Aunque pendiente aún de adaptarse a la legislación española, la entrada en vigor de la nueva normativa europea que regula el uso recreativo y profesional de los aparatos voladores no tripulados ha removido ya alguno de los obstáculos que dificultaban el desarrollo del sector, que sufría los efectos de una regulación que avanza a un ritmo mucho menor de como lo hace la tecnología. La menor carga administrativa y la mayor claridad en los requisitos para volar y en la identificación de las zonas donde puede hacerse son factores que deberían impulsar una actividad que nunca ha terminado de desarrollarse en la medida que apuntaban algunas previsiones. A falta de concretar esas expectativas y con más de 5.000 operadores registrados, el sector afronta el reto de su profesionalización con lo que parece un claro exceso de oferta.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Marzo 2021

Las enormes expectativas generadas en torno al uso de los aparatos de vuelo no tripulados –los popularmente conocidos como drones– han venido topando en los últimos años con un abanico de obstáculos que han lastrado el desarrollo de un mercado en el que, como suele ser habitual en el ámbito de las tecnologías de la información, la realidad ha corrido muy por detrás de los pronósticos, aunque  sin llegar a cuestionarlos. Con ese precedente, es comprensible que las previsiones que apuntan a que este 2021 será el año del verdadero despegue de los drones se reciban con cierto escepticismo, tras las afirmaciones similares que se han visto frustradas con anterioridad. El actual optimismo, sin embargo, no se asienta tanto en el amplísimo potencial de aplicaciones para las que pueden utilizarse estos aparatos como en remover el que hasta ahora había sido uno de las principales obstáculos para su uso: una legislación muy restrictiva que no respondía a las necesidades ni de los usuarios recreativos ni de los profesionales, y que tampoco facilitaba el trabajo de los encargados de hacerla cumplir. La novedad con la que ha arrancado el año, y que todavía deberá concretarse legalmente dentro de unos meses, es la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo que regula la fabricación y el uso de los aparatos de vuelo no tripulados, estandarizando las normativas de los diferentes países y regulando quién, dónde y cómo puede operar con estos dispositivos.

El último listado de operadores de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS, por sus siglas en inglés) hecho público por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) incluye más de 5.000 registros. Dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la AESA es el organismo encargado de regular el uso de los drones en España, y figurar en su registro es requisito imprescindible para poder utilizar profesionalmente uno de estos aparatos. Lo amplio del abanico de aplicaciones de los vuelos no tripulados ha venido apuntándose ya desde que hace casi una década comenzase a hablarse de las posibles aplicaciones civiles de una tecnología que, hasta entonces, era utilizada únicamente en el ámbito militar: desde la toma de imágenes aéreas al transporte de paquetería, pasando por el control de cultivos o infraestructuras y llegando, en las proyecciones más futuristas, al transporte de personas en raudos servicios de aerotaxi. Poco de ello de ha concretado en los últimos años, sobre todo en los volúmenes que indicaban algunas previsiones, un desajuste que en buena medida se explica por las tradicionales dificultades que el legislador tiene para seguir el ritmo que marcan las novedades tecnológicas. El dato del número de operadores registrados, que ha registrado un enorme salto adelante en los últimos meses, es uno de los principales indicadores de un cambio de tendencia y de las expectativas generadas por el reglamento europeo y por el anuncio del real decreto que prepara el Gobierno para adecuar a este toda la normativa española que regula el sector.

Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, volando un dron en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

El del número de operadores no es el único dato que confirma la, ahora sí, pujanza del uso profesional de los drones. Probablemente el indicador más significativo es el aumento exponencial de solicitud de permisos de vuelo registrado por Enaire, la empresa pública –dependiente, como AESA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– que gestiona la navegación aérea en España. Según indicó el responsable de su Departamento de Desarrollo de Negocio de Drones en una jornada celebrada el pasado mes de diciembre en Madrid, las peticiones recibidas para operar con drones en espacio aéreo controlado y no controlado registraron en 2020 un incremento del 172% respecto a 2019.

Aunque la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo no supone una derogación del que hasta ahora regulaba el sector en España, abre un periodo transitorio hasta la publicación del Real Decreto que deberá adoptarla –que se espera no mucho más allá del próximo verano– y tiene ya algunos efectos prácticos que han cambiado de forma notable las posibilidades de volar con drones en determinados espacios. El cambio más relevante es el que tiene que ver con la regulación de las zonas de control (CTR por sus siglas en inglés) que protegen el tráfico de entrada y salida de los aeropuertos, donde las restricciones hasta el pasado 1 de enero eran tantas que, en la práctica, hacían casi imposible operar con drones en ese espacio. En el caso de Cantabria, eso suponía vetar tal posibilidad en todo el área de la bahía de Santander, una de las zonas en las que más demanda potencial existe para trabajos a realizar mediante drones.

Hasta este pasado 1 de enero, para volar en zonas CTR era necesario estar habilitado para ello por AESA, que solo había concedido esa autorización a 25 operadores en toda España. Con la nueva regulación, es posible volar en estas áreas restringidas para aquellos operadores que cumplan los requisitos que establece la normativa y que notifiquen los vuelos según los procedimientos establecidos que, incluyen, entre otros aspectos, formalizar una solicitud al Ministerio del Interior, notificar el plan de vuelo y coordinarse con Enaire, además de mantener comunicación con la torre de control del Seve Ballesteros-Parayas antes y después del despegue, y hasta el aterrizaje del dron. Concedido el permiso, y cumplido el resto de condiciones, es ya posible volar profesionalmente en una zona CTR para un operador dado de alta en el registro.

El control del cumplimiento de la normativa para volar drones –ya sea de forma recreativa o profesional– corresponde a la Policía Nacional, que lo hace en las áreas urbanas de Santander y Torrelavega, y a la Guardia Civil, a la que corresponde esa tarea en el resto de la región. A la espera del nuevo real decreto que adapte definitivamente el reglamento europeo, la legislación a aplicar sigue siendo la que desde 2017 regula las condiciones para pilotar uno de estos dispositivos de vuelo no tripulados, y las zonas donde es posible hacerlo. Ahí entran las licencias, las características de los aparatos, los seguros y los permisos que se requieren en cada caso. Desde el pasado mes de diciembre, la Policía Nacional cuenta en Cantabria con un departamento específico para controlar la operativa con drones, a la que le corresponde tanto la vigilancia preventiva como la comprobación del cumplimiento de las condiciones en los vuelos para los que se solicita el correspondiente permiso. Ricardo Díaz, responsable del departamento, hace una valoración positiva del grado de conocimiento y acatamiento de la normativa por parte de los profesionales, y no tanto en el caso de quienes utilizan estos dispositivos en el ámbito recreativo: “En general los profesionales son conscientes de lo que implica trabajar con drones y conocen la normativa. Entre los aficionados sí que hay un mayor desconocimiento y cierta inconsciencia. Un dron no es un juguete, pero hay quien sigue viéndolo así”, indica el policía, que considera que es demasiado pronto para hacer una valoración de la incidencia que puede tener el cambio regulatorio para adaptarse a la normativa europea, en tanto este no se concrete en el correspondiente decreto.

Chema Echeverría, gerente de Maremagno Comunicación y Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, la marca que identifica al departamento con el esta empresa ofrece sus servicios de grabación mediante drones.

El incumplimiento de la normativa conlleva sanciones que van desde los 60 a los 225.000 euros para los aficionados, y desde 4.500 a los 4,5 millones de euros para los profesionales. En 2019, último año del que se han facilitado datos, AESA impuso sanciones por un importe total de 173.452 euros, la mayor parte por no ser un operador habilitado, no cumplir los requisitos relativos a la aeronave o sobrevolar zonas no permitidas. Este último, por ejemplo, es el caso del dron que sobrevoló la Puerta del Sol durante la celebración de la última nochevieja, cuyo piloto se enfrenta a una sanción mínima de 12.000 euros por sobrevolar en una zona restringida y hacerlo por encima de personas. Aunque puede pensarse que el control de las infracciones no es tan sencillo como pueda hacer pensar este último caso –un vuelo irregular realizado ante miles de testigos, y con las cámaras de televisión delante– lo cierto es que la tecnología hace ya posible localizar cualquier vuelo que se esté realizando en un área determinada, identificando inequívocamente al aparato y a su propietario: “Disponemos de equipos con capacidad para detectar que se está utilizando un dron, y cada unidad emite una señal única, lo que permite saber de qué aparato se trata en cada caso”, señala Ricardo Díaz.

De acuerdo a la que contempla el reglamento europeo, la adaptación de la nueva normativa no debería suponer ninguna relajación de los requisitos y limitaciones actuales, pero sí probablemente una simplificación de los mismos que clarifique qué puede hacerse, y qué no, en cada circunstancia y que, sobre todo, aligere la carga administrativa. Así por ejemplo, el reglamento europeo establece una ‘categoría abierta’ que abarca las operaciones de menor riesgo, que no requerirán autorización ni comunicación a AESA. Por encima de esta, habrá una ‘categoría específica’ que, dependiendo de las circunstancias, sí requerirá la autorización y la adecuación de medidas dependiendo de cada escenario. El riesgo más elevado, que se identifica como ‘categoría certificada’, se corresponde con usos como el transporte de mercancías o personas y el vuelo sobre zonas habitadas.

Además de la necesidad o no de comunicación y autorización previa por parte de AESA, el definitivo real decreto que adapte la normativa europea deberá regular las licencias y formación necesaria de los pilotos para operar en cada categoría y con qué aparatos, además de establecer las condiciones para que las titulaciones existentes puedan homologarse con las de nueva creación. Esta última es una incógnita que algunos profesionales han preferido despejar inmediatamente, sacando las nuevas licencias y evitando así cualquier sorpresa que pueda producirse en el posterior proceso de adaptación. Es el caso de Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, la marca bajo la que Maremagno Comunicación –empresa editora de Cantabria Negocios– ofrece servicios de fotografía y vídeo aéreos mediante drones. Ruiz Garmendia superó en febrero las pruebas para la obtención de las licencias A1/A3, que permiten operar aparatos de hasta 25 kilos en categoría abierta, y la STS que habilita para escenarios estándar dentro de la categoría específica. Son licencias que cubren prácticamente todo el abanico de posibles usos profesionales de drones para fotografía, vídeo o mediciones aéreas, y que –a diferencia de las titulaciones actuales– son válidos en cualquier país europeo.

El director de Aerosport Foto, que pilota drones desde 2015, está convencido que con la nueva normativa se agilizarán todos los trámites para explotar profesionalmente los aparatos de vuelo no tripulados, dando un impulso a un sector que no ha terminado de alcanzar la actividad que se esperaba. A corto plazo, señala, la posibilidad de atender encargos en zonas CTR supondrá ya un impulso a un mercado que tiene sus principales clientes en la industria, la construcción y el turismo y que, debido a ello, tiene a un gran número de potenciales clientes en zonas urbanas cercanas a aeropuertos. Aun con las limitaciones que existían hasta el pasado 1 de enero, Aerosport Foto ha realizado trabajos en Cantabria y en prácticamente todas las comunidades autónomas, con clientes como Campofrío, Grupo Bailón, la Diputación Foral de Vizcaya o Ingeteam, y tareas casi siempre relacionadas con la toma de imágenes para vídeos corporativos, pero también en seguimiento de obras, vídeo turístico, fotografía 360 o termografías.

La condición de mercado en expansión que tiene la operativa con drones, impulsado ahora por la actualización de la normativa, alimenta también algunos desequilibrios que constituyen la principal incertidumbre de cara al futuro más inmediato. Chema Echeverría, gerente de Maremagno Comunicación, confía en que los cambios sirvan para profesionalizar un sector en el que considera que existe un claro exceso de oferta y con una escasa estructura empresarial entre los operadores: “Es cierto que este año tenemos buenas perspectivas de facturación en los servicios que ofrecemos con drones, pero aun así la actividad no sería rentable si no estuviera integrada dentro de una empresa que tiene un catálogo más amplio, y que nos permite sinergias en la comercialización y con el resto de productos”. Pese a lo que eso aporta en términos de competividad y economías de escala, explica, es habitual encontrarse con competidores que ofrecen precios que considera completamente fuera de mercado, como jornadas de grabación por menos de 80 euros: “No es posible cumplir la normativa, pagar seguros y amortizar equipos con ese precio”.

Aerosport Foto cuenta con un parque de 5 drones –un Mavic Mine, un Mavic Air 2, dos Phantom 4 y un Phantom 4 ProV2.0– con lo que dar respuesta a las diferentes necesidades que puede plantear cada encargo. Junto con las emisoras y los seguros, Antonio Ruiz Garmendia calcula que la inversión total se acerca a los 13.000 euros. Son cantidades que obligan a trabajar de forma habitual para rentabilizarlas, algo que no habitual en muchos de los operadores, autónomos que tienen una presencia intermitente en la actividad. Entre los encargos atendidos en el último año por parte de la marca de Maremagno Comunicación para el servicio de drones, hay proyectos que van desde los 700 a los más de 10.000 euros, estos últimos casi siempre trabajos que implican un seguimiento en el tiempo. “La demanda de tareas que pueden realizar los drones va a seguir aumentando, sin duda, pero no tanto como para justificar el brutal crecimiento que se ha dado en el número de operadores. Tendrá que haber una reordenación del sector”, concluye el gerente de Maremagno Comunicación.