El Gobierno central da forma a un procedimiento permanente para reconocer las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral a través del que quiere que más de tres millones de trabajadores obtengan un título de FP o certificado de profesionalidad en los tres próximos años. Con un presupuesto de 852 millones de euros, el plan deja amplia capacidad de decisión a las comunidades autónomas para establecer la manera de impartir la formación complementaria que sea necesaria, algo para lo que ya está trabajando una comisión con participación de los agentes sociales y las consejerías de Empleo y Educación. Las academias confían en hacer valer su experiencia para colaborar en un reto que califican de “colosal”.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2021

España es uno de los países europeos con un mayor porcentaje de población activa formada por trabajadores sin ninguna titulación, un lastre tanto para los trabajadores, que ven así limitadas sus posibilidades de desarrollar una carrera profesional, como para las empresas, que se encuentran con mayores dificultades para acceder a mano de obra cualificada. Buena parte de esos trabajadores sin titulación sí cuentan, en cambio, con buena parte de las competencias profesionales para realizar el trabajo en el que están empleados, y acreditarlo, impartiendo la formación complementaria necesaria para hacerlo, ha sido un objetivo perseguido por la Administración desde que en 2009 se publicara el primer decreto que establecía el derecho de estos profesionales no titulados a ver reconocidas las habilidades, conocimientos y destrezas adquiridos a través de su experiencia laboral. Desde entonces, los certificados de profesionalidad –unos títulos con valor equivalente a la FP– han sido especialmente demandados dentro de la oferta de formación para el empleo, pero en un volumen que se ha quedado lejos de los objetivos previstos. Ponerle remedio, y reducir de forma significativa ese porcentaje de población activa sin titulación, es el objetivo del Real Decreto publicado por el Gobierno el pasado 9 de marzo, que establece un procedimiento permanente para avanzar en ese propósito, removiendo las barreras burocráticas que, a juicio del legislador, son una de las razones que lastran el actual sistema.

Los certificados de profesionalidad son una de las modalidades de formación para el empleo más demandadas pero, aun así, están lejos de alcanzar las cifras que ahora se propone como objetivo el nuevo Real Decreto. Hasta ahora, los certificados con más demanda eran los que habilitaban para ejercer, como sucede por ejemplo con los profesionales de centros geriátricos.

El desafío que plantea el Real Decreto no elude las cifras, y es precisamente a la vista de estas donde pueden apreciarse las proporciones del mismo: con 852,5 millones de euros de presupuesto, el programa se plantea acreditar las competencias profesionales de tres millones de trabajadores de aquí a 2024, un dato que contrasta vivamente con los apenas 300.000 a los que se ha conseguido llegar en los 10 años de vigencia del actual sistema. A diferencia de este, en el que se establecían convocatorias concretas para determinadas cualificaciones, el nuevo sistema establecerá un procedimiento permanente para evaluar, y en su caso acreditar, competencias profesionales adquiridas en el desempeño del trabajo. Para ello se da una amplia capacidad de decisión a las comunidades autónomas, que desarrollarán la forma concreta de llevarlo a cabo. En el caso de Cantabria, ese trabajo se está realizando en una comisión con presencia de los agentes sociales y las consejerías de Empleo y Educación, y que recoge en su larga denominación la literalidad de su tarea: comisión de trabajo para elaborar la normativa para los procedimientos de evaluación de competencias profesionales adquiridas a partir de la experiencia laboral o vías no formales de formación.

Isabel Cuesta, directora gerente de CEOE-Cepyme de Cantabria, representa a la patronal cántabra en la comisión y no tiene dudas a la hora de calificar como “colosal” el reto que plantea el Real Decreto: “España es el país europeo que tiene más trabajadores sin una formación acreditada y, si tenemos en cuenta los antecedentes, vemos lo difícil que va a ser alcanzar las cifras que se mencionan: en diez años se ha conseguido llegar solo a un 2,42% de los potenciales beneficiarios, y llegar ahora, en cuatro años, a un 40% va a ser complicadísimo y va a hacer necesario un esfuerzo enorme de todas las partes”, señala la representante de CEOE, que considera que la aportación de los centros privados de formación tendrá la máxima relevancia para alcanzar ese objetivo.

Participación

Isabel Cuesta, directora gerente de CEOE-Cepyme de Cantabria.

A su juicio, conseguir llegar al número de trabajadores que plantea el Real Decreto dependerá de aspectos en los que las academias que imparten formación para el empleo pueden aportar la experiencia y el conocimiento adquiridos en esa función de intermediación entre lo que demanda el mercado de trabajo y la oferta formativa. Porque uno de los problemas que ha existido hasta ahora, recuerda, es la dificultad para llegar a los potenciales beneficiarios de los certificados de profesionalidad: “Hay que dar a conocer la oferta y generar demanda, porque si no, no se alcanzarán los objetivos. Lo que hemos visto con los certificados de profesionalidad es que sí existía demanda para aquellos vinculados a capacitaciones necesarias para ejercer: conductores de ambulancias, personal de geriátricos… Hay que aprovechar la cercanía de los centros de formación al mercado de trabajo para que sirvan como correa de transmisión para la Administración”. Y sobre todo, indica Isabel Cuesta, garantizar su presencia en lo que considera la fase crítica de todo el sistema: “El tribunal que evaluará las competencias del trabajador y que determinará y ofrecerá la formación necesaria para completar los conocimientos adquiridos con la experiencia. Ahí los centros de formación tienen que tener un papel relevante. Garantizar su participación me parece un factor decisivo para conseguir el objetivo que se plantea”. La impresión recogida en las reuniones realizadas hasta ahora por la comisión lleva a la gerente de CEOE-Cepyme a mostrarse relativamente optimista sobre las posibilidades de los centros de tener ese papel relevante que reivindica para ellos, y recuerda que el Real Decreto determina de forma explícita que en esos tribunales tiene que tener presencia el tejido productivo.

Alumnos en un centro de FP de Cantabria. El sistema de acreditación de competencias busca facilitar a los trabajadores el acceso a una titulación equivalente a la que se obtiene mediante procedimientos reglados.

Ángela García de los Salmones, portavoz de la plataforma de formación de CEOE-Cepyme de Cantabria, considera igualmente que los centros que imparten formación para el empleo, y que han sido también los encargados de impartir los certificados de profesionalidad desde que se dio forma a esta modalidad, deben ser parte protagonista en el nuevo sistema al que da forma el Real Decreto del 9 de marzo. A su favor, señala, está la experiencia acumulada, la relación ya existente con trabajadores y empresas y, finalmente, el propio proceso de adaptación realizado para adaptarse al nuevo modelo: “Estamos formando ya a asesores y evaluadores para la acreditación de competencias profesionales”, asegura.

Al igual que Isabel Cuesta, Ángeles García de los Salmones cree que no será nada fácil alcanzar las cifras de acreditación de profesionales que el Gobierno marca como objetivo, y que en el caso de Cantabria supondría avalar las competencias de 4.000 trabajadores ya este mismo año. “Va a ser muy complicado alcanzar esas cifras, y para ello va a ser fundamental dar mucha publicidad a este sistema, tanto entre las empresas como entre los trabajadores, que unos y otros sepan que se puede conseguir un título que acredite la capacidad por vías no formales de formación”.