Liderado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, con la participación de diversos socios públicos y privados, cofinanciado con fondos europeos y tras cinco años de trabajo sobre el terreno, el proyecto Convive Life ha podido demostrar que es posible un equilibrio que integre la actividad socioeconómica y la protección del medio natural. La iniciativa se ha centrado en los estuarios de Tina Mayor, Oyambre, Joyel y la laguna de Victoria, donde ha identificado usos compatibles con la protección de los espacios y ha puesto en marcha actuaciones concretas para el desarrollo económico y la mejora medioambiental

J. Carlos Arrondo | Diciembre 2020

 En Cantabria hay veintiún ‘Lugares de Importancia Comunitaria’ (LIC) –cuya superficie total asciende a 134.214 hectáreas– y ocho ‘Zonas de Especial Protección para las Aves’ –que suman 79.110 hectáreas– integrados en la Red Natura 2000, el principal instrumento con el que cuenta la Unión Europea para la conservación de la biodiversidad en su territorio. Varias de esas áreas protegidas son terrenos litorales en los que la presencia humana, su actividad social y económica, durante décadas e incluso siglos ha supuesto un impacto sobre el ecosistema que ha llegado a poner en peligro su supervivencia. Liderado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), con la participación de diversos socios públicos y privados de la comunidad y cofinanciado con fondos euro- peos, el proyecto Convive Life –recientemente clausurado, tras cinco años de trabajo en varias zonas costeras– ha podido demostrar que es posible un equilibrio que integre la actividad socioeconómica y la protección del medio natural.

“Se suele tener la concepción de que en las áreas protegidas hay una prohibición total para realizar actividades, en beneficio únicamente de la conservación de hábitats y especies. Pero en todos los países europeos la Red Natura incluye espacios en los que hay actividad económica”, aclara José Antonio Juanes, director de Formación del IHCantabria y coordinador de Convive Life. En su opinión, para comprender la iniciativa es importante interpretar el contexto de desarrollo del Pacto Verde Europeo –mediante el que se aspira a alcanzar una economía sostenible– en el que nos encontramos: “Nuestro bienestar como sociedad depende plenamente de lo que llamamos ‘servicios ecosistémicos’, que no son otra cosa que los beneficios que sacamos de la naturaleza. Lo que busca el proyecto es la mejor forma de optimizarlos”.

Convive Life ha sido promovido por el IHCantabria, centro especializado en los diversos aspectos científico- tecnológicos del ciclo del agua. Su director de Formación y responsable del área de Hidrobiología y Gestión Ambiental destaca el logro que ha supuesto poder transferir la investigación básica a una serie de trabajos específicos: “Ha sido un proyecto en el que ha participado mucha gente del Instituto: ingenieros, biólogos, etc. Lo que hemos tratado de aportar a la sociedad es un conocimiento transformado en actuaciones que permitan que la actividad socioeconómica se desarrolle de forma eficiente en convivencia con la conservación”. A esta tarea se ha sumado también la labor conjunta llevada a cabo por varios socios, tanto del ámbito público como del privado, como la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Arnuero, la Sociedad Española de Ornitología (SEO), Aves Cantábricas SL y Constructora Obras Públicas San Emeterio SA (Copsesa).

Para su puesta en marcha, el IHCantabria se apoyó en la experiencia adquirida antes en la elaboración de los planes de gestión que regulan los espacios protegidos de la Red Natura 2000, concretamente en los relativos a los diferentes estuarios cántabros. “Los planes de gestión se basan, primero, en un buen diagnóstico, que permite reconocer cuáles son los problemas, y que en nuestro caso duró mucho tiempo y fue muy

potente. La otra parte es buscar soluciones a esos problemas en un plazo de seis años para los más prioritarios”, señala José Antonio Juanes, y apunta la oportunidad que el programa LIFE –instrumento de la Unión Euro- pea para financiar la conservación del medio ambiente–ofrecía para llevar a cabo las actuaciones necesarias: “Europa nos facilita el trabajo que tendríamos que hacer en Cantabria para poner a punto esas soluciones”. Presupuestado en aproximadamente 1.325.000 euros para el periodo 2015-2019, aunque finalmente se ha extendido hasta 2020, Convive Life ha contado con una aportación de fondos europeos del 60% de dicho montante.

El proyecto ha sido desarrollado en los estuarios de Tina Mayor, Oyambre, Joyel y la laguna de Victoria, áreas –las dos primeras pertenecientes al LIC ‘Rías Occidentales y Duna de Oyambre’ y las otras dos al LIC ‘Marismas de Santoña, Victoria y Joyel’– en las que se han ejecutado actuaciones específicas conforme a las características de cada espacio. Los estuarios atesoran gran importancia biológica y contribuyen a mitigar el cambio climático, así como a la generación de valor mediante actividades de diverso tipo, como las de recreo o ecoturismo, entre otras. “Para nosotros, como científicos, son la ‘joya de la corona’. Pero también para la sociedad porque vive en torno a ellos y proporcionan beneficios”, indica el investigador de IHCantabria y coordinador de Convive Life. Sin embargo, son sistemas fuertemente presionados por la acción humana y que están amenazados por cuatro problemas principales: la proliferación de especies invasoras, las alteraciones de los flujos de marea debidas, fundamentalmente, a la presencia de diques, el vertido de aguas residuales y la eutrofización –presencia excesiva de nutrientes– en el medio.

José Antonio Juanes, director de Formación del IHCantabria y coordinador de Convive Life, en las instalaciones del Instituto de Hidráulica.

Uno de los elementos de los estuarios que requería una recuperación más urgente era la vegetación, daña- da por la chilca (baccharis halimifolia), un arbusto que crece en zonas semihundidas y que se extiende rápidamente y de manera agresiva. “Uno de nuestros objetivos era eliminarla, lo que nos ha llevado mucho tiempo. Hemos replantado vegetación autóctona y abierto barreras que evitaban que entrara la marea, una de las razones por las que ha ido invadiendo esta especie”, explica José Antonio Juanes. La existencia de diques y la retención de aguas a causa de la acción del hombre también han originado diversas actuaciones en el marco del proyecto Convive Life. Su coordinador matiza que buena parte de esas obras proceden de principios del siglo XX cuan- do se consideraban insalubres los estuarios y, para evitar enfermedades, se propició su cierre y el relleno para actividades agropecuarias, pero que esa actividad antropogénica ya no existe y es importante restaurar esos espacios: “Valoramos la recuperación por los beneficios que asociamos a esos ecosistemas: biodiversidad, protección costera y reducción de la erosión, secuestro de carbono, etc”.

Un ejemplo de este tipo de actuaciones es la que se ha llevado a cabo en la marisma de Joyel, en la laguna formada por el cerrado del molino de marea de Santa Olaja, una edificación que tuvo un uso tradicional durante cinco siglos y hoy tiene un inte- rés turístico y educativo. La combinación de unas aguas estancadas con poca profundidad y un exceso de nutrientes, con la luz y la temperatura adecuadas, ha sido el caldo de cultivo para un proceso de eutropización, de producción masiva de algas verdes que hace peligrar la supervivencia del hábitat. “Había un problema de retención del agua y lo que se ha hecho ha sido mejorar las condiciones de flujo de agua con la laguna a través de las muelas del molino. Además, esto permite a la gente ver cómo funcionaba en la antigüedad”, resume José Antonio Juanes. En el estuario de Joyel también se ha cambiado una clapeta con el fin de mantener el agua precisa para conservar las aves de la zona y poder disponer de la evacuación necesaria para evitar inundaciones en Noja.

Una de las obras más destacadas durante el desarrollo del proyecto Convive Life ha sido la mejora en la circulación de la corriente en la ría del Capitán, en Oyambre. La idea inicial era retirar completamente un dique que impedía la acción de las mareas, de manera que al liberar la entrada de agua se pudiera recuperar un hábitat natural muy dañado por la presencia de chilca. “El ayuntamiento nos planteó que quería mantener el paso a la playa y lo que hicimos fue rebajar el dique hasta la cota de terreno para que, al menos, se pudiera pasar en bajamar”, detalla el responsable del área de Hidrobiología y Gestión Ambiental del IHCantabria, que advierte de la provisionalidad de la solución: “Ya hay una brecha más grande que la que abrimos nosotros. La naturaleza, que es tozuda, al final nos lleva a lo que tendríamos que haber hecho desde el principio. Se lo estaba comiendo y, en función de las mareas, de las corrientes, se lo acabará comiendo en tres, en cinco o en diez años”.

Otra actuación relevante en el marco de Convive Life ha sido la instalación en el estuario de Tina Menor, en la zona que tiene en concesión la empresa de acuicultura Sonrionansa, de un innovador filtro verde para la depuración de aguas marinas. “No se trataba de depurar los vertidos de una empresa que tiene su autorización perfectamente en regla y depura sus aguas, sino únicamente queríamos demostrar que somos capaces de afinar un poco más”, subraya el responsable del proyecto, que a través de uno de sus socios, Aves Cantábricas, financió a la Asociación RIA, con experiencia en la fitodepuración, para diseñar esta tecnología: “Un filtro verde basado en plantas autóctonas que ha sido patentado y que supone una experiencia interesante para poder replicarlo en otros sitios donde sí puede haber un problema de depuración”. Esta intervención visibiliza la apertura a la colaboración con terceros como una característica importante del programa. Otra particularidad, distintiva de todos los proyectos Life, son las actividades de divulgación, sensibilización y participación ciudadana.

Las actividades ‘CoEduca’ han sido el instrumento para canalizar la divulgación entre la población infantil mediante talleres de educación ambiental, en colegios y en las propias zonas de estudio, tanto en oriente como en occidente. A los vecinos y usuarios se les trasladó la problemática de esas zonas y se trató de consensuar con ellos las soluciones en los talleres ‘Convive’, que José Antonio Juanes lamenta no fueran muy numero- sos: “Me hubiera gustado que hubiera más gente participando para contarle lo que el medio ambiente nos proporciona en realidad. El paisaje, la calidad del agua, cuando los perdemos nos damos cuenta del valor que tenían para nosotros”. Sin embargo, considera muy buena la colaboración con las diferentes administraciones, coordinada en las jornadas ‘Coopera’: “Todo ha sido muy fluido, tanto a nivel estatal como autonómico y local”. El hecho de que hayan participado como socios en el proyecto instituciones públicas muy alineadas con su espíritu, como la Dirección General del Medio Natural o el siempre activo en actuaciones medioambientales Ayuntamiento de Arnuero, han contribuido a su mejor desarrollo.

Concluido el programa, toca valorar el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales. Su responsable asegura que, incluso contando con los problemas derivados de la modificación de la Ley de Contratos del Estado, que supuso alargarlo un año más sin fondos adicionales, su nivel de ejecución ha sido máximo: “Ese ha sido el único punto crítico. Un porcentaje muy pequeño de actividades no se ha podido hacer por la covid, como el acto final, pero el resto se han cumplido a rajatabla”. El director de Formación del IHCantabria recuerda que los proyectos Life son muy competitivos, como lo demuestra el hecho de haber tenido que intentarlo tres veces antes de poder acceder a este instrumento financiero europeo. Con la experiencia reciente de Convive, ahora han sido capaces de iniciar otro –con participación portuguesa y holandesa– también focalizado en los estuarios cántabros: “Estamos valorando cuánta capacidad tienen de absorber emisiones de CO2 y qué protección nos dan frente a la erosión y la inundación. Al mismo tiempo, estamos tratando de ver cómo el valor de que las propiedades estén protegidas por elementos naturales se puede incorporar a los seguros”.

Instalaciones del Instituto de Hidráulica (IH Cantabria), en el PCTCAN.

El éxito de este tipo de programas va más allá del prioritario objetivo de conservar los ecosistemas. La recuperación del entorno del molino de Santa Olaja, en el marco de Convive Life, ha permitido al Ayuntamiento de Arnuero atraer un mayor número de visitantes, lo cual es un ejemplo de cómo una actuación en un espacio natural puede ser compatible con un beneficio socioeconómico. José Antonio Juanes considera importante acercar a las empresas a la conservación ambiental y sugiere el caso de Sonrionansa, ubicada en el estuario de Tina Menor: “Ha sido muy activa en el mantenimiento del filtro verde. Además, ha desarrollado un plan de gestión de ese espacio y es consciente de que se puede utilizar también para el turismo activo de aves o de pesca en las lagunas. A corto y medio plazo, el futuro está en implicar al sector privado en la gestión de la conservación de hábitats y especies, para lo que se debe conseguir que haya un retorno económico”.

Aunque nadie se atreve a descartar que todo cambie en el último momento, todas las previsiones apuntan a que el Reino Unido saldrá de la UE el próximo 1 de enero sin haber alcanzado ningún acuerdo y pasando a tener la condición de tercer país en cualquier relación comercial que mantenga con los socios comunitarios. Es una posibilidad que ya se asume desde Cantabria y que tendrá como principal consecuencia un aumento de la carga administrativa. El principal temor, en todo caso, son las consecuencias que el Brexit pueda tener en la economía británica a medio y largo plazo, y que ello provoque una disminución en los intercambios comerciales entre ambos mercados.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Diciembre 2020

El carácter portuario de la capital de Cantabria otorga a la región una condición fronteriza con el Reino Unido que, ante la inminencia de lo que todo parece indicar que será un Brexit sin acuerdo, sitúa a empresas y administración ante un escenario que todas las partes confiaban en evitar hace apenas unos meses. Que el enorme mercado británico pase a mantener con la UE una relación idéntica a la que tendría cualquier otro país con el que se opere sin el paraguas de acuerdo comercial alguno no debería poner

en cuestión las actuales relaciones comerciales con el Reino Unido, afirman quienes de una u otra forma intervienen en ellas, pero sí que sitúa a todas las partes ante unos interrogantes que, dependiendo de la respuesta que pueda dárseles, podrían tener efectos negativos en plazos más largos. Por ahora, la inminente salida sin acuerdo se deja ya no- tar en las cifras de lo que Cantabria exporta al Reino Unido, y lo hace de una forma positiva, con un tirón que se explica por la necesidad de las empresas británica de asegurar-

se un stock de producto ante hipotéticos proble- mas de abastecimiento cuando las mercancías tengan que superar unos trámites aduaneros que ahora no son necesarios. La manera en que esos trámites afecten a la competitividad de los productos de las empresas cántabras sería uno de esos interrogantes a despejar pe- ro no parece el que más preocupa a quienes están habituados a trabajar con los británicos, que temen sobre todo las consecuencias negativas que el Brexit puede tener en la economía de las islas.

El Reino Unido es el cuarto destino en importancia para las exportaciones cántabros –tras Francia, Alemania e Italia– y es, con mucha diferencia, el primero entre los países extracomunitarios. Una posición de privilegio entre los socios comerciales de las empresas cántabras que se vio reforzada en 2019 y que lo es aún más si tenemos en cuenta la balanza comercial, muy favorable a Cantabria. La evolución de las cifras desde el referéndum del Brexit, y singularmente lo sucedido en 2019, confirman la solidez de las relaciones comerciales entre ambos mercados, y aportan un argumento tranquilizador a quienes se preparan ya para un divorcio sin acuerdo.

“Los datos nos dicen cosas interesantes, y probablemente la más significativa es que en 2019, con el Reino Unido ya prácticamente fuera de la UE, las exportaciones de Cantabria al mercado británico experimentaron un fuerte crecimiento”, señala Javier Carrión, director general de Sodercan, que destaca que de esa circunstancia cabe hacer sobre todo una lectura: “Las empresas españolas y las empresas cántabras no han paralizado sus relaciones comerciales con el Reino Unido, que a su vez nos sigue considerando un importante socio comercial. Por ese lado veo pocos motivos de preocupación, a partir de ahí lo que nos queda es ver cuáles serán las reglas de juego y los efectos que eso tendrá desde un punto de vista operativo”.

Sede de SODERCAN (PCTAN) cuyo director es Javier Carrión.

Desde Sodercan, y también desde la Cámara de Comercio de Cantabria, se han desarrollado varias jornadas para analizar las implicaciones del Brexit, y se ha mantenido un contacto fluido con la embajada británica, todo ello con el objetivo principal de adelantarse a esas cuestiones de procedimiento que pueden variar sustancialmente las condiciones en las que compiten los productos españoles, y en consiguiente los cántabros, en el mercado británico: “Mi impresión a partir de lo que nos transmite la embajada y el consulado británico, es positiva. Ellos están por la labor de mantener las relaciones comerciales con España, y con la idea de ponérselo fácil a las empresas. De echo han acuñado un eslogan, ‘check prepare’, prepárate para seguir en el Reino Unido, con el que quieren dejar claro su voluntad de seguir contando con nuestras empresas”.

El máximo responsable de Sodercan admite que las cifras de exportaciones al Reino Unido en lo que llevamos de 2020 no han refrendado la tendencia

que reflejaban las correspondientes a 2019, pero considera que ello es debido a la situación provoca- da por la pandemia y que, por lo tanto, son datos que no ofrecen una buena base sobre la que sacar conclusiones relacionadas con el Brexit: “Aun así, el descenso en las exportaciones al Reino Unido, que es de casi un 18%, es mucho menor que el que se ha dado en otros mercados”.

Por la misma razón que en su valoración de las cifras globales de exportación al Reino Unido, Carrión considera que los datos de 2020 no son especialmente adecuados para identificar los productos cántabros con más demanda en el Reino Unido, y prefiere remitirse a 2019 para bus- car referencias. El sector agroalimentario ex- portó ese año productos por valor de 44 millones de euros, aun- que la industria mantuvo el mayor peso en las ventas en Reino Unido, con 117 millones de euros. Los pro- ductos que protagonizaron el mayor crecimiento fueron el cementos, la alimentación y los envases y embalajes, junto a los componentes de automoción. “Estos datos pueden dar la pauta de lo que serán nuestras exportaciones en la era post-brexit. Los últimos datos de 2020 se encuentran muy afectados por la pandemia y reflejan una reducción, tanto por la reducción de volúmenes como por los productos que más caen y los pocos que crecen, como los plásticos o las conservas de pescado. La crisis sanitaria hace que no tenga mucho sentido sacar conclusiones de lo que ha sucedido este año”.

Desde Sodercan se insiste en que la crisis del covid-19 complica extraordinariamente cualquier previsión que quiera hacerse sobre la evolución de la relación comercial con los británicos, siendo ahora mismo el factor que más preocupa a las empresas, por delante incluso de la inminente salida de la UE sin acuerdo a la que se encamina el Reino Unido. A más largo plazo, el acento se pone en las consecuencias que el Brexit puede tener en la economía británica, que podría perder protagonismo en el comercio internacional, a lo que hay que unir las posibles tentaciones proteccionistas, en parte desactivadas con la derrota de Trump en las elecciones de Estados Unidos, pero siempre presentes como una amenaza latente: “Confiamos en que no suceda. El Reino Unido es un país importador, que sabe que necesita al resto del mundo y que siempre ha visto a España como uno de sus socios comerciales preferentes.

Cámara de Comercio de Cantabria.

El riesgo de la deriva proteccionista

El riesgo de una deriva proteccionista es también la principal preocupación de Modesto Piñeiro, presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria. La institución cameral ha seguido con atención todo el proceso que ha terminado por conducir a la abrupta salida del Reino Unido de la crisis, cuenta con una oficina para informar sobre las implicaciones del Brexit y ha venido recogiendo el sentir de las empresas en todo este tiempo. “Hay una preocupación clara por toda la carga burocrática que va a implicar el que la salida vaya a producirse sin haber alcanzado un acuerdo comercial entre Londres y Bruselas. Pero es verdad que por el momento, más allá de esa complicación administrativa, no se está planteando establecer aranceles a los productos, y eso es positivo. Habrá que ir viéndolo, porque miembros del Gobierno británico se han expresado en ocasiones a favor del proteccionismo, en la estela de Estados Unidos. Eso sí que sería un problema, porque el proteccionismo empobrece a todas las partes”, señala el presidente de Cámara Cantabria.

Aunque Modesto Piñeiro admite que difícilmente podrá evitarse que el año 2021 comience sin acuerdo, confía en que este termine firmándose, por muy reacio que hasta ahora se haya mostrado el Gobierno británico a hacerlo. Como Javier Carrión, también cree que la derrota de Trump, que abogaba por sustituir a la UE como principal socio comercial delReino Unido, contribuirá a que las aguas vuelvan a un cauce que, de hecho, nunca han abandonado: “Lo que no tiene sentido es que lo que hasta ayer era normal, con unas homologaciones que aceptábamos todos, con una confianza en los productos sanitarios, en la alimentación, en la seguridad, que todo eso pase al olvido y se considere como algo ajeno. Espero que se avance en ese acuerdo, porque no hay que perder de vista que el más perjudicado con esto va a ser el ciudadano británico”.

En relación con las empresas, y con los plazos más inmediatos, el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria considera que la principal incógnita a despejar es el efecto que la carga administrativa pueda llegar a tener sobre la competitividad de los productos cántabros, aunque confía en que, cuanto menos en los primeros meses, haya una cierta laxitud en el cumplimiento de la normativa que evite lo que, de otra forma, sería un más que previsible colapso: “Por más que se esté intentando agilizar las gestiones por medios telemáticos, indudablemente todo esto va a provocar retrasos en las fronteras. Pensemos en los miles y miles de camiones que llegan todos los días al Reino Unido procedentes de la UE. Ellos van a ser los principales interesados en evitar ese cuello de botella, porque no hay que olvidar que el Reino Unido es una isla, y el riesgo de desabastecimiento es claro”.

La perspectiva desde los muelles

Aproximadamente el 25% del tráfico del puerto de Santander tiene origen o destino en el Reino Unido. El Brexit convertirá a los muelles en frontera con los británicos y uno de los escenarios en los que des- arrollarán los trámites administrativos a los que dará lugar la ausencia de un tratado comercial entre Londres y la UE. Esos trámites, y lo que pueden su- poner a la hora de com- prometer tiempo y espacio en el puerto, son la principal preocupación que ex- presa Pablo Pellón, director general de la naviera CLdN en España: “Tenemos el puerto lleno de actividad, y eso es muy bueno, pero es fácil entender que cualquier de- mora en el tiempo que las mercancías pasan en los muelles puede suponer un problema, porque su capacidad es limitada y no es sencillo aumentarla de un día para otro. Hay que confiar en que los Gobiernos pongan los medios necesarios para agilizar los trámites. Necesitamos que las exportaciones puedan hacerse de forma rápida y segura”.

Pablo Pellón, director general de CLdN en España, con la placa que se le entregó con motivo de la apertura de la nueva línea de la naviera con Liverpool.

CLdN, una de las navieras más activas del puerto desde su llegada a Santander en 2016, comenzó el pasado mes de junio a operar una línea directa entre la capital de Cantabria y Liverpool, además de conectar también ambas orillas de forma indirecta a través de Zeebrugge. Ello la sitúa en una inmejorable posición para valorar las implicaciones que el Brexit puede tener en las relaciones comerciales entre Reino Unido y España, y en los movimientos de mercancías entre ambos mercados. “Con la salvedad de las cuestiones aduaneras, podemos decir que nos- otros ya estamos prácticamente trabajando en condiciones Brexit, y nuestra experiencia está siendo muy positiva”, explica Pablo Pellón, que ha visto cómo las previsiones iniciales de tráficos se han visto rápidamente desbordadas, de manera que lo que en principio iba a ser una única escala, se ha convertido en dos, con los barcos llenos. CLdN da servicio ro-ro –la carga y descarga se hace rodando– de trailers, semirremolques, contenedores y carga sobre mafi, un tipo de plataforma estandarizada que se mueve sobre ruedas. “Nosotros no movemos personas, los remolques viajan solos, sin la cabeza tractora y sin conductor, y eso se adapta perfectamente a las implicaciones del Brexit”, señala el director general de la naviera en España, que también considera que en los últimos meses la demanda de transporte con el Reino Unido se ha visto incrementada por las incertidumbres de las empresas británicas ante la salida sin acuerdo, que les ha llevado a llenar sus almacenes para evitar cualquier riesgo de desabastecimiento. “En- tiendo que eso pueda provocar que en los primeros meses tras el Brexit las cifras bajen un poco, pero la respuesta que estamos viendo en los clientes es muy positiva y, aunque sin los crecimientos que hemos vivido estos meses, estamos convencidos de que el movimiento de mercancías con el Reino Unido seguirá siendo muy alto”.

La actividad de CLdN en Santander trasciende con mucho lo que podíamos considerar el ‘hinterland’ del puerto –embarcan gran cantidad de mercancías procedentes de Valencia, Almería, Granada, Murcia o Castellón, sobre todo de alimentación– lo que amplía la perspectiva que puede dar sobre las posibilidades que existen de mantener, o incluso incrementar, los tráficos con el Reino Unido, independientemente de las condiciones del Brexit. “Estamos expectantes. Las empresas estamos preparándonos para el escenario más complicado posible, aun- que confiamos en que finalmente se alcance algún tipo de acuerdo. En todo caso, de lo que estamos seguros es de que la logística va a ser más im- portante de lo que ya era para la competitividad de las empresas. Ahí tenemos una oportunidad que tanto nosotros como el puerto de Santander tenemos que ser capaces de aprovechar”.

La vital labor del transitario

La renovada carga administrativa que conllevarán las operaciones con el Reino Unido convierte en fundamental la tarea de los agentes que asumen toda la gestión de los envíos por cuenta de sus clientes. Alfinter, el único transitario que tiene su sede en Cantabria, está preparado para hacer frente a los requerimientos de un Brexit sin acuerdo

Además de ser un paso atrás en un proceso de eliminación de barreras que parecía asumido por todos, que a partir del próximo uno de enero se levante una frontera donde antes no la había implica una carga burocrática y administrativa que cambia por completo las reglas que rigen los envíos con origen y destino a uno y otro lado de esa línea. En el caso de la ahora trazada para separar a Reino Unido y UE, supone además cambiar la forma de relacionarse entre los que hasta ahora era socios comerciales preferentes y, en lo que todo ello puede afectar a empresas de Cantabria, implica dificultar las exportaciones a quien supone el cuarto mercado más importante para los productos cántabros, que hasta ahora podían llegar a su destino sin pasar por trámite aduanero alguno. Minimizar lo que esos trámites puedan tener de condicionante para la competitividad del producto de sus clientes es la principal tarea de los transitarios, empresas que asumen toda la gestión de la cadena logística que separa el origen y el destino de las mercancías, incluyendo toda la gestión administrativa que puedan implicar esos envíos. Alfinter, el único transitario que tiene su sede en Cantabria, ha asumido ya que a partir del 1 de enero el Reino Unido pasará a tener la condición de tercer país, con las fronteras operando como tales a todos los efectos. Y está preparado para ello.

Alfinter tiene la condición de representante aduanero, lo que le otorga capacidad para representar directa- mente a sus clientes en cualquier trámite a realizar en la aduana. El objetivo, al igual que sucede cuando trata con navieras para con- tratar el servicio de transporte, es liberar completamente a su cliente de todas las ta- reas relacionadas con el envío o la recepción de mercancías. En el caso de las que llegan o van al Reino Unido, y en lo relacionado con lo que cambiará a partir del 1 de enero, eso implica la tramitación de los registros, el asesoramiento en transacciones, presentación de declaraciones de aduana para importación, exportación y transporte de bienes a través del Reino Unido, la obtención de la licencia especial que requieren determinados bienes –residuos o productos químicos/peligrosos–, los trámites adiciona- les referentes a impuestos especiales y el abono de aranceles y otros tributos a la importación. También la liquidación del IVA en el país de la UE en el que se importa la mercancía desde el Reino Unido y el apoyo en

posibles controles en frontera según la mercancía. “Nuestro objetivo es liberar a nuestro cliente de cualquier preocupación que pueda generar su envío. El Brexit va a complicar ahora los que se hacen a o desde el Reino Unido, pero esas mayores dificultades forman parte de nuestro trabajo y las asumimos nosotros, no nuestro cliente”, explica Christoph Hahnkamm, director de Alfinter.

El tener la sede en Cantabria, y el trabajar de manera presencial en el puerto de Santander, sitúa a Alfinter en disposición de responder con la mayor agilidad ante cualquier incidencia en la aduana, un factor clave para evitar el bloqueo de mercan- cías y los consiguientes retrasos en las entregas. Estar acreditado como Operador Económico Autorizado –un sello que lo avala ante la Agencia Tributaria– es otro elemento que permite una rápida respuesta ante posibles requerimientos de información o documentación. “Cualquier empresa que mantenga relaciones comerciales con el Reino Unido va a verse afectada por el Brexit. Nuestra tarea es ofrecerle soluciones, y estamos preparados para hacerlo en cualquier circunstancia”, señala el director de Alfinter.

Tres empresarios hosteleros analizan la preocupante situación que vive el sector tras el reciente cierre del interior de los establecimientos que les ha sorprendido cuando empezaban a coger un poco de aire. Critican la improvisación en la adopción de las medidas y agradecen la comprensión de proveedores, caseros y empleados en estos largos meses con la persiana bajada. Se niegan a tirar la toalla, pero reclaman ayudas directas y exenciones fiscales para intentar superar una crisis que, en su opinión, no se soluciona con el aplazamiento de las obligaciones tributarias ni con la convocatoria de subvenciones, las más de las veces de farragosa tramitación o con requisitos de difícil cumplimiento.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Diciembre 2020

Por sorpresa y sin margen de maniobra. Así ha cogido a la mayoría de los hosteleros el nuevo cierre del interior de sus locales decretado a principios de noviembre por el Gobierno de Cantabria. Pocos se esperaban esta nueva clausura que ha obligado a bajar nuevamente la persiana a todos los bares y restaurantes sin terraza, sepultando de este modo las pocas esperanzas, si es que aún les quedaba alguna, de salvar un año dramático para sus negocios.

“No pensé que tuviera que volver a cerrar. Este cierre ha sido un palo”, concede Gregorio de la Roza, copropietario de La Malinche y Salvaje, dos conocidos establecimientos cercanos a Puertochico que en marzo, antes del estallido de esta pandemia, empleaban a dieciocho trabajadores, y que ahora, con tan solo tres mesas peque- ñas altas en el exterior y dadas las restricciones, han optado por echar el cerrojo.

Tampoco se lo esperaba Rafael Ordóñez, titular de La Casa del Indiano, un espacioso establecimiento hostelero al abrigo del Mercado del Este que da trabajo a otros tantos empleados. “Pensaba que se iban a establecer restricciones en materia de movilidad e incluso el toque de queda nocturno, pero no que nos obligaran a cerrar de nuevo porque está demostrado que el interior de los bares, si se guardan las oportunas medidas sanitarias, no es el responsable del aumento de los contagios”, explica Ordóñez que califica la decisión del Ejecutivo cántabro “de una medida psicológica más que otra cosa”.

Ambos empresarios, de nuevo con todos sus trabajadores en ERTE, critican “la mala gestión” de esta crisis por parte del Gobierno central y también del autonómico, a los que acusan de “improvisación” y de seña- lar “injustamente” al sector de hostelería como el principal foco de contagios. “Nos han colgado ese sambenito, pero nosotros no somos el problema”, aclara De la Roza, que pone en tela de juicio que solo el 20% de los establecimientos hosteleros cumplen todas las medidas implantadas frente al virus, tal y como aseguró recientemente la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, a la vista de los datos de un informe realizado por su departamento en octubre pasado. “¿Dónde está ese informe?”, se pregunta este hostelero que, de ser cierto, espera que se haya sancionado a los infractores.

“Nosotros hemos cumplido en todo momento con las restricciones y recomendaciones aprobadas por las autoridades sanitarias y ni uno solo de nuestros empleados ha estado de baja laboral en todos estos meses”, explica para negar que la hostelería sea el sector más afectado por incapacidad temporal debido al coronavirus en Cantabria, como así también aseguró Sanidad ante las críticas de los hosteleros por el cierre del interior de sus establecimientos.

En similares términos se expresa Gregorio Palomero, dueño del restaurante Asador Lechazo Aranda, que mantiene abierto su negocio y a sus ocho trabajadores de alta gracias a su amplia terraza, con capacidad para cuarenta personas. “¿Quién ha hecho ese estudio? Aquí no ha venido ningún inspector de Sanidad desde el 29 de mayo; los únicos que sí han venido, y en varias ocasiones, han sido los de Trabajo”, afirma Palomero un tanto molesto antes de confirmar que tampoco ninguno de sus emplea- dos ha estado de baja laboral durante este periodo.

Al echar la vista atrás, los tres empresarios coinciden en que la paula-

tina vuelta a la actividad durante los meses estivales les permitió recuperar el pulso de sus negocios. “Ha sido un buen verano”, reconocen los tres, aunque se apresuran a matizarlo.

El verano no son 365 días

Así, el titular de La Malinche y Salvaje admite que han trabajado bien el comedor, gracias en buena medida al doble turno impuesto para facilitar el acceso de clientes y el trabajo de los empleados, pero lamenta que la barra, especialmente dinámica en el primero de sus locales, “ha desaparecido completamente”. De hecho, afirma que de los cinco trabajadores que tenía para atender la barra antes de la pandemia, este servicio ha estado atendido por una única persona en los meses que ha permanecido abierto antes de este cierre de noviembre con el refuerzo de otra más “los cuatro días álgidos del verano”.

Además, sostiene que, a partir del septiembre, el menú del día, su plato fuerte en los días laborables, “ha baja- do mucho”. Una caída en la afluencia de comensales que achaca en parte al teletrabajo. “Aquí venían antes a comer empleados de banca, compañías de seguros y de la Administración que ahora trabajan en su casa y ya no salen a la calle. Y eso se nota”, subraya antes de poner las cifras sobre la mesa: “Si antes del coronavirus dábamos una media diaria de sesenta menús en cada uno de los dos restaurantes, ahora servimos poco más de la mitad”.

Rafael Ordóñez, por su parte, también se suma al calificativo de “buen verano”, aunque, en su caso, asegura que su negocio trabaja más en navidades que en agosto. “Ahora viene mi época de trabajo más intensa”, admite sin saber aún si podrá abrir antes de la época navideña. “Espero poder hacerlo a mediados de diciembre”, subraya pendiente de un nuevo decreto que regule en qué condiciones pueden reabrir los interiores de los restaurantes y que teme, si es que llega, que como ha ocurrido con los anteriores “salga de hoy para mañana”.

“Solo preparar el local, limpiar y arrancar son tres días. Y eso, encima, con la incertidumbre de que te vuelvan a cerrar”, puntualiza con preocupación.

De La Roza también muestra su esperanza en que la positiva evolución de las últimas semanas le permita abrir sus dos establecimientos, aunque sea con restricciones. “Si abrimos el fin de semana de mediados de mes, toda- vía podremos salvar algo la campa- ña navideña. Pero si lo hacemos en torno al día 20, no creo que la gente se eche a la calle. Hará falta tiempo para que los clientes cojan de nuevo confianza”, pronostica.

Gregorio de la Roza en La Malinche, uno de los dos establecimientos de los que es copropietario en Santander. Ambos –el otro es Salvaje– se encuentran cerrados.

Palomero es sin duda el que más optimista se muestra de los tres. “Hemos trabajado muy bien los meses estivales, aunque hay que decir que partíamos de la nada y de que un verano no son los 365 días del año”, apunta. Según reconoce, “nuestro negocio es bastante lineal. Es verdad que en verano, por la mayor afluencia de turistas; y en navidades, por las cenas y compromisos de empresa, el negocio se anima más, pero nosotros tenemos la suerte de trabajar con mucha gente de Cantabria. Nuestro cliente es local”, resume antes de precisar que los suyo ahora mismo es ir “partido a partido. Mira cómo está Burgos o Aranda de Duero –municipio del que procede y en el que los negocios de su familia viven un auténtico desastre–; estamos mal, pero al menos aquí podemos funcionar”, asume.

Un año para olvidar

Tras más de cuatro meses cerrados, De la Roza prefiere no hablar de cifras. A la espera de conocer si podrá o no abrir la última quincena del año, asegura que desde marzo lo único que han hecho es tratar de ponerse al día con proveedores y pagar recibos y facturas. “Desde que abrimos en junio, ni mi socio ni yo hemos cobra- do un euro para poder afrontar las necesidades de pagos que puedan venir si esta pandemia se prolonga”, alega.

En este tiempo, agradece la ayuda y la comprensión de proveedores y caseros, que le han reducido a la mitad el coste del alquiler de los dos locales mientras permanezcan cerrados. Gracias a eso, y a los tres préstamos ICO que pidió en primavera, De lo Roza asegura que ha podido hacer frente a los gastos fijos que se amontonan todos los meses y que, durante el primer confinamiento, estima que fueron de unos 5.000 euros mensuales.

Ordóñez, por su lado, calcula en un 50% la caída de facturación con la que cerrará su establecimiento este año en relación a 2019. “Hemos estado mucho tiempo cerrados y, además, hemos perdido Semana Santa y todos los puentes”, lamenta.

“Somos, por nuestra ubicación – en el interior del Mercado del Este– y dimensiones –más de 400 metros cuadrados– un negocio muy enfoca- do al turismo. Por eso, quizá nos hemos resentido más que otros”, explica antes de dar las gracias a sus proveedores y empleados por aplazar el pago de las facturas de mercancías y de nóminas. “Ha sido fundamental, como también lo ha sido el buen verano y las ayudas de las entidades financieras”, admite agradecido.

Al igual que al resto de hosteleros, el cierre no le exime del pago de numerosos gastos fijos, que cuantifica en más de 10.000 euros al mes. A este montante, añade además las pérdidas por la caducidad de los alimentos y productos que ya había adquirido y que ha tenido que tirar, un quebranto económico que estima en unos 12.000 euros en la primera ocasión y aproximadamente la mitad en este segundo cierre. Pese a todo, también cree que hay que seguir. “Calculo que tendré los beneficios de los próximos diez años hipotecados. De momento, mis recursos se destinan solo a pagar facturas, créditos ICO y aplazamientos de obligaciones tributarias. Cuan- do quiera levantar la cabeza, dentro de cinco o seis años, seguro que tendré que invertir en maquinaria”, aventura contrariado ante esta situación en la que, según sostiene, existe un riesgo altísimo de endeudarte con unas perspectivas demasiado inciertas.

Rafael Ordóñez y la Casa del Indiano, establecimiento que regenta, obligada a cerrar por las restricciones sanitarias.

“Es fácil asumir riesgos cuando el futuro es previsible, pero ahora mismo la inseguridad es brutal” enfatiza.

El propietario del Asador Lechazo Aranda no se separa tampoco de este discurso y anuncia que cerrará el año con beneficio cero. “Sobre las pérdidas, mejor no pensarlo”, advierte no sin reconocer su suerte por tener ya amortizada la inversión inicial “tan importante” que hicieron en 1992 para poner en marcha su negocio.

Medidas insuficientes

Sobre las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas para tratar de compensar las pérdidas provocadas por la covid, De la Roza es el primero en apuntar su descontento. “Los ERTE, las ayudas por cese de actividad, el ‘cheque resistencia’ del Ejecutivo regional, las ayudas al alquiler del local aprobadas por el Ayuntamiento de Santander…. Todo esto está muy bien, pero son totalmente insuficientes”, confiesa antes de lanzar su petición: “No se trata de diferir el pago de los impuestos, sino de exonerarnos de su pago, al menos durante el tiempo que hemos estado cerrados”.

En este sentido, recuerda los pagos adicionales que los hosteleros han tenido que satisfacer durante los últimas semanas, como son la paga extraordinaria a los trabajadores que, según el vigente convenio de Hostelería, se debe abonar en octubre y no se puede prorratear; la liquidación trimestral de las obligaciones tributarias correspondientes al tercer trimestre del año y las del primer trimestre, que deberían haber satisfecho en abril, pero que casi todos aplazaron hasta el 20 de noviembre con sus negocios ya cerrados desde hacía días y sin poder generar recursos.

“Asfixiarnos a impuestos no es la solución. No se trata de que sea el proveedor o el casero el que nos ayude. Esa labor le corresponde a la Administración pública, que es la que nos obliga a cerrar. Y necesitamos ayudas ya, no posponer los pagos”, recalca convencido de que, de lo contrario, “muchos ICO se quedarán sin pagar. O no nos quedará otra que pedir nuevos créditos para pagarles a ellos”. Por eso, aboga por el modelo alemán donde, según detalla, la Administración concede al empresario una ayuda directa en consonancia a los números presenta- dos en el cierre trimestral del pasado año. Además, defiende una simplificación de los trámites en la solicitud de las ayudas, que califica de “ingentes” e “imposibles” de gestionar sin el apoyo de una asesoría laboral. “Parte de los documentos que nos solicitan ya los tienen, pero aún así nos los siguen reclamando”, se queja.

Para el propietario de La Casa del Indiano el problema no radica solo en la excesiva complejidad en la tramitación de las ayudas –“en algunos casos me cuesta más la asesoría que la ayuda”, sostiene–, sino en las propias bases de algunas convocatorias. Así, censura la nueva ayuda económica directa de hasta 1.500 euros aprobada recientemente por el Gobierno de Cantabria que, según precisa, requiere al solicitante estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. “¿Quién no mantiene ahora mismo deudas con alguno de estos organismos públicos?”, se pregunta Ordóñez anticipando que “muy pocos” van a poder cumplir este requisito. “En situaciones normales, me parece razonable su exigencia; pero en situaciones especiales como es la actual hacen falta también medidas especiales que ayuden a salvar a muchas empresas familiares”, reitera.

Entre sus peticiones, figura la concesión de ayudas a fondo perdido en función del número de empleados. “Si de verdad se quiere defender el empleo, que se aprueben exenciones fiscales para todos los negocios que declaren pérdidas. De no ser así, habrá un cierre masivo de locales”, vaticina.

Ordóñez, además, extiende esta exoneración impositiva a todas las administraciones públicas, incluida la municipal. “Si demuestras pérdidas, ¿por qué no nos eximen también del pago del IBI o del IAE?”, se cuestiona. “Yendo bien los negocios, la carga impositiva ya es difícil de soportar; Yendo mal, directamente te incapacita”, reflexiona antes de resaltar que “yo no pago impuestos porque no quiero; es porque no me dejan trabajar”.

De otro lado, este empresario, que sigue acudiendo a su negocio entre dos y tres horas al día para atender a proveedores y negociar deudas y pagarés, apunta que si sigue adelante es para poder comer y pagar cuentas pendientes. “Una apuesta inteligente sería cerrar ahora e intentar volver dentro de dos años. Pero por encima está mi responsabilidad moral y personal con mis proveedores y trabajadores”, señala para destacar el esfuerzo que muchos empresarios como él hacen para mantener en pie sus negocios, a diferencia de los políticos que, en su opinión, “viven escondidos”.

 “Cobran puntualmente todos los meses, pero no son responsables de la mala gestión del dinero de todos. Si respondieran de su deficiente administración, como sí hacemos quienes somos administra- dores de sociedades, otro gallo nos cantaría”, enfatiza.

En esta misma línea, Palomero reivindica igualmente la necesidad de ayudas directas, aunque reconoce que la casuística dentro del sector es muy dispar, y aplaude la exención municipal del pago de la tasa de terrazas o la iniciativa Vale+ puesta en marcha por el Consistorio santanderino para incentivar el consumo en comercios y bares y restaurantes, así como el llamado ‘cheque de urgencia’ de hasta 1.500€ aprobado por el Gobierno regional.

“Todo es bueno para el convento”, admite antes de subrayar que ahora “vivimos al día” y de anticipar que no espera cambios en las restricciones de aquí a navidades. “Nos han puesto una vela en la oscuridad con el anuncio de las vacunas pero, por desgracia, aún no veo la luz al final del túnel”, asegura no sin antes solicitar el cierre de calles al tráfico durante algunos fines de semana para que todos los establecimientos pudieran sacar sus mesas al exterior. “¿Podría ser una solución?”, deja caer sin demasiadas esperanzas.

 

 

 

 

 

 

 

El tirón nacional y la demanda de destinos que pueden percibirse como sanitariamente seguros han disparado el atractivo de la marca ‘rural’ y han convertido a los alojamientos alejados de las grandes urbes en los grandes protagonistas de una temporada veraniega que ha sido muy distinta de las anteriores, pero en la que Cantabria ha mantenido altos niveles de ocupación. Viviendas rurales, posadas, palacios y casonas han registrado cifras cercanas al lleno en agosto y se han convertido en los grandes abanderados del turismo seguro.

J. Carlos Arrondo | Septiembre 2020

Los efectos de la pandemia de coronavirus sobre el turismo español no sólo se han manifestado este verano en una sustancial caída de las cifras globales del sector, sino también en un apreciable cambio de preferencias en los destinos más demandados por los viajeros nacionales. En relación a temporadas precedentes, la llegada de turistas extranjeros y la salida de españoles han sido testimoniales, bien sea por el desincentivo que han supuesto las restricciones en terceros países como por la renuencia a elegir destinos internacionales en una situación sanitaria incierta. Esta prudencia también ha llevado a que muchos viajeros hayan optado por sustituir los habitualmente masificados destinos de las costas mediterráneas por otros en zonas rurales y, sobre todo, en el norte del país. Cantabria –junto a Asturias– ha sido una

de las pocas comunidades autónomas que en esta nueva normalidad ha logrado salvar la temporada veraniega de las caídas generalizadas, alcanzando en algunos momentos de agosto una ocupación prácticamente plena. A estos buenos resultados ha contribuido con especial fortaleza el sector de los alojamientos rurales. “En cuanto a visitantes y ocupación, hemos aprovechado una temporada que en los meses previos dábamos por perdida. Con la incertidumbre de la nueva situación, ha sido un trabajo previo muy duro y costoso para ofrecer una imagen de seguridad”, afirma Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. Tras el confinamiento y las sucesivas fases de la desescalada, la mayoría de los alojamientos rurales de la comunidad volvieron a abrir sus puertas entre los últimos días de junio y los primeros de julio. Si durante las primeras semanas los visitantes se concentraron fundamentalmente en los fines de semana, en la segunda

quincena de julio las pernoctaciones ya abarcaban de jueves a lunes. “Agosto ha tenido una ocupación muy buena, sobre todo la segunda mitad en que ha estado todo saturado. Todo iba muy bien, pero ha empezado a complicarse la situación sanitaria y ahora tenemos que vivir el día a día por la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana”, explica el representante de los establecimientos rurales cántabros.

Carteles indicadores de alojamientos de turismo rural en Cantabria. A falta de que los datos lo confirmen, los niveles de ocupación durante el mes de agosto han sido muy altos

Jesús Blanco aclara que las viviendas rurales –casas que se alquilan completas a familias u otros grupos–han estado prácticamente llenas desde la reapertura: “Es la primera opción que los turistas buscan en estos momentos, por la mayor tranquilidad y seguridad al estar más aislados”. Por su parte, la demanda de las habitaciones en posadas, casonas o palacios ha ido de menos a más durante el verano. Aunque es una opción en la que resulta más difícil mantener la seguridad, para el presidente de la Asociación de Turismo Rural los viajeros han percibido la imagen que los alojamientos cántabros estaban haciendo las cosas bien. Un ejemplo es la forma en que se han servido los desayunos: “Se han montado en los jardines o en las terrazas y, como ha acompañado el buen tiempo, la gente ha disfrutado mucho al aire libre y ha podido mantener las distancias. Hemos fomentado el disfrute del entorno de las casas y ha sido algo que ha ayudado mucho porque la naturaleza es parte de nuestra ‘marca’ en cualquier alojamiento de Cantabria”.

Los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural están regulados en Cantabria por el Decreto 83/2010, modificado parcialmente por el Decreto 89/2017. A modo resumen con trazo grueso, las dos modalidades de contratación son en régimen de habitaciones o en viviendas completas, y las edificaciones –cada una de ellas con una tipología constructiva y unas características concretas detalladas en la normativa autonómica– que pueden pertenecer a la categoría de ‘alojamiento rural’ son las posadas, los palacios y las casonas cántabras, las viviendas y los apartamentos rurales. “Tienen que estar en un entorno que no tenga más de mil habitantes, con una limitación de plazas en cada caso y que la edificación sea anterior a 1950”, apunta Jesús Blanco, que advierte del uso que se hace del concepto ‘rural’ a pesar de no cumplir siempre los requisitos legales que regulan este tipo de alojamientos: “No todo es ‘rural’. Muchos se han sumado a la marca ‘casa rural’, pero esa categoría no existe como tal, es una denominación genérica”.

El valor de la marca ‘rural’

El presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria es consciente de que la marca ‘rural’ vende, pero se lamenta de que mezclarlo todo adultera el producto: “Lo auténtico solamente es el alojamientos rural que está de acuerdo al decreto vigente. Todo lo demás que se llame ‘rural’, cuya comercialización se ha desbordado a través de internet, de alguna manera nos ha usurpado la marca”. No sólo considera importante disipar esta confusión, sino que cree necesario puntualizar que la oferta que representa va más allá de la explotación de una denominación con indudable atractivo comercial, especialmente dada la situación sanitaria: “La Asociación de Turismo Rural de Cantabria es la única que tiene un plan de contingencia en los establecimientos, que tiene algún alojamiento certificado con el sello de seguridad del Instituto de Calidad Turística Española (ICTE), que ha hecho un plan de formación, que ha implementado las normas y que ha trabajado en el objetivo de la seguridad sanitaria como la mejor experiencia que ahora tenemos que ofrecer”.

Desde que los portales de internet se han convertido en la mayor plataforma de venta, es habitual que convivan indiscriminadamente ofertas de alojamientos legalmente establecidos con otros que no lo están; un intrusismo que el sector del turismo rural ha venido denunciando reiteradamente. “Nos ha hecho mucho daño. Ha hecho que los precios hayan ido a la baja en algunos momentos de crisis, se ha deteriorado nuestra imagen y se ha devaluado nuestro producto”, señala Jesús Blanco, para quien es imprescindible destacar la profesionalidad de los pequeños negocios que representa: “Todos estamos registrados en la Dirección General de Turismo, estamos dados de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, y cumplimos toda la normativa de seguridad, sanitaria, etc. La mayoría llevamos muchos años dedicados a esto y hemos hecho una inversión muy importante. Lo que hacemos no es solamente abrir una casa, subirla a una web y ahí está, sino que damos unos servicios, preparamos actividades, atendemos a todo lo que el cliente necesita o requiere desde que llega hasta que se va”.

A la asociación, que agrupa a unos trescientos profesionales del sector, se van sumando como socios colaboradores pequeños negocios que ofrecen experiencias –como la producción de queso, vino, cerveza, entre otras, así como rutas u otras actividades complementarias– a los clientes de los alojamientos. Su presidente recalca que el concepto del turismo rural trasciende al mero servicio de hospedaje: “El turista busca disfrutar de algo nuevo, que le pueda interesar o que le llame la atención; que tanto el alojamiento, los servicios, el entorno y las actividades le ofrezcan algo atractivo”. Su objetivo es estar a la altura de unas expectativas que, desde hace varios años, la Asociación de Turismo Rural de Cantabria fomenta mediante la producción y publicación de unos videos promocionales de las distintas comarcas de Cantabria: “En ese trabajo de promoción ponemos en valor nuestros alojamientos rurales y, además, todos las pequeñas empresas de esas comarcas que quieran estar con nosotros y con las que podemos ofrecer un paquete que se visualiza y se comercializa a través de la nuestra central de reservas”, destaca Jesús Blanco.

Los alojamientos rurales cántabros han centrado sus esfuerzos esta temporada en ofrecer a sus clientes seguridad sanitaria, la mejor y más apreciada experiencia en estos tiempos. Jesús Blanco cree que el buen resultado hasta el momento es fruto de una ardua labor que arranca a principios de junio cuando comienzan a preparar la reapertura: “A partir de ahí nos ponemos a trabajar intensamente: participamos en la elaboración de las normas de seguridad del ICTE; hemos hecho cursos de formación online para los asociados, para que conozcan las normas y las implementen; llegamos a acuerdos con una auditora para los que se quieran certificar y ya tenemos a dos en Cantabria; para quienes no pudieran costearse una auditoría externa creamos un sello, un compromiso de seguridad con las normas sanitarias y su implementación. Y todo esto, además de trabajo, supone un gasto próximo a los 3.000 euros, sin saber si esto iba a funcionar, sin saber qué iba a pasary después de tres meses perdidos sin ingresar nada”.

Las medidas de prevención frente a la covid-19 han obligado a los negocios de turismo rural a llevar a cabo diversos cambios en los alojamientos. Han tenido que despojarse de cortinas, cuadros y otros elementos de la decoración o el mobiliario que eventualmente pudieran favorecer la transmisión del virus. También ha sido eliminado el formato de bufet en los desayunos, se ha incrementado el uso de productos higiénicos y, en general, se han tenido que realizar modificaciones y reformas para ganar el espacio de seguridad que necesitan los clientes. Para el presidente de la Asociación de Turismo Rural todo ello ha supuesto tener que reinventarse: “Ha sido volver a abrir. No es que cierras tres meses y abres normalmente, es volver a empezar. Es una situación nueva, totalmente incierta, en la que hemos apostado por la seguridad. Ha sido un trabajo bajo una gran presión, con la duda de si era más acertado esto o no hacer nada, pero, al final, la situación nos ha dado la razón”.

Además de las normas sanitarias obligatorias y básicas, la mayor parte de los establecimientos cántabros de alojamiento rural han implementado voluntariamente las normas recomendadas por el ICTE y la Secretaría de Estado de Turismo. También han contado con la ayuda del plan de contingencia elaborado por la Asociación para facilitar a los empresarios la remodelación tanto de las habitaciones como de las viviendas completas. “Esto nos ha fortalecido mucho. Los clientes lo han ido viendo y transmitiéndolo unos a otros. El resultado es que estamos a tope de ocupación”, indica Jesús Blanco con la satisfacción de constatar que van por buen camino, aunque alerta de que no pueden bajar la guardia y deben seguir perseverando: “La covid-19 nos está dando una oportunidad nueva. La gente busca lo más auténtico, lo de más calidad, lo más agradable o lo que más seguridad ofrece y por esta situación, de alguna manera, nos está volviendo a descubrir, a disfrutar y a valorar”.

Más allá de algún video explicativo de las medidas de seguridad adoptadas, el turismo rural cántabro no ha necesitado poner en práctica promociones especiales para atraer clientela este verano, ni siquiera se han modificado los precios. “Tal vez ha habido alguna oferta inicial, pero luego se han mantenido los precios de temporada alta del año anterior y ha funcionado. La gente tenía ganas de salir y lo ha hecho cuando ha podido y cuando ha visto que había seguridad”, subraya el responsable de la asociación. En su opinión, habría incluso más razones para que las tarifas se hubieran incrementado: “Ahora hay más gastos, se necesita más personal, hay que comprar continuamente mascarillas, desinfectante, etc. Es un mayor esfuerzo, por lo que el precio no se podía bajar y no se ha bajado”. Resalta, además, que toda la inversión inicial y el mayor gasto diario a los que se han visto forzados por la situación los han afrontado sin recibir ninguna ayuda específica o finalista de dinero público.

Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria.

El cóctel que explica el éxito del turismo rural cántabro esta temporada consta de múltiples ingredientes. El turista nacional apenas ha salido al extranjero y ha sustituido los viajes en avión por los desplazamientos en coche, siendo el norte de España un destino ideal para las vacaciones familiares lejos de la masificación de otros lugares. “Haciendo tan buen tiempo como ha hecho, siempre es más agradable y, dentro del norte, Cantabria está muy bien posicionada. Tenemos una buena imagen, una buena calidad y un buen servicio. Hay muchas ofertas de turismo rural en otros sitios que no tienen mucho servicio, la nuestra sí”, concluye Jesús Blanco. No obstante, sabe que en este momento es difícil prever si la tendencia seguirá siendo tan positiva en el futuro próximo: “Todo dependerá de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria. Si todo va más o menos así y hace buen tiempo, la gente irá reservando sobre la marcha porque no sabe si habrá problemas de movilidad y el día a día se irá ocupando todo. Septiembre también puede ser un mes que ayude, pero es todo muy incierto”.

 

La ocupación ilegal de viviendas ha llegado para quedarse. Más allá de si la creciente preocupación social en torno a este fenómeno está o no justificada, la agenda política y mediática de las últimas semanas se ha llenado de iniciativas para tratar de analizar y atajar una práctica que no es nueva, pero sobre la que apenas hay datos fiables. Los colegios de abogados y de administradores de fincas, dos de los colectivos profesionales más directamente vinculados a este fenómeno, coinciden en señalar que el problema no es especialmente grave en Cantabria, pero difieren en su análisis sobre la oportunidad de abordar reformas legales para combatirlo.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Octubre 2020

En medio de esta pandemia que amenaza con colapsarlo todo, otro tema ha conseguido despertar un inusitado interés social: la ocupación de bienes inmuebles. Aunque no se trata ni mucho menos de un problema nuevo, lo cierto es que el debate sobre esta práctica ilegal no ha hecho sino subir enteros hasta acaparar buen parte de la agenda política y mediática nacional de las últimas semanas. De hecho, la innegable sensación de inseguridad que ha anidado entre la ciudadanía en torno a este asunto ha obligado a los poderes públicos a tomar cartas en el asunto y a proponer medidas para intentar poner coto a un fenómeno sobre el que apenas existen datos fiables y sí, en cambio, mucha confusión.

Así lo ha hecho La Fiscalía General del Estado, con la remisión el pasado 15 de septiembre a todas las fiscalías territoriales de una instrucción en la que les proporciona criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, los dos tipos penales que describen y sancionan estas conductas. Además de instar a los fiscales a actuar con mayor rapidez ante la ocupación ilegal, esta instrucción también pretende dar respuesta a las diferentes situaciones que se plantean en la práctica, haciendo especial referencia a los hechos de esta naturaleza cometidos por colectivos organizados, convertidos en ilícitas y muy lucrativas empresas inmobiliarias de lo ajeno, según reza el texto enviado por el Ministerio Público.

Poco antes de conocerse este documento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba la creación de un teléfono para denunciar ocupaciones y, un día después, el Ministerio de Interior hacía lo propio al revelar en el Congreso, por boca de su titular, Fernando Grande-Marlaska, la próxima aprobación de otra instrucción para facilitar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los desalojos inmediatos de casos de ocupación.

El Parlamento cántabro, por su parte, aprobó el pasado 21 de septiembre, con los votos del PRC, PP y Cs, una iniciativa en la que pide al Gobierno central una Ley Antiokupas y una modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevar a cabo desalojos inmediatos en casos de ocupación ilegal de viviendas.

¿Alarma justificada?

Pero, ¿está justificada esta creciente preocupación social? Las pocas estadísticas que existen sobre este fenómeno parecen indicar que no hay motivos fundados para la alarma, al menos en Cantabria. Según el Ministerio del Interior, durante el primer semestre de 2020 se registraron 24 denuncias por ocupación en la región, un 33% menos que en igual periodo de 2019, cuando se contabilizaron 36. Esta cifra, además, apenas representa el 0,3% del total de denuncias presentadas en España, que de enero a junio fueron 7.450, de las que casi la mitad correspondieron a Cataluña. De otro lado, la última memoria de la Fiscalía General del Estado sobre tipologías de delitos, recoge que el Ministerio Fiscal llevó a cabo 14 diligencias previas por allanamiento de morada el pasado año en Cantabria, casi un 40% menos que en 2018, cuando se practicaron 23. En cuanto al delito de usurpación, la Fiscalía practicó 91 diligencias previas en 2019, algo menos de la mitad que un año antes, cuando realizó 187.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su informe dedicado a analizar el efecto de la crisis en los órganos judiciales, señala que los juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Cantabria resolvieron el pasado año 27 juicios civiles por ocupaciones ilegales de inmuebles, mientras que otros 18 quedaron pendientes. Este procedimiento para acelerar el desalojo de viviendas ocupadas, que afecta a particulares, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social, entró en vigor en junio de 2018 con la modificación de la Ley Enjuiciamiento Civil. Según el CGPJ, en el primer trimestre de 2020 (últimos datos disponibles), estos juzgados han resuelto por este motivo un total de ocho asuntos, los mismos que de enero a marzo de 2019, y 19 siguen en trámite.

La opinión de los profesionales

Andrés de Diego, decano del Colegio de Abogados de Cantabria.

¿Y qué opinan los colectivos profesionales implicados? Para el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, los supuestos de ocupación ilegal de viviendas no han experimentado ningún incremento “significativo” durante estos meses de pandemia. “No sé si en otras comunidades autónomas esta práctica se habrá agudizado, pero en Cantabria el problema no ha ido más allá del que ya existía antes de iniciarse esta crisis sanitaria. Ni por comentarios entre los propios colegiados, ni por solicitudes de asistencia jurídica gratuita hemos notado un aumento de casos”, subraya De Diego.

En parecidos términos se expresa el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (CAFCA), Alberto Ruiz-Capillas, aunque introduce varios matices. “Es verdad que el número de ocupaciones en Cantabria no es muy relevante y que está muy lejos, incluso porcentualmente, de las que soportan Cataluña o Baleares, por poner dos ejemplos con cuyos colegios estamos en contacto, pero más vale prevenir que curar”, explica. “Además, las incidencias, cuando suceden, son prácticamente igual en todos los lugares y los más perjudicados, al margen de los titulares de los inmuebles ocupados, siempre son las comunidades de propietarios”, razona en consonancia con lo advertido desde la Fiscalía General del Estado, que también admite los problemas de convivencia a que pueden dar lugar en el entorno en el que se producen las ‘okupaciones’.

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria.

En opinión del presidente del Colegio de Administradores de Fincas, el creciente debate social está más que justificado porque “cada vez las ocupaciones son más violentas y cada vez es menor el porcentaje de personas que ‘okupan’ una vivienda realmente por necesidad habitacional”, enfatiza.

Sin embargo, los dos representantes colegiales difieren abiertamente a la hora de valorar si los instrumentos legales que existen actualmente son o no suficientes para abordar esta problemática. Para el decano de los abogados cántabros, aun reconociendo que el derecho “siempre va por detrás de la realidad social y adaptándose a ella”, existen “instrumentos de sobra” para hacer frente tanto a los delitos de allanamiento de morada como de usurpación de bienes inmuebles. “Ahora –continúa– Fiscalía y Policía han actualizado unas instrucciones precisamente para la puesta en marcha de medidas cautelares en los procedimientos en los que se constate de hecho que existe una ocupación ilegal para que el propietario pueda recuperar a la mayor brevedad la posesión de la vivienda. Lo que se pretende es poner sobre el papel estas herramientas, que ya existían pero que eran genéricas, para que funcionen”, explica.

Sobre la oportunidad de endurecer el Código Penal para agravar el delito de ocupación ilegal, De Diego se muestra más cauto. “Si bien es verdad que las penas no son relevantes e incluso la usurpación está tipificada como un delito leve, cuando los que están detrás son mafias, el delito de organización criminal sí tipifica con mayor gravedad estas conductas. En cualquier caso, creo que hace falta un debate social y un consenso más amplio para afrontar un cambio en este sentido. Dicho esto, si está situación se incrementa se por una cuestión de impunidad, quizá sí habría que dar una respuesta más adecuada”. De su lado, Ruiz-Capillas entiende que la ley necesita una “reforma urgente”. Así, asegura que el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha planteado, en la última reunión de su Comisión Legislativa, la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, “con el fin de dotar a las comunidades de propietarios, en el primer caso, y a los ayuntamientos, en el último, de mayores recursos legales para prevenir los efectos y problemas que generan la ocupación ilícita de viviendas, que lo es también de los elementos comunes”.

Y es que, según sostiene el presidente de los administradores de fincas cántabros, las comunidades no disponen ahora mismo “de ningún instrumento” para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas, salvo que los ocupantes contravengan los estatutos comunitarios o realicen actividades nocivas, insalubre o molestas. “El único que puede actuar es el propietario y, si se trata de pisos vacíos en manos de bancos o de fondos de inversión, como muchas veces ocurre, estos ni siquiera lo denuncian”, subraya.

Por ello, además de incluir la “ocupación sin título” dentro de las condiciones para iniciar la acción de cesación recogida en el artículo 7.2 de la LPH, la propuesta del CGCAFE incluye igualmente un nuevo redactado para que la comunidad de propietarios pueda iniciar “la acción de recobro de la posesión, los antiguos interdictos, siempre y cuando el legítimo poseedor no ejecute ninguna acción. En este caso, el procedimiento se sustancia en un juicio verbal, que es mucho más rápido”, detalla el presidente de los administradores de fincas. 

Sobre la dificultad en echar a los ‘okupas’, De Diego se remite a la casuística. “En este asunto se dan muchas situaciones diferentes. En caso de ocupación manifiesta, ahora vamos a tener la herramienta de las medidas cautelares con una respuesta judicial más rápida. Pero hay otros supuestos civiles de reacción más lenta”, admite el decano. “Es muy difícil”, afirma Ruiz-Capillas y, en el caso de las comunidades de propietarios, “prácticamente imposible”, salvo que el ‘okupante’ provoque daños sustanciales que, por otro lado, resultan muy complicados de demostrar. “Si no ocasiona daños, sin las reformas que solicitamos, la comunidad no tiene nada que hacer y sí mucho que sufrir”, argumenta.

Pisos de bancos

Con todo, el presidente del CAFCA coincide, como mantienen muchos jueces, que la mayoría de las ocupaciones ilegales son de pisos vacíos de bancos y entidades jurídicas. “En Cantabria, de momento, es así. De los últimos seis casos de los que el Colegio tiene conocimiento –cinco pisos y un chalet– todos son propiedad de entidades financieras”, concede. En caso de ‘okupación’ ilegal, tanto De Diego como Ruiz-Capillas recomiendan que lo primero que hay que hacer es denunciar el hecho ante la Policía y acudir a un abogado para iniciar los oportunos procedimientos legales. “Cada caso es un mundo”, conviene el decano de los abogados de Cantabria, mientras que el segundo añade nuevos elementos desde el punto de vista comunitario. “Hay que ponerlo en conocimiento de los vecinos, del administrador y del presidente de la comunidad para actuar de forma conjunta y coordinada y utilizar todos los medios posibles a su alcance, no solo los legales, informando a las compañías suministradoras de luz, agua, gas o telefonía de la defraudación para que actúen en consecuencia”, aconseja Ruiz-Capillas.

 

A punto de terminar la vigencia del Plan de Sostenibilidad Energética 2012-2020, Cantabria no ha conseguido poner en funcionamiento ni un solo megawatio más de potencia eólica de los que ya tenía cuando entró en vigor el documento que pone marco al desarrollo de las energías renovables en la región. Las empresas promotoras aseguran que hay en tramitación parques eólicos con capacidad para sumar 800 megawatios, y que los primeros podrían estar en funcionamiento antes de dos años, algo para lo que confían en el compromiso del Gobierno regional para agilizar trámites y liberar cargas administrativas en la tramitación de las iniciativas.

Cristina Bartolomé |  @criskyraOctubre 2020

Apesar de que las fuentes renovables de energía se ajustan al marco argumental imperante de conservación del medio ambiente y el cambio climático, en Cantabria no se han desarrollado parques eólicos en la última década y no se ha generado ni un megawatio de potencia eólica en este tiempo. Así, la región está a la cola en desarrollo eólico y sigue con los mismos parques que hace 10 años: Cañoneras y el molino experimental de Vestas. El presidente de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC), Agustín Valcarce hace una descripción sucinta y clara: “Si vemos el Plan de Sostenibilidad Energética, que preveía 705 MW para 2020, no se ha hecho nada. No podemos decir otra cosa, las cifras hablan por sí solas. Ha sido una década en blanco para las renovables”.

Agustín Valcarce, presidente de la Asociación Eólica
de Cantabria.

Sin embargo, las empresas de la Asociación Eólica de Cantabria tienen en tramitación la generación de 800 MW y aseguran que los primeros parques eólicos pueden estar en funcionamiento en dos años. ¿Cuáles son las razones de este retraso? Según el presidente de la AEC, el Plan de Sostenibilidad Energética, cuya vigencia concluye este año, es tan riguroso que ha sido más un obstáculo que un marco para el desarrollo de proyectos: “Parecía que estaba hecho para entorpecer”, debido a las exigencias que debían cumplir los parques eólicos, entre ellas las de carácter medioambiental. Ahora se elabora por parte de la administración regional uno nuevo y a los empresarios del sector les gustaría que fuese, apunta Valcarce, “realista, con requisitos exigibles y que la tramitación sea ágil, que nos digan si los proyectos son viables o no”. El presidente de la AEC considera que no puede haber expedientes pendientes de aprobación durante 5 o 10 años, aun teniendo en cuenta que son trámites complejos, ya que involucran a varias administraciones y ministerios: la local, la comunidad autónoma, industria, medioambiente, ordenación territorio, redes eléctricas, Aena, etc.

Define la legislación medioambiental cántabra como “bastante farragosa”, algo que les hace ir más lento que en otras comunidades, como Aragón o Galicia: “Nosotros, al final, estamos en una carrera con el resto de comunidades autónomas. La implantación de energías renovables supone inversiones muy importantes y los retornos son ajustados. A partir de ahí, parece claro que las empresas van a invertir donde menos problemas tengan”. Aun así considera que las dificultades administrativas pueden no ser la única razón de la falta de desarrollo de proyectos en la región: “Tenemos que analizar si es solo el tema normativo, o si tenemos recursos suficientes en la administración para realizar toda la tramitación. Ahora miramos el futuro con cierto optimismo y queremos constatarlo, que se vea que las tramitaciones se agilizan y son comparables con el resto de comunidades autónomas, esto nos hará ser igual de competitivos”.

Mesa presidencial y asistentes a la asamblea de la Asociación Eólica de Cantabria, celebrada el pasado 17 de septiembre. En la foto de la página de la derecha, el parque eólico de Cañoneras, en Soba, y el molino experimental de Vestas en el monte Cotío, de Campoo de Enmedio.

La Asociación Eólica de Cantabria, que agrupa a las principales empresas locales, afronta el futuro con una nueva perspectiva tras el balón de oxígeno por parte del Gobierno regional, que en la reciente asamblea de la aagrupación, celebrada en septiembre, realizó varios anuncios que fueron bien acogidos: “La Consejería de Industria manifestó su intención de seguir tramitando los expedientes con el plan que hay ahora, pero con agilidad; y Medio Ambiente dijo que se había dotado de más medios con el fin de acortar los plazos de contestación. Además, hemos visto que había mejorado mucho la coordinación de las consejerías y la verdad es que las empresas recibimos todo esto con satisfacción”. El nuevo plan, llamado a sustituir al actual, podría estar próximo a su conclusión a principios de 2021.

¿Es un negocio rentable?

La AEC sostiene que todos los proyectos de parques eólicos en tramitación están fuera del sistema de primas o ayudas a las energías renovables, y que serían rentables en todo caso. Valcarce asegura que la inversión en este negocio es de promotores privados y que no cuentan con ninguna ayuda pública, de hecho, asegura, “ninguno de ellos se ha metido en las subastas energéticas del ministerio y todo el riesgo es privado, incluso contra los precios del mercado, donde hay una incertidumbre importante, por lo que estas inversiones entendemos que deberían ser bienvenidas”. El cálculo que hace es sencillo: por cada megawatio eólico generado se necesita un millón de euros de inversión, y si recientemente se dio a conocer que hay en proyecto la generación 800 megawatios, esa sería la inversión privada a movilizar: “Está claro que hay gente dispuesta a ello”, asegura Agustín Valcarce. El presidente de la AEC aboga incluso por que este tipo de energía se convierta en un pilar para la recuperación de Cantabria tras la crisis postpandemia. “Esto podría conseguirse si estamos de acuerdo en que toda la cadena de valor se quede en Cantabria y somos capaces de captar la mayor parte de la inversión. Aunque no fuese el motor, es suficientemente importante como para que no se abandone”.

Pero, ¿cuál es el retorno de un negocio que necesita una inversión en dinero y tiempo tan importante? En términos de empleo, Valcarce asegura que la construcción de un parque eólico de 100 megawatios emplea a 100 personas durante un año: “Eso nos da una idea de la carga de trabajo que puede generar en Cantabria, a lo que hay que añadir el mantenimiento, que necesita entre 6 y 8 personas, y las actuaciones puntuales de empresas especializadas”. En cuanto al precio de la energía, plantea la pregunta retórica de cuánto va a valer dentro de unos años. Aquí aclara que las empresas inversoras hacen proyecciones a largo plazo, teniendo en cuenta que las previsiones de viento tienen que transformarse en datos reales. Avanza que muchas empresas calculan una tasa interna de retorno (TIR) del 8% a sus proyectos: “No es nada abultado ni descabellado, si tenemos en cuenta que ha caído el precio de mercado con el confinamiento. Hay riesgo, pero las eléctricas piden un mínimo”.

No solo un beneficio económico

El presidente de los empresarios de empresas eólicas de Cantabria enumera también otros beneficios, entre ellos el del abastecimiento propio: el proyectado parque eólico de El Escudo, que generaría según las previsiones 150 megawatios, podría proveer a más de 100.000 hogares de Cantabria. Por otra parte, está el beneficio medioambiental, y subraya que la energía eólica nos hace menos dependientes del carbón y reduce el CO2 que se emite a la atmósfera.

Viendo los beneficios que podría aportar la energía eólica a Cantabria, cabría preguntarse si el sector sería susceptible de recibir parte de las ayudas europeas ahora en liza, dado que una de las premisas es que respalden iniciativas que defiendan el medioambiente frente al cambio climático. Valcarce no se muestra muy optimista al respecto: “Como promotores marco nos encantaría que la administración apoyara proyectos para los que le cuesta más conseguir financiación o que entrañan mayor riesgo económico pero tienen cierto interés social. En cuanto a la energía eólica, como hay muchas iniciativas que puede ser abordadas con fondos privados, me temo que en general no se va a apoyar. Solo le pedimos al gobierno que agilice la tramitación, que salgan en plazos razonables. Qué más puede pedir el gobierno a día de hoy, a pesar del covid, si hay empresas dispuestas a invertir sin ayudas públicas”.

El sector eólico, en cifras

La Asociación Eólica de Cantabria está compuesta por 17 empresas, de las cuales la tercera parte corresponde a los principales promotores de parques en la región. El resto es un conjunto de compañías de la cadena de valor del sector eólico en el que existen empresas de redes y sistemas, construcción, transporte, mecanizados, montajes eléctricos, etc. En la actualidad sólo hay en funcionamiento 32 MW en el parque de Cañoneras en Soba y otros 3 MW en el aerogenerador experimental de Vestas en el sur de la región. En comparación con la generación producida en las comunidades autónomas más cercanas, Cantabria queda bastante alejada: Galicia produce 3.814 MW, Asturias, 518, País Vasco 153 y La Rioja 447, según los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Entre las razones de la ralentización de los proyectos puede haber más que la lenta tramitación administrativa, también la oposición de algunos grupos medioambientales ha podido hacer mella en los planteamientos a favor de este tipo de energía renovable, “representan a poca gente pero que tienen altavoz mediático y se oponen frontalmente”, considera el presidente de la AEC. Sin embargo, para Agustín Valcarce la realidad se ha impuesto y en el caso del parque eólico de Soba, el primer y único parque en Cantabria desde 2008, “según el ayuntamiento la aceptación por parte de la población asciende al 90% y no ha afectado al turismo, -se decía que iba a espantar a los turistas-, sino al contrario. Este parque ha servido para desmitificar la implantación de estas instalaciones”. Valcarce concluye que “parece que en Cantabria hay que favorecer su implantación, llevamos 20 años y seguimos con carbón y energía nuclear”.

En la reciente asamblea de la AEC el Gobierno de Cantabria ratificó su compromiso con las energías renovables: el consejero de Industria, Francisco Martín, recordó que está en preparación el Plan Energético Cantabria 2021-2030. Consideró que la descarbonización es una obligación y que en 2025 hay que haberse desprendido de los medios de generación eléctrica basados en los combustibles fósiles: “Cantabria no tiene petróleo pero tiene viento y es nuestra obligación como Gobierno hacer que ese viento se convierta en electricidad, inversión y puestos de trabajo”, aseguró. Y el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, recordó que la defensa de las renovables es una consecuencia lógica de la Declaración de Emergencia Climática aprobada por el Gobierno en 2019. Aseguró que “dará celeridad y seguridad jurídica a los proyectos para conseguir energía alternativa que es lo que Cantabria necesita, porque tiene condiciones para ello”.

En España hay 1.203 parques eólicos en 807 municipios. Con 25.704 MW de potencia acumulada, la energía eólica ha sido la segunda fuente de generación eléctrica peninsular en España en 2019. España es el quinto país del mundo por potencia eólica instalada, tras China, Estados Unidos, Alemania e India. Cubre el 20,8% de la energía consumida en nuestro país y evita la emisión de 28 toneladas de CO2 al año, según la Asociación Empresarial Eólica.

El confinamiento de la pasada primavera se inició cuando había pasado ya el tiempo de caza, y la nueva temporada arranca con pocas restricciones y con la confianza en que pueda desarrollarse sin mayores contratiempos en lo que se refiere a las cacerías con más tirón entre los cazadores cántabros. Pese a todo, la nueva normalidad también ha afectado a la actividad que se genera en torno a este deporte, sobre todo por la limitación de los desplazamientos entre países, que ha reducido la demanda en las regiones en las que la práctica cinegética tiene un mayor componente económica, y por un cambio en los hábitos por parte de los cazadores que está sufriendo, sobre todo, la hostelería.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Octubre 2020

Es una actividad que se desarrolla al aire libre, que reclama para sí la condición saludable que suele concederse a la práctica deportiva y que según sus practicantes, y pese a lo controvertido de su efecto sobre el entorno, cuenta con argumentos para ser considera como esencial incluso si llegara a producirse un nuevo confinamiento. Pero la caza implica también desplazamientos, entre comunidades autónomas y también entre países, así como reuniones de grupos con un mayor número de componentes de los que los protocolos de prevención de la covid-19 consideran seguros para limitar las posibilidades de expansión de la pandemia. De como se resuelvan esas dos tensiones, que vienen a sumarse a otras con las que la práctica cinegética está más habituada a convivir, dependerá que la temporada que acaba de iniciarse se desarrolle con una normalidad acorde cuanto menos al alcance que ese término está teniendo en tiempos post-covid. Con todo, ya en la media veda de agosto y septiembre, y en las primeras cacerías en la Reserva del Saja, se ha podido constatar algunos cambios que inciden en la forma en que los cazadores salen al campo, como también se habían concretado ya otros en las condiciones en que se relacionaban con la administración en lo tocante a su afición. Alguno de esos cambios está teniendo incidencia en la actividad económica que se genera en torno a lo cinegético, incluso en una región en la que este componente tiene un peso menor, como es el caso de Cantabria. En otras, donde la caza es un reclamo para aficionados de todo el mundo y alimenta el negocio de empresas de todos los sectores, las pérdidas amenazan con ser bastante más acusadas.

Cantabria cuenta con 6.000 cazadores federados, lo que sitúa a este deporte entre los que cuentan con un mayor número de practicantes en la región, solo por detrás de fútbol y baloncesto y en un nivel similar al que tiene el golf. Como este último, pero incluso en mayor medida, la caza tiene una notable capacidad para generar actividad económica en torno a su práctica, y a hacerlo de una forma transversal en negocios dedicados a un amplio abanico de actividades. A diferencia de lo que sucede en regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha, en Cantabria no se pagan grandes cantidades por cazar, ni la región es destino preferente para quien lo hace, lo que la sitúa relativamente al margen de la caída de ingresos que en esas comunidades autónomas está provocando la pandemia y las restricciones a los desplazamientos. Son también minoría en Cantabria los cotos privados, aquellos que son objeto de una gestión puramente empresarial que, como tal, necesita cuadrar el balance entre ingresos y gastos. En todo caso, el impacto de la crisis sanitaria en estos, o en los que son gestionados por sociedades de cazadores –la mayoría de los de la región– está siendo mínimo, según coinciden en señalar tanto los propios cazadores como desde la Federación Cántabra de Caza: el componente social que lo cinegético tiene en Cantabria, unido a lo mucho que se ha echado en falta la actividad al aire libre durante los meses de confinamiento, ha hecho que quienes practican la caza en Cantabria –o quienes se desplazan desde aquí a las comunidades vecinas para hacerlo– retomasen su afición en un número similar a anteriores campañas.

“La temporada se ha iniciado con toda normalidad, y salvo una catástrofe sanitaria que ninguno esperamos, estamos convencidos de que va a seguir desarrollándose sin incidencias”, asegura Ignacio Valle, presidente de la Federación Cántabra de Caza que también lo es, desde abril del pasado año, de la española. Esa doble responsabilidad le otorga una posición privilegiada para valorar las diferente forma en que la pandemia afecta a la actividad cinegética en unas y otras regiones: “La caza empresarial, la que se da en el sur de España, sí que va a notar mucho la crisis, de hecho ya lo está notando. Las restricciones a la movilidad internacional la han dejado sin uno de sus principales mercados, y las grandes monterías donde se juntaban decenas de personas no son posibles. Ahí va a haber pérdidas económicas importantes”, lamenta.

En el caso de Cantabria, donde la caza corre a cargo casi siempre de cazadores locales, la situación es mucho mejor, y comparable en casi todo a la de cualquier otra temporada. Las diferencias tienen que ver sobre todo con los protocolos sanitarios, que en el caso de las cuadrillas de caza mayor implican cumplir con una serie de pautas para evitar reuniones en las que no pueda cumplirse con la distancia de seguridad, y una modificación en los trámites administrativos que se dan en la jornada cinegética, y que buscan minimizar los contactos del guarda con los miembros de cada partida. Antes cada cazador entregaba los documentos al guarda, en tanto que ahora es el jefe de la cuadrilla quien lo hace, responsabilizándose de que todos los que participan en la cacería cuenten con las autorizaciones y permisos necesarios.“Los cazadores en Cantabria, por suerte o por desgracia, tenemos ya una cierta edad, y estamos muy concienciados de la necesidad de cumplir las medidas de seguridad contra la pandemia”, asegura Ignacio Valle. Esa concienciación del colectivo también la menciona Manuel Borbolla, presidente de la Sociedad de Fomento de Caza y Pesca, la mayor entre las sociedades de cazadores cántabras, y una de las más antiguas entre las que existen en España. “La responsabilidad de los cazadores está siendo total. Cuando ha habido otras normativas quizá ha habido quien ha sido más reticente a cumplirlas, en este caso no ha sido así. No sé si habrá rebrotes, pero de lo que estoy seguro es que si los hay, ninguno será por culpa de los cazadores”. La Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca es además gestora de algunos cotos, algo que la sitúa ante la perspectiva de afrontar el riesgo económico que supondría una caída en la actividad cinegética y la consecuente merma en el número de permisos de caza expedidos: “La caza menor es una actividad que se realiza de forma individual y al aire libre, con lo que el peligro de contagios es mínimo. Pero eso no significa que no vayamos a notar la crisis sanitaria. Pasa un poco como con las reservas hoteleras, cuando hay noticias de que los contagios crecen, la gente las anula. Algo de eso estamos notando nosotros”.

Ignacio Valle, presidente tanto de la Federación Española de Caza como de la cántabra.

La comparación con la hostelería es pertinente también en lo que toca a la actividad económica generada por los cazadores, y en lo que esta puede verse afectada por la pandemia. dado que es precisamente el gasto que se hace en restaurantes y cafeterías el que en mayor medida puede resentirse durante esta temporada. “Sí, posiblemente ese es el mayor cambio”, admite Ignacio Valle, en una afirmación que repite casi con las mismas palabras Manuel Borbolla. Lo habitual otros años, coinciden ambos, es que los cazadores quedaran para tomar el primer café de la mañana camino del coto, y se juntasen luego para comer en algún restaurante: “Este año llevamos un termo, y la comida de casa, por la concienciación que está demostrando el colectivo de cara a evitar situaciones de riesgo de contagio. Es una pena, porque los bares y restaurantes de las zonas rurales lo van a notar mucho”, señala el presidente de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca.

La capacidad de la caza para generar actividad económica, singularmente en el entorno rural, es algo que tiene uno de sus ejemplos más evidentes en esa vinculación con la hostelería que mencionan Ignacio Valle y Manuel Borbolla, pero que alcanza a sectores muy diversos, alguno de ellos de forma más directa, y en mayor medida, que a bares y restaurantes. No abundan, en cambio, las fuentes que permitan cuantificar esa aportación y, sobre todo, medir su evolución en el tiempo. La referencia más clara sigue siendo la que aporta el estudio realizado en 2018 por Deloitte para la Fundación Artemisan, y con el que esta última quería aportar elementos racionales al debate entre partidarios y detractores de la caza. El estudio calculaba que cada cazador destinaba a su afición una cantidad media de 5.000 euros al año, un dato referido al conjunto de España y que a tenor de los cálculos que hacen los propios cazadores puede ser claramente exagerado si hablamos de Cantabria, donde el componente social rebaja notablemente el precio que se paga por practicar esta afición, en abonos a los cotos, en permisos de caza o en monterías.

Manuel Borbolla, presidente de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca.

Pero queda un amplio abanico de categorías en los que el gasto de los cántabros no estaría muy alejado del que calcula Deloitte. Ahí entrarían los que se destinan a los perros, a ropa y complementos, a los equipos electrónicos o las armas, seguros y trámites administrativos, unido a la gasolina y la amortización de vehículos, y que en conjunto sumarían una cantidad que los propios cazadores cántabros calculan en torno a los 1.000 euros anuales. Los seis millones de euros al año que resultarían de multiplicar esa cantidad por el número de cazadores sería, en un cálculo conservador, lo que la afición cinegética aporta de la forma más directa a la economía de Cantabria.

Los tres centros que cuentan con campus en Cantabria han adaptado sus medios y su programación al escenario que dibujan los protocolos de prevención del Covid-19, con el objetivo principal de no perder el curso pero asumiendo que las circunstancias siguen dejando muchas incógnitas en el aire. Con todo, los responsables de la Universidad de Cantabria, Uneatlántico y Cesine consideran que la calidad de la docencia no va a verse afectada y no creen que la pandemia tenga una gran incidencia en el número de matrículas.

Cristina Bartolomé |  @criskyraSeptiembre 2020

Incertidumbre es la palabra que tal vez mejor defina el marco en el que se desarrollará el curso académico 2020-2021, y los estudios universitarios no se libran de ese no saber con certeza qué pasará. En previsión de lo que vaya demandando la cambiante situación sanitaria, las universidades que cuentan con campus en Cantabria ya han diseñado los escenarios en los que previsiblemente deberán navegar: docencia presencial en las aulas, docencia online y docencia mixta.

La Universidad de Cantabria tiene como objetivo mantener la asistencia de los estudiantes al campus. Según ha dado a conocer la institución cántabra, esta opción se incluye entre los diversos escenarios que contempla en función de la situación sanitaria y que se recogen en el  ́Plan para la Adaptación al modelo de docencia mixta ́ que servirá de guía para el curso 2020/21. Los escenarios son la presencialidad total, la docencia mixta y a distancia. El plan se activará en el caso de tener que pasar del escenario 1 (100% presencialidad) al escenario 2 (docencia mixta) o al 3 (100% modalidad a distancia). Para asegurar la calidad formativa está previsto que los cambios adoptados tengan como marco de referencia los Estándares Europeos para el Aseguramiento de la Calidad.

Ángel Pazos, rector, asegura que la universidad decana de Cantabria garantizará “la máxima docencia presencial posible”, según comentó tras un encuentro mantenido el pasado mes de agosto con el vicepresidente del Gobierno de Cantabria. Pazos explicó que si la situación sanitaria se mantiene como hasta ese momento –mediados de agosto– el modelo sería “mixto presencial”, con un aforo reducido en las aulas para garantizar las medidas de seguridad. Según precisó, los alumnos de manera rotativa recibirán formación presencial o la seguirán por medios telemáticos para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad: “Optamos por la máxima docencia presencial posible, pero garantizando la seguridad y por eso estamos haciendo un esfuerzo en el acceso a medios de telecomunicación”, señaló el rector.

Menos clases y una plataforma virtual

En caso de tener que pasar a la docencia mixta, la Universidad de Cantabria prevé que cada alumno acuda al campus un porcentaje de horas, especialmente las asignaturas con un alto grado de experimentalidad, recibiendo el resto de docencia a distancia y de forma síncrona. Además, se deberá prever la transición a un sistema de docencia exclusivamente online en el caso de que se establezca la suspensión total de la actividad presencial. En este sentido todas las asignaturas tendrán un curso en la plataforma Moodle antes de iniciar el cuatrimestre de su impartición, con todos los recursos y materiales de apoyo a la docencia, dentro de un plan de virtualización de asignaturas. Habrá un plan de ayuda para el préstamo de ordenadores y conexión a internet para los alumnos y profesores que lo necesiten y también se actualizarán recursos para la docencia, una web de recursos docentes, un plan de formación y tutorización de los estudiantes y un plan de actualización permanente del profesorado.

En cuanto a los exámenes, la previsión inicial es que se podrán realizar de forma presencial en el aula, si bien el Plan de Adaptación prevé un escenario de evaluación a distancia. La defensa de los Trabajos de Fin de Grado y de Fin de Máster, así como las tesis doctorales, se realizarán de forma presencial, siempre que sea posible o se sustituirán por la videoconferencia en caso necesario.

La Universidad de Cantabria, es la única de financiación pública en Cantabria, pero todas estas medidas tienen un coste para el que no se contemplan partidas específicas. En la reunión que mantuvo con el vicepresidente Pablo Zuloaga para examinar los proyectos a presentar a los fondos europeos de reconstrucción, Pazos también abordó la “necesidad urgente” de poder disponer de los fondos que el Gobierno de España ha destinado específicamente a la adaptación de las universidades a la situación derivada de la pandemia.

Futuro impredecible

Para el rector de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico), Rubén Calderón, la clave del nuevo curso académico es la “enorme incertidumbre” con la que se encara el inicio de las clases. Según Calderón, las universidades cuentan con dos ventajas sobre el resto del sistema educativo: una es que comienzan el curso después de los institutos, lo que significa que se podrá ver si la aplicación práctica de los protocolos anti covid se van plasmando en la realidad y cómo se van corrigiendo. En segundo lugar, y no menos importante, el rector de Uneatlántico menciona el perfil del alumnado y de los estudios: “Nuestro estudiante es mayor de edad y hablamos de una educación orientada a la parte profesional. El estudiante es más maduro y se puede adaptar más a la modalidad de docencia presencial, acata mejor los protocolos. Esta es una cuestión más difícil para los alumnos de primaria y secundaria”.

Rubén Calderón, rector de la Universidad Europea del Atlántico.

Uneatlántico ha elaborado un plan de estudios adaptable a los tres escenarios docentes que ya asumen los centros universitarios de cara al nuevo curso y que son el clásico presencial, el método ‘on line’ y el mixto. Según Calderón todos los grados que imparte son, en principio, presenciales, teniendo en cuenta los límites de aforo. Del curso pasado han extraído la experiencia de una “docencia síncrona”, que permite avanzar cada semana en las materias según lo previsto sin que por las decisiones sanitarias se tuviera que anular la presencialidad: “Todos los profesores sabemos cuántas sesiones, seminarios, tutorías virtuales tienen que existir en cada asignatura, hemos ido corrigiendo toda la parte que se ha hecho en primavera y adaptándolo a una situación que no sabemos si va a existir”.

En cuanto a la opción no presencial, Calderón asegura que Uneatlántico tiene todos los contenidos del primer cuatrimestre preparados para ello y, sobre el modelo mixto, se contempla que una parte de estudiantes acudirían a una sesión y otros a otra: “Una parte del contenido sería no presencial y en el aula se reforzarían los conocimientos, sería un 50%- 50% más o menos”, explica.

Impacto sobre las matrículas

Tendiendo todo esto en cuenta, la duda que se plantea es si el número de alumnos puede descender, en vista de la situación. La Universidad Europea del Atlántico cuenta habitualmente con un 31% de estudiantes internacionales que estudian toda la carrera en sus aulas, entre 150 y 200. Según el rector, en esa parte puede haber problemas: “No en todos los países americanos o africanos hay la fluidez de vuelos que había antes de la pandemia y, en segundo lugar, se está dando la problemática de la tramitación administrativa de la documentación que tienen que formalizar antes de tener un visado, aparte de las homologaciones de estudiantes”. De momento estos trámites, admite, se están retrasando un poco, por ello se estima que los estudiantes internacionales vayan llegando “a cuenta gotas y tarden en venir”, lo que refuerza la importancia de la parte académica ‘on-line’: “Si vienen a finales de octubre no sabemos en qué medida esta burocracia va a afectar a la matrícula”.

Ángel Pazos, rector de la UC, en el centro de la mesa durante el último consejo de gobierno de la institución académica, realiza-
do ya de acuerdo a los protocolos anti Covid-19.

En cuanto al alumno nacional, que significa en torno al 70% del total, el rector de Uneatlántico no aprecia diferencias significativas con otros años: “Contamos con 15 carreras, y las cifras de matrículas son más o menos son las mismas”. La crisis sanitaria sí ha podido afectar, señala, a la capacidad de la universidad para dar a conocer las novedades del nuevo curso, entre las que la más destacada es la puesta en marcha del nuevo grado en Gastronomía: “Vamos a comenzar, es una apuesta decidida. La verdad es que el confinamiento ha provocado cierta ralentización en publicidad y no lo hemos podido hacer como nos hubiera gustado porque julio y agosto son meses complejos, de vacaciones, etc. Pero nos ha dado tiempo a hacer una puesta de largo, con la autorización de la Consejería, así que el patronato y el consejo rector decidieron seguir adelante, sea cual sea el número de alumnos que haya, asumimos el riesgo”.

Calidad docente

Sobre el papel, la planificación del curso parece asumible y el rector de Uneatlántico no espera grandes problemas relacionados con esta. Pero, ¿se corre el riesgo de que la enseñanza pierda calidad si se hace imposible acudir a las aulas? Rubén Calderón argumenta que en los másteres esto no sería un gran inconveniente, ya que la enseñanza es en su mayor parte no presencial, están dirigidos a un alumno maduro que ya ha pasado por la universidad, se compatibilizan con otras obligaciones y se ajustan incluso más que la presencial. En los grados sería diferente: “La enseñanza está dirigida a los jóvenes a partir de 18 años, y en esta fase la docencia presencial aporta un plus que no aporta la enseñanza a distancia. Primero porque la universidad aporta vivencias, compañerismo. Es importante interactuar con el profesor y la atención de los profesores, y esto se pierde en los grados no presenciales”, admite el rector de Uneatlántico que, no obstante, considera que el principal objetivo es que, teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias que vivimos, el alumno pierda un curso: “Si trabajas interactuando con los estudiantes en cuanto a conocimiento, no tiene por qué perder mucho la calidad docente, aunque baje la vivencia universitaria, que es cierto que es muy importante, especialmente si el alumno no tiene hábitos y es difícil si está casa. Esperemos que no se convierta en algo estructural. Creo que la docencia no se va perder nunca, por mucha tecnología que haya”.

Adaptar metodologías

Yves Marmiesse, es el director de Cesine Centro Universitario, que ha trabajado en los diferentes escenarios definidos por la Consejería de Educación para garantizar la adaptación de los estudios en función de la evolución de la pandemia. Por encima de todo, explica, este centro asume el compromiso de que “bajo ningún concepto se ponga en riesgo la continuidad de los estudios”. En cuanto a las medidas que se van a implementar están la modificación de los horarios y recorridos de entrada y salida de forma escalonada y los horarios de cambio de clases para evitar concentraciones de estudiantes. También se han instalado hidrogeles, la mascarilla será obligatoria y se reducirán el número de alumnos por aula para mantener la distancia de seguridad sanitaria.

En relación al método de enseñanza telemática, el director de Cesine considera que el centro está preparado para el nuevo escenario que plantea la prevención de la infección por Covid-19: “Hemos adaptado nuestra metodología para aportar un mayor enfoque en las habilidades tecnológicas y digitales. Hemos realizado una gran inversión en nuevos equipos informáticos y en herramientas digitales más potentes, y en la mejora de la conexión wifi. De esta forma, nuestros estudiantes saldrán al mercado laboral con los conocimientos y habilidades digitales que serán indispensables en el nuevo horizonte de su futuro profesional”. Sobre los meses pasados desde que se declarara la emergencia sanitaria, Marmiesse asegura que durante el curso 2019-20 el ritmo de aprendizaje y la calidad académica no se han visto afectados: “En Cesine llevamos desde 2001 impartiendo formación online. Gracias a esta experiencia pudimos anticiparnos a la situación de confinamiento y disponer de un calendario de clases virtuales con antelación. Todos nuestros programas académicos de grado y posgrado pudieron desarrollarse sin mayor problema. Fue todo un reto, pero tenemos que destacar la adaptabilidad de nuestros estudiantes a una situación excepcional como la que se vivió en el estado de alarma”.

En relación con los cambios que puedan derivarse de la actual situación, el director de Cesine cree que las nuevas circunstancias que se viven tras la irrupción de la pandemia por covid-19, han acelerado la necesidad de nuevos profesionales en el ámbito laboral: “El mundo ha cambiado y ahora se demandan profesionales y organizaciones más conectadas, más tecnológicas, en entornos más colaborativos, flexibles, y con competencias digitales más desarrolladas”, reflexiona Marmiesse, que cree que esa circunstancia no supone un problema para el centro que dirige: “La adaptación al cambio forma parte de nuestro ADN y todo lo que se va a demandar en el futuro ya lo vienen desarrollando nuestros estudiantes desde hace años, solo que ahora estas habilidades y aptitudes, serán más protagonistas dentro de su formación”. La consecuencia de esa adaptación, asegura el director de Cesine, se traduce en un crecimiento de matrículas para el curso 20/21: “Desde el confinamiento, hemos podido observar un aumento del número de solicitudes de traslado de expediente desde otras instituciones. Además, hasta el momento hemos experimentado un aumento de las matriculaciones en la modalidad 100% online gracias al cambio de tendencia y percepción de este modelo de enseñanza. En cuanto a las formaciones presenciales las matriculaciones hasta la fecha cumplen nuestros objetivos y las perspectivas son muy positivas”. Aun así, Cesine también ha visto cómo en las últimas semanas la situación actual ha retrasado las pruebas de acceso a grados y titulaciones, por lo que el centro ha adaptado el calendario de matriculación para acoger candidaturas tardías y continuará abierto hasta el inicio del curso en las que dispongan aún de plazas.

La declaración del estado de alarma interrumpió el desarrollo de los cursos para trabajadores desempleados, que no pudieron retomarse hasta el 20 de junio. La larga pausa entre la parada y la reanudación, y por tanto entre el proceso de selección de alumnos y la realización de la acción formativa, ha supuesto una dificultad añadida para la vuelta a la actividad, ya de por sí condicionada por los protocolos de prevención del Covid-19. Las incertidumbres derivadas de la panemia coinciden con el cambio de modelo que está pendiente de aplicar en los certificados de profesionalidad, la modalidad con más demanda, que está previsto que pase a depender de Educación y salga del ámbito competencial del Empleo.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Septiembre 2020

Como en otros ámbitos de la vida empresarial y ciudadana, la declaración del estado de alarma abrió para la formación profesional un paréntesis que, en su caso y a diferencia de lo sucedido en otros, está siendo especialmente complicado cerrar. Las características de esta modalidad formativa, la que se dirige a los trabajadores en situación de desempleo, tienen muchos puntos en común con la que se imparte desde el sistema educativo –entre ella, y de forma destacada, su carácter oficial– pero también algunas particularidades que han condicionado de forma decisiva la vuelta a la actividad.

El inicio del confinamiento coincidió en Cantabria con un periodo de transición en el calendario de cursos, con las prácticas pendientes en aquellos que habían finalizado y con los correspondientes a la convocatoria de 2020 a punto de iniciarse o bien, en un número significativo de casos, recién comenzados. A diferencia de lo que sucede en el ámbito educativo, donde a la altura de marzo se había cubierto ya más de la mitad del periodo lectivo, la primavera coincide casi siempre con el arranque del curso en la formación profesional para el empleo, y así sucedió también este año.

La convocatoria que se vio interrumpida a causa del estado de alarma, que había sido aprobada en diciembre, contemplaba 368 acciones formativas y 5.520 plazas, unas cifras que parece especialmente complicado cubrir en los plazos previstos, tanto por esa interrupción como por lo complicado que ha sido ponerle fin: tras un proceso que los representantes de los centros formativos consideran injustificadamente largo, los primeros cursos no pudieron reanudarse hasta comienzos del mes de junio.

José Manuel Callejo, director del Servicio Cántabro de Empleo. En la foto de la derecha, miembros de la Plataforma de Empresas de Formación, de CEOE-Cepyme de
Cantabria, en una reunión mantenida cuando se declaró el estado de alarma sanitaria.

“La prioridad siempre ha sido volver con todas las garantías de seguridad sanitaria pero, salvadas estas, nuestra prioridad siempre ha sido que no se paralizaran las acciones formativas, pero no hay que olvidar que estamos hablando de títulos oficiales, que exigen a la administración que controle el antes y el después”, explica José Manuel Callejo, director del Servicio Cántabro de Empleo, para explicar el proceso seguido para la reapertura: “El antes implica comprobar que las instalaciones, el profesorado y los medios didácticos son los adecuados, y después acreditar que la formación es la que corresponde. Cuando se produce una situación como la que hemos vivido, que lleva a cambiar completamente la manera en que se imparte esa formación, eso implica una labor para adecuación a las nuevas circunstancias, y eso lleva su tiempo. Dicho esto, no considero que haya habido en Cantabria retrasos apreciables respecto a lo que ha sucedido en otras comunidades autónomas”, asegura Callejo en respuesta a una de las críticas que se hacen al Servicio Cántabro de Empleo desde la Plataforma de Empresas de Formación de CEOE-Cepyme de Cantabria.

“El 15 de abril el Servicio Público de Empleo Estatal ya daba la posibilidad de reanudar la formación mediante aulas virtuales en sus cursos, pero en el caso de las acciones formativas del Emcan no hemos podido empezar con las aulas virtuales hasta el 10 de junio. Es un retraso que no entendemos”, señala Monse Peña, portavoz de las academias representadas en la plataforma de la patronal cántabra, que cree que la referencia del SEPE tendría que haber acelerado el proceso para habilitar soluciones mientras no fue posible la formación presencial. Tampoco considera que haya sido adecuado el proceso de vuelta a una nueva normalidad que no tiene dudas en calificar de “nefasta”, y que cree que ha puesto a las academias en una situación especialmente complicada, con el cumplimiento de unas condiciones que implican un aumento del gasto, al tiempo que la financiación se ve comprometida por el impacto que el parón ha tenido en los alumnos: “Lo que reclamamos es diálogo, y una flexibilidad en los requisitos referidos al número de alumnos, o a la homologación de las aulas, porque las circunstancias son muy distintas a las que había cuando comenzamos los cursos”.

En relación con el número de alumnos, la normativa establece que puede haber un máximo del 15% de renuncias no justificadas para que los centros puedan acceder a la totalidad de la financiación, un porcentaje que desde CEOE piden que se aumente este año. El director del Servicio Cántabro de Empleo recuerda que son causas justificadas para abandonar el curso –y que por tanto no penalizan la financiación– el haber encontrado un trabajo, estar en cuarentena por el coronavirus o una baja médica por esta o por cualquier otra circunstancia, siempre que todo ello esté debidamente acreditado. “En todo caso yo puedo entender la reivindicación de las empresas, y personalmente no tengo inconveniente alguno en que se aumente ese porcentaje. Lo que sucede es que eso viene recogido en una orden ministerial, que regula las subvenciones a la formación. Nosotros no podemos cambiar eso”, señala José Manuel Callejo. La enorme carga legal y administrativa que soporta la formación profesional para el empleo está en el origen de la controversia entre quien decide y subvenciona las acciones formativas –el sistema público– y quienes las imparten –las academias–, un desencuentro que no es nuevo, pero que ha encontrado un nuevo campo en el que ponerse de manifiesto con el confinamiento, las restricciones y los protocolos de la vuelta a la actividad. La vuelta presencial a las aulas fue teóricamente posible a partir de la segunda fase de la desescalada, pero las condiciones de aforo que se establecieron hacía inviable el retorno.

A partir del 22 de mayo fue posible en Cantabria, también teóricamente, impartir formación a través del aula virtual, un modelo cercano a la teleformación, pero no exactamente equiparable: aquí hay un profesor impartiendo clase a través de medios telemáticos, con los alumnos siguiendo las explicaciones, en tanto que en la teleformación el estudiante accede al material didáctico y se organiza para cumplir con las tareas y alcanzar los objetivos marcados. ¿Por qué pasa casi un mes hasta que las academias ponen en marcha sus aulas vituales?: “Es que no es sencillo hacerlo de un día para otro”, asegura José Manuel Callejo, que se remite de nuevo al cumplimiento de la normativa que regula el modelo: “Las academias tienen que presentar sus propuestas, y recabar el consentimiento de todos los alumnos, porque esto supone un cambio en el método de enseñanza. A partir de ahí, nosotros dábamos respuesta a las solicitudes, e insisto en que no tengo constancia de que en ese proceso haya habido retrasos por nuestra parte”.

No es esa la percepción que tienen en la Plataforma de Empresas de Formación de CEOE-Cepyme, desde la que se asegura que ha habido poca comunicación e indicaciones contradictorias, tanto en lo relativo a la habilitación de las aulas virtuales, como en el proceso de desescalada y vuelta a la actividad en la formación presencial. A este respecto, señalan por ejemplo los cambos de criterio en cuanto a los aforos o, de nuevo, la falta de flexibilidad que a su juicio existe en la cuestión de la homologación de las aulas. Se da el caso, denuncia Monse Peña, de que un aula de 45 metros cuadrados, homologada en su día para impartir la formación profesional para el empleo, no sirva hoy para hacerlo por la imposibilidad de mantener las distancias de seguridad, y que en el mismo centro haya aulas más grandes de idénticas características, en las que sí sería posible hacerlo pero que no pueden usarse por no contar con la homologación correspondiente: “No lo entendemos. Estamos en una situación excepcional, en la que deberían habilitarse soluciones rápidas. El aula tiene las condiciones para impartir la formación, la homologación es un proceso administrativo que puede hacerse después. Lo importante ahora es que los alumnos puedan acceder a la formación”. Desde el Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo vuelve a remitirse a la normativa existente para explicar la imposibilidad de autorizar acciones formativas en aulas que no han sido previamente homologadas para ello.

Además de los cursos en marcha, la crisis sanitaria interrumpió también la convocatoria de la formación profesional para trabajadores en activo, que tampoco se había convocado en años anteriores. Andrés Díez, miembro de la plataforma de CEOE que agrupa a los centros formativos, lamenta que Cantabria sume ya dos años sin una oferta formativa para trabajadores en activo, una modalidad que es especialmente relevante para autónomos y pymes, por cuanto estas empresas no tienen otra posibilidad para acceder a la formación continua. José Manuel Callejo confía que los trabajos para diseñar la oferta formativa para activos, interrumpidos en marzo, den como resultado una convocatoria que se concretaría en los próximos meses, y que estaría perfectamente adaptada a las condiciones que establece la crisis sanitaria.

Certificados de profesionalidad

Las excepcionales circunstancias actuales han venido a coincidir con las incertidumbres que se derivan del cambio en el ámbito competencial del que dependen los certificados de profesionalidad, la modalidad de formación profesional para el empleo con mayor demanda. En el Gobierno central esta formación ha pasado a depender de Educación, en lugar de hacerlo, como hasta ahora y como sucede en Cantabria, de Trabajo. “Nosotros no entramos a valorar quién tiene que tener las competencias –señala Andrés Díez– lo que nos preocupa es que ese cambio pueda llevar a romper con un modelo que ha demostrado que funciona, y en el que creemos que las academias hemos tenido una aportación fundamental. Lo que esperamos, y pedimos, es diálogo, y que se cuente con nosotros”. José Manuel Callejo, por su parte, recuerda que le corresponde a cada comunidad autónoma establecer a quién corresponden las competencias de la formación profesional para el empleo, y que en Cantabria, hoy por hoy, estas dependen del Servicio Cántabro de Empleo: “Esa es la normativa vigente, la gestión nos corresponde a nosotros. Ello con independencia de que nuestra relación con la Dirección General de FP de la Consejería de Educación escontinua y nos coordinamos perfectamente”.

La interrupción de los exámenes durante los meses del pasado confinamiento han provocado que aumenten las listas de espera de aspirantes a conductores que esperan la última prueba para consguir el permiso, un problema que se ve agravado por el aumento en el número de alumnos que se ha dado durante el verano. Aunque desde el sector se considera que parte del incremento de la demanda puede deberse al recuperado protagonismo que la covid-19 ha dado al transporte privado, la época estival suele ser la temporada alta de la actividad, por lo que consideran que es pronto para sacar conclusiones y temen que el deterioro de la situación económica pueda provocar que las cifras se den la vuelta bruscamente en los próximos meses.

Sara Sánchez Portilla | Diciembre 2020

Ha sido otro de esos sectores que volvió a arrancar con incertidumbre tras el cierre provocado por la pandemia, dando prioridad a los trámites administrativos que no dejaban de acumularse. Pendientes de las directrices de la Dirección Provincial de Tráfico, las autoescuelas cántabras esperaban la confección del calendario de exámenes, que tanto teóricos como prácticos, quedaron pendientes con el confinamiento de la pasada primavera. Puesta en marcha la maquinaria administrativa y adecuadas las instalaciones a las normas higiénico- sanitarias, las autoescuelas comenzaron a ver la luz al final del túnel.

Pero funcionar a pleno rendimiento no parece una perspectiva realista a corto plazo. Los tres meses, de cierre y bloqueo administrativo han generado un colapso que, señalan los representantes de las escuelas de conducción, aún no han conseguido desatascar y que ha dejado a cerca de 268.000 alumnos sin exámenes. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) cree que son necesarios más medios para solventar las circunstancias y, aunque la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció en un comunicado que han sido examinados más de alumnos que el pasado verano, el problema, aseguran, continúa y hace necesarias “soluciones urgentes y definitivas”.

Enrique Lorca, presidente de CNAE, considera que ha de abrirse un diálogo para buscar una solución rápida y sostenible. “Los números hablan por sí solos. El déficit acumulado está ahí. Y la realidad es que aún con las medidas adoptadas por la DGT este verano, muchos alumnos no se han podido examinar, y tampoco hay perspectivas de ello para el futuro inmediato. Pere Navarro, Director General de Tráfico, dijo en junio ante la Comisión de Seguridad Vial, que durante el estado de alarma se habían quedado sin examinar de circulación, 268.000 aspirantes a conductores”. Cifra que, señala, continúa en aumento debió a las nuevas matriculaciones en las autoescuelas de alumnos que, aprovechando el fin del confinamiento y la llegada del verano, han querido sacarse el permiso de conducir, haciendo que “el embotellamiento de exámenes” sea mucho mayor. Esta situación se da además en un escenario en el que el número de centros en los que matricularse ha caído de forma notable, tras haber cerrado en torno a 700 autoescuelas en toda España en los últimos años.

Clase teórica en una autoescula santanderina, el pasado noviembre.

Según las cifras que maneja la DGT, este verano han sido realizados 450.000 exámenes de conducir, lo que supone unos 50.000 más que el pasado año. El desglose de los exámenes es el siguiente: 229.254 exámenes teóricos, 52.657 de destreza (moto, camión y autocar) y 177.184 de exámenes prácticos. Además, fue elaborado un paquete de medidas para atender a la demanda de aspirantes para que obtuvieran el permiso de conducción durante el verano, reanudando los exámenes tras el parón de la pandemia.

La escasez de examinadores es una de las razones que tradicionalmente se han esgrimido para explicar los colapsos en las pruebas, algo que la DGT explica por razones presupuestarias. Actualmente son 804 el número de funcionarios en todo el país asignados para la realización de exámenes tanto teóricos como prácticos, y la DGT asegura que a lo largo del primer semestre de 2021 se incorporarán 40 nuevos examinadores, y otros 50 procedentes de promoción interna.

Más alumnos

Alberto Santamaría, presidente de la Asociación de Cántabra de Escuelas de Conductores (ACEC), apunta que toda esta situación se da en un momento en el que el número de alumnos se ha incrementado, lo que convierte en un verdadero problema la situación de atasco que se vive con los exámenes. “La bolsa de alumnos pendientes de examen ha subido, ha sido un año bueno”, admite el representante de las autoescuelas cántabras, que explica que desde el verano los alumnos se han preparado con clases ‘on line’, desde sus casas: “La preparación ha seguido y se han encontrado con el teórico aprobado y hasta junio no hemos podido examinar de circulación, que es el objetivo final. Hay alumnos, pero no hay exámenes. No hay el número suficiente de exámenes. Tenemos meses con 13 exámenes, cierto es. Lo que pasa es que se necesitan más pruebas”, explica.

La situación que expone Alberto Santamaría es similar a la que se da en el conjunto de España, y las razones que esgrime el representante de las autoescuelas cántabras también son coincidentes: “Tenemos alumnos, pero poco volumen de examen. ¿Qué quiere decir eso? Exámenes hay porque tráfico no deja de examinar, da el servicio y capacidad para examinar, pero no es suficiente ya que faltan examinadores. Lo que realmente falta es más personal examinador para poder trabajar en condiciones. Por eso la gente está esperando más de lo normal para poder examinarse”, ha concretado.

Alberto Santamaría, presidente de la Asociación Cántabra de Escuelas de Conductores.

También comenta cómo las autoescuelas se han adaptado correctamente a los protocolos establecidos, una limitación de aforo al 30%, clases online y medidas higiénico-sanitarias tanto dentro como fuera del aula, es decir, en los vehículos acondicionados para las clases prácticas. Según afirma Santa- maría, de cara al trabajo, las autoescuelas han seguido ejerciendo, sumando alumnos en los meses estivales y no han percibido una crisis notoria en el sector. “Hemos podido trabajar en el verano, por lo que no hemos notado tan duramente esta situación. Marzo y abril suelen ser los meses más flojos, pero el incremento se ha notado en junio. La gente parecía tener ganas de salir, de hacer cosas y el carné ha sido una de ellas”.

Santamaría calcula que en verano el número de matrículas se ha incrementado en todas las categorías, aunque recuerda que el sector de las autoescuelas es estival, y eso hace que sea relativamente habitual que se den incrementos notables entre los meses de junio y septiembre, donde se concentra lo que podemos considerar la temporada alta de la actividad.

El efecto de la crisis sanitaria

El representante de las autoescuelas cántabras considera que no es fácil vincular el aumento de la demanda del carnet de conducir con circunstancias relacionadas con el covid-19, como el recelo ante el transporte público y la preferencia por el vehículo privado. Si eso ha podido actuar como acicate, señala, la situación económica de cada cual ha podido ser un obstáculo: “Si la gente no trabaja, muchos no tienen recursos para sacarse el carné de conducir y, si no trabajan, tampoco necesitan mucho el carné de conducir para desplazarse. No es fácil saber qué ha tenido más peso, si el interés por sacarse el carnet de conducir debido a las circunstancias del confinamiento, o la falta de recursos para hacerlo debido a la crisis”.

Un vistazo a las estadísticas históricas de emisión de permisos de conducir deja clara la relación que existe entre la demanda de los mismos y la situación económica de cada momento. El año 2008, punto de arranque de la recesión provocada por las hipotecas ‘subprime’, fueron concedidos un total de 806.386 permisos en todo el país, de los cuales Cantabria emitió 9.418. Desde entonces las cifras fueron cayendo progresivamente ejercicio tras ejercicio.

Las cifras de emisión de permisos de conducción en Cantabria tocaron fondo en el año 2017 cayendo más de la mitad, desde el máximo de 2008, y cerrando con solo 3.453 licencias. Desde ahí el dato ha ido recuperándose, hasta acabar 2019 –último año del que se han publicado estadísticas– con 5.470 permisos de conducir concedidos en Cantabria, una cifra que sigue lejos de la registra- da antes de la crisis financiera de hace algo más de una década, y que evidencia el mucho terreno que todavía quedaría por recuerda desde entonces. La crisis del coronavirus pone un interrogante sobre las posibilidades de cerrar seguir cerrando esa brecha. “Si no hay estabilidad económica, la gente no prioriza en sacarse el carné de conducir. Hay quien se ha visto en una situación complicada y no ha podido tener la opción a sacarse el carné de conducir”. 

Desde el sector se confía al menos en que las incertidumbres provocadas por la crisis sanitaria no se unan a las que tienen que ver con la escasez de examinadores. Debido al confinamiento, la DGT paralizó el proceso selectivo para el acceso de nuevos funcionarios al Cuerpo General de la Administración General del Estado, y la promoción interna de los funcionarios que optarán al mismo cuerpo. Actualmente han sido reanudados ambos procesos, que está previsto que finalicen durante el primer semestre de 2021.