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Actualidad

El desequilibrio entre oferta y demanda dispara los precios y rompe el mercado inmobiliario

El constante encarecimiento de la compra y alquiler sitúa a la vivienda, un bien de primera necesidad, cerca de convertirse en un producto de lujo. Los inversores que quieren aprovechar el diferencial de precios que todavía existe con Madrid y País Vasco, los compradores de fuera de Cantabria que buscan una segunda residencia en el norte de España y la incidencia de los pisos turísticos añaden tensión a un mercado en el que cada vez es menor la influencia de quien necesita una casa para habitarla.

Juan Carlos Arrondo | Septiembre 2025

Con un gran desajuste entre la oferta y la demanda y el mercado inmobiliario cada vez más caro, la vivienda lleva camino de ser un producto de lujo. Según el Índice de Precios de la Vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de 2025 la compraventa residencial se encareció en Cantabria el 10,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de los arrendamientos, según datos del portal Fotocasa, un piso de 80 metros cuadrados cuyo alquiler costaba en febrero de 2020 un promedio de 513,6 euros en nuestra comunidad, cinco años después se ha incrementado hasta los 975,6 euros. La tendencia alcista, con algunos matices, es común a toda España, aunque algunos indicios señalan que crecerá más en la costa cantábrica. En este contexto, la situación puede llegar a ser muy grave para jóvenes y familias de rentas medias y bajas que se enfrentan a serias dificultades, incluso la imposibilidad, de acceso a un derecho tan elemental como es disponer de una residencia digna.

Para Enrique Mier, vicepresidente de la Asociación para el Fomento Inmobiliario de Cantabria (Afican), la principal causa de que se produzca este desequilibrio en el mercado es la escasez de vivienda en relación a la que se necesitaría: “Hay un déficit importante de oferta, tanto de alquiler como de venta, agravado por la sobredemanda que se viene arrastrando en estos últimos años, desde la pandemia”. Subraya que la disponibilidad de inmuebles para arrendar es muy reducida y que, cuando aparece una oportunidad, se cubre inmediatamente: “Lo poco que hay está disparado de precio. Ha subido más del 40% en los últimos cinco años. Es una barbaridad”. Comparativamente, y atendiendo a los datos publicados por Fotocasa, el incremento registrado durante el mismo periodo en España fue del 27%. En opinión del representante de la patronal inmobiliaria cántabra, en la compraventa también se ha experimentado un fuerte crecimiento en este periodo: “Quizás con una subida no tan grande, pero sí cercana al 30%. Lo cierto es que hay una tendencia que yo creo que no va a parar”, advierte

Enrique Mier, vicepresidente de la Asociación para el Fomento Inmobiliario de Cantabria (Afican), y Montse Abascal, miembro
de su junta directiva. Foto: Nacho Cubero.

Conviene aclarar que la mencionada escasez de inmuebles no significa que no haya viviendas disponibles para su venta o arrendamiento, sino que a las primeras residencias se han unido en estos años otras modalidades de demanda que, en conjunto, la oferta no puede cubrir. Por ejemplo, los datos de marzo de 2025 del Centro de Información Estadística del Notariado confirman que las compraventas crecieron el 21,3% en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior, por encima del 19,7% de la media nacional. “Hay un público, que suele ser local, que compra para luego alquilar y otro foráneo, que puede comprar también como inversión, aunque menos, que sobre todo lo hace como segunda residencia. Se dan estos dos tipos de demanda y, lógicamente, se disparan los precios porque no hay producto suficiente”, explica Enrique Mier. La paradoja es que esa mayor inversión tampoco mejora la oferta en el mercado del alquiler para fijo: “Mucho está yendo a alquileres temporales o vacacionales, con lo cual no se soluciona el problema”.

El efecto del auge del turismo en el norte

Aunque un análisis profundo del problema de la vivienda debería conducir a valorar muchas causas –sociales, laborales, etc.– que exceden la capacidad de estas páginas, hay algunas que resultan especialmente destacables. Una de ellas es el hecho de que el norte de España, en general, y nuestra comunidad, en particular, están experimentando un auge del turismo que, a su vez, está proyectándose en el mercado inmobiliario. “La climatología, la gastronomía y la tranquilidad, que en una hora estás en la playa o en la montaña, son condicionantes importantes para visitar Cantabria. Ahora viene más gente y por eso muchas personas han puesto sus pisos en las plataformas de alquiler vacacional, que cada vez se da más, y también se nota en la compra de segundas residencias”, apunta Montse Abascal, miembro de la junta directiva de Afican, algo en lo que el vicepresidente de dicha asociación abunda: “Cantabria siempre ha funcionado bien como segunda residencia; ese mercado lo hemos trabajado muy bien, la novedad es que ahora se ha agudizado”.

Las inmobiliarias aún reciben algún caso de personas que han dejado otras zonas para teletrabajar desde Cantabria, aunque ya no prolifera tanto como lo hizo durante la pandemia. Sin embargo, está aflorando un tipo de cliente que sigue el mismo camino, pero para fijar aquí su residencia en su retiro laboral. “Son personas mayores, jubiladas, a quienes ya no les ata nada en Madrid o en otro sitio, que buscan una vida más cómoda, un clima más fresco u otra razón. Venden allí su inmueble a un precio más alto y compran aquí a un precio que se pueden permitir, aunque para nosotros sea elevado, y además les queda un sobrante”, resume Enrique Mier. A modo de ejemplo, de acuerdo al último informe de compraventas de vivienda publicado por el Centro de Información Estadística del Notariado, en marzo de 2025 el precio medio del metro cuadrado en nuestra comunidad era de 1.659 euros, prácticamente la mitad que los 3.288 euros de Madrid y el 60% de los 2.820 del País Vasco.

Escaparate de una inmobiliaria con viviendas en oferta y anuncio de que se habla inglés y francés. Foto: Nacho Cubero.

En cuanto al mercado del alquiler, hay tres perfiles de inquilinos. El más tradicional y, a su vez, el que más está reduciéndose es el fijo, que utiliza la vivienda como residencia principal. El segundo es temporal, personas que están en Cantabria durante un periodo de tiempo por motivos laborales u otros. “El estudiantil es un mercado que lleva tiempo implantado y tiene bastante peso en Santander, donde se destinan muchos pisos a ese público durante el periodo lectivo”, indica el vicepresidente de Afican. Precisamente, esos inmuebles que quedan vacíos durante los meses veraniegos suelen entrar a la oferta vacacional, destinada a cubrir la demanda del tercer segmento. La tendencia a destinar cada vez más inmuebles a este tipo de arrendamientos asociados al turismo, termina generando un grave problema que ven a diario en las inmobiliarias, como reconoce Enrique Mier: “Vienen personas a las que no hay nada para ofrecerles porque lo poco que hay, si por ejemplo cobran 1.200 euros y el alquiler le cuesta 1.000, se escapa completamente de sus posibilidades”.

Cualquier medida diseñada para atajar este problema debe partir del conocimiento de sus causas. En principio, la rentabilidad de un alquiler para fijo en general es menor que la que ofrecería ese inmueble si se destinara a temporal o vacacional, lo cual puede explicar buena parte del desvío hacia esas modalidades de demanda. Sin embargo, llama la atención que haya propietarios que prefieren mantener sus pisos vacíos, con el coste asociado que eso supone, contribuyendo así a la escasez de oferta. El vicepresidente de Afican lo atribuye a la incertidumbre que percibe el arrendador: “Creemos que a base de proteger tanto al inquilino se ha dejado quizás demasiado desprotegida a la otra parte y esa inseguridad jurídica ha conllevado que se retirase mucha vivienda del mercado. Hay gente que piensa que la tranquilidad vale dinero y lo asume”. También advierte de que este efecto perverso debe abordarse desde distintos enfoques, dado que forma parte de un problema multifacético: “No hay solución mágica ni única para que el mercado pueda tornarse de otra forma”.

«Creemos que a base de proteger tanto al inquilino se ha dejado quizás demasiado desprotegida a la otra parte y esa inseguridad jurídica ha conllevado que se retirase mucha vivienda del mercado. Hay gente que piensa que la tranquilidad vale dinero y lo asume». Enrique Mier, de Afican.

Un primer paso para atacar el problema es conocer con precisión su alcance. Desde el 1 de julio es obligatorio en España que los alojamientos de corta duración –todos los alquileres de uso turístico y temporales– tengan un código de registro. “Yo creo que tiene la finalidad de estudiar cuánto realmente se está sacando del mercado de la vivienda habitual para ir al turístico. Si no tienes datos, no puedes tomar decisiones”, afirma Enrique Mier. A continuación, habría que diseñar una estrategia que logre revertir el trasvase del fijo al temporal y favorecer que las edificaciones vacías salgan al mercado residencial: “Por ejemplo, se puede incentivar a nivel fiscal a quien compre una vivienda con el compromiso de destinarla al alquiler para fijo durante diez o quince años bajándole el impuesto de transmisiones patrimoniales a la mitad. O reducir el impuesto sobre bienes inmuebles. Con estas bonificaciones el ahorro sería grande, pero para esto tendrían que ponerse de acuerdo distintas administraciones, que haya una política conjunta”.

Un debate que aparece recurrentemente es si se debe construir más para paliar la escasez de oferta y si, por tanto, habría que habilitar más suelo para desarrollarlo. Las últimas modificaciones normativas en Cantabria están permitiendo que ahora, con ciertas restricciones, muchas fincas rústicas puedan destinarse a edificaciones unifamiliares, pero la cuestión a dilucidar es si eso será suficiente para lograr residencias más accesibles. “El coste de producción incluye la licencia municipal, el proyecto del arquitecto, la compra del terreno y todos los costes de la construcción. Al final, si esos ‘ingredientes’ tienen un precio alto, el producto será inaccesible. No es solo tener más suelo, quizás habría que implementar algunas ayudas a los nuevos promotores o al que hace su propia vivienda y que el coste sea más equilibrado”, considera Montse Abascal. Además, Enrique Mier estima que ni siquiera esta liberalización masiva de suelo logrará abaratar el mercado: “Porque la demanda es muy fuerte. Solo servirá para que los propietarios de esos terrenos saquen un dinero por ellos que antes no podían”.

Una solución que debe salir de la colaboración

La patronal de las inmobiliarias de Cantabria hace hincapié en la necesidad de que los tres niveles de la administración pública –local, autonómico y estatal– deben aparcar sus diferencias políticas y, unidas, abordar de forma decidida un problema muy grave. Sobre la reciente ley cántabra de vivienda, el vicepresidente de Afican aprecia buenas intenciones, aunque entiende que es pronto para valorarla: “Se han hecho algunas modificaciones que creemos pueden cambiar algo el mercado y recoge aspectos como intentar dar más tranquilidad y garantías al propietario en las que no va mal encaminada, pero hasta que no esté en marcha no sabemos si funcionará”. Su compañera en la junta directiva de la asociación, Montse Abascal, llama la atención sobre lo que también ellos pueden aportar: “Aprovechar los canales de comunicación que tenemos con la administración para hacerles llegar una demanda social porque somos un termómetro. Somos los mediadores, los que ponemos de acuerdo a quien tiene la propiedad y quien tiene la necesidad, y de esa relación deberían nacer muchas de las medidas que se adopten”.

Las inmobiliarias se reconocen a sí mismas como una pieza más de la compleja solución al problema de la vivienda, ya que pueden aportar transparencia y seguridad jurídica a las operaciones en las que median, aspectos estos muy relevantes para dotar al mercado de una fluidez de la que actualmente adolece. Montse Abascal precisa que Afican solo reúne a aquellos agentes que acreditan unos niveles de calidad: “Y cuyos productos tienen toda la documentación para ir a la notaría en una transacción de compraventa o al registro de la propiedad en un alquiler. Eso es muy importante porque se garantiza toda la operación. ¿Cómo lo hacemos? Con unos parámetros de trabajo que los dan la formación”. Actualmente este aprendizaje se realiza de forma interna en la asociación, pero quieren ir más allá y tratar de la administración lo incluya en las aulas de la enseñanza reglada: “La Consejería de Educación ha recogido el guante y ya se está trabajando en crear un grado de formación profesional especializado en gestión inmobiliaria”.

Otro pilar de la estrategia de Afican para mejorar la mediación en el sector inmobiliario es reivindicar una regulación profesional. Ahora cualquier persona, sin nada que le capacite y sin cobertura alguna que asegure la operación, puede intermediar, por ejemplo, en la compraventa de un piso. “¿Qué garantías puede dar a un usuario? Ninguna. Lo que pasa después es que se hace mal un contrato o alguien se queda con la señal o cualquier otro problema”, alerta Enrique Mier, que señala la necesidad de que la Administración ponga puertas al acceso a este sector y así reforzar la calidad del servicio, que tanto vendedor o arrendador como comprador o arrendatario sepan con seguridad que todo el proceso será limpio: “Llevamos años demandándolo y en la nueva ley de vivienda de Cantabria se recoge la creación del registro de agentes inmobiliarios. Queremos aportar nuestro granito de arena a que las cosas mejoren en la sociedad y una forma de hacerlo es que seamos cada vez más profesionales y eliminar las malas prácticas en el mercado”.

por Redacción
https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2025/09/unnamed-7.jpg 854 1280 Redacción https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/03/logo-CN.png Redacción2025-09-16 13:11:092025-11-11 13:34:21El desequilibrio entre oferta y demanda dispara los precios y rompe el mercado inmobiliario
Actualidad

Clínicas veterinarias: una actividad en auge y una controvertida regulación

La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, que regula el uso y dispensación de medicamentos, genera un amplio rechazo entre los veterinarios, que reivindican su condición de profesionales sanitarios para oponerse a una normativa que consideran que limita su criterio clínico y complica la labor de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en animales. En Cantabria el registro de animales de compañía contabiliza un censo de casi 300.000 solo entre perros y gatos, lo que constituye tanto un enorme mercado como un indicador de la relevancia que las mascotas tienen en términos familiares y sociales.

Ana Bringas | Septiembre 2025

El malestar en el sector veterinario ha ido en aumento en los últimos meses. La causa es la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, una normativa que, según denuncian los profesionales, limita su criterio clínico con la excusa de regular el uso de antibióticos en animales y frenar el avance de las resistencias bacterianas. Consideran que la medida los desautoriza como médicos y complica su labor diaria. Los veterinarios advierten de sus posibles consecuencias: diagnósticos más lentos, tratamientos menos precisos y, en última instancia, un riesgo real para la salud y la vida de los animales.

La reivindicación cobra aún más sentido si se atiende a un dato revelador: Cantabria tiene actualmente más mascotas que niños. El Registro de Animales de Compañía contabiliza algo más de 267.000 perros y casi 19.000 gatos, por mencionar solo a los animales de compañía más habituales, mientras que el Instituto Cántabro de Estadística (Icane) cifra en 67.312 los menores de entre 0 y 13 años en la región. Para ponerlo en perspectiva, la única población cántabra comparable en tamaño al censo canino es Santander, que cuenta con algo más de 175.000 habitantes empadronados.

Por más que el dato del registro puedan ser cuestionable –aunque es un trámite obligatorio, no siempre se realiza, y no todas las bajas se reflejan– la comparación es llamativa y refleja cómo los animales de compañía han pasado a ocupar un lugar central en la vida cotidiana de los cántabros. La ciudadanía se preocupa, cuida y convive con ellos como parte de su núcleo familiar, y, en ese vínculo, los veterinarios desempeñan un papel protagonista. Por eso, cuando el sistema que los regula amenaza con “obstaculizar su labor”, según denuncian, las consecuencias trascienden el ámbito profesional y afectan directamente a la salud y bienestar de miles de hogares en toda Cantabria.

Fernando Ruiz, presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, en las dependencias de la entidad. Foto: Nacho Cubero.

Pero, ¿qué tiene la nueva norma que tanto indigna a los profesionales? Según explica el presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, Fernando Ruiz, el decreto trae consigo una carga de trabajo administrativo sin precedentes que no existía en las clínicas y que no lleva aparejado un beneficio en el servicio, “más bien al contrario”, puntualiza. El espíritu de la norma es controlar el uso de antibióticos y disminuir la resistencia de los animales a los mismos, pero tal y como afirma Ruiz, esto tampoco se cumple. Además, según el representante colegial, el decreto encorseta la labor de los profesionales. “Tenemos muy limitadas las funciones de prescripción y eso nos lleva a dar un servicio que en ningún caso es mejor, lo que tampoco va con el objetivo de la ley”.

La resistencia a los antibióticos, advierte, no se produce en las mascotas, sino en las bacterias, que además son compartidas por animales y personas. Por ello, reconoce la necesidad de establecer un plan efectivo para un uso responsable de los antibióticos y la reducción de resistencias. El presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria recuerda que esta conciencia ya existe en el sector: “Entre 2014 y 2022, sin que esta normativa estuviera en vigor, el uso de antibióticos en animales de producción en España se redujo un 70 %. No fue obligatorio, fue fruto de la concienciación de los profesionales”. Ruiz insiste en que el control es necesario, pero debe hacerse con criterio “y no de cualquier manera”.

En este contexto, Fernando Ruiz subraya que ya existe un control efectivo sobre el uso de antibióticos, llevado a cabo por la Agencia Española del Medicamento mediante un registro de la dispensación a través de la aplicación ESUAVet. “La dispensación es un paso posterior a la prescripción y representa un registro más fiable del uso real de antibióticos. Para nosotros eso es necesario y estamos a favor”, aclara.

“La implementación de un sistema como ese, de manera súbita, sin permitir un proceso de adaptación y sin escuchar las propuestas del sector, es lo que genera el malestar”. Fernando Ruiz, presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria.

El colegio profesional acepta también que haya un control sobre las prescripciones, pero rechaza que eso implique limitar las competencias clínicas del veterinario. Aquí es donde entra en juego el sistema Presvet, una nueva plataforma de control que obliga a los veterinarios a registrar todas sus prescripciones. Aunque su finalidad es reforzar la trazabilidad, su aplicación está generando una importante sobrecarga de trabajo, advierte Ruiz. “La implementación de un sistema como ese, de manera súbita, sin permitir un proceso de adaptación y sin escuchar las propuestas del sector, es lo que genera el malestar”. Así, desde el Colegio de Veterinarios de Cantabria proponen como alternativa seguir utilizando la aplicación ESUAVet, también desarrollada por la Agencia Española del Medicamento que, dicen, se lleva tiempo usando y ha demostrado ser más fiable que la nueva plataforma.

Ser o no ser profesional sanitario

Al calor de las protestas por el Real Decreto 666/2023, los veterinarios han aprovechado para reabrir un debate de fondo: el reconocimiento de su condición como profesionales sanitarios. “Es lo que somos”, afirma con rotundidad el presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria. Aunque la demanda no es nueva, hasta ahora se había librado de forma más discreta. “Se daba la batalla, pero de una manera más sorda”, reconoce Ruiz. La tensión generada por la nueva normativa ha servido para visibilizar una reivindicación histórica del colectivo. Además, existe una contradicción que les afecta directamente: aunque son sanitarios, su profesión no está reconocida formalmente como tal, por lo que deben aplicar un IVA del 21% en sus servicios, un gravamen que consideran injusto y que pone en evidencia la falta de reconocimiento oficial y de coherencia normativa en el sector.

El Colegio de Cantabria, como el resto de colegios del país, está integrado en el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el organismo encargado de representar sus intereses, canalizar sus propuestas y trasladarlas al Ministerio de Agricultura. A raíz de la polémica por el decreto, se constituyó también un comité de crisis para coordinar la respuesta del sector. Desde entonces, ha habido contactos frecuentes con el ministerio, en forma de reuniones, foros y mesas técnicas. Sin embargo, Ruiz evita hablar de avances concretos: “Sería muy optimista y alejado de la realidad decir que hay avances. No lo podemos considerar como tal hasta que no se vea plasmado en alguna medida que satisfaga nuestras quejas, aunque contacto sí ha habido”. Mientras no se alcance un acuerdo que genere una mínima satisfacción dentro del sector, el conflicto seguirá abierto y las protestas continuarán. Así lo confirma Fernando Ruiz, quien insiste en que los veterinarios no están dispuestos a ceder ante una norma que consideran injusta. “Tenemos que seguir dando la batalla y reivindicando lo que es justo; si no, estaríamos aceptando la norma”, asevera.

Consecuencias

La entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 ya ha tenido consecuencias graves en la práctica clínica diaria. Se han producido fallecimientos de animales, según denuncia el Colegio de Veterinarios de Cantabria, como resultado de la rigidez del nuevo sistema de prescripción. El decreto establece una jerarquía conocida como ‘cascada de prescripción’, que obliga a seguir un protocolo estricto antes de poder recetar determinados medicamentos. Saltarse este orden exige una justificación sólida ante la administración, bajo riesgo de sanción. “En el momento en que un veterinario decide salirse de la cascada necesita tener la certeza de que podrá justificar su decisión ante una inspección. Si no lo hace, se expone a sanciones que, en caso de reincidencia, comienzan en 3.000 euros y pueden alcanzar los 60.000”, explica Fernando Ruiz. “Todos tenemos que ajustarnos a la medida, y ese encorsetamiento hace que no tengamos las manos libres para prescribir lo que cada animal necesita en cada momento”.

Los dueños de las mascotas son los primeros afectados. Si el medicamento adecuado no se ajusta a la cascada o no está disponible en farmacia, se genera un retraso en el tratamiento. “Prescribes un medicamento que no se encuentra fácilmente y, además, tampoco puedes esperar que las farmacias dispongan de todos los antibióticos que se utilizan en veterinaria. Eso supone una dificultad de acceso y una deficiencia clara en el servicio”, denuncia presidente del Colegio de Veterinarios.

Además, asegura, el decreto no garantiza una reducción en el desarrollo de resistencias bacterianas, que es uno de sus objetivos principales. “El control existe, pero ya no hay una prescripción del medicamento que realmente procede en cada caso”. Al final, eso provoca lo contrario de lo que se busca: si el primer medicamento no surte efecto, hay que recetar un segundo, lo que implica una mayor exposición a antibióticos y pérdida de tiempo clínico.

Ana Losada, en su clínica de Soto de la Marina. Foto: Nacho Cubero.

En estos mismos puntos coincide Ana Losada, una de las 210 profesionales dedicadas a la clínica de pequeños animales en Cantabria y expresidenta de la Asociación Empresarial Veterinaria de la región, una organización que nació en 2019 pero que ya no está activa. Desde su experiencia, la imposición del Real Decreto 666/2023 agrava una situación de fondo: “No puede ser que se le imponga a un veterinario qué medicamentos usar y en qué escala. Eso en medicina no se hace”.

También cuestiona el argumento del enfoque One Health —que promueve un enfoque integral de la salud humana, animal y ambiental— con el que se defiende el decreto: “Lo escudan en el ‘One Health’, pero si no se impone la misma forma de trabajar en todos los sectores, no tiene sentido”, lamenta.

Losada explica que la norma divide los medicamentos en cuatro sectores, restringiendo el uso de algunos hasta el punto de volverlos prácticamente inaccesibles. “Existe una escala donde dividen los antibióticos en cuatro grupos. Uno no se puede usar bajo ningún concepto. Otro solo si tenemos un cultivo con antibiograma que indique que ese es el único antibiótico eficaz contra la infección, pero si no contamos con ese antibiograma, nos vemos obligados a utilizar medicamentos de los otros grupos, aunque sepamos que su eficacia será inferior”, detalla.

El problema, además, no es solo normativo, sino también práctico y logístico. “En los grupos restantes podemos usar los antibióticos a nuestro criterio, pero algunos directamente no se utilizan o no están comercializados. Al final, te quedas con tres o cuatro antibióticos, y se supone que con eso tienes que curar a todos los animales”.

Esta limitación terapéutica, señalan los profesionales, pone en riesgo la salud de los pacientes, retrasa tratamientos y reduce la capacidad del veterinario para actuar con agilidad y eficacia en situaciones clínicas graves. A ello se suman también consecuencias económicas directas para los propietarios de animales. La obligatoriedad del antibiograma, por ejemplo, incrementa el precio de las consultas y retrasa los tratamientos. “El resultado del cultivo tarda entre 5 y 10 días, tiempo en el que el perro continúa con la infección”, denuncia Ana Losada. “Y deja nuestro criterio a la altura del betún”. Además, la normativa impide al veterinario dispensar directamente el antibiótico, salvo en casos muy concretos. “El dueño tiene que ir a la farmacia con la receta. Si es viernes, podemos ceder el tratamiento para el sábado y domingo, pero no para el lunes… No tiene sentido”.

Cabecera de la manifestación que recorrió las calles de Santander el pasado 8 de junio para protestar por la nueva normativa. Foto: Nacho Cubero.

Esto afecta directamente a la inmediatez, una clave fundamental en patologías infecciosas. Paradójicamente, el decreto obliga a los veterinarios a tener ‘stock’ de medicamentos, aunque no puedan dispensarlos libremente. “Hay antibióticos que solo se comercializan en envases clínicos de 100 o 500 pastillas. La gente compra el envase para tratar a su perro, usa 10 o 15 y el resto se lo queda en casa. ¿Esa es la buena gestión de antibióticos? ¿Quién va a controlar todo eso?”, cuestiona Losada.

En conclusión, son muchas las reivindicaciones que ha traído la entrada en vigor de este nuevo decreto, pero en el eje de todo está que cada facultativo pueda ejercer sus funciones y prescribir lo que considere apropiado en cada caso, fundamentándose en su experiencia y formación. “La restricción de facultades es lo más importante y lo que más trascendencia tiene, aunque sea una reivindicación entre tantas”, concluye Fernando Ruiz.

por Redacción
https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2025/09/Cantabria-negocios-revista-economia-empresas-noticias-reportajes-conflicto-veterinario-recurso-mascota-1.jpg 854 1280 Redacción https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/03/logo-CN.png Redacción2025-09-02 10:37:582025-09-23 12:54:39Clínicas veterinarias: una actividad en auge y una controvertida regulación
Actualidad

El puerto de Santander: una hoja de ruta hasta los 8 millones de toneladas

La Autoridad Portuaria de Santander presenta su Plan Estratégico 2025-2030, en el que recoge los ejes sobre los que se asentará el crecimiento de la actividad portuaria de aquí al final de la década. El documento, que prevé que para 2028 se haya sumado un millón de toneladas a la cifra actual de tráfico de mercancías, identifica las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del puerto, con la falta de espacio como principal condicionante y con la Pasiega y la capacidad inversora de la APS, que prevé disponer de hasta 150 millones en los tres próximos años, como los factores más importantes para hacerle frente.

José Ramón Esquiaga | Agosto 2025

El puerto de Santander presentó en mayo las líneas generales que guiarán el crecimiento de instalaciones y tráficos en lo que resta de década, un periodo considerado crítico por los retos que presenta el comercio internacional y la necesidad de hacerles frente en un entorno marcado por la necesidad de digitalización y la obligación de avanzar hacia la sostenibilidad del transporte marítimo y toda la logística portuaria asociada al mismo. Alineado con los objetivos generales del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General, el Plan Estratégico 2025-2030 identifica los ejes de actuación y la hoja de ruta para afrontar el esperado crecimiento en el tráfico de mercancías en tránsito por los muelles santanderinos, que de acuerdo a esas previsiones deberían romper la cota de los 8 millones de toneladas ya en 2028, sumando casi un millón a la cifra con la que en 2024 quedo fijado el nuevo récord del puerto.

Además de definir los ejes estratégicos sobre los que incidirán las actuaciones de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) para asentar el esperado crecimiento de tráficos, el documento presentado en mayo detalla las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que pueden condicionar, poner coto o, en sentido contrario, favorecer e impulsar esos objetivos. Un análisis que entre los factores limitantes da una especial relevancia a los espacios portuarios, muy acotados por las propias características de la dársena santanderina, en un problema que tiende a agravarse por el creciente protagonismo que están teniendo las terminales en determinados tráficos, lo que resta capacidad a los muelles púbicos.

Como contrapartida a lo anterior, el análisis recogido en el plan estratégico cita el desarrollo del área logística de La Pasiega como la gran oportunidad que el puerto tiene para paliar sus necesidades de espacio, o la consolidación de la terminal de contenedores, que está permitiendo alcanzar cifras relevantes en un tráfico especialmente relevante para mejorar las capacidades logísticas del puerto y de las empresas de su ‘hinterland’.

En el apartado de las fortalezas se cuenta también la solvencia financiera de la APS, que le dota de recursos suficientes para realizar las inversiones necesarias para, en la parte que de ella depende, acometer las actuaciones para adecuarse a los requerimientos del transporte marítimo en el periodo de referencia del plan, y más allá. El puerto dispondría para ello de una cantidad cifrada en 150 millones de euros a emplear hasta 2028, en un plan de inversiones que, según apuntó el presidente de la APS en la presentación del Plan Estratégico, está siendo objeto de revisión.

La terminal de contenedores de Boluda, que tuvo en 2024 su primer año completo de actividad.

La presentación del documento que recoge las líneas maestras de actuación portuaria para los próximos años ha coincidido con un periodo, el arranque de año, que no ha sido demasiado positivo para las cifras de tránsito de mercancías, ni para el conjunto de puertos del Estado ni, particularmente, para el de Santander. En lo que puede ser un primer efecto del impacto de la guerra arancelaria sobre el comercio internacional –precisamente una de las amenazas que cita el análisis recogido en el plan estratégico–, el total de mercancías en tránsito por los muelles santanderinos ha bajado un 6,19% durante el primer cuatrimestre de este año, en relación con el mismo periodo de 2024.

César Díaz, presidente de la APS, confía en remontar en lo que queda del año el mal arranque del ejercicio, consecuencia en parte del efecto estadístico que provoca la comparación con unos meses –los primeros de 2024– que fueron especialmente buenos en volumen de tráfico. El dato interanual, que recoge el movimiento de mercancías entre mayo de 2024 y abril de 2025, se mantiene por encima de los 7 millones de toneladas, la cota simbólica que se superó por vez primera el pasado ejercicio.

Más allá de lo que el mal dato general pueda tener de negativo, lo cierto es que las cifras del primer cuatrimestre del año avalan alguna de las fortalezas identificadas en el análisis incluido en el plan estratégico portuario. La aportación que al catálogo del puerto hace la terminal de contenedores que opera Boluda Marítime se ve de nuevo claramente refrendada por las cifras de tráfico, que en el primer cuatrimestre de 2025 fueron superiores a las de ese mismo periodo de 2024 en un 14,94%, si atendemos al número de unidades, y en un 17,21% si la comparación la hacemos a partir del peso total de los contenedores en tránsito.

La buena referencia que aportan los contenedores se suma a la que también llega desde la estadística de movimiento de automóviles, una de los tráficos más significativos del puerto de Santander, que señala a su buen posicionamiento en el movimiento de mercancías ro-ro como otra de sus fortalezas. Durante el primer cuatrimestre, el número de automóviles transportados con origen o destino en el puerto de Santander –el más significativo, aunque no único, entre los tráficos encuadrados en la categoría ro-ro– creció algo más de un 20% en relación a los cuatro primeros meses de 2023.

por Redacción
https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/02/una-hoja-de-ruta-para-el-puerto-de-santander-revista-cantabria-negocios.jpg 505 940 Redacción https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/03/logo-CN.png Redacción2025-08-26 12:08:422025-09-16 13:12:34El puerto de Santander: una hoja de ruta hasta los 8 millones de toneladas
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El CTC explora la agricultura de precisión para Agro4Agri

El centro tecnológico cántabro participa en el proyecto europeo Agro4Agri, que busca aumentar la eficacia de los fertilizantes y pesticidas, reduciendo a la vez su impacto medioambiental. Con un presupuesto de 5,3 millones de euros procedentes del Programa Horizonte Europa, la investigación implica a doce empresas, institutos de investigación y centros tecnológicos de siete países diferentes, unidos en un consorcio en el que el CTC tiene la responsabilidad de desarrollar el sistema de encapsulado del producto, un elemento clave para asegurar su liberación controlada.

José Ramón Esquiaga | Julio 2025

Como sucede con algunos tratamientos médicos, el beneficio en el uso de abonos y pesticidas puede llegar a verse cuestionado por sus efectos indeseados, en un balance que puede inclinarse hacia uno u otro lado a partir de los factores con los que trabaja el proyecto de investigación Agro4Agri, que con participación del centro tecnológico CTC busca ajustar dosis y afinar la precisión de las recetas para minimizar con ello derroches que puedan dar lugar a costes económicos y medioambientales. Coordinado por AINIA, centro tecnológico valenciano, el consorcio responsable de la investigación está formado por una docena de empresas, universidades, empresas, institutos y centros de investigación de siete países europeos, además de los dos centros tecnológicos españoles, en una nómina que combina a los responsables de desarrollar la solución, a quienes tienen capacidad para industrializarla y a los comercializadores del producto al que puedan dar lugar los trabajos.

El objetivo último del proyecto, que cuenta con una financiación de 5.3 millones de euros procedentes del Programa Horizonte Europa, es el desarrollo de nuevos fertilizantes y pesticidas, basados en materiales innovadores como la nanotecnología o los biobasados –esto es, los formados a partir de compuestos de origen natural, y no fósil–, que consigan maximizar la eficiencia en la nutrición de los cultivos y proporcionar plaguicidas específicos. Un factor clave para alcanzar los niveles de eficiencia que plantea la investigación es conseguir que el producto empleado –ya sea como abono o como pesticida– se libere en el suelo de forma lenta y controlada, algo para lo que se busca un sistema de encapsulado a partir de materiales biodegradables que lo hagan posible. Esta es la parte del proyecto en la que trabaja CTC.

Ana Valera, ‘project manager’ en Tecnologías de Microencapsulación del Centro Tecnológico AINIA, y Ángel Yedra, director del área de Materiales Avanzados y Nanomateriales del Centro Tecnológico CTC. Foto: Nacho Cubero.

El centro tecnológico cántabro ejerció en mayo como anfitrión de la reunión que el consorcio celebró en su sede del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Junto a CTC y AINIA, el grupo lo integran la Universidad del Sur de Dinamarca, la también danesa DTU, la Fundación Cajamar, el Centro de Investigación Hoogstraten, de Bélgica, la italiana Sipcam Oxon, el Instituto de Estudios Avanzados de Viena, la empresa gallega Syspro, la compañía de fertilizantes Mirat, el grupo internacional FI Group, y el británico Optimat. Además de asumir un rol determinado en la fase de investigación, cada uno de los participantes en el proyecto se reserva también la forma en que explotará los resultados, algo que en un consorcio como este siempre queda firmado antes de comenzar los trabajos. “Nosotros nos reservamos los desarrollos de liberación controlada de los fertilizantes, el sistema de encapsulado”, detalla Ángel Yedra, director del área de Materiales Avanzados y Nanomateriales del Centro Tecnológico CTC, que en todo caso considera que ese no sería el final del camino, sino solo una etapa más: “Nuestra misión es transferir tecnología a la empresa, otra cosa es cómo lo hagamos: con una patente conjunta, con un nuevo proyecto con el que seguir avanzando o de otra forma… Lo que no vamos a hacer es ponerlo en el mercado, no es nuestro papel”, recalca.

Ángel Lledra presentó alguna de las claves de Agro4Agri en una presentación en la que estuvo acompañado por Ana Valera, ‘project manager’ en Tecnologías de Microencapsulación del Centro Tecnológico AINIA. Ambos repasaron alguna de las claves que marcan hoy el uso de fertilizantes y pesticidas, y sobre todo aquellas que inciden directamente sobre el medio ambiente y a las que intenta dar respuesta el actual proyecto. La principal, el hecho de que buena parte de lo que se emplea en esos usos se queda en el terreno sin ser aprovechado por el cultivo, lo que además de un poco eficiente empleo de los recursos supone un riesgo en términos de contaminación de suelo o posible filtración a los acuíferos. Uno de los factores que provoca ese problema es el desajuste entre el ritmo de absorción del producto por parte de las plantas y la forma en que se aplican plaguicidas y abonos, lo que en el caso de estos últimos provoca que dos tercios de lo empleado se desperdicie.

De alcanzarse los objetivos planteados en el proyecto, el uso de fertilizantes podría reducirse en un 50% respecto a las cantidades actuales

De forma similar a lo que es común en la industria farmacéutica, para lograr una liberación más lenta se actúa tanto sobre el producto como sobre la forma de encapsularlo, las tareas que en su parte técnica, y más directamente vinculada con la fase de investigación, asumen respectivamente los centros tecnológicos AINIA y CTC. En ese rol, y según explican sus responsables, el centro tecnológico cántabro ha logrado avances “muy prometedores” para obtener un sistema químico de encapsulado que permita una liberación controlada y precisa del fertilizante cuando entra en contacto con el agua, ya sea de lluvia o de riego. En ese sentido, el equipo de Materiales Avanzados y Nanomateriales del centro ha definido una solución que emplea precursores naturales, como el mentol o los ácidos grasos. Asimismo, el grupo de trabajo liderado por Ángel Yedra ha avanzado en la caracterización de los nanotransportadores o ‘nanocarriers’ que actúan como ‘vehículos’ de los fertilizantes tradicionales. Por las características de las partículas empleadas para ese propósito, es posible usar una cantidad menor de principio activo para obtener el mismo efecto que los fertilizantes actuales. Según se apuntó en la presentación, de alcanzarse los objetivos planteados en el proyecto el uso de fertilizantes podría reducirse en un 50% respecto a las cantidades actuales.

A pesar de los beneficios que todo lo anterior puede tener a la hora de reducir el gasto en las explotaciones agrícolas, los investigadores asumen que uno de los retos del proyecto es salvar las reticencias de un sector muy tradicional, y muchas veces refractario a las novedades. También cotiza en el lado de las dificultades el posible impacto social derivado del uso de soluciones creadas en un laboratorio en usos relacionados con la alimentación, una cuestión cuya evaluación está encomendada a otro de los socios del proyecto. “Nosotros, como técnicos, intentamos que funcione. Y en esto hay algo muy importante a tener en cuenta. Hasta hace unos años, en cualquier desarrollo tecnológico el coste y la eficacia eran lo más importante. Hoy el impacto ambiental y la sostenibilidad están al mismo nivel. Es ahí donde se enmarca este proyecto”, resume Ana Valera.

por Redacción
https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2025/07/Revista-Cantabria-negocios-noticias-economia-empresas-reportaje-centro-tecnologico-cdc-agro4agri_todos.jpg 720 1280 Redacción https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/03/logo-CN.png Redacción2025-07-29 10:37:162025-09-02 10:39:31El CTC explora la agricultura de precisión para Agro4Agri
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La rehabilitación energética de edificios, a medio gas

La eficiencia energética, tan presente en otros ámbitos como la movilidad o la industria, no termina de encontrar su sitio en el sector de la edificación. De hecho, al ritmo actual, nuestro país tardaría seis siglos en rehabilitar energéticamente su parque edificatorio, según pone de manifiesto un reciente estudio elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. Para su presidente en Cantabria, Alberto Ruiz-Capillas, este escaso compromiso rehabilitador, más necesario en la región que en otras comunidades por culpa del clima, descansa en tres factores: escasa concienciación social, falta de personal cualificado y dificultades de financiación.

Manuel Casino | Julio 2025

Pese a que la alarma climática lleva tiempo encendida, el concepto de eficiencia energética, tan asumido por la ciudadanía en otros ámbitos como la movilidad o la industria, aún no forma parte del relato en el sector de la edificación. No al menos con la intensidad que sería deseable, tal y como advierten las autoridades europeas y confirman todos los actores implicados, que ven cómo la rehabilitación energética avanza con preocupante lentitud. A diferencia de otros países, como Francia y Alemania, donde la tasa de rehabilitación de sus edificios se sitúa en torno al 2% anual, en España este porcentaje apenas llega al 0,15%, según destaca en un reciente informe el Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas de España (Cgcafe), en el que sus redactores alertan de que, a este paso, tardaríamos seis siglos en rehabilitar energéticamente nuestro parque edificatorio, responsable en la actualidad del 30% del consumo de energía final y de alrededor del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Y eso, pese a que para contribuir a cumplir con los deberes impuestos por Europa en materia de sostenibilidad, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se marcó la meta de rehabilitar 1,2 millones de viviendas en esta década, un ambicioso objetivo que los datos registrados en estos últimos tres años se han encargado de echar rápidamente por tierra. Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, entre los años 2021 y 2023, se rehabilitaron en nuestro país algo menos de 103.000 viviendas, una cifra que encaja con la estimada por los administradores de fincas colegiados, que rebajan a 30.000 el número de viviendas rehabilitadas en 2023, último ejercicio del que se tienen datos completos. Unos y otros coinciden en que, a este ritmo de trabajo, no se llegaría ni de lejos al escenario marcado por Vivienda y urgen, por tanto, a tomar medidas para tratar de revertir este derroche energético que amenaza no solo nuestro bolsillo, sino también la salud del planeta.

El parque de edificios en España supone el 30% del consumo de energía final y el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero

Para entender la magnitud del problema, los expertos recuerdan que el 80% de las viviendas son ineficientes, es decir, cuentan con una etiqueta energética entre la E y la G, mientras que tan solo un 5% aparecen en la parte alta de esta lista, la que corresponden a las etiquetas A y B, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE).

La explicación a esta situación descansa, en buena medida, en la antigüedad del parque edificatorio, construido antes de los ochenta y sin una normativa clara en materia de eficiencia energética, tal y como señala el Cgcafe en su estudio, en el que detalla que el 42,7% de las viviendas se construyeron antes de 1980 sin ningún tipo de aislamiento, y un 48,3% se edificaron antes de 2007, cuando ya está en vigor el Código Técnico de la Edificación. Ante este panorama, el sector se frotaba las manos consciente del enorme potencial que presentaba la rehabilitación energética en edificios, no solo para cumplir con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad, sino también en materia de crecimiento económico y generación de empleo. Un horizonte de esplendor que iba a contar, además, con el respaldo de 3.420 millones de euros de los fondos Next Generation para rehabilitación residencial.

Sin embargo, estas ayudas europeas no acabaron de cumplir del todo con su objetivo, bien fuera por desconocimiento de su existencia o por la escasa concienciación ciudadana sobre la necesidad de mantener y conservar la vivienda, el bien más valioso con el que cuentan la mayoría de las personas y el que conlleva el mayor esfuerzo económico.

Poca conciencia del problema también en Cantabria

Así lo estima el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (Cafca), Alberto Ruiz-Capillas, quien admite que la conciencia de ahorro energético no ha calado en la población. “Ahora mismo solo se actúa cuando existe un problema”, sostiene preocupado por la “francamente mala” salud de los edificios de la región. En su opinión, la rehabilitación energética, obligada en toda España, es aún más necesaria en Cantabria, donde los edificios sufren mucho por culpa del clima. “Sin un buen aislamiento térmico, la humedad provoca que se produzcan condensaciones, un problema que se podría fácilmente evitar con técnicas constructivas de eficiencia energética o la instalación de sistemas SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) y fachadas ventiladas”, precisa.

Con todo, Ruiz-Capillas invita a poner en contexto esta situación. “No es lo mismo apostar de forma individual por una movilidad más eficiente y más respetuosa con el medio ambiente, o tomar medidas que contribuyan en tu hogar al ahorro energético y la sostenibilidad, que hacerlo de forma conjunta en una comunidad de propietarios en la que, en muchos casos, residen vecinos con rentas modestas. El gasto, cuando es individual, lo decide cada uno; pero si vives en régimen de propiedad horizontal y no estás concienciado, muchos se ponen de lado y prefieren que sean otros los que velen por el planeta”.

Alberto Ruiz Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

Llegados a este punto, el presidente de los administradores de fincas colegiados cántabros subraya que el primer error está en no considerar el mantenimiento y conservación de los edificios como una inversión. “Casi todo el mundo tiene en la cabeza que la comunidad de propietarios es un gasto cuando, en realidad, debería ser una inversión para evitar que se deprecie su bien más preciado, que es la vivienda”. Pese a ello, concede que, desde el punto de vista sociológico, las cosas están cambiando. “En la actualidad, con la vivienda como principal preocupación de los españoles, los propietarios que ya la tienen empiezan a darse cuenta de su valor y hablan ya de inversión en lugar de gasto”. Un cambio de paradigma que también extiende a la propia contratación del administrador de fincas, que poco a poco deja de ser visto como un gasto necesario para ser considerado una inversión porque, dice, se trata de profesionales que “asesoran, informan y consiguen financiación para las obras comunitarias”.

Dos medidas muy necesarias

Ruiz-Capillas destaca la importancia del informe presentado el pasado 8 de abril por el Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas de España (Cgcafe), un documento que contiene una treintena larga de medidas tanto de carácter técnico como jurídico y económico para contribuir a mejorar el marco regulatorio y el entorno relacionado con la rehabilitación energética. Entre ellas, resalta en primer lugar establecer la obligatoriedad legal de las mejoras de eficiencia energética en los edificios plurifamiliares en régimen de propiedad horizontal, así como la creación de un fondo económico obligatorio en las comunidades de propietarios para la rehabilitación energética, con fijación de una cantidad mínima de aportación.

Sobre la primera, Ruiz-Capillas sostiene que las modificaciones legislativas siempre han sido un “aldabonazo”: “Lo fueron en su momento cuando se quiso poner coto a la enorme morosidad que existía en las comunidades de vecinos y también ocurrió más tarde con las obras de accesibilidad, que han pasado de necesitar el apoyo de la mayoría a ser obligatorias. Ahora, entendemos que, si no se cumplen determinados estándares, la eficiencia energética en un inmueble debería ser también obligatoria por ley”, explica.

“Hay que ser realistas. Los fondos Next Generation fueron un éxito rotundo pero ya se acabaron, y ahora falta financiación”, Alberto Ruiz Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria

En cuanto a la creación de un fondo económico, estima que supondría un paso para facilitar la realización de obras que suelen ser bastante costosas. “Tacita a tacita es más fácil llenar el arcón que hacerlo de golpe”, resume no sin antes dejar claro un mensaje: “Hay que ser realistas. Los fondos Next Generation fueron un éxito rotundo pero ya se acabaron, y ahora falta financiación”.

En este asunto, y junto a incentivos y deducciones fiscales, tanto para propietarios como para empresas, los administradores de fincas reclaman el acceso a líneas de crédito con condiciones especiales para comunidades de propietarios, conscientes de la dificultad que muchas de ellas encuentran a la hora de hacer frente económicamente a las obras de rehabilitación. “Se trata de un problema complejo de colectividad”, reflexiona a modo de introducción. “Es verdad que en los últimos años se ha registrado un cambio de sensibilidad y de negocio en las entidades financieras. Si antes solo concedían préstamos de forma individual a cada propietario, de un tiempo a esta parte se han dado cuenta de que las comunidades de propietarios son solventes y pagan”, aclara satisfecho.

Sin embargo, resalta que en este nuevo modelo persisten ciertas reticencias entre los propios vecinos, preocupados ante el riesgo de que, siendo el titular del crédito la comunidad, si algún propietario no cumpliera con sus obligaciones, sería el resto de vecinos los que deberían hacerse cargo del importe de esa cuota impagada. Por eso, Ruiz-Capillas aplaude un nuevo producto financiero de las entidades bancarias que les habilita a ir contra el patrimonio del vecino moroso por la parte correspondiente, una posibilidad para la que advierte que los bancos solo requieren un certificado de la comunidad de propietarios.

Una ventana adecuada para lograr el máximo aislamiento.

Sobre el fin de las ayudas a la rehabilitación energética, recuerda el positivo impacto de estas subvenciones que fueron, recuerda, fomentadas y explicadas por los administradores de fincas en toda España, pero que también trajeron la “decepción” a muchas comunidades que se quedaron sin ellas por falta de fondos. “Lo primero que hay que exigir a las Administraciones públicas es transparencia. Y si no tienen fondos, lo tienen que decir”, enfatiza en alusión al cierre, unos meses antes de su conclusión, de las ayudas previstas en el plan estatal de vivienda 2018-2021 y los fondos europeos, que dejaron 97 millones de euros pendientes de pago y que ahora el actual Ejecutivo cántabro está tratando de cubrir para que ninguna comunidad se quede sin la ayuda concedida.

Poca oferta de profesionales capacitados

Asimismo, el Cgcafe reivindica en su estudio la formación de nuevas figuras profesionales, como el agente rehabilitador o el gestor de comunidades energéticas, así como el impulso de las ramas profesionales dedicadas a la instalación y mantenimiento de instalaciones y sistemas de ahorro energético. Aquí, Ruiz-Capillas no esconde que, con independencia de que también lo puedan ser otros profesionales o incluso empresas, los administradores de fincas colegiados cumplen a la perfección con el perfil de agente rehabilitador. “Los primeros candidatos para serlo somos nosotros porque conocemos la idiosincrasia de las comunidades y quienes estamos en contacto permanente con los propietarios, además de con las empresas contratistas, los ayuntamientos para la solicitud de permisos y licencias y las entidades financieras”, resuelve.

Igualmente, solicita la simplificación de los trámites administrativos y la creación de una ventanilla única con el soporte de las oficinas de rehabilitación gestionadas por los colegios profesionales implicados en estos procesos –arquitectos y arquitectos técnicos– que preste una atención directa a los ciudadanos y las comunidades de propietarios, y cuya reapertura ahora demanda. “Todo es mucho más ágil y sencillo cuando se trata entre profesionales”, aclara convencido de que la colaboración público-privada demostró, en este caso, “que funciona muy, muy bien”.

Además, alerta de que la falta de personal cualificado para llevar a cabo este tipo de trabajo es “todo un problemón”, enfatiza Ruiz-Capillas: “Si hace años era difícil encontrar trabajadores de algunos gremios profesionales, esta tarea se convirtió más tarde en muy difícil y ahora en prácticamente imposible”, advierte consciente de “cuidar” a estos trabajadores que atienden las comunidades porque, de lo contrario, es imposible hacer ninguna obra.

El presidente del Cafca vuelve a insistir en el papel “fundamental” de los administradores de fincas para sacar adelante estos proyectos de rehabilitación en las comunidades de propietarios. “No solo hay que informar, sino también convencer. Y en este caso no es lo mismo que te lo cuente alguien ajeno a tu edificio a que lo haga el administrador de fincas, que generalmente es una persona de tu confianza con años y años de trabajo en la misma comunidad”, afirma.

Por último, y a modo de resumen, cita la escasa concienciación y la falta de personal cualificado y de financiación como los tres principales retos a los que se enfrenta la rehabilitación energética, unas actuaciones para las que, reitera, Cantabria es un “nicho estupendo” por la necesidad, aquí más acuciante que en otras comunidades autónomas, de llevarlas a cabo para aumentar el confort de las viviendas. “Sin aislamiento térmico no hay calidad de vida”, concluye.

por Redacción
https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2025/07/cantabria-negocios-revista-economia-empresas-noticias-reportajes-entrevistas-rehabilitacion-energetica-recurso-tejados.jpg 854 1280 Redacción https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/03/logo-CN.png Redacción2025-07-08 10:04:442025-07-08 10:04:44La rehabilitación energética de edificios, a medio gas
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Asesores antes que gestores

Los titulares de tres asesorías de Cantabria analizan el desempeño de una profesión que, lamentan, no está aún suficientemente reglada y en la que siguen echando de menos una comunicación más directa y fluida con la Administración. Entre sus principales retos, destacan la falta de personal, el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de entablar alianzas para competir en un mercado con cada vez más actores.

Manuel Casino | Julio 2025

Las asesorías cántabras reivindican su función de asesores fiscales por encima de la de gestores, insisten en la necesidad de regular un sector en el que cada vez existe mayor competencia y cuesta más encontrar profesionales formados, y claman por disponer de una interlocución directa con las distintas administraciones para agilizar trámites y resolver o aclarar dudas, algo que no termina de llegar. Esta es, al menos, la visión compartida por los responsables de tres de estos despachos profesionales de Cantabria, que coinciden en que su relación con los organismos públicos no ha cambiado sustancialmente a lo largo del último año y se limita, fundamentalmente, a la vía telemática.

“La cita previa y el teletrabajo se han consolidado, por lo que mantener hoy una relación más fluida y personal con la Administración se ha convertido en una tarea prácticamente imposible”, explican los socios y asesores consultores de Cedenor, Alfonso Pariza y Pablo Girón, que confirman el creciente protagonismo de internet como medio de comunicación con los diferentes organismos públicos. “Cada vez todo es más telemático”, admiten después de valorar la incidencia que tuvo en su trabajo el histórico apagón que España sufrió el pasado 28 de abril. “Un corte eléctrico de esa magnitud es algo sin duda extraordinario, pero no lo es tanto que de vez en cuando se caigan las web de las administraciones”, afirman con pesar.

Alfonso Pariza y Pablo Girón, socios asesores consultores de Cedenor. Foto: Nacho Cubero.

En parecidos términos se expresan los socios de Gestisa, Javier Gurruchaga y José Miguel Madrid, que echan de menos algún tipo de canal de acceso y de preferencia en el trato, que no hay, y admiten la dificultad de relacionarse con la Administración pese a que, como recuerdan, han asumido, en muchos aspectos, una importante cantidad de trabajo que antes hacía ellos. “Nos hemos convertido un poco semifuncionarios”, advierten.

Una queja a la que también se suma el director general de Seficosa, Carlos López d´Hers, quien aboga por la unión de los asesores fiscales para tratar de superar este problema. “Una cosa es ser economista o abogado y otra asesor fiscal. Por eso, necesitamos un colegio profesional que se encargue de encauzar todas nuestras demandas y, al mismo tiempo, de ayudar a la Administración”, subraya apelando a su condición de colaboradores sociales de la Agencia Tributaria. “Viajamos en el mismo barco y, por tanto, se trata de un concepto lógico de cooperación”, insiste no sin esconder sus dudas sobre la posibilidad de que esta propuesta colegial vea algún día la luz.

Gurruchaga y Madrid comparten, en este sentido, la necesidad de regular una profesión en la que, según sostienen, los precios se han ajustado “tremendamente”, especialmente en el área de asesoría laboral. “La profesión fiscal no está suficientemente reglada porque, aunque hay asociaciones de asesores fiscales, son de carácter voluntario, y hoy en el sector manda internet, aunque es evidente que los servicios que pueden llegar a ofrecerse en la red no son los mismos que los que presta una asesoría como la nuestra”, resuelve el segundo.

Javier Gurruchaga y José Miguel Madrid, socios del área legal y el área fiscal y contable, respectivamente, de Gestisa. Foto: Nacho Cubero.

Lo que sí reivindican todos los profesionales consultados es la importancia del asesoramiento, una tarea esencial en su trabajo para la que los responsables de Cedenor lamentan que cada vez disponen de menos tiempo. “Como la Administración nos ha trasladado toda la carga burocrática de volcado de datos y recogida de información, al final apenas nos queda tiempo para estudiar y formarnos”, lamenta Pariza y corrobora Girón: “Llevar a cabo nuestro trabajo de forma sosegada y tranquila y asesorar a nuestros clientes analizando las cosas en profundidad cada vez requiere de más esfuerzo personal”.

“No somos gestores, somos asesores”, zanja por su parte Madrid, convencido de que el futuro de la profesión pasa por el asesoramiento. “Somos profesionales de confianza en todos los ámbitos”, enfatiza. D´Hers convalida lo dicho por sus colegas y requiere diferenciar la gestión del asesoramiento: “Somos asesores. Es más, me molesta mucho cuando las personas dicen voy a la gestoría”.

La inteligencia artificial

Igualmente, todos coinciden en la importancia de incorporar en un futuro más bien cercano la inteligencia artificial (IA) a su quehacer diario. Así, Girón reconoce que, aunque aún no han dado el paso de aplicar esta tecnología a sus procesos, todas las editoriales y empresas de bases de textos legales ya llevan tiempo ofreciéndoselo, al tiempo que avanza su preocupación por el uso que de ella puedan hacer las administraciones. “Hay que estudiar que limitaciones debe de tener”, resuelve.

En similar situación se encuentra Seficosa, cuyo director general admite que, de momento, no está en su agenda, aunque no duda que lo estará más pronto que tarde. “Una cosa es la práctica y otra la teoría”, opina antes de precisar que “quienes más se van a tener que actualizar son nuestros proveedores”.

“Es una herramienta muy potente que a muy corto plazo va a ser inexorable a nuestra profesión y que va a permitir en el área jurídica acortar mucho los tiempos”. Javier Gurruchaga, de Gestisa.

De su lado, tanto Gurruchaga como Madrid convienen en que la IA “está llegando” y será una herramienta “muy útil”, sobre todo en los procesos repetitivos y automáticos y la manipulación de datos, si bien advierten de que siempre tendrá que contar con la supervisión de un profesional. “Es una herramienta muy potente que a muy corto plazo va a ser inexorable a nuestra profesión y que va a permitir en el área jurídica acortar mucho los tiempos”, subraya el primero y responsable de este departamento en Gestisa.

Falta de personal

Por otra parte, la falta de mano de obra, acuciante en algunas profesiones, empieza a ser también un problema en este sector. “Nos cuesta mucho encontrar profesionales”, confiesa Gurruchaga, lo que justifica en la creciente demanda de personal por parte de los despachos y al hecho de que, según asegura, la asesoría es una actividad “temida” en la profesión porque exige “picos” horarios cada cierto tiempo que no todo el mundo está dispuesto a cumplir. “Sin querer ni mucho menos demonizar a la gente joven, lo cierto es que hoy a los nuevos titulados les preocupa más la jornada que el sueldo”, ratifica Madrid, quien avanza la reciente incorporación a Gestisa de cinco nuevos empleados para hacer frente a la jubilación a lo largo de este año de más del 10% de la plantilla, integrada en la actualidad por 48 trabajadores.

Carlos López d’Hers, director gerente de Seficosa. Foto: Nacho Cubero.

Una preocupante realidad de la que también participa D’Hers. En su opinión, el problema descansa, en gran medida, en el escaso conocimiento que existe sobre la profesión entre los jóvenes. “Nadie nos llama para explicarles a los universitarios o estudiantes de FP qué es la asesoría y la empresa”, lamenta este veterano profesor mercantil y auditor censor jurado de cuentas al frente de Seficosa, una asesoría que cuenta con más de medio centenar de trabajadores y cuatro personas en prácticas. “Luego, además, muchos prefieren ser funcionarios”, conviene.

Por su parte, los socios y asesores consultores de Cedenor anuncian que han tratado de anticiparse al problema con la contratación de dos jóvenes a los que ofrecen formación específica para adaptarse lo mejor posible a la idiosincrasia de su empresa, que en la actualidad da trabajo a trece personas.

La factura electrónica

En cuanto a la próxima entrada en vigor de la obligatoriedad de la factura electrónica –tras el RD 254/2025, publicado el pasado 1 de abril, la entrada en vigor del sistema Verifactu diseñado para luchar contra el fraude fiscal y digitalizar los procesos de facturación empresarial se ha retrasado al 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y al 1 de julio de 2026 para el resto de empresas y autónomos–, los titulares de esta última asesoría temen que traiga consigo más líos, confusiones y obligaciones: “El objetivo no es eliminar el papel, sino que la Agencia Tributaria tenga una relación online con el contribuyente e información inmediata sobre su situación”, precisa Girón.

De su lado, D’Hers estima que la obligación de las asesorías es “convencer” a las empresas de la responsabilidad que supone este nuevo sistema y no dejar todo en manos del asesor. “Las empresas, especialmente las más pequeñas, tienen que ser conocedoras de la situación de su negocio, asumir su responsabilidad y no trasladársela por entero al asesor. Nos estamos reuniendo con los empresarios para explicarles que sigan contando con nosotros, pero que se tienen que poner las pilas y administrarse ellos mismos. Por el bien de todos, espero que nos hagan caso”, resalta.

Por su parte, Gurruchaga y Madrid esperan que esta medida de control tributario se ciña a un proceso de adaptación del software en las empresas que, recalcan, va a suponer un coste tanto para ellas como para las asesorías en términos de programas, formación del personal y tiempo. Pese a que este sistema busca garantizar la integridad, conservación y trazabilidad de las facturas electrónica, ambos profesionales sostienen que la economía sumergida cada vez es menor en España. “No creo que sea el 20% del PIB como estiman algunos informes”, subrayan.

Alianza entre empresas

Los responsables de Cedenor, Gestisa y Seficosa confirman la tendencia de las empresas del sector, ya apuntada en años anteriores, a agruparse y establecer alianzas para crecer de tamaño. Así lo refrendan en primer lugar Pariza y Girón, que reconocen que las asesorías más pequeñas se están quedando fuera del mercado. “Nosotros hemos incorporado a nuestra estructura un pequeño despacho y asumimos trabajos de especialización que otras oficinas, por su reducida dimensión, no pueden atender”, razonan.

Asimismo, los socios de Gestisa admiten que el tamaño va a importar cada vez más, por lo que afirman que algunas consultorías han optado por integrarse en redes. “Nosotros no somos grandes, pero no cabe duda de que internet nos iguala a todos. Como asesor fiscal, yo no me siento inferior a un gran despacho de Madrid porque tengo información. La fuente ilimitada de información nos iguala”, remata.

Por su parte, el máximo responsable de Seficosa concede que recientemente han incorporado tres pequeñas asesorías e insiste en la falta de personal. “Formar a un buen profesional te lleva entre seis y doce meses”, destaca antes de reconocer que les han ofrecido incorporse a un grupo internacional, una opción que por el momento han rechazado.

Los titulares de estas tres asesorías reconocen que hoy asumen más carga de trabajo, no solo por su consideración de colaboradores de la Agencia Tributaria y el alto nivel de inspecciones y comprobaciones que este organismo público mantiene desde la pandemia, sino también por la situación de estabilidad económica que, en general, vive el país.

“Hemos atravesado momentos peores”, señala Madrid y corrobora Gurruchaga. “Creo mucho en los ciclos y ahora mismo todos los indicadores económicos son buenos. No hay apenas concursos de sociedades y no hemos hecho un expediente de regulación de empleo desde hace unos años, aunque es verdad que esta solidez se pueda romper en cualquier momento porque vivimos en un mundo muy zozobrante”, aclara. Con todo, ambos coinciden en que no ha habido grandes cambios con relación al pasado ejercicio. “Para nosotros 2025 va a ser un año normal. Ahora los años son normales o malos”, concluyen.

“El tejido industrial sigue igual de mal, el comercio está cada vez mas al límite y el IPC no se corresponde en absoluto con la realidad. No lo vemos mejor que antes. Solo se abren bares”. Pariza y Girón, de Cedenor.

En la misma línea se muestran Pariza y Girón, para quienes la situación económica no ha cambiado sustancialmente en el último año. “El tejido industrial sigue igual de mal, el comercio está cada vez mas al límite y el IPC no se corresponde en absoluto con la realidad. No lo vemos mejor que antes. Solo se abren bares”, analizan con preocupación, aunque admiten que su despacho sí tiene más carga de trabajo y que manejan buenas expectativas gracias, en parte, a nuevos nichos de trabajo derivados de las “reestructuraciones empresariales y de los retrasos y la conflictividad judicial, que hacen que los peritos cobren una creciente importancia”.

Algo más optimista cierra D’Hers, para quien, aunque falta industria y polígonos donde asentarse, la situación es “buena”. “En nuestro caso, podríamos tener más clientes, pero no encontramos personal”, lamenta el titular de Seficosa que insiste de nuevo en la necesidad de ir a la universidad y a los centros de FP a explicar lo que es el trabajo de asesor fiscal.

por Redacción
https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2025/07/cantabria-negocios-revista-economia-empresas-noticias-reportajes-entrevistas-asesorias-recurso-renta.jpg 854 1280 Redacción https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/03/logo-CN.png Redacción2025-07-03 11:58:542025-07-29 10:38:04Asesores antes que gestores
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Las rederas cosen su unión

A través de una histórica alianza, las mujeres dedicadas a la reparación de redes pesqueras en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco buscan mejorar sus condiciones laborales y garantizar la continuidad de su oficio casi invisibilizado.

Ana Bringas | Junio 2025

Luchadoras, perseverantes, tenaces, inquebrantables… es el estereotipo de las mujeres rederas. Esas que se dedican a reparar los aparejos de pesca y que tantas veces han permanecido ocultas en el sector, protagonizado hegemónicamente por los marineros. Su trabajo ha sido históricamente poco reconocido y se enfrentan a problemáticas comunes en materia de formación profesional, riesgos y condiciones laborales, o falta de representación en un ámbito tradicionalmente liderado por hombres. Ahora, las mujeres dedicadas a este oficio artesanal en Galicia, Asturias, País Vasco y, por supuesto, Cantabria han decidido unir fuerzas con la vista fijada en un mismo objetivo: el de mejorar sus prestaciones de trabajo para garantizar la supervivencia de su profesión y, con ello, hacer visible su vital labor para que los barcos puedan llevar sus capturas a puerto.

Más allá del elogio a su fortaleza, las rederas no buscan que se exalte su bravura ni que se romantice su resistencia, lo que exigen son condiciones dignas que eviten tener que demostrar su coraje día tras día, por trabajar con sus manos ya curtidas por horas y horas de labor bajo las inclemencias meteorológicas en puerto.

Con esa meta, rederas, neskatillas y empacadoras formalizaron una alianza histórica en Ponteceso (A Coruña). La firma del acuerdo fue realizada por las presidentas de las principales asociaciones del norte: María Jesús González, por la Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao; María Teresa Costales, por la Asociación de Rederas de Bajura de Asturias (Areba); María José Ibarbia, por la Itsas Emakume Langileen Federazioa del País Vasco; y Soledad Alonso, por la Asociación de Rederas de Bajura de Cantabria (Arebaca), quien representa a la treintena de rederas cántabras.

Soledad Alonso, presidenta de la Asociación de Rederas de Bajura de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

A día de hoy, el colectivo atraviesa un marcado descenso en el número de profesionales activas. En Galicia, por ejemplo, la cifra de rederas pasó de 605 en 2010 a solo 375 en 2022. “En los últimos años ha ido disminuyendo porque muchas se jubilan, y, además, se trata de trabajos que no progresan y cuyas condiciones laborales no mejoran. Por eso, a la gente joven no le resulta nada atractivo”, explica Soledad Alonso sobre la situación en Cantabria con cierta resignación. Asturias cuenta actualmente con menos de una decena de rederas; Cantabria, unas 32; y el País Vasco, alrededor de 30 en todo el territorio. Galicia sigue siendo la comunidad con mayor número de profesionales, aunque la pérdida de efectivos en los últimos años ha sido significativa.

Labor fundamental

A pesar del descenso, la labor de las rederas sigue siendo fundamental para el sector pesquero. Ante la falta de personal, el trabajo colectivo y la solidaridad entre compañeras se han convertido en una herramienta clave. En el País Vasco, por ejemplo, cuando surge una avería, las rederas de diferentes localidades se avisan entre sí y se desplazan al lugar para ayudar. Se organizan de manera coordinada, comunicándose entre ellas para acudir todas las que puedan, manteniendo vivo el oficio.

Su trabajo es duro, en particular por la costumbre –y a veces obligación– de coser a la intemperie. “El 1 de abril salimos a la calle a coser y no volvemos a trabajar bajo techo hasta el 1 de octubre. Lo hacemos al aire libre por comodidad de los barcos, ya que así pueden dejar las artes directamente en la escollera del puerto, sin necesidad de maniobrar para meter la embarcación a cubierto, lo cual ahorra tiempo y esfuerzo. Básicamente, es por su comodidad, pero para nosotras implica trabajar en la calle», indica la presidenta de Arebaca. “Si llueve, tenemos que recoger todo. Si escampa, volvemos a salir, y si vuelve a llover, otra vez a levantarlo todo. Es un esfuerzo importante porque tenemos que estar entrando y saliendo con los ganchos, sillas, sombrillas, carros… pero bueno, ha sido así toda la vida”, explica. De hecho, añade que antes ni siquiera existían refugios para coser. No había salas de redes cubiertas y todo se hacía al aire libre, en verano, invierno, primavera y otoño, algo que aún ocurre en algunos puertos cántabros como el de Santander, donde las rederas trabajan bajo una carpa en la zona franca.

“Lo principal para nosotras es tener visibilidad y una representación real en las reuniones donde se deciden cuestiones que nos afectan directamente”, explica Soledad Alonso al referirse a las razones que las han llevado a dar el paso de unirse. “Queremos que nos escuchen, porque también tenemos mucho que decir. Pero ahora mismo, nadie nos representa: ni las cofradías de pescadores, ni los armadores, ni los gobiernos. Estamos solas, y todo lo tenemos que luchar solas, sin presencia en los espacios donde se toman las decisiones”. Para Alonso, hay un estigma persistente: “Nos ven como luchadoras, como si esto fuera una heroicidad. Pero no lo es: es un trabajo como cualquier otro, y lo que pedimos son condiciones adecuadas. No queremos seguir trabajando en naves con goteras, entre olores de cajas de pescado, con humedad y frío. Nos meten en cualquier sitio”.

Por todo ello, la falta de respaldo institucional y sectorial es una de las grandes frustraciones del colectivo. “A veces es como darse cabezazos contra un muro, porque nadie mira por nosotras. Los armadores nos pagan, sí, pero no defienden nuestros derechos”.

“Es un oficio artesanal y muy independiente. Pero si no le tienes cariño al trabajo y al sector, es normal que no quieras asumir estas condiciones”. Soledad Alonso, de Arebaca.

Como nota positiva, actualmente el salario de las rederas cántabras se ha equiparado al de sus compañeras del País Vasco. Sin embargo, los sueldos en Galicia y Asturias siguen siendo algo inferiores. En cualquier caso, Alonso insiste en que eso no es suficiente. “Este no es un trabajo que cualquiera esté dispuesto a hacer”, y añade: “A mí me gusta mucho. Es un oficio artesanal y muy independiente. Pero si no le tienes cariño al trabajo y al sector, es normal que no quieras asumir estas condiciones”.

Aunque hasta hace pocos años la profesión no estaba reconocida ni regulada, en la última década se han logrado avances importantes, muchos de ellos gracias al impulso de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca). “Hemos conseguido un coeficiente reductor del 15% y el derecho a una jubilación anticipada. Todo esto ha sido fruto de muchos años de lucha”, destaca Alonso. Menciona también que dolencias como el síndrome del túnel carpiano, frecuente en este oficio, han sido reconocidas como enfermedades profesionales, algo que contribuye al cómputo para la jubilación.

Precisamente, uno de los puntos clave de la recién firmada alianza es esa lucha por una retribución digna, nunca inferior al salario mínimo interprofesional (SMI), y por el acceso a prestaciones sociales básicas, mediante reformas en el sistema de cotización. El acuerdo también contempla acciones en los ámbitos de formación, información, empleabilidad y profesionalización, con el objetivo de dignificar el oficio y garantizar su continuidad. En este sentido, pese a que no son muchas las nuevas incorporaciones al oficio, en 2023 y 2024 la Asociación de Rederas de Bajura de Cantabria ha logrado organizar cursos de formación que Soledad Alonso valora como un “éxito”. Según detalla, de la primera promoción salieron tres jóvenes menores de 30 años que actualmente continúan cosiendo redes. Sin embargo, lamenta que la edición de 2024 no tuvo el mismo impacto, ya que solo participaron mujeres mayores, movidas principalmente por la curiosidad de aprender el oficio. Para este 2025 no está previsto realizar nuevos cursos, pero confían en que en 2026 la Cofradía de Santoña pueda volver a impulsar una nueva edición, con el objetivo de fomentar el relevo generacional.

“Hay miembros en las tripulaciones que saben coser o, al menos, trabajan para poder seguir con su labor; a eso lo llamamos ‘trabar’”. Soledad Alonso, de Arebaca.

A la pregunta de por qué no hay hombres rederos, la presidenta de Arebaca no sabe aclarar los motivos, pero menciona que algunos marineros de origen senegalés que van en los barcos tienen “mucha idea de coser». “Hay miembros en las tripulaciones que saben coser o, al menos, trabajan para poder seguir con su labor; a eso lo llamamos ‘trabar’. Lo hacen con hilo blanco para que, cuando las artes vuelvan a puerto, podamos detectar los rotos y arreglarlos. Nosotras siempre cosemos con hilo del mismo color que la red, que suelen ser marrón o negro”. Así, aunque los tripulantes puedan salir del paso ‘trabando’, las rederas siguen siendo indispensables.

El futuro

En cuanto al futuro del oficio, Soledad Alonso lo califica como difícil, especialmente por los obstáculos en la conciliación. “Antes, esto era un trabajo familiar que desempeñaban madres, tías, abuelas o hijas para ayudar a los marineros. Pero ahora se ha profesionalizado y, lógicamente, queremos unas condiciones justas. Las chicas serán madres, y los hijos son prioritarios. La gente joven quiere días libres y tiempo para su vida personal, pero la conciliación y los descansos no están bien definidos en este trabajo”. La falta de organización y la ausencia de estructuras que favorezcan el equilibrio entre vida personal y profesional se notan en el día a día. “A veces estamos trabajando y una compañera tiene que irse a atender a su familia, y otra lo hace después. Al final, nos quedamos solo dos, y es muy difícil seguir así”.

Así, aunque el oficio ha avanzado hacia la profesionalización y ya no se basa únicamente en los vínculos familiares de antaño, Alonso reconoce que persisten mentalidades arraigadas. “Nos cuesta dar el paso de decirle a un armador que no. Tenemos una mentalidad antigua, y eso hace que nuestro trabajo resulte poco atractivo, cuando debería ser como cualquier otro, con un horario claro que cumplir. Pero eso no suele pasar”. Si bien se pagan horas extra, muchas veces el problema no es económico. “Hay días en los que estamos destrozadas de tanto trabajar. No queremos cobrar más, queremos descansar. Lo importante es poder disfrutar de la familia, de los hijos, de las parejas…”.

Ahora, la reciente unión pone sobre la mesa todas las reivindicaciones del sector y refuerza una trayectoria de trabajo conjunto que en los últimos años ya había conseguido avances significativos, como el reconocimiento del coeficiente reductor para la jubilación. La alianza representa un paso firme para adaptar el trabajo de las rederas al mundo actual, uno en el que vivimos conectados permanentemente a la red, pero hay otro tipo de red, tejida con manos expertas e incuantificable esfuerzo: la que construyen cada día las rederas.

Mientras en el mundo digital estar en la red significa visibilidad, interacción e inmediatez, en el universo de las rederas implica formar parte de un oficio milenario, invisible para muchos, pero esencial para la vida de nuestros mares. Ellas también tejen conexiones: con la pesca y con el sustento de comunidades enteras y, aunque sus hilos no transmiten datos, sí que mantienen viva la cultura de las villas costeras. Ambas redes sostienen mundos. Una el virtual; la otra el real. Por eso, mientras hablamos de transformación digital, no podemos olvidar a quienes mantienen viva la red más antigua: la de las mujeres del mar.

por Redacción
https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2025/06/cantabria-negocios-revista-economia-empresas-noticias-reportajes-entrevistas-rederas-pesca-barco-recurso.jpg 649 1280 Redacción https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/03/logo-CN.png Redacción2025-06-26 11:26:272025-06-26 11:26:27Las rederas cosen su unión
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La náutica de recreo, rumbo al pasado

Después del fuerte tirón que registró la venta de embarcaciones deportivas tras la pandemia de 2020, el mercado no ha dejado de contraerse cada año, condicionado por las mismas razones que ya le ponían freno antes de la crisis sanitaria, con la escasez de amarres y la fiscalidad en los primeros puestos de la lista. También como entonces, y de forma paradójica, la demanda de servicios relacionados con esta actividad continúa creciendo, y ya es un problema cubrir las necesidades de trabajadores en algunas ocupaciones.

José Ramón Esquiaga | Junio 2025

Tanto para el conjunto de la economía como para casi cualquier actividad que quiera considerarse, la vuelta a las cifras previas a la pandemia ha sido un logro digno de celebración, un objetivo cuyo alcance permitía poner el contador a cero y encarar nuevos retos. No es ese el caso de la náutica deportiva, que tras el covid registró un impulso que llevó al mercado a cotas que no alcanzaba desde antes de la crisis financiera posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria, y para el que volver a 2019 supone desandar el camino de los últimos años, en un rumbo que apunta firme al puerto de partida.

De acuerdo con las cifras que maneja la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), durante el pasado año se matricularon en España 5.017 embarcaciones de recreo, una cifra en la que se contabilizan tanto las motos de agua y las embarcaciones neumáticas como los yates de más de más de 16 metros. El dato es inferior en un 15,9% al que se registró en 2023, y cae casi un 30% en relación a las 7.178 matriculaciones con que se cerró 2021, el año que marcó la mejor cifra desde 2008.

El estudio de ANEN viene a coincidir con la estimación de la evolución de las ventas en Cantabria que hace Jaime Piris, gerente de Yates y Cosas, una de las principales empresas del sector en la región, que calcula que el número de matriculaciones de embarcaciones nuevas disminuyó entre un 10 y un 15% el año pasado, en línea con lo que viene sucediendo desde los máximos poscovid: “Los números siguen sin ser malos, pero es verdad que confiábamos en que se frenara ya la caída y en que fuéramos alcanzáramos una cierta estabilización, y no ha sido así”, lamenta.

Jaime Piris, gerente de Yates y Cosas.

La coincidencia entre la percepción que Piris tiene del mercado y las cifras que recoge la patronal de las empresas náuticas contrasta con lo que recoge el informe de esta última en su análisis provincial de los resultados. Es una discrepancia habitual, y que siempre se da en el mismo sentido: el número de matriculaciones que el estudio de ANEN adjudica a Cantabria es mayor al de ventas que realmente se han realizado en la región. “Es habitual que a capitanías pequeñas, como la de Santander, se desvíen matriculaciones que en realidad corresponden a otras provincias”, explica el gerente de Yates y Cosas, que a pesar de la coincidencia que se da entre su propio cálculo y el descenso en las ventas que recoge el dato nacional del ANEN considera que esta es una referencia solo parcialmente válida para este caso concreto: “Los datos del conjunto de España están muy condicionados por los que se dan en el Mediterráneo, y el mercado del Cantábrico es muy diferente”.

El problema de los amarres

En el caso de Cantabria, y de nuevo en una característica que nos remite a circunstancias con una continuidad en el tiempo que les hace merecer el calificativo de históricas, el principal condicionante con el que convive el sector es la escasez de amarres, sobre todo en el entorno de la bahía de Santander –uno de los principales núcleos con una mayor demanda potencial para el sector, no solo en Cantabria, sino en todo el norte de España–, pero también cada vez más en el resto de la región. Los problemas que está teniendo la nueva concesionaria del puerto deportivo de Getxo para retener a sus propio amarristas ha llevado a que buena parte de estos hayan trasladado sus barcos al puerto de Laredo, lo que ha reducido la hasta no hace tanto abundante oferta de puntos de atraque que ofrecía esta dársena.

“Este es un problema que se veía venir, y que hace que sea muy difícil que se dé un crecimiento sostenido del mercado”, advierte Piris, que subraya lo que esto implica como pérdida de oportunidades para consolidar un sector que, además de la actividad que genera de forma directa, es un motor para otros, como el turismo: “Si una ventaja comparativa tenemos respecto a otros lugares, es el mar. Tenemos el centro de alto rendimiento de vela, nos conocen en todo el mundo por lo buenos navegantes que somos, tenemos playas, aguas protegidas… y justamente lo que no tenemos son amarres y puertos deportivos”.

«En Santander hay cierta disponibilidad de atraques pequeños, y esos son los barcos que es más fácil vende». Jaime Piris, gerente de Yates y Cosas

Desde la perspectiva que le da su posición en el mercado, el gerente de Yates y Cosas lamenta la forma en que esta escasez de atraques lastra no solo las ventas, sino la posibilidad de generar un turismo náutico con capacidad para atraer visitantes diferentes a los que ya eligen Cantabria. En el caso de las ventas, y con un efecto directo también sobre el turismo o la posibilidad de generar una flota de alquiler, la falta de puntos en los que amarrar el barco provoca tanto que deje de comprarse como que, en caso de que sí se haga, la embarcación que se adquiere no es la que se quiere, sino aquella para la que se ha encontrado un lugar al que amarrarla. “En Santander hay cierta disponibilidad de atraques pequeños, y esos son los barcos que es más fácil vender. Pero si te viene alguien que quiere un barco de 12 metros y le dices que se lo tiene que comprar de 8, o de 6, lo más probable es que se vaya a otro sitio”.

Un sector inestable

Con 1.200 atraques, el puerto deportivo Marina del Cantábrico, en Raos, es hoy el mayor de cuantos hay en Cantabria, superando en unas 200 plazas el número de las disponibles en Laredo. A diferencia de este, y como el resto de los que operan en la bahía de Santander, Marina del Cantábrico depende administrativamente de la Autoridad Portuaria de Santander, y no del Gobierno de Cantabria. El puerto arrastra décadas marcadas por problemas económicos y déficit de inversiones, paliado lo primero con la transmisión de la concesión a la comunidad de amarristas –en una decisión que sigue pendiente de lo que digan los tribunales, tras una primera resolución contraria– y condicionado lo segundo por la proximidad del fin de la concesión en 2027 y por la fórmula que se emplee para otorgar una nueva. La actual concesionaria, el Club Náutico Marina del Cantábrico, aspira a una prórroga a cambio del compromiso de invertir en un proyecto de mejora del puerto pendiente de concretar pero que, según explicó su presidente a esta revista, no contemplará tanto un aumento en el número de amarres como una reordenación de los mismos, restando espacio a las mayores esloras en beneficio de las menores.

Botes fondeados en una dársena de Raos infrautilizada, uno de los espacios que podría acoger un futuro puerto deportivo.

“Para invertir hace falta estabilidad, y ahí hay una inestabilidad terrible”, admite Jaime Piris, al que la referencia de lo sucedido en Getxo con el nuevo concesionario le hace contemplar con preocupación lo que pueda pasar en Marina del Cantábrico dentro de dos años. El gerente de Yates y Cosas, que recuerda las trabas que han imposibilitado que el puerto deportivo de Pedreña pudiera realizar la ampliación que tenía en proyecto, reclama valentía a todas las partes para solucionar un problema que va más allá de lo que afecta directamente al sector: “Es verdad que probablemente no ha habido una iniciativa privada que haya ido con un proyecto firme de creación de un nuevo puerto deportivo, pero quizá debería ser la Autoridad Portuaria de Santander la que liderara este asunto. Porque esto no es algo que nos atañe solo a las empresas náuticas, que somos pocas y quizá no somos lo suficientemente importantes para la actividad económica de Santander, esto es algo que afecta al turismo que atraen los barcos, que es importante y algo que se debería cuidar”.

El condicionante que la escasez de atraques supone a la hora de acotar ventas o atraer turismo afectan en menor medida a otros servicios relacionados con la náutica, en los que la demanda sigue siendo alta y que, como sucede en otros sectores, empieza a provocar dificultades para darle respuesta debido a la escasez de profesionales en determinados oficios. “Algo está fallando cuando hay gente que busca trabajo, y al mismo tiempo las empresas náuticas no encontramos trabajadores”, resume Jaime Piris, que recuerda que la náutica de recreo genera actividad y empleo en ocupaciones muy diversas, pero para las que cada vez es más complicado encontrar personas formadas. “No hay patrones profesionales con los que dar un servicio de alquiler, por ejemplo, y los mecánicos navales escasean tanto que las empresas estamos quitándonoslos las unas a las otras”, lamenta el gerente de Yates y Cosas, que cree que hay ahí un problema de ajuste entre la formación que se ofrece y la que demandan las empresas. “Ahí podía haber 200 empleos tranquilamente”, calcula.

 

por Redacción
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Salvador Marín, director general del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de España: «Cantabria va poco a poco hacia arriba, pero podría mejorar más»

Encargado de presentar hace unos días en Santander el ‘III Informe de Economía de Cantabria’, este reconocido y prestigioso economista profundiza en esta entrevista telefónica en las principales fortalezas y debilidades con las que cuenta la región. En su análisis, Salvador Marín aplaude el dinamismo del puerto de Santander, aboga por definir un plan de atracción de inversiones y otro de sostenibilidad rural, reclama la necesidad de apoyar e incentivar la innovación y defiende un mayor acercamiento entre el conocimiento público y privado.

Manuel Casino | Junio 2025

Pregunta.– A la vista del III Informe de Economía de Cantabria, que usted ha presentado recientemente, ¿diría que la región progresa adecuadamente o que en síntesis presenta la misma situación económica que en los últimos años?

Respuesta.– Diría, y de hecho lo decimos, que está progresando. En el índice de competitividad se mantiene en la misma posición con relación al resto de comunidades autónomas y ha mejorado algo con respecto a los años anteriores.

P.– El informe de competitividad regional que cita sitúa a Cantabria en el puesto 9 de las 17 comunidades autónomas, con buenas puntuaciones por encima de la media nacional en aspectos como el mercado de trabajo, en talento y capital humano o un entorno institucional sólido, pero también aparece con bajo nivel de eficiencia empresarial. ¿Qué necesitamos para ascender en esta clasificación y dejar de estar en mitad de la tabla?

R.– Bueno. Lo que necesita Cantabria, que es una comunidad pequeña, pero que puede competir, es poner en valor lo que hace bien, comunicarlo y anunciarlo. La tranquilidad y el entorno institucional es muy fuerte y eso atrae empresas. El capital humano también es bueno y las empresas irán allá donde haya capital humano. Lo que creo que habría que hacer es apoyar lo máximo posible para que se apueste por la innovación y que las empresas crezcan en tamaño, lo que no deja de ser un tema nacional. En el momento que las empresas estén en condiciones de dar un salto que no les suponga mayores impuestos o cargas y, además, se les incentive la I+D+i, creo que Cantabria mejorará posiciones.

P.– Debo entender, por tanto, que el papel de apoyo y promoción del Gobierno autonómico es determinante para conseguir este objetivo?

R.– Sí. Aunque no tenga competencias en el impuesto de Sociedades y limitadas en el de la Renta, sí puede, porque para eso son Gobierno, facilitar que las empresas puedan constituirse de forma rápida y ágil y que puedan acceder a polígonos y a suelo industrial de forma igualmente ágil. Si esto se consigue, y en paralelo se incentiva la inversión en I+D+i, que también lo puede hacer, sería muy buena señal.

P.– En este sentido va precisamente la Ley de Simplificación Administrativa que acaba de entrar en vigor.

R.– Sí, lo que ocurre es que vamos con muchas leyes y al final simplificamos y no terminamos de dar con la tecla. Si hubiera una regla de que por cada nueva norma autonómica o local que se aprueba se quitaran cuatro, le aseguro que crecían las empresas. Esa es la mayor simplificación que se podría hacer. Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero, de hecho, la Unión Europea está proponiendo de alguna forma que antes de sacar una norma nueva, pensemos cómo ha resultado la anterior y qué objetivos ha alcanzado, y si hay alguna que están afectando de forma indirecta, elimínelas. No hace falta que haya tanta norma. Hay demasiadas ventanillas. A la empresa hay que ponérselo fácil, aunque luego haya que revisar que cumple. Los gobiernos autonómicos, cuando se les convoca a nivel estatal, también pueden influir en la parte que les corresponda para que esto ocurra. Dese cuenta que en Cantabria se constituyeron 897 nuevas empresas en 2024, un 16,6% más que en el año anterior. A poco que estas nuevas empresas generen cinco puestos de trabajo, por decir una cifra, imagínese cómo se multiplicaría el efecto consumo. Tras tres años realizando estudios en Cantabria, los economistas vemos lo que se está haciendo bien y que el retorno de destinar dinero público a facilitar la innovación y la eficiencia empresarial va a ser muy positivo. También les aconsejaría que compitan lo que puedan con los fondos europeos. Que Cantabria haga también, que seguro que lo hace, planes de captación de fondos directamente de Europa. Hay que buscar en la medida de lo posible financiación extra fuera de lo que son las arcas regionales y nacionales. Pero tiene que haber un plan claro. Por ejemplo, un plan que veo totalmente financiable es un plan a medio plazo de atracción de inversiones. Si Cantabria pone en valor el puerto de Santander, la tranquilidad institucional y el talento, y lograra además poner suelo a disposición de las inversiones de forma rápida y hubiera una regulación eficiente, estoy convencido de que este plan daría resultados.

P.– Pero si de algo adolece Cantabria es precisamente de capacidad para atraer capital foráneo. De hecho, en este aspecto está a la cola de España.

R.– Sí, sí. Está muy abajo, y lo decimos. Pero esta realidad choca con las otras variables que le he mencionado de estabilidad institucional, de talento o de deuda pública, que es muy baja. Quizá habría que dedicarle más tiempo a esto porque Cantabria es una comunidad amigable, en la que se vive bien, y en la que el puerto puede facilitar la entrada y salida de productos. Al final, no podemos olvidar que las empresas se instalan en los lugares que les facilitan su labor y donde existe un cierto polo industrial. Es claro que esto no se hace de la noche a la mañana. Por eso creo que tendría que ser un plan muy consensuado con los ayuntamientos que facilite el asentamiento de empresas, la captación de energía y que las personas que vengan a trabajar encuentren dónde vivir. Por eso creo que debe ser un plan potente. Si atraes inversiones, además generas inversiones y empleo a tu alrededor. Pero no descubro nada nuevo. El capital, sea nacional o extranjero, se suele mover en aquel lugar que le tratan bien. Eso es lo que hay que poner en valor. Lo que nos dicen las cifras es que, de momento, no se está consiguiendo atraer inversión extranjera ni nacional. Pero Cantabria cuenta con una marca muy potente que es Banco Santander. Esta marca te posiciona Santander fuera de España. Es más fácil que alguien ponga en el mapa a Cantabria a través del Banco Santander que a otra comunidad autónoma.

«Con las barreras naturales que tiene Cantabria, habría que apostar por un ferrocarril que se adapte a sus circunstancias, porque no todo siempre es comparable»

P.– ¿Las deficientes comunicaciones, especialmente ferroviarias, y no solo con Madrid, sino también con Bilbao, son un freno para el desarrollo de la economía regional?

R.– A ver. Nos hemos llevado una grata sorpresa por cómo se ha comportado este año el puerto de Santander, que es un polo logístico interesante con bastantes inversiones adicionales. Es evidente que todo lo que sea mejorar las conexiones ferroviarias es bueno. Lo que ocurre es que a veces queremos hacer todo en un día y a lo mejor hay que apostar por un ferrocarril rápido, que no tiene que ser de última generación. Con las barreras naturales que tiene Cantabria, habría que apostar por un ferrocarril que se adapte a sus circunstancias, porque no todo siempre es comparable. Nosotros somos economistas y sabemos que esto es verdad. Un economista dice ‘deme usted infraestructuras que del resto ya me encargo yo’. Si hay que empezar por algo, yo empezaría por el eje que me permita dar más y mejor salida a mis productos y atraer más turistas. Si me lo permite el de Bilbao, pues es una buena opción. Es un tema que hay que estudiar muy bien. Pero lo que sí echo en falta es un plan de atracción de inversiones.

P.– Con las previsiones ocurre que a veces es muy difícil acertar. Las de crecimiento de la economía regional entre el 2,3 y 2,4% en 2025 apuntadas en este informe, cómo las calificaría, ¿de optimistas, de moderadas o de conservadoras?

R.– El año pasado todo nos sorprendimos del crecimiento que hubo en España. Creo que ninguno o muy pocos servicios de estudios lograron dar con el dato final. Cantabria, si se comporta como indicamos en el informe, diría que son unas previsiones moderadas o moderadas-alto. Si el tema logístico sigue funcionando y se simplifica, y se logra hacer un altavoz de atracción de inversiones esta horquilla pudiera mejorarse, pero quizá ya no sería para este 2025, sino para el próximo año.

P.– Destacan el papel estratégico del puerto de Santander, que ya representa el 14% del PIB regional, y que no deja de batir récords de tráfico de mercancías y contenedores. Pero llegará un momento, a este paso más pronto que tarde, en que las limitaciones de espacio impidan a esta infraestructura seguir creciendo. ¿Estamos preparados para cuando eso ocurra?

R.– En el informe ya decimos que al puerto de Santander todavía le queda capacidad de recorrido. No ha llegado a su tope y le quedan años. Ahora, habrá que pensar en posibles expansiones, pero estoy seguro de que, respetando los temas ambientales, al final hoy en día todo se puede gestionar. Cuando llegue ese problema, ¡bendito sea que ese sea el problema! Ojalá llegáramos al máximo de ocupación del puerto de Santander. Si eso ocurriera, querrá decir que la economía va bien y ya se buscarán las soluciones adecuadas. Desde luego, lo que está claro es que si no inviertes es cuando no vas a crecer. Hay que invertir y buscar dinero debajo de las piedras.

P.– También abunda en el potencial de crecimiento del sector biosanitario y las nuevas tecnologías dirigidas o asociadas a éste. Con Valdecilla y los institutos de investigación y universitarios a la cabeza, ¿qué le falta a Cantabria para llegar a convertirse en un foco de la industria ligada a la salud?

R.– De momento, lo bueno es que ya existen las infraestructuras y que ya se ha creado el polo. ¿Qué le faltaría? Incorporar a más empresas, aunque ya hay bastantes, que les resulte rentable invertir en I+D+i y meterse en ese polo. Estimo que, dentro de ese plan de atracción de inversiones, este asunto debería ser clave. Lo que se necesita es vestir a este polo de largo y contarlo más y hacer fácil, como ya he dicho, que las empresas se instalen aquí, que seguro ya se está haciendo porque, de lo contrario, no existiría este polo. Lo hecho, hecho está. Ahora hay que pasar a una segunda fase y mirar al futuro. Tiene que haber alguien pensado en el futuro.

Salvador Marín, director general del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, durante la presentación del ‘III Informe de Eco-
nomía de Cantabria’.

P.– El sector cultural, por su parte, es otro de los que pueden contribuir, gracias a los centros ya existentes y a las nuevas dotaciones culturales que abrirán próximamente, en polos de atracción de un turismo de calidad, alejado del de masas, que contribuyan además a dejar atrás la excesiva estacionalidad que hoy presenta el turismo. Si cada vez la climatología juega más a nuestro favor, ¿por qué no acabamos de despegar turísticamente más allá de los meses de verano?

R.– Todo entra en paquete. Siempre es igual. Sin inversión y estrategia es muy difícil que cambien las tendencias. Hay que meterse en los circuitos de turoperadores, pero para hacerlo tienes que ofrecer algo adicional. Cantabria tiene una costa excepcional y una montaña que ya se conoce. En cultura, ya cuenta con instalaciones que hace unos años no tenía. Ahora, ¿Por qué va a ir un turista a Cantabria? Vuelvo a insistir en que, si quieres atraer a turistas, tienes que ofrecerles algo diferente, si no te va a venir el tradicional, el que siempre ha venido. No podemos olvidar, en cualquier caso, que al final Cantabria compite con el resto de comunidades y que España es muy fácil de recorrer. Hay que ofrecer experiencias diferentes y, cuando se pueda, conciertos y exposiciones, congresos… La marca Santander, la playa, la UIMP, Cabárceno… Hay muchas marcas potentes y muy conocidas. Hay que saber dónde estamos. Si queremos dar un salto, primero hay que cuidar lo que ya tenemos y tener una estrategia cada año. Este año voy a apostar por el tema cultural, el próximo por otro. Insisto en que alguien tiene que estar pensando en temas adicionales y en contar con las infraestructuras adecuadas para acoger a estas personas. Y eso tampoco se hace de la noche a la mañana.

P.– El sector agroalimentario en general, y la industria láctea y de semiconservas en particular, que representa ya el 22% del PIB regional, es otra de las fortalezas de nuestra economía y uno de los pilares para combatir el despoblamiento en las zonas rurales. ¿Hay futuro en el campo?

R.– Lo que vemos es que la despoblación rural afecta a toda España y que también ocurre a nivel europeo. Hay que cambiar este éxodo a las ciudades y promocionar y apoyar a los ayuntamientos para que les resulte más fácil atraer a los jóvenes a esas nuevas instalaciones. Los ganaderos también necesitan cierto apoyo de las administraciones, por lo menos en los primeros días. Pero, obviamente, esto tampoco se consigue de un día para otro. Tiene que haber un plan claro de sostenibilidad rural, que se llama así. E incluir a los propietarios de los terrenos en la ecuación. La foto es que la economía mejora, pero creemos que si se quiere dar un salto cualitativo habría que apostar por estas tres o cuatro palancas que venimos señalando. ¿Con qué prioridad? Con la que decidan los agentes sociales conjuntamente con los gobiernos. Hay que dedicarle tiempo. Lo que no nos damos cuenta y, en ocasiones habría que parar un minuto, es que las propias administraciones cada día que se levantan tiene también que ir a trabajar. No digo que no sea así, y estoy seguro de que lo hacen bien. Pero gestionar una comunidad o un ayuntamiento es un trabajo. No es solamente la rueda de prensa o atender las redes sociales. Y los ciudadanos deben exigir, igual que les exigen a ellos, que cada día las Administraciones públicas hagan las cosas un poquito mejor. Para eso son precisamente estos estudios, para darles ayudas y mostrarles lo que pensamos los economistas.

P.– Apuntan que la escasa internacionalización e inversión en innovación lastran el fortalecimiento del tejido empresarial regional y la mejora de su competitividad. ¿Echa de menos en este sentido un mayor protagonismo de la Administración para facilitar y generar un clima y un ambiente más favorable a las empresas?

R.– Vuelvo a insistir. No creo que sea solo la Administración. Con que simplifique y facilite la labor ya es suficiente. A veces no tiene que hacer grandes cosas. Tiene que diseñar un plan y comunicarlo bien y poner mucho ojo en las infraestructuras públicas. El resto, ya es cosa de la parte privada. Pero lo privado no puede sustituir a lo público en el tema de las infraestructuras porque no es su negocio. ¿Cree usted que las empresas no quieren exportar? Claro que quieren. Pero si las empresas son pequeñas tienen más difícil salir al exterior y llegan hasta donde llegan. Por eso, la estrategia debería ser la de unir de alguna forma las empresas que sean competencia y ahí la Administración sí puede actuar como pegamento.

«Los empresarios tienen visión a largo plazo y ven, cuando les preguntan, que Cantabria es una comunidad manejable»

P.– De otro lado, el informe refleja que la confianza de los empresarios cántabros en la economía está por encima de la media nacional. ¿Si los propios interesados perciben que las cosas van bien o relativamente bien, ¿por qué nos cuesta tanto atraer empresas y no digamos ya capital foráneo?

R.– Porque falta ponerlo en valor. Esas empresas a las que alude van bien pero son empresas pequeñas. Los empresarios tienen visión a largo plazo y ven, cuando les preguntan, que Cantabria es una comunidad manejable; que es fácil identificar a sus gobernantes por la calle y hablar con ellos, y eso es un activo; que hay una estabilidad decente… Pero atraer inversión son palabras mayores y ya tienes que entrar a competir de otra forma. En cualquier caso, esta confianza empresarial es un valor. Hay que decirles que, si usted viene aquí, sepa que hay una estabilidad muy buena, que es lo primero que te pide un empresario. Dicho esto, Cantabria va para arriba. Está en mitad de la tabla y no va para atrás.

P.– En Cantabria, la I+D esta fundamentalmente en manos de la universidad, que concentra el 43,92% de todo el gasto regional en este ámbito, casi el doble que en el conjunto del país. ¿Por qué el sector empresarial cántabro es tan poco innovador (17 puntos por debajo de la media nacional)?

R.– En primer lugar, hay que incentivarlo a través de la normativa nacional. Por otro lado, si no tienes empresas grandes, que son las que más innovan, pues ya cuesta mucho más. Tiene que darse un acercamiento, que por mucho que se diga no termina de producirse, entre el conocimiento público y privado. Y eso hay que facilitarlo. Cantabria debería primar a sus universitarios que apuesten por innovar y que logren esa unión. E igualmente habría que primar a las empresas que apuesten por ello. Ahí Cantabria tiene también un campo que recorrer. Lo que hay que hacer es que ese conocimiento que se genera en las universidades y en los centros público no se quede entre cuatro paredes, que salga. Y para eso hay que ponérselo fácil. Conozco casos de éxito que funcionan muy bien, pero eso debería ser lo normal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la universidad está de espaldas y al profesor no se le prima para hacer carrera universitaria. Y aquí si puede intervenir la parte pública para incentivarlo de alguna forma.

P.– Señalan en su informe que otro de los obstáculos para el crecimiento es la limitada transferencia universidad-empresa. ¿A qué lo achaca?

R.– En este caso siempre se mira hacia la universidad. Y no es justo. Hay que mirar hacia los dos lados. El empresario tiene que ver a la universidad como amigable, y también al revés. En este asunto sí se podría hacer un trabajo incluyendo, por ejemplo, a la universidad y los centros de investigación en las misiones comerciales que se hagan. Y primar los proyectos públicos que sean transferencia del conocimiento. Todo lo que se incentiva en economía prospera. Además, luego tampoco puede haber una lluvia fina. Si, por ejemplo, somos muy buenos en biosanitario y en otros dos o tres campos, pues habrá que intentar al principio apoyar esos ámbitos en los que somos muy buenos. No apoyar todo por apoyarlo. Hay que intentar hacer una bolsa grande con lo que somos muy buenos y después repartirla. Reconozco que esto también es difícil de hacer, pero bueno, es uno de los trabajos de los políticos.

«A poco que aproveche las tres o cuatro palancas con las que cuenta, creo que la región puede ganar posiciones en el tablero nacional»

P.- En esta clase de estudios económicos, dicen que lo importante es analizar los datos con perspectiva y una visión a medio y largo plazo. Si lo hacemos así, ¿qué tendencia apunta Cantabria?

R.– Han pasado tres años desde nuestro primer informe y vemos que Cantabria va hacia arriba. Y a poco que aproveche las tres o cuatro palancas con las que cuenta, creo que la región puede ganar posiciones en el tablero nacional. Ahora, debe dedicarse a ello con intensidad porque es evidente que a los pequeños les cuesta más competir, aunque esa menor dimensión también le da mayor flexibilidad. Insisto, después de tres años Cantabria va, poco a poco, hacia arriba. En economía a poco que anuncias cosas y las cumples, ya mejoras posiciones. A veces queremos hacer planes estratégicos muy rimbombantes cuando lo mejor es hacer planes, digamos, más quirúrgicos. Nosotros creemos que Cantabria es una comunidad que necesita cosas más quirúrgicas, no grandes planes. No sé si la palabra sería sectoriales, pero sí cosas que sean muy concretas y determinadas con todos los implicados metidos en la ecuación, lo que es fácil porque Cantabria no es muy grande.

P.– ¿Quizá lo que nos falta entonces es terminar de creérnoslo?

R.– Sería muy osado por mi parte decirlo porque no vivo allí. Pero cuando hablo con Fernando [García Andrés, el presidente del Colegio Oficial de Economistas de Cantabria], me comenta que los economistas cántabros ven que la comunidad prospera poco a poco. Cantabria tiene los habitantes que tiene. Vemos que hay datos buenos y que en estos tres años se ha mejorado, especialmente en cuanto al puerto de Santander y la atracción de talento, además de la estabilidad institucional, que se mantiene en buenos niveles. Pero también vemos que se puede mejorar más.

por Redacción
https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2025/06/cantabria-negocios-revista-economia-empresas-noticias-reportajes-entrevistas-salvador-Marin-posado.jpg 920 1280 Redacción https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/03/logo-CN.png Redacción2025-06-12 12:09:042025-06-24 11:48:29Salvador Marín, director general del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de España: «Cantabria va poco a poco hacia arriba, pero podría mejorar más»
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GMI Reinosa estrena su condición global

La planta campurriana, que fabrica ferroaleaciones encapsuladas para acerías y fundiciones, abre en Brasil su primer centro productivo fuera de España, una fábrica en la que ha invertido algo más de 10 millones de euros y desde la que atenderá el creciente mercado con que cuenta al otro lado del Atlántico. El salto multinacional de GMI permitirá liberar a la factoría reinosana de la producción que destinaba a clientes de Latinoamérica y destinar esa capacidad para continuar incrementando su volumen de negocio en Europa, África, Oriente Medio e India.

José Ramón Esquiaga | Junio 2025

En lo que supone un paso decisivo dentro de un proceso de internacionalización que ha vivido muchos otros, Global Metwire Injection (GMI) ha comenzado este año a fabricar en la fábrica que su filial brasileña ha construido en Mendes, un municipio ubicado dentro del área metropolitana de Río de Janeiro. Con el inicio de la producción en su factoría brasileña, la empresa cántabra confirma una condición multinacional que ya había alcanzado sobradamente con su presencia en mercados de cuatro continentes, y que a partir de ahora se verá en condiciones de incrementar con las ventajas estratégicas y logísticas que aporta con un centro de fabricación al otro lado del Atlántico.

Con sede y principal centro de fabricación en el polígono de La Vega, en Reinosa, GMI produce aleaciones para su uso en acerías y fundiciones, a las que llegan encapsuladas en cables de acero, un sistema sobre el que la empresa cántabra asienta buena parte de su competitividad y que ofrece significativas ventajas frente al tradicional uso de aleaciones a granel. Los mayores costes comparativos que tiene el transporte del producto encapsulado frente a su alternativa a graneles es uno de los pocos inconvenientes a los que se enfrenta GMI para acceder a mercados lejanos en condiciones competitivas, algo que precisamente quiere paliarse con la entrada en funcionamiento de la fábrica brasileña.

Las ferroaleaciones son materiales que se añaden al acero líquido en el horno de cuchara, tanto en acerías como en fundiciones, para conseguir las características que se buscan en cada caso. Las que fabrica GMI se encapsulan en un hilo de acero que llega al cliente en bobinas, para que este corte la cantidad que precise en cada colada. En comparación con las aleaciones a granel, que el operario debe añadir a paladas, el producto encapsulado permite una mayor precisión en la mezcla y un mejor proceso de fundición. A ello hay que añadir, en el caso de los encapsulados en Reinosa, el nivel de precisión en la dosificación de aleantes al que da lugar la tecnología desarrollada por la empresa.

Expansión con enorme potencial

La nueva planta de GMI en Mendes, en la que se han invertido algo más de 10 millones de euros, ha sido diseñada para replicar el modelo de producción de Reinosa. Aún pendiente de ser inaugurada oficialmente en los próximos meses, GMI Americas ha producido ya sus primeras bobinas, en lo que supone un paso decisivo en los planes de internacionalización. Desde Brasil se atenderá el mercado americano, mejorando la capacidad de respuesta tanto en tiempo como en adaptabilidad del producto a lo que requiera cada cliente. «Con esta expansión, GMI refuerza su compromiso con la región, consolidando relaciones estratégicas con empresas del sector del acero y las fundiciones, y posicionándose como un proveedor clave de ferroaleaciones encapsuladas en América”, explica Javier Santiago, director comercial de la empresa en la región y que asume ahora también el cargo de su filial brasileña.

El equipo que ha iniciado la primera expansión internacional de la empresa, en la fábrica de Mendes, en Brasil.

Desde que diera sus primeros pasos en 2010 –fruto de la adquisición por parte del empresario José Luis Carmona de Metalslag, filial reinosana de la vasca Ilarduya– GMI ha llevado sus productos a más de 300 clientes en 60 países, con Europa como mayor mercado pero también con una presencia muy significativa India, África, Turquía, Oriente Medio y América. Ese proceso de globalización, que este pasado mes de marzo se vio reconocido con la condición de finalista en la categoría de internacionalización en los premios Pyme del Año 2024, se ha sustentado en la calidad de un producto que es más competitivo cuanto mayor valor añadido tiene el acero que fabrica su cliente pero que, por contra, debe enfrentar unos condicionantes de transporte que complican enormemente competir en precio a medida que se alarga el trayecto a cubrir hasta destino.

Como explicaba José Manuel Mariñas, director de GMI para Europa, en un reportaje en esta misma revista hace dos años, menos del 40% del peso de una bobina se corresponde con la aleación fabricada por la empresa –siempre una receta propia elaborada para cumplir con los requerimientos del cliente– correspondiendo el resto al hilo de acero en el que va encapsulada. Pese a lo que esto implica en términos de coste logístico y de transporte, en torno a un tercio de las aproximadamente 10.000 toneladas de ferroaleaciones que de media produce anualmente la planta de Reinosa tenían como destino a clientes americanos. Esa producción es la que heredará de forma inmediata la fábrica de Brasil que, liberada de los costes que se afrontaban desde Cantabria, estará en la mejor disposición para aumentarla atendiendo a un mercado en expansión y que se ha mostrado muy receptivo a las características del producto que desarrolla GMI.

Tecnología con sello propio

La tecnología desarrollada por GMI permite la dosificación individualizada de hasta 8 materias primas diferentes, con un grado de precisión que mejora significativamente el alcanzado por la competencia. La planta de Reinosa, como ahora la de Brasil, trabajan con una desviación máxima del 0,2%, cuando los estándares de otras empresas se mueven en el entorno del 2%. Es en factores como ese, unido a las ventajas que aporta el encapsulado, en los que la empresa campurriana ha asentado su competitividad, en combinación con un compromiso con el servicio que en la estrategia de GMI se ha antepuesto siempre al crecimiento.

En un mercado cíclico y tan condicionado por las variaciones de precios como es el del acero, contar con una amplia base de clientes, y conseguir la máxima fidelización por parte de estos, tiene más relevancia que los datos de producción y facturación. La planta de Reinosa se ha movido durante los dos últimos años cerca de sus límites de capacidad, lo que ha llevado a los responsables de la empresa a ajustar su política comercial para asegurar el suministro en tiempo y hora a las acerías y fundiciones a las que sirven.

Con el inicio de la producción en Brasil se mejora exponencialmente la capacidad para atender la demanda del otro lado del Atlántico, una zona alberga importantes acerías y fundiciones que requieren ferroaleaciones encapsuladas de alta calidad. En paralelo, y como consecuencia de lo anterior, la planta cántabra de Global Metwire Injection –que cuenta con una plantilla estable de en torno a 25 trabajadores– estará en condiciones de expandir su mercado en Europa y el resto de áreas geográficas a las que provee de producto., lo que redundaría en un crecimiento que debería compensar sobradamente ese tercio de producción que hasta ahora se destinaba a clientes americanos.

 


Un grupo con más presencia en Cantabria

Planta de GMI en Reinosa y los paneles solares con los que se abastece. Foto: Nacho Cubero.

Además de con Global Metwire Injectión, el grupo Global SDF Group cuenta con otras tres empresas con sede en Cantabria: SFT Global, dedicada a la programación informática, la promotora El Tambolar Europa y la constructora Global Tektia. Las dos primeras comparten sede con GMI en el polígono de La Vega y son de creación relativamente reciente: 2023 y 2020, respectivamente. La que completa la presencia de Global SDF en Cantabria se incorporó al grupo en 2023, con la compra de la antigua Excavaciones González Vega, rebautizada como Tektia tras esta operación. Fundada en 1999, la que operaba con el nombre comercial de Excavaciones Gabi hasta su adquisición por Global SDF Group ha pasado a ser la empresa del grupo con más trabajadores en Cantabria, con una plantilla que se acerca al centenar de personas.

 

por Redacción
https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2025/06/Cantabria-negocios-revista-noticias-economia-empresas-reportaje-gmi-reinosa-MENDES_BRASIL.jpg 645 1280 Redacción https://www.cantabrianegocios.es/wp-content/uploads/2021/03/logo-CN.png Redacción2025-06-05 11:37:122025-06-12 12:09:53GMI Reinosa estrena su condición global
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