Los primeros meses tras la entrada en vigor de la ley que busca facilitar el empleo por cuenta propia ponen de manifiesto las luces y sombras de un sistema que intenta promover el emprendimiento pero que sigue viendo al autónomo como un defraudador en potencia. La nueva normativa recoge reivindicaciones históricas del colectivo, como la posibilidad de compatibilizar la actividad con el cobro de la prestación por desempleo, pero no cambia la forma de calcular la cuota. Los autónomos generaron 76.000 empleos en España en 2015.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Son, para bien y para mal, los grandes protagonistas del empleo desde que comenzó la crisis. Para bien porque del colectivo de quienes trabajan por cuenta propia, los conocidos como autónomos, llegan algunos de los pocos datos positivos del mercado laboral de los últimos años; para mal porque, para quienes miran las cifras con ojos críticos, el aumento en el número de quienes se pagan su cotización a la Seguridad Social es una muestra más de la pérdida en la calidad del empleo que se ha venido registrando en los últimos años. A ello hay que sumar la identificación –engañosa si se quiere– entre el trabajador autónomo y el emprendedor, un término que lleva tiempo dando síntomas de desgaste por exceso de uso pero por el que siguen teniendo un enorme apego los políticos de todo el arco parlamentario. Todo lo anterior ha encontrado una de sus últimas formas de concreción en la llamada Ley de Fomento del Empleo Autónomo, que ha unificado alguna de las medidas que se habían tomado ya en línea con ese objetivo, al tiempo que recogía reivindicaciones históricas del colectivo. Lo que no se ha tocado, en cambio, es la forma de calcular la cuota que se abona a la Seguridad Social, una cuestión controvertida que ilustra como pocas la complejidad de todo lo que tiene que ver con el empleo por cuenta propia.

Patricia Oreña, delegada nacional de emprendedores y jóvenes autónomos en ATA.

Al cierre de 2015, y según un estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a partir de los datos de la Seguridad Social, los trabajadores por cuenta propia habían creado 76.000 empleos netos, una cifra que es resultado de sumar los nuevos asalariados contratados por los autónomos (36.305) y el incremento registrado en el número de estos últimos a lo largo del ejercicio (39.219). El relación con la primera de esas cifras, y según recoge este mismo estudio, el número total de personas contratadas por autónomos persona física –no entran aquí los integrados en alguna fórmula societaria– creció el año pasado a un ritmo del 4,7%, frente al 3,6% que lo hacía el régimen general. Todos son datos que aportan los argumentos más cuantificables a la cuestión del protagonismo autónomo, y en los que difícilmente ha tenido influencia alguna la nueva normativa, que entró en vigor cuando el año 2015 avanzaba hacia su final. En su lectura más optimista, las medidas incluidas en la Ley de Fomento del Empleo Autónomo deberían servir para, cuanto menos, incrementar el número de altas en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social, aunque otras medidas que también han entrado en vigor en los últimos meses –como la supresión del sistema de cotización por módulos– pueden tener un efecto contrario. En ese juego de luces y sombras también juega un papel la cuestión de la cuota, pero no es fácil saber si lo hace en un sentido o en otro.

La controvertida cuestión de la cuota a la Seguridad Social

La ley que entró en vigor el pasado otoño institucionaliza la tarifa plana que ya se venía aplicando a los menores de 30 años. La norma amplía esta medida, que supone que los trabajadores que se den de alta como autónomos pagarán 50 euros como cuota a la Seguridad Social durante los primeros seis meses de actividad. Pasado ese plazo, y hasta cumplirse un año desde el alta, podrán beneficiarse de un 50% de reducción sobre la cuota ordinaria, y de un 30% durante los seis meses siguientes. A partir de ahí, las condiciones serían las mismas que para cualquier otro trabajador por cuenta propia: un 29,8% de la base de cotización, lo que a día de hoy supone un mínimo de 267,03 euros. Ahí está, sin duda, uno de los principales condicionantes que debe vencer quien trabaja por cuenta propia, porque esa es una cantidad que tendrá que abonar con independencia de los ingresos que consiga a partir de su actividad.

Adecuar ingresos y cuota es, de hecho, una de las reivindicaciones más repetidas por el colectivo y como tal venía recogida –aunque concretada de formas distintas– en los programas electorales con los que PSOE, Ciudadanos y Podemos se presentaron a las últimas elecciones. Patricia Oreña, que hace labores de coordinación técnica en ATA Cantabria y es además directora del Área Nacional de Emprendedores dentro de esta asociación, admite que el asunto de la cuota  ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de quien va a darse de alta como autónomo, pero advierte que esta es una materia que muchas veces se analiza de forma demasiado superficial: “Según nuestros cálculos, una cuota proporcional a los ingresos supondría que el 80% de los autónomos tendrían que pagar más de lo que pagan hoy, y eso pocas veces se dice”, advierte.

Según el estudio elaborado por ATA a partir de los datos de la Seguridad Social, el 86,1% de los autónomos dados de alta en el RETA a 31 de diciembre de 2015 cotizaban por la base mínima. A efectos prácticos, eso significa que abonan la cuota que correspondería a unos ingresos de 900 euros mensuales y que, en caso de baja laboral o cuando alcancen la edad de jubilación, la prestación o pensión que cobren se calculará en función de esa cantidad. “El problema de la infracotización es grave, y es verdad que no hemos sido capaces de hacérselo ver a los autónomos”, apunta la directora del Área de Emprendedores de ATA, que alaba iniciativas como la de la tarifa plana para quien se da de alta ­–“Es fundamental para que la gente se anime a dar el paso”– pero que echa en falta una mayor concienciación por parte del colectivo sobre lo que implica el pago de la cuota. Al respecto, lamenta la superficialidad con la que muchas veces se plantea el debate, comparando la cuota española con la de otros países donde se paga mucho menos: “Nunca se dice la contraprestación que recibe el autónomo. En el Reino Unido, que es el ejemplo que mencionan siempre los críticos con el sistema español, el pago de la cuota no da derecho a nada. En otros casos se comparan situaciones distintas, y nunca se dice que aquí la base de cotización es voluntaria, con lo que un autónomo puede tener ingresos elevados y pagar el mínimo, algo que no sucede en los lugares donde el pago es proporcional”.

En esas comparativas que es habitual encontrar en las redes sociales, suele ponerse a un lado de la balanza la cuota española –sin tarifas planas– y la que corresponde abonar en otros países a aquellos autónomos con ingresos mínimos, por debajo de 600 euros en el comentado caso del Reino Unido. “Pero es que, a partir de ahí, la cuota se dispara”, apunta Patricia Oreña.

Prestación de desempleo y alta como autónomo

Aunque el asunto de la cuota siempre ocupa una posición central en cualquier aproximación a la cuestión del empleo por cuenta propia, lo cierto es que la Ley de Fomento del Empleo autónomo incide sobre otras materias que también han constituido tradicionalmente un freno a las iniciativas de autoempleo. Una de las novedades más destacables en ese sentido es la posibilidad de compatibilizar el empleo autónomo con el cobro de una prestación por desempleo. “Es una demanda que llevábamos años defendiendo desde ATA, y estamos convencidos de que va a suponer un enorme incentivo para quienes están valorando comenzar a trabajar por cuenta propia”, señala Patricia Oreña, que recuerda decenas de casos de personas que han pasado por las oficinas de ATA en busca de asesoramiento y que decidían posponer su vuelta al mercado laboral como trabajadores por cuenta propia hasta agotar el cobro de la prestación. La medida –que ya existía para los menores de 30 años y que la nueva normativa universaliza– contempla que se pueda mantener esa doble fuente de ingresos durante nueve meses. Es posible, además, volver a cobrar el paro al que se tuviera derecho si se abandona la actividad por cuenta propia antes de cinco años.

También en relación con la prestación por desempleo, la nueva normativa de fomento del empleo autónomo incluye novedades para quienes quieren cobrarla de una vez e invertir ese importe en su proyecto, lo que se conoce como capitalización del desempleo. Aunque esta era una posibilidad que ya existía, la nueva ley amplía sus posibilidades, eliminando algunas trabas.  La novedad más importante es que ahora es posible dedicar la totalidad de la cantidad cobrada a la inversión inicial. Además, se podrá utilizar para realizar una aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de nueva creación –siempre que se tenga el control efectivo de la misma– y utilizar la capitalización para cubrir los gastos de constitución así como para adquirir servicios específicos de asesoramiento, formación e información.

Este intento de configurar un hábitat favorable a los autónomos también tiene algunos cabos sueltos, en forma de medidas que actúan en sentido contrario. El caso más claro es probablemente el de la ampliación de los colectivos a los que se impide tributar por estimación objetiva –los conocidos como módulos– lo que, según algunos cálculos, supone que en torno a 300.000 autónomos hayan tenido que pasar a pagar sus impuestos por estimación directa, esto es, pagando sus tributos en función de sus ingresos netos. “Esto aumenta enormemente la carga de papeleo, lo que obliga a dedicar tiempo o dinero, contratando una asesoría, a una labor que no tiene ningún efecto positivo en la actividad”, señala Patricia Oreña, que no tiene dudas a la hora de señalar la motivación que ha movido al legislador a tomar una medida como esta: “Contra toda lógica y toda evidencia, a los autónomos se nos sigue viendo como un foco de fraude. Los propios bancos han detectado que hay una oportunidad de negocio financiándonos el adelanto del pago de impuestos. No creo que haya un ejemplo más claro de las dificultades de liquidez a las que nos enfrentamos para cumplir con nuestras obligaciones tributarias, y también de que los autónomos somos buenos pagadores porque, ¿qué banco financia a un moroso?”.