Un año y medio después de su aprobación, esta prestación gestionada por la Seguridad Social se encuentra aún muy lejos de cumplir su función de salvavidas de las personas más necesitadas. La Red Cántabra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social advierte del importante deterioro de la mayoría de los indicadores de renta en la región durante el pasado año, donde casi una de cuatro personas vive en riesgo de pobreza; echa de menos una mayor coordinación entre las administraciones públicas, reclama la activación de los ascensores sociales y reivindica la apertura de mayores cauces de participación para las organizaciones del Tercer Sector.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Diciembre 2021

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una idea muy buena y tiene buen color. Pero aún le falta recorrido para ver si flota”. Así valora el tesorero de la Red Cántabra de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria), Jesús Castanedo, esta renta aprobada por el Gobierno de España en junio de 2020 para tratar de paliar las penurias económicas y sociales que por aquel entonces ya apretaban a miles de familias por culpa de la pandemia. Casi un año y medio después, su aplicación está muy lejos de cumplir los objetivos de cobertura declarados, y no por falta de dinero. Según los últimos datos disponibles a nivel nacional, apenas se ha gastado la mitad de los 2.728 millones de euros asignados a la Seguridad Social para el pago de esta prestación. Y el propio Gobierno reconoce que el IMV había llegado hasta septiembre pasado a 337.000 hogares (unas 800.000 personas), lo que representa algo menos del 40% de la previsión inicial, que era llegar a 850.000 unidades de convivencia y a 2,3 millones de beneficiarios.

Jesús Castanedo, tesorero de la Red Cántabra de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y director técnico de la Cocina Económica de Santander

Según la mayoría de los expertos, el cuello de botella está en los muchos problemas que el Estado está teniendo para dar respuesta a la gran cantidad de solicitudes presentadas, casi 1,5 millones en dieciséis meses, de las que 14.687 corresponden a Cantabria. En este sentido, Castanedo recuerda que el IMV es la prestación base para las rentas mínimas autonómicas, por lo que las personas más necesitadas deben solicitarlo, aun a sabiendas de que no cumplen algunos de los requisitos, para poder tramitar después estas otras rentas básicas de gestión autonómica en cuyos perfiles sí encajan, una vez obtenidas la denegación del primero. “Esta actividad está generando un tráfico inesperado en la administración de la Seguridad Social y, en consecuencia, demoras en el acceso a estas ayudas tan necesarias para miles de personas que están al borde del precipicio”, reconoce el tesorero de EAPN Cantabria y director técnico de la Cocina Económica, una de las trece organizaciones del llamado Tercer Sector que forman parte de esta red cántabra. En su análisis de la situación, este responsable alerta también del escaso porcentaje de expedientes, por debajo del 30%, que finalmente son aprobados lo que, a su juicio, deja entrever que el diseño de esta prestación se ajusta poco y mal a la realidad social.

Entre las razones que justifican que de los 13.523 expedientes válidos presentados hasta septiembre en Cantabria solo se hayan aprobado 3.756, según recoge EAPN en su informe ‘El ingreso mínimo vital un año después. La perspectiva autonómica’, dado a conocer hace poco más de un mes, o que otros muchos potenciales beneficiarios simplemente no soliciten esta ayuda, Castanedo cita en primer lugar la brecha digital de las personas solicitantes: “La dificultad de acceder a internet, a un ordenador o ‘smartphone’ y la falta de competencias digitales y menor nivel formativo está empobreciendo y cronificando a las personas más vulnerables”, critica con pesar.

Además, menciona la dificultad de cumplir los requisitos exigidos y la inclusión de términos y conceptos muchas veces confusos que no hacen sino complicar al solicitante la comprensión de lo que le piden. Así, explica que la Seguridad Social alega que la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad al superar los umbrales de renta y patrimonio, si bien Castanedo aclara que hay que tener en cuenta que para su concesión se han tenido en cuenta en la mayoría de los casos los ingresos de 2019, ejercicio en el que aún no había impactado la pandemia.

Otras cuestiones como el certificado de empadronamiento, la acreditación de la composición de la unidad familiar o la documentación de la residencia en regla pueden resultar, según destaca, obstáculos insalvables para quienes no tienen hogar, familias extensas gitanas, personas inmigrantes o para varias unidades de convivencia que residen en una única vivienda: “Pero son aspectos que deducimos a partir de las encuestas que llevan a cabo las redes de las diferentes comunidades autónomas, porque lo cierto es que el ministerio no explica en ningún caso cuáles son las razones de las denegaciones, solo las comunica”, precisa el tesorero de EAPN Cantabria.

“Tres de cada cuatro solicitudes son denegadas. Pero no sabemos los motivos. Lo que sí conocemos es que esa falta de transparencia genera una fuerte indefensión en los solicitantes”, argumenta Castanedo claramente contrariado por esta falta de información sobre las resoluciones que impide en la mayoría de las ocasiones que el interesado pueda iniciar un proceso de reparación. A su juicio, estas disfunciones que denuncia parten de la inexistencia de una infraestructura administrativa específica para la gestión del IMV. “A diferencia de los departamentos de servicios sociales de las comunidades autónomas, que ya contaban con un sistema definido, la Seguridad Social ha tenido que partir de cero y con la dificultad añadida de hacerlo en plena crisis de la Covid-19 y con las oficinas físicas cerradas por seguridad ante la pandemia”, razona.

Además, sostiene que lo ha hecho sin conocer las características de los perfiles de las personas solicitantes y, lo que es aún peor, sin una base de datos de los potenciales beneficiarios. “Ha faltado coordinación entre los servicios sociales autonómicos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. No existe una base de datos conjunta o general que facilite el intercambio de información entre ambas administraciones, una carencia amplificada por la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El resultado es que la Seguridad Social se ha visto sobrepasada y no ha sabido responder a determinadas cuestiones en el momento en que más se necesitaba, ya que el número de personas en situación de vulnerabilidad extrema no ha dejado de crecer en el último año, especialmente en Cantabria”, resume.

Cantabria, peor que la media

El reciente estudio sobre pobreza y exclusión social elaborado por EAPN señala que Cantabria ha experimentado un deterioro superior al registrado por el conjunto del territorio nacional en la mayoría de los criterios analizados. Según resalta este trabajo, este empeoramiento de la situación se constata de manera singular en el caso de la privación material severa (PMS), que ha experimentado el mayor incremento de toda España hasta multiplicar su tasa por cinco.

En concreto, este indicador, que viene definido por la carencia de al menos cuatro de los nueve conceptos de consumo básico que establece la Unión Europea –poder permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días; mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros, entre otros–, alcanzó el pasado año al 4,4% de la población cántabra, es decir, a unas 25.000 personas, 20.000 más que en 2019.

El comedor de la Cocina Económica de Santander, listo para servir comidas a los usuarios que aguardan para entrar

Pero con ser alarmante este dato, aún lo es más el que sostiene que el 23,7% de los habitantes de Cantabria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020. Este porcentaje, que implica un aumento del 4,3% con relación al ejercicio anterior, significa en la práctica que unas 138.000 personas, 25.000 más que en 2019, viven en hogares con ingresos que no llegan al 60% de la mediana de la renta nacional.

Además, este informe de EAPN alerta igualmente de que unas 50.9000 personas, 10.200 más que un año antes, están en situación de pobreza severa, esto es, aquellas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional. O dicho de otro modo: cada persona debe sobrevivir con menos de 281 euros mensuales, en el caso de una familia con dos adultos y dos menores; o con menos de 535 euros al mes si vive sola.

Castanedo atribuye este deterioro por encima de la media española al importante peso específico de los servicios en Cantabria, especialmente del turismo y el comercio. “Las personas más vulnerables trabajaban fundamentalmente en estos sectores, los más afectados por la pandemia, y en los que muchos negocios se han visto obligados a echar el cierre”. Además, apunta también al hecho de contar con una población más envejecida en torno a la cual existe toda una economía de los cuidados que igualmente se ha visto muy afectada. “El miedo a los contagios, unido al fallecimiento de muchas personas mayores, ha expulsado del mercado laboral a un número muy alto de trabajadores que cuidaban de ellas”, argumenta el tesorero de esta red cántabra que asegura está “en construcción” y centrada en luchar contra la exclusión social, la pobreza y el hambre.

De vueltas a cómo superar la deficiente implementación del IMV, Castanedo saluda el anuncio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de crear un registro de organizaciones no gubernamentales que puedan servir de mediadoras y que certifiquen la idoneidad de los potenciales beneficiarios. “Que nos homologuen porque las entidades del Tercer Sector somos la alianza natural de las administraciones”, puntualiza sobre esa medida que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, declaró que entraría en vigor por medio de un real decreto y en funcionamiento antes de finalizar noviembre, aunque aún no lo ha hecho.

Sobre la cuantía media del IMV que, según datos del Portal de Transparencia de la Seguridad Social, es de 172 euros por persona y de 436 por hogar, el director técnico de la Cocina Económica entiende que habría que revisarla o, cuando menos, buscar elementos de complementariedad. “Con ese dinero no te mueres, pero no se puede vivir porque no solo de pan vive el hombre. Además de la comida hay que pagar la vivienda, suministros…”, reflexiona antes de recordar que la renta es igual para todos, “pero el nivel de vida no es el mismo en todas las comunidades autónomas”.

En su opinión,  el IMV es “un buen escudo de protección”, pero necesita complementarse con otras ayudas y, sobre todo, potenciar los ascensores sociales que permitan a las personas salir de esa situación de vulnerabilidad, entre los que cita la formación y el apoyo en la búsqueda de empleo: “Los temas de activación social no están y deberían estar”, reivindica.

Al tiempo que reclama “engarzar estas cuestiones para facilitar la inserción social”, Castanedo advierte de la necesidad de dignificar la vivienda. “El 50% de las personas que viene a la Cocina Económica vive en habitaciones en casas compartidas. Les queda esa opción o el cajero y la gente, en la mayoría de las ocasiones el propio arrendatario que lo subarrienda a otras personas, se aprovecha de su vulnerabilidad para hacer negocio con los pisos. Habría que regularlo e incluso nosotros nos estamos planteando ofrecer este servicio para evitar estos abusos”, analiza antes de lanzar un aviso: “Con la vivienda ocurre lo mismo que con la ley de la gravedad; siempre que se dan ayudas al alquiler, sube el precio”. 

De otro lado, El tesorero de EAPN Cantabria reconoce que en España está en un “buen momento” en cuanto al gasto social gracias, en gran parte, a la pandemia. “Quizá sea lo único bueno que ha traído consigo esta crisis”, explica para reclamar a continuación una “buena gestión” de los fondos europeos. “Va a ser clave para que la apertura que se adivina en materia social salga adelante”, enfatiza.

Por último, Castanedo pone el foco en la relación con las administraciones públicas, que pide potenciar. “Con el Gobierno de Cantabria ha habido sus más y sus menos, pero se deben desarrollar los mecanismos de gobernanza para que en aquellos temas en los que estemos implicados las entidades del Tercer Sector podamos participar juntos. En este asunto hay mucho por hacer”, recapitula. “La activación entre lo público y lo privado se tiene que desarrollar porque la pobreza es una palabra con muchos apellidos –material, infantil, energética…– que debemos combatir todos unidos, administraciones, organizaciones no gubernamentales y empresarios. Nosotros en EAPN tenemos al menos muy claro cuál es nuestro objetivo: mejorar la vida de las personas y cuidar la tierra como elemento común”, concluye.