Cumplido el 50 aniversario de la fundación del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst), su directora, Ana González Pescador, repasa las funciones de la institución, sus logros y también sus objetivos a futuro.

Pregunta.- Conmemoramos este año el 50º aniversario de su apertura, pero ¿cómo funciona actualmente y en qué retos y objetivos se encuentra inmerso el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst)?

Respuesta.- Hoy las políticas de seguridad y salud laboral de Cantabria están encomendadas al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Icasst desarrolla funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia, y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales (PRL), planificando y ejecutando planes y programas específicos diseñados para la ejecución de las políticas preventivas estableciendo líneas de fomento en materia de prevención de riesgos laborales. Además, es un órgano consultivo en cuyo seno se contiene y regula el Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el órgano colegiado asesor de la Administración de la comunidad autónoma de Cantabria en la formulación de las políticas de PRL y el órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de un órgano de participación tripartita y paritaria de representantes de la Administración y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma. En cumplimiento de sus objetivos, acuerda las líneas estratégicas a desarrollar por la Administración en la política de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, así como en el seguimiento de cualquiera de las políticas y acciones destinadas a promover el desarrollo de la seguridad y la salud en el trabajo.

P.- ¿Cuál es en la actualidad la estrategia cántabra de seguridad y salud en el trabajo?

R.- La actual Estrategia 2023-2028 fue aprobada por consenso en el Consejo Cántabro de Seguridad y Salud y cuenta con cinco objetivos fundamentales: mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático desde la óptica de la PRL; mejorar la gestión de la seguridad y salud laboral en las pymes mediante la integración efectiva y la formación; reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad, incorporando la perspectiva de género; y fortalecer la coordinación institucional ante futuras crisis.

P.- ¿En qué está trabajando el Icasst y cuáles son los principales retos que afronta para el efectivo cumplimiento de esa estrategia?

R.- Indudablemente, y así se recoge en la Estrategia 2023-2028, las pymes tienen más dificultades para aplicar una efectiva prevención de riesgos laborales. Ellas son nuestro objetivo fundamental. Para ello hemos diseñado un nuevo programa de subvenciones para el fomento de la PRL en pequeñas y medianas empresas, abierto permanentemente a través de tres líneas totalmente innovadoras de ayudas. La primera para incentivar las inversiones para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, a través de subvenciones que cubren gastos en nueva maquinaria y equipos de trabajo más seguros, líneas de vida, ventilación y motorización de equipos. Una segunda que persigue la mejora de la integración de la PRL, a través de subvenciones que incentivan que las pymes promuevan una mayor implicación de recursos propios frente a una excesiva o exclusiva externalización de actividades preventivas. Por último, la tercera línea de ayudas busca favorecer la protección, formación y entrenamiento de las personas trabajadoras con riesgo de exposición al amianto para garantizar su seguridad y salud y medidas de protección en general ante otros riesgos higiénicos, como ruidos, exposición a biológicos y cancerígenos etc… Estas ayudas se han publicado el 30 de abril y están en vigor desde el día 2 de mayo. Quiero animar a todas las pymes de Cantabria que tengan uno o más trabajadores a solicitarlas y poder así mejorar sus medios en el ámbito de la seguridad y salud laboral.

La directora del Icasst, en la apertura de la jornada celebrada para conmemorar el cincuentenario de la entidad, el pasado 26 de abril, junto al consejero de Industria, Eduardo Arasti, y alguno de los ponentes que intervinieron en el acto, entre ellos los exdirectores del Icasst Pedro Obregón y Alberto Cuartas.

P.- El Icasst juega también un papel como foro para el diálogo social en materia de prevención de riesgos, y también para favorecer actuaciones en esa línea por parte de sindicatos y asociaciones empresariales.

R.- Así es, y en ese marco comenzó, a finales de 2023, un nuevo programa de subvenciones dirigidas a financiar la realización de actividades en el ámbito de PRL conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en proyectos que son diseñados y ejecutados por las organizaciones empresariales y sindicales con presencia en Cantabria. En ellos se contemplan acciones de información para la difusión entre trabajadores y empresarios de los principios de acción preventiva de los riesgos laborales o de las normas concretas de aplicación de tales principios y también acciones de asistencia técnica dirigidas al estudio y resolución de problemas derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas. Además, y con apoyo de esta misma línea de subvenciones, está previsto realizar actuaciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales para el fomenten el conocimiento y la aplicación por empresarios y trabajadores de las disposiciones en materia de PRL.

P.- El Icasst tiene encomendada la promoción de una cultura de prevención en todos los ámbitos, también en el educativo. ¿Es una labor centrada en la Formación Profesional (FP), como etapa más cercana a lo laboral?

R.- A comienzos de este año ha vuelto a reunirse la Comisión Sectorial de Educación del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta comisión, que sí que está liderada por la dirección general de FP dada la importancia que tiene para sus alumnos en prácticas la formación acreditada en riesgos laborales, participan todos los agentes sociales (CCOO, UGT y CEOE) y tiene como fin mejorar la formación en el ámbito preventivo laboral entre todos los alumnos de Cantabria, en todas las etapas, desde primaria hasta la Universidad. Tal y como se recoge en la Estrategia, es fundamental acordar y coordinar entre todos la adecuada formación en prevención de riesgos a todos nuestros alumnos de Cantabria.

P.-¿Qué otras actuaciones se realizan desde el Icasst, pero no ya en el ámbito educativo sino en las propias empresas, en materia de formación y concienciación sobre PRL?

R.- En colaboración con todos los agentes e instituciones implicadas en la seguridad y salud laboral, se trabaja intensamente en la mejora de la determinación y detección de las enfermedades profesionales, en la reducción de la siniestralidad en los desplazamientos con la Dirección de Tráfico, e impartimos de forma permanente y gratuita formación online en PRL, además de llevar a cabo acciones formativas presenciales en este ámbito. También asesoramos a pymes y autónomos en prevención de riesgos laborales directamente y mediante el uso de la plataforma ‘Prevención_10’ que es una aplicación informática para realizar un diagnóstico del puesto de trabajo en materia de seguridad y salud laboral.

También asesoramos a pymes y autónomos en prevención de riesgos laborales directamente y mediante el uso de la plataforma ‘Prevención_10’

P.- Otra de las materias en las que el Icasst tiene las competencias es la investigación de la siniestralidad y la elaboración de estadísticas.

R.- En efecto. De forma permanente se llevan a cabo campañas de control de la siniestralidad en sectores concretos. Recientemente se han realizado en fabricación de productos metálicos e industria de la alimentación. Los resultados de ambas campañas han sido publicados en la nuestra web y difundidos en dos jornadas formativas celebradas tras su finalización. Además se investigan todos los accidentes graves y mortales y aquellos que, siendo leves, se investigan para establecer pericialmente el árbol de causas que los provocaron y las medidas correctoras a implantar que eviten que vuelvan a producirse.

P.- ¿Qué otras iniciativas concretas tienen previsto poner en marcha próximamente?

R.- Este año, con la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad, hemos acordado conjuntamente UC-Gobierno de Cantabria (Icasst) establecer un premio de investigación dotado con 6.500 euros al establecimiento de unas ‘clausulas tipo’ de referencia sobre seguridad y salud laboral para todos los convenios laborales de Cantabria. En estos días hemos iniciado además una campaña denominada ´Sílice cristalina respirable en actividades de fundición’ dirigida a empresas cuyo denominador común es la utilización de técnicas de fusión de metales (férricos y no férricos) por moldeo, sea esta la actividad principal de la empresa o simplemente una parte de su proceso productivo. La principal justificación de esta campaña es que se ha venido detectando un incremento de enfermedades profesionales relacionadas con el agente 4A (sílice cristalina respirable) en empresas en las que existe la técnica de fundición indicada, mientras que en otros sectores tradicionalmente afectados por este agente que ya han sido objeto de actuaciones en ejercicios anteriores, como las marmolerías, no se han detectado incrementos significativos.

P.- ¿Qué objetivos se persiguen en una campaña como esa?

R.- Fundamentalmente asesorar a las empresas para que puedan realizar una detección eficaz de los riesgos generados por la presencia de sílice cristalina respirable, concienciándolas de la necesidad de realizar evaluaciones de riesgos específicas. También asesorarlas en la implantación de una política de controles periódicos de la eficacia de las medidas preventivas y en la correcta gestión de sus obligaciones para con la declaración de las enfermedades profesionales.

El consorcio Fortexval, que aúna la participación de centros tecnológicos y entidades dedicadas a recuperar formas tradicionales de trabajar en el campo, ha dado forma a un proyecto que busca impulsar el aprovechamiento forestal con la sostenibilidad como eje. Con un presupuesto de 619.000 euros y la Reserva del Saja como escenario, la iniciativa podría dar lugar a una industria transformadora de la materia prima extraída del monte, y generar hasta 300 empleos.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Junio 2024

En una región en la que es lugar común hablar de la riqueza desaprovechada del bosque, la presentación de cualquier iniciativa en este campo se recibe con una mezcla de expectación y escepticismo, alimentada la una con un potencial económico que pocos discuten y, la otra, por los discretos resultados alcanzados hasta ahora por cualquier antecedente que se contemple. El consorcio Fortexval, presentado en Ruente el pasado 9 de abril, viene a sumarse a los planes diseñados para sacar partido de la superficie forestal de Cantabria, un 70% del territorio de la región cuyo aprovechamiento se considera vital tanto en términos económicos como atendiendo a criterios de sostenibilidad o sociales, por su capacidad para fijar población en áreas rurales. De hecho, habría que buscar en el alineamiento con esos objetivos, y en una inédita conjunción de tecnología y tradición, las principales novedades del proyecto, que ha contado con ayudas europeas para su puesta en marcha.

El consorcio responsable de gestionar Fortexval está formado por la Mancomunidad de la Reserva del Saja, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y el Centro Tecnológico CTC, de Cantabria, en una combinación que puede sorprender por lo dispar de sus componentes y que, en lo tocante a la hibridación entre innovación y usos tradicionales, lo hace aún mas si tenemos en cuenta la colaboración activa en el proyecto de la Asociación Nacional de Tracción Animal y de la Asociación de Criadores de Ganado Equino Hispano Bretón de Cantabria. Lo cierto es que es precisamente en esa característica donde se asientan buena parte de las claves que pueden diferenciar a esta iniciativa de otras que hayan podido ponerse en marcha anteriormente con objetivos similares.

El proyecto Fortexval, según los objetivos explicados durante su presentación, plantea el desarrollo de un modelo de gestión forestal innovador que garantice la resiliencia de los bosques frente a posibles riesgos naturales, facilite la fijación de población y sea generador de empleo verde en las zonas rurales. Para ello, explican sus promotores, se propone un modelo alternativo de gestión que permita optimizar los recursos propios de cada zona forestal, actuando tanto en lo relacionado con la labor en el monte como en la generación de un producto que permita rentabilizar esa gestión de los montes. Con un presupuesto de 619.120 euros y un plazo de ejecución de 17 meses, el proyecto tendrá su área de ejecución en el territorio de la Mancomunidad de la Reserva del Saja.

Representantes de las instituciones que conforman el proyecto, como el Gobierno de Cantabria, la Mancomunidad de la Reserva del Saja, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia y el Centro Tecnológico CTC. Foto: Gobierno de Cantabria.

Extracción y valorización de materiales

En síntesis, la propuesta de Fortexval contempla el uso técnicas de tracción animal para reducir el impacto ambiental durante la recogida de materiales en el monte para después, y a partir de la materia prima de menos valor entre las así obtenidas, producir biochar, un carbón vegetal con múltiples propiedades y numerosas aplicaciones. De alcanzar los resultados esperados y dar el salto al nivel industrial, apuntan sus responsables, el proyecto podría generar 300 nuevos empleos tanto para realizar labores de gestión forestal como para participar en la generación de productos valorizados.

La implementación de actuaciones sostenibles para la extracción de recursos agroforestales es la primera fase de esta iniciativa. Con el uso de técnicas de tracción animal en lugar de maquinaria de tracción mecánica se busca eliminar de la ecuación un elemento de alto impacto sobre el terreno y la biodiversidad. Optar por los caballos para acometer este tipo de trabajos supondría además, según destacan los promotores de la iniciativa, recuperar una técnica ancestral propia de la zona de Cabuérniga y muy arraigada entre sus habitantes. Este elemento tradicional, con menos huella de carbono que la tracción mecánica y una menor degradación de suelo y pérdida de biodiversidad, se combina con el uso de equipos de última tecnología para el tratamiento de recursos forestales, en una hibridación de lo viejo y lo nuevo que es una constante en el planteamiento de esta iniciativa.

Fortexval usará tracción animal para recoger materiales en el monte que luego producirán biochar, un carbón vegetal con múltiples propiedades y numerosas aplicaciones

La producción de biochar, para la que se utilizarán matorrales, astillas y otros elementos de escaso valor, se realizará calentando la biomasa en un entorno de bajo contenido de oxígeno a través de un proceso de pirólisis. El producto resultante es rico en carbono y tiene un inmenso potencial de desarrollo tanto para cerrar el ciclo de los residuos orgánicos, como para incrementar el rendimiento de los cultivos o revitalizar el terreno. Entre los beneficios atmosféricos, destacan los promotores de Fortexval, el biochar reduce las emisiones de metano, los malos olores y facilita la captura de carbono. En relación con el sustrato, multiplicaría la fertilidad del suelo y frenaría la pérdida de nutrientes. De hecho, y como parte el proyecto, con el biochar así producido se experimentará también para mejorar espacios agroganaderos en terrenos de la Mancomunidad Reserva del Saja.

Investigación de propiedades y usos

El componente experimental de Fortexval se concreta también en la realización de un estudio para validar la capacidad del biochar para almacenar agua –una característica de interés frente a episodios de sequía provocados por el cambio climático–, la liberación progresiva de nutrientes y la captura de contaminantes en el suelo. A esta labor de investigación sobre las propiedades de este material, una de las áreas de conocimiento en las que destaca especialmente el Centro Tecnológico CTC, se suma la que se realizará para valorar las posibilidades de uso de biomasa de baja densidad como carga en la formulación de componentes termoplásticos para automoción con alto contenido en fibra natural, para lo que será fundamental la aportación del otro centro tecnológico que participa en el proyecto, el gallego CTAG.

Al potencial desarrollo y posibilidades económicas que puedan adjudicarse al proyecto, este une su alineamiento con varios de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, argumentos que por lo pronto le han valido  el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

De entre todos los formatos de lo que se conoce como economía social, las sociedades laborales son por su regulación y condiciones la opción más próxima a la tipología de empresa convencional, pero son un modelo apenas utilizado por los emprendedores al elegir la forma jurídica de su proyecto. Quienes representan a este colectivo empresarial y quienes han optado por esta fórmula creen que el desconocimiento explica el poco uso que se da a una fórmula a la que ven más ventajas que inconvenientes. De las 769 sociedades mercantiles creadas en Cantabria en 2023, solo ocho fueron sociedades laborales.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2024

Cooperativas y sociedades laborales tienen en común el contar con mención en la vigente Constitución, más expresa si se quiere en el caso de las primeras –”Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”–, pero igualmente inequívoca en las segundas, que ofrecen la fórmula jurídica más ajustada para cumplir el mandato con el que se completa ese artículo 129.2 de la Carta Magna: “También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

La segunda referencia constitucional supone un incuestionable privilegio reglamentario que, en cambio, no tiene un reflejo apreciable en la práctica: las cooperativas tienen un peso relevante en algunos ámbitos, pero muy limitado en otros, en tanto que las sociedades laborales, una forma jurídica equiparable en casi todo a la de cualquier otra sociedad mercantil, apenas es utilizada para dar soporte a las iniciativas empresariales. Pueden verse ahí las huellas de un incumplimiento del imperativo constitucional, pero también las consecuencias del escaso conocimiento que existe sobre unas figuras legales que, como todas, tienen ventajas e inconvenientes que pueden no hacerlas adecuadas para todos los casos pero que también, y esta sería ya una característica singular a valorar, difumina las tradicionales fronteras entre el empresario y el trabajador.

Durante el año pasado se constituyeron en Cantabria ocho sociedades laborales, una cifra muy pequeña desde cualquier punto de vista que se la considere, y que está en línea con los datos de los ejercicios inmediatamente anteriores. De acuerdo a lo contabilizado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2022 fueron siete las sociedades de este tipo constituidas, 11 en 2021 y 9 en cada uno de los cuatro ejercicios previos, con excepción de 2018, en que la cifra se quedó en ocho. Para encontrar datos significativamente mayores hay que remontarse hasta los años anteriores y posteriores al cambio de siglo, cuando reiteradamente se superaba la veintena, con el significativo caso, por excepcional, de 2001, en el que se llegó a las 45. Fueron aquellos unos años en los que era relativamente habitual que los trabajadores se hicieran cargo de empresas en crisis, o que pusieran en marcha proyectos propios capitalizando sus prestaciones por desempleo, una opción a la que por entonces solo podía recurrirse si la empresa resultante tenía esa forma jurídica.

Requisitos

Las sociedades laborales, ya sean anónimas o limitadas, son equiparables en prácticamente todo a cualquier otra mercantil, una cercanía que es algo menor en el caso de las cooperativas. A diferencia de estas, se rigen por una normativa estatal común a todo el territorio, de acuerdo a la cual para constituirse como sociedad laboral es obligado contar como mínimo con tres socios (aunque puede nacer con solo dos, siempre que incorporen a un tercero antes de 36 meses), ninguno  de los cuales puede contar con más de un tercio del capital de la empresa.

En lo que probablemente es su principal elemento distintivo, la mayoría de las participaciones tiene que tener como propietarios a quienes trabajan en la empresa. Igualmente, esta figura empresarial persigue promover la participación de los trabajadores en la propiedad, por lo que establece que la mayor parte de quienes forman la plantilla sean también socios propietarios, según una fórmula que tiene en cuenta las horas trabajadas: las realizadas por trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no podrá superar el 49% del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores.

Cumpliendo esas premisas, las sociedades laborales pueden tener socios no trabajadores, como cualquier otra empresa, y también al igual que estas pueden obtener beneficios y repartirlos entre sus socios, aunque con la obligación legal de contar con una reserva especial a la que debe dotarse con el 10% del beneficio hasta que se alcance una cifra superior al doble del capital social.

La contrapartida a todas estas condiciones, que alguien podría interpretar como limitaciones, estaría en otras que casi cualquiera puede considerar ventajas: las sociedades laborales cuentan con exenciones fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en tanto que sus administradores, a diferencia de lo que sucede en una sociedad mercantil de otro tipo, pueden cotizar en el régimen general de la Seguridad Social como cualquier otro asalariado. Además, y cuanto menos en el caso de Cantabria, cuentan con una línea de ayudas específica.

Eduardo Bra, presidente de la Asociación de Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria (ACEL). Foto: Nacho Cubero.

Al balanceo entre pros y contras que puede derivarse de esas disposiciones se unen cuestiones quizá más complejas de valorar, pero que forman parte del argumentario de quienes representan o intentan promocionar este tipo de empresas, encuadradas en lo que se conoce como economía social: un mayor arraigo con el entorno, una mejor capacidad para generar compromiso del trabajador con el proyecto y, en último término, una especial fortaleza para hacer frente a situaciones de crisis. Lo cierto es que, en cualquier caso y a la vista de las cifras, de todo ello no parece resultar una mayor inclinación a utilizar esta fórmula jurídica para dar soporte a una iniciativa empresarial.

En su valoración de los datos, Eduardo Bra, presidente de la Asociación de Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria (ACEL), prefiere poner el acento en el número de sociedades laborales que consiguen consolidar su actividad antes que en cuántas se constituyen cada año, un dato este último del que tampoco hace una lectura especialmente negativa: “En los últimos diez años se han creado muchas más sociedades laborales y cooperativas que anteriormente, pasando de constituirse entre 2 y 5 sociedades laborales al año hasta una media de 10”.

Con todo, el presidente de ACEL admite que existe poco conocimiento sobre esta figura jurídica, algo que achaca tanto al propio ámbito en el que emprendedores y empresarios toman las decisiones –”Siendo críticos con nosotros mismos, quizás no conseguimos hacer la suficiente difusión entre aquellos prescriptores que organizan  la creación de empresas: asesorías, gestorías…”– como a la a su juicio escasa difusión que se hace de estas figuras en las diferentes etapas del sistema educativo: “No son fórmulas jurídicas que se den a conocer en el ámbito académico, ni siquiera en aquellos estudios relacionados con el derecho, la economía y las empresas.  Aunque últimamente desde la Universidad parece que esto se está corrigiendo”, admite Bra que, en todo caso, cree que esa labor divulgativa debe comenzar antes, en los institutos: “Desde ACEL realizamos diferentes proyectos pilotos en la Educación Secundaria, a través de la creación de ‘cooperativas escolares’. Pero es algo que debiera estar en el currículo académico”.

“No son fórmulas jurídicas que se den a conocer en el ámbito académico, ni siquiera en aquellos estudios relacionados con el derecho, la economía y las empresas». Eduardo Bra, de ACEL

La mención que hace Eduardo Bra al creciente número de cooperativas y sociedades labores que consolidan su actividad anima a volver la mirada sobre el peso que este tipo de empresas tiene en la economía de Cantabria. Con la referencia que ofrecen las bases de datos con las que Cantabria Negocios elabora cada año su Directorio Empresarial, y teniendo en cuenta solo a las sociedades laborales –las cooperativas de trabajo no están obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil, lo que hace que tengan menos presencia de la que correspondería en esta relación– estarían activas en la región 125 empresas que operan bajo esta forma jurídica, de un total de algo más de 10.000 sociedades mercantiles de las que se recoge información en el listado.

Ese poco más de un 1% del tejido productivo que resultaría de esa referencia es ligeramente superior al porcentaje que las laborales tienen sobre el total de empresas constituidas en los últimos cinco años, pero sobre todo es un porcentaje mucho mayor que el de las constituidas en la década anterior, lo que avalaría la apelación del presiente de ACEL al buen desempeño de las empresas participadas por los trabajadores.

Las mayores sociedades laborales de Cantabria

A esa aproximación a lo cualitativo puede contribuir también el listado de las mayores sociedades laborales de Cantabria, que desmiente cualquier tentación de identificar esa tipología societaria con empresas de pequeño tamaño o circunscritas a determinado sector. En la primera posición de ese ranking se sitúa, de hecho, la que por facturación y empleo es también una de las mayores industrias de la región, el fabricante de menaje Vitrinor.

Constituida como sociedad anónima laboral (SAL) en 1995 para dar continuidad a una de las dos plantas con que contaba en Cantabria el extinto grupo Magefesa, la empresa de Guriezo es también una de las mayores sociedades laborales españolas, y la única de Cantabria que aparece en el informe sobre las más relevantes elaborado por la Confederación Española de la Economía Social (Cepes). Vitrinor facturó algo más de 44 millones de euros en 2024, con una plantilla media de 323 trabajadores.

Son cifras que convierten a la SAL cántabra en un ejemplo singular entre las sociedades laborales de la región, pero no tanto en una excepción. En ese ranking elaborado a partir de los datos de nuestro Directorio Empresarial, la seguirían Xtratos Gestión y Medio Ambiente y Tejasa TC, amabas sociedades limitadas laborales (SLL) con facturaciones superiores al millón de euros, condiciones ambas que comparten con las cuatro que las siguen en esa relación: Servicios Técnicos Eqdis, Santandent, Work Ove y Suministros Suances.

Hay en ese ranking industrias, laboratorios dentales, mayoristas y empresas que operan en el ámbito de la construcción y la ingeniería. Abriendo el foco a las que ocuparían las siguientes posiciones en esa improvisada clasificación de las mayores sociedades laborales cántabras, se confirma una heterogeneidad de actividades que descarta cualquier tentación de encontrar ahí un perfil que identifique a este tipo de empresas: la hostelería, el ocio, la comunicación o las nuevas tecnologías están perfectamente representadas en el listado.

La cántabra Vitrinor, constituida en 1995, es una de las mayores sociedades laborales españolas, y la única de Cantabria que aparece en el informe sobre las más relevantes elaborado por la Confederación Española de la Economía Social (Cepes)

Que cualquier actividad sea susceptible de concretarse empresarialmente bajo la forma jurídica de las sociedades laborales, o que éstas puedan dar lugar a proyectos de largo recorrido tanto en el tiempo como en su alcance, no significa que esta figura sea adecuada en todos los casos, o que aquellos requisitos que párrafos atrás se apuntaban como posibles obstáculos no lo sean realmente en algunas situaciones. Más allá de los condicionantes que puede suponer el operar sin una mayoría clara en la propiedad, la cláusula que probablemente más dudas puede provocar entre quienes valoren constituir una sociedad laboral, o incluso entre quienes ya funcionan como tal, es la obligación de incorporar como socios a una parte significativa de quienes trabajan en la empresa con contrato indefinido.

Aunque es un requisito flexibilizado en las últimas reformas legislativas –anteriormente no era posible tener trabajadores indefinidos no propietarios en las plantillas– es esta una condición que suele señalarse como una traba para el crecimiento de las sociedades laborales. Con la regulación actual, ese 49% de horas de trabajo que pueden sumar los trabajadores no socios frente a quienes sí lo son supone, en la práctica, que es posible contar con plantillas en las que la proporción entre quienes ostentan o no la condición de propietarios se reparte a partes iguales.

El margen que ello da para contratar sin que eso suponga emitir nuevas participaciones o acciones, o la venta de alguna de las existentes por parte de alguno de sus titulares, ha removido buena parte de las trabas que pudieran limitar el crecimiento, si bien la última reforma laboral ha añadido alguna dificultad en ese sentido. “Nos ha afectado porque obliga a consolidar un puesto trabajo como indefinido a los tres meses, que es muy poco tiempo para saber si a la empresa puede interesarle que ese trabajador sea socio, y a la inversa”, advierte Eduardo Bra, que considera que ese paso debería ser más “pausado y meditado” por ambas partes: “La conversión de la condición de trabajador a socio es mucho más estable, vincula mucho más, que el mero cambio del tipo de contrato”.

La reforma, explica el presidente de ACEL, también ha afectado a las sociedades laborales en lo tocante a la capitalización por desempleo: “No sólo de las empresas de nueva creación, sino en casos en los que a los trabajadores, después de un tiempo trabajando en una sociedad laboral, no se les permitía capitalizar para incorporarse como socios”. Esto último, apunta, se ha corregido de una manera provisional, a través de una disposición adicional de uno de los Reales Decretos consolidados.

De nueva creación

Socios y trabajadores de Ynite, una de las ocho sociedades laborales constituidas en Cantabria durante el año pasado. Foto: Nacho Cubero.

Las ocho sociedades laborales creadas el pasado año –que serían una más si tenemos en cuenta que la última cuya constitución publicó el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el pasado 2 de enero, inició su actividad en noviembre– se formalizaron atendiendo ya a esas modificaciones, y valorando los pros y contras de esa figura. Entre ellas hay restaurantes, estudios de diseño gráfico, industrias metalúrgicas, asesorías o empresas de construcción. Hay incluso una, constituida en mayo y disuelta el pasado mes de febrero, que no ha llegado a cumplir el año de vida, confirmando que esta figura societaria no es ajena a las circunstancias que comprometen la continuidad de los proyectos empresariales.

Aunque es también una de las sociedades laborales creadas el año pasado, la de Ynite SLL es una iniciativa que ya había probado su capacidad para competir en el mercado antes de constituirse como empresa. Puesta en marcha por Javier Fernández como autónomo en 2021, esta instaladora eléctrica se formaliza como empresa tras la incorporación de Esther Hernández. ¿Por qué como sociedad laboral? “Nos asesoramos, y vimos que así podíamos estar en el régimen general de la Seguridad Social y acceder a unas ayudas que nos han permitido llevar a otro nivel nuestra idea y crecer, pasar de ser tres trabajadores, más nosotros dos, a contratar otros tres más y poder ampliar nuestra cartera de clientes”, explica Esther, que con la mención a las ayudas se refiere a la línea de incentivos con la que el Gobierno de Cantabria viene apoyando desde hace más de una década la creación de sociedades laborales y cooperativas, así como sus inversiones y la incorporación de socios a estas empresas.

Ynite nació con Javier y Esther como únicos socios, de acuerdo a la normativa que permite aplazar la obligación de incorporar a un tercero antes de 36 meses, aunque asumiendo que probablemente antes de ese plazo tengan igualmente que hacerlo debido al incremento en el número de trabajadores con contrato indefinido. “Nunca hemos considerado esto un problema, nuestros valores son muy familiares y esa consideración de familia la tenemos con los trabajadores, esa es nuestra visión”, señala Esther. Javier, por su parte, confirma que, antes que un inconveniente, siempre vieron ese requisito de incorporar socios trabajadores como una ventaja: “Pensamos que la empresa somos todos, y que cuando subimos tenemos que hacerlo juntos, que los trabajadores vean que este es un proyecto de todos. No solo no nos pareció mal ese requisito, nos gustó”.

La patronal cántabra libera a las empresas de la carga burocrática que supone cumplir con las nuevas obligaciones de Seguridad Social sobre las prácticas formativas no remuneradas, en vigor desde el pasado uno de enero, pero lamenta que su implantación no se haya pospuesto al próximo curso escolar, tal y como reclamaban las comunidades autónomas.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2024

Está resuelto. Las empresas pueden estar tranquilas. CEOE-Cepyme Cantabria ha asumido la gestión de las altas y bajas en la Seguridad Social de los alumnos que realicen prácticas formativas no remuneradas en sus centros de trabajo. De este modo, la directora general de la patronal, Isabel Cuesta, resuelve la incertidumbre y preocupación que los cambios normativos relacionados con la cotización de este alumnado, en vigor desde el pasado uno de enero, habían levantado entre el tejido empresarial de la región.

Las modificaciones, que Cuesta lamenta se hayan convertido en ley con lo que considera muy poca explicación y muy poco tiempo para su internalización por parte de las empresas, suponen a su juicio una “importante carga burocrática” difícil de gestionar para la mayoría de ellas, especialmente para las más pequeñas, además de que incrementan las obligaciones y responsabilidades de las organizaciones en las diferentes enseñanzas regladas que prevean este tipo de prácticas curriculares (FP, formación para el empleo y universidad).

Según explica, la decisión de asumir esta gestión, y liberar así a las empresas de tener que hacerlo, surge una vez que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes no atiende la petición de las comunidades autónomas de establecer una demora en su aplicación hasta el inicio del próximo curso escolar.

A partir de ahí, continúa con su exposición, “la unidad de FP de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria nos pide ayuda para tratar de resolver el problema que se les plantea dado el papel fundamental que las empresas desempeñan en la FP –el módulo de prácticas es obligatorio para que los alumnos titulen–. Como nosotros creemos en el valor estratégico de la FP para nuestro tejido empresarial, nos pusimos a trabajar para ver cómo podíamos tramitar las altas, bajas y comunicaciones mensuales a la Seguridad Social de los alumnos”, relata.

Valoración doble

Isabel Cuesta, directora general de CEOE-Cepyme de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

Asumido este reto, la directora general de CEOE-Cepyme hace una valoración doble de estos cambios recogidos en el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Por un lado, insiste en que supone una complicación añadida a la de ya de por sí compleja legislación laboral para las empresas y también para los centros educativos, que no están acostumbrados a realizar este tipo de trámites. “Afortunadamente, aquí esta complicación esta superada porque lo gestiona CEOE-Cepyme”, lo que convierte a la patronal cántabra, asegura, “en uno de los pocos ejemplos que en este sentido existen en España”, según destaca.

Del lado de los jóvenes, Cuesta detalla que desde CEOE-Cepyme, en una postura que califica de “nacional”, se ha entendido que con estas nuevas generaciones, que van a tener carreras laborales más tardías, más inestables y con un peor acceso a las pensiones, era “responsable” impulsar este tipo de medidas: “Digamos que es casi una medida solidaria intergeneracional, de apoyo y atención a los jóvenes”, puntualiza.

Obligaciones y derechos

En síntesis, la normativa establece que el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social corresponde a la empresa, institución o entidad en la que los alumnos desarrollan las prácticas no remuneradas, salvo que cuenten con algún convenio o acuerdo en el que se establezca que corresponden al centro de formación responsable de la oferta formativa. Esta cotización consiste en una cuota empresarial por cada día de prácticas formativas por contingencias comunes de 2,54 euros y por contingencias profesionales de 0,31 euros, con una bonificación en este ejercicio del 95%.

La cotización dará lugar a los derechos correspondientes, salvo la protección por desempleo, la cobertura del fondo de garantía salarial y por formación profesional, además de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, que tampoco está incluida. Las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, deberán ser abonadas por la entidad gestora, o en su caso, por la mutua colaboradora.

“Las cotizaciones de este curso escolar, que se calcula supondrán un gasto de unos 200.000 euros, las paga el Ministerio –si no lo hubiera hecho, el Gobierno de Cantabria ya había anunciado su disposición a hacerlo en su lugar, según precisa– porque, aunque se trata de un coste pequeño, no quiere trasladarlo a las empresas. ¿Qué ocurrirá el próximo? No sé lo que decidirá el Ministerio, pero me consta que, si no lo hace, la Consejería de Educación tiene previsto cubrirlo”, avanza la directora general de CEOE-Cepyme.

Correcta gestión

Juanjo Rodríguez, responsable del departamento jurídico y de prevención de riesgos laborales de CEOE-Cepyme de Cantabria, junto a la directora general de la patronal, Isabel Cuesta.

Para la correcta gestión de todo el proceso, Cuesta explica que han establecido, conjuntamente con el resto de partes interesadas, un sistema con el objetivo de que toda la información fluya adecuadamente. “La Consejería de Educación coordina en primer lugar con los centros formativos, que son los que mes a mes deben comunicar las horas efectivas de prácticas realizadas por cada alumno, y luego nos remite todos esos datos a nosotros para que los gestionemos y tramitemos ante la Seguridad Social”, matiza.

Pese a ello, la responsable de la patronal reconoce que lo más complejo, hasta que la Seguridad Social ha ido sentando criterio, ha sido saber cómo resolver la gran variedad de casos que se relaciona con los alumnos de FP: “Hay alumnos adultos que trabajan, que están de baja médica, sin papeles a los que hay que garantizar el derecho a la formación… Todavía hay que afinar algunos procedimientos, pero cuadrar una legislación laboral como la nuestra con toda esta casuística no ha resultado nada sencillo. Quizá sea porque la legislación laboral y la educativa, desde el punto de vista de la Seguridad Social, no se conocían suficientemente”, afirma.

En este sentido, abunda en que estas novedades legislativas han supuesto un cambio de modelo y de relaciones con los centros educativos y los alumnos que aún requiere de un tiempo para implementarse y para que la sociedad en general y las empresas en particular entiendan cuál es su papel y el porqué de todo este proceso. “Y creo que se ha hecho de manera acelerada y de un modo un tanto atropellado. En Cantabria, como ya he dicho, lo tenemos resuelto y creo que bien resuelto, pero hay otras comunidades autónomas que van muy lentas”, argumenta.

Además, la directora general de la patronal cántabra reitera la preocupación que esta normativa ha suscitado entre el tejido empresarial dentro de un contexto en el que la legislación laboral, advierte, está sufriendo continuos cambios y aumentos de costes durante los últimos años: “Este no deja de ser un elemento más. Por eso, desde CEOE-Cepyme Cantabria hemos querido tomar la iniciativa y asumir esta responsabilidad ante las empresas asociadas, aunque lo ideal hubiera sido posponer su implementación al próximo curso escolar 2024-25”, recalca.

“Nuestra justificación para dar este paso ha sido dar confianza a las empresas y que el sistema de FP, que es clave para nuestro tejido productivo, no se vea afectado por falta de plazas. Este es un buen ejemplo de para qué sirve CEOE: para dar servicio a sus asociados y también a la sociedad”, subraya.

5.000 alumnos hasta junio

Finalmente, tras subrayar que la colaboración establecida con la Consejería de Educación ha dado mucha seguridad al procedimiento y ha traído tranquilidad y certeza a las empresas, al igual que a los 45 centros públicos y 19 concertados de formación profesional con los que trabajan, Isabel Cuesta destaca que, hasta la fecha, han tramitado ya el alta de 565 alumnos a los que hay que añadir otros 2.350 correspondientes a la convocatoria de abril, mes en el que comienza uno de los dos periodos reglados de prácticas anuales. En total, 2.915 altas, que prevé puedan alcanzar las 5.000 hasta el próximo mes de junio, fecha de finalización del calendario escolar.

“Todos los alumnos van a tener sus prácticas. Eso era prioritario para el Gobierno de Cantabria y también para nosotros”, concluye.

A punto de cumplir 25 años, el centro tecnológico CTC es una de las puntas de lanza de la innovación en Cantabria. Con una actividad sostenida sobre dos líneas de negocio (los proyectos encargados por empresas y los concursos de concurrencia competitiva), el centro combina proyectos de innovación para compañías como ArcelorMittal o Hempel con iniciativas del ámbito público, como un segundo contrato con la Agencia Espacial Europea o el programa Futcan para llevar a la industria cántabra al siguiente nivel tecnológico.

Francisco Rouco | Marzo 2024

Cantabria puede presumir de contar con un conjunto de centros de innovación que son reconocidos en el resto del país y más allá de nuestras fronteras. Sucede con el centro tecnológico CTC, dedicado desde hace 24 años al desarrollo de soluciones y proyectos tecnológicos para mejorar la competitividad de las empresas y sus posibilidades de expansión en los mercados internacionales. Con la mayoría de sus laboratorios situados en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) y un equipo formado por una treintena de personas, el CTC ha sabido adaptarse a las peticiones de sectores tan dispares como la exploración espacial, la fabricación textil, el tráfico marítimo, la siderurgia, la energía eólica offshore o la automoción eléctrica, entre otros.

“Cada vez son más las empresas que contemplan la innovación dentro de sus estrategias de negocio”, explica Beatriz Sancristobal Marcano, directora del centro, que añade que la inversión en i+d+I conlleva resultados a medio y largo plazo, no inmediatos –“debemos insistir en ello”–, pero que, cuando llegan, contribuyen a que las empresas mejoren su competitividad, afiancen su posición en el mercado e incluso crezcan.

El CTC está especializado en tres áreas de investigación: (1) materiales avanzados, (2) navegación y robótica y (3) industria y energía, aunque muchas de sus aplicaciones son transversales. Respecto a los materiales avanzados, la principal línea de investigación se centra en los compuestos a escala nanométrica (la millonésima parte de un milímetro) y cómo se pueden aprovechar las propiedades de los que ya están en el mercado. Ejemplo de ello es Nanocult, un proyecto auspiciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos Next Generation y dirigido a mejorar la conservación del patrimonio cultural mediante recubrimientos enriquecidos con nanopartículas que protegen las obras de las severidades del entorno.

El Marine Corrosion Test Site se encuentra en los acantilados del Bocal. Foto: CTC.

Pero si hablamos de un entorno hostil y desgastante para los materiales a cualquier escala de tamaño, ese es el mar. Al estudio de sus riesgos está dedicado uno de los proyectos más ambiciosos del CTC: la colaboración, por segunda vez, con Hempel, el líder mundial en la fabricación de pinturas para los sectores industrial y naval, que quiere probar la resistencia de sus nuevos productos frente a la corrosión en un entorno real. Y si ambicioso es el proyecto, no es menos singular el laboratorio donde desarrollarlo: el Marine Corrosion Test Site El Bocal, una pared de 10 metros sobre el mar situada en la costa cercana a Santander. En este acantilado, que es una obra conjunta entre el CTC y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), se exponen los materiales a las inclemencias del mar en todos los escenarios posibles: bajo el agua, en zona mareal, en salpicadura (donde golpean las olas) y sobre el agua (donde no alcanzan las olas pero sí el spray salino). Allí se colocan probetas con pinturas, recubrimientos, cables, trozos de cadena e incluso vigas, y se comprueba cómo se degradan los materiales durante al menos un año, para que pasen todas las estaciones.

Aunque la corrosión no solo prolifera en el entorno marino, también tierra adentro. Dentro de esta misma área de industria y energía sobresale el proyecto recientemente culminado con ArcelorMittal para desarrollar un modelo predictivo que adelanta cuándo y cómo aparecerá la corrosión en las tuberías de los sistemas de refrigeración de las plantas industriales. Gracias al modelo ideado por el CTC, es posible prever los daños en estas instalaciones con una antelación de siete días, lo que le permite a la primera siderúrgica mundial solucionar el problema antes de que las tuberías sufran ningún daño.

Este campo del mantenimiento predictivo arroja aplicaciones en varias de las líneas de investigación del CTC. También podemos verlo en los gemelos digitales, cuya virtualización de objetos físicos como motores, calderas y otras instalaciones críticas para la industria facilita someterlos a distintos escenarios de riesgo para ver su comportamiento y extraer datos, todo ello sin poner en peligro la maquinaria real. O también en los robots que cumplen funciones de inspectores autónomos y recopilan información a partir de cámaras y sensores que nutren los modelos predictivos que ponen fecha a posibles fallos y problemas.

”Una de nuestras filosofías es que no limitamos los sectores que trabajamos, porque una solución para el sector del plástico se puede aplicar al sector textil si la parte de producción es común”, explica la directora del centro tecnológico.

De iniciativa pública regional a centro privado con presencia en Europa

El CTC nació en 2000 en el ámbito público y enfocado a la automoción, en 2008 pasó a considerarse centro tecnológico por el Ministerio de Economía y Competitividad, ya con unas cuantas áreas de investigación más, como la ingeniería nuclear y la aeroespacial, y en 2011 se privatizó. Hoy su modelo de negocio se basa en dos pilares: dar solución a los retos de investigación e innovación que plantean las empresas y optar a proyectos regionales, nacionales y europeos bajo concurrencia competitiva, ya sea en solitario o formando parte de conglomerados público-privados.

En su andadura por Europa, el CTC ha logrado varios hitos. Uno de los principales fue el proyecto Life H2OLock, dirigido a reducir la evaporación del agua en balsas agrícolas utilizando módulos flotantes (parecidos a caparazones de tortugas grandes) y paneles fotovoltaicos para generar energía. Hoy se está desarrollando en Murcia. Otro ejemplo más reciente es el segundo contrato firmado con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es acortar el tiempo de habilitación que deben pasar las baterías que acompañarán a las misiones espaciales. Hasta ahora, este periodo de habilitación es de dos años; el objetivo del CTC es comprimir las pruebas para que se puedan obtener los mismos resultados pero en menos tiempo, no más de seis meses.

Para Beatriz Sancristobal Marcano, directora del centro tecnológico cántabro, “los proyectos europeos suelen ser ambiciosos y sirven para posicionarte y acreditar tu capacidad para desarrollar proyectos y entornos de colaboración. A veces son retos que pueden parecer desfasados en el tiempo, porque a nivel europeo se piden desarrollos que las empresas no necesitan hoy, pero que sí lo harán dentro de un tiempo, y alguien tiene que hacerlos”.

Beatriz Sancristobal Marcano, directora del CTC. Foto: Nacho Cubero.

Aproximadamente el 70 % de los proyectos en los que participa el centro tecnológico CTC se reparten entre instituciones y empresas españolas (la mayoría) y europeas. El 30 % restante nace en la región, pero desde el CTC apuntan que en muchos de los proyectos nacionales se intenta formar un consorcio con empresas cántabras. “Por eso es importante que las empresas de aquí nos conozcan y nos cuenten qué están haciendo para que, si surge la oportunidad, les podamos proponer ir juntos”, explica Beatriz, que recuerda que se siguió esta misma estrategia para una iniciativa amparada en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y relacionado con la conectividad y localización de esta clase de vehículos.

Pese a no ser mayoría, también hay proyectos regionales en marcha, como el Futcan, una iniciativa para modernizar la fabricación industrial cántabra a partir de tres tecnologías que en el CTC conocen bien: los gemelos digitales, los recubrimientos con nanomateriales y los algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los controles de calidad y propulsar el mantenimiento preventivo. El plan tiene una duración de tres años y un presupuesto de 896.000 euros.

2024, un año con enormes expectativas

Para la directora del CTC, en los últimos años el centro ha hecho un esfuerzo por subir al siguiente escalón. Ha mejorado la especialización de sus equipos, reforzado su red de colaboradores y ampliado su capacidad para desarrollar proyectos nacionales y europeos. Todo ello en un entorno con sus propias dificultades intrínsecas. “El tiempo de maduración de nuestros proyectos es largo, porque desde que comienza la idea hasta que se materializa pueden pasar 10 o 12 meses, y eso hace que buscar financiación sea complicado para los proyectos que tienen más riesgo. O también puede suceder que tengas que esperar porque necesites que haya planes a nivel regional, nacional y europeo para poder llevar a cabo las investigaciones”.

Pese a todo, Beatriz Sancristobal señala que todos esos esfuerzos por mejorar se han materializado en 2024: “Hemos conseguido romper algunas barreras, incrementar el negocio y que las empresas nos vean como su socio tecnológico. 2024 va a ser un año de pleno crecimiento, con cifras de incremento del negocio por encima del 40 % y el reto de retener y sumar talento, algo que sabemos que será complicado al estar en un entorno tecnológico”.

La directora del CTC, junto al resto de mujeres que trabajan en el centro tecnológico cántabro. Foto: CTC.

Solo en 2024, el CTC se plantea superar los 2 millones de euros de facturación, lo que supondría una mejora del 42 % respecto a la cifra de 2023, que rozó los 1,4 millones de euros. En cuanto al talento, el objetivo es sumar a ocho o 10 personas más, con lo que el centro incrementaría su equipo por encima del 25 %. “Tenemos mucho que ofrecer a quien quiera tener una carrera en innovación en Cantabria: tenemos proyectos interesantes, ofrecemos un desarrollo profesional completo y compaginamos la parte profesional con la formativa. Contamos con varios doctorandos y personas que están haciendo un máster”, explica Beatriz. “Buscamos gente que se sienta a gusto trabajando aquí y que sea proactiva, ya que vivimos de ser capaces de proponer proyectos nuevos y de que las empresas los vean. Y ahí las personas son clave”.

Preguntada por qué vendrá después y cómo será el año 2025, el de los 25 años de actividad del centro tecnológico CTC, su directora responde que seguirá la misma tónica, porque la ambición de 2024 se extenderá también un año más. “El plan estratégico que nos hemos marcado es que estos dos años van a ser muy intensos para luego volver a asentarnos. No es fácil crecer en personas y en negocio, y eso tendremos que mantenerlo”.

Cantabria encadenó en 2023 un segundo año de crecimiento de la proporción de quienes realizan toda o parte de la jornada desde su domicilio, lo que supone acercarse a las cifras a las que se llegó durante la crisis sanitaria. Pese al repunte, y a situarse entre las comunidades autónomas en las que más se ha incrementado el dato, el teletrabajo en Cantabria sigue por debajo de la media española.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2024

Tras el impulso obligado en tiempos de confinamiento, y después del brusco frenazo y vuelta atrás una vez recuperada la normalidad, el teletrabajo en Cantabria ha encadenado dos años de crecimiento que han servido para acercar las cifras a las que se alcanzaron el año de la pandemia. Según recoge el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, un estudio realizado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, un 10,4% de los trabajadores cántabros realizaron su labor a distancia ocasionalmente o más de la mitad de los días durante el año pasado, una proporción que se sitúa algo más de un punto porcentual por encima de la registrada en 2022 y que es casi dos más alta que la de 2021.

Con la referencia que aportan anteriores ediciones del mismo estudio, los datos del último año confirman a Cantabria como una de las comunidades autónomas en las que en mayor proporción se ha recuperado esta forma de trabajar después del bajón pospandémico –fue en la que más creció en 2022, y ha estado cerca de serlo también el pasado año–, lo que en todo caso no ha sido suficiente ni para llegar a la media española, ni para volver a la proporción de teletrabajadores a las que se llegó en 2020. Aquel año, en el que está modalidad se convirtió en obligada para muchos trabajadores y empresas durante buena parte del ejercicio, en Cantabria fueron un 11,1% quienes teletrabajaron.

Aunque no faltó entonces quien consideró el trabajo a distancia como una oportunidad para que regiones como Cantabria atrajeran a empleados de empresas de las grandes ciudades, lo cierto es que siguen siendo las comunidades autónomas con grandes concentraciones urbanas las que copan los primeros puestos en el ranking de penetración del teletrabajo, con Madrid en el primer lugar de forma muy destacada.

Más en las grandes concentraciones urbanas

Con todo, lo más significativo es que la evolución de las cifras desde 2019 ha ido en sentido contrario al que esperaban quienes pronosticaban que el teletrabajo desplazaría población desde las grandes ciudades a zonas menos pobladas. En la relación de comunidades autónomas en las que más se utilizaba el trabajo a distancia en 2019 era Galicia quien aparecía en lo más alto del listado, con un 10,3% de personas que efectuaban su labor fuera del centro de trabajo. El segundo puesto era para Extremadura, con un 10,2%, en tanto que Madrid se situaba apenas una décima por encima de la media española –entones en el 7,9%– en un discreto séptimo puesto. Desde entonces no solo ha escalado hasta el primero, sino que lo ha hecho superando el 20% de teletrabajadores.

Los autores del estudio apuntan a otro dato para destacar cómo el teletrabajo se concentra en Madrid y Cataluña: la primera alberga al 15,8% del total de ocupados, pero concentra al 26,3% de todos los teletrabajadores del país, en tanto que Cataluña, con el 17,5% de los ocupados de España, tiene el 19,1% de todos sus teletrabajadores. Así, entre ambas autonomías suman el 33,3% de todos los ocupados, pero alcanzan al 45,4% del colectivo de teletrabajadores españoles.

A pesar de esa tendencia general que favorece a las grandes concentraciones urbanas, y aunque sin llegar todavía a los datos de la pandemia, Cantabria sí ha conseguido situarse claramente por encima de la incidencia que el teletrabajo tenía el año anterior al Covid –un 7,5%–, pero lo cierto es que lo ha hecho alejándose de la media española y desmintiendo, por tanto, el atractivo que se le suponía como lugar desde el que emplearse a distancia.

El teletrabajo se utiliza más en las regiones con una economía más dinámica y no en las que, en principio, ofrecerían mejores condiciones en términos de calidad de vida o coste de la vivienda

Si nos fijamos en las regiones limítrofes, el estudio de Adecco vuelve a confirmar que el trabajo a distancia se utiliza más en las regiones con una economía más dinámica y no en las que, en principio, ofrecerían mejores condiciones en términos de calidad de vida o coste de la vivienda. Así, el País Vasco encadena siete trimestres consecutivos de incrementos y se sitúa a un paso de alcanzar la media nacional. Asturias, en cambio, es una de las tres comunidades autónomas, junto a Galicia y Canarias, en las que la incidencia del teletrabajo descendió en el cuatro trimestre del año pasado. Castilla y León, aunque sí registró un incremento en el porcentaje de quienes traban desde su domicilio, descendió varios puestos en el ranking que mide esa variable en las distintas comunidades autónomas.

La recuperación del teletrabajo en España no ha servido, sin embargo, para estrechar la brecha que nos separa del resto de Europa en esta modalidad de empleo. De hecho, la distancia con la media del conjunto de países de la UE aumentó en 2023, situándose en los 10,5 puntos porcentuales, dos más de los que había al finalizar 2022. Según estos datos, en Europa casi uno de cada cuatro trabajadores –el 24,1%– desarrollan la totalidad o parte de su jornada fuera del centro de trabajo, frente al 13,6% que lo hacen en España.

El consejero delegado y director general de Cantur, Luis Martínez Abad, reivindica el papel fundamental que esta empresa pública representa para la economía de Cantabria y asume la tarea de dar a conocer qué es y cómo se gestiona esta entidad que el pasado año ingresó 43,1 millones de euros, de los que cerca de 27,5 millones procedieron de la explotación de sus instalaciones turísticas. Entre sus retos, desestacionalizar y descentralizar el turismo, atraer más turistas internacionales y generar nuevos atractivos que contribuyan a superar los más de 1,06 millones de visitantes alcanzados en 2023.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Abril 2024

«Cantur factura dos millones de euros más que el Puerto de Santander”. De esta manera tan gráfica, su consejero delegado y director general, Luis Martínez Abad, quiere poner el acento en el importante peso específico que esta empresa pública creada en 1969 tiene para la economía regional, un aspecto que, lamenta, no acaba de comprenderse del todo: “En general, los ciudadanos no conocen lo que es Cantur ni cómo se gestiona. No solo son sus instalaciones repartidas por diferentes comarcas, sino también somos la imagen de Cantabria y los encargados de promocionar el turismo”, insiste en resaltar antes de facilitar las principales cifras económicas obtenidas por la sociedad en 2023.

Según estos datos, el conglomerado de instalaciones turísticas, hoteleras y hosteleras, junto a las 11 oficinas de turismo en las localidades de mayor afluencia de la región que conforman Cantur, ingresó el pasado año 43,1 millones de euros, de los que cerca de 27,5 millones procedieron de la explotación de sus establecimientos y los 15,6 restantes, del Gobierno de Cantabria en concepto de transferencias para atender las actividades de promoción, una partida esta última que ya anuncia que se mantendrá invariable durante este ejercicio. En total, 43,1 millones de euros que su máximo responsable espera que se conviertan en 44,5 millones en 2024 gracias a un incremento del 5,7% en los ingresos correspondientes a los negocios propios, que prevé que alcancen los 29 millones.

En su resumen del ejercicio, Martínez Abad detalla que la empresa contó el pasado ejercicio con una plantilla media de 481 trabajadores –343 fijos y 138 eventuales–, una nómina que admite que podrá aumentar una vez concluya la relación de puestos de trabajo que permita conocer cuáles son las necesidades reales de personal y, sobre todo, una vez entren en funcionamiento las nuevas instalaciones y servicios recogidos en el plan de inversiones de 60 millones de euros en instalaciones turísticas públicas para esta legislatura, anunciado recientemente por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, entre las que destaca la creación de un teleférico en Vega de Pas.

En este ámbito, Martínez Abad resalta el trabajo indirecto que genera la actividad de Cantur en las diferentes comarcas de Cantabria, un aspecto que reconoce que es difícil de cuantificar, pero que justifica con un dato: “De los 25 millones de euros que este año destinaremos a compras de mercancías y servicios, 21 millones corresponden a proveedores de la región”. Una apuesta por lo local que, según recalca, contribuye de manera decidida a la descentralización del turismo, uno de los tres objetivos que persigue Cantur junto con la desestacionalización y la captación de más turistas internacionales.

Cabárceno recibió en 2023 669.000 visitantes, un 3,7% más que en 2022 y todo un nuevo récord en la historia de este parque

En cuanto al número de visitantes que recibieron en 2023 las cinco instalaciones de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística actualmente en explotación –campos de golf de Abra de Pas y Nestares, Estación de esquí de Alto Campoo, Teleférico de Fuente Dé y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno–, la cifra se eleva hasta las 1.066.319 personas, un 2,5% más que en 2022. Se trata, según detalla el director financiero de Cantur, Santiago Gutiérrez, de una evolución positiva en todos los casos, salvo en el del Teleférico de Fuente Dé, que obtuvo un 7,9% menos de usuarios debido a la adversa climatología y a los cierres obligados por averías o para su mantenimiento, y un ligero descenso del 2% en el campo de golf de Abra de Pas.

Del otro lado, destaca el aumento de golfistas en el campo de Nestares (un 7,6% más), los cerca de 116.000 esquiadores que recibió Alto Campoo en la temporada 2022-23, lo que representa un incremento del 8,5% con relación al periodo anterior y una cifra que no se alcanzaba desde 2009; y los más de 669.000 visitantes que registró Cabárceno, un 3,7% más que en 2022 y todo un nuevo récord en la historia de este parque.

“Creo que ha sido un ejercicio exitoso en cuanto a número de visitantes”, recapitula por su parte Martínez Abad, quien espera seguir sumando también este año. “No sé si podremos incrementar el número de visitantes porque a veces todo tiene un límite, pero nuestro propósito, sobre todo de cara a esta legislatura, pasa por modernizar y poner al día las instalaciones y generar nuevos atractivos”, subraya.

La joya de la corona de Cantur

Turistas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que aporta el mayor volumen de ingresos y número de visitantes entre todas las que gestiona Cantur. Foto: Nacho Cubero

Al ir al detalle, Martínez Abad admite que Cabárceno es la joya de la corona. No en vano, los datos reflejan que esta instalación que acoge a más de 120 especies de animales de los cinco continentes recaudó más de 17,1 millones de euros en 2023, lo que supone el 63% del total de ingresos anuales provenientes de la explotación de las instalaciones de Cantur. “Es uno de los mejores parques a nivel internacional y pretendemos que lo siga siendo aún más”, avanza el consejero delegado refiriéndose a las nuevas inversiones que prevén llevar a cabo en esta instalación asentada sobre una antigua explotación minera y que aparece surcada por más de 20 kilómetros de carreteras.

Entre ellas, el director general anota la mejora del recinto de elefantes, con un presupuesto este año de 4 millones de euros, así como la del reptilario, que además albergará un nuevo ‘cocodrilario’ para hacer de este espacio, dice, “la mejor instalación de Europa” antes de que termine la legislatura. “Lo que pretendemos crear no es solo un ‘cocodrilario’ para visitar, sino un centro de referencia en el que se trabaje en la reproducción y vida de este animal”, enfatiza sobre estas nuevas dependencias que supondrán un desembolso estimado de cerca de 5 millones de euros. Martínez Abad completa la lista de inversiones en Cabárceno con los trabajos del cierre perimetral de la instalación ya en marcha, la mejora de accesos y saneamientos y el cambio de la cartelería del parque, una actuación que rondará los 180.000 euros de presupuesto.

Sobre el menor protagonismo del resto de instalaciones, el consejero delegado de la empresa asegura que “aquí no hay cenicientas”, en referencia a la estación invernal de Alto Campoo que acaba de reabrir sus puertas tras muchas semanas cerradas ante la ausencia de nieve. “Cuando nieva en noviembre es una auténtica maravilla, pero si lo hace en enero, entonces hacemos lo que podemos”, tercia el director financiero, quien sostiene que se trata de un tema cíclico. “Hemos tenido temporadas de 142 días de apertura como fue la de 2007-08 y otras de apenas veinte, pero hay que saber convivir con ello”. En cualquier caso, Gutiérrez resalta el alcance, por todo lo que conlleva, del ingreso unitario de la nieve. “No es lo mismo ir a esquiar a Alto Campoo que ir al teleférico de Fuente Dé. Pero bueno, no damos la temporada por perdida porque todavía queda Semana Santa, que es muy importante. Hay que aguantar unas semanas y vamos a ver qué ocurre. Con un metro de nieve, y si no hay viento sur, llegamos”, concede esperanzado.

Martínez Abad, por su parte, aclara que en la actualidad trabajan en adecuar la instalación para que genere retornos y visitas fuera de la temporada de nieve, un propósito que incluye rutas de senderismo, ciclismo y otras actividades actualmente en estudio. Además de acondicionar el hotel de la Corza Blanca, también avanza que la empresa baraja otras posibilidades ligadas incluso al campo de regatas que se proyecta en el Pantano del Ebro.

El potencial de Fuente Dé

El Teleférico de Fuente Dé, la infraestructura a la que el director de Cantur otorga un mayor potencial. Foto: Nacho Cubero

Cuestionado sobre cuál es la instalación con mayor potencial de crecimiento, el director general no duda en señalar al teleférico de Fuente Dé. “Tiene mucho margen de mejora”, admite con la vista puesta en una remodelación de las instalaciones que, asegura, prácticamente hará que sea un teleférico nuevo: “En 2007 la legislación nos obligó a reducir de 28 a 20 pasajeros la capacidad de las cabinas. Ahora pretendemos aumentarla hasta 40”, revela sobre este proyecto que también contempla incrementar la velocidad de la maquinaria y que, con una duración estimada de entre ocho y diez meses, se ejecutará en dos fases aprovechando la temporada baja.

Por otra parte, Martínez Abad no ve ningún inconveniente en su nombramiento como consejero delegado y director general, lo que por primera vez permite a una sola persona acaparar todo el poder en esta empresa pública. “Creo que es bueno y así evitas bicefalias. Personalmente lo veo como un reto. Obviamente conlleva una carga de trabajo muy importante, pero es cuestión de saber apoyarse en las personas que te rodean. Afortunadamente, Cantur cuenta con un equipo maravilloso que conoce la empresa. Si les dejas trabajar, todo resulta mucho más fácil”, aclara.

Asimismo, asegura que desde que asumió estos cargos la mejora de la gestión se ha convertido en una de sus prioridades. “El equipo humano es fantástico pero no siempre ha dispuesto de los medios y servicios necesarios para llevar a cabo su trabajo”, explica para señalar a continuación otro de sus objetivos: la transparencia en los procesos de contratación, hasta ahora habitual campo de batalla por las reiteradas críticas que la empresa ha venido recibiendo en los últimos años por supuestas irregularidades en las convocatorias de puestos de trabajo y bolsas de empleo. “No puedo hablar de lo que no me corresponde, pero acabamos de incorporar una directora de recursos humanos y estamos dotando a este departamento de la infraestructura suficiente para que pueda realizar adecuadamente su trabajo. Además, estamos trabajando con el comité de empresa para resolver todos los temas que estaban judicializados previos a mi llegada”, explica.

En este sentido, Martínez Abad destaca la “absoluta” colaboración de los representantes de los trabajadores. “Hay una línea de trabajo muy definida con ellos y parece que las cosas fluyen. Hay mucho por hacer y bastantes cosas que poner en orden, pero de momento estoy satisfecho. Obviamente, nuestro objetivo es que todo tenga la transparencia con la que venimos trabajando en todo. Acabamos de publicar en el portal de transparencia el plan anual de contratación, algo que no se había hecho nunca, y también las cuentas anuales. Es decir, la transparencia es y debe ser absoluta”, sentencia.

«La Semana Santa, si es buena, te puede generar 1 millón de euros de ingresos; y si es mala, quedarse solo en 100.000 euros». Luis Martínez Abad, de Cantur.

Pese a sus esfuerzos en mejorar la gestión, el consejero delegado de Cantur advierte de que esta depende mucho de factores que en ocasiones noes posible controlar: “Por mucho que modernicemos las instalaciones, es evidente que si no nieva se hace complicado mejorar los resultados de años anteriores”, puntualiza. “Hay épocas que marcan mucho la cuenta de resultados”, añade el director financiero. “Por ejemplo, la Semana Santa, si es buena, te puede generar 1 millón de euros de ingresos; y si es mala, quedarse solo en 100.000 euros. Y lo mismo ocurre con el puente de la Constitución, el del Primero de Mayo o los carnavales para la estación de Alto Campoo, que este año ha estado cerrada”.

“Al margen de la temporada estival, que en 2023 hemos conseguido alargar gracias a la climatología hasta mediados de octubre, hay cuatro o cinco periodos al año que son fundamentales. Veinte días generan el 20% de los ingresos de la empresa”, resuelve Gutiérrez.

Con todo, Martínez Abad sostiene que la empresa ha empezado este ejercicio sin sobresaltos importantes: “Enero se ha cerrado prácticamente igual que el pasado año, y febrero seguramente sea un poco peor por la falta de nieve, aunque los ingresos por pases de temporada han superado a los obtenidos en 2023”, especifica. De cara al futuro, su máximo responsable adelanta, sin querer dar más explicaciones, “sorpresas muy interesantes en materia promocional”, e insiste en que su objetivo es que las personas conozcan lo que es Cantur: “No se sabe ni se identifica todo lo que es y representa esta empresa. Cantabria no puede vivir sin Cantur”.

Hace 25 años llegaba a los quioscos el primer número de ‘Cantabria Negocios’, un hecho que se producía en los albores de Internet y cuando ya se adivinaban notables cambios en los formatos y los contenidos de los medios de comunicación. Además de las poco imaginativas apelaciones a la sorpresa por el tiempo pasado y la manera en que ha podido cambiarnos, la celebración del aniversario da pie a repasar el último cuarto de siglo de la economía regional y también, aunque cueste tomar distancia para ello, la pequeña historia de una revista nacida a contracorriente.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Febrero 2024

Por más que las hemerotecas siempre estén más que dispuestas a confirmar lo rápido e inclemente del paso del tiempo, es en los aniversarios donde ese echar la vista atrás se convierte en algo poco menos que obligado, más aún cuando la efeméride alcanza una de esas cifras proclives a la conmemoración. El cuarto de siglo que alcanza Cantabria Negocios con el ejemplar de este mes de febrero aporta una de esas circunstancias que anima a volver la vista al camino recorrido para hacer una mínima reflexión sobre la forma en que se ha llegado hasta aquí y el horizonte al que nos dirigimos. En una publicación que tiene a las empresas y la economía como ejes de sus contenidos, esa labor implica cuanto menos dos miradas: una hacia aquello que en este tiempo ha venido siendo objeto de nuestro interés, y el de nuestros lectores, y otra que se detenga en la propia historia de una publicación que nació en un momento en el que ya se auguraban cambios en el mercado que no parecían especialmente propicios para esa aventura.

En febrero de 1999, cuando el primer número de esta revista llegó a los quioscos, estos seguían siendo el principal punto de acceso a la información escrita, y los medios impresos el soporte casi único para esos contenidos. Pero Internet se mencionaba ya como el espacio donde en el futuro se encontrarían periodistas y lectores, en lo que se adivinaba como un fenómeno que daría un vuelco a todo lo conocido. En realidad esas previsiones, hechas cuando todavía la mayor parte de la población española no se había conectado a la red, se quedarían cortas al medir el alcance de los cambios que estaban por venir.

Fundada por el economista Eduardo Zúñiga, la revista Cantabria Negocios nació como un medio puramente analógico, sin versión digital y con una redacción en la que la conexión a Internet llegó solo a partir del tercer número. Ambas circunstancias eran comunes todavía en aquel momento y la primera, la puesta en marcha de proyectos informativos sin versión digital, todavía siguió siéndolo durante un tiempo en los albores del nuevo siglo. En todo caso, en pocos sectores el impacto de Internet ha sido mayor que en el de los medios de comunicación, a los que los cambios han tocado tanto en lo referente a formatos y contenidos como a la propia esencia del modelo de negocio. Un poco como consecuencia de todo ello, y en buena parte como parapeto frente a la incertidumbre, en el cuarto de siglo de existencia de esta revista ha habido tiempo de asistir al auge y caída de la prensa gratuita o las televisiones locales, medios a los que se adjudicaba un enorme potencial de crecimiento y que llegaron a captar millonarias inversiones por parte de los grandes grupos de comunicación, para caer después en el olvido. Cantabria Negocios ha dado cuenta de todo ello en sus páginas, y no ha sido inmune a la profunda transformación vivida por el sector.

Cantabria Negocios nació como un medio puramente analógico, sin versión digital y con una redacción en la que la conexión a Internet llegó solo a partir del tercer número.

En la oficina de la santanderina calle de Juan de Herrera que acogió a la revista hasta el año 2013, se dio forma a un primer número que llevó en su portada a Eduardo Rodríguez Rovira, probablemente el cántabro que ha alcanzado mayores responsabilidades en la dirección de empresas farmacéuticas, que compartía protagonismo con Emilio Botín y el análisis de la fusión entre el Santander y el Central Hispano. Esa combinación entre la cobertura de los grandes acontecimientos y la atención a las personas y empresas que, desde un plano más discreto, son verdaderos protagonistas en el acontecer económico fue uno de los objetivos fundacionales de la revista, y una de las señas de identidad que ha mantenido hasta nuestros días.

Más allá de ese compromiso con los contenidos, lo cierto es que la transformación a la que se aludía párrafos atrás es perceptible en casi cualquier aspecto en que se detenga el análisis, desde los que pueden considerarse menores –diferente tipografía, maquetación y logotipo a los actuales– hasta otros que tienen que ver más directamente con lo que hacemos: no existen hoy buena parte de las empresas de las que se hablaba en aquella primera revista, ya sea por circunstancias del mercado o por haber protagonizado fusiones o cambios de propietario, y otro tanto puede decirse de buena parte de los anunciantes. Curiosamente, y por completar el repaso a los contenidos de aquel número fundacional, el Santander y Eduardo Rodríguez Rovira siguen siendo hoy dignos de la atención informativa de entonces, convertido aquel en una entidad financiera con presencia internacional y con el empresario, hoy presidente de honor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, dando voz a un colectivo de relevancia creciente.

Portada del primer número de Cantabria Negocios, que llegó a los quioscos en febrero de 1999.

Como cualquier otra empresa que haya transitado por las últimas dos décadas y media, Cantabria Negocios ha sobrevivido a las sucesivas crisis económicas que han marcado este periodo: la primera, la de las ‘puntocom’, pasó casi sin dejar rastro, algo que no puede decirse de la que vino después, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera posterior que, como en tantas otras empresas, puso en jaque su supervivencia. La última de las crisis globales por las que ha pasado, la de la pandemia, alcanzó a la revista en un momento especialmente delicado, poniendo a prueba lo atinado o no de alguna de las estrategias tomadas hasta entonces y, singularmente, las que sirvieron para enfrentar las consecuencias de gran recesión de 2008.

En aquel momento, cuando los efectos de la crisis financiera se dejaron notar especialmente en el mercado publicitario, Cantabria Negocios contaba ya con una versión digital, tanto de la revista como del ‘Directorio Empresarial’ que edita desde el año 2005, pero no fue ahí donde se asentaron las bases para buscar nuevos mercados. La puesta en marcha de un servicio de elaboración de páginas web y el comienzo de la realización de contenidos en vídeo, cierto que de forma muy incipiente en ambos casos, supusieron el inicio de una estrategia diversificadora que rendiría sus principales frutos años más tarde y, singularmente, tras la vuelta a la normalidad después del estado de alarma sanitaria de 2020.

El parón del confinamiento se produjo apenas unos meses después de otro de esos hitos que han marcado la trayectoria de la revista: el relevo en la empresa editora. Tras la jubilación de Eduardo Zúñiga, fundador y primer director de la publicación, los trabajadores de Cantabria Negocios crearon una sociedad laboral, Maremagno Comunicación SLL, para darle continuidad y potenciar las líneas de negocio con las que se quería diversificar mercados. Pero curiosamente fue la publicación impresa, elaborada en teletrabajo desde los propios domicilios, a la que le cupo la responsabilidad de sostener la actividad de la empresa durante los casi tres meses en los que el resto de departamentos vieron prácticamente paralizado su funcionamiento. Aun con todas las incertidumbres y con las dificultades que hubo que afrontar para sacar adelante esos números, el trabajo de esos días confirmó la vigencia del compromiso de esta revista con sus lectores. Porque, cuanto menos en lo que tiene que ver con esto, 25 años no son nada.

El tráfico de dispositivos aéreos no tripulados no ha dejado de crecer en los últimos años, y se espera que lo haga aún más en los venideros, cuando los drones empiecen a ser utilizados para tareas que todavía no realizan, pero para las que estarán capacitados, como el reparto. El grupo Pegaso, unidad de la Guardia Civil a la que compete la comprobación de permisos de vuelo y verificación del uso correcto de los aparatos en la mayor parte del territorio de Cantabria, ha atendido cerca de 1.200 operaciones de drones en la región a lo largo de 2023. Pese a la cuantía de las sanciones y la gravedad que puede tener un posible accidente, advierten, siguen siendo habituales los incumplimientos, a veces por desconocimiento de la normativa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Febrero 2024

El pasado 9 de diciembre un vehículo aéreo no tripulado, lo que se conoce popularmente como dron, se estrelló en lo más alto del árbol de navidad de Cartes, que pudo así añadir una singularidad más a su condición de mayor entre los adornos de este tipo levantados en toda Europa. El aparato volaba sin permiso sobre las cabezas de los cientos de personas que en ese momento se encontraban en el lugar. En una situación potencialmente más grave, otro de estos dispositivos interfirió hace algunos meses la maniobra del helicóptero del ‘112’, en la que ha sido una de las incidencias más peligrosas provocadas por un dron en Cantabria. Ambos sucesos motivaron la intervención del grupo Pegaso, la unidad de la Guardia Civil encargada de vigilar el espacio aéreo en la mayor parte de la región –estarían excluidas las áreas urbanas de los municipios de Torrelavega y Santander, que corresponden a la Policía Nacional– y de remitir a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) la información para la posterior sanción, que puede ser de un mínimo de 4.500 euros en el caso de Cartes, y alcanzar cifras mareantes para el operador del dron que afectó al vuelo del servicio de emergencias.

El equipo Pegaso atendió en 2023 unas 1.200 operaciones con drones en el territorio que es de su competencia, la mayor parte de ellas dentro de las tareas de control y verificación de vuelos que pueden considerarse rutinarias dentro de su trabajo, y que no suelen dar lugar a sanción alguna. “Los vuelos suelen realizarlos operadores que conocen su trabajo y que por tanto cumplen la normativa, y son muchos más quienes vuelan con todo en regla que quienes infringen la norma, pero sigue habiendo incumplimientos”, resume Eugenio Hoya, responsable de la unidad de Pegaso con base en Cantabria, habituado pese a todo a que siga habiendo quien dice no saber que necesita autorizaciones o permisos para hacer volar uno de estos aparatos: “Pero la ley obliga a todos, a quienes la conocen y a quienes no, y las sanciones pueden ser muy elevadas”, advierte.

La Guardia Civil creó el equipo Pegaso en 2016, inicialmente con una unidad en Madrid y extendiéndolo a partir de 2019 a todas las provincias españolas. Aunque su labor se extiende a la vigilancia y control de todo el espacio aéreo, lo que implica tanto la aviación comercial y ligera, como aeródromos o campos de vuelo, en una región como Cantabria la mayor parte de su actividad tiene que ver con los drones.

Trabajos de control de permisos y documentación sobre el terreno.

En lo que sería una jornada habitual en la base del grupo en el aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, explica el responsable de la unidad cántabra de Pegaso, los agentes revisan el correo electrónico y la aplicación que utilizan para que los operadores comuniquen vuelos y tramiten las autorizaciones. También por vía electrónica se solicita toda la información y documentos que puedan faltar: dueño y piloto del dron, que pueden no coincidir, datos del aparato, seguros… “Intentamos con ello evitar molestar al piloto el día del vuelo, aunque lógicamente también podemos desplazarnos y hacer las comprobaciones sobre el terreno”.

También fuera de la oficina, pero sin salirse de las labores habituales del grupo, se hace el trabajo de vigilancia en zonas especialmente concurridas –las playas en verano, o el Cartes navideño de este último diciembre– o allí donde se haya tenido noticia de un vuelo del que no se tuviera conocimiento previo. A todo lo anterior habría que sumar actuaciones más puntuales, como las que se realizan para dar cobertura de seguridad ante la visita de una autoridad, por ejemplo. La unidad, que opera sus propios drones, cuenta con medios y dispositivos para tomar el control de cualquier aparato no tripulado que vuele de forma irregular para, dependiendo de las circunstancias, obligarlo a tomar tierra.

Pese a que sigue habiendo quien los vende como un juguete, y compradores que los consideran como tal, los drones son aparatos cuya tenencia y uso están muy regulados, incluso en aquellos que por su bajo peso no precisan de ninguna titulación para su piloto. “Es cierto que muchos de los incumplimientos son con drones de menos de 250 gramos, que es verdad que pueden ser operados sin título, pero ello no significa que puedan volar por cualquier sitio”, advierte el responsable de la unidad cántabra del equipo Pegaso, que recuerda que tan solo con las restricciones a las que obliga el espacio aéreo del aeropuerto ya es imposible volar sin permisos especiales sobre la ciudad de Santander y en un área que se extendería hasta Suances o Hazas de Cesto. A ese espacio, denominado CTR por las siglas de Controlled Traffic Region, hay que sumar las limitaciones para volar sobre concentraciones de edificios, zonas de especial protección para las aves (ZEPA) o la prohibición de hacerlo en cualquier punto del parque nacional de Picos de Europa.

Miembros de la unidad Pegaso que opera en Cantabria.

No solo ‘in situ’

Para detectar y denunciar vuelos en zonas vedadas para ello, advierte Eugenio Hoya, no es imprescindible sorprender al infractor en el momento, sino que puede hacerse tras tener constancia de ello por las fotografías o vídeos tomados durante el vuelo, y subidas después a Internet. Una parte del trabajo del equipo Pegaso es, de hecho, rastrear páginas web y redes sociales en busca de un material que es en sí mismo una prueba y que daría pie a requerir al operador la información y los permisos del vuelo que sirvió para tomar las imágenes o, en su caso, tramitar la denuncia correspondiente. Teniendo en cuenta que hoy por hoy el principal uso de los drones es la toma de fotos y vídeos, y que quien lo hace suele tener el impulso de enseñarlos, es relativamente habitual que el infractor se ponga en evidencia al compartir ese contenido.

El desarrollo de la tecnología y las propias previsiones que manejan las administraciones encargadas de gestionar el espacio aéreo apuntan hacia un aumento exponencial de los usos de los drones, y en consecuencia también de las labores de control y vigilancia de las operaciones de vuelo. Teniendo en cuenta la actual carga de trabajo y la carga burocrática que implica cada operación, el riesgo de que ello derive en un cierto colapso del sistema es evidente. Con todo, se apunta desde Pegaso, la misma tecnología que hace posible los vuelos y las nuevas aplicaciones de los drones dotará también de herramientas a los encargados de vigilarlos.

Hoy en día, los agentes desplazados sobre el terreno ya pueden detectar cualquier dispositivo en vuelo en kilómetros a la redonda, registrando todos los datos del aparato y de quien lo opera. También existen medios fijos de detección y neutralización de drones en torno a determinadas instalaciones –los tienen, por ejemplo, los estadios de los equipos que compiten en la Liga de Fútbol Profesional, como los Campos de Sport del Sardinero–, una tecnología que en Madrid cubre ya la práctica totalidad del espacio urbano: “Eso acabará extendiéndose a todo el territorio, porque el incremento que esperamos en los vuelos es exponencial”, pronostica el responsable de la unidad de Pegaso de Cantabria.

Los planes para poner en marcha una planta productora de hidrógeno verde en los terrenos de Sniace movilizarían la mayor inversión privada realizada nunca en Cantabria y convertirían a la región en una de las principales proveedoras del que se considera como una de las principales alternativas a los combustibles fósiles. La compleja tramitación administrativa, la adecuación de los terrenos y la financiación dibujan los principales condicionantes para sacar adelante la iniciativa conjunta de RIC Energy y la empresa cántabra Copsesa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Enero 2024

Además de mantener una posición central en las actuaciones contra el cambio climático, la sustitución de los combustibles fósiles sitúa a la energía en disposición de jugar un papel económico muy diferente, por alcance y dimensiones, al que le ha correspondido en los países europeos durante la larga etapa de reinado del petróleo. El proyecto presentado este pasado diciembre en los abandonados terrenos de la antigua Sniace, sobre los que se plantea construir una planta productora de hidrógeno verde, es buena muestra de lo que puede aportar ese proceso de transformación energética, capaz también de impulsar un relevo industrial que quedaba simbólicamente subrayado en el propio escenario elegido para la actuación.

Con cifras que la convertirían en la mayor inversión privada acometida nunca en Cantabria, la actuación que debería dar lugar a la planta que promueven conjuntamente RIC Energy y Copsesa es también ilustrativa de las enormes dificultades financieras y administrativas a las que se enfrenta una iniciativa de este calado. De acuerdo con la mejor de las previsiones que manejan sus promotores, el inicio de las obras de construcción de la planta no sería antes de 2026, con la idea de comenzar a producir en la segunda mitad del año siguiente o, más probablemente, ya en 2028. Antes de la primera de esa fecha tendrían que haberse superado los desafíos que condicionan que el proyecto llegue a ser una realidad, y que José Luis Moya, CEO de RIC Energy, citó en el acto de presentación agrupándolos en tres grandes categorías: administrativos, técnicos y financieros.

Los promotores de Besaya H2, nombre con el que se ha bautizado el proyecto, prevén que la puesta en marcha de la planta movilice una inversión de 850 millones de euros para la construcción y puesta en marcha de una planta que fabricará hidrógeno y derivados a partir de una potencia de electrolisis de 500 MW. Esta última cifra situaría a la planta entre las mayores proyectadas en España y también entre las mayores que está previsto que funcionen en el conjunto de España. Como referencia, y de acuerdo a los datos desgranados durante la presentación, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el gobierno central prevé que la potencia instalada para generar hidrógeno verde sea de 10 GW en 2030, por lo que, si para esa fecha está operativa, la planta cántabra aportaría el 5 % de esa capacidad, y ello sin contar la posibilidad de doblar su potencia, algo igualmente contemplado en los planes de sus promotores.

Una ubicación idónea

La planta, que se levantaría sobre las 70 hectáreas de terrenos de la antigua Sniace adjudicados a Copsesa y RIC Energy en el proceso de liquidación de la histórica empresa, generaría unos 250 puestos de trabajo una vez en funcionamiento. Los terrenos de la vieja Sniace, en los términos municipales de Torrelavega y Santillana del Mar, son el gran elemento impulsor de la iniciativa y también, paradójicamente, uno de los principales condicionantes para su puesta en marcha. La descontaminación y achatarramiento de las instalaciones se cuentan entre los desafíos técnicos que superar para la puesta en marcha del proyecto, algo que para los promotores tiene la incertidumbre añadida de ser etapas que no dependen de ellos. Como tampoco lo es el cierre de la Autorización Ambiental Integrada con la que funcionaba Sniace, que entraría ya en el capítulo de las cuestiones administrativas que superar antes de poner la primera piedra de la futura planta.

Aun con todos esos inconvenientes, las características y ubicación de los terrenos donde se levantará la planta han sido decisivos para dar forma a un proyecto que, según destacó el CEO de RIC Energy, difícilmente podría realizarse en cualquier otro lugar: la disponibilidad de agua, las infraestructuras o la proximidad al Puerto de Santander, y la propia tradición industrial de la comarca, aportaron argumentos decisivos para dar forma al proyecto ahora presentado y situarlo en los terrenos de la antigua Sniace.

Una planta productora de hidrógeno verde funciona mediante energía eléctrica de fuentes renovables, que se emplea para, mediante electrolisis, generar hidrógeno y derivados –amoniaco, básicamente– a partir de agua. Con ellos, e invirtiendo el proceso, es posible generar electricidad para, por ejemplo, mover un vehículo sin más emisiones que el propio vapor de agua resultante. Relativamente sencillo de transportar y almacenar, y con una capacidad de generación de energía que garantizaría rendimientos comparables a las que hoy tienen los combustibles fósiles, el hidrógeno así producido sería una alternativa a estos y un vector energético clave para la descarbonización de la economía.

La inversión supera los 850 millones de euros para la construcción y puesta en marcha de una planta que fabricará hidrógeno y derivados a partir de una potencia de electrolisis de 500 MW

Pese a las muchas incertidumbres que todavía existen sobre el futuro que deparará la proyectada transformación energética, no parece que la demanda de hidrógeno y derivados vaya a ser una de ellas. Aun con los planes en marcha para la construcción de plantas productoras, y los que deberán todavía presentarse para alcanzar las previsiones del PNIEC elaborado por el Gobierno, no será rápido alcanzar un nivel de producción capaz de dar respuesta a la demanda. Con todo, y como destacaron José Domingo San Emeterio, presidente de Copsesa, y José Luis Moya en una entrevista publicada por ‘El Diario Montañés’ días después de la presentación del proyecto, llegar lo antes posible a ese mercado puede ser un factor decisivo para la competitividad de la futura fábrica de hidrógeno torrelaveguense.

Es ahí donde entran en juego los desafíos técnicos, administrativos y financieros que mencionaba el CEO de RIC Energy en la presentación de Besaya H2. De los tres, probablemente sea el segundo de ellos el que en mayor medida puede afectar a los plazos. Además de las administraciones local, regional y nacional, el proyecto implica tratar con organismos como la Confederación Hidrográfica o Red Eléctrica. Pocas referencias llevan a pensar que eso vaya a ser sencillo de resolver, y ninguna que vaya a ser rápido.