Manuel Torreiro, delegado en Cantabria de la Asociación Española de Asesores Fiscales: “El sistema tributario debería simplificarse”

Con una dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas y particulares, Manuel Torreiro, el nuevo rostro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Cantabria, muestra en esta entrevista su preocupación por la creciente inseguridad jurídica y participa de la sensación de cierta voracidad recaudatoria por parte de la Administración. En su análisis, lamenta la pérdida del trato cercano con los funcionarios y aboga por un marco regulatorio propio que contribuya a poner en valor su profesión.

Manuel Casino | Junio 2026

Pregunta.– ¿Diría que vivimos una época de inseguridad jurídica en el ámbito tributario?

Respuesta.– Sí. Desde la asociación entendemos que hay una cierta inseguridad jurídica. Es más, y quizá motivado por ello, una de las iniciativas más recientes que hemos impulsado, entre otras cuestiones, ha sido el lanzamiento del Observatorio para la Derechos y Garantías de los Contribuyentes porque hemos visto una erosión de estas garantías en los últimos años, precisamente en parte por esta inseguridad jurídica. Sin duda, hay un exceso regulativo que, en cierta manera, hace que los cuerpos normativos se vean erosionados. Como yo entiendo el mundo jurídico tributario, existen unos cuerpos normativos que luego se van complementando y desarrollando. Pero este exceso de complementación o de desarrollo los complica, hace que pierdan su esencia y que los criterios para entenderlos cada vez sean más complejos. Y esto sin ninguna duda genera inseguridad jurídica. Y también, en parte, por la forma de aprobarse estos textos normativos, en el que parece que últimamente el poder Ejecutivo está sustituyendo al Legislativo.

P.– ¿Se abusa en demasía del decreto ley en materia impositiva?

R.– Sí. Se ha convertido en algo ordinario. Se han planteado, además, cuestiones de inconstitucionalidad de determinadas normas en las que se han obtenido sentencias favorables por ese exceso de uso del decreto ley.

P.– Desde su asociación defienden una simplificación drástica del sistema tributario en su conjunto y hacer las normas más claras. ¿Con la Iglesia hemos topado?

R.– Desde la asociación siempre defendemos la existencia de un sistema tributario justo y sostenible. En este contexto, el exceso de una regulación normativa no es compatible. Por eso sostenemos que el sistema tributario debería simplificarse. Creemos que hay determinados impuestos que deberían ser objeto de una revisión, principalmente los patrimoniales y los que están cedidos a las comunidades autónomas. Las leyes del impuesto de Sucesiones y de Patrimonio son muy antiguas.

P.– Cada vez se extiende más la percepción de que existe una voracidad recaudatoria por parte de Hacienda. ¿Hay motivos para pensar que es así?

R.– En nuestra opinión, creemos que los hay. Y son varios. Estamos viendo en los medios de comunicación que ahora estamos en máximos de recaudación de la Administración Tributaria. Hay un motivo que es la inflación, sin ninguna duda, pero el hecho de la no deflactación de las tarifas de los impuestos demuestra que sí hay una cierta voracidad recaudatoria. Por otro lado, está la intensificación de las campañas de control tributario, especialmente en lo que atañe al IRPF de autónomos o pequeños profesionales, que también contribuye a que se extienda esa idea. La cantidad de requerimientos que se reciben de la Administración se ha incrementado en los últimos años. Y es una constante. La justificación de los gastos por parte de los autónomos muchas veces es dificultosa. Y esa interpretación que hace la Administración tan finalista y tan estricta genera igualmente sensación de voracidad.

P.– ¿Encuentra sostenible que, en disputas fiscales, instituciones dependientes de Hacienda en muchas ocasiones no compartan los mismos criterios?

R.– Bueno. Esto quizá esto no lo he notado tanto. Al final, la Administración tiene un componente jerárquico que está alumbrado por unas directrices y que no está sujeta a la ley, que además es interpretable. Dentro de la Agencia Tributaria existe un organismo que depende de la Dirección General de Tributos que emite consultas interpretativas sobre cuestiones que los contribuyentes plantean y cuyas decisiones vinculan a la Administración. Y luego están los tribunales económicos administrativos donde el central también emite resoluciones que son vinculantes. La Administración tiene que respetar esos criterios interpretativos emanados por órganos del propio Ministerio. Hacienda siempre barre para casa y sus interpretaciones son favorables a sus intereses. Pero los tribunales en parte también corrigen determinados criterios o prácticas. Lo mismo ocurre con los tribunales de Justicia. De todas formas, llegar a una unicidad completa me parece imposible. Al final, el Derecho es interpretativo, no es una ciencia exacta. Creemos que a eso se podría llegar por la vía de la simplificación de las normas tributarias que reclamamos.

“La profesión específica de asesor fiscal no goza de un marco normativo propio como tienen otros profesionales colegiados o regulados”

P.– La profesión de asesor fiscal, ¿está lo suficientemente regulada y goza del necesario marco jurídico para poder desarrollar claramente su actividad?

R.– La profesión específica de asesor fiscal no goza de un marco normativo propio como tienen otros profesionales colegiados o regulados. Es una reclamación del sector que lleva muchos años encima de la mesa con la que se pretende garantizar que el asesor fiscal cuenta con unos conocimientos que se presumen básicos para poder ejercer su trabajo. El asesor fiscal no deja de ser un interlocutor o un intermediario entre el contribuyente y la Administración Tributaria. Cuando mejor y más esté formado el asesor, mejor y más productiva será esa relación. Desde Aedaf, además, abogamos por que el asesor fiscal ejerza un papel concienciador de lo que supone contribuir al sistema tributario.

P.– ¿Cree que la conciencia y responsabilidad fiscal ciudadana vive sus horas más bajas, que a este paso vamos camino de necesitar una nueva campaña como la de ‘Hacienda somos todos’ de principios de la democracia?

R.– Soy de la generación de los 80, y creo que hemos crecido con una conciencia tributaria y social relativamente alta. Quizá más alta que la de la generación de nuestros padres en la que existía cierta laxitud con los impuestos. Entonces había menos impuestos que suponían una menor carga impositiva. Creo que mi generación siempre ha estado más concienciada de que debemos ser partícipes del sistema tributario. Pero en los últimos años, esta voracidad recaudatoria de la que hablábamos antes y estas prácticas de la Administración que todos estamos notando en nuestro día a día, quizá está revirtiendo esa conciencia que habíamos venido ganando. ¿Qué estemos en las horas más bajas? Yo creo que no, pero sí que hay un cierto malestar o pesadumbre en muchos contribuyentes por la carga fiscal que soportan.

P.– Colegas suyos reclaman con insistencia la necesidad de contar con un canal de interlocución propio y directo con la Administración y los organismos públicos para agilizar trámites y aclarar o resolver dudas. ¿Lo comparte?

R.– Sí, lo comparto plenamente. Es algo que todos los profesionales venimos reclamando. Desde la pandemia para aquí se ha perdido el acceso a la Administración. Se ha perdido el contacto humano y ese trato más cercano con el funcionario. Sí hay profesionales que mantenemos relación con algunos funcionarios para poder acceder a determinados temas, pero la antigua conexión que existía antes de la pandemia no se ha vuelto a retomar. Y consideramos que recuperarla sería positivo para ambas partes.

P.– Otros lamentan que su trabajo se centra cada vez más en gestionar y menos en asesorar, que es realmente a lo que se deberían dedicar. ¿Hay que distinguir mejor la gestión del asesoramiento?

R.– Sí, creo que sí. Yo me considero más un asesor que un gestor. Entiendo que dentro del papel del asesor fiscal existen las dos vertientes: una parte mucho más de gestión, de documentación y de datos que luego se transmiten a la Administración Tributaria, una carga que por otra parte ha ido creciendo en los últimos años. No sé dónde acabará en el futuro con la integración de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pero desde luego esta carga ha crecido y mucho. De otro lado, siempre ha estado en cuestión hasta qué punto la parte de asesoramiento es valorada o apreciada por los contribuyentes. Contar con un marco regulatorio propio es indudable que también daría valor al asesoramiento. Es una culpa compartida. Hay contribuyentes muy cortoplacistas que lo que buscan es solucionar ya la gestión, y hay otros que lo que necesitan es planificar y lo que requieren es un asesoramiento que normalmente implica un medio o largo plazo.

P.– ¿Le preocupa el intrusismo?

R.– Bueno. Como no es una profesión regulada, el intrusismo está ahí. Si una persona se considera preparada y quiere hacer más parte de gestión que de asesoramiento… ¿Existe el intrusismo? Existe. Pero el ámbito del Derecho Tributario conlleva una elevada complejidad y para que haya intrusismo tiene que haber detrás un cierto conocimiento. Si no, se cae por su propio peso.

P.– En la relación con la Administración se imponen la relación telemática por encima de la personal. ¿La cita previa y el teletrabajo no ha hecho sino complicar la vida de los ciudadanos?

R.– Sí, sí. Hay contribuyentes que están obligados a una relación completamente telemática, como son las personas jurídicas y los profesionales. Luego está el ciudadano de a pie. Desde la asociación hemos recurrido la obligación de presentar la declaración de IRPF de manera exclusivamente de forma telemática y el Tribunal Supremo nos ha dado la razón. Hay determinadas bolsas de la población a las que les cuesta mucho dar este paso. La solución que ofrece la Agencia Tributaria a estas personas es que vayan a sus dependencias y allí se la hacen. Pero también es verdad que para las generaciones digitales esta relación telemática facilita muchas interacciones. A mí, en mi papel del día a día de abogado tributario, que está más vinculado al recurso y la reclamación, la gestión telemática de los expedientes me facilita mucho el trabajo. Pero no entiendo esa necesidad de que todo sea telemático. Creo que los dos mundos tienen que poder convivir.

“Hay muchos contribuyentes que prefieren conformarse con el acto administrativo de liquidación, aunque no estén de acuerdo, porque acudir al recurso tiene un coste, en primer lugar de asesoramiento para que defiendan en esa vía tus intereses de manera adecuada”

P.– ¿Se recurre y se reclama más que nunca?

R.– No. Se recurre y se reclama sin ninguna duda, pero los incentivos que existen para no hacerlo también pesan en la balanza. Hay muchos contribuyentes que prefieren conformarse con el acto administrativo de liquidación, aunque no estén de acuerdo, porque acudir al recurso tiene un coste, en primer lugar de asesoramiento para que defiendan en esa vía tus intereses de manera adecuada. Por otro lado, en muchos expedientes que van acompañados de la pertinente sanción, el hecho de no recurrir genera unas reducciones sobre la sanción a las que los contribuyentes prefieren acogerse. La garantía en la vía del recurso de obtener una resolución favorable no existe. Y luego está la jurisdicción ordinaria en la que, además, del coste del asesor, existe siempre la posibilidad de perder con una condena en costas, lo que todavía incrementa el coste del recurso.

P.– ¿Y cómo es su relación como colaboradores sociales con la Agencia Tributaria?

R.– Ha mejorado en algunas cuestiones, como pueden ser la gestión de expedientes y de documentación, pero se ha perdido esa cercanía que había en otros tiempos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los actos de comprobación que realiza la Administración son de gestión, que en todos los casos se resuelven por escrito. Y muchas veces el propio contribuyente te pregunta por qué no se puede hablar con el funcionario, porque no es lo mismo explicar determinadas cuestiones hablando las cosas que presentando un escrito.

P.– ¿Diría que los ciudadanos conocen en general sus derechos como contribuyentes?

R.– Hay todavía una labor didáctica pendiente. Y en esto, el Observatorio para los Derechos y Garantías de los Contribuyentes, creado en marzo, tiene la finalidad de examinar el grado de cumplimiento por parte de la Administración y de los poderes del Estado del respeto a los derechos de los contribuyentes y ciudadanos. Desde la asociación en Cantabria, por ejemplo, acabamos de tratar en una jornada formativa el tema de los derechos de los contribuyentes en la entrada y registro del domicilio constitucionalmente protegido.

P.– ¿Le preocupa el uso que Hacienda pueda hacer de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en cuanto a los derechos de los contribuyentes?

R.– Sí, efectivamente. La Administración, si no dispone ya, dispondrá de unos medios tecnológicos basados en la IA que sin duda pueden erosionar los derechos de los contribuyentes. Es decir, puede disponer de tal cantidad de información que nos veamos reducidos a meros números y comparsas. Esto es algo que nos preocupa mucho. Vemos que la Administración Tributaria está destinando recursos a formarse y adquirir programas, conocimientos y tecnologías que van en esa línea. Los asesores fiscales, por nuestra parte, también hemos dado ese paso y la propia Aedaf está a la vanguardia de la incorporación de las nuevas tecnologías. Creemos que la inteligencia artificial es una herramienta que va a acompañar al asesor y que ha venido para quedarse.

P.– ¿Cada vez hay menos fraude fiscal?

R.– La naturaleza humana siempre estará ahí pero, como le decía antes, las nuevas generaciones tienen más conciencia tributaria. El fraude fiscal se ha ido reduciendo tanto por esta mayor concienciación ciudadana como por el control de la Administración Tributaria. No sé ahora mismo las cifras, pero mi percepción es que se está reduciendo.

P.– La factura electrónica y el sistema Verifactu, cuya obligación el Gobierno ha retrasado como pronto al año que viene, ¿será un quebradero de cabeza para la mayoría de pymes y autónomos como auguran algunos?

R.– Es de nuevo un incremento del control por parte de la Administración Tributaria. En el País Vasco, donde ya está en vigor, parece que está funcionando. No sabemos si finalmente acabará incorporándose o no, pero adaptarse a ese sistema y hacer que funcione es una carga más para los administrados.

P.– ¿Cuál diría que es el mayor reto que tiene por delante su asociación?

R.– Son muchos los retos que la actual directiva está tratando de abordar. Desde el punto de vista interno, implementar nuevas tecnologías dentro de la asociación para que el asociado puede aprovechar todavía más toda la capacidad formativa y de documentación de la que disponemos. Y de manera externa, además de la IA, que es un reto al que la asociación y los asociados ya nos estamos enfrentando, está el reto de captación de talento joven. Queremos atraer jóvenes a la asociación. Hay asesores fiscales, pero quizá haya que impulsar el relevo generacional. El compromiso de la asociación es intentar captar nuevos asociados.