El confinamiento de la pasada primavera se inició cuando había pasado ya el tiempo de caza, y la nueva temporada arranca con pocas restricciones y con la confianza en que pueda desarrollarse sin mayores contratiempos en lo que se refiere a las cacerías con más tirón entre los cazadores cántabros. Pese a todo, la nueva normalidad también ha afectado a la actividad que se genera en torno a este deporte, sobre todo por la limitación de los desplazamientos entre países, que ha reducido la demanda en las regiones en las que la práctica cinegética tiene un mayor componente económica, y por un cambio en los hábitos por parte de los cazadores que está sufriendo, sobre todo, la hostelería.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Octubre 2020

Es una actividad que se desarrolla al aire libre, que reclama para sí la condición saludable que suele concederse a la práctica deportiva y que según sus practicantes, y pese a lo controvertido de su efecto sobre el entorno, cuenta con argumentos para ser considera como esencial incluso si llegara a producirse un nuevo confinamiento. Pero la caza implica también desplazamientos, entre comunidades autónomas y también entre países, así como reuniones de grupos con un mayor número de componentes de los que los protocolos de prevención de la covid-19 consideran seguros para limitar las posibilidades de expansión de la pandemia. De como se resuelvan esas dos tensiones, que vienen a sumarse a otras con las que la práctica cinegética está más habituada a convivir, dependerá que la temporada que acaba de iniciarse se desarrolle con una normalidad acorde cuanto menos al alcance que ese término está teniendo en tiempos post-covid. Con todo, ya en la media veda de agosto y septiembre, y en las primeras cacerías en la Reserva del Saja, se ha podido constatar algunos cambios que inciden en la forma en que los cazadores salen al campo, como también se habían concretado ya otros en las condiciones en que se relacionaban con la administración en lo tocante a su afición. Alguno de esos cambios está teniendo incidencia en la actividad económica que se genera en torno a lo cinegético, incluso en una región en la que este componente tiene un peso menor, como es el caso de Cantabria. En otras, donde la caza es un reclamo para aficionados de todo el mundo y alimenta el negocio de empresas de todos los sectores, las pérdidas amenazan con ser bastante más acusadas.

Cantabria cuenta con 6.000 cazadores federados, lo que sitúa a este deporte entre los que cuentan con un mayor número de practicantes en la región, solo por detrás de fútbol y baloncesto y en un nivel similar al que tiene el golf. Como este último, pero incluso en mayor medida, la caza tiene una notable capacidad para generar actividad económica en torno a su práctica, y a hacerlo de una forma transversal en negocios dedicados a un amplio abanico de actividades. A diferencia de lo que sucede en regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha, en Cantabria no se pagan grandes cantidades por cazar, ni la región es destino preferente para quien lo hace, lo que la sitúa relativamente al margen de la caída de ingresos que en esas comunidades autónomas está provocando la pandemia y las restricciones a los desplazamientos. Son también minoría en Cantabria los cotos privados, aquellos que son objeto de una gestión puramente empresarial que, como tal, necesita cuadrar el balance entre ingresos y gastos. En todo caso, el impacto de la crisis sanitaria en estos, o en los que son gestionados por sociedades de cazadores –la mayoría de los de la región– está siendo mínimo, según coinciden en señalar tanto los propios cazadores como desde la Federación Cántabra de Caza: el componente social que lo cinegético tiene en Cantabria, unido a lo mucho que se ha echado en falta la actividad al aire libre durante los meses de confinamiento, ha hecho que quienes practican la caza en Cantabria –o quienes se desplazan desde aquí a las comunidades vecinas para hacerlo– retomasen su afición en un número similar a anteriores campañas.

“La temporada se ha iniciado con toda normalidad, y salvo una catástrofe sanitaria que ninguno esperamos, estamos convencidos de que va a seguir desarrollándose sin incidencias”, asegura Ignacio Valle, presidente de la Federación Cántabra de Caza que también lo es, desde abril del pasado año, de la española. Esa doble responsabilidad le otorga una posición privilegiada para valorar las diferente forma en que la pandemia afecta a la actividad cinegética en unas y otras regiones: “La caza empresarial, la que se da en el sur de España, sí que va a notar mucho la crisis, de hecho ya lo está notando. Las restricciones a la movilidad internacional la han dejado sin uno de sus principales mercados, y las grandes monterías donde se juntaban decenas de personas no son posibles. Ahí va a haber pérdidas económicas importantes”, lamenta.

En el caso de Cantabria, donde la caza corre a cargo casi siempre de cazadores locales, la situación es mucho mejor, y comparable en casi todo a la de cualquier otra temporada. Las diferencias tienen que ver sobre todo con los protocolos sanitarios, que en el caso de las cuadrillas de caza mayor implican cumplir con una serie de pautas para evitar reuniones en las que no pueda cumplirse con la distancia de seguridad, y una modificación en los trámites administrativos que se dan en la jornada cinegética, y que buscan minimizar los contactos del guarda con los miembros de cada partida. Antes cada cazador entregaba los documentos al guarda, en tanto que ahora es el jefe de la cuadrilla quien lo hace, responsabilizándose de que todos los que participan en la cacería cuenten con las autorizaciones y permisos necesarios.“Los cazadores en Cantabria, por suerte o por desgracia, tenemos ya una cierta edad, y estamos muy concienciados de la necesidad de cumplir las medidas de seguridad contra la pandemia”, asegura Ignacio Valle. Esa concienciación del colectivo también la menciona Manuel Borbolla, presidente de la Sociedad de Fomento de Caza y Pesca, la mayor entre las sociedades de cazadores cántabras, y una de las más antiguas entre las que existen en España. “La responsabilidad de los cazadores está siendo total. Cuando ha habido otras normativas quizá ha habido quien ha sido más reticente a cumplirlas, en este caso no ha sido así. No sé si habrá rebrotes, pero de lo que estoy seguro es que si los hay, ninguno será por culpa de los cazadores”. La Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca es además gestora de algunos cotos, algo que la sitúa ante la perspectiva de afrontar el riesgo económico que supondría una caída en la actividad cinegética y la consecuente merma en el número de permisos de caza expedidos: “La caza menor es una actividad que se realiza de forma individual y al aire libre, con lo que el peligro de contagios es mínimo. Pero eso no significa que no vayamos a notar la crisis sanitaria. Pasa un poco como con las reservas hoteleras, cuando hay noticias de que los contagios crecen, la gente las anula. Algo de eso estamos notando nosotros”.

Ignacio Valle, presidente tanto de la Federación Española de Caza como de la cántabra.

La comparación con la hostelería es pertinente también en lo que toca a la actividad económica generada por los cazadores, y en lo que esta puede verse afectada por la pandemia. dado que es precisamente el gasto que se hace en restaurantes y cafeterías el que en mayor medida puede resentirse durante esta temporada. “Sí, posiblemente ese es el mayor cambio”, admite Ignacio Valle, en una afirmación que repite casi con las mismas palabras Manuel Borbolla. Lo habitual otros años, coinciden ambos, es que los cazadores quedaran para tomar el primer café de la mañana camino del coto, y se juntasen luego para comer en algún restaurante: “Este año llevamos un termo, y la comida de casa, por la concienciación que está demostrando el colectivo de cara a evitar situaciones de riesgo de contagio. Es una pena, porque los bares y restaurantes de las zonas rurales lo van a notar mucho”, señala el presidente de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca.

La capacidad de la caza para generar actividad económica, singularmente en el entorno rural, es algo que tiene uno de sus ejemplos más evidentes en esa vinculación con la hostelería que mencionan Ignacio Valle y Manuel Borbolla, pero que alcanza a sectores muy diversos, alguno de ellos de forma más directa, y en mayor medida, que a bares y restaurantes. No abundan, en cambio, las fuentes que permitan cuantificar esa aportación y, sobre todo, medir su evolución en el tiempo. La referencia más clara sigue siendo la que aporta el estudio realizado en 2018 por Deloitte para la Fundación Artemisan, y con el que esta última quería aportar elementos racionales al debate entre partidarios y detractores de la caza. El estudio calculaba que cada cazador destinaba a su afición una cantidad media de 5.000 euros al año, un dato referido al conjunto de España y que a tenor de los cálculos que hacen los propios cazadores puede ser claramente exagerado si hablamos de Cantabria, donde el componente social rebaja notablemente el precio que se paga por practicar esta afición, en abonos a los cotos, en permisos de caza o en monterías.

Manuel Borbolla, presidente de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca.

Pero queda un amplio abanico de categorías en los que el gasto de los cántabros no estaría muy alejado del que calcula Deloitte. Ahí entrarían los que se destinan a los perros, a ropa y complementos, a los equipos electrónicos o las armas, seguros y trámites administrativos, unido a la gasolina y la amortización de vehículos, y que en conjunto sumarían una cantidad que los propios cazadores cántabros calculan en torno a los 1.000 euros anuales. Los seis millones de euros al año que resultarían de multiplicar esa cantidad por el número de cazadores sería, en un cálculo conservador, lo que la afición cinegética aporta de la forma más directa a la economía de Cantabria.

Los tres centros que cuentan con campus en Cantabria han adaptado sus medios y su programación al escenario que dibujan los protocolos de prevención del Covid-19, con el objetivo principal de no perder el curso pero asumiendo que las circunstancias siguen dejando muchas incógnitas en el aire. Con todo, los responsables de la Universidad de Cantabria, Uneatlántico y Cesine consideran que la calidad de la docencia no va a verse afectada y no creen que la pandemia tenga una gran incidencia en el número de matrículas.

Cristina Bartolomé |  @criskyraSeptiembre 2020

Incertidumbre es la palabra que tal vez mejor defina el marco en el que se desarrollará el curso académico 2020-2021, y los estudios universitarios no se libran de ese no saber con certeza qué pasará. En previsión de lo que vaya demandando la cambiante situación sanitaria, las universidades que cuentan con campus en Cantabria ya han diseñado los escenarios en los que previsiblemente deberán navegar: docencia presencial en las aulas, docencia online y docencia mixta.

La Universidad de Cantabria tiene como objetivo mantener la asistencia de los estudiantes al campus. Según ha dado a conocer la institución cántabra, esta opción se incluye entre los diversos escenarios que contempla en función de la situación sanitaria y que se recogen en el  ́Plan para la Adaptación al modelo de docencia mixta ́ que servirá de guía para el curso 2020/21. Los escenarios son la presencialidad total, la docencia mixta y a distancia. El plan se activará en el caso de tener que pasar del escenario 1 (100% presencialidad) al escenario 2 (docencia mixta) o al 3 (100% modalidad a distancia). Para asegurar la calidad formativa está previsto que los cambios adoptados tengan como marco de referencia los Estándares Europeos para el Aseguramiento de la Calidad.

Ángel Pazos, rector, asegura que la universidad decana de Cantabria garantizará “la máxima docencia presencial posible”, según comentó tras un encuentro mantenido el pasado mes de agosto con el vicepresidente del Gobierno de Cantabria. Pazos explicó que si la situación sanitaria se mantiene como hasta ese momento –mediados de agosto– el modelo sería “mixto presencial”, con un aforo reducido en las aulas para garantizar las medidas de seguridad. Según precisó, los alumnos de manera rotativa recibirán formación presencial o la seguirán por medios telemáticos para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad: “Optamos por la máxima docencia presencial posible, pero garantizando la seguridad y por eso estamos haciendo un esfuerzo en el acceso a medios de telecomunicación”, señaló el rector.

Menos clases y una plataforma virtual

En caso de tener que pasar a la docencia mixta, la Universidad de Cantabria prevé que cada alumno acuda al campus un porcentaje de horas, especialmente las asignaturas con un alto grado de experimentalidad, recibiendo el resto de docencia a distancia y de forma síncrona. Además, se deberá prever la transición a un sistema de docencia exclusivamente online en el caso de que se establezca la suspensión total de la actividad presencial. En este sentido todas las asignaturas tendrán un curso en la plataforma Moodle antes de iniciar el cuatrimestre de su impartición, con todos los recursos y materiales de apoyo a la docencia, dentro de un plan de virtualización de asignaturas. Habrá un plan de ayuda para el préstamo de ordenadores y conexión a internet para los alumnos y profesores que lo necesiten y también se actualizarán recursos para la docencia, una web de recursos docentes, un plan de formación y tutorización de los estudiantes y un plan de actualización permanente del profesorado.

En cuanto a los exámenes, la previsión inicial es que se podrán realizar de forma presencial en el aula, si bien el Plan de Adaptación prevé un escenario de evaluación a distancia. La defensa de los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster, así como las tesis doctorales, se realizarán de forma presencial, siempre que sea posible o se sustituirán por la videoconferencia en caso necesario.

La Universidad de Cantabria, es la única de financiación pública en Cantabria, pero todas estas medidas tienen un coste para el que no se contemplan partidas específicas. En la reunión que mantuvo con el vicepresidente Pablo Zuloaga para examinar los proyectos a presentar a los fondos europeos de reconstrucción, Pazos también abordó la “necesidad urgente” de poder disponer de los fondos que el Gobierno de España ha destinado específicamente a la adaptación de las universidades a la situación derivada de la pandemia.

Futuro impredecible

Para el rector de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico), Rubén Calderón, la clave del nuevo curso académico es la “enorme incertidumbre” con la que se encara el inicio de las clases. Según Calderón, las universidades cuentan con dos ventajas sobre el resto del sistema educativo: una es que comienzan el curso después de los institutos, lo que significa que se podrá ver si la aplicación práctica de los protocolos anti covid se van plasmando en la realidad y cómo se van corrigiendo. En segundo lugar, y no menos importante, el rector de Uneatlántico menciona el perfil del alumnado y de los estudios: “Nuestro estudiante es mayor de edad y hablamos de una educación orientada a la parte profesional. El estudiante es más maduro y se puede adaptar más a la modalidad de docencia presencial, acata mejor los protocolos. Esta es una cuestión más difícil para los alumnos de primaria y secundaria”.

Rubén Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico.

Uneatlántico ha elaborado un plan de estudios adaptable a los tres escenarios docentes que ya asumen los centros universitarios de cara al nuevo curso y que son el clásico presencial, el método ‘on line’ y el mixto. Según Calderón todos los grados que imparte son, en principio, presenciales, teniendo en cuenta los límites de aforo. Del curso pasado han extraído la experiencia de una “docencia síncrona”, que permite avanzar cada semana en las materias según lo previsto sin que por las decisiones sanitarias se tuviera que anular la presencialidad: “Todos los profesores sabemos cuántas sesiones, seminarios, tutorías virtuales tienen que existir en cada asignatura, hemos ido corrigiendo toda la parte que se ha hecho en primavera y adaptándolo a una situación que no sabemos si va a existir”.

En cuanto a la opción no presencial, Calderón asegura que Uneatlántico tiene todos los contenidos del primer cuatrimestre preparados para ello y, sobre el modelo mixto, se contempla que una parte de estudiantes acudirían a una sesión y otros a otra: “Una parte del contenido sería no presencial y en el aula se reforzarían los conocimientos, sería un 50%- 50% más o menos”, explica.

Impacto sobre las matrículas

Tendiendo todo esto en cuenta, la duda que se plantea es si el número de alumnos puede descender, en vista de la situación. La Universidad Europea del Atlántico cuenta habitualmente con un 31% de estudiantes internacionales que estudian toda la carrera en sus aulas, entre 150 y 200. Según el rector, en esa parte puede haber problemas: “No en todos los países americanos o africanos hay la fluidez de vuelos que había antes de la pandemia y, en segundo lugar, se está dando la problemática de la tramitación administrativa de la documentación que tienen que formalizar antes de tener un visado, aparte de las homologaciones de estudiantes”. De momento estos trámites, admite, se están retrasando un poco, por ello se estima que los estudiantes internacionales vayan llegando “a cuenta gotas y tarden en venir”, lo que refuerza la importancia de la parte académica ‘on-line’: “Si vienen a finales de octubre no sabemos en qué medida esta burocracia va a afectar a la matrícula”.

Ángel Pazos, rector de la UC, en el centro de la mesa durante el último consejo de gobierno de la institución académica, realiza-
do ya de acuerdo a los protocolos anti Covid-19.

En cuanto al alumno nacional, que significa en torno al 70% del total, el rector de Uneatlántico no aprecia diferencias significativas con otros años: “Contamos con 15 carreras, y las cifras de matrículas son más o menos son las mismas”. La crisis sanitaria sí ha podido afectar, señala, a la capacidad de la universidad para dar a conocer las novedades del nuevo curso, entre las que la más destacada es la puesta en marcha del nuevo grado en Gastronomía: “Vamos a comenzar, es una apuesta decidida. La verdad es que el confinamiento ha provocado cierta ralentización en publicidad y no lo hemos podido hacer como nos hubiera gustado porque julio y agosto son meses complejos, de vacaciones, etc. Pero nos ha dado tiempo a hacer una puesta de largo, con la autorización de la Consejería, así que el patronato y el consejo rector decidieron seguir adelante, sea cual sea el número de alumnos que haya, asumimos el riesgo”.

Calidad docente

Sobre el papel, la planificación del curso parece asumible y el rector de Uneatlántico no espera grandes problemas relacionados con esta. Pero, ¿se corre el riesgo de que la enseñanza pierda calidad si se hace imposible acudir a las aulas? Rubén Calderón argumenta que en los másteres esto no sería un gran inconveniente, ya que la enseñanza es en su mayor parte no presencial, están dirigidos a un alumno maduro que ya ha pasado por la universidad, se compatibilizan con otras obligaciones y se ajustan incluso más que la presencial. En los grados sería diferente: “La enseñanza está dirigida a los jóvenes a partir de 18 años, y en esta fase la docencia presencial aporta un plus que no aporta la enseñanza a distancia. Primero porque la universidad aporta vivencias, compañerismo. Es importante interactuar con el profesor y la atención de los profesores, y esto se pierde en los grados no presenciales”, admite el rector de Uneatlántico que, no obstante, considera que el principal objetivo es que, teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias que vivimos, el alumno pierda un curso: “Si trabajas interactuando con los estudiantes en cuanto a conocimiento, no tiene por qué perder mucho la calidad docente, aunque baje la vivencia universitaria, que es cierto que es muy importante, especialmente si el alumno no tiene hábitos y es difícil si está casa. Esperemos que no se convierta en algo estructural. Creo que la docencia no se va perder nunca, por mucha tecnología que haya”.

Adaptar metodologías

Yves Marmiesse, es el director de Cesine Centro Universitario, que ha trabajado en los diferentes escenarios definidos por la Consejería de Educación para garantizar la adaptación de los estudios en función de la evolución de la pandemia. Por encima de todo, explica, este centro asume el compromiso de que “bajo ningún concepto se ponga en riesgo la continuidad de los estudios”. En cuanto a las medidas que se van a implementar están la modificación de los horarios y recorridos de entrada y salida de forma escalonada y los horarios de cambio de clases para evitar concentraciones de estudiantes. También se han instalado hidrogeles, la mascarilla será obligatoria y se reducirán el número de alumnos por aula para mantener la distancia de seguridad sanitaria.

En relación al método de enseñanza telemática, el director de Cesine considera que el centro está preparado para el nuevo escenario que plantea la prevención de la infección por Covid-19: “Hemos adaptado nuestra metodología para aportar un mayor enfoque en las habilidades tecnológicas y digitales. Hemos realizado una gran inversión en nuevos equipos informáticos y en herramientas digitales más potentes, y en la mejora de la conexión wifi. De esta forma, nuestros estudiantes saldrán al mercado laboral con los conocimientos y habilidades digitales que serán indispensables en el nuevo horizonte de su futuro profesional”. Sobre los meses pasados desde que se declarara la emergencia sanitaria, Marmiesse asegura que durante el curso 2019-20 el ritmo de aprendizaje y la calidad académica no se han visto afectados: “En Cesine llevamos desde 2001 impartiendo formación online. Gracias a esta experiencia pudimos anticiparnos a la situación de confinamiento y disponer de un calendario de clases virtuales con antelación. Todos nuestros programas académicos de grado y posgrado pudieron desarrollarse sin mayor problema. Fue todo un reto, pero tenemos que destacar la adaptabilidad de nuestros estudiantes a una situación excepcional como la que se vivió en el estado de alarma”.

En relación con los cambios que puedan derivarse de la actual situación, el director de Cesine cree que las nuevas circunstancias que se viven tras la irrupción de la pandemia por covid-19, han acelerado la necesidad de nuevos profesionales en el ámbito laboral: “El mundo ha cambiado y ahora se demandan profesionales y organizaciones más conectadas, más tecnológicas, en entornos más colaborativos, flexibles, y con competencias digitales más desarrolladas”, reflexiona Marmiesse, que cree que esa circunstancia no supone un problema para el centro que dirige: “La adaptación al cambio forma parte de nuestro ADN y todo lo que se va a demandar en el futuro ya lo vienen desarrollando nuestros estudiantes desde hace años, solo que ahora estas habilidades y aptitudes, serán más protagonistas dentro de su formación”. La consecuencia de esa adaptación, asegura el director de Cesine, se traduce en un crecimiento de matrículas para el curso 20/21: “Desde el confinamiento, hemos podido observar un aumento del número de solicitudes de traslado de expediente desde otras instituciones. Además, hasta el momento hemos experimentado un aumento de las matriculaciones en la modalidad 100% online gracias al cambio de tendencia y percepción de este modelo de enseñanza. En cuanto a las formaciones presenciales las matriculaciones hasta la fecha cumplen nuestros objetivos y las perspectivas son muy positivas”. Aun así, Cesine también ha visto cómo en las últimas semanas la situación actual ha retrasado las pruebas de acceso a grados y titulaciones, por lo que el centro ha adaptado el calendario de matriculación para acoger candidaturas tardías y continuará abierto hasta el inicio del curso en las que dispongan aún de plazas.

La declaración del estado de alarma interrumpió el desarrollo de los cursos para trabajadores desempleados, que no pudieron retomarse hasta el 20 de junio. La larga pausa entre la parada y la reanudación, y por tanto entre el proceso de selección de alumnos y la realización de la acción formativa, ha supuesto una dificultad añadida para la vuelta a la actividad, ya de por sí condicionada por los protocolos de prevención del Covid-19. Las incertidumbres derivadas de la panemia coinciden con el cambio de modelo que está pendiente de aplicar en los certificados de profesionalidad, la modalidad con más demanda, que está previsto que pase a depender de Educación y salga del ámbito competencial del Empleo.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Septiembre 2020

Como en otros ámbitos de la vida empresarial y ciudadana, la declaración del estado de alarma abrió para la formación profesional un paréntesis que, en su caso y a diferencia de lo sucedido en otros, está siendo especialmente complicado cerrar. Las características de esta modalidad formativa, la que se dirige a los trabajadores en situación de desempleo, tienen muchos puntos en común con la que se imparte desde el sistema educativo –entre ella, y de forma destacada, su carácter oficial– pero también algunas particularidades que han condicionado de forma decisiva la vuelta a la actividad.

El inicio del confinamiento coincidió en Cantabria con un periodo de transición en el calendario de cursos, con las prácticas pendientes en aquellos que habían finalizado y con los correspondientes a la convocatoria de 2020 a punto de iniciarse o bien, en un número significativo de casos, recién comenzados. A diferencia de lo que sucede en el ámbito educativo, donde a la altura de marzo se había cubierto ya más de la mitad del periodo lectivo, la primavera coincide casi siempre con el arranque del curso en la formación profesional para el empleo, y así sucedió también este año.

La convocatoria que se vio interrumpida a causa del estado de alarma, que había sido aprobada en diciembre, contemplaba 368 acciones formativas y 5.520 plazas, unas cifras que parece especialmente complicado cubrir en los plazos previstos, tanto por esa interrupción como por lo complicado que ha sido ponerle fin: tras un proceso que los representantes de los centros formativos consideran injustificadamente largo, los primeros cursos no pudieron reanudarse hasta comienzos del mes de junio.

José Manuel Callejo, director del Servicio Cántabro de Empleo. En la foto de la derecha, miembros de la Plataforma de Empresas de Formación, de CEOE-Cepyme de
Cantabria, en una reunión mantenida cuando se declaró el estado de alarma sanitaria.

“La prioridad siempre ha sido volver con todas las garantías de seguridad sanitaria pero, salvadas estas, nuestra prioridad siempre ha sido que no se paralizaran las acciones formativas, pero no hay que olvidar que estamos hablando de títulos oficiales, que exigen a la administración que controle el antes y el después”, explica José Manuel Callejo, director del Servicio Cántabro de Empleo, para explicar el proceso seguido para la reapertura: “El antes implica comprobar que las instalaciones, el profesorado y los medios didácticos son los adecuados, y después acreditar que la formación es la que corresponde. Cuando se produce una situación como la que hemos vivido, que lleva a cambiar completamente la manera en que se imparte esa formación, eso implica una labor para adecuación a las nuevas circunstancias, y eso lleva su tiempo. Dicho esto, no considero que haya habido en Cantabria retrasos apreciables respecto a lo que ha sucedido en otras comunidades autónomas”, asegura Callejo en respuesta a una de las críticas que se hacen al Servicio Cántabro de Empleo desde la Plataforma de Empresas de Formación de CEOE-Cepyme de Cantabria.

“El 15 de abril el Servicio Público de Empleo Estatal ya daba la posibilidad de reanudar la formación mediante aulas virtuales en sus cursos, pero en el caso de las acciones formativas del Emcan no hemos podido empezar con las aulas virtuales hasta el 10 de junio. Es un retraso que no entendemos”, señala Monse Peña, portavoz de las academias representadas en la plataforma de la patronal cántabra, que cree que la referencia del SEPE tendría que haber acelerado el proceso para habilitar soluciones mientras no fue posible la formación presencial. Tampoco considera que haya sido adecuado el proceso de vuelta a una nueva normalidad que no tiene dudas en calificar de “nefasta”, y que cree que ha puesto a las academias en una situación especialmente complicada, con el cumplimiento de unas condiciones que implican un aumento del gasto, al tiempo que la financiación se ve comprometida por el impacto que el parón ha tenido en los alumnos: “Lo que reclamamos es diálogo, y una flexibilidad en los requisitos referidos al número de alumnos, o a la homologación de las aulas, porque las circunstancias son muy distintas a las que había cuando comenzamos los cursos”.

En relación con el número de alumnos, la normativa establece que puede haber un máximo del 15% de renuncias no justificadas para que los centros puedan acceder a la totalidad de la financiación, un porcentaje que desde CEOE piden que se aumente este año. El director del Servicio Cántabro de Empleo recuerda que son causas justificadas para abandonar el curso –y que por tanto no penalizan la financiación– el haber encontrado un trabajo, estar en cuarentena por el coronavirus o una baja médica por esta o por cualquier otra circunstancia, siempre que todo ello esté debidamente acreditado. “En todo caso yo puedo entender la reivindicación de las empresas, y personalmente no tengo inconveniente alguno en que se aumente ese porcentaje. Lo que sucede es que eso viene recogido en una orden ministerial, que regula las subvenciones a la formación. Nosotros no podemos cambiar eso”, señala José Manuel Callejo. La enorme carga legal y administrativa que soporta la formación profesional para el empleo está en el origen de la controversia entre quien decide y subvenciona las acciones formativas –el sistema público– y quienes las imparten –las academias–, un desencuentro que no es nuevo, pero que ha encontrado un nuevo campo en el que ponerse de manifiesto con el confinamiento, las restricciones y los protocolos de la vuelta a la actividad. La vuelta presencial a las aulas fue teóricamente posible a partir de la segunda fase de la desescalada, pero las condiciones de aforo que se establecieron hacía inviable el retorno.

A partir del 22 de mayo fue posible en Cantabria, también teóricamente, impartir formación a través del aula virtual, un modelo cercano a la teleformación, pero no exactamente equiparable: aquí hay un profesor impartiendo clase a través de medios telemáticos, con los alumnos siguiendo las explicaciones, en tanto que en la teleformación el estudiante accede al material didáctico y se organiza para cumplir con las tareas y alcanzar los objetivos marcados. ¿Por qué pasa casi un mes hasta que las academias ponen en marcha sus aulas vituales?: “Es que no es sencillo hacerlo de un día para otro”, asegura José Manuel Callejo, que se remite de nuevo al cumplimiento de la normativa que regula el modelo: “Las academias tienen que presentar sus propuestas, y recabar el consentimiento de todos los alumnos, porque esto supone un cambio en el método de enseñanza. A partir de ahí, nosotros dábamos respuesta a las solicitudes, e insisto en que no tengo constancia de que en ese proceso haya habido retrasos por nuestra parte”.

No es esa la percepción que tienen en la Plataforma de Empresas de Formación de CEOE-Cepyme, desde la que se asegura que ha habido poca comunicación e indicaciones contradictorias, tanto en lo relativo a la habilitación de las aulas virtuales, como en el proceso de desescalada y vuelta a la actividad en la formación presencial. A este respecto, señalan por ejemplo los cambos de criterio en cuanto a los aforos o, de nuevo, la falta de flexibilidad que a su juicio existe en la cuestión de la homologación de las aulas. Se da el caso, denuncia Monse Peña, de que un aula de 45 metros cuadrados, homologada en su día para impartir la formación profesional para el empleo, no sirva hoy para hacerlo por la imposibilidad de mantener las distancias de seguridad, y que en el mismo centro haya aulas más grandes de idénticas características, en las que sí sería posible hacerlo pero que no pueden usarse por no contar con la homologación correspondiente: “No lo entendemos. Estamos en una situación excepcional, en la que deberían habilitarse soluciones rápidas. El aula tiene las condiciones para impartir la formación, la homologación es un proceso administrativo que puede hacerse después. Lo importante ahora es que los alumnos puedan acceder a la formación”. Desde el Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo vuelve a remitirse a la normativa existente para explicar la imposibilidad de autorizar acciones formativas en aulas que no han sido previamente homologadas para ello.

Además de los cursos en marcha, la crisis sanitaria interrumpió también la convocatoria de la formación profesional para trabajadores en activo, que tampoco se había convocado en años anteriores. Andrés Díez, miembro de la plataforma de CEOE que agrupa a los centros formativos, lamenta que Cantabria sume ya dos años sin una oferta formativa para trabajadores en activo, una modalidad que es especialmente relevante para autónomos y pymes, por cuanto estas empresas no tienen otra posibilidad para acceder a la formación continua. José Manuel Callejo confía que los trabajos para diseñar la oferta formativa para activos, interrumpidos en marzo, den como resultado una convocatoria que se concretaría en los próximos meses, y que estaría perfectamente adaptada a las condiciones que establece la crisis sanitaria.

Certificados de profesionalidad

Las excepcionales circunstancias actuales han venido a coincidir con las incertidumbres que se derivan del cambio en el ámbito competencial del que dependen los certificados de profesionalidad, la modalidad de formación profesional para el empleo con mayor demanda. En el Gobierno central esta formación ha pasado a depender de Educación, en lugar de hacerlo, como hasta ahora y como sucede en Cantabria, de Trabajo. “Nosotros no entramos a valorar quién tiene que tener las competencias –señala Andrés Díez– lo que nos preocupa es que ese cambio pueda llevar a romper con un modelo que ha demostrado que funciona, y en el que creemos que las academias hemos tenido una aportación fundamental. Lo que esperamos, y pedimos, es diálogo, y que se cuente con nosotros”. José Manuel Callejo, por su parte, recuerda que le corresponde a cada comunidad autónoma establecer a quién corresponden las competencias de la formación profesional para el empleo, y que en Cantabria, hoy por hoy, estas dependen del Servicio Cántabro de Empleo: “Esa es la normativa vigente, la gestión nos corresponde a nosotros. Ello con independencia de que nuestra relación con la Dirección General de FP de la Consejería de Educación escontinua y nos coordinamos perfectamente”.

La interrupción de los exámenes durante los meses del pasado confinamiento han provocado que aumenten las listas de espera de aspirantes a conductores que esperan la última prueba para consguir el permiso, un problema que se ve agravado por el aumento en el número de alumnos que se ha dado durante el verano. Aunque desde el sector se considera que parte del incremento de la demanda puede deberse al recuperado protagonismo que la covid-19 ha dado al transporte privado, la época estival suele ser la temporada alta de la actividad, por lo que consideran que es pronto para sacar conclusiones y temen que el deterioro de la situación económica pueda provocar que las cifras se den la vuelta bruscamente en los próximos meses.

Sara Sánchez Portilla | Diciembre 2020

Ha sido otro de esos sectores que volvió a arrancar con incertidumbre tras el cierre provocado por la pandemia, dando prioridad a los trámites administrativos que no dejaban de acumularse. Pendientes de las directrices de la Dirección Provincial de Tráfico, las autoescuelas cántabras esperaban la confección del calendario de exámenes, que tanto teóricos como prácticos, quedaron pendientes con el confinamiento de la pasada primavera. Puesta en marcha la maquinaria administrativa y adecuadas las instalaciones a las normas higiénico- sanitarias, las autoescuelas comenzaron a ver la luz al final del túnel.

Pero funcionar a pleno rendimiento no parece una perspectiva realista a corto plazo. Los tres meses, de cierre y bloqueo administrativo han generado un colapso que, señalan los representantes de las escuelas de conducción, aún no han conseguido desatascar y que ha dejado a cerca de 268.000 alumnos sin exámenes. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) cree que son necesarios más medios para solventar las circunstancias y, aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció en un comunicado que han sido examinados más de alumnos que el pasado verano, el problema, aseguran, continúa y hace necesarias “soluciones urgentes y definitivas”.

Enrique Lorca, presidente de CNAE, considera que ha de abrirse un diálogo para buscar una solución rápida y sostenible. “Los números hablan por sí solos. El déficit acumulado está ahí. Y la realidad es que aún con las medidas adoptadas por la DGT este verano, muchos alumnos no se han podido examinar, y tampoco hay perspectivas de ello para el futuro inmediato. Pere Navarro, Director General de Tráfico, dijo en junio ante la Comisión de Seguridad Vial, que durante el estado de alarma se habían quedado sin examinar de circulación, 268.000 aspirantes a conductores”. Cifra que, señala, continúa en aumento debió a las nuevas matriculaciones en las autoescuelas de alumnos que, aprovechando el fin del confinamiento y la llegada del verano, han querido sacarse el permiso de conducir, haciendo que “el embotellamiento de exámenes” sea mucho mayor. Esta situación se da además en un escenario en el que el número de centros en los que matricularse ha caído de forma notable, tras haber cerrado en torno a 700 autoescuelas en toda España en los últimos años.

Clase teórica en una autoescula santanderina, el pasado noviembre.

Según las cifras que maneja la DGT, este verano han sido realizados 450.000 exámenes de conducir, lo que supone unos 50.000 más que el pasado año. El desglose de los exámenes es el siguiente: 229.254 exámenes teóricos, 52.657 de destreza (moto, camión y autocar) y 177.184 de exámenes prácticos. Además, fue elaborado un paquete de medidas para atender a la demanda de aspirantes para que obtuvieran el permiso de conducción durante el verano, reanudando los exámenes tras el parón de la pandemia.

La escasez de examinadores es una de las razones que tradicionalmente se han esgrimido para explicar los colapsos en las pruebas, algo que la DGT explica por razones presupuestarias. Actualmente son 804 el número de funcionarios en todo el país asignados para la realización de exámenes tanto teóricos como prácticos, y la DGT asegura que a lo largo del primer semestre de 2021 se incorporarán 40 nuevos examinadores, y otros 50 procedentes de promoción interna.

Más alumnos

Alberto Santamaría, presidente de la Asociación de Cántabra de Escuelas de Conductores (ACEC), apunta que toda esta situación se da en un momento en el que el número de alumnos se ha incrementado, lo que convierte en un verdadero problema la situación de atasco que se vive con los exámenes. “La bolsa de alumnos pendientes de examen ha subido, ha sido un año bueno”, admite el representante de las autoescuelas cántabras, que explica que desde el verano los alumnos se han preparado con clases ‘on line’, desde sus casas: “La preparación ha seguido y se han encontrado con el teórico aprobado y hasta junio no hemos podido examinar de circulación, que es el objetivo final. Hay alumnos, pero no hay exámenes. No hay el número suficiente de exámenes. Tenemos meses con 13 exámenes, cierto es. Lo que pasa es que se necesitan más pruebas”, explica.

La situación que expone Alberto Santamaría es similar a la que se da en el conjunto de España, y las razones que esgrime el representante de las autoescuelas cántabras también son coincidentes: “Tenemos alumnos, pero poco volumen de examen. ¿Qué quiere decir eso? Exámenes hay porque tráfico no deja de examinar, da el servicio y capacidad para examinar, pero no es suficiente ya que faltan examinadores. Lo que realmente falta es más personal examinador para poder trabajar en condiciones. Por eso la gente está esperando más de lo normal para poder examinarse”, ha concretado.

Alberto Santamaría, presidente de la Asociación Cántabra de Escuelas de Conductores.

También comenta cómo las autoescuelas se han adaptado correctamente a los protocolos establecidos, una limitación de aforo al 30%, clases online y medidas higiénico-sanitarias tanto dentro como fuera del aula, es decir, en los vehículos acondicionados para las clases prácticas. Según afirma Santa- maría, de cara al trabajo, las autoescuelas han seguido ejerciendo, sumando alumnos en los meses estivales y no han percibido una crisis notoria en el sector. “Hemos podido trabajar en el verano, por lo que no hemos notado tan duramente esta situación. Marzo y abril suelen ser los meses más flojos, pero el incremento se ha notado en junio. La gente parecía tener ganas de salir, de hacer cosas y el carné ha sido una de ellas”.

Santamaría calcula que en verano el número de matrículas se ha incrementado en todas las categorías, aunque recuerda que el sector de las autoescuelas es estival, y eso hace que sea relativamente habitual que se den incrementos notables entre los meses de junio y septiembre, donde se concentra lo que podemos considerar la temporada alta de la actividad.

El efecto de la crisis sanitaria

El representante de las autoescuelas cántabras considera que no es fácil vincular el aumento de la demanda del carnet de conducir con circunstancias relacionadas con el covid-19, como el recelo ante el transporte público y la preferencia por el vehículo privado. Si eso ha podido actuar como acicate, señala, la situación económica de cada cual ha podido ser un obstáculo: “Si la gente no trabaja, muchos no tienen recursos para sacarse el carné de conducir y, si no trabajan, tampoco necesitan mucho el carné de conducir para desplazarse. No es fácil saber qué ha tenido más peso, si el interés por sacarse el carnet de conducir debido a las circunstancias del confinamiento, o la falta de recursos para hacerlo debido a la crisis”.

Un vistazo a las estadísticas históricas de emisión de permisos de conducir deja clara la relación que existe entre la demanda de los mismos y la situación económica de cada momento. El año 2008, punto de arranque de la recesión provocada por las hipotecas ‘subprime’, fueron concedidos un total de 806.386 permisos en todo el país, de los cuales Cantabria emitió 9.418. Desde entonces las cifras fueron cayendo progresivamente ejercicio tras ejercicio.

Las cifras de emisión de permisos de conducción en Cantabria tocaron fondo en el año 2017 cayendo más de la mitad, desde el máximo de 2008, y cerrando con solo 3.453 licencias. Desde ahí el dato ha ido recuperándose, hasta acabar 2019 –último año del que se han publicado estadísticas– con 5.470 permisos de conducir concedidos en Cantabria, una cifra que sigue lejos de la registra- da antes de la crisis financiera de hace algo más de una década, y que evidencia el mucho terreno que todavía quedaría por recuerda desde entonces. La crisis del coronavirus pone un interrogante sobre las posibilidades de cerrar seguir cerrando esa brecha. “Si no hay estabilidad económica, la gente no prioriza en sacarse el carné de conducir. Hay quien se ha visto en una situación complicada y no ha podido tener la opción a sacarse el carné de conducir”. 

Desde el sector se confía al menos en que las incertidumbres provocadas por la crisis sanitaria no se unan a las que tienen que ver con la escasez de examinadores. Debido al confinamiento, la DGT paralizó el proceso selectivo para el acceso de nuevos funcionarios al Cuerpo General de la Administración General del Estado, y la promoción interna de los funcionarios que optarán al mismo cuerpo. Actualmente han sido reanudados ambos procesos, que está previsto que finalicen durante el primer semestre de 2021.

Ya sea por salud, compromiso medioambiental o por razones de conciencia, cada vez son más las personas que deciden reducir o suprimir el consumo de productos de origen animal, un fenómeno con implicaciones en todos los sectores de la economía, pero que tiene a la hostelería como punta de lanza. Añadir en las cartas de restaurantes tradicionales opciones vegetarianas y veganas es cada vez más habitual, pero hay quien da un paso más allá y opta por diferenciarse a través de la máxima especialización, abriendo un restaurante vegetariano o vegano. Dirigirse a un público potencial reducido, aunque fiel, siempre es un condicionante en cualquier mercado, más aún en una región pequeña como Cantabria. Pese a ello, hay ya establecimientos con una apreciable trayectoria en el tiempo, y sus promotores están convencidos de que cada vez serán más.

Sara Sánchez Portilla | Octubre 2019

En el año 2017 se publicó la primera edición del informe ‘The Green Revolution’, creado por la consultoría de estrategia, innovación y diseño, Lantern. El estudio analizaba el auge del movimiento ‘veggie’ en España –formado por las personas que limitan su consumo de productos de origen animal– concluyendo que, en lo relativo a la alimentación, un 7,8% de la población seguía dietas flexitarianas, vegetarianas y veganas. Un 6,3% de los españoles mayores de 18 años se declaraba flexitariano, es decir, basan su alimentación en una dieta vegetariana pero de manera ocasional consume algunos productos de origen animal. Por otra parte, un 1,3% era vegetariano y un 0,2% vegano. ¿Qué diferencia hay entre una dieta vegetariana y vegana? Ambas excluyen la ingesta de carne o pescado, sin embargo en la vegetariana podemos encontrar productos de origen animal como la leche y los huevos, mientras que en la vegana se evitan todos los productos que provengan del animal. La nueva edición del informe, correspondiente a este año, refleja un fuerte incremento en el número de personas que siguen alguna de estas dietas, cifrando en un 27% el aumento del colectivo de ‘veggies’, lo que supone que 817.000 españoles más han optado por este estilo de vida en los dos últimos años. Un impulso en gran medida sostenido en la opción vegana, y un incremento de la demanda que, por más que sigamos hablando de una opción claramente minoritaria, tendría su reflejo en todos los sectores de la economía, con los restaurantes como punta de lanza. Cantabria no es ajena al fenómeno, aunque las escasas dimensiones de ese mercado son un condicionante especialmente importante en una región pequeña como la nuestra.

Según se recoge en la web y aplicación ‘Happy cow’, que informa sobre dónde encontrar establecimientos veganos y vegetarianos, en España funcionan un total de 1.800 restaurantes que responden a esa condición, un millar más de los que había hace dos años. Si ya estos establecimientos operan con la limitación que supone su alto grado de especialización –más de un 90% de los clientes potenciales de la restauración quedarían fuera de su público objetivo–, esto se acentúa aún más en el caso de los restaurantes veganos, que requieren una cocina más exclusiva y se dirigen a un segmento aún más pequeño. Aún así, la alimentación vegana en España continúa creciendo, y los restaurantes especializados en recetas veganas se ha duplicado en cinco años, según otro estudio realizado por Lantern y denominado ‘The green power’, pasando de 353 en el año 2011 a llegar a los 703 en 2017.

Paula Hoyal, delrestauran te Vegano Azul, hoy integrado dentro del proyecto Kangaroo Surf House.

‘Vegano azul’ fue uno de los primeros restaurantes de esa condición que se abrió en Cantabria, e integrado ahora en un proyecto más amplio es, junto a ‘La parada de San Martín’, uno de los dos restaurantes veganos que existen en Cantabria. Ambos nacieron en 2016 y han llegado hasta hoy a partir de una oferta basada en materias primas de origen no animal, de cocina casera y, en su mayor parte, ecológica. Paula Hoyal, la que era dueña de lo que empezó siendo ‘Vegano azul’ estudió cocina en Donosti, y ahí es donde empezó a no sentirse cómoda con la cocina tradicional: “En las clases tenía que despiezar patos y pollos, se me revolvía el estomago y siempre intentaba que algún compañero lo hiciese por mí. Cuando empecé a trabajar, esto se intensificó, y llegó un momento en el que no podía estar en una cocina normal, así que tuve que replantearme muchas cosas. Decidí no volver a servir nada que procediera de un animal y ahí nació ‘Vegano Azul’”.

Ahora ‘Vegano azul’ ha pasado a formar parte de un nuevo proyecto,  ‘Kangaroo Surf House’, que combina la cocina vegana con el alojamiento y el surf. Aunque ha dejado de tener su nombre original, su esencia “sigue ahí”, asegura su dueña, ya que todas las recetas de su cocina son veganas. “La idea llevaba tiempo en el aire. Mis hermanos llevan 30 años trabajando en el mundo del surf y a veces charlábamos de que sería un bonito proyecto combinar sus clases de surf con alojamiento y así poder ofrecer una experiencia más completa. Ahora somos Kangaroo Surf House, pero Vegano Azul sigue ahí, de hecho creo que lo hemos mejorado, ya que hemos creado un retiro vegano surfero en el que, además de aprender un bonito deporte en contacto con la naturaleza, garantiza que vas a alimentarte durante toda tu estancia de manera saludable y vegana, y también que vas a aprender a preparar todos los platos que comas. Esto, combinado con sesiones de meditación, facilitan una experiencia muy enriquecedora y nos permiten trabajar a un nivel mas personal y completo”.

Este “retiro vegano surfero”, como lo denomina Paula Hoyal, no encuentra ninguna dificultad a la hora de hacer la compra de los ingredientes, uno de los elementos que puede afectar de forma distinta a un restaurante de este tipo y a otro convencional. La idea de que la cocina vegana es compleja y añade dificultades para proveerse de productos se ha generalizado, admite la fundadora la fundadora de ‘Vegano Azul’, que sin embargo señala que gracias a Internet es todo muy sencillo. “Solo tuve que investigar un poquito y encontré varios proveedores de productos ecológicos por la zona. En los supermercados y tiendas es un poco mas complicado, pero creo que cada vez estos productos tienen mas presencia”.

El tirón de la opción vegana ha hecho que pequeños comercios y grandes superficies hayan adaptado y desarrollado su oferta pensando en este nuevo mercado. Cada vez son más frecuentes los productos elaborados que no contienen ningún ingrediente de origen animal, un incremento de la oferta que permite que los precios se mantengan bajo control aunque, como afirma Paula Hoyal, todo es muy relativo. “Hay muchos factores en juego. Depende de si compras productos ya elaborados o si compras las materias primas y lo cocinas tú. Una cosa requiere más dinero y otra más tiempo. Por norma general no creo que sea más caro comer vegano, de hecho un kilo de carne sale mucho más caro que un kilo de garbanzos, y con éstos puedes hacerte un montón de hamburguesas. Con productos básicos como legumbres, cereales, frutas, verduras y frutos secos puedes hacer infinidad de platos que cubran tus necesidades nutricionales. Y además sabes de donde proviene tu comida”. Por ello Paula Hoyal lo tiene claro, no le importa gastar un poco más de presupuesto mientras el producto sea ‘real’. “El factor salud es lo primero, puedes verlo como una inversión; cuanto mejor coma menos enfermaré, y por lo tanto no me importa gastarme un poquito más en productos sanos y ecológicos”.

El stand de Vegano Azul en la feria Biotierruca, celebrada en Camargo el pasado 28 de septiembre.

Una vez conseguido el producto llega el momento de su elaboración y para ello se necesitan cocineros expertos que sepan desenvolverse ante una cocina un tanto particular. Desde el principio, en ‘Vegano Azul’ y ahora en  ‘Kangaroo Surf House’, han sido Paula Hoyal y otro compañero quines se han ocupado de las labores culinarias,  de manera que encontrar profesionales nunca ha sido un problema. Además, explica, mucha gente envía sus currículums para trabajar con ellos: “Poco a poco más gente se esta especializando en este tipo de comida”.

Con esta idea coincide también la dueña del otro restaurante vegano de la región, Marian Simón, que regenta ‘La Parada de San Martín’, aunque asegura que es difícil encontrar un cocinero vegano, de manera que cuando se topa con alguien que esta estudiando hostelería le anima a especializarse en la cocina vegana: “En un futuro no le va a faltar trabajo, ya que va a haber mucha demanda”.

Ubicado en Santander, en el lugar que le da nombre, ‘La Parada de San Martín’ comenzó “con más pérdidas que ganancias”, según admite su fundadora, pero con el paso del tiempo y el crecimiento de la comunidad vegetariana y vegana las malas predicciones iniciales han ido desaparecido. “Ahora es todo lo contrario, creo que desde que yo entré en la cocina todo cambió de manera muy positiva”, señala Marian Simón, que explica que con ello pudo dar un paso más en la especialización de su establecimiento, que empezó su andadura sirviendo cocina vegetariana, decantándose después por recetas veganas. ”Antes no tenía cocinero especializado en la cocina vegana, pero una vez decidí estar en la cocina hice que todas las recetas fueran veganas. Mi idea de negocio, desde el principio, era un restaurante vegano, pero al no haber cocinero no pude”.

La clave en la selección de productos, al igual que sucede en el caso de Paula Hoyal, pasa por buscar la opción más saludable, en herbolarios o a través de agricultores conocidos, procurando así que los productos sean “lo más ecológicos posibles”. A diferencia del proceso de diversificación que ha emprendido ‘Vegano azul’ con los alojamientos y el surf, por el momento Marian Simón no contempla abrir nuevas líneas de negocio o ampliar sus oferta, pero tiene claro que, de hacerlo, “seguiría siendo vegano, y sin duda, lo más sano posible”, recalca.

Más allá de los condicionantes del pequeño mercado al que atienden, ‘Vegano Azul’ y ‘La Parada de San Martín’ se mantienen en pie, uno integrado en un proyecto más amplio, pero en el que mantiene su protagonismo, y otro subiendo un escalón más en su especialización con el paso de la cocina vegetariana a la vegana. Tanto Paula como Marian vaticinan que esto solo es el principio y que Cantabria albergará de aquí a los próximos diez años un incremento notorio de la hostelería vegana, con profesionales especializados en ella y con una base de clientes capaz de sostener esa oferta.

El componente social, la sensibilidad medioambiental, la conservación del hábitat rural y la repercusión económica tienen en la caza un cruce de caminos no exentos de tensiones y propicio al debate más emocional. Aunque lejos de las cifras de otras comunidades autónomas, en las que este deporte da pie a un mercado que genera miles de puestos de trabajo y sostiene directamente la actividad de decenas de empresas, la caza reivindica su capacidad para crear riqueza, también en Cantabria.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Octubre 2019

Ya sea porque se trata de un asunto propicio al debate más emocional, o porque no es esta una actividad que haya sido objeto de demasiados análisis, no es fácil acercarse a lo cinegético desde la frialdad de las cifras. A lo segundo, a una escasez de datos que es especialmente acusada en lo económico, ha querido poner remedio el informe sobre Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan, una entidad que precisamente buscaba con ello aportar argumentos racionales al mencionado debate, y hacerlo en apoyo de las tesis que defienden que es compatible el aprovechamiento de las especies cinegéticas, la conservación de la naturaleza y el desarrollo de los entornos rurales. De acuerdo a las principales conclusiones del informe, presentado en 2018 y realizado a partir de datos de los dos años anteriores, lo cinegético aporta 6.475 millones de euros al PIB español, y genera el equivalente a 178.286 empleos a jornada completa en actividades que tienen que ver tanto con el acto de la caza como con trabajos que se realizan con anterioridad y posterioridad a ese momento. Pero por encima incluso de los grandes números, el informe dibuja un paisaje heterogéneo, con grandes diferencias regionales y en el que, si nos quedamos con el caso de Cantabria, la balanza entre lo económico y lo social –los dos elementos a los que hace referencia el título del estudio– se inclina claramente a favor de este último.

Porque en lo que tiene que ver con lo cinegético, como en otras actividades susceptibles de ser objeto de una cuantificación económica, Cantabria tiene más de origen que de destino. Como en otras regiones, la de caza se sitúa como una de las federaciones deportivas con más miembros, con un número de practicantes que incluso supera ligeramente lo que correspondería –por tamaño y población– si nos ajustásemos a las estrictas reglas de la proporcionalidad. En cambio, y a diferencia de lo que sucede en otras zonas de España, una parte nada desdeñable del movimiento económico que se produce en torno a este deporte –y casi todo el que tiene una relación más directa con el momento del lance– se realiza fuera de la región: aquí se caza, sí, pero no es habitual que por hacerlo se paguen cantidades que permitan ser rentables a empresas que generen empleo y riqueza en el lugar donde se cobran las piezas.  Esta característica, directamente vinculada con el carácter social que esta actividad tiene en la región, está lejos de significar, en cambio, que Cantabria permanezca al margen de los impactos económicos que generan los cazadores y la caza, un deporte que exige a quienes lo practican un gasto notable que además –y este sería uno de sus principales elementos distintivos en terminos de creación de riqueza– incide de forma transversal en sectores muy diferentes.

Ignacio Valle, presidente de la Federación Cántabra de Caza y, desde el pasado mes de Abril, también de la española.

Los cazadores cántabros, que estas semanas pasadas salían al campo coincidiendo con el inicio de la temporada, se encontrarán este año con mínimas novedades en lo legislativo, y con perspectivas tampoco muy diferentes a los años anteriores en cuanto a lo que tiene que ver con las especies que podrán cobrarse. El lobo es el gran protagonista en lo relación con ambas cuestiones, al ser esta la primera temporada en la que se autorizará abatir a un número determinado de ejemplares, en una decisión que ha alimentado la controversia entre cazadores y administración regional –por un lado– y el movimiento conservacionista, por el otro. La presencia del jabalí en zonas costeras, un fenómeno cada vez más habitual, es el otro elemento que puede considerarse novedoso respecto a campañas anteriores, por cuanto permitirá organizar cacerías de esta especie en cotos donde no era habitual hacerlo. Pero ni lo uno ni lo otro, ni las limitadas cacerías de lobo ni las que puedan hacerse de cerdos salvajes, son factores con una gran incidencia en términos económicos, un aspecto en el que la campaña actual no aportará grandes diferencias respecto a las pasadas.

Cantabria contaba en 2018 –último año del que ha publicado datos el Consejo Superior de Deportes– con 5.972 licencias expedidas por la Federación Cántabra de Caza, lo que convertía a esta en la tercera con mayor número de federados –tras fútbol y golf– en la comunidad autónoma. Si hiciésemos una regla de tres con el dato del gasto que calcula el informe de Deloitte –más de 5.000 euros por cazador y año– el movimiento económico que se generaría directamente en la región se situaría en el entorno de los 30 millones de euros, una cifra que nadie da por buena –por demasiado elevada– entre quienes conocen las peculiaridades que lo cinegético tiene en Cantabria, y ello por mucho que se tenga en cuenta que a lo que desembolsan los cazadores locales hay que sumar las cantidades de quienes vienen a practicar su afición desde otras comunidades autónomas. Aunque hay cálculos para todos los gustos, una cantidad en la que la mayor parte de los consultados se muestran de acuerdo situaría esa media de gasto en el entorno de los 1.000 euros por cazador año, lo que sumaría unos 6 millones de euros por año, una cantidad notable, pero muy alejada de la calculada por el estudio patrocinado por la Fundación Artemisan.

Caza social

El principal elemento diferenciador de la caza en Cantabria, cuanto menos en lo relacionado más directamente con la repercusión económica de este deporte, tiene que ver con la propiedad de los cotos: apenas el 15% son de titularidad privada, en tanto que el resto lo son de sociedades de cazadores que lo destinan a un uso social y deportivo. La distribución en el conjunto de España es casi exactamente la contraria, según recoge el estudio realizado por Deloitte, que calcula que el 82,6% de los cotos españoles son privados. Esto significa que son gestionados por particulares o empresas, con el objetivo de obtener un rendimiento económico. A efectos prácticos, la diferencia entre una y otra fórmula tiene un reflejo claro en otras cifras, que explican por sí mismas el abismo entre el cálculo del gasto medio que realiza el informe, y el mucho menor que realizan los cazadores cántabros: un permiso para una cacería de jabalí puede costar en torno a 600 euros en Cantabria, apenas la mitad, o una tercera parte, de lo que se abona en Castilla y León. En comunidades autónomas donde la gestión de los cotos es estrictamente empresarial, como Castilla La Mancha o Extremadura, los permisos de caza mayor puede cotizarse fácilmente por encima de los 6.000 euros por cazador.

Ignacio Valle, que desde el pasado mes de abril compatibiliza su condición de presidente de la Federación Cántabra de Caza con idéntico cargo en la española, está por ello en una inmejorable posición para valorar las particularidades que la actividad cinegética tiene en Cantabria, y su conclusión es clara: “Para la conservación de la caza, para el hábitat, para la vida en los pueblos, es mejor la caza social. A mí me encanta el carácter que tiene la caza en nuestra región”. La capacidad para sacar partido a recursos muy escasos, la fuerte vinculación con el territorio o los lazos sociales que se establecen en el seno de las cuadrillas –muchas veces con un fuerte componente intergeneracional– son algunos de los aspectos que menciona Ignacio Valle a la hora de destacar los valores que la actividad cinegética aporta en Cantabria: “Cuando vas a una montería en el sur, a fincas que están perfectamente preparadas para ello, todo es más frío. No hay nada malo en ello, y es cierto que se crean puestos de trabajo y hay más movimiento económico, pero el componente social también crea riqueza, aunque sea de forma diferente”.

Que Cantabria permanezca relativamente al margen de los movimientos económicos que se generan directamente en los cotos –Valle matiza que en la Reserva del Saja sí llegan a pagarse cantidades apreciables en determinadas monterías– no significa que la caza sea un deporte con un impacto menor en términos de generación de riqueza. El informe elaborado por Deloitte detalla los gastos medios que realiza un cazador en productos y servicios relacionados con su actividad, y buena parte de ellos son perfectamente extrapolables a Cantabria. Es el caso, por ejemplo, de los 225 euros anuales que se destinan a ropa y complementos, los 580 euros destinados a los perros, los 50 euros en seguros, o los 150 euros en licencias y trámites administrativos. A ello habría que sumar el gasto en equipos electrónicos y de comunicaciones, unos componentes que tienen cada vez mayor importancia, armas y munición –más difíciles de calcular en términos anuales, pero que se lleva buena parte del presupuesto que los cazadores destinan a su afición– y un amplio abanico de partidas en las que la caza tiene una repercusión indirecta, como vehículos y combustible. Todo lo anterior configura un mercado de amplio espectro que sostiene la actividad de negocios de todos los sectores.

Un estudio de Pryce Waterhouse Coopers calcula las diferencias retributivas entre trabajadores y trabajadoras teniendo en cuenta las circunstancias socioeconómicas y laborales, lo que da como resultado un estrechamiento en las dimensiones de la brecha que separa las nóminas de unas y otros y sitúa a España en una situación mejor que la media de la UE. Pese a ese ajuste, sigue habiendo una distancia superior al 12% entre los que cobran hombres y mujeres por el mismo trabajo.

Cristina Bartolomé |  @criskyraFebrero 2020

Val Díez preside la Comisión de Igualdad y Diversidad de la CEOE España desde 2017. En su paso por Cantabria el pasado 16 de enero, con motivo de una jornada organizada por la patronal cántabra en su sede de Santander,  dejó patente la voluntad de la asociación empresarial de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas, no desde un posicionamiento activista, aclaró, pero sí desde la convicción de que esa equiparación hace a las empresas mejores. Uno de los obstáculos que allanar en ese camino a la igualdad es la llamada brecha salarial, que ha sido también el principal objeto de estudio en un informe encargado a Price Waterhouse Coopers y cuyas principales conclusiones desgranó Val Díaz en su intervención ante los empresarios convocados en la sede de CEOE-Cepyme de Cantabria.  La más llamativa hace referencia a la propia medición de las dimensiones de esa grieta que separa lo que perciben hombres y mujeres por un mismo trabajo, con un dato destacado: se cifra en un 12%, un porcentaje significativamente menor que el 23% que se viene manejando en el espacio público y que es hasta ahora la referencia más utilizada. ¿Cuáles son las razones para esta diferencia?

El estudio ‘Análisis de la brecha salarial de género en España’ incluye una serie de variables que amplían el campo de análisis, lo que lleva a Val Díez a asegurar por ello que es el estudio más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre esta materia. Y puso como ejemplo el de un camarero que gane 100 mientras una camarera gana 80 por un mismo trabajo: “Dicho así la diferencia asusta” admite, pero si se amplía el foco y se analizan otros factores y datos, la brecha se estrecha: “Muchas veces observamos que no hay discriminación por sexo, sino que las diferencias de salario se dan por la diferencia de ocupación y por otras circunstancias”, aclaró.

La explicación es que la brecha salarial se puede evaluar aplicando varios métodos. La brecha salarial total resulta de la diferencia porcentual entre el salario bruto total obtenido por hombres y mujeres. Ahí es donde aparece ese 23% que se menciona reiteradamente cuando se habla de las dimensiones de este problema en España. La brecha salarial por hora se obtiene de la diferencia porcentual entre el salario bruto total percibido por cada hora trabajada por hombres y mujeres. Asciende al 14%. El cálculo de estos indicadores se basa en un análisis comparado de medias de los datos salariales de hombres y mujeres publicados por el INE y otros organismos oficiales (OCDE o Eurostat).

Brecha salarial ajustada

Val Díez, presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de CEOE-España, durante su estancia en Santander para participar en la jornada organizada por CEOE-Cepyme de Cantabria.

Pero también se puede tener en cuenta la brecha salarial ajustada, que es la diferencia porcentual entre el salario/hora de hombres y mujeres aislando el efecto de las diferencias socioeconómicas y laborales entre ambos. El estudio respaldado por CEOE-Cepyme utiliza esta opción, aplicando un modelo econométrico que incluye todos los factores que influyen o pueden influir en un salario: número de horas trabajadas, tipo de contrato, tipo de jornada, actividad, tamaño de la empresa, responsabilidad, edad, educación o antigüedad. Y de ese análisis sale el 12% de brecha salarial en España.

Siguiendo los datos de este estudio, Val Díez asegura que las diferencias de salario base son menos y es en el sistema de compensaciones (extras, pluses…) donde se amplía la diferencia. Si una empresa beneficia a sus trabajadores más veteranos con pluses de antigüedad, un hombre con cuarenta años en plantilla ganará más en comparación a una trabajadora recién contratada. Ahí habría una brecha pero “no tiene sentido que venga una inspección de trabajo y lo elimine”, apunta la presidenta la Comisión de Igualdad de CEOE España.

Hay por otra parte sectores muy masculinizados y que cuentan con pluses de seguridad como las fuerzas armadas, la construcción… “Lo importante es que el salario base sea igual para un hombre que para una mujer –explica Val Díez– porque hay casos en los que el salario desigual no es por el género sino por la ocupación”. En el sector de la limpieza, menciona Val Díez como ejemplo, es habitual que los trabajos que pueden beneficiarse de un plus de peligrosidad, como la limpieza de ventanas en el exterior de edificios, sean asumidos por hombres, lo que explicaría que a una misma categoría laboral correspondieran retribuciones distintas. Son circunstancias que estrechan las dimensiones de la brecha pero que, admite Díez, no la explican por completo: “Aun así existe en el mercado laboral ese 12,2% de brecha que aún no logro entender”.

Val Díez defiende que España es un país moderno y muy avanzado: “Estamos regulados, tenemos regulado el trabajo y la igualdad y si hay una discriminación se puede acudir a la justicia”. Hay un marco jurídico, hay una igualdad teórica, pero matiza que “el reto es que sea trasladada a la igualdad práctica” que empieza en asegurar la igualdad de oportunidades, “que nadie se sienta limitado por ser hombre o mujer”.

Asegura que en este campo hay un amplio consenso político y social y ahora además existe el Ministerio de Igualdad, a cuyo frente se encuentra Irene Montero, a quien además de felicitar por su nuevo cargo le ha pedido ya algo que considera muy importante: la actualización de los datos. Según la presidenta de la Comisión de Igualdad de la CEOE, la información disponible –la que se ha utilizado, por ejemplo, para realizar el estudio de Price Waterhouse Coopers– son de 2014, algo que considera inaceptable, sobre todo porque la Administración cuenta con toda la información acerca de la retribución de trabajadores y trabajadoras, a partir de los datos que remiten las empresas en las nóminas. La presidenta de la Comisión de Igualdad de CEOE España reclama que se liberen esos datos. “Tal vez haya habido alguna razón operativa o tecnológica para no haberlo hecho. Hay información que sirve para movilizar y provocar reacciones, pero no son verdad y criminalizan. Queda mucho por estudiar y conocer, necesitamos monitorizar mejor lo que pasa en los temas salariales porque si no se puede generar frustración”. Val Díez cree que el posicionamiento a favor de la igualdad tuvo un momento de inflexión el 8 de marzo de 2018, cuando miles de personas salieron a la calle concitando un nivel de adhesión que no logra ninguna otra reivindicación, partido político o sindicato: “Esto ha venido aquí para quedarse, yo nunca he estado en el activismo, pero es cierto que moviliza y hay que respetarlo, tiene un largo histórico y tiene que ir evolucionando”.

Cálculo de la diferencia salarial por hora, ajustada a las condiciones laborales y según datos de Eurostar. Estos no incluyen las diferencias generadas en el sector público, y de ahí la diferencia entre el dato de bre- cha salarial así calculado (14,9%), y el que recoge el estudio de PwC con datos del INE (12,2%).

Aplicarlo al mundo empresarial tiene una serie de puntos clave, además de la equiparación salarial. Entre ellos menciona que la corresponsabilidad debe formar parte de la cultura de la empresa y apunta al papel de los departamentos de recursos humanos, que deben estar vigilantes contra la violencia de género: “Las empresas tienen que ser conscientes y sensibles, no pueden pensar ‘no es mi problema’ si una empleada llega con un ojo morado, y el director de recursos humanos puede parar los pies a quien haga determinados comentarios en el ambiente de trabajo”. Entre los retos está también que una reducción de jornada sea pedida con la misma naturalidad para un hombre que para una mujer, y cuidar el desarrollo laboral de los trabajadores para que se produzca de la mejor manera posible para ambos, pare ello aboga por un diálogo con los sindicatos y las patronales territoriales y sectoriales.

Y la conciliación sigue bajo el foco: “Hay mucho que trabajar aún para que una mujer acepte un cargo internacional estando tranquila porque sus hijos o los mayores de su familia están atendidos”. Val Díez enumera la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito familiar, el cuidado de las personas mayores, la necesidad de las ayudas a la dependencia y la educación de 0 a 3 años –en la que “las administraciones tienen que colaborar con los padres”, dice–, como medidas correctoras para eliminar la brecha salarial. A ello se suma otra de las que siguen figurando en la lista de asignaturas pendientes: incentivar la participación de la mujer en los órganos de decisión de las empresas e instituciones.

La entrada en funcionamiento del remodelado Edificio Rada, que ya acogía a un vivero de empresas y era sede de la Agencia de Desarrollo Local, planteó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana el reto de buscar nuevos usos para unas instalaciones con capacidad para acoger proyectos en los ámbitos más diversos. La vecindad con el PCTCAN y la relación previa con Bezana Tech, una asociación dedicada a la divulgación tecnológica, llevaron a dar forma a una escuela de robótica que nació con dos objetivos: formar a personas de todas las edades y generar interés por una actividad con muchas salidas laborales. Adultos y niños han sido los colectivos que más interés han mostrado por las actividades programadas durante los primeros meses de funcionamiento de la escuela, que se plantea ahora el reto de atraer al grupo que en mayor medida podría beneficiarse de su actividad: los alumnos de secundaria y FP.

J. Carlos Arrondo | Febrero 2020

El Informe de Empleos Emergentes 2020, recientemente publicado por la red social Linkedin, destaca los quince perfiles profesionales –la mayor parte del entorno digital y alta especialización técnica y científica– que han irrumpido con más fuerza en el mercado laboral español en los últimos cinco años. En el cuarto lugar se sitúa la ingeniería robótica, muy demandada en sectores altamente industrializados, orientados a la innovación y muy competitivos. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, tanto por su vecindad al Parque Científico y  Tecnológico de Cantabria, como por su propio enfoque del desarrollo económico a largo plazo, trata de atraer este tipo de empresas al municipio, algo que no es una tarea sencilla y que en muchas ocasiones excede las limitaciones de una administración local. Donde sí dispone de mayor margen de actuación es en la base, en la creación de un caldo de cultivo, y es ahí donde se enmarca la puesta en marcha de su Escuela Municipal de Robótica, una iniciativa novedosa que, a partir de actividades lúdicas orientadas a la tecnología, ofrece oportunidades formativas para todos los públicos.

Luis del Piñal, concejal de Desarrollo Local de Santa Cruz de Bezana.

A principios del verano de 2019, la nueva corporación de Santa Cruz de Bezana estaba a punto  de recibir la obra de rehabilitación del Edificio Rada, una de las más destacadas de la anterior legislatura, y se enfrentaba al reto de añadir en las remozadas instalaciones nuevos contenidos a otros ya existentes. “Tuvimos la idea de crear allí algo que pudiera ser una referencia en robótica y tecnología en el resto de la Cantabria y que, además,  fuera un espacio para personas de todas las edades, un enlace entre niños y adultos”, recuerda Luis del Piñal, segundo teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Local. El Ayuntamiento ya había colaborado con Bezana Tech –una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es la divulgación tecnológica– en la organización de eventos como la Geek Week –semana de la tecnología– o competiciones de drones, y con su ayuda y la de otras instituciones, como la Universidad de Cantabria, decidió lanzar en octubre la primera oferta formativa de la Escuela Municipal de Robótica.

Durante sus primeros meses del curso 2019/20 han pasado por la Escuela en torno a un centenar de personas de diversas edades. “Lanzamos cursos que han funcionado y están funcionando muy bien, como puede ser el ‘Proyecto InMoov’, las clases de robótica infantil o el taller de Lego Boost, enfocado a los niños de menos edad”, destaca Luis del Piñal, que reconoce cómo la premura de la puesta en funcionamiento  ha podido influir en una escasa acogida en otros, como el curso de drones o el de diseño de videojuegos, que no pudieron salir adelante. Según el concejal de Desarrollo Local la respuesta entre niños de entre ocho y diez años, aproximadamente, y entre adultos ha sido buena, pero constata que no ha sido la esperada entre los adolescentes: “Este es el primer año y lo importante es saber qué se puede mejorar. Vamos a hacer un esfuerzo para atraer más alumnos de instituto o de formación profesional porque creemos que puede ser el público a quien mejor le vengan estas actividades”.

La principal idea que inspira esta iniciativa es fomentar el interés por la robótica entre personas que no están familiarizadas con la tecnología y, una vez sembrada esa semilla, tratar de que puedan abrir una vía hacia salidas formativas o profesionales que quizás antes desconocían. Para el edil de Bezana es comprensible que jóvenes que nunca han tenido esa inquietud de pronto dediquen su tiempo libre a asistir a estos cursos: “Lo que intentamos es que se acerquen a través de actividades lúdicas, en las que se lo puedan pasar muy bien, en las que en realidad aprendan mucho. Sin ser conscientes de ello, es algo que puede marcar una diferencia de aquí a cinco o diez años en su futuro profesional”. Y subraya, además, la importancia de ofrecer a los jóvenes la posibilidad de entrar en contacto con este tipo de conocimientos desde edades tempranas: “Cuanto antes se les enseñe, mejor. Si vemos como lo más normal que un niño aprenda inglés, no se entiende que sea extraño que un niño aprenda  programación”.

Alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Robótica de Santa Cruz de Bezana, participantes en el proyecto INMOOV.

Los cursos también pueden ser efectivos a más corto plazo, sobre todo para los adultos, a quienes  se les pueden presentar algunas oportunidades  gracias a los conocimientos adquiridos. “Nuestro objetivo es dar una formación profesional continua centrada en la robótica, pero es cierto que la oferta que hemos lanzado puede abrir salidas laborales de forma inmediata. Por eso puede ser muy interesante como formación complementaria”, señala Luis del Piñal. Las profesiones relacionadas con los drones, los videojuegos o la programación ya son una realidad en el mercado de trabajo y para cubrir su oferta cada vez son necesarias más personas cualificadas. En Cantabria no hay muchas oportunidades de aprendizaje en este campo, por lo que la oferta educativa de la Escuela de Robótica cobra mayor importancia. Un proyecto que ha suscitado el interés de algunas empresas tecnológicas del municipio: “Les ha gustado. Lo siguen bastante de cerca porque son conscientes de que quienes hoy están formándose allí pueden llegar a ser los profesionales que mañana trabajen en ellas”, apunta el responsable del área de Desarrollo Local de Bezana.

La mayor parte, prácticamente todos, de los cursos y talleres que se imparten no requieren conocimientos previos de sus alumnos. No obstante, se ha programado una experiencia –denominada ‘Club Maker’– pensada para personas con un nivel más alto, que ya poseen ciertas competencias en alguna materia relacionada con la robótica. Se les ofrece un espacio y los materiales necesarios para que de forma autónoma desarrollen ideas y se apoyen entre ellos. “Lo que intentamos es crear en el municipio una base de personas interesadas en estos temas y que interactúen”, indica Luis del Piñal. Confía en que de ahí salga algún proyecto interesante y considera que en tal caso podría tener continuidad en el Vivero de Empresas que, por las características de sus instalaciones, está enfocado a las empresas tecnológicas: “Nuestro objetivo es que así sea, pero llevamos aún poco tiempo. Se trata de crear sinergias entre el bien común y la generación de empleo y de riqueza, entre el municipio y las empresas”.

La Escuela de Robótica partió de una idea muy novedosa en Cantabria. Antes de comenzar a desarrollarla, sus promotores observaron que no había nada similar en toda la Comunidad Autónoma, lo cual les resultaba sorprendente: “Entendíamos que de la misma forma que nosotros estábamos viendo las posibilidades que podía tener este proyecto, otras personas lo podían haber visto antes. Sí que es cierto que ahora el Gobierno de Cantabria está preparando cursos muy parecidos a los que estamos ofreciendo nosotros, incluso vamos a colaborar para que puedan desarrollarlos”, explica el segundo teniente de alcalde de Santa Cruz de Bezana. Como toda novedad, sus primeros pasos están acompañados de los problemas inherentes al comienzo de cualquier proyecto,  y así lo asume su máximo responsable: “Los primeros meses, incluso los primeros años, son los más difíciles, hasta que la gente lo conoce, hasta que haya un público ‘fijo’. Eso es lo que esperamos hacer en 2020: saber cuáles son nuestras posibilidades, adaptarnos a las circunstancias y consolidarnos”.

Desde el Ayuntamiento se tiene la sensación de que hay mucho margen para seguir trabajando en una iniciativa que podría explotarse más. “Ahora estamos dando cursos de unos diez alumnos, pero podrían ser más. Podríamos dar más cursos, enfocarlos  a más edades, sobre todo a las que nos está costando más llegar, para que haya jóvenes que puedan llegar a la universidad o a la formación profesional y especializarse en estas materias”, sugiere Luis del Piñal, quien entiende que el proyecto debería trascender más allá de los límites de Santa Cruz de Bezana: “Lo hemos empezado nosotros, pero podrían colaborar otras instituciones y podría sumarse quien quisiera. Porque el objetivo no es tener una escuela municipal única y exclusivamente para la gente de nuestro pueblo, sino que va más allá y se podría aprovechar para gente de otros municipios”.

Proyecto INMOOV

Dirigidos y coordinados por Vicente Centeno y Jaime Herrero, presidente y secretario de la asociación Bezana Tech, media docena de alumnos de la Escuela de Robótica de Santa Cruz de Bezana  iniciaron el pasado octubre el denominado ‘Proyecto InMoov’. El objetivo es construir un modelo del robot humanoide, articulado y programable, creado en 2011 por el escultor francés Gaël Langevin. “Es de código abierto. Cualquier persona puede fabricar en una impresora 3D cada una de las más de cuatrocientas piezas que lo componen, montarlo y programarlo”, describe Vicente Centeno. En su opinión, el desafío es doble: “Es un reto hacer que un grupo de alumnos de diferentes edades y prácticamente sin conocimientos previos termine aprendiendo robótica, impresión 3D, programación. Y, al final, el reto es hacer un equipo funcional, terminar el propio Proyecto InMoov”. Debido a lo laborioso del proceso y a que la impresión de cada componente puede durar horas, la tercera dificultad es desarrollarlo en nueve meses cuando a nivel casero llevaría alrededor de dos años completarlo.

Para lograr alcanzar la meta en junio, el proyecto ha sido dividido en tres módulos. Entre octubre y diciembre se han impartido a los alumnos  los conocimientos necesarios en el entorno ‘Arduino’ para  la programación del robot. Durante estos meses, Vicente Centeno y Jaime Herrero han ido adelantando trabajo con la impresión de  una parte de las piezas. El resto de la estructura la fabricarán los alumnos a medida que vayan avanzando en el segundo módulo, entre enero y finales de marzo, dedicado a la impresión 3D. En la última fase se irán montando las diferentes partes y se irán ensamblando. “Pensamos presentarle en la ‘Geek Week’, la semana tecnológica de Bezana, en julio. Intentaremos que pueda interactuar con las personas o mostrar algunas habilidades”, anticipa Vicente Centeno, para quien la construcción del robot, aunque tenga una vertiente recreativa, ofrece más a los participantes: “Se llevan los conocimientos que han adquirido. Eso puede ser una semilla para seguir ampliándolos  o para encontrar una oportunidad laboral porque la robótica ya no es el futuro, es el presente”.

En España hay casi tres veces más hombres que mujeres trabajando en empleos de contenido digital, una distancia que aunque en menor medida también se da en el resto de Europa y que ha llevado a la UE a poner en marcha el proyecto ‘Fémina’, en el que participa Cantabria, para identificar las razones de este desequilibrio y buscar soluciones. En un sector en el que el 40% de las empresas declaran tener dificultades para encontrar trabajadores con un perfil adecuado, fomentar el acceso femenino a estos empleos podría aportar hasta 9 billones de euros al PIB, según los cálculos de la Comisión Europea. A diferencia de lo que sucede en otras actividades, el principal obstáculo para esa mayor presencia femenina no parece residir en el mercado laboral, sino en el escaso interés de las mujeres por cursar estudios relacionados con la tecnología. Algunas iniciativas intentan ponerle remedio.

J. Carlos Arrondo | Marzo 2019

La mujer accede al empleo en el sector digital menos que el hombre. Así lo constata el informe ‘Women in Digital Age’, publicado en 2018 por la Comisión Europea, que además calcula en 9 billones de euros el incremento anual que podría experimentar el PIB de la Unión si la presencia de ambos géneros fuera la misma. Este desequilibrio resulta especialmente llamativo en un mercado laboral en el que un 40% de las empresas tecnológicas europeas no encuentran trabajadores con un perfil adecuado y que medio millón de los puestos ofertados el próximo año se quedarán sin cubrir. El proyecto ‘Fémina’ –incluido en las iniciativas para la mejora de la competitividad de las pymes dentro de las políticas de cohesión de la Unión Europea– trata de averiguar las causas que originan esta brecha de género, con el objetivo de diseñar y desarrollar herramientas públicas que fomenten la participación femenina en las empresas de alto contenido tecnológico. Cantabria es la única comunidad autónoma española presente en el programa, en el que participan instituciones y organismos de otros seis países.

La Dirección General de Igualdad y de la Mujer del Gobierno de Cantabria y Sodercan lideran a nivel regional ‘Fémina’, un proyecto cuyo desarrollo consta de dos fases: una primera de análisis y diseño de un plan de acción y una segunda de implementación de las políticas que contribuyan a reducir el desequilibrio de género en las compañías tecnológicas. En la etapa inicial, que comenzó el pasado verano y se extenderá tres años, se han formado tres grupos de trabajo con una serie de expertos en aspectos como el empleo o la igualdad de género, así como empresas y profesionales del sector. ‘Mujer y Talento’ –asociación formada por un grupo de empresas familiares y ejecutivas cántabras– participa en el grupo encargado de examinar las barreras de acceso al empleo y progresión de carrera en pymes de alta tecnología. Entre sus actividades, destinadas al impulso de la igualdad a partir de la promoción del talento femenino, destaca un proyecto educativo cuya finalidad es el fomento de vocaciones en el ámbito STEM –acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas– entre niñas de 13 y 14 años.

Según el estudio ‘Mujeres en la economía digital 2018’, publicado por la Asociación Española para la Digitalización, hay 2,6 veces más hombres que mujeres en empleos de contenido ‘digital’, un dato aún más significativo si se tiene en cuenta que este tipo de ocupaciones tiene menor peso en el mercado laboral español que en la media de Unión Europea. “Los empresarios del entorno tecnológico en Cantabria son proactivos en la contratación de mujeres. Consideran las cualidades y competencias que tenemos, la capacidad de gestión en situaciones de crisis o la flexibilidad, además de que la diversidad es enriquecedora, pero hay pocas mujeres formadas en el área STEM”, señala Teresa Iglesias, participante en el proyecto ‘Fémina’ en representación de ‘Mujer y Talento’. A diferencia de lo que puede ocurrir en otros, el principal obstáculo para una mayor presencia femenina en el sector tecnológico no parece residir en el mercado laboral, sino en su escaso acceso a los estudios relacionados con este ámbito.

La Asociación Española para la Digitalización indica en su informe que en 2017 el 2,6% de las mujeres españolas tenía estudios tecnológicos superiores. La brecha respecto a los hombres –el 15,2%– es de 12,6 puntos porcentuales. Si se toman únicamente las personas que tienen titulación universitaria –prácticamente seis de cada diez egresados son mujeres– la diferencia es aún mayor: hay cinco veces más hombres que mujeres –el 34,7% frente al 7%– con formación tecnológica. El documento desvela que, en general, sin distinción de género, está reduciéndose la cantidad de personas que eligen este tipo de carreras, si bien la caída es especialmente pronunciada entre las mujeres. Y también hace referencia a la poca relevancia que tienen en España los estudios en el ámbito tecnológico entre los graduados superiores en formación profesional, que en el caso femenino apenas alcanza el 8%.

Teresa Iglesias considera que hay un problema cultural y lo ilustra con la publicidad de productos tecnológicos con la que crecieron muchos de quienes hoy dirigen esas empresas: “En esos anuncios hay niños con videojuegos o padres trabajando con un ordenador, pero no hay chicas, no hay mujeres”. Durante muchos años se ha creado un estereotipo, que no sólo ha significado una compartimentación de lo que es propiamente masculino o femenino, sino que también ha contribuido a que, en muchas ocasiones, las mujeres se autolimiten y ni siquiera intenten derribar esa barrera. En su opinión, la existencia de referentes femeninos es crucial para producir el cambio: “En el ámbito STEM hace falta modelos a seguir y acercar este tipo de formación a las niñas, para que la conozcan y sepan que la ingeniería no es una función de hombres ni los trabajos del hogar de mujeres”.

El perfil en habilidades digitales avanzadas en los jóvenes españoles entre 16 y 24 años mejora en promedio al de los europeos –el 63% frente al 57%, según Eurostat– y la diferencia de género en ese tramo de edad es casi inapreciable. La representante de ‘Mujer y Talento’ valora el avance de las últimas generaciones y sugiere la necesidad de guiar esas competencias hacia el sector tecnológico: “Hay que sembrar desde la educación. Hace falta acercarlo a los colegios, a los institutos, a los centros de formación profesional, no solamente a las universidades. Trabajar en la base porque es un caldo de cultivo para el futuro”. El programa ‘STEM Talent Girl, una de las principales actividades de la asociación, está actuando con un grupo de alumnas de bachillerato a las que mentorizan mujeres con carreras de éxito en este ámbito. “Lo que se está haciendo es dar visibilidad a esas profesionales que han roto barreras y estereotipos, enseñar a estas niñas casos en los que se vean reflejadas y que las motiven”. Sin embargo, es difícil encontrar muchas referencias en un entorno en que la presencia femenina no abunda.

Cabe preguntarse si estas mujeres que han quebrado el estereotipo y han accedido a empleos en empresas tecnológicas se han visto obligadas a superar en sus condiciones laborales la misma discriminación como las que trabajan en otros ámbitos. Las mujeres cobran en España una media del 13% menos que los hombres, pero no ocurre lo mismo en el entorno STEM. “Por la necesidad que las empresas tienen de perfiles en esa área, independientemente de que sean mujeres u hombres, no existe la brecha salarial que hay en otros sectores”, destaca Teresa Iglesias. Respecto a las diferencias con otros sectores, en el tecnológico las mujeres ganan un 3,1% más, para puestos de características análogas. En general, son actividades más cualificadas y mejor remuneradas que el resto en conjunto, por lo que salario medio de una mujer que desarrolle este tipo de trabajo es alrededor de un 22% mayor al de otras profesiones.

Los obstáculos que dificultan la permanencia o la promoción de la mujer en la empresa, como la escasa corresponsabilidad en las labores del hogar y en el cuidado de la familia o en el llamado ‘techo de cristal’, son transversales a cualquier actividad, sea esta tecnológica o no. “Las mujeres que ocupamos puestos que exigen un esfuerzo extra de tiempo hemos conciliado la vida familiar como hemos podido y siempre restándonos tiempo a nosotras”, apunta Teresa Iglesias. Advierte que los trabajos en el entorno digital, por ser organizaciones más flexibles y dispuestas a adoptar medidas que faciliten la captación de talento, tienen mucho margen para revertir la situación: “Es un sector dinámico y creativo en el que las empresas están abiertas a los cambios, como la posibilidad de trabajar desde casa y otras condiciones que permitan la conciliación. Se abre un abanico de opciones que no hay en otro tipo de empresas”. A pesar de hay mucho por hacer, reconoce que se están eliminando estereotipos y que las jóvenes generaciones actuales podrán acceder al trabajo que les guste: “Lo que hay que hacer es que les guste, que tengan inquietudes”.

Las participantes en la celebrada el pasado diciembre, con Diana Caminero como protagonista.

‘Mujer y Talento’ se dedica a fomentar el conocimiento y la inquietud en torno al sector STEM, pero tiene un alcance limitado. “Solamente hay 30 niñas mentorizadas de las 200 que se inscribieron. Hay que hacer que participen más niñas, que las charlas lleguen a todos los institutos”, explica Teresa Iglesias. Para acabar con el estereotipo ve imprescindible acercar también a los niños: “Que vean que hay mujeres en ingeniería o en otras profesiones STEM. Que participen los profesores, acercar a los empresarios y generar una comunidad en la que todos tiremos en la misma dirección”. Sin embargo, los recursos de los que dispone la asociación son limitados –se financia con las cuotas de las empresas, fundamentalmente pymes familiares, que forman parte de ella– y no tiene la capacidad para extender su labor educativa en la base tanto como sería necesario. “Hace falta apoyo institucional. No se trata tanto de fondos económicos, sino un soporte para poder llegar a todos los centros educativos y, sobre todo, para darle visibilidad al proyecto”, reivindica su representante.

Los grupos de trabajo formados en Cantabria para la primera etapa del proyecto ‘Fémina’ se reunieron el pasado enero. Los participantes identificaron las barreras que dificultan la presencia de la mujer en las pymes de tipo tecnológico y ofrecieron sus opiniones respecto a las medidas que deberían llevarse a cabo. La representación cántabra, junto a los demás participantes en el programa, acude este mes de marzo a un encuentro en Grecia en el que se pondrán en común las conclusiones a las que se ha llegado hasta ahora. En la reunión, la Dirección General de Igualdad y Mujer informó a la asociación ‘Mujer y Talento’ del interés que había despertado su labor y su disposición a presentarla como un ejemplo a seguir ante el resto de socios europeos. Teresa Iglesias es consciente de la repercusión que esto puede tener para iniciativas futuras: “El proyecto Fémina nos va a dar más visibilidad. Si se refleja en que somos un referente para el resto de miembros, eso trascenderá al tejido empresarial cántabro, para que haya más empresas que participen, y para tener más soporte y apoyo de la Administración”.

Han sido objeto de un equívoco por el que el presidente de Cantabria tuvo que disculparse, pero también han protagonizado una notable recuperación después de sufrir tanto como el que más las consecuencias de la crisis . La venta de flores llegó a caer más del 50% y la mitad de las floristerías cántabras se vio abocada al cierre. Sin embargo, los negocios florísticos que lograron salir adelante se han consolidado, han salido adaptarse a Internet y las redes sociales y han adecuado su producto al comercio global. En Cantabria operan actualmente 70 floristerías, que dan empleo a 350 personas y venden por valor de cerca de 14 millones de euros al año, una cifra que supera claramente la media española de consumo de flores y plantas.

Sara Sánchez Portilla | Julio 2019

Las flores son un producto que esta presente en el día a día, bien pueden ser un adorno para embellecer las calles o adquirir otro significado ligado a las emociones y al momento. Sea como sea forman parte de nuestra tradición y vida, estando presentes tanto en cualquier lugar como en los momentos más importantes de esta última. Los detalles florales tienen la característica de ser versátiles y eso les abre un amplio abanico de posibilidades. También dan forma a un mercado de dimensiones notables, o alientan polémicas como la provocada por Miguel Ángel Revilla cuando insinuó que las flores de los cementerios se reutilizaban, una afirmación por la que pidió después disculpas. Actualmente hay 70 floristerías en Cantabria, contabilizando solo las floristerías puras, aquellas dedicadas exclusivamente a la venta de flores y plantas, ya que también existen negocios mixtos ­tiendas de mascotas o centros comerciales, por ejemplo– que también comercializan este producto. “Hacemos un tipo de trabajo muy determinado, que solo es de floristas. No somos un sector muy grande, pero estamos por encima de la media nacional. Podíamos hablar de 350 empleos directos, de profesionales que viven exclusivamente de nuestro producto” señala José Manuel López Cardeñoso, presidente de la Asociación Cántabra de Empresarios Floristas, (ACEF).

Estas pymes cántabras, pese a no sumar un número elevado y operar en una región pequeña, aportan el 10% del comercio nacional de flores, resultado de un consumo per cápita que en Cantabria ronda los mil euros por persona, sumando las ventas en cualquier establecimiento. Si nos quedamos solo con las floristerías, serían unos 200.000 euros al año por tienda, que si se multiplica por las 70 que hay en la región situaría la facturación anual en el entorno de los 14 millones de euros, según los cálculos del presidente de ACEF: “Eso es dinero que se queda en Cantabria”.

El impacto de la crisis

No son malos datos, pero se ha llegado a ellos tras pasar por años muy complicados. El negocio de las flores fue uno de los primeros en sufrir los efectos de la crisis, ya en el año 2008, con una caída del 20% en las ventas, lo que llevó a cerrar a un 20% de los floristas de la región. Solo fue el comienzo: al año siguiente la actividad siguió “cayendo en picado”, hasta desaparecer un 50% de las empresas tras bajar las ventas en una proporción  similar. “Podíamos pensar que cada vez que cerraba una floristería las ventas de las que quedaban podían ir en aumento, pero no fue así. Es curioso, yo creo que todos íbamos dejando de vender porque había incertidumbre, era una crisis económica pero también lo era de ánimo y en las flores eso influye mucho”.

En la actualidad el sector florístico ha recuperado un 30% de lo que perdió. Además, a medida que los negocios fueron cerrando, aquellos que quedaron “se consolidaron”, en palabras de López Cardeñoso, y no sólo han sido capaces de aumentar sus ventas, sino que también han mejorado su mercado haciéndolo más amplio. ¿A qué tipo de eventos van dirigidas las ventas florales en la actualidad? Cardeñoso explica que la venta de flores destinadas a eventos fúnebres ha bajado y no se ha recuperado, sin embargo lo que ha cambiado de forma positiva es el consumo diario. Los jóvenes, explica, adquieren plantas y flores todos los días, y no solo en ocasiones especiales: “Hacen que nuestro comercio tome similitud con el europeo, tienen una vitalidad y una pujanza que hace que el sector se mantenga y crezca. Esta cambiando el ámbito, quizás no la compra como en la época de burbuja, que era una compra alocada. Hoy el cliente tiene más criterio y nos pone las cosas más fáciles ya que hacemos una gran previsión a la hora de comprar y vender. La venta se ha recuperado, y la venta de aquí en Cantabria está por encima de la media de España”.

Aquí es donde toman un papel importante internet y las redes sociales. Los floristas han llevado su terreno a la red, globalizando su compra, su venta y sobre todo, la muestra de su producto, que queda al alcance de cualquier dispositivo, bien sea ordenador o smartphone. La moda y las tendencias van de la mano del consumo y la tecnología –“facilita el comercio y la venta global”– además, como señala Cardeñoso, muchas de las consultas se realizan por internet. “La flor que más se vende en Cantabria, la que no puede faltar, es la rosa. Sigue siendo la flor de referencia. Las modas hacen que unos años se venda más una flor y otros años otras, es el peso de internet. Luego también están los famosos, que siempre marcan tendencia, la gente se fija y pide lo que ve. Internet es el gran medio de nuestro comercio, los clientes toman ideas de ahí”, indica.

La importancia de Internet para el sector radica en esa capacidad de dar a conocer el producto y no tanto en sus posibilidades como canal de venta. Permite que los floristas muestren sus creaciones y lleven al cliente a acudir a la tienda física. La venta ‘on line’, explica el presidente del gremio, no tiene tanta relevancia: “La gente compra lo que ve, lo que toca, puede hacerse una idea viendo las fotografías de las creaciones florales de un florista pero a la hora de comprar quiere verlo y no imaginarlo”.

Holanda, y una curiosa forma de economía circular

La presencia del gremio en el mundo ‘on line’ ha generado por otra parte “una enorme dependencia tecnológica” que va más allá de las redes sociales pero que tiene mucho que ver con lo que el cliente consume. La flor que se compra y vende en Cantabria, y en todo el mundo, se adquiere en Holanda. Aaslmeer es una localidad situada a las afueras de Ámsterdam a la que llegan flores cultivadas en cualquier parte, y donde se subastan para todos los mercados internacionales. En un edificio de 1,3 millones de metros cuadrados, situado a tan sólo diez minutos del aeropuerto donde se descarga la mercancía, tiene lugar el intercambio. Los comerciantes venden y compran, se cruza la oferta y la demanda y de esa forma se fija un precio mundial cuya fluctuación puede observarse en la propia tienda virtual de la subasta. A partir de ahí los floristas compran el producto que “más interesa, cuando más les interesa”. La “dependencia tecnológica” tiene que ver con esto, por cuanto permite consultar constantemente la página para estar al tanto de la variación de los precios, y realizar todas las tramitaciones desde la tienda virtual de la propia web, sin necesidad de personarse en la subasta de Aaslmeer.

“También hay una cosa muy curiosa de nuestro comercio, y es que produce una economía circular, no solo en la Cantabria sino también en España y en toda Europa. Desde Holanda se gestiona toda la flor del mundo, una buena parte de la que vendemos viene de allí, aunque es muy probable que el cultivo se haya hecho en España, haya ido a la subasta de Holanda y después regrese. Esto quiere decir que tenemos una economía que sale del productor, del agricultor que planta la flor, que posteriormente va al comercio que manipula dicha flor y después llega al cliente”, explica José Manuel López Cardeñoso.

Las empresas que pujan en la subasta y que traen posteriormente el producto a Cantabria suelen ser mayoristas que compran en grandes cantidades, mientras que los comercios locales, más pequeños y con compras más reducidas, adquieren el producto en los grandes almacenes de plantas y flores que operan en la propia región, tres actualmente repartidos por todo el territorio. “Han pasado los años y hemos superado a otros países en cuanto a número de ventas, si que es verdad que aquí el consumo va más destinado a eventos, mientras que en otros países europeos tienden a la compra de flor diaria. No obstante cada vez estamos haciendo el consumo diario más importante, más arraigado”.

La competencia desleal

El alto consumo de flores en España convierte a este en un negocio “goloso” y a su vez de fácil creación. Cualquiera puede tener un jardín propio, comprar flores, plantarlas y después proceder a su venta, lo que lleva a que haya quien lo haga sin cumplir con los requisitos que la ley pone a las empresas. lo que genera problemas para los profesionales del sector y la economía. Como explica Cardeñoso, cualquiera puede “creerse” florista. “Nuestro producto puede elaborarlo incluso un aficionado que tenga buen gusto y se las puede ingeniar, esto genera una economía sumergida poco responsable que ofrece productos de poca garantía para el cliente”.

Pueden darse dos tipos de intrusismo: el diario y el oportunista. Las personas que no son profesionales del gremio, indica el presidente de las floristerías cántabras, aprovechan ciertos eventos, como puede ser la Navidad, para vender pinos o flores de pascua. “Estas personas compran en un mercado a otros productores de España, encargan las flores y después las venden a un precio más elevado del que sería normal. Suben la ley de la oferta y la demanda, repercutiendo de manera ocasional y repetitiva dependiendo de las fechas. Nos hacen cierto daño pero no es una gran preocupación, solamente necesitamos la cooperación de los ayuntamientos que son los que tienen la potestad de hacer que se hagan ventas responsables”, recalca.

“La diferencia está en la ejecución de un trabajo profesional a un trabajo de aficionado”. Las personas que están detrás del mostrador, asegura, son gente “bien formada”, que se ha dedicado a realizar cursos de un determinado número de horas, como también han podido realizar grados medios y superiores de formación profesional. Todo esto repercute en el producto, que ofrece “trazabilidad”, es decir, un origen cierto y unas garantías. “Cuando un intruso no hace las cosas bien la imagen dañada es la de todos. Las personas ven solo un puesto de flores y no, detrás de él está la importancia de la flor y de la persona que sepa tratarla”.

Además cabe destacar que aquellos que se dedican profesionalmente a la compra y venta de flores desarrollan a lo largo de toda su vida profesional cursos de perfeccionamiento con el fin de conseguir un mayor nicho de mercado y dar una mayor calidad al consumidor. “Hace 20 años se daban ramos de flores iguales para eventos fúnebres que para nacimientos, ahora no, hoy eso ha cambiado muchísimo. Los floristas son auténticos artistas preparados”.