como el Idival, la Facultad de Medicina, el Hospital Virtual y las empresas, que nos puedan ayudar a través de conciertos público-privados. Esa potencialidad es nuestra principal fortaleza y hay fondos, por lo que se puede crear empleo y aportar a la industria”.

Tejido considera que en el ámbito de las empresas relacionadas con la salud se han dado pocos pasos aún: “Pero el camino es largo, es un campo inmenso por el que debiéramos apostar. Es una oportunidad enorme, Valdecilla es muy importante, debiéramos tener una comunidad sanitaria capaz de crear riqueza e innovación en biomedicina, que puede generar puestos de trabajo y riqueza para la comunidad”.

El HUMV está bien abastecido de lo necesario para esta fase de la pandemia. Ya en la primera ola Valdecilla hizo acopio con antelación de los materiales necesarios y Tejido recuerda cómo lograron que el almacén estuviera surtido, aunque también guarda en su memoria los momentos de desabastecimiento de hisopos, tests y EPIs. “Sin embargo ahora todo el mundo está más preparado y se afronta de una forma diferente. A día de hoy tenemos de todo y lo esperable es que no tengamos problemas, si bien depende de cuánto va a prolongarse esta situación. Nosotros estamos aumentando materiales como los equipos de protección individual y los proveedores están respondiendo”. Según el gerente de Valdecilla, además, “el hospital tiene una marca a nivel internacional y por eso cuentan mucho con nosotros”.

Varios de esos proveedores se encuentran a día de hoy en otras comunidades autónomas, según se muestra en la web del Gobierno regional, pero poder contar en un futuro con empresas localizadas en Cantabria sería una ventaja, según admite el director del hospital cántabro: “Pueden servir de manera más personalizada en una situación complicada, mientras que en un mercado internacional eres uno más”, reflexiona Tejido, que por ello aboga por proteger de alguna manera a los proveedores cercanos: “En casa se sienten parte de la solución del problema, por eso me gustaría que fuera con empresas locales, es bueno que tengamos proveedores cercanos que estén motivados en las soluciones y que quieran trabajar por Cantabria y por Valdecilla”.

El camino parece abierto también para otros equipos necesarios, como la fabricación de las máquinas que procesan las pruebas diagnósticas o PCR. “Ahora hay muchas soluciones tecnológicas que van a posibilitar que en 3 o 5 años se vayan a poder hacer de forma local, con robots más simplificados. Ahora los pasos son más automatizados, por ejemplo con el robot Opentrons Covid 19 se pueden hacer muchas PCRs al día”.

Pero, ¿de qué dependería que las empresas cántabras aprovechen la oportunidad?: “Tenemos que trabajar un nexo de unión, un clúster. Contamos con la materia prima, lo que nos falta es organizarlo”, resume el director del Hospital Valdecilla.

Ignacio del Moral, director del Hospital Virtual Valdecilla.

Desde la Dirección General de Innovación también se percibe así la situación generada por la pandemia. Su titular, Jorge Muyo, asegura que estamos ante una oportunidad que Cantabria está en condiciones de aprovechar: “El de la salud es un sector que siempre va a necesitar avances científicos y tecnológicos”. Desde su Dirección General, Muyo impulsa la creación de un clúster, una idea que nació al inicio del confinamiento. Viendo la iniciativa espontánea de la sociedad de fabricar pantallas faciales y mascarillas, la Consejería de Industria percibió la necesidad de establecer canales formales para desarrollarlo y, en coordinación con la de Sanidad, y contando con Sodercan, el Idival, el Hospital Virtual y Valdecilla, iniciaron el proyecto.

El objetivo es impulsar un movimiento económico, industrial y productivo: “Queremos atraer inversiones, desarrollar sinergias con centros de I+D+I, ser una referencia a nivel nacional e internacional, fomentar la interrelación empresa-salud y las iniciativas de emprendimiento. Queremos que sea el germen de nuevos productos, procesos y servicios desde la industria hacia el ámbito sanitario”.

Un clúster transversal

Se proyecta incluir subsectores más allá de la industria asistencial, integrando diferentes tecnologías, como las de la información y la comunicación. “Pueden participar además empresas de materiales sanitarios innovadores, infraestructuras para hospitales, impresión 3D y realidad virtual, diseño de nuevas herramientas o robotización. A ello se añaden los servicios, hostelería, limpieza, etc. También está el ámbito científico: nuevos medicamentos y sistemas de análisis, innovación en laboratorios, y de investigación: vacunas, sueros, medicinas, que es ya una industria en sí misma y se apoya en el I+D”. A todo esto se suma el sector del transporte y la logística, que facilita el acceso al material y evita desabastecimientos, y la participación activa de los profesionales de la sanidad: “Queremos que se impliquen en desarrollos industriales, que las empresas vayan al hospital y el hospital vaya a las empresas, que intercambien información y sean más socios”. El modelo descrito es inédito, ya que, según relata Muyo, a nivel nacional e internacional hay clústeres científicos, pero uno que incluya todos estos subsectores no hay: “El clúster que estamos diseñando quiere buscar soluciones industriales a todas las necesidades que hemos detectado”.

Una vez realizado el análisis estratégico, llega el plan de acción, empezando por un mapeo de empresas y profesionales. Las conversaciones con el sector empresarial se realizarán por Sodercan y, según las previsiones, a mediados de 2021 habrá una cartera de servicios y proveedores de habilidades científicas, tecnológicas e industriales de la región. Se trata, según explica Muyo, de detectar empresas que puedan dar soluciones al sistema de salud.

Los hisopos usados en las pruebas PCR.

La pregunta que puede surgir es si antes de que la iniciativa fructifique podemos quedarnos desabastecidos. Muyo cree que no: “Hemos visto acciones de diversificación de productos de empresas y nuevas líneas de producción, como las mascarillas y el gel. Las empresas de Cantabria han visto una oportunidad empresarial en esos productos, por lo que creo no habría ese problema”.

Además de la fabricación de esos materiales, la proyección puede ir mucho más allá, basándose en el “enorme potencial” que, señala el director de Innovación, tiene Cantabria, con Valdecilla, el Hospital Virtual y el Idival. Muyo enumera los avances en impresión 3D del HvV: “Un área en la que está muy bien posicionado y que le permite empezar a proveer a los hospitales”. También incluye el desarrollo de operaciones quirúrgicas ayudadas de la realidad virtual que implementa: “Es uno de los pocos a nivel internacional que cuenta con ello y eso se puede ya vender”, asegura.

Por su parte el Instituto de Investigación de Valdecilla, el Idival desarrolla proyectos europeos de telemedicina por el que se han interesado varios países. “Hay muchas cosas que se están haciendo, como la monitorización de pacientes de forma remota, la llamada sensórica o la analítica, con productos que ya se pueden vender en un catálogo de servicios. En robótica quirúrgica y 3D todas las regiones que conocen nuestros proyectos han estado interesadas en replicarlo. Francia, Irlanda, Finlandia, han intercambiado información con el hospital y están interesados en desarrollarlos. En fabricación de mascarillas China puede ganar, pero en soluciones tecnológicas podemos liderar a nivel nacional e internacional. Queremos ser un poco ‘vendedores’ de todo este conocimiento”, resume Muyo.

En cuanto a la inversión, Muyo aboga por un modelo europeo de I+D por el que se definen misiones o proyectos encaminados a un objetivo final. La previsión es incentivarlos con subvenciones: “En los últimos meses ha habido una revolución en este campo, con empresas reutilizando sus cadenas de producción, y hay que aprovechar ese impulso”. Se puede beneficiar también del apoyo del Gobierno central y de fondos europeos de reconstrucción. Ya se consigan o no, lo que define Jorge Muyo como seguro es que el clúster ha venido para quedarse: “Evidentemente tendrá apoyo regional, ya que es un proyecto del Gobierno de Cantabria, pero no perderemos ninguna fuente de financiación que tengamos al alcance”.

PCRs portátiles

Una de las empresas de Cantabria que ha visto una oportunidad en la situación actual ha sido Soningeo. A través de su filial Torrelab ha decidido distribuir en España y Portugal un aparato portátil de fabricación francesa con el que se obtienen los resultados de las pruebas de diagnóstico PCR en aproximadamente 40 minutos. Enrique Conde, propietario de la empresa, explica que aunque no se han dedicado al sector de la salud hasta ahora, pensaron que es una metodología que no había y que puede facilitar la forma de hacer las PCRs ya que no hay que ir a los laboratorios, el sanitario puede acudir donde esté la persona: “Evita desplazamientos de personas mayores, puede agilizar el trabajo de ambulatorios, empresas, etc. Da una facilidad importante”.

Acaban de comenzar y en Cantabria un laboratorio ya ha comprado el producto. Conde explica que, pese a su idoneidad, la distribución del producto no esta siendo fácil: “Este es un sector donde las grandes firmas farmacéuticas dominan el mercado, pero pensamos que puede ayudar mucho a las personas y con esa ilusión lo estamos moviendo. Lo vimos como una oportunidad muy buena de servir a la sociedad”.-

Además de su posición al frente de Soningeo, Enrique Conde preside CEOE-Cepyme en Cantabria y desde esa atalaya considera positivo la creación de un clúster de la salud. Incide en que el objetivo debe ser la creación de empresas en torno a la destacada actividad médica de nuestra región: “Hay que potenciar un tejido empresarial alrededor de Valdecilla y el resto de entidades públicas. La pura realidad es que a día de hoy hay pocas empresas que se dediquen a la actividad sanitaria. En CEOE apostamos por ello, está ahí para apoyar, pero con el ánimo sobre todo de impulsar un entorno empresarial sanitario, los empresarios deben tener más protagonismo. Valdecilla es un potencial impresionante, colaboramos con el Idival, con el IBBITEC… y creemos que hay que dar valor a lo que tenemos, pero hay que impulsar la creación empresarial”.

Siete meses después de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. La cara son los 1.808 hogares cántabros amparados por esta ayuda, que suman un total de 5.204 personas. La cruz, que el 65,9% de las solicitudes tramitadas se rechazan, que Cantabria se sitúa a la cola de España en cuanto a alcance de esta prestación y que, según denuncian sindicatos y organizaciones del tercer sector, los canales de comunicación para solicitar la ayuda son mejorables.

Francisco Rouco | @FranRoucoFebrero 2021

El pasado mes de junio, el Gobierno puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV), una aportación directa de entre 461,50 y 1.015,30 euros al mes dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas económicamente vulnerables. El objetivo: llegar a 2,3 millones de personas, 850.000 hogares en toda España. La medida, calificada por sus impulsores como “el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia —firmada en 2006—”, es compatible con otros incentivos como becas al estudio, ayudas a la vivienda y algunas prestaciones de emergencia. Y también con la búsqueda de empleo: en caso de encontrarlo, la prestación sigue activa mientras no se superen los requisitos, que son tener unos ingresos inferiores a 459,93 euros al mes y un patrimonio menor de 16.917,60 euros, además de otras obligaciones.

En diciembre, siete meses después de su puesta en marcha y con 518 millones de euros invertidos de una partida total de 3.000, el IMV alcanzaba a 462.508 personas en toda España, unos 160.000 hogares. Esta cifra representa el 19% de lo prometido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuando se aprobó la medida en junio. Aunque el ministro redujo en octubre el objetivo de los 850.000 hogares a 550.000, y en diciembre dijo que la primera cifra no se alcanzaría “ni de lejos”, las diferencias entre el alcance real y las previsiones sobre el papel han obligado a las autoridades a evaluar todo el proceso, especialmente después de conocer algunos porcentajes inesperados.

Un voluntario trabajando en el centro de distribución que el Banco de Alimentos de Cantabria tiene en Santander. La creciente demanda de este servicio, como de los que presta Cáritas o la Cocina Económica, es una de las consecuencias de la crisis de la covid-19.

En toda España, se presentaron –siempre con los datos hasta diciembre de 2020– 1.136.173 solicitudes para conseguir el ingreso mínimo vital. Para valorar la expectación que ha tenido esta medida hay que recordar que solo se puede presentar una solicitud por unidad de convivencia, es decir, por familia o pareja de hecho que convivan bajo un mismo techo. Por tanto, tras una sola solicitud puede haber más de una persona interesada (de hecho, el número de personas cubiertas actualmente por el IMV por cada solicitud aceptada es de 2,9). Hasta diciembre fueron tramitadas 807.914 solicitudes, es decir, un 71,1% de las presentadas. De aquellas, se aprobaron 159.482, se denegaron 466.873 y hay 181.559 solicitudes con errores o incompletas que deben ser corregidas. Si nos centramos en las solicitudes tramitadas, apartamos de la ecuación las solicitudes pendientes –22,5% de todas las tramitadas– y atendemos solamente a las aprobadas y las rechazadas, el porcentaje de aprobación es del 25,5% y el de rechazo, del 74,5%. Este dato es el que está suscitando la mayor parte de los reproches a la puesta en marcha de esta medida, aparte de las diferencias ya referidas entre el alcance prometido y el alcanzado.

En cuanto a los datos de Cantabria, los porcentajes van parejos a las cifras nacionales. Hasta diciembre se presentaron 9.765 solicitudes, de las cuales se tramitaron 6.892, el 70,6%. De estas se aprobaron 1.808, se rechazaron 3.493 y están pendientes de subsanación 1.591. De nuevo, podemos aislar las solicitudes por corregir –23,1% de las tramitadas– para obtener el grado de aceptación/rechazo del IMV en Cantabria: se aprueba el 34,1% de las solicitudes y se rechaza el 65,9%.

“Con carácter general, las denegaciones tienen que ver con los criterios de vulnerabilidad económica, es decir, no cumplir con los requisitos de renta y patrimonio”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las preguntas planteadas por esta revista. “El IMV está focalizado a las situaciones de vulnerabilidad extrema, es decir, a aquellas personas que se encuentran en situaciones de pobreza y exclusión. Es evidente que, de los más del millón de solicitudes que se han recibido, no todas las personas cumplen los umbrales de renta y patrimonio que se exigen para la prestación”. Con todo, desde el ministerio valoran la puesta en marcha del IMV como “muy positiva” y destacan la “elevada demanda”, que “pone en evidencia que era una prestación absolutamente necesaria, demandada desde hace muchos años por las organizaciones sociales y que, sin duda, supone un gran avance para nuestro Estado de Bienestar”.

Una cobertura de solo el 10%

Paralelamente a conocerse el dato de solicitudes del IMV y su porcentaje de rechazos, Comisiones Obreras (CCOO) publicó su informe Hogares sin ingresos laborales por comunidades autónomas, donde denunciaba el “lento reconocimiento” del IMV en la comunidad cántabra. Según datos del sindicato elaborados a partir de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) de 2018 del INE, esta ayuda solo alcanzaba en diciembre al 10% de los hogares cántabros potencialmente necesitados, la segunda comunidad autónoma con menos cobertura, solo por detrás de Canarias, con el 9,2% (la media española se sitúa en el 20,4%). El informe calcula que hay 18.000 hogares que podrían beneficiarse del IMV, pero a finales de año este solo alcanzaba a menos de 2.000 (los 1.808 ya citados). Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegaron hacer valoraciones sobre este asunto, aludiendo a que desconocen los datos que ha publicado CCOO, pese a habérselos facilitado y ser públicos.

Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria.

Desde el sindicato consideran esta cobertura “insuficiente”, y la explican a partir de varias razones: falta de personal en la administración pública, un procedimiento administrativo “demasiado farragoso” y una falta de comunicación que, señalan, dificulta que las personas puedan conocer este recurso. “Tras aprobar el IMV, hubo una primera oleada de personas de todo tipo de niveles de acceso que nos consultaron si podían solicitar el IMV”, explica Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria. “Llegaron muchas personas con ingresos muy bajos que creían tener derecho a la prestación, pero que quedaban fuera por tener familiares o cónyuges con cuantías que no cumplían los requisitos”. Paralelamente a esto, explica Mantecón, muchas personas que sí pueden optar al IMV están quedándose fuera por desconocimiento. “A las personas que ya teníamos en nuestros expedientes y que sabíamos que tenían posibilidades de acceder las ayudamos a hacer los trámites telemáticamente, un procedimiento que para gente que no tenga cierto nivel de estudios o habilidades informáticas es imposible”.

Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Pese a que existen dos vías para tramitar las solicitudes para el IMV, la presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la telemática en la página web (www.seg-social.es), además de un número telefónico para las consultas (900 20 22 22), la covid-19 redujo las opciones a una. Levantado el confinamiento, las citas presenciales empezaron a concederse para varias semanas después, con lo que la tramitación vía web se convirtió en la alternativa más rápida. El procedimiento no entraña mucho misterio para una persona que use Internet de forma habitual, una condición que no suele darse en muchas de las personas que piden estas ayudas, como denuncian desde CCOO. Para hacerlo más fácil, el 26 de junio se subió a Youtube un vídeo llamado ‘Acceda a toda la información sobre el Ingreso Mínimo Vital’, un clip explicativo con instrucciones claras y sencillas. Sin embargo, el vídeo dejaba fuera tareas con un punto adicional de complicación, que van mucho más allá de adjuntar archivos a la solicitud. Ejemplo de ello es convertir los documentos fotografiados en archivos PDF o reducir la resolución de los documentos si estos superan el tamaño máximo de 15 MB. “Todos estos trámites no son sencillos para muchas personas, especialmente para aquellas que ni siquiera tienen Internet en sus casas”, explica Rosa Mantecón, que señala además la dependencia del ordenador para conocer el estado de la solicitud. “Una vez que envías la solicitud telemáticamente, todas las comunicaciones son por esta vía. Hay muchas personas que creen que han añadido todos los documentos y no ha sido así, pero tampoco saben lo que tienen que añadir”. De las peticiones tramitadas hasta diciembre en Cantabria, dos de cada 10 tienen que ser revisadas porque falta información o hay errores en la documentación aportada. “El problema es que muchas veces las personas que se encuentran en situación de exclusión son las que peor acceso tienen a la información sobre los recursos disponibles que pueden ayudarles”, subraya la secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO.

Una “brecha comunicativa” pendiente

“Es posible que la información no haya llegado a la ciudadanía de forma suficientemente clara para que sepan cómo pedir esta ayuda”, explica Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander. “Al margen de que las entidades privadas ayudemos de forma individual a las personas que acuden a solicitar la ayuda, el esfuerzo debe de ser de quien tiene la información, y creo que ha habido una brecha comunicativa”. Desde esta institución han comprobado varios problemas relacionados con las solicitudes del IMV. El más notable es la falta de un interlocutor de la Seguridad Social en caso de dudas. “Hay personas que no saben por qué cobran lo que cobran y si pueden optar a más ayudas”, denuncia Sierra. Anulada de facto la opción presencial –“pueden pasar semanas hasta conseguir una cita”—, la única vía para obtener información de primera mano para explicar “conceptos confusos como la unidad de convivencia” es el teléfono. “Llaman por teléfono y en raras ocasiones obtienen respuestas”, explica Sierra, quien subraya que entiende que los servicios de la Seguridad Social están saturados y que hace su valoración desde la “comprensión” de esa circunstancia. Sobre el servicio telefónico hay que mencionar que inicialmente iba a funcionar de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 (el vídeo de Youtube muestra ese horario) pero actualmente solo opera de 9:00 a 14:30, de lunes a viernes. “Hay mucho desconocimiento a pie de calle sobre cómo se está llevando el ingreso mínimo vital. La ciudadanía necesita seguridad, y si la ciudadanía ha conquistado un derecho como es este, lo que hay que esperar es que se responda a todas las personas que tengan ese derecho”, concluye el secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Dependencias de la Cocina Económica, en Santander.

Superada la primera etapa del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. Siete meses después de su implementación, 1.808 solicitudes han sido aceptadas en Cantabria, y la ayuda se extiende hasta las 5.204 personas entre solicitantes y menores a su cargo. Sin embargo, por el lado negativo destaca el elevado porcentaje de rechazos (65,9%), el de solicitudes con errores o incompletas (22,5%) y el 5% de solicitudes duplicadas. Ante esta situación, fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten que el sistema está en revisión “Estamos realizando una completa evaluación de manera continua del alcance que tiene la prestación con la finalidad de desarrollar propuestas de mejoras y asegurar que la prestación llegue a las personas y colectivos a los que va dirigido y a los que de momento no se ha llegado. Ese es nuestro compromiso en este momento”.

La Cámara de Comercio de Cantabria lidera un proyecto piloto para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer uso de los instrumentos de calificación crediticia, una vía para mejorar el acceso a la financiación que tradicionalmente ha quedado fuera de su alcance debido a su alto coste. Inbonis Rating, la única agencia de calificación especializada en pymes que cuenta con acreditación europea, será la encargada de realizar un proceso que se ha diseñado para optimizar tiempos y que tendrá un coste de entre 3.600 y 6.600 euros para las empresas, cuando la tarifa habitual de las grandes agencias no baja de los 100.000 euros. Netboss, a la que se ha dado una calificación de triple ‘B’, ha sido la primera compañía cántabra en utilizar la nueva herramienta.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Octubre 2020

La capacidad de las pymes para superar las dificultades y hacer frente a sus compromisos es algo de lo que puede dar fe su propia trayectoria pero que, por sólida y prolongada en el tiempo que sea esta, no suele contar con más avales que la confianza que con ello pueda generar en el mercado y en quien esté en disposición de concederles financiación. Es una circunstancia que no supone mayor problema cuando la coyuntura es favorable, pero que puede convertirse en un obstáculo insalvable cuando el viento sopla en contra, o si se busca acceder a instrumentos financieros distintos de los tradicionales. Es en ese momento, con el caudal de las fuentes de liquidez reducido apenas a un goteo, cuando desde el otro lado de la mesa se pedirán otras garantías y se valorarán cualquier informe que evalúe los riesgos de impago. Entra entonces en juego la labor de las agencias de calificación de crédito, cuyos servicios son de uso más o menos habitual por parte de las grandes corporaciones, pero que apenas son utilizados por pequeñas y medianas empresas, y ello por un conjunto de razones en el que las cuestiones económicas tienen un peso decisivo, aunque no único. Acortar la distancia entre pymes y agencias de acreditación, mejorando con ello el acceso a financiación por parte de las primeras, es precisamente el objetivo de un proyecto piloto que lidera la Cámara de Comercio de Cantabria, encargada de poner en práctica y evaluar un modelo que, de tener éxito, se extenderá al conjunto de España. Inbonis Rating, una agencia española que es la única especializada en pymes que cuenta con la obligada autorización de la Autoridad Europea de Mercados y Valores, es la piedra angular sobre la que pivotará la iniciativa, que tuvo su presentación oficial el pasado 29 de septiembre pero que ya con anterioridad a esa fecha se había concretado en una primera acreditación para una pyme cántabra, la tecnológica Netboss Comunicaciones.

La tormenta financiera que se desató con el estallido de las hipotecas hizo que el nombre de las grandes agencias de calificación se hiciera familiar –y casi nunca por buenas razones– para cualquiera con un mínimo interés por la economía, una categoría esta última a la que, teniendo en cuenta la crisis que se desató a resultas de aquello, casi nadie fue ajeno a partir de 2008. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, empezando por una regulación acorde con el riesgo sistémico que se concede a la labor de estas empresas, pero Moody’s, Standar & Poor’s y Fitch siguen siendo hoy las referencias en un mercado que mueve cantidades millonarias pero que, explica Alberto Sánchez Navalpotro, consejero delegado de Inbonis Rating, no está habituado a considerar a las pymes como clientes: “Esas tres grandes agencias controlan el 95% del mercado, y trabajan con una rentabilidad media del 50%. ¿Por qué no se dirigen a las pymes? Habría que preguntárselo a ellas, pero a la vista de las cifras se puede pensar que, probablemente, es porque no lo necesitan. Ahí es donde se abre un hueco para agencias como la nuestra, y a eso responde también la iniciativa emprendida por la Cámara, porque estamos convencidos que las empresas pequeñas también pueden beneficiarse de lo que aporta una evaluación independiente de su riesgo de impago, que eso es lo que les ofrecemos”.

Alberto Sánchez Navalpotro, consejero delegado de Inbonis Rating, durante su estancia en Cantabria para presentar el programa.

El consejero de Inbonis Rating se declara un convencido defensor de las pymes y de su aportación a la economía española –”Ellas hicieron posible que superáramos la crisis de 2009, cuando se lanzaron a exportar y lograron dar la vuelta a nuestra balanza comercial”, recuerda–, pero admite que su posición en los mercados financieros es débil, lastrada por una imagen que, por injusta que pueda parecerle, sigue siendo la que se impone cuando las cosas vienen mal dadas: “Empresa pequeña, cascarón frágil, es lo que se dice y, aunque yo crea que no es verdad y que si algo demuestra la trayectoria de decenas de negocios familiares es su fortaleza, lo cierto es que ante una crisis es habitual que se imponga esa idea y se deje de financiar a pymes que son rentables”. Con ello, explica Sánchez Navalpotro, se cae en una dinámica que tiene mucho de círculo vicioso y profecía autocumplida: pymes que tendrían futuro se ven abocadas al cierre, alimentando el tópico de su propia debilidad: “No es justo, y eso es lo que podemos evitar si las dotamos de una calificación que les permita acceder a instrumentos financieros que están ahí, pero a los que no tienen acceso, en gran medida por esa ausencia de calificación”.

Además de con el consejero delegado de Inbonis Rating, de los responsables de Cámara Cantabria y del consejero de Industria del Gobierno regional, la jornada de presentación del proyecto de calificación crediticia para pymes contó con la presencia de Manuel Iturbe, director territorial de Cantabria y Asturias del Banco Santander. En su condición de proveedores de financiación, los bancos constituyen un receptor clave para la información que generan los informes que elaboran las agencias, y su peso dentro del mercado de crédito a pymes les convierte en uno de los agentes que puede beneficiarse del proyecto que lidera Cámara Cantabria. Iturbe destacó esta circunstancia durante su intervención en la jornada de presentación, y animó a las empresas a aprovechar este convenio para mejorar su posición como demandantes de crédito accediendo a una calificación que puede ser usada como herramienta muy valiosa de información interna para la empresa e incluso para el propio banco.

Aunque es cierto que la labor de las agencias de calificación, y lo que esta puede aportar a las pymes, no es especialmente conocida por estas, las principales razones de la escasa penetración que la calificación crediticia tiene en este segmento empresarial hay que buscarlas en otro lado. Las grandes agencias que dominan el mercado han desarrollado un producto poco apto para quienes por su propia naturaleza están obligadas a optimizar sus recursos, tanto económicos como humanos. Las tarifas de Standar & Poor’s, Moody’s, o Fitch parten de una cantidad no inferior a los 100.000 euros, explica Sánchez Navalpotro, y su trabajo implica la labor de varios técnicos que, mientras dura la calificación, se desplazan a la empresa cliente y requieren de atención constante por parte de sus profesionales: “Ninguna pyme puede permitirse eso, y lo cierto es que nosotros tampoco”, admite el consejero delegado de Inbonis Rating, que explica que su agencia ha desarrollado un software y una metodología que permite optimizar procesos y recursos. El convenio con la Cámara de Comercio, como el que tiene vigente con Informa D&B –una de los principales proveedores españoles de bases de datos de información empresarial–,

permite dar un paso más para facilitar a la pymes el acceso a ese producto especialmente adaptado para ellas. “Por la normativa que rige a las agencias, nuestras tarifas tienen que estar obligatoriamente ligadas a nuestros costes, no son arbitrarias. En nuestro caso, eso supone movernos en una horquilla que va de los 4.000 a los 10.000 euros. La Cámara ha hecho una buena labor de negociación en favor de las empresas de Cantabria, y el convenio permitirá que puedan acceder al producto por entre 3.600 y 6.600 euros”. Que el precio sea uno u otro depende no tanto del tamaño de la empresa, como de su complejidad: “Si tiene más de una actividad, si tiene una estructura societaria complicada… Su facturación influye, pero en menor medida”.

El proceso de calificación es rápido y no compromete el día a día de la actividad de la pyme: “Hemos desarrollado un proceso para optimizar su tiempo y el nuestro. Hay detrás un enorme esfuerzo en tecnología y diseño de procesos para conseguirlo, porque realmente es una proeza poder ofrecer servicios de calificación crediticia a estos precios”, asegura Alberto Sánchez Navalpotro. El procedimiento de calificación implica para la pyme la aportación de una información que, señala el consejero delegado de Inbonis Rating, es habitual que cualquier empresa tenga ya elaborada, incluso con soporte documental: cuál es su actividad, cómo se presentan ante sus clientes, planes estratégicos, documentos de la propiedad, cuentas actualizadas, informe detallado de los riesgos por operaciones bancarias, previsiones de negocio… Una vez recibida esa información, se concierta una entrevista por videoconferencia, preparada con anterioridad a partir de un documento con preguntas precisas enviado por los técnicos de Inbonis, en la que a lo largo de aproximadamente una hora el empresario podrá hablar de su negocio y de las claves del mercado al que atiende. “A partir de ahí puede haber alguna ida y venida en la petición de información y datos, pero lo habitual es que en una semana hayamos completado el proceso”, calcula Sánchez Navalpotro.

El resultado de todo ese trabajo es una calificación que busca predecir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus créditos en el futuro, y un informe que detalla como se ha llegado a ella. Ambos –la nota y su explicación– son claves para que la empresa pueda presentarse tanto ante los proveedores de financiación como ante sus clientes, pero también, destaca el consejero de Inbonis, para mejorar el conocimiento que se tiene de uno mismo. Esto último es especialmente importante para aquellas empresas que pueden no tener las condiciones para acceder a una buena calificación, y que por ello pueden ser reticentes a evaluarse. De hecho, y aunque lo habitual es que los informes y las calificaciones sean accesibles tanto para la empresa evaluada como para los subscriptores de Inbonis Rating, existe la opción de contratar una calificación confidencial, que no se hace pública en ningún caso y que sirve únicamente para uso interno de quien la contrata, que puede utilizarla ante terceros con ciertas limitaciones. No entra en esa categoría la calificación realizada a Netboss Comunicaciones, que ha alcanzado una nota de triple ‘B’, el cuarto escalón en la escala que utiliza Inbonis y un nivel de solvencia que la sitúa en una posición destacada entre cualquier demandante de crédito: “Es cierto que nuestros servicios son utilizados sobre todo por empresas que saben que pueden conseguir una buena calificación, y de hecho más de la mitad del total de las empresas con las que hemos trabajado han conseguido como mínimo una BB, y el 13% la BBB. Pero el rating también tiene utilidad para quien pueda tener una nota más baja”, asegura el consejero delegado de Inbonis Rating.

Alguna de esas utilidades, admite Sánchez Navalpotro, no son demasiado evidentes ahora, cuando la financiación barata, los créditos ICO y los aplazamientos debidos a la crisis sanitaria han situado a las empresas ante lo que considera una engañosa sensación de seguridad en cuanto a la posición de su tesorería: “Pero eso va a cambiar, y es el momento de anticiparse. Hasta ahora, con los tipos de interés en mínimos, se estaba subvencionando artificialmente el crédito a las empresas, de manera que la banca cobraba a todas el mismo interés, o muy similar. Pero vamos a un escenario en el que la banca va a ajustar el precio al riesgo, y ahí las empresas tienen que estar preparadas para defenderse y negociar. Contar con una calificación va a ser un elemento clave para diferenciarse”. El consejero delegado de Inbonis Rating ilustra con cifras la forma en que esa diferenciación puede beneficiar a los costes de financiación de una empresa: una calificación ‘B’ implica una posibilidad de impago del 4%, lo que debería llevar a la banca a aplicar un diferencial en el interés del crédito que le cubra ante esa posibilidad. “Eso daría como resultado un interés del 6%, que hoy parece una locura, pero estoy convencido de que va a pasar, y pronto. Una calificación ‘BB’, en cambio, tiene una posibilidad de impago del 1% y podrá financiarse al 1,5%. Va a haber una enorme diferencia en los costes de financiación entre unas empresas y otras, y ahí contar con una calificación siempre va a ser una ayuda”.

Liderado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, con la participación de diversos socios públicos y privados, cofinanciado con fondos europeos y tras cinco años de trabajo sobre el terreno, el proyecto Convive Life ha podido demostrar que es posible un equilibrio que integre la actividad socioeconómica y la protección del medio natural. La iniciativa se ha centrado en los estuarios de Tina Mayor, Oyambre, Joyel y la laguna de Victoria, donde ha identificado usos compatibles con la protección de los espacios y ha puesto en marcha actuaciones concretas para el desarrollo económico y la mejora medioambiental

J. Carlos Arrondo | Diciembre 2020

 En Cantabria hay veintiún ‘Lugares de Importancia Comunitaria’ (LIC) –cuya superficie total asciende a 134.214 hectáreas– y ocho ‘Zonas de Especial Protección para las Aves’ –que suman 79.110 hectáreas– integrados en la Red Natura 2000, el principal instrumento con el que cuenta la Unión Europea para la conservación de la biodiversidad en su territorio. Varias de esas áreas protegidas son terrenos litorales en los que la presencia humana, su actividad social y económica, durante décadas e incluso siglos ha supuesto un impacto sobre el ecosistema que ha llegado a poner en peligro su supervivencia. Liderado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), con la participación de diversos socios públicos y privados de la comunidad y cofinanciado con fondos euro- peos, el proyecto Convive Life –recientemente clausurado, tras cinco años de trabajo en varias zonas costeras– ha podido demostrar que es posible un equilibrio que integre la actividad socioeconómica y la protección del medio natural.

“Se suele tener la concepción de que en las áreas protegidas hay una prohibición total para realizar actividades, en beneficio únicamente de la conservación de hábitats y especies. Pero en todos los países europeos la Red Natura incluye espacios en los que hay actividad económica”, aclara José Antonio Juanes, director de Formación del IHCantabria y coordinador de Convive Life. En su opinión, para comprender la iniciativa es importante interpretar el contexto de desarrollo del Pacto Verde Europeo –mediante el que se aspira a alcanzar una economía sostenible– en el que nos encontramos: “Nuestro bienestar como sociedad depende plenamente de lo que llamamos ‘servicios ecosistémicos’, que no son otra cosa que los beneficios que sacamos de la naturaleza. Lo que busca el proyecto es la mejor forma de optimizarlos”.

Convive Life ha sido promovido por el IHCantabria, centro especializado en los diversos aspectos científico- tecnológicos del ciclo del agua. Su director de Formación y responsable del área de Hidrobiología y Gestión Ambiental destaca el logro que ha supuesto poder transferir la investigación básica a una serie de trabajos específicos: “Ha sido un proyecto en el que ha participado mucha gente del Instituto: ingenieros, biólogos, etc. Lo que hemos tratado de aportar a la sociedad es un conocimiento transformado en actuaciones que permitan que la actividad socioeconómica se desarrolle de forma eficiente en convivencia con la conservación”. A esta tarea se ha sumado también la labor conjunta llevada a cabo por varios socios, tanto del ámbito público como del privado, como la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Arnuero, la Sociedad Española de Ornitología (SEO), Aves Cantábricas SL y Constructora Obras Públicas San Emeterio SA (Copsesa).

Para su puesta en marcha, el IHCantabria se apoyó en la experiencia adquirida antes en la elaboración de los planes de gestión que regulan los espacios protegidos de la Red Natura 2000, concretamente en los relativos a los diferentes estuarios cántabros. “Los planes de gestión se basan, primero, en un buen diagnóstico, que permite reconocer cuáles son los problemas, y que en nuestro caso duró mucho tiempo y fue muy

potente. La otra parte es buscar soluciones a esos problemas en un plazo de seis años para los más prioritarios”, señala José Antonio Juanes, y apunta la oportunidad que el programa LIFE –instrumento de la Unión Euro- pea para financiar la conservación del medio ambiente–ofrecía para llevar a cabo las actuaciones necesarias: “Europa nos facilita el trabajo que tendríamos que hacer en Cantabria para poner a punto esas soluciones”. Presupuestado en aproximadamente 1.325.000 euros para el periodo 2015-2019, aunque finalmente se ha extendido hasta 2020, Convive Life ha contado con una aportación de fondos europeos del 60% de dicho montante.

El proyecto ha sido desarrollado en los estuarios de Tina Mayor, Oyambre, Joyel y la laguna de Victoria, áreas –las dos primeras pertenecientes al LIC ‘Rías Occidentales y Duna de Oyambre’ y las otras dos al LIC ‘Marismas de Santoña, Victoria y Joyel’– en las que se han ejecutado actuaciones específicas conforme a las características de cada espacio. Los estuarios atesoran gran importancia biológica y contribuyen a mitigar el cambio climático, así como a la generación de valor mediante actividades de diverso tipo, como las de recreo o ecoturismo, entre otras. “Para nosotros, como científicos, son la ‘joya de la corona’. Pero también para la sociedad porque vive en torno a ellos y proporcionan beneficios”, indica el investigador de IHCantabria y coordinador de Convive Life. Sin embargo, son sistemas fuertemente presionados por la acción humana y que están amenazados por cuatro problemas principales: la proliferación de especies invasoras, las alteraciones de los flujos de marea debidas, fundamentalmente, a la presencia de diques, el vertido de aguas residuales y la eutrofización –presencia excesiva de nutrientes– en el medio.

José Antonio Juanes, director de Formación del IHCantabria y coordinador de Convive Life, en las instalaciones del Instituto de Hidráulica.

Uno de los elementos de los estuarios que requería una recuperación más urgente era la vegetación, daña- da por la chilca (baccharis halimifolia), un arbusto que crece en zonas semihundidas y que se extiende rápidamente y de manera agresiva. “Uno de nuestros objetivos era eliminarla, lo que nos ha llevado mucho tiempo. Hemos replantado vegetación autóctona y abierto barreras que evitaban que entrara la marea, una de las razones por las que ha ido invadiendo esta especie”, explica José Antonio Juanes. La existencia de diques y la retención de aguas a causa de la acción del hombre también han originado diversas actuaciones en el marco del proyecto Convive Life. Su coordinador matiza que buena parte de esas obras proceden de principios del siglo XX cuan- do se consideraban insalubres los estuarios y, para evitar enfermedades, se propició su cierre y el relleno para actividades agropecuarias, pero que esa actividad antropogénica ya no existe y es importante restaurar esos espacios: “Valoramos la recuperación por los beneficios que asociamos a esos ecosistemas: biodiversidad, protección costera y reducción de la erosión, secuestro de carbono, etc”.

Un ejemplo de este tipo de actuaciones es la que se ha llevado a cabo en la marisma de Joyel, en la laguna formada por el cerrado del molino de marea de Santa Olaja, una edificación que tuvo un uso tradicional durante cinco siglos y hoy tiene un inte- rés turístico y educativo. La combinación de unas aguas estancadas con poca profundidad y un exceso de nutrientes, con la luz y la temperatura adecuadas, ha sido el caldo de cultivo para un proceso de eutropización, de producción masiva de algas verdes que hace peligrar la supervivencia del hábitat. “Había un problema de retención del agua y lo que se ha hecho ha sido mejorar las condiciones de flujo de agua con la laguna a través de las muelas del molino. Además, esto permite a la gente ver cómo funcionaba en la antigüedad”, resume José Antonio Juanes. En el estuario de Joyel también se ha cambiado una clapeta con el fin de mantener el agua precisa para conservar las aves de la zona y poder disponer de la evacuación necesaria para evitar inundaciones en Noja.

Una de las obras más destacadas durante el desarrollo del proyecto Convive Life ha sido la mejora en la circulación de la corriente en la ría del Capitán, en Oyambre. La idea inicial era retirar completamente un dique que impedía la acción de las mareas, de manera que al liberar la entrada de agua se pudiera recuperar un hábitat natural muy dañado por la presencia de chilca. “El ayuntamiento nos planteó que quería mantener el paso a la playa y lo que hicimos fue rebajar el dique hasta la cota de terreno para que, al menos, se pudiera pasar en bajamar”, detalla el responsable del área de Hidrobiología y Gestión Ambiental del IHCantabria, que advierte de la provisionalidad de la solución: “Ya hay una brecha más grande que la que abrimos nosotros. La naturaleza, que es tozuda, al final nos lleva a lo que tendríamos que haber hecho desde el principio. Se lo estaba comiendo y, en función de las mareas, de las corrientes, se lo acabará comiendo en tres, en cinco o en diez años”.

Otra actuación relevante en el marco de Convive Life ha sido la instalación en el estuario de Tina Menor, en la zona que tiene en concesión la empresa de acuicultura Sonrionansa, de un innovador filtro verde para la depuración de aguas marinas. “No se trataba de depurar los vertidos de una empresa que tiene su autorización perfectamente en regla y depura sus aguas, sino únicamente queríamos demostrar que somos capaces de afinar un poco más”, subraya el responsable del proyecto, que a través de uno de sus socios, Aves Cantábricas, financió a la Asociación RIA, con experiencia en la fitodepuración, para diseñar esta tecnología: “Un filtro verde basado en plantas autóctonas que ha sido patentado y que supone una experiencia interesante para poder replicarlo en otros sitios donde sí puede haber un problema de depuración”. Esta intervención visibiliza la apertura a la colaboración con terceros como una característica importante del programa. Otra particularidad, distintiva de todos los proyectos Life, son las actividades de divulgación, sensibilización y participación ciudadana.

Las actividades ‘CoEduca’ han sido el instrumento para canalizar la divulgación entre la población infantil mediante talleres de educación ambiental, en colegios y en las propias zonas de estudio, tanto en oriente como en occidente. A los vecinos y usuarios se les trasladó la problemática de esas zonas y se trató de consensuar con ellos las soluciones en los talleres ‘Convive’, que José Antonio Juanes lamenta no fueran muy numero- sos: “Me hubiera gustado que hubiera más gente participando para contarle lo que el medio ambiente nos proporciona en realidad. El paisaje, la calidad del agua, cuando los perdemos nos damos cuenta del valor que tenían para nosotros”. Sin embargo, considera muy buena la colaboración con las diferentes administraciones, coordinada en las jornadas ‘Coopera’: “Todo ha sido muy fluido, tanto a nivel estatal como autonómico y local”. El hecho de que hayan participado como socios en el proyecto instituciones públicas muy alineadas con su espíritu, como la Dirección General del Medio Natural o el siempre activo en actuaciones medioambientales Ayuntamiento de Arnuero, han contribuido a su mejor desarrollo.

Concluido el programa, toca valorar el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales. Su responsable asegura que, incluso contando con los problemas derivados de la modificación de la Ley de Contratos del Estado, que supuso alargarlo un año más sin fondos adicionales, su nivel de ejecución ha sido máximo: “Ese ha sido el único punto crítico. Un porcentaje muy pequeño de actividades no se ha podido hacer por la covid, como el acto final, pero el resto se han cumplido a rajatabla”. El director de Formación del IHCantabria recuerda que los proyectos Life son muy competitivos, como lo demuestra el hecho de haber tenido que intentarlo tres veces antes de poder acceder a este instrumento financiero europeo. Con la experiencia reciente de Convive, ahora han sido capaces de iniciar otro –con participación portuguesa y holandesa– también focalizado en los estuarios cántabros: “Estamos valorando cuánta capacidad tienen de absorber emisiones de CO2 y qué protección nos dan frente a la erosión y la inundación. Al mismo tiempo, estamos tratando de ver cómo el valor de que las propiedades estén protegidas por elementos naturales se puede incorporar a los seguros”.

Instalaciones del Instituto de Hidráulica (IH Cantabria), en el PCTCAN.

El éxito de este tipo de programas va más allá del prioritario objetivo de conservar los ecosistemas. La recuperación del entorno del molino de Santa Olaja, en el marco de Convive Life, ha permitido al Ayuntamiento de Arnuero atraer un mayor número de visitantes, lo cual es un ejemplo de cómo una actuación en un espacio natural puede ser compatible con un beneficio socioeconómico. José Antonio Juanes considera importante acercar a las empresas a la conservación ambiental y sugiere el caso de Sonrionansa, ubicada en el estuario de Tina Menor: “Ha sido muy activa en el mantenimiento del filtro verde. Además, ha desarrollado un plan de gestión de ese espacio y es consciente de que se puede utilizar también para el turismo activo de aves o de pesca en las lagunas. A corto y medio plazo, el futuro está en implicar al sector privado en la gestión de la conservación de hábitats y especies, para lo que se debe conseguir que haya un retorno económico”.

Aunque nadie se atreve a descartar que todo cambie en el último momento, todas las previsiones apuntan a que el Reino Unido saldrá de la UE el próximo 1 de enero sin haber alcanzado ningún acuerdo y pasando a tener la condición de tercer país en cualquier relación comercial que mantenga con los socios comunitarios. Es una posibilidad que ya se asume desde Cantabria y que tendrá como principal consecuencia un aumento de la carga administrativa. El principal temor, en todo caso, son las consecuencias que el Brexit pueda tener en la economía británica a medio y largo plazo, y que ello provoque una disminución en los intercambios comerciales entre ambos mercados.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Diciembre 2020

El carácter portuario de la capital de Cantabria otorga a la región una condición fronteriza con el Reino Unido que, ante la inminencia de lo que todo parece indicar que será un Brexit sin acuerdo, sitúa a empresas y administración ante un escenario que todas las partes confiaban en evitar hace apenas unos meses. Que el enorme mercado británico pase a mantener con la UE una relación idéntica a la que tendría cualquier otro país con el que se opere sin el paraguas de acuerdo comercial alguno no debería poner

en cuestión las actuales relaciones comerciales con el Reino Unido, afirman quienes de una u otra forma intervienen en ellas, pero sí que sitúa a todas las partes ante unos interrogantes que, dependiendo de la respuesta que pueda dárseles, podrían tener efectos negativos en plazos más largos. Por ahora, la inminente salida sin acuerdo se deja ya no- tar en las cifras de lo que Cantabria exporta al Reino Unido, y lo hace de una forma positiva, con un tirón que se explica por la necesidad de las empresas británica de asegurar-

se un stock de producto ante hipotéticos proble- mas de abastecimiento cuando las mercancías tengan que superar unos trámites aduaneros que ahora no son necesarios. La manera en que esos trámites afecten a la competitividad de los productos de las empresas cántabras sería uno de esos interrogantes a despejar pe- ro no parece el que más preocupa a quienes están habituados a trabajar con los británicos, que temen sobre todo las consecuencias negativas que el Brexit puede tener en la economía de las islas.

El Reino Unido es el cuarto destino en importancia para las exportaciones cántabros –tras Francia, Alemania e Italia– y es, con mucha diferencia, el primero entre los países extracomunitarios. Una posición de privilegio entre los socios comerciales de las empresas cántabras que se vio reforzada en 2019 y que lo es aún más si tenemos en cuenta la balanza comercial, muy favorable a Cantabria. La evolución de las cifras desde el referéndum del Brexit, y singularmente lo sucedido en 2019, confirman la solidez de las relaciones comerciales entre ambos mercados, y aportan un argumento tranquilizador a quienes se preparan ya para un divorcio sin acuerdo.

“Los datos nos dicen cosas interesantes, y probablemente la más significativa es que en 2019, con el Reino Unido ya prácticamente fuera de la UE, las exportaciones de Cantabria al mercado británico experimentaron un fuerte crecimiento”, señala Javier Carrión, director general de Sodercan, que destaca que de esa circunstancia cabe hacer sobre todo una lectura: “Las empresas españolas y las empresas cántabras no han paralizado sus relaciones comerciales con el Reino Unido, que a su vez nos sigue considerando un importante socio comercial. Por ese lado veo pocos motivos de preocupación, a partir de ahí lo que nos queda es ver cuáles serán las reglas de juego y los efectos que eso tendrá desde un punto de vista operativo”.

Sede de SODERCAN (PCTAN) cuyo director es Javier Carrión.

Desde Sodercan, y también desde la Cámara de Comercio de Cantabria, se han desarrollado varias jornadas para analizar las implicaciones del Brexit, y se ha mantenido un contacto fluido con la embajada británica, todo ello con el objetivo principal de adelantarse a esas cuestiones de procedimiento que pueden variar sustancialmente las condiciones en las que compiten los productos españoles, y en consiguiente los cántabros, en el mercado británico: “Mi impresión a partir de lo que nos transmite la embajada y el consulado británico, es positiva. Ellos están por la labor de mantener las relaciones comerciales con España, y con la idea de ponérselo fácil a las empresas. De echo han acuñado un eslogan, ‘check prepare’, prepárate para seguir en el Reino Unido, con el que quieren dejar claro su voluntad de seguir contando con nuestras empresas”.

El máximo responsable de Sodercan admite que las cifras de exportaciones al Reino Unido en lo que llevamos de 2020 no han refrendado la tendencia

que reflejaban las correspondientes a 2019, pero considera que ello es debido a la situación provoca- da por la pandemia y que, por lo tanto, son datos que no ofrecen una buena base sobre la que sacar conclusiones relacionadas con el Brexit: “Aun así, el descenso en las exportaciones al Reino Unido, que es de casi un 18%, es mucho menor que el que se ha dado en otros mercados”.

Por la misma razón que en su valoración de las cifras globales de exportación al Reino Unido, Carrión considera que los datos de 2020 no son especialmente adecuados para identificar los productos cántabros con más demanda en el Reino Unido, y prefiere remitirse a 2019 para bus- car referencias. El sector agroalimentario ex- portó ese año productos por valor de 44 millones de euros, aun- que la industria mantuvo el mayor peso en las ventas en Reino Unido, con 117 millones de euros. Los pro- ductos que protagonizaron el mayor crecimiento fueron el cementos, la alimentación y los envases y embalajes, junto a los componentes de automoción. “Estos datos pueden dar la pauta de lo que serán nuestras exportaciones en la era post-brexit. Los últimos datos de 2020 se encuentran muy afectados por la pandemia y reflejan una reducción, tanto por la reducción de volúmenes como por los productos que más caen y los pocos que crecen, como los plásticos o las conservas de pescado. La crisis sanitaria hace que no tenga mucho sentido sacar conclusiones de lo que ha sucedido este año”.

Desde Sodercan se insiste en que la crisis del covid-19 complica extraordinariamente cualquier previsión que quiera hacerse sobre la evolución de la relación comercial con los británicos, siendo ahora mismo el factor que más preocupa a las empresas, por delante incluso de la inminente salida de la UE sin acuerdo a la que se encamina el Reino Unido. A más largo plazo, el acento se pone en las consecuencias que el Brexit puede tener en la economía británica, que podría perder protagonismo en el comercio internacional, a lo que hay que unir las posibles tentaciones proteccionistas, en parte desactivadas con la derrota de Trump en las elecciones de Estados Unidos, pero siempre presentes como una amenaza latente: “Confiamos en que no suceda. El Reino Unido es un país importador, que sabe que necesita al resto del mundo y que siempre ha visto a España como uno de sus socios comerciales preferentes.

Cámara de Comercio de Cantabria.

El riesgo de la deriva proteccionista

El riesgo de una deriva proteccionista es también la principal preocupación de Modesto Piñeiro, presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria. La institución cameral ha seguido con atención todo el proceso que ha terminado por conducir a la abrupta salida del Reino Unido de la crisis, cuenta con una oficina para informar sobre las implicaciones del Brexit y ha venido recogiendo el sentir de las empresas en todo este tiempo. “Hay una preocupación clara por toda la carga burocrática que va a implicar el que la salida vaya a producirse sin haber alcanzado un acuerdo comercial entre Londres y Bruselas. Pero es verdad que por el momento, más allá de esa complicación administrativa, no se está planteando establecer aranceles a los productos, y eso es positivo. Habrá que ir viéndolo, porque miembros del Gobierno británico se han expresado en ocasiones a favor del proteccionismo, en la estela de Estados Unidos. Eso sí que sería un problema, porque el proteccionismo empobrece a todas las partes”, señala el presidente de Cámara Cantabria.

Aunque Modesto Piñeiro admite que difícilmente podrá evitarse que el año 2021 comience sin acuerdo, confía en que este termine firmándose, por muy reacio que hasta ahora se haya mostrado el Gobierno británico a hacerlo. Como Javier Carrión, también cree que la derrota de Trump, que abogaba por sustituir a la UE como principal socio comercial delReino Unido, contribuirá a que las aguas vuelvan a un cauce que, de hecho, nunca han abandonado: “Lo que no tiene sentido es que lo que hasta ayer era normal, con unas homologaciones que aceptábamos todos, con una confianza en los productos sanitarios, en la alimentación, en la seguridad, que todo eso pase al olvido y se considere como algo ajeno. Espero que se avance en ese acuerdo, porque no hay que perder de vista que el más perjudicado con esto va a ser el ciudadano británico”.

En relación con las empresas, y con los plazos más inmediatos, el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria considera que la principal incógnita a despejar es el efecto que la carga administrativa pueda llegar a tener sobre la competitividad de los productos cántabros, aunque confía en que, cuanto menos en los primeros meses, haya una cierta laxitud en el cumplimiento de la normativa que evite lo que, de otra forma, sería un más que previsible colapso: “Por más que se esté intentando agilizar las gestiones por medios telemáticos, indudablemente todo esto va a provocar retrasos en las fronteras. Pensemos en los miles y miles de camiones que llegan todos los días al Reino Unido procedentes de la UE. Ellos van a ser los principales interesados en evitar ese cuello de botella, porque no hay que olvidar que el Reino Unido es una isla, y el riesgo de desabastecimiento es claro”.

La perspectiva desde los muelles

Aproximadamente el 25% del tráfico del puerto de Santander tiene origen o destino en el Reino Unido. El Brexit convertirá a los muelles en frontera con los británicos y uno de los escenarios en los que des- arrollarán los trámites administrativos a los que dará lugar la ausencia de un tratado comercial entre Londres y la UE. Esos trámites, y lo que pueden su- poner a la hora de com- prometer tiempo y espacio en el puerto, son la principal preocupación que ex- presa Pablo Pellón, director general de la naviera CLdN en España: “Tenemos el puerto lleno de actividad, y eso es muy bueno, pero es fácil entender que cualquier de- mora en el tiempo que las mercancías pasan en los muelles puede suponer un problema, porque su capacidad es limitada y no es sencillo aumentarla de un día para otro. Hay que confiar en que los Gobiernos pongan los medios necesarios para agilizar los trámites. Necesitamos que las exportaciones puedan hacerse de forma rápida y segura”.

Pablo Pellón, director general de CLdN en España, con la placa que se le entregó con motivo de la apertura de la nueva línea de la naviera con Liverpool.

CLdN, una de las navieras más activas del puerto desde su llegada a Santander en 2016, comenzó el pasado mes de junio a operar una línea directa entre la capital de Cantabria y Liverpool, además de conectar también ambas orillas de forma indirecta a través de Zeebrugge. Ello la sitúa en una inmejorable posición para valorar las implicaciones que el Brexit puede tener en las relaciones comerciales entre Reino Unido y España, y en los movimientos de mercancías entre ambos mercados. “Con la salvedad de las cuestiones aduaneras, podemos decir que nos- otros ya estamos prácticamente trabajando en condiciones Brexit, y nuestra experiencia está siendo muy positiva”, explica Pablo Pellón, que ha visto cómo las previsiones iniciales de tráficos se han visto rápidamente desbordadas, de manera que lo que en principio iba a ser una única escala, se ha convertido en dos, con los barcos llenos. CLdN da servicio ro-ro –la carga y descarga se hace rodando– de trailers, semirremolques, contenedores y carga sobre mafi, un tipo de plataforma estandarizada que se mueve sobre ruedas. “Nosotros no movemos personas, los remolques viajan solos, sin la cabeza tractora y sin conductor, y eso se adapta perfectamente a las implicaciones del Brexit”, señala el director general de la naviera en España, que también considera que en los últimos meses la demanda de transporte con el Reino Unido se ha visto incrementada por las incertidumbres de las empresas británicas ante la salida sin acuerdo, que les ha llevado a llenar sus almacenes para evitar cualquier riesgo de desabastecimiento. “En- tiendo que eso pueda provocar que en los primeros meses tras el Brexit las cifras bajen un poco, pero la respuesta que estamos viendo en los clientes es muy positiva y, aunque sin los crecimientos que hemos vivido estos meses, estamos convencidos de que el movimiento de mercancías con el Reino Unido seguirá siendo muy alto”.

La actividad de CLdN en Santander trasciende con mucho lo que podíamos considerar el ‘hinterland’ del puerto –embarcan gran cantidad de mercancías procedentes de Valencia, Almería, Granada, Murcia o Castellón, sobre todo de alimentación– lo que amplía la perspectiva que puede dar sobre las posibilidades que existen de mantener, o incluso incrementar, los tráficos con el Reino Unido, independientemente de las condiciones del Brexit. “Estamos expectantes. Las empresas estamos preparándonos para el escenario más complicado posible, aun- que confiamos en que finalmente se alcance algún tipo de acuerdo. En todo caso, de lo que estamos seguros es de que la logística va a ser más im- portante de lo que ya era para la competitividad de las empresas. Ahí tenemos una oportunidad que tanto nosotros como el puerto de Santander tenemos que ser capaces de aprovechar”.

La vital labor del transitario

La renovada carga administrativa que conllevarán las operaciones con el Reino Unido convierte en fundamental la tarea de los agentes que asumen toda la gestión de los envíos por cuenta de sus clientes. Alfinter, el único transitario que tiene su sede en Cantabria, está preparado para hacer frente a los requerimientos de un Brexit sin acuerdo

Además de ser un paso atrás en un proceso de eliminación de barreras que parecía asumido por todos, que a partir del próximo uno de enero se levante una frontera donde antes no la había implica una carga burocrática y administrativa que cambia por completo las reglas que rigen los envíos con origen y destino a uno y otro lado de esa línea. En el caso de la ahora trazada para separar a Reino Unido y UE, supone además cambiar la forma de relacionarse entre los que hasta ahora era socios comerciales preferentes y, en lo que todo ello puede afectar a empresas de Cantabria, implica dificultar las exportaciones a quien supone el cuarto mercado más importante para los productos cántabros, que hasta ahora podían llegar a su destino sin pasar por trámite aduanero alguno. Minimizar lo que esos trámites puedan tener de condicionante para la competitividad del producto de sus clientes es la principal tarea de los transitarios, empresas que asumen toda la gestión de la cadena logística que separa el origen y el destino de las mercancías, incluyendo toda la gestión administrativa que puedan implicar esos envíos. Alfinter, el único transitario que tiene su sede en Cantabria, ha asumido ya que a partir del 1 de enero el Reino Unido pasará a tener la condición de tercer país, con las fronteras operando como tales a todos los efectos. Y está preparado para ello.

Alfinter tiene la condición de representante aduanero, lo que le otorga capacidad para representar directa- mente a sus clientes en cualquier trámite a realizar en la aduana. El objetivo, al igual que sucede cuando trata con navieras para con- tratar el servicio de transporte, es liberar completamente a su cliente de todas las ta- reas relacionadas con el envío o la recepción de mercancías. En el caso de las que llegan o van al Reino Unido, y en lo relacionado con lo que cambiará a partir del 1 de enero, eso implica la tramitación de los registros, el asesoramiento en transacciones, presentación de declaraciones de aduana para importación, exportación y transporte de bienes a través del Reino Unido, la obtención de la licencia especial que requieren determinados bienes –residuos o productos químicos/peligrosos–, los trámites adiciona- les referentes a impuestos especiales y el abono de aranceles y otros tributos a la importación. También la liquidación del IVA en el país de la UE en el que se importa la mercancía desde el Reino Unido y el apoyo en

posibles controles en frontera según la mercancía. “Nuestro objetivo es liberar a nuestro cliente de cualquier preocupación que pueda generar su envío. El Brexit va a complicar ahora los que se hacen a o desde el Reino Unido, pero esas mayores dificultades forman parte de nuestro trabajo y las asumimos nosotros, no nuestro cliente”, explica Christoph Hahnkamm, director de Alfinter.

El tener la sede en Cantabria, y el trabajar de manera presencial en el puerto de Santander, sitúa a Alfinter en disposición de responder con la mayor agilidad ante cualquier incidencia en la aduana, un factor clave para evitar el bloqueo de mercan- cías y los consiguientes retrasos en las entregas. Estar acreditado como Operador Económico Autorizado –un sello que lo avala ante la Agencia Tributaria– es otro elemento que permite una rápida respuesta ante posibles requerimientos de información o documentación. “Cualquier empresa que mantenga relaciones comerciales con el Reino Unido va a verse afectada por el Brexit. Nuestra tarea es ofrecerle soluciones, y estamos preparados para hacerlo en cualquier circunstancia”, señala el director de Alfinter.

Tres empresarios hosteleros analizan la preocupante situación que vive el sector tras el reciente cierre del interior de los establecimientos que les ha sorprendido cuando empezaban a coger un poco de aire. Critican la improvisación en la adopción de las medidas y agradecen la comprensión de proveedores, caseros y empleados en estos largos meses con la persiana bajada. Se niegan a tirar la toalla, pero reclaman ayudas directas y exenciones fiscales para intentar superar una crisis que, en su opinión, no se soluciona con el aplazamiento de las obligaciones tributarias ni con la convocatoria de subvenciones, las más de las veces de farragosa tramitación o con requisitos de difícil cumplimiento.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Diciembre 2020

Por sorpresa y sin margen de maniobra. Así ha cogido a la mayoría de los hosteleros el nuevo cierre del interior de sus locales decretado a principios de noviembre por el Gobierno de Cantabria. Pocos se esperaban esta nueva clausura que ha obligado a bajar nuevamente la persiana a todos los bares y restaurantes sin terraza, sepultando de este modo las pocas esperanzas, si es que aún les quedaba alguna, de salvar un año dramático para sus negocios.

“No pensé que tuviera que volver a cerrar. Este cierre ha sido un palo”, concede Gregorio de la Roza, copropietario de La Malinche y Salvaje, dos conocidos establecimientos cercanos a Puertochico que en marzo, antes del estallido de esta pandemia, empleaban a dieciocho trabajadores, y que ahora, con tan solo tres mesas peque- ñas altas en el exterior y dadas las restricciones, han optado por echar el cerrojo.

Tampoco se lo esperaba Rafael Ordóñez, titular de La Casa del Indiano, un espacioso establecimiento hostelero al abrigo del Mercado del Este que da trabajo a otros tantos empleados. “Pensaba que se iban a establecer restricciones en materia de movilidad e incluso el toque de queda nocturno, pero no que nos obligaran a cerrar de nuevo porque está demostrado que el interior de los bares, si se guardan las oportunas medidas sanitarias, no es el responsable del aumento de los contagios”, explica Ordóñez que califica la decisión del Ejecutivo cántabro “de una medida psicológica más que otra cosa”.

Ambos empresarios, de nuevo con todos sus trabajadores en ERTE, critican “la mala gestión” de esta crisis por parte del Gobierno central y también del autonómico, a los que acusan de “improvisación” y de seña- lar “injustamente” al sector de hostelería como el principal foco de contagios. “Nos han colgado ese sambenito, pero nosotros no somos el problema”, aclara De la Roza, que pone en tela de juicio que solo el 20% de los establecimientos hosteleros cumplen todas las medidas implantadas frente al virus, tal y como aseguró recientemente la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, a la vista de los datos de un informe realizado por su departamento en octubre pasado. “¿Dónde está ese informe?”, se pregunta este hostelero que, de ser cierto, espera que se haya sancionado a los infractores.

“Nosotros hemos cumplido en todo momento con las restricciones y recomendaciones aprobadas por las autoridades sanitarias y ni uno solo de nuestros empleados ha estado de baja laboral en todos estos meses”, explica para negar que la hostelería sea el sector más afectado por incapacidad temporal debido al coronavirus en Cantabria, como así también aseguró Sanidad ante las críticas de los hosteleros por el cierre del interior de sus establecimientos.

En similares términos se expresa Gregorio Palomero, dueño del restaurante Asador Lechazo Aranda, que mantiene abierto su negocio y a sus ocho trabajadores de alta gracias a su amplia terraza, con capacidad para cuarenta personas. “¿Quién ha hecho ese estudio? Aquí no ha venido ningún inspector de Sanidad desde el 29 de mayo; los únicos que sí han venido, y en varias ocasiones, han sido los de Trabajo”, afirma Palomero un tanto molesto antes de confirmar que tampoco ninguno de sus emplea- dos ha estado de baja laboral durante este periodo.

Al echar la vista atrás, los tres empresarios coinciden en que la paula-

tina vuelta a la actividad durante los meses estivales les permitió recuperar el pulso de sus negocios. “Ha sido un buen verano”, reconocen los tres, aunque se apresuran a matizarlo.

El verano no son 365 días

Así, el titular de La Malinche y Salvaje admite que han trabajado bien el comedor, gracias en buena medida al doble turno impuesto para facilitar el acceso de clientes y el trabajo de los empleados, pero lamenta que la barra, especialmente dinámica en el primero de sus locales, “ha desaparecido completamente”. De hecho, afirma que de los cinco trabajadores que tenía para atender la barra antes de la pandemia, este servicio ha estado atendido por una única persona en los meses que ha permanecido abierto antes de este cierre de noviembre con el refuerzo de otra más “los cuatro días álgidos del verano”.

Además, sostiene que, a partir del septiembre, el menú del día, su plato fuerte en los días laborables, “ha baja- do mucho”. Una caída en la afluencia de comensales que achaca en parte al teletrabajo. “Aquí venían antes a comer empleados de banca, compañías de seguros y de la Administración que ahora trabajan en su casa y ya no salen a la calle. Y eso se nota”, subraya antes de poner las cifras sobre la mesa: “Si antes del coronavirus dábamos una media diaria de sesenta menús en cada uno de los dos restaurantes, ahora servimos poco más de la mitad”.

Rafael Ordóñez, por su parte, también se suma al calificativo de “buen verano”, aunque, en su caso, asegura que su negocio trabaja más en navidades que en agosto. “Ahora viene mi época de trabajo más intensa”, admite sin saber aún si podrá abrir antes de la época navideña. “Espero poder hacerlo a mediados de diciembre”, subraya pendiente de un nuevo decreto que regule en qué condiciones pueden reabrir los interiores de los restaurantes y que teme, si es que llega, que como ha ocurrido con los anteriores “salga de hoy para mañana”.

“Solo preparar el local, limpiar y arrancar son tres días. Y eso, encima, con la incertidumbre de que te vuelvan a cerrar”, puntualiza con preocupación.

De La Roza también muestra su esperanza en que la positiva evolución de las últimas semanas le permita abrir sus dos establecimientos, aunque sea con restricciones. “Si abrimos el fin de semana de mediados de mes, toda- vía podremos salvar algo la campa- ña navideña. Pero si lo hacemos en torno al día 20, no creo que la gente se eche a la calle. Hará falta tiempo para que los clientes cojan de nuevo confianza”, pronostica.

Gregorio de la Roza en La Malinche, uno de los dos establecimientos de los que es copropietario en Santander. Ambos –el otro es Salvaje– se encuentran cerrados.

Palomero es sin duda el que más optimista se muestra de los tres. “Hemos trabajado muy bien los meses estivales, aunque hay que decir que partíamos de la nada y de que un verano no son los 365 días del año”, apunta. Según reconoce, “nuestro negocio es bastante lineal. Es verdad que en verano, por la mayor afluencia de turistas; y en navidades, por las cenas y compromisos de empresa, el negocio se anima más, pero nosotros tenemos la suerte de trabajar con mucha gente de Cantabria. Nuestro cliente es local”, resume antes de precisar que los suyo ahora mismo es ir “partido a partido. Mira cómo está Burgos o Aranda de Duero –municipio del que procede y en el que los negocios de su familia viven un auténtico desastre–; estamos mal, pero al menos aquí podemos funcionar”, asume.

Un año para olvidar

Tras más de cuatro meses cerrados, De la Roza prefiere no hablar de cifras. A la espera de conocer si podrá o no abrir la última quincena del año, asegura que desde marzo lo único que han hecho es tratar de ponerse al día con proveedores y pagar recibos y facturas. “Desde que abrimos en junio, ni mi socio ni yo hemos cobra- do un euro para poder afrontar las necesidades de pagos que puedan venir si esta pandemia se prolonga”, alega.

En este tiempo, agradece la ayuda y la comprensión de proveedores y caseros, que le han reducido a la mitad el coste del alquiler de los dos locales mientras permanezcan cerrados. Gracias a eso, y a los tres préstamos ICO que pidió en primavera, De lo Roza asegura que ha podido hacer frente a los gastos fijos que se amontonan todos los meses y que, durante el primer confinamiento, estima que fueron de unos 5.000 euros mensuales.

Ordóñez, por su lado, calcula en un 50% la caída de facturación con la que cerrará su establecimiento este año en relación a 2019. “Hemos estado mucho tiempo cerrados y, además, hemos perdido Semana Santa y todos los puentes”, lamenta.

“Somos, por nuestra ubicación – en el interior del Mercado del Este– y dimensiones –más de 400 metros cuadrados– un negocio muy enfoca- do al turismo. Por eso, quizá nos hemos resentido más que otros”, explica antes de dar las gracias a sus proveedores y empleados por aplazar el pago de las facturas de mercancías y de nóminas. “Ha sido fundamental, como también lo ha sido el buen verano y las ayudas de las entidades financieras”, admite agradecido.

Al igual que al resto de hosteleros, el cierre no le exime del pago de numerosos gastos fijos, que cuantifica en más de 10.000 euros al mes. A este montante, añade además las pérdidas por la caducidad de los alimentos y productos que ya había adquirido y que ha tenido que tirar, un quebranto económico que estima en unos 12.000 euros en la primera ocasión y aproximadamente la mitad en este segundo cierre. Pese a todo, también cree que hay que seguir. “Calculo que tendré los beneficios de los próximos diez años hipotecados. De momento, mis recursos se destinan solo a pagar facturas, créditos ICO y aplazamientos de obligaciones tributarias. Cuan- do quiera levantar la cabeza, dentro de cinco o seis años, seguro que tendré que invertir en maquinaria”, aventura contrariado ante esta situación en la que, según sostiene, existe un riesgo altísimo de endeudarte con unas perspectivas demasiado inciertas.

Rafael Ordóñez y la Casa del Indiano, establecimiento que regenta, obligada a cerrar por las restricciones sanitarias.

“Es fácil asumir riesgos cuando el futuro es previsible, pero ahora mismo la inseguridad es brutal” enfatiza.

El propietario del Asador Lechazo Aranda no se separa tampoco de este discurso y anuncia que cerrará el año con beneficio cero. “Sobre las pérdidas, mejor no pensarlo”, advierte no sin reconocer su suerte por tener ya amortizada la inversión inicial “tan importante” que hicieron en 1992 para poner en marcha su negocio.

Medidas insuficientes

Sobre las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas para tratar de compensar las pérdidas provocadas por la covid, De la Roza es el primero en apuntar su descontento. “Los ERTE, las ayudas por cese de actividad, el ‘cheque resistencia’ del Ejecutivo regional, las ayudas al alquiler del local aprobadas por el Ayuntamiento de Santander…. Todo esto está muy bien, pero son totalmente insuficientes”, confiesa antes de lanzar su petición: “No se trata de diferir el pago de los impuestos, sino de exonerarnos de su pago, al menos durante el tiempo que hemos estado cerrados”.

En este sentido, recuerda los pagos adicionales que los hosteleros han tenido que satisfacer durante los últimas semanas, como son la paga extraordinaria a los trabajadores que, según el vigente convenio de Hostelería, se debe abonar en octubre y no se puede prorratear; la liquidación trimestral de las obligaciones tributarias correspondientes al tercer trimestre del año y las del primer trimestre, que deberían haber satisfecho en abril, pero que casi todos aplazaron hasta el 20 de noviembre con sus negocios ya cerrados desde hacía días y sin poder generar recursos.

“Asfixiarnos a impuestos no es la solución. No se trata de que sea el proveedor o el casero el que nos ayude. Esa labor le corresponde a la Administración pública, que es la que nos obliga a cerrar. Y necesitamos ayudas ya, no posponer los pagos”, recalca convencido de que, de lo contrario, “muchos ICO se quedarán sin pagar. O no nos quedará otra que pedir nuevos créditos para pagarles a ellos”. Por eso, aboga por el modelo alemán donde, según detalla, la Administración concede al empresario una ayuda directa en consonancia a los números presenta- dos en el cierre trimestral del pasado año. Además, defiende una simplificación de los trámites en la solicitud de las ayudas, que califica de “ingentes” e “imposibles” de gestionar sin el apoyo de una asesoría laboral. “Parte de los documentos que nos solicitan ya los tienen, pero aún así nos los siguen reclamando”, se queja.

Para el propietario de La Casa del Indiano el problema no radica solo en la excesiva complejidad en la tramitación de las ayudas –“en algunos casos me cuesta más la asesoría que la ayuda”, sostiene–, sino en las propias bases de algunas convocatorias. Así, censura la nueva ayuda económica directa de hasta 1.500 euros aprobada recientemente por el Gobierno de Cantabria que, según precisa, requiere al solicitante estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. “¿Quién no mantiene ahora mismo deudas con alguno de estos organismos públicos?”, se pregunta Ordóñez anticipando que “muy pocos” van a poder cumplir este requisito. “En situaciones normales, me parece razonable su exigencia; pero en situaciones especiales como es la actual hacen falta también medidas especiales que ayuden a salvar a muchas empresas familiares”, reitera.

Entre sus peticiones, figura la concesión de ayudas a fondo perdido en función del número de empleados. “Si de verdad se quiere defender el empleo, que se aprueben exenciones fiscales para todos los negocios que declaren pérdidas. De no ser así, habrá un cierre masivo de locales”, vaticina.

Ordóñez, además, extiende esta exoneración impositiva a todas las administraciones públicas, incluida la municipal. “Si demuestras pérdidas, ¿por qué no nos eximen también del pago del IBI o del IAE?”, se cuestiona. “Yendo bien los negocios, la carga impositiva ya es difícil de soportar; Yendo mal, directamente te incapacita”, reflexiona antes de resaltar que “yo no pago impuestos porque no quiero; es porque no me dejan trabajar”.

De otro lado, este empresario, que sigue acudiendo a su negocio entre dos y tres horas al día para atender a proveedores y negociar deudas y pagarés, apunta que si sigue adelante es para poder comer y pagar cuentas pendientes. “Una apuesta inteligente sería cerrar ahora e intentar volver dentro de dos años. Pero por encima está mi responsabilidad moral y personal con mis proveedores y trabajadores”, señala para destacar el esfuerzo que muchos empresarios como él hacen para mantener en pie sus negocios, a diferencia de los políticos que, en su opinión, “viven escondidos”.

 “Cobran puntualmente todos los meses, pero no son responsables de la mala gestión del dinero de todos. Si respondieran de su deficiente administración, como sí hacemos quienes somos administra- dores de sociedades, otro gallo nos cantaría”, enfatiza.

En esta misma línea, Palomero reivindica igualmente la necesidad de ayudas directas, aunque reconoce que la casuística dentro del sector es muy dispar, y aplaude la exención municipal del pago de la tasa de terrazas o la iniciativa Vale+ puesta en marcha por el Consistorio santanderino para incentivar el consumo en comercios y bares y restaurantes, así como el llamado ‘cheque de urgencia’ de hasta 1.500€ aprobado por el Gobierno regional.

“Todo es bueno para el convento”, admite antes de subrayar que ahora “vivimos al día” y de anticipar que no espera cambios en las restricciones de aquí a navidades. “Nos han puesto una vela en la oscuridad con el anuncio de las vacunas pero, por desgracia, aún no veo la luz al final del túnel”, asegura no sin antes solicitar el cierre de calles al tráfico durante algunos fines de semana para que todos los establecimientos pudieran sacar sus mesas al exterior. “¿Podría ser una solución?”, deja caer sin demasiadas esperanzas.

 

 

 

 

 

 

 

El tirón nacional y la demanda de destinos que pueden percibirse como sanitariamente seguros han disparado el atractivo de la marca ‘rural’ y han convertido a los alojamientos alejados de las grandes urbes en los grandes protagonistas de una temporada veraniega que ha sido muy distinta de las anteriores, pero en la que Cantabria ha mantenido altos niveles de ocupación. Viviendas rurales, posadas, palacios y casonas han registrado cifras cercanas al lleno en agosto y se han convertido en los grandes abanderados del turismo seguro.

J. Carlos Arrondo | Septiembre 2020

Los efectos de la pandemia de coronavirus sobre el turismo español no sólo se han manifestado este verano en una sustancial caída de las cifras globales del sector, sino también en un apreciable cambio de preferencias en los destinos más demandados por los viajeros nacionales. En relación a temporadas precedentes, la llegada de turistas extranjeros y la salida de españoles han sido testimoniales, bien sea por el desincentivo que han supuesto las restricciones en terceros países como por la renuencia a elegir destinos internacionales en una situación sanitaria incierta. Esta prudencia también ha llevado a que muchos viajeros hayan optado por sustituir los habitualmente masificados destinos de las costas mediterráneas por otros en zonas rurales y, sobre todo, en el norte del país. Cantabria –junto a Asturias– ha sido una

de las pocas comunidades autónomas que en esta nueva normalidad ha logrado salvar la temporada veraniega de las caídas generalizadas, alcanzando en algunos momentos de agosto una ocupación prácticamente plena. A estos buenos resultados ha contribuido con especial fortaleza el sector de los alojamientos rurales. “En cuanto a visitantes y ocupación, hemos aprovechado una temporada que en los meses previos dábamos por perdida. Con la incertidumbre de la nueva situación, ha sido un trabajo previo muy duro y costoso para ofrecer una imagen de seguridad”, afirma Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. Tras el confinamiento y las sucesivas fases de la desescalada, la mayoría de los alojamientos rurales de la comunidad volvieron a abrir sus puertas entre los últimos días de junio y los primeros de julio. Si durante las primeras semanas los visitantes se concentraron fundamentalmente en los fines de semana, en la segunda

quincena de julio las pernoctaciones ya abarcaban de jueves a lunes. “Agosto ha tenido una ocupación muy buena, sobre todo la segunda mitad en que ha estado todo saturado. Todo iba muy bien, pero ha empezado a complicarse la situación sanitaria y ahora tenemos que vivir el día a día por la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana”, explica el representante de los establecimientos rurales cántabros.

Carteles indicadores de alojamientos de turismo rural en Cantabria. A falta de que los datos lo confirmen, los niveles de ocupación durante el mes de agosto han sido muy altos

Jesús Blanco aclara que las viviendas rurales –casas que se alquilan completas a familias u otros grupos–han estado prácticamente llenas desde la reapertura: “Es la primera opción que los turistas buscan en estos momentos, por la mayor tranquilidad y seguridad al estar más aislados”. Por su parte, la demanda de las habitaciones en posadas, casonas o palacios ha ido de menos a más durante el verano. Aunque es una opción en la que resulta más difícil mantener la seguridad, para el presidente de la Asociación de Turismo Rural los viajeros han percibido la imagen que los alojamientos cántabros estaban haciendo las cosas bien. Un ejemplo es la forma en que se han servido los desayunos: “Se han montado en los jardines o en las terrazas y, como ha acompañado el buen tiempo, la gente ha disfrutado mucho al aire libre y ha podido mantener las distancias. Hemos fomentado el disfrute del entorno de las casas y ha sido algo que ha ayudado mucho porque la naturaleza es parte de nuestra ‘marca’ en cualquier alojamiento de Cantabria”.

Los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural están regulados en Cantabria por el Decreto 83/2010, modificado parcialmente por el Decreto 89/2017. A modo resumen con trazo grueso, las dos modalidades de contratación son en régimen de habitaciones o en viviendas completas, y las edificaciones –cada una de ellas con una tipología constructiva y unas características concretas detalladas en la normativa autonómica– que pueden pertenecer a la categoría de ‘alojamiento rural’ son las posadas, los palacios y las casonas cántabras, las viviendas y los apartamentos rurales. “Tienen que estar en un entorno que no tenga más de mil habitantes, con una limitación de plazas en cada caso y que la edificación sea anterior a 1950”, apunta Jesús Blanco, que advierte del uso que se hace del concepto ‘rural’ a pesar de no cumplir siempre los requisitos legales que regulan este tipo de alojamientos: “No todo es ‘rural’. Muchos se han sumado a la marca ‘casa rural’, pero esa categoría no existe como tal, es una denominación genérica”.

El valor de la marca ‘rural’

El presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria es consciente de que la marca ‘rural’ vende, pero se lamenta de que mezclarlo todo adultera el producto: “Lo auténtico solamente es el alojamientos rural que está de acuerdo al decreto vigente. Todo lo demás que se llame ‘rural’, cuya comercialización se ha desbordado a través de internet, de alguna manera nos ha usurpado la marca”. No sólo considera importante disipar esta confusión, sino que cree necesario puntualizar que la oferta que representa va más allá de la explotación de una denominación con indudable atractivo comercial, especialmente dada la situación sanitaria: “La Asociación de Turismo Rural de Cantabria es la única que tiene un plan de contingencia en los establecimientos, que tiene algún alojamiento certificado con el sello de seguridad del Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), que ha hecho un plan de formación, que ha implementado las normas y que ha trabajado en el objetivo de la seguridad sanitaria como la mejor experiencia que ahora tenemos que ofrecer”.

Desde que los portales de internet se han convertido en la mayor plataforma de venta, es habitual que convivan indiscriminadamente ofertas de alojamientos legalmente establecidos con otros que no lo están; un intrusismo que el sector del turismo rural ha venido denunciando reiteradamente. “Nos ha hecho mucho daño. Ha hecho que los precios hayan ido a la baja en algunos momentos de crisis, se ha deteriorado nuestra imagen y se ha devaluado nuestro producto”, señala Jesús Blanco, para quien es imprescindible destacar la profesionalidad de los pequeños negocios que representa: “Todos estamos registrados en la Dirección General de Turismo, estamos dados de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, y cumplimos toda la normativa de seguridad, sanitaria, etc. La mayoría llevamos muchos años dedicados a esto y hemos hecho una inversión muy importante. Lo que hacemos no es solamente abrir una casa, subirla a una web y ahí está, sino que damos unos servicios, preparamos actividades, atendemos a todo lo que el cliente necesita o requiere desde que llega hasta que se va”.

A la asociación, que agrupa a unos trescientos profesionales del sector, se van sumando como socios colaboradores pequeños negocios que ofrecen experiencias –como la producción de queso, vino, cerveza, entre otras, así como rutas u otras actividades complementarias– a los clientes de los alojamientos. Su presidente recalca que el concepto del turismo rural trasciende al mero servicio de hospedaje: “El turista busca disfrutar de algo nuevo, que le pueda interesar o que le llame la atención; que tanto el alojamiento, los servicios, el entorno y las actividades le ofrezcan algo atractivo”. Su objetivo es estar a la altura de unas expectativas que, desde hace varios años, la Asociación de Turismo Rural de Cantabria fomenta mediante la producción y publicación de unos videos promocionales de las distintas comarcas de Cantabria: “En ese trabajo de promoción ponemos en valor nuestros alojamientos rurales y, además, todos las pequeñas empresas de esas comarcas que quieran estar con nosotros y con las que podemos ofrecer un paquete que se visualiza y se comercializa a través de la nuestra central de reservas”, destaca Jesús Blanco.

Los alojamientos rurales cántabros han centrado sus esfuerzos esta temporada en ofrecer a sus clientes seguridad sanitaria, la mejor y más apreciada experiencia en estos tiempos. Jesús Blanco cree que el buen resultado hasta el momento es fruto de una ardua labor que arranca a principios de junio cuando comienzan a preparar la reapertura: “A partir de ahí nos ponemos a trabajar intensamente: participamos en la elaboración de las normas de seguridad del ICTE; hemos hecho cursos de formación online para los asociados, para que conozcan las normas y las implementen; llegamos a acuerdos con una auditora para los que se quieran certificar y ya tenemos a dos en Cantabria; para quienes no pudieran costearse una auditoría externa creamos un sello, un compromiso de seguridad con las normas sanitarias y su implementación. Y todo esto, además de trabajo, supone un gasto próximo a los 3.000 euros, sin saber si esto iba a funcionar, sin saber qué iba a pasary después de tres meses perdidos sin ingresar nada”.

Las medidas de prevención frente a la covid-19 han obligado a los negocios de turismo rural a llevar a cabo diversos cambios en los alojamientos. Han tenido que despojarse de cortinas, cuadros y otros elementos de la decoración o el mobiliario que eventualmente pudieran favorecer la transmisión del virus. También ha sido eliminado el formato de bufet en los desayunos, se ha incrementado el uso de productos higiénicos y, en general, se han tenido que realizar modificaciones y reformas para ganar el espacio de seguridad que necesitan los clientes. Para el presidente de la Asociación de Turismo Rural todo ello ha supuesto tener que reinventarse: “Ha sido volver a abrir. No es que cierras tres meses y abres normalmente, es volver a empezar. Es una situación nueva, totalmente incierta, en la que hemos apostado por la seguridad. Ha sido un trabajo bajo una gran presión, con la duda de si era más acertado esto o no hacer nada, pero, al final, la situación nos ha dado la razón”.

Además de las normas sanitarias obligatorias y básicas, la mayor parte de los establecimientos cántabros de alojamiento rural han implementado voluntariamente las normas recomendadas por el ICTE y la Secretaría de Estado de Turismo. También han contado con la ayuda del plan de contingencia elaborado por la Asociación para facilitar a los empresarios la remodelación tanto de las habitaciones como de las viviendas completas. “Esto nos ha fortalecido mucho. Los clientes lo han ido viendo y transmitiéndolo unos a otros. El resultado es que estamos a tope de ocupación”, indica Jesús Blanco con la satisfacción de constatar que van por buen camino, aunque alerta de que no pueden bajar la guardia y deben seguir perseverando: “La covid-19 nos está dando una oportunidad nueva. La gente busca lo más auténtico, lo de más calidad, lo más agradable o lo que más seguridad ofrece y por esta situación, de alguna manera, nos está volviendo a descubrir, a disfrutar y a valorar”.

Más allá de algún video explicativo de las medidas de seguridad adoptadas, el turismo rural cántabro no ha necesitado poner en práctica promociones especiales para atraer clientela este verano, ni siquiera se han modificado los precios. “Tal vez ha habido alguna oferta inicial, pero luego se han mantenido los precios de temporada alta del año anterior y ha funcionado. La gente tenía ganas de salir y lo ha hecho cuando ha podido y cuando ha visto que había seguridad”, subraya el responsable de la asociación. En su opinión, habría incluso más razones para que las tarifas se hubieran incrementado: “Ahora hay más gastos, se necesita más personal, hay que comprar continuamente mascarillas, desinfectante, etc. Es un mayor esfuerzo, por lo que el precio no se podía bajar y no se ha bajado”. Resalta, además, que toda la inversión inicial y el mayor gasto diario a los que se han visto forzados por la situación los han afrontado sin recibir ninguna ayuda específica o finalista de dinero público.

Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria.

El cóctel que explica el éxito del turismo rural cántabro esta temporada consta de múltiples ingredientes. El turista nacional apenas ha salido al extranjero y ha sustituido los viajes en avión por los desplazamientos en coche, siendo el norte de España un destino ideal para las vacaciones familiares lejos de la masificación de otros lugares. “Haciendo tan buen tiempo como ha hecho, siempre es más agradable y, dentro del norte, Cantabria está muy bien posicionada. Tenemos una buena imagen, una buena calidad y un buen servicio. Hay muchas ofertas de turismo rural en otros sitios que no tienen mucho servicio, la nuestra sí”, concluye Jesús Blanco. No obstante, sabe que en este momento es difícil prever si la tendencia seguirá siendo tan positiva en el futuro próximo: “Todo dependerá de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria. Si todo va más o menos así y hace buen tiempo, la gente irá reservando sobre la marcha porque no sabe si habrá problemas de movilidad y el día a día se irá ocupando todo. Septiembre también puede ser un mes que ayude, pero es todo muy incierto”.

 

La ocupación ilegal de viviendas ha llegado para quedarse. Más allá de si la creciente preocupación social en torno a este fenómeno está o no justificada, la agenda política y mediática de las últimas semanas se ha llenado de iniciativas para tratar de analizar y atajar una práctica que no es nueva, pero sobre la que apenas hay datos fiables. Los colegios de abogados y de administradores de fincas, dos de los colectivos profesionales más directamente vinculados a este fenómeno, coinciden en señalar que el problema no es especialmente grave en Cantabria, pero difieren en su análisis sobre la oportunidad de abordar reformas legales para combatirlo.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Octubre 2020

En medio de esta pandemia que amenaza con colapsarlo todo, otro tema ha conseguido despertar un inusitado interés social: la ocupación de bienes inmuebles. Aunque no se trata ni mucho menos de un problema nuevo, lo cierto es que el debate sobre esta práctica ilegal no ha hecho sino subir enteros hasta acaparar buen parte de la agenda política y mediática nacional de las últimas semanas. De hecho, la innegable sensación de inseguridad que ha anidado entre la ciudadanía en torno a este asunto ha obligado a los poderes públicos a tomar cartas en el asunto y a proponer medidas para intentar poner coto a un fenómeno sobre el que apenas existen datos fiables y sí, en cambio, mucha confusión.

Así lo ha hecho La Fiscalía General del Estado, con la remisión el pasado 15 de septiembre a todas las fiscalías territoriales de una instrucción en la que les proporciona criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, los dos tipos penales que describen y sancionan estas conductas. Además de instar a los fiscales a actuar con mayor rapidez ante la ocupación ilegal, esta instrucción también pretende dar respuesta a las diferentes situaciones que se plantean en la práctica, haciendo especial referencia a los hechos de esta naturaleza cometidos por colectivos organizados, convertidos en ilícitas y muy lucrativas empresas inmobiliarias de lo ajeno, según reza el texto enviado por el Ministerio Público.

Poco antes de conocerse este documento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba la creación de un teléfono para denunciar ocupaciones y, un día después, el Ministerio de Interior hacía lo propio al revelar en el Congreso, por boca de su titular, Fernando Grande-Marlaska, la próxima aprobación de otra instrucción para facilitar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los desalojos inmediatos de casos de ocupación.

El Parlamento cántabro, por su parte, aprobó el pasado 21 de septiembre, con los votos del PRC, PP y Cs, una iniciativa en la que pide al Gobierno central una Ley Antiokupas y una modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevar a cabo desalojos inmediatos en casos de ocupación ilegal de viviendas.

¿Alarma justificada?

Pero, ¿está justificada esta creciente preocupación social? Las pocas estadísticas que existen sobre este fenómeno parecen indicar que no hay motivos fundados para la alarma, al menos en Cantabria. Según el Ministerio del Interior, durante el primer semestre de 2020 se registraron 24 denuncias por ocupación en la región, un 33% menos que en igual periodo de 2019, cuando se contabilizaron 36. Esta cifra, además, apenas representa el 0,3% del total de denuncias presentadas en España, que de enero a junio fueron 7.450, de las que casi la mitad correspondieron a Cataluña. De otro lado, la última memoria de la Fiscalía General del Estado sobre tipologías de delitos, recoge que el Ministerio Fiscal llevó a cabo 14 diligencias previas por allanamiento de morada el pasado año en Cantabria, casi un 40% menos que en 2018, cuando se practicaron 23. En cuanto al delito de usurpación, la Fiscalía practicó 91 diligencias previas en 2019, algo menos de la mitad que un año antes, cuando realizó 187.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su informe dedicado a analizar el efecto de la crisis en los órganos judiciales, señala que los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Cantabria resolvieron el pasado año 27 juicios civiles por ocupaciones ilegales de inmuebles, mientras que otros 18 quedaron pendientes. Este procedimiento para acelerar el desalojo de viviendas ocupadas, que afecta a particulares, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social, entró en vigor en junio de 2018 con la modificación de la Ley Enjuiciamiento Civil. Según el CGPJ, en el primer trimestre de 2020 (últimos datos disponibles), estos juzgados han resuelto por este motivo un total de ocho asuntos, los mismos que de enero a marzo de 2019, y 19 siguen en trámite.

La opinión de los profesionales

Andrés de Diego, decano del Colegio de Abogados de Cantabria.

¿Y qué opinan los colectivos profesionales implicados? Para el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, los supuestos de ocupación ilegal de viviendas no han experimentado ningún incremento “significativo” durante estos meses de pandemia. “No sé si en otras comunidades autónomas esta práctica se habrá agudizado, pero en Cantabria el problema no ha ido más allá del que ya existía antes de iniciarse esta crisis sanitaria. Ni por comentarios entre los propios colegiados, ni por solicitudes de asistencia jurídica gratuita hemos notado un aumento de casos”, subraya De Diego.

En parecidos términos se expresa el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (CAFCA), Alberto Ruiz-Capillas, aunque introduce varios matices. “Es verdad que el número de ocupaciones en Cantabria no es muy relevante y que está muy lejos, incluso porcentualmente, de las que soportan Cataluña o Baleares, por poner dos ejemplos con cuyos colegios estamos en contacto, pero más vale prevenir que curar”, explica. “Además, las incidencias, cuando suceden, son prácticamente igual en todos los lugares y los más perjudicados, al margen de los titulares de los inmuebles ocupados, siempre son las comunidades de propietarios”, razona en consonancia con lo advertido desde la Fiscalía General del Estado, que también admite los problemas de convivencia a que pueden dar lugar en el entorno en el que se producen las ‘okupaciones’.

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria.

En opinión del presidente del Colegio de Administradores de Fincas, el creciente debate social está más que justificado porque “cada vez las ocupaciones son más violentas y cada vez es menor el porcentaje de personas que ‘okupan’ una vivienda realmente por necesidad habitacional”, enfatiza.

Sin embargo, los dos representantes colegiales difieren abiertamente a la hora de valorar si los instrumentos legales que existen actualmente son o no suficientes para abordar esta problemática. Para el decano de los abogados cántabros, aun reconociendo que el derecho “siempre va por detrás de la realidad social y adaptándose a ella”, existen “instrumentos de sobra” para hacer frente tanto a los delitos de allanamiento de morada como de usurpación de bienes inmuebles. “Ahora –continúa– Fiscalía y Policía han actualizado unas instrucciones precisamente para la puesta en marcha de medidas cautelares en los procedimientos en los que se constate de hecho que existe una ocupación ilegal para que el propietario pueda recuperar a la mayor brevedad la posesión de la vivienda. Lo que se pretende es poner sobre el papel estas herramientas, que ya existían pero que eran genéricas, para que funcionen”, explica.

Sobre la oportunidad de endurecer el Código Penal para agravar el delito de ocupación ilegal, De Diego se muestra más cauto. “Si bien es verdad que las penas no son relevantes e incluso la usurpación está tipificada como un delito leve, cuando los que están detrás son mafias, el delito de organización criminal sí tipifica con mayor gravedad estas conductas. En cualquier caso, creo que hace falta un debate social y un consenso más amplio para afrontar un cambio en este sentido. Dicho esto, si está situación se incrementa se por una cuestión de impunidad, quizá sí habría que dar una respuesta más adecuada”. De su lado, Ruiz-Capillas entiende que la ley necesita una “reforma urgente”. Así, asegura que el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha planteado, en la última reunión de su Comisión Legislativa, la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, “con el fin de dotar a las comunidades de propietarios, en el primer caso, y a los ayuntamientos, en el último, de mayores recursos legales para prevenir los efectos y problemas que generan la ocupación ilícita de viviendas, que lo es también de los elementos comunes”.

Y es que, según sostiene el presidente de los administradores de fincas cántabros, las comunidades no disponen ahora mismo “de ningún instrumento” para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas, salvo que los ocupantes contravengan los estatutos comunitarios o realicen actividades nocivas, insalubre o molestas. “El único que puede actuar es el propietario y, si se trata de pisos vacíos en manos de bancos o de fondos de inversión, como muchas veces ocurre, estos ni siquiera lo denuncian”, subraya.

Por ello, además de incluir la “ocupación sin título” dentro de las condiciones para iniciar la acción de cesación recogida en el artículo 7.2 de la LPH, la propuesta del CGCAFE incluye igualmente un nuevo redactado para que la comunidad de propietarios pueda iniciar “la acción de recobro de la posesión, los antiguos interdictos, siempre y cuando el legítimo poseedor no ejecute ninguna acción. En este caso, el procedimiento se sustancia en un juicio verbal, que es mucho más rápido”, detalla el presidente de los administradores de fincas. 

Sobre la dificultad en echar a los ‘okupas’, De Diego se remite a la casuística. “En este asunto se dan muchas situaciones diferentes. En caso de ocupación manifiesta, ahora vamos a tener la herramienta de las medidas cautelares con una respuesta judicial más rápida. Pero hay otros supuestos civiles de reacción más lenta”, admite el decano. “Es muy difícil”, afirma Ruiz-Capillas y, en el caso de las comunidades de propietarios, “prácticamente imposible”, salvo que el ‘okupante’ provoque daños sustanciales que, por otro lado, resultan muy complicados de demostrar. “Si no ocasiona daños, sin las reformas que solicitamos, la comunidad no tiene nada que hacer y sí mucho que sufrir”, argumenta.

Pisos de bancos

Con todo, el presidente del CAFCA coincide, como mantienen muchos jueces, que la mayoría de las ocupaciones ilegales son de pisos vacíos de bancos y entidades jurídicas. “En Cantabria, de momento, es así. De los últimos seis casos de los que el Colegio tiene conocimiento –cinco pisos y un chalet– todos son propiedad de entidades financieras”, concede. En caso de ‘okupación’ ilegal, tanto De Diego como Ruiz-Capillas recomiendan que lo primero que hay que hacer es denunciar el hecho ante la Policía y acudir a un abogado para iniciar los oportunos procedimientos legales. “Cada caso es un mundo”, conviene el decano de los abogados de Cantabria, mientras que el segundo añade nuevos elementos desde el punto de vista comunitario. “Hay que ponerlo en conocimiento de los vecinos, del administrador y del presidente de la comunidad para actuar de forma conjunta y coordinada y utilizar todos los medios posibles a su alcance, no solo los legales, informando a las compañías suministradoras de luz, agua, gas o telefonía de la defraudación para que actúen en consecuencia”, aconseja Ruiz-Capillas.

 

A punto de terminar la vigencia del Plan de Sostenibilidad Energética 2012-2020, Cantabria no ha conseguido poner en funcionamiento ni un solo megawatio más de potencia eólica de los que ya tenía cuando entró en vigor el documento que pone marco al desarrollo de las energías renovables en la región. Las empresas promotoras aseguran que hay en tramitación parques eólicos con capacidad para sumar 800 megawatios, y que los primeros podrían estar en funcionamiento antes de dos años, algo para lo que confían en el compromiso del Gobierno regional para agilizar trámites y liberar cargas administrativas en la tramitación de las iniciativas.

Cristina Bartolomé |  @criskyraOctubre 2020

Apesar de que las fuentes renovables de energía se ajustan al marco argumental imperante de conservación del medio ambiente y el cambio climático, en Cantabria no se han desarrollado parques eólicos en la última década y no se ha generado ni un megawatio de potencia eólica en este tiempo. Así, la región está a la cola en desarrollo eólico y sigue con los mismos parques que hace 10 años: Cañoneras y el molino experimental de Vestas. El presidente de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC), Agustín Valcarce hace una descripción sucinta y clara: “Si vemos el Plan de Sostenibilidad Energética, que preveía 705 MW para 2020, no se ha hecho nada. No podemos decir otra cosa, las cifras hablan por sí solas. Ha sido una década en blanco para las renovables”.

Agustín Valcarce, presidente de la Asociación Eólica
de Cantabria.

Sin embargo, las empresas de la Asociación Eólica de Cantabria tienen en tramitación la generación de 800 MW y aseguran que los primeros parques eólicos pueden estar en funcionamiento en dos años. ¿Cuáles son las razones de este retraso? Según el presidente de la AEC, el Plan de Sostenibilidad Energética, cuya vigencia concluye este año, es tan riguroso que ha sido más un obstáculo que un marco para el desarrollo de proyectos: “Parecía que estaba hecho para entorpecer”, debido a las exigencias que debían cumplir los parques eólicos, entre ellas las de carácter medioambiental. Ahora se elabora por parte de la administración regional uno nuevo y a los empresarios del sector les gustaría que fuese, apunta Valcarce, “realista, con requisitos exigibles y que la tramitación sea ágil, que nos digan si los proyectos son viables o no”. El presidente de la AEC considera que no puede haber expedientes pendientes de aprobación durante 5 o 10 años, aun teniendo en cuenta que son trámites complejos, ya que involucran a varias administraciones y ministerios: la local, la comunidad autónoma, industria, medioambiente, ordenación territorio, redes eléctricas, Aena, etc.

Define la legislación medioambiental cántabra como “bastante farragosa”, algo que les hace ir más lento que en otras comunidades, como Aragón o Galicia: “Nosotros, al final, estamos en una carrera con el resto de comunidades autónomas. La implantación de energías renovables supone inversiones muy importantes y los retornos son ajustados. A partir de ahí, parece claro que las empresas van a invertir donde menos problemas tengan”. Aun así considera que las dificultades administrativas pueden no ser la única razón de la falta de desarrollo de proyectos en la región: “Tenemos que analizar si es solo el tema normativo, o si tenemos recursos suficientes en la administración para realizar toda la tramitación. Ahora miramos el futuro con cierto optimismo y queremos constatarlo, que se vea que las tramitaciones se agilizan y son comparables con el resto de comunidades autónomas, esto nos hará ser igual de competitivos”.

Mesa presidencial y asistentes a la asamblea de la Asociación Eólica de Cantabria, celebrada el pasado 17 de septiembre. En la foto de la página de la derecha, el parque eólico de Cañoneras, en Soba, y el molino experimental de Vestas en el monte Cotío, de Campoo de Enmedio.

La Asociación Eólica de Cantabria, que agrupa a las principales empresas locales, afronta el futuro con una nueva perspectiva tras el balón de oxígeno por parte del Gobierno regional, que en la reciente asamblea de la aagrupación, celebrada en septiembre, realizó varios anuncios que fueron bien acogidos: “La Consejería de Industria manifestó su intención de seguir tramitando los expedientes con el plan que hay ahora, pero con agilidad; y Medio Ambiente dijo que se había dotado de más medios con el fin de acortar los plazos de contestación. Además, hemos visto que había mejorado mucho la coordinación de las consejerías y la verdad es que las empresas recibimos todo esto con satisfacción”. El nuevo plan, llamado a sustituir al actual, podría estar próximo a su conclusión a principios de 2021.

¿Es un negocio rentable?

La AEC sostiene que todos los proyectos de parques eólicos en tramitación están fuera del sistema de primas o ayudas a las energías renovables, y que serían rentables en todo caso. Valcarce asegura que la inversión en este negocio es de promotores privados y que no cuentan con ninguna ayuda pública, de hecho, asegura, “ninguno de ellos se ha metido en las subastas energéticas del ministerio y todo el riesgo es privado, incluso contra los precios del mercado, donde hay una incertidumbre importante, por lo que estas inversiones entendemos que deberían ser bienvenidas”. El cálculo que hace es sencillo: por cada megawatio eólico generado se necesita un millón de euros de inversión, y si recientemente se dio a conocer que hay en proyecto la generación 800 megawatios, esa sería la inversión privada a movilizar: “Está claro que hay gente dispuesta a ello”, asegura Agustín Valcarce. El presidente de la AEC aboga incluso por que este tipo de energía se convierta en un pilar para la recuperación de Cantabria tras la crisis postpandemia. “Esto podría conseguirse si estamos de acuerdo en que toda la cadena de valor se quede en Cantabria y somos capaces de captar la mayor parte de la inversión. Aunque no fuese el motor, es suficientemente importante como para que no se abandone”.

Pero, ¿cuál es el retorno de un negocio que necesita una inversión en dinero y tiempo tan importante? En términos de empleo, Valcarce asegura que la construcción de un parque eólico de 100 megawatios emplea a 100 personas durante un año: “Eso nos da una idea de la carga de trabajo que puede generar en Cantabria, a lo que hay que añadir el mantenimiento, que necesita entre 6 y 8 personas, y las actuaciones puntuales de empresas especializadas”. En cuanto al precio de la energía, plantea la pregunta retórica de cuánto va a valer dentro de unos años. Aquí aclara que las empresas inversoras hacen proyecciones a largo plazo, teniendo en cuenta que las previsiones de viento tienen que transformarse en datos reales. Avanza que muchas empresas calculan una tasa interna de retorno (TIR) del 8% a sus proyectos: “No es nada abultado ni descabellado, si tenemos en cuenta que ha caído el precio de mercado con el confinamiento. Hay riesgo, pero las eléctricas piden un mínimo”.

No solo un beneficio económico

El presidente de los empresarios de empresas eólicas de Cantabria enumera también otros beneficios, entre ellos el del abastecimiento propio: el proyectado parque eólico de El Escudo, que generaría según las previsiones 150 megawatios, podría proveer a más de 100.000 hogares de Cantabria. Por otra parte, está el beneficio medioambiental, y subraya que la energía eólica nos hace menos dependientes del carbón y reduce el CO2 que se emite a la atmósfera.

Viendo los beneficios que podría aportar la energía eólica a Cantabria, cabría preguntarse si el sector sería susceptible de recibir parte de las ayudas europeas ahora en liza, dado que una de las premisas es que respalden iniciativas que defiendan el medioambiente frente al cambio climático. Valcarce no se muestra muy optimista al respecto: “Como promotores marco nos encantaría que la administración apoyara proyectos para los que le cuesta más conseguir financiación o que entrañan mayor riesgo económico pero tienen cierto interés social. En cuanto a la energía eólica, como hay muchas iniciativas que puede ser abordadas con fondos privados, me temo que en general no se va a apoyar. Solo le pedimos al gobierno que agilice la tramitación, que salgan en plazos razonables. Qué más puede pedir el gobierno a día de hoy, a pesar del covid, si hay empresas dispuestas a invertir sin ayudas públicas”.

El sector eólico, en cifras

La Asociación Eólica de Cantabria está compuesta por 17 empresas, de las cuales la tercera parte corresponde a los principales promotores de parques en la región. El resto es un conjunto de compañías de la cadena de valor del sector eólico en el que existen empresas de redes y sistemas, construcción, transporte, mecanizados, montajes eléctricos, etc. En la actualidad sólo hay en funcionamiento 32 MW en el parque de Cañoneras en Soba y otros 3 MW en el aerogenerador experimental de Vestas en el sur de la región. En comparación con la generación producida en las comunidades autónomas más cercanas, Cantabria queda bastante alejada: Galicia produce 3.814 MW, Asturias, 518, País Vasco 153 y La Rioja 447, según los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Entre las razones de la ralentización de los proyectos puede haber más que la lenta tramitación administrativa, también la oposición de algunos grupos medioambientales ha podido hacer mella en los planteamientos a favor de este tipo de energía renovable, “representan a poca gente pero que tienen altavoz mediático y se oponen frontalmente”, considera el presidente de la AEC. Sin embargo, para Agustín Valcarce la realidad se ha impuesto y en el caso del parque eólico de Soba, el primer y único parque en Cantabria desde 2008, “según el ayuntamiento la aceptación por parte de la población asciende al 90% y no ha afectado al turismo, -se decía que iba a espantar a los turistas-, sino al contrario. Este parque ha servido para desmitificar la implantación de estas instalaciones”. Valcarce concluye que “parece que en Cantabria hay que favorecer su implantación, llevamos 20 años y seguimos con carbón y energía nuclear”.

En la reciente asamblea de la AEC el Gobierno de Cantabria ratificó su compromiso con las energías renovables: el consejero de Industria, Francisco Martín, recordó que está en preparación el Plan Energético Cantabria 2021-2030. Consideró que la descarbonización es una obligación y que en 2025 hay que haberse desprendido de los medios de generación eléctrica basados en los combustibles fósiles: “Cantabria no tiene petróleo pero tiene viento y es nuestra obligación como Gobierno hacer que ese viento se convierta en electricidad, inversión y puestos de trabajo”, aseguró. Y el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, recordó que la defensa de las renovables es una consecuencia lógica de la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Gobierno en 2019. Aseguró que “dará celeridad y seguridad jurídica a los proyectos para conseguir energía alternativa que es lo que Cantabria necesita, porque tiene condiciones para ello”.

En España hay 1.203 parques eólicos en 807 municipios. Con 25.704 MW de potencia acumulada, la energía eólica ha sido la segunda fuente de generación eléctrica peninsular en España en 2019. España es el quinto país del mundo por potencia eólica instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania e India. Cubre el 20,8% de la energía consumida en nuestro país y evita la emisión de 28 toneladas de CO2 al año, según la Asociación Empresarial Eólica.