Es la cara y la voz de los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria, una modalidad de alojamiento permanentemente en entredicho. Dueño de un vivienda legalizada en Mogro, reivindica el papel de las VUT para satisfacer los nuevos modos de viajar, y reclama espacio para un modelo en constante crecimiento que, pese a ello, asegura que aún presenta en la región un porcentaje sobre el total del parque inmobiliario muy inferior a la media media española.
Manuel Casino | @mcasino8 | Junio 2024
Pregunta.– Nacen con el objetivo de dar voz a los propietarios de viviendas de alquiler por estancias cortas de Cantabria. ¿Siente que hasta ahora estaban silenciados?
Respuesta.– Hasta ahora no existía una asociación que uniera a todos los propietarios de este tipo de alojamientos y, por tanto, no hemos tenido presencia en ningún organismo o foro, ni nadie nos ha consultado nada, ni siquiera de forma individual. Esperemos que a partir de ahora esta situación cambie.
P.– En apenas unas semanas ya cuentan con más de 350 asociados. ¿Se han marcado alguna meta?
R.– No. En estos momentos vamos ya por casi 450. Ahora mismo no somos una asociación de socios, sino de representados, aunque en un futuro sí nos planteamos dar servicios a los socios. No hay meta. 450 en apenas tres semanas ya es como para sentirnos muy contentos, pero estoy convencido de que llegaremos a cifras muy importantes de representación en el sector, a pesar de que acceder a nuestros posibles representados no es un camino fácil porque los listados, por la ley de protección de datos, no son públicos. En el listado del portal de Turismo del Gobierno regional aparecen 1.400 propietarios de vivienda de uso turístico (VUT) con teléfono, pero otras fuentes nos dicen que ya hay alrededor de 3.500. Es decir, existe un conjunto de propietarios al que no tenemos acceso, salvo a través de redes sociales y los medios de comunicación. Con estos condicionantes, que contemos ya con 450 es todo un éxito.
P.– Aspiran a ser un interlocutor ante la Administración. ¿Se ha puesto alguna en contacto con ustedes?
R.– No. Hemos escrito a las diferentes administraciones, al igual que también nos hemos dirigido a diferentes asociaciones del sector hostelero, partidos políticos y al colegio de Administradores de Fincas. Hasta la fecha solo se ha puesto en contacto con nosotros los grupos municipales Socialista y del PRC en el ayuntamiento de Santander y también el Partido Socialista a nivel regional para celebrar una futura reunión. No tenemos noticias de la Consejería de Turismo ni tampoco del Ayuntamiento de Santander. Pero es entendible, no les culpamos. Hemos nacido apenas hace un mes y tienen agendas complicadas. Ya saben que existimos. Ahora solo hace falta que nos reciban.
Jaime Paino, vicepresidente de Avutcan, durante la entrevista. Foto: Nacho Cubero.
P.– En su opinión, ¿cuál es la realidad del sector?
R.– Es un sector regulado. No es la ley del oeste. Existe un decreto que funciona, sólido y joven, y que en ningún momento ha sido recurrido ante los tribunales por su articulado. No entendemos por qué tiene fecha de caducidad. No sabemos las razón por la que se quiere cambiar un decreto que, como digo, funciona. El problema es que no se ha aplicado en su totalidad. Es decir, el artículo 8, que habla del régimen sancionador, se refiere a todos aquellos establecimientos que deben ser inspeccionados y sancionados si no cumplen la normativa. Y ese es el problema real. El problema no son las viviendas de uso turístico, que es una modalidad legal, regulada, de calidad y necesaria. El problema es que hay cientos o miles de alojamientos ilegales, y remarco alojamientos, porque no solo son VUT, sin también campings, hoteles o posadas, que también los hay. La cuestión es que últimamente el término ilegal solo se vincula con las VUT. Que las hay mayoritariamente, de acuerdo. Pero este problema no lo va a solucionar un nuevo decreto. Lo va a solucionar si entre todos –administraciones públicas, organismos privados, Policía Nacional, Guardia Civil y todas las asociaciones implicadas– hacemos un censo de alojamientos ilegales y dotamos de recursos y servicios a la Consejería o a quien corresponda para inspeccionar y sancionar. Mientras tanto, todo seguirá igual. Será una cortina de humo que no terminará con el problema real que, insisto, no son las viviendas de uso turístico, sino los miles de alojamientos ilegales. De hecho, creemos que el nuevo decreto, que seguramente sea mucho más restrictivo que el actual, consiga el efecto contrario: si en un futuro va a ser mucho más difícil conseguir una licencia de uso turístico, muchos pasarán a la ilegalidad. El año pasado solo se sancionaron 22 alojamientos ilegales de los 5.500 que existen, según el INE, y los más de 10.000 que sostiene Hostelería. Estamos hablando por tanto de un porcentaje tan absurdo que, mientras no corrijamos esto, nada va a cambiar.
P.- ¿Qué medios plantean para hacer aflorar esa bolsa de alojamientos fuera de cualquier regulación?
R.- Le digo varias herramientas. En primer lugar, a través de un buzón ciudadano en el que cualquier persona, de forma anónima, puede comunicar que al lado de su casa cree que hay una vivienda de uso turístico. Después, hablando con las plataformas Airbnb y Booking para que cedan, si es posible, los datos de los propietarios que tengan dados de alta. En tercer lugar, la Agencia Tributaria sabe perfectamente quién ha ejercido la actividad a través de estos portales digitales y se puede cruzar con las licencias concedidas. Cuarto, que los administradores de fincas ofrezcan el listado de viviendas de este tipo que existen en los edificios que gestionan. Es verdad que en las ciudades perseguir estas prácticas es más complicado porque los anuncios que se publican son del interior de las viviendas y las zonas que estas plataformas señalan de dónde se encuentra el piso suelen ser muy amplias. Pero en la zona rural, por las fotos, sí puedes localizar de qué vivienda se trata. Lo que ocurre es que este seguimiento requiere de unos recursos humanos y tecnológicos de los que ahora no se dispone. Y es mucho más fácil hacer un maquillaje con un nuevo decreto, que lejos de solucionar va a agravar el problema, que unirnos todos para realmente tratar de atajar esta problemática. Le acabo de enumerar cuatro o cinco medidas, pero seguramente hay otros medios para conseguir estos datos. Le cito otro: con el listado de licencias denegadas, verifiquemos si efectivamente no ejercen la actividad. Le reitero mi opinión de que este nuevo decreto va a conseguir que muchas viviendas que se podrían legalizar no lo puedan hacer. Y viendo que de forma ilegal no pasa nada, pues… Blanco y en botella.
P.– ¿Cree que está justificada la creciente preocupación social que existe en torno a este tipo de viviendas?
R.– No, no lo comparto. Le doy algún dato. En Cantabria, las VUT legales representan el 0,5% del total del parque inmobiliario, mientras que en el conjunto de España este porcentaje se eleva al 1,7%. Por tanto, estamos muy por debajo de la media española. Pero, ¿sabe cuántas viviendas vacías hay en Cantabria? 50.000, según el INE, lo que supone el 12,9% del total. Pese a ello, se nos culpa de tensionar el mercado de la vivienda. Con el 0,5% esta acusación no se sostiene. Sin embargo, si lo comparas con el número de viviendas vacías, ahí tienes a alguien más culpable que nosotros. Ahora, pregúntese qué se está haciendo para sacar esas viviendas vacías al mercado. ¿De quién son? Aquí se podría abrir otro debate. Pero le doy otro dato. El número de viviendas de protección oficial construidas en Cantabria en los últimos cinco años es de 311, mientras que el número de viviendas de obra nueva construidas solo en 2023 es de 1.017. ¿La culpa de la falta de vivienda de alquiler a largo plazo y de disponibilidad de vivienda asequible no será más bien del alto número de viviendas vacías o de que no se construyen más que de un ínfimo 0,5% de VUT? ¿De verdad que se quiere achacar a este colectivo este problema? El cóctel molotov que se ha producido en España con las leyes de Arredramientos Urbanos, de Vivienda y de Enjuiciamiento Civil hace que las personas prefieran tener las viviendas vacías antes que exponerlas a un alquiler a largo plazo.
“El problema no son las viviendas de uso turístico, que es una modalidad legal, regulada, de calidad y necesaria. El problema es que hay cientos o miles de alojamientos ilegales, y remarco alojamientos, porque no solo son VUT, sino también campings, hoteles o posadas, que también los hay”
P.– El ruido excesivo, la pérdida de privacidad, el uso indebido de las zonas comunes y la sensación de inseguridad son, a menudo, algunos de los aspectos que más perturban y tensan la convivencia entre unos y otros. ¿Ve solución a estos desafíos?
R.– La solución pasa por saber si es realmente así o no. Nos llevaríamos una sorpresa. Aquí nadie ha hablado de cuántas hojas de reclamaciones acumulan las viviendas de uso turístico versus otro tipo de alojamientos. Ni nadie tampoco ha aportado un dato de las veces que la Policía o la Guardia Civil ha tenido que acudir por una denuncia de ruidos en una VUT. Es minoritario. Lo que interesa es culpabilizarnos de algo que no creo que sea real. En primer lugar, porque los propietarios, por la normativa, tenemos que exigir unas normas en nuestra casa y, uno de ellas, es que por favor respeten el descanso de los vecinos. Somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos. Es más, autoimpongámonos una monitorización de ruido. Perfecto, instalemos sensores de ruido y de movimiento. Pero es que no está pasando realmente. Nos acusan de echar a los vecinos del centro de las ciudades. Le invito a que nos demos un paseo por los portales del centro de Santander. Están llenos de despachos profesionales, de negocios empresariales que sí han desplazado al inquilino. Y están ejerciendo una actividad en una vivienda que no es vivienda, como sí en cambio son las VUT. Y veo en los portales un tráfico constante de personas que acuden a dentistas, abogados, notarías, gabinetes psicológicos o a la multitud de negocios que existen en viviendas. ¿Vamos a prohibir las VUT en los inmuebles pero vamos a dejar al resto de negocios profesionales? Ahora mismo, somos los malos de la película. Porque en la mayoría de los casos se trata de propietarios individuales. Aquí no hay grandes tenedores ni grupos de inversión. El 95% solo tiene una licencia. Son cántabros y cántabras que cotizan aquí sus ganancias. Que además de desarrollo, también contribuyen a la recuperación de inmuebles que estaban abandonados y llevan el turismo a zonas en las que antes no había. Lo que ocurre es que es mucho más fácil meterse con un individuo, que hace poco ruido, que hacerlo con grandes grupos empresariales. Quizá esta asociación ha empezado a decir que también los propietarios de VUT son un objeto de derecho.
P.– Como ha apuntado antes, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria estimaba hace unos meses que en la comunidad existen alrededor de 10.000 viviendas de uso turístico, de las que apenas un 16% estarían legalizadas. ¿Da por buenas estas cifras?
R.– Me da igual la cifra. Como si fueran solo dos ilegales. No tiene sentido pelearse por las cifras. Nadie conoce cuántas son en realidad porque nadie ha realizado un censo, que por otro lado habría que hacer. Es preocupante en el momento en que ya exista una. No entremos en una batalla absurda de datos. Lo que hay que hacer es censarlos para poder inspeccionarlos y sancionarlos. Y una vez que lo hagamos, publicitar dichas sanciones para que el resto que actúa de manera ilegal se dé cuente de que a lo mejor no es tan barato seguir haciéndolo de ese modo. Lo que sí es cierto es que ahora se está produciendo un aluvión de solicitudes, no tanto para explotar turísticamente la vivienda, como para tener la licencia antes de que entre en vigor el nuevo decreto, como un valor de futuro.
Turistas en una céntrica calle de Santander. Foto: Nacho Cubero.
P.– Apuestan por un turismo de calidad y sostenible. ¿Encaja la proliferación de pisos turísticos con este objetivo?
R.– Claro que sí. Pero no solo es sostenible, es además necesario. Como le decía antes, el porcentaje de VUT legales en Cantabria está muy por debajo de la media nacional. Actualmente, el turismo está aumentando una barbaridad y no podemos ir contra los tiempos. Es un hecho que la forma de viajar y de visitar los lugares ha cambiado. Y hay personas que expresan su deseo de alojarse de forma diferente. Pero hay mercado para todos. Los hoteles están llenos y batiendo récords de ocupación en este primer trimestre del año. Y ahora mismo las VUT están dando un servicio demandado porque, según varios estudios, el viajero que opta por esta modalidad no se plantea hacerlo de otra forma. O le damos el alojamiento que busca, o no vendrá. Le pongo un ejemplo: una persona que viaja de camping, que le gusta este modelo de alojamiento, si no lo hay no irá a un hotel. Buscará otro lugar donde sí lo haya. ¿Vamos a renunciar al turismo cuando es nuestra principal fuente de riqueza? ¿Les vamos a decir a los turistas que no vengan este verano? Y, ¿es sostenible? Sí, en la medida que respondas a esta nueva demanda de venir a Cantabria, que está de moda.
P.– La Asociación de Turismo Rural reclama desde hace tiempo que se igualen los requisitos entre pisos turísticos y los alojamientos regulados en cuanto a infraestructuras y equipamientos. ¿Lo comparte?
R.– Es que ya lo hacemos. Lo que no ofrece una VUT es servicios de hostelería. Pero tenemos hojas de reclamaciones, extintores, damos parte de viajeros a la Policía y Guardia civil… Lo que no se puede decir es que no se hace. La mayoría de las VUT tenemos una seguro ampliado a huéspedes. ¿Qué además quieren un seguro de responsabilidad civil? Perfecto, lo que quieran. ¿Luces de emergencia? Pues si la tenemos que poner en la puerta de nuestra casa, la ponemos.
P.– La Asociación Hostelería, por su parte, solicita un mayor control sobre los viajeros que se alojan en cada vivienda, cuyo número en muchas ocasiones supera al anunciado inicialmente. ¿Alguna idea para lograrlo?
R.– No es así. No hay ningún dato que lo valide. Los propietarios somos los primeros preocupados por si eso sucede. Como ya le he dicho, hacemos un parte de viajeros y somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos, en que se cumplan las normas de cada casa y en que no entren más personas de las admitidas. Y tenemos un formulario de entrada que los viajeros tienen que rellenar. Tenemos la obligación y lo hacemos.
P.– El pasado 16 de abril concluyó el periodo de consulta pública abierto por el Ejecutivo regional para aportar propuestas sobre el futuro decreto que regulará esta actividad en Cantabria. ¿Han presentado alguna?
R.– Sí. Básicamente hemos apuntado que la asociación no entiende las razones que llevan a redactar un nuevo decreto. Además, creemos que esta consulta pública está llena de vaguedades y falsedades. Que se nos atribuyen supuestas molestias sin concretar ni sostener ninguna de las valoraciones que se hacen. Igualmente, hemos advertido del peligro que supone hacer un decreto que viole nuestros derechos, por lo que explicamos la necesidad de que los servicios jurídicos hagan un trabajo profundo porque, de lo contrario, nos encontraremos con el decreto en los tribunales, como ha ocurrido con todos los publicados en España, salvo con el aún vigente en Cantabria. No se entiende que la única normativa que realmente ha sido sólida se quiera ahora cambiar. Simplemente es una cortina de humo para mirar hacia otro lado o para culparnos de la falta de vivienda. También les hemos dicho que el decreto actual es mejorable en muchos puntos. Y les hemos dicho unos cuantos. Primero, que realmente se aplique lo que se aprobó ya por consulta pública en 2022 de que no era necesaria la confirmación del administrador de fincas y que era posible cambiar la titularidad del contrato. Que, en cierta medida, estamos de acuerdo en que esta actividad se abra a sociedades siempre y cuando se limite el número de VUT a nombre de empresas o personas jurídicas. Luego, estamos diciendo que en Cantabria no se ha declarado aún ninguna zona tensionada. Por tanto, no hagamos cosas que sabemos de partida que pueden ser ilegales y que van en contra de la propiedad privada y del derecho constitucional en muchos casos. En verdad, creemos que no están buscando soluciones al problemas real, sino elaborando un decreto que de nada va a servir. Somos, insisto, los primeros perjudicados por las VUT ilegales. Finalmente, también les pedimos que defiendan nuestra modalidad de alojamiento tanto como hacen con otras porque somos igual de legales e igual de necesarias. Y, sobre todo, que no nos vinculen constantemente con la palabra ilegal. Porque no es así.
“Todos los modelos de alojamiento tienen su público. La competencia es buena. Vamos a ofrecer un turismo de mayor calidad y sostenible. Porque el turismo es de todos y para todos. No solo de unos cuantos y para los que quieren viajar de una manera determinada”
P.– ¿Qué espera entonces de este decreto?
R.– No espero nada. Más problemas y más viviendas ilegales, si cabe. ¿Qué cree que va a pasar con el nuevo decreto? ¿Que de forma mágica van a desaparecer todas las viviendas ilegales? Es ridículo. Lo que hay que hacer es luchar contra los ilegales, no contra los que crean un servicio. Lamentablemente, este decreto será nada, humo.
P.– Cuando anunció la creación de este nuevo marco jurídico, la Consejera de Turismo explicó que con este decreto no solo se trata de atajar el problema de los pisos turísticos que no cumplen con la normativa o no están registrados, sino abordar también a cuántas viviendas legales se puede dar cabida. ¿Para cuántas estima que hay espacio en Cantabria?
R.– Antes de nada habría que estudiar el número total de plazas de alojamiento, independientemente del modelo. Y habrá que aplicar esa restricción a todos los modelos. Lo que es absurdo es que a unos se les dé barra libre y a las VUT se les limite su actividad. Tendremos los mismos derechos que un hotel. Además, si miramos la realidad del mercado vemos que hay más demanda de viviendas de uso turístico que de plazas hoteleras. Porque está cambiando el modo de viajar y no podemos imponer cómo hacerlo. Las alternativas existen y coexisten en todos los sectores. Lo que ocurre es que ahora las VUT han llegado al sector hotelero. Si vamos a limitar las plazas, habrá que hacerlo de forma proporcional y en todos los modelos. Pero creo que no hace falta. El problema es si Cantabria cuenta con los servicios e infraestructuras necesarias para dar un servicio de calidad al creciente número de viajeros. A lo mejor no es el momento de limitar. Como he dicho, todos los modelos de alojamiento tienen su público. La competencia es buena. Vamos a ofrecer un turismo de mayor calidad y sostenible. Porque el turismo es de todos y para todos. No solo de unos cuantos y para los que quieren viajar de una manera determinada. Porque podemos y, sobre todo, porque es el sector económico que nos mueve.
Un renovado impulso para el Club Cámara
La Cámara de Comercio de Cantabria promueve la interrelación entre las empresas con actividades que combinan el componente lúdico con la generación de contactos que abran la posibilidad a nuevas relaciones de negocio. Con la internacionalización, la sostenibilidad y la digitalización e innovación como ejes, el Club Cámara ofrece formación a medida, la posibilidad de usas las salas e infraestructura de la sede cameral y descuentos en las actividades que organiza la entidad. Con una cuota que va de los 100 euros que paga un autónomo a los 3.000 que abonan los ‘partners’, la plataforma, que cuenta actualmente con 250 socios, quiere alcanzar los 300 antes de que acabe el año.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Julio 2024
No es una iniciativa completamente nueva, y tampoco es la primera vez que la Cámara de Comercio de Cantabria busca nuevas vías para aumentar su catálogo de servicios y su atractivo para las empresas. Pero el renovado planteamiento que se ha realizado al Club Cámara dota a esta plataforma de argumentos para hablar, cuanto menos, de un cambio de naturaleza. Frente a la atonía y falta de definición que le ha caracterizado en muchos momentos desde que el conjunto de cámaras de comercio pusieran en marcha esta red, la de Cantabria ha conseguido activar varias vías que consiguieron aumentar su atractivo y utilidad. Lo que se pretende ahora es darle un nuevo empujón.
Francisco Dueñas es hoy el responsable del Club Cámara, tras heredar esas funciones de Ana González Pescador, a quien no duda en señalar como la ideóloga de la transformación que ahora le toca a él dotar de continuidad. De ella partió la idea de hacer pivotar el Club Cámara sobre el concepto ‘doing business’, poniendo los medios que puede articular la cámara al servicio de sus socios, pero sobre todo haciéndolo para alcanzar objetivos concretos en beneficio del conjunto. “Se trata de dar forma a un verdadera plataforma de negocios, ofreciendo ventajas específicas a los socios, recogiendo sus ideas y generando una red de contactos”, resume Dueñas.
Los diferentes ‘clubes’ a los que han ido dando forma las distintas cámaras españolas se concibieron como una alternativa para que estas entidades captasen socios dispuestos a abonar una cantidad determinada por pertenecer a ellos, sustituyendo así en cierto modo a lo fue la cuota cameral obligatoria con la que estas corporaciones de derecho público se financiaron hasta 2012. Pero lo cierto es que, más allá de ese objetivo genérico, pocas fueron las que concretaron qué hacer para que a una empresa determinada le compensase pagar una cantidad anual a cambio de la pertenencia a ese círculo empresarial. “No se ha hecho mucho, eso es cierto, y eso es lo que planteó cambiar Ana, dotando de contenido al club de manera que a sus socios les sea rentable el pago de la cuota. Y sobre todo queremos que quienes sea miembros del club nos usen, porque si nos usan salimos baratísimos”, asegura Francisco Dueñas.
Francisco Dueñas, responsable del Club Cámara, y Rosa Vega, vicesecretaria y directora de Operaciones de la Cámara de Comercio de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.
Los miembros del Club Cámara pagan una cuota variable, que se fija en función de la facturación de las empresas y que va desde los 100 euros anuales que pagaría un autónomo a los 3.000 que corresponden a los ‘partner’, pasando por los 300 que abonan los colegios profesionales. A cambio de esa cantidad tienen derecho por ejemplo a un primer uso gratuito de las salas y equipos de la Cámara de Comercio, y a un descuento del 50% las siguientes. “Solo con eso ya hay muchos socios que rentabilizarían su pago, pero que es que lo que ofrecemos es mucho más que eso”, apunta el responsable del Club Cámara. Dueñas enumera alguna de esas ventajas: un 25% de descuento en las acciones formativas, con la posibilidad de diseñarlas a medida de lo que precisen los socios, apoyo a la asistencia jurídica de las empresas o la difusión de los logros y noticias generados por las empresas miembros en el boletín y las redes sociales del Club Cámara. A ello hay que añadir el amplio abanico de oportunidades que pueden generarse a partir de la interrelación entre quienes forman parte de la red, a la que sus responsables orientan en todo momento a la consecución de este objetivo.
Entre lo lúdico, lo social y lo profesional
Las jornadas organizadas en el marco del Club Cámara constituyen el principal escenario, aunque no el único, en el que pueden propiciarse esos contactos entre socios de los que luego pueden resultar oportunidades concretas de negocio. Son también el principal ejemplo del enfoque que se busca con la plataforma: aunar lo lúdico y lo social con lo empresarial, a través de eventos aptos tanto para desconectar del día a día como para presentar la propia empresa y conocer la del resto en un marco alejado de la rutina y los formalismos del día a día.
Como en otras áreas de la actividad del club, la organización de las jornadas está abierta a las sugerencias de los miembros. Es el caso, por ejemplo, de la organizada por Guppy el pasado 5 de marzo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Eficiencia Energética, reuniendo a un grupo de empresarios del Club Cámara para disputar una prueba de conducción eficiente con los vehículos eléctricos facilitados por esta empresa. Aunque el resultado era lo de menos, los ganadores de esta primera edición de la ECORuta fueron Ingram Micro, Edscha Santander, Grupo Amper e Incentro. “Lo cierto es que lo pasamos muy bien, y también fue una oportunidad para que los participantes se conocieran de una manera muy distinta a como lo hubieran hecho en un encuentro formal de sus empresas”, señala Francisco Dueñas, que considera que ese es solo un ejemplo de las actividades que pueden llevarse a cabo en el seno del club, tan variadas como lo sean las ideas de sus miembros.
Actualmente el Club Cámara cuenta con 250 socios, entre los que se cuentan la mayoría de las mayores empresas de Cantabria. El objetivo, apunta su responsable, es alcanzar los 300 miembros antes de que acabe el año, para lo que confía en las labores de difusión de la propia Cámara de Comercio y en las que puedan realizar los propios socios a partir de su experiencia, pero también en la incorporación de nuevas ventajas que añadan atractivo a esta plataforma empresarial. Menciona, por ejemplo, la posibilidad de que los socios puedan utilizar servicios similares a los que disfrutan en Cantabria en otros puntos de España, o incluso en el resto de Europa, aprovechando la extensión de la red cameral. Pero sobre todo insiste en la idea central que inspira el proyecto: que los socios utilicen la red, que aprovechen lo que esta ofrece pero, al tiempo, que propongan iniciativas que puedan encajar en lo que siempre han sido los elementos distintivos de la oferta cameral, y que lo son también de la plataforma: la internacionalización, la sostenibilidad y la digitalización e innovación.
Laboreso según sus protagonistas
En dos décadas en funcionamiento, Laboreso ha facilitado un primer acercamiento al mundo laboral a más de 10.000 estudiantes de entre 15 y 16 años. En Cantabria Negocios hemos contado con cuatro estudiantes (el más reciente, en abril de este año), a quienes hemos vuelto a contactar para preguntarles por sus impresiones de esta experiencia.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Julio 2024
En Cantabria Negocios atendimos en 2012 la primera llamada de Laboreso para solicitar nuestra participación en el programa. Pedro Rodríguez, el encargado de coordinar el programa desde la Cámara de Comercio de Cantabria, nos pidió acoger durante dos semanas a una alumna de 4º de ESO que había solicitado hacer sus prácticas de Laboreso –un nombre que hasta entonces no habíamos oído nunca– en una empresa periodística. Entonces conocimos a Sara Sánchez Portilla, con quien compartiríamos redacción durante 15 días. Su llegada nos planteó varias preguntas. La principal, desde luego, era qué trabajos encomendar a una estudiante que todavía no había completado la educación secundaria y que –a diferencia de lo que puede esperarse de alguien que hace sus prácticas durante la carrera, o una vez completada esta– entendíamos que no estaba preparada para asumir demasiados cometidos en una revista de información económica.
Sara acompañó a los periodistas de Cantabria Negocios a entrevistas y ruedas de prensa, realizó algunas labores de documentación y conoció de primera mano alguna de las claves del proceso de elaboración de la revista. Echando la vista atrás, y teniendo en cuenta las experiencias que siguieron a esa, no es difícil pensar que caímos en uno de los errores que Marino Pérez, artífice de Laboreso, considera más habituales entre quienes acogen a uno de estos alumnos: tratarlo como a un visitante, y no como a un trabajador más, en la medida que esto sea posible en cada caso.
Daniel Berbil de Juana, alumno de 4º de ESO en el IES La Marina, de Santa Cruz de Bezana, ha sido durante dos semanas del pasado mes de abril el último, por ahora, de los estudiantes de Laboreso que ha pasado por la redacción de esta revista. Suya ha sido la idea de hacer este reportaje (dividido en dos partes; la primera, aquí), y también su enfoque, buscando recoger no solo la información sobre el programa sino también la valoración de algunos de quienes habían participado antes que él en la iniciativa. Buscó su rastro en Internet, preparó las preguntas y realizó después las entrevistas a las fuentes. Con todo eso, y con la información recabada en Internet y en la propia hemeroteca de la revista, dio forma a un dosier que ha servido de base para redactar este reportaje. Todas ellas son tareas bastante más complejas que las que encargamos hace doce años a Sara, algo que tiene mucho más que ver con el error de planteamiento que sin duda tuvimos nosotros entonces que a las capacidades de la estudiante, que pasados los años terminó la carrera de periodismo y fue después colaboradora habitual de esta revista.
Sara Sánchez Portilla, estudiante de Laboreso en el curso 2011-2012
Sara Sánchez Portilla en la redacción de ‘Cantabria Negocios’ en 2012, cuando era alumna de Laboreso, y en su actual puesto de trabajo en la academia 3catorce. Fotos: Cea Benito y Nacho Cubero.
Sara Sánchez Portilla fue, en 2012, la primera alumna de Laboreso que realizó sus prácticas en Cantabria Negocios. Procedente del IES Astillero, participó en el programa cuando este solo estaba abierto a alumnos de diversificación –“los que habíamos repetido dos veces y no teníamos remedio”, dice– y eligió el periodismo para su primera experiencia laboral porque siempre quiso contar historias. “Quería ver cómo era, vivirlo desde dentro y, si me decepcionaba, pues que me decepcionase. No fue así, me encantó la experiencia, dos años después empecé la carrera y ahora soy periodista”.
Sara, que fue colaboradora habitual de esta revista entre los años 2019 y 2021, trabaja actualmente en la academia de oposiciones 3Catorce, donde lleva la comunicación, la web y las redes sociales. “Todo muy relacionado con el marketing, con preocuparse de que lo que quieres comunicar llegue al púbico adecuado. He ido experimentando trabajos y hoy estoy en este, siempre aprendiendo. Como cuando llegue a ‘Cantabria Negocios’ y la economía me asustaba muchísimo, pero lo conoces y te va gustando”, recuerda.
A Sara, que hace una valoración muy positiva de Laboreso, le alegra especialmente que el programa no se limite ahora a los alumnos de diversificación: “Es necesario para todos, porque es una experiencia brutal, tanto si sirve para confirmar que lo que quieres estudiar es eso, como si es para cambiar de idea, como sucedió con algunos compañeros. Al fin y al cabo las decisiones las vas tomando a partir de la experiencia que vives, y poder vivir un trabajo desde dentro cuando tienes 16 años es una oportunidad única”, asegura.
Laura Sanz San Emeterio, estudiante de Laboreso en el curso 2012-2013
Laura Sanz San Emeterio tomando notas en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santander, en 2013. Abajo, en su trabajo como psicóloga en el centro de rehabilitación Cinesis, de Torrelavega. Fotos: Nacho Cubero.
Laura Sanz San Emeterio es psicóloga, neuropsicóloga para ser más exactos, en Cinesis, un centro de rehabilitación de Torrelavega en el que trabaja con adultos que han sufrido daños cerebrales y con niños con trastornos de desarrollo o con otros problemas que hayan podido desarrollar durante su infancia. Cuando realizó su estancia de dos semanas en Cantabria Negocios, en mayo de 2013, estudiaba 4º de ESO en el instituto de Las Llamas, de Santander, y quería conocer de primera mano el periodismo: “Es que en esa época quería ser periodista, o actriz, pero después tuve una asignatura de psicología, me enamoró y decidí que ese era mi camino”.
Aunque ni sus estudios ni su ocupación actual tienen que ver con el periodismo, Laura no vincula esas decisiones con su experiencia en Laboreso, cuyo valor cree que va más allá de esa labor de orientación: “Es una experiencia muy positiva, que es verdad que permite desde muy pequeña darte cuenta de si te quieres dedicar a algo o no. Pero no es solo eso, en Cantabria Negocios conocí la labor de un periodista, pero trabajar en una empresa también te permite conocerte a ti mismo”.
En su profesión, Laura trabaja la parte cognitiva de los pacientes, la atención, la memoria y todo aquello que puede ayudarles en la vida diaria. Pero no ha olvidado del todo el periodismo: “A veces publicamos algo en redes sociales sobre salud mental y demás, y me acuerdo de la etapa en ‘Cantabria Negocios’. Así que sí, también me ha servido para lo que hago ahora”.
Gabriel Iturregui, estudiante de Laboreso en el curso 2017-2018
Gabriel Iturregui durante su estancia en Cantabria Negocios como alumno de Laboreso, arriba, y en la actualidad, cuando cursa el cuarto año de la carrera de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Foto: Nacho Cubero y Gabriel Iturregui.
Gabriel Iturregui llegó en 2018 a la redacción de Cantabria Negocios convencido ya de que iba a estudiar periodismo, tanto que está seguro de que no hubiera cambiado de opinión incluso si la experiencia no le hubiera gustado. Hoy está cursando el cuarto año de la carrera en la Universidad Carlos III de Madrid, al tiempo que realiza un periodo de prácticas en RTVE. Gabriel, que cree que los contenidos de la carrera son demasiado teóricos, considera que la experiencia directa en las empresas es fundamental, tanto para completar los estudios universitarios –“he aprendido más en un mes en RTVE que en casi cuatro años de carrera”– como en la educación secundaria.
“Laboreso me ayudó a saber cómo funciona una redacción y cómo funciona el mundo laboral. Creo que soy un caso excepcional por haber podido vivir esa experiencia, porque mis amigos son gente que a esa edad no sabía qué estudiar y no tuvieron la oportunidad de que este programa les ayudara a ver si les gusta algo o a descartarlo. Me parece necesario y muy útil”. Gabriel Iturregui, que también ha compaginado sus estudios con colaboraciones en el programa ‘Pick&Roll’, de ArcoFM, quiere orientar su carrera hacia el periodismo deportivo, probablemente a través de un master, pero con toda seguridad mediante las prácticas: “Porque donde realmente se aprende esta profesión es trabajando”.
Una experiencia que repetiría
Gabriel Berbil de Juana, en la redacción de Cantabria Negocios. Foto: Nacho Cubero.
Por Daniel Berbil de Juana
Sinceramente, al principio tenía un poco de miedo. Era mi primera vez en el mundo laboral y aunque esto es lo que yo quería hacer, estaba solo ante cualquier cosa. Pero con el pasar de los días, he ido perdiendo ese miedo, y me he sentido muy a gusto con la empresa. He aprendido lo que se vive dentro de una redacción, todo lo que hay detrás de una revista, y de una web, y cómo hacer una entrevista formal. Me llevo un buen recuerdo de ‘Cantabria Negocios’, y espero en un futuro seguir con esta gran profesión que tanto me gusta.
El trato ha sido excepcional, y la atención perfecta, y volvería a repetir la experiencia. Me he sentido muy a gusto con mis compañeros, y se me ha dado total libertad para dar forma a mis ideas y a lo que se me ha ido ocurriendo. Muchas gracias a ‘Cantabria Negocios’, y ojalá seguir manteniendo el contacto en un futuro.
El sector industrial de Cantabria, en declive
La caída de la actividad durante el segundo semestre del pasado año ha cambiado el paso del sector industrial de Cantabria, que se ha visto incapaz de acompañar al conjunto de la economía regional en su crecimiento y deja su aportación al PIB de Cantabria por debajo de la simbólica cota del 20%. Tanto el índice de producción industrial como el que da cuenta de la cifra de negocio confirman que la tendencia a la baja que se inició en la segunda mitad de 2023 está teniendo continuidad en lo que llevamos de ejercicio.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Julio 2024
Cantabria es una región industrial en trance de dejar de serlo. Las cifras que, en contra de una percepción más o menos generalizada, han venido confirmando machaconamente lo primero dan cuenta ya, con pocos matices, de un cambio en la estructura económica de la región que puede ser difícilmente reversible. De acuerdo a lo recogido en la contabilidad regional, la aportación del sector industrial de Cantabria al PIB regional cayó al cierre de 2023 por debajo de la simbólica cota del 20%, perdiendo todo el terreno que había ganado desde la pandemia.
A diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos, la pérdida de relevancia económica de la industria ha sido consecuencia no tanto de su dificultad para seguir el ritmo de crecimiento del conjunto de la economía como de la propia incapacidad para crecer. Probablemente lo más llamativo de la fotografía que revelan los datos a cierre de 2023 es que se ha llegado a ella después de un arranque de año muy positivo, y tras un rápido deterioro de los indicadores en la segunda mitad del ejercicio. Así, y tras encadenar crecimientos del 6,5 y del 2,9% en los dos primeros trimestres del pasado año, el sector industrial decreció un 0,7 y un 2,1% en los siguientes, medido siempre en términos interanuales, para acabar cerrando el ejercicio prácticamente en el mismo nivel en el que lo comenzó, con un incremento de apenas un 1,5%. En contraste, y según la contabilidad trimestral en precios corrientes que publica el Icane, la aportación del conjunto de sectores de la economía regional creció un 7,48%.
Sin datos equivalentes todavía que den cuenta de lo acontecido en lo que llevamos de año, lo que recogen otros indicadores confirman la continuidad de la tendencia. negativa en la que se ha visto envuelto el sector desde el pasado verano. Es el caso, por ejemplo, del índice de producción industrial (IPI), que hasta marzo –último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)– cayó en Cantabria un 18% en términos interanuales, frente al 11,3% que lo ha hecho en España. Aunque la comparación pueda verse desvirtuada al hacerse en relación a un trimestre especialmente positivo, como lo fue el primero del año pasado, lo cierto es que los números rojos también son la tónica si atendemos solo a la evolución del indicador en lo que llevamos de año, con un descenso del 6,4%, frente al 1,5% de caída que se da en el conjunto de comunidades autónomas.
La evolución que ha seguido el índice de cifra de negocios de la industria es equivalente en lo que se refiere a la tendencia –negativa tanto en términos interanuales como en lo que va de ejercicio– pero no tanto en su cuantificación. Aunque la caída respecto al primer trimestre de 2023 es muy parecida a la que refleja el IPI, durante los tres primeros meses de este ejercicio la disminución de las ventas es menos acusada, apenas un 0,8%, la misma proporción que se ha registrado en el conjunto de España.
Biscay Composites, la joven empresa cántabra que construye un velero para Ferrari
Biscay Composites es una muy reciente empresa dedicada a la reparación y construcción de veleros de competición. Su sede está en Miengo, pero ahora mismo tiene a su equipo de 18 personas desplazado en Pisa, Italia, ocupado en construir un velero de competición patrocinado por Ferrari. Cuando el proyecto termine de aquí a dos años, sus dos fundadores esperan centrar su actividad en Cantabria y levantar desde su taller barcos y prototipos para toda Europa.
Francisco Rouco | Julio 2024
La vela oceánica de competición es una categoría deportiva tocada por la mística de la aventura. La versión siglo XXI de aquellas expediciones que se hacían durante el XIX para probar la intrepidez de sus navegantes, la fiabilidad de sus veleros y hasta dónde alcanzaba la influencia de los países que por entonces se repartían el mundo conocido. Como escenario de aventura-competición, el mar sigue siendo icónico. Una de las pruebas más populares en este sentido es The Ocean Race, considerada el gran maratón de las competiciones por equipos con escalas. Entre el puerto de salida, Alicante, y el de llegada, Génova, hay 60.000 kilómetros divididos en 11 etapas, unos 126 días de navegación.
Pero si hay un evento señalado como el desafío definitivo de la navegación de larga distancia, esa es la Vendée Globe, la vuelta al mundo por los mares del hemisferio sur en solitario, sin asistencias, sin escalas. Un recorrido de 45.000 kilómetros (aunque suele elevarse a los 52.000 para evitar los temporales) que en la prueba de 2016/2017 se completó en el menor tiempo hasta la fecha: 74 días, 3 horas, 35 minutos y 46 segundos. En la última edición, la de 2020/2021, el barco de uno de los participantes se partió por la mitad y varios de los competidores pasaron 12 horas peinando la zona desde donde se recibió la petición de socorro, cerca del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica.
“La fabricación de barcos de regata es un mercado de mucha diversidad, pero nosotros estamos centrados en la náutica de alta competición, la Fórmula 1 del mar”, explica Borja Nebreda, cofundador junto con Rayco Pérez Miranda de Biscay Composites, una empresa con año y medio de actividad que se encuentra a caballo entre Miengo e Italia, donde está construyendo un barco completo patrocinado por Ferrari. La implicación del fabricante italiano no es casualidad, dado que algunos de los materiales que componen los veleros punteros de las regatas transoceánicas son semejantes a los que se utilizan en el motociclismo y el automovilismo de competición.
El velero Malizia III, último proyecto de Borja Nebreda antes de fundar Biscay Composites. Foto: Team Malizia.
En Biscay Composites usan materiales compuestos, como fibra de carbono y de vidrio y resinas, para la construcción, reparación y prototipado de barcos de regata que compiten por ser los más veloces en las pruebas oceánicas. Entre sus clientes se encuentran equipos que participan en estas competiciones como GUYOT Environnement, Team Dubreil o Malizia III. “Muchos de estos equipos tienen mucha experiencia, pero cuando usan barcos nuevos nosotros les ayudamos a mejorarlos, terminamos de perfeccionar su ‘performance’ [rendimiento]”, explica Borja.
Aunque la fabricación y reforma de barcos de competición es su línea principal de negocio, también utilizan su conocimiento sobre los materiales compuestos para otros sectores, como el prototipado de bicicletas para pruebas de resistencia o de sillas para bebés. “Asumimos estas cosas simples de vez en cuando, porque tampoco he montado esto para hacer dinero. Cojo los proyectos que más me gustan por el placer de lo que hago y de hacerlo con mi equipo, que son mis amigos, y con mis clientes, que muchos de ellos también son bastante amigos”.
Entre Santander y Pisa
Biscay Composites tiene su sede en Miengo, en una nave con una superficie de 500 metros cuadrados preparada para desarrollar proyectos pequeños que pronto se verá amplificada con un espacio mayor: 1.000 metros cuadrados, diáfanos, techos altos, con una cadena de pintura de 300 metros cuadrados y un aparcamiento para camiones grandes. Un futuro taller que, cuando esté terminado, servirá para construir barcos de competición. Pero de momento solo cuenta con algunas funcionalidades y equipamientos como hornos y cabinas de trabajo, además de herramientas y materiales. En su estado actual, ambas naves pueden fabricar componentes, paredes de compartimentos, botalones (palos largos que sobresalen del barco, normalmente por la parte delantera o proa) y cualquier tipo de estructura interna del barco. “Está todo bajo mínimos, a la espera de que nos lleguen proyectos”, explica Borja, que reconoce no sentir ninguna urgencia por que eso suceda, ya que su atención está en Italia.
Allí, en Pisa, el equipo de Biscay Composites está construyendo un barco patrocinado por Ferrari. El diseño es obra del reconocido arquitecto naval Guillaume Verdier, entre cuyos barcos se encuentra el ‘Comanche’, el velero monocasco que hasta 2023 ostentaba el récord de distancia recorrida en 24 horas: 1.145 km aproximadamente. La promesa que el francés ha hecho a los de Maranello es que su nuevo barco no solo será más rápido sino que también será capaz de mantener su velocidad durante más tiempo gracias a diversas innovaciones en su construcción. La labor de Biscay Composites es implementar estos diseños en un barco levantado desde cero.
“En Italia, me encargo de la coordinación de las 18 personas que forman parte del equipo allí; de la logística, las casas, los horarios de trabajo, el día a día, los entrenamientos…”, explica Borja, que añade que ha dado de alta a su equipo como autónomos y que facturan a través de la sede italiana de la empresa. “Así pagamos menos impuestos”.
Primera aventura en solitario
Borja Nebreda, cofundador de Biscay Composites, cuya sede está en Miengo. Foto: Borja Nebreda.
Tras 15 años trabajando como autónomo en 20 astilleros distintos y haber participado en la construcción de unos 30 barcos de competición, Borja sintió que “ya era hora”: “Acababa de terminar de coordinar la construcción de un barco en tiempo récord, con un equipo de 20 personas y un capital de 4 millones de euros. Entonces pensé que o me ponía por mi cuenta o iba a seguir siempre detrás de alguien”. Así que lo habló con su mujer y su hijo, que por entonces vivían en Países Bajos, y decidieron regresar al Cantábrico, no sin antes dudar si establecerse en la tierra natal de Borja, que es de Bilbao, o en Asturias, donde ya había vivido. “Al final escogimos Cantabria por la calidad de vida”.
Los inicios de Biscay Composites estuvieron marcados por una actividad intensa. En enero de 2023 llegó el primer proyecto: un equipo húngaro adquirió un barco con 12 años de antigüedad que quería preparar para competir. “El barco estaba muy bien de calidad y querían hacer algunas modificaciones como regatista: cambiar el techo, bajar la cubierta, arreglar los sistemas de lastres, cambiar la electrónica, sustituir las antenas… A nuestro nivel, necesitábamos un presupuesto de medio millón de euros, pero el cliente solo tenía 140.000 euros”, admite Borja. “Para mí fue un riesgo enorme, porque era un trabajo muy grande para haber empezado con la empresa de cero. Me atreví a hacer un trabajo con mínimos costes y tiempos ajustados para no perder dinero pero sí hacer un buen trabajo”. Fueron seis meses de actividad en los astilleros de Santander, un trabajo “muy empeñativo”, subraya el constructor usando un vocablo italiano, pero que terminaron bien, porque pudo pagar a proveedores y trabajadores y aún obtener un beneficio de en torno al 10 % de lo presupuestado. “Para mí, fue un ‘success’ [éxito]”.
Entre el comienzo del verano de 2023 y abril de 2024, el equipo concentró su actividad en Francia, donde encadenó tres proyectos importantes. El primero fue del equipo GUYOT, cuyo barco chocó en la última etapa de The Ocean Race y hubo que cambiar la proa y el botalón. Lo que parecía un proyecto puntual se convirtió en la reparación de verano, el ajuste que hacen los barcos de competición de cara a las pruebas de invierno. “De una calidad media-baja pasamos a una media-alta, con un presupuesto por horas que nos permitió montar la infraestructura de las naves de Miengo”. Después llegaron dos proyectos más, también en tierras galas: la recuperación del velero ganador de la Vendée Globe 1989/1990 y la rehabilitación de cinco barcos de fibra (dos de ellos pintados de nuevo por completo) en tres puertos distintos con 15 personas trabajando al mismo tiempo. “Fueron los seis meses más difíciles de toda mi vida, pero esto nos permitió reforzar al equipo y entrenarlo para lo que íbamos a tener que hacer en abril con Ferrari”, resume Borja.
Con la construcción del barco en Italia, el primero desde cero para Biscay Composites, Borja espera que la empresa se haga conocida entre los constructores en Europa, un sector en el que hay mucha más demanda de arreglos y construcción de barcos que equipos y astilleros capaces de llevarlos a cabo. Faltan instalaciones preparadas y los tiempos que exigen los equipos son urgentes. Cada año, los talleres cierran entre cinco y ocho contratos de construcción de barcos, pero solo finalizan uno o dos. “Nosotros queremos estar a la altura de los más renombrados y no construir más de un barco al año, siempre ofreciendo un servicio de calidad y bastante personal”. De momento, la actividad de Biscay Composites estará concentrada en Pisa, un proyecto que durará en torno a dos años.
Eneko Valle, presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria: «Los camping ya no son solo espacios para ir en tiendas de campaña»
Eneko Valle pasó de cliente a propietario hace cerca de tres décadas y hace unas semanas fue reelegido para dirigir otros cuatro años los destinos de los negocios de camping de Cantabria, una modalidad turística por la que, sostiene, cada vez apuestan más perfiles de clientes, un 30% de ellos extranjeros. Preocupado por el autocaravanismo sin control, que se ha propuesto atajar tras más de veinte años de intentos fallidos, y por la falta de personal, un problema que, reconoce, se va a ver agudizado de cara a esta temporada estival, asegura que el sector ha dado un salto para ofrecer mayor calidad y mejores servicios.
Manuel Casino | @mcasino8 | Julio 2024
Pregunta.– Asegura que su sector es un actor clave para el turismo de Cantabria. ¿El turismo de acampada está de moda?
Respuesta.– El turismo de camping cada vez está más de moda. A raíz de la pandemia, muchas personas que buscan turismo al aire libre, de naturaleza y en espacios abiertos nos han empezado a conocer. Y los campings, teniendo en cuenta los entornos en los que se ubican, que en un 99% de los casos se localizan alejados de los centros urbanos, dan pie a ello.
P.– El sector del camping en España rozó los 10 millones de viajeros en 2023, casi un 20% más que antes de la pandemia y más de un 57% que hace una década. Cantabria, según sus propios datos, recibió el pasado año 400.000 viajeros y 1.700.000 pernoctaciones, lo que supone una estabilización del número de viajeros y un repunte del 17% de las pernoctaciones con relación a 2022. ¿Son las cifras que esperaba?
R.– Sí, porque ya llevamos unos cuantos años de aumento tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones. Al final, las plazas disponibles son las que son y crecer en viajeros depende más de la rotación. Afortunadamente, la climatología cada vez nos acompaña más y las temporadas poco a poco se están alargando.
P.– Las cifras nacionales también apuntan a que el pasado año se registró un importante descenso del gasto interno de los clientes y, por el contrario, un leve aumento del gasto en los supermercados de los campings, lo que da a entender que los clientes prefieren consumir en sus bungalows y parcelas antes que en los restaurantes y chiringuitos del establecimiento. ¿Una cosa es la ocupación y otra muy distinta el beneficio?
R.– Efectivamente. No tiene nada que ver la ocupación con la rentabilidad de los camping. ¿Por qué? Porque los costes de aprovisionamiento de materias primas, de suministros y laborales se han incrementado bastante más que los precios que nosotros podemos repercutir finalmente a los clientes.
P.– Dicen que el camping es una opción turística buena, bonita y barata en contacto con la naturaleza. ¿Es la mejor definición o prefiere otra?
R.– Bueno, bonito y barato puede dar a entender que estás regalando las cosas. ¿Diría que bueno? Sí, porque es cierto que los campings cada vez invierten más en mejorar sus instalaciones para ofrecer mayor calidad y mejores servicios. ¿Bonito? También, porque estamos en entornos naturales en muchos casos privilegiados. ¿Y barato? Sí, si tenemos en cuenta lo que ofrecemos. No se trata de si es bueno, bonito y barato pero, al final, sí lo somos.
P.– Tradicionalmente, el turismo de camping ha estado asociado a jóvenes, jubilados y familias numerosas. ¿Se mantiene este perfil de cliente?
R.– El perfil del campista ha cambiado con la sociedad. No es solo un turismo de personas que están de paso o de tránsito a otros lugares. Varía mucho en función de la tipología del camping. Los hay que son más familiares y otros que trabajan más la oferta cultural pero, en general, los camping ya no son solo espacios para ir en tiendas de campaña. Ofrecen bungalows, ‘mobilhomes’ o ‘glampings’ –contracción de los términos ‘glamorous camping’ que define un tipo de instalaciones con todas las comodidades–, lo que hace que haya multitud de perfiles, al igual que en cualquier otro sector de alojamiento turístico.
Eneko Valle, presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.
P.– Tras ser reelegido recientemente en su cargo, anunció que su objetivo para este nuevo mandato es fortalecer la competitividad del sector, promover la sostenibilidad y mejorar la experiencia del turista en los campings de Cantabria. ¿Cómo piensa conseguirlo?
R.– Lo comentaba antes. Llevamos ya muchos años adaptando nuestras instalaciones a las nuevas necesidades y demandas de nuestros clientes y de la sociedad en su conjunto. Estamos invirtiendo en energía renovables y sistemas sostenibles para adecuarnos a las actuales exigencias medioambientales. Si conseguimos mejorar nuestras instalaciones, la sensación que se lleva el cliente no es solo la de dormir. Hay servicios de ludoteca, pistas polideportivas, piscina, animación… Al final, ofrecemos una experiencia dentro del camping. Y a este concepto tienden cada vez más los camping.
P.– También se ha propuesto acabar con el autocaravanismo sin control, un propósito que también persiguieron sus antecesores sin conseguirlo. ¿Lo ve posible?
R.– ¿Si lo veo posible? Llevamos más de veinte años intentando no solo acabar con el autocaravanismo sin control, sino regularizarlo. El turismo de autocaravanas ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco o seis años, lo que hace necesario un control de viajeros, de medidas higiénico sanitarias y de seguridad. Cuando pernoctan en espacios no reglados representan una competencia desleal para el camping y cualquier otro servicio de hostelería que esté en las inmediaciones. Cada vez hay más. Al final es un problema que estamos abordando con el Gobierno de Cantabria para tratar de solucionarlo. Me gustaría poder resolverlo antes de que termine mi mandato, sobre todo por todas las personas que antes que yo han luchado por esta regulación.
P.– ¿El auge de los pisos turísticos representa una nueva amenaza para los campings?
R.– Las viviendas de uso turístico ilegales representan una amenaza para todo el sector de hostelería. Tienen que estar regulados y controlados.
P.– Los diferentes actores del sector turístico en Cantabria abogan desde hace años por desestacionalizar el turismo. En el caso de los campings, ¿es aún más necesario?
R.– Sí, es necesario, aunque las temporadas turísticas cada vez se están alargando más. Principalmente porque cada vez hace mejor tiempo. Antes la temporada era desde mediados de julio a finales de agosto, y ahora estamos consiguiendo extenderla desde mayo hasta finales de septiembre. Pero no solo es el clima. También gracias a los nuevos y mejores servicios que ofertamos en los camping. No es lo mismo venir en tienda de campaña que quedarte en un bungalow, que al final, si hace más tiempo, estás como un tu casa. Con todo, hay que tener en cuenta que la normativa establece que los camping deben tener al menos un 50% de parcelas libres para que los clientes puedan venir con cualquier elemento de acampada. La otra mitad, cada empresario la destina para lo que quiera: bungalows, mobilhomes, glampings…
P.– Su sector depende más que ningún otro de la climatología. ¿Verdad o mentira?
R.– No sé si dependemos más que ningún otro, pero es evidente que nosotros dependemos de la climatología. A mejor tiempo, mejores cifras.
P.– La asociación que preside reúne a 36 de los 46 campings que existen la región. ¿Hay espacio para más?
R.– Si el uso del suelo y las licencias municipales permiten hacerlo, ¿por qué no? Ocurre lo mismo que con los hoteles. ¿Se pueden abrir más? Sí. Si un empresario tiene un proyecto y es viable, perfecto. Además, esta posibilidad nos obliga a los que ya estamos abiertos a estar atentos y a seguir evolucionando.
Un momento de la entrevista con el presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.
P.– ¿Existen ‘piratas’ en el sector?
R.– Campings ilegales, como tal, no existen. Somos establecimientos turísticos reglados. Pero si llamamos camping a un espacio con licencia de aparcamiento en el que se asientan autocaravanas, entonces sí, porque lo que están haciendo es un campamento ilegal. Lo vemos en verano en algunos prados. Es la problemática que existe para el control de las autocaravanas y la acampada ilegal.
P.– El sector hostelero lamenta la falta de personal en Cantabria. ¿También lo sufren los campings?
R.– Sí, claro. No somos un sector ajeno a lo que pasa en el resto de la hostelería. Nos falta personal de recepción, de limpieza, camareros, ayudantes de cocina, socorristas… Además de electricistas, fontaneros o albañiles. Es un grave problema que ya estamos sufriendo de cara a este verano. El pasado año ya nos costó encontrar personal y este año nos va costar aún más. En mi caso, llevo intentando encontrar un ayudante de cocina más de dos meses.
P.– ¿Diría que su sector recibe de la Administración toda la atención que necesita?
R.– Nosotros estamos muy contentos con el Gobierno de Cantabria. Mantenemos una relación fluida y abierta y cada vez que pedimos ser recibidos para tratar un asunto, lo somos. La verdad es que estamos satisfechos con la relación que hay.
P.– ¿Los camping de Cantabria vivirán este año el mejor verano de su historia?
R.– ¡Esperemos! Si el tiempo nos acompaña, estoy convencido de que las cifras mejorarán. Hay que tener en cuenta que el pasado año obtuvimos un resultado muy bueno, similar al de 2022, que fue un año espectacular. Estoy convencido de que si a la creciente profesionalización del sector y a la calidad de las instalaciones y de los servicios sumamos los atractivos que ya ofrece por sí sola Cantabria, la temporada será muy buena. El trabajo está hecho. Ahora hace falta que la climatología no falle y que vengan los turistas.
Laboreso hace historias
El programa que promueve la estancia de alumnos de Secundaria en empresas cántabras cumplirá 20 años el próximo curso, un tiempo en el que ha propiciado que más de 10.000 estudiantes de entre 15 y 16 años establecieran así su primer contacto con el mundo del trabajo. Concebido como un medio para conectar la realidad laboral y el día a día de los institutos de enseñanza, Laboreso se plantea también como una herramienta para ayudar al alumno a orientar sus estudios pero, a decir por quienes han tomado parte en la experiencia desde uno u otro lado, termina por ser mucho más que todo eso.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Julio 2024
Pedro Rodríguez, encargado de coordinar el programa desde la Cámara de Comercio de Cantabria, no necesita hoy dar demasiadas explicaciones cuando llama a una empresa en busca de un lugar en el que pueda realizar sus prácticas alguno de los alumnos participantes en Laboreso. Nada que ver, desde luego, con lo que sucedía cuando, en 2005, se puso en marcha esta iniciativa, que promovía la estancia de estudiantes en los centros de trabajo para algo emparentado en cierto modo con las prácticas laborales, pero que tenía muy poco que ver con nada que se hubiera hecho anteriormente. La principal novedad estaba relacionada con la edad y la formación de los estudiantes: adolescentes de entre 15 y 16 años sin ningún conocimiento previo sobre el oficio o tipo de labor a realizar. Porque ese era, precisamente, el objetivo que se perseguía con una idea importada del Reino Unido y que no contaba con antecedente alguno en España: propiciar a los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) un primer contacto con el mundo laboral, a través de estancias de 15 días en los centros de trabajo, cumpliendo el horario que correspondiera y realizando las tareas que les fueran encomendadas.
“La reacción inicial cuando lo proponemos suele ser de sorpresa, porque esto no son las prácticas de formación profesional que pueden conocer y se trata de gente muy joven. Afortunadamente contamos ya con una base de 2.500 empresas e incluso entre las que puedan no estar ahí, son muchas las que han oído hablar del Laboreso y es todo mucho más sencillo que antes”, admite Pedro Rodríguez, que coordina Laboreso desde su primera edición, en el curso 2005-2006.
Los orígenes de la iniciativa hay que buscarlos un poco antes que eso, durante la estancia en Reino Unido de Marino Pérez, profesor y orientador del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Granja, de Heras. Marino, hoy jubilado, había obtenido en 1998 una plaza en el instituto Vicente Cañada Blanch, de Londres, lo que le permitió tomar contacto con el sistema educativo británico y, dentro de este, con lo que se conocía como ‘work experience’, el periodo de estancias en empresas que debían realizar los estudiantes que cursaban el equivalente a lo que aquí sería el tercer año de secundaria. “Uno de los criterios que guía a los centros españoles de educación en el exterior es adaptarse al lugar en el que están, y a mí me llamaron la atención sobre todo dos cosas del sistema educativo británico: la atención a la diversidad y esta estancia obligatoria de dos semanas en empresas para alumnos que tenían entre 14 y 15 años”, recuerda el profesor, que propuso trasladar esta ‘work experience’ –experiencia laboral, en su traducción literal– al instituto español de Londres en el que trabajaba. La idea fue bien acogida, lo que permitió a los estudiantes entonces matriculados en el Vicente Cañada Blanch convertirse en los primeros de un centro español que realizaban prácticas en empresas antes de haber alcanzado siquiera el último año de la educación secundaria obligatoria.
Marino Pérez, impulsor del modelo ‘work experience’ de Laboreso, en las escaleras del IES Santa Clara. Foto: Nacho Cubero.
Marino Pérez finalizó su estancia en Inglaterra en 2004 y, de vuelta a Cantabria, se trajo entre sus papeles la memoria del proyecto que había redactado a petición del consejero encargado del área educativa en la embajada española en la capital británica. Con ese documento bajo el brazo, inició un peregrinaje de despacho a despacho dando a conocer la idea y proponiendo su traslado a Cantabria. “Lo explicaba en los centros, y era bien acogido por los alumnos y por la mayoría de los compañeros profesores, aunque también hubo algunos que no lo entendían. En la consejería fue mucho más complicado, no lo veían y llegaron a decirme que era imposible, que ninguna empresa iba a aceptar a nadie”.
Aterrizaje de un modelo único
Como suele suceder en casos como este, en lo que lo más complicado es romper las inercias que impiden moverse por caminos distintos a los ya conocidos, el impulso definitivo llegó de la mano de personas concretas, y casi por casualidad: “Una compañera conocía a Isabel Cuesta, por entonces directora de Formación de la Cámara de Comercio, a la que le gustó mucho la idea. Después resultó que el secretario general de la Cámara, Antonio Mazarrasa, conocía la ‘work experience’ porque uno de sus hijos había estudiado en Inglaterra, y tenía un gran recuerdo de aquello”. Lograr la implicación de la Cámara de Comercio de Cantabria fue definitivo para que pudiera ponerse en marcha el proyecto, al salvarse así uno de los principales obstáculos: a quién correspondería la labor de poner en contacto a los centros de enseñanza con las empresas, buscando puestos que se ajustasen a lo solicitado por los estudiantes.
En Reino Unido esa labor de coordinación la realizan las ‘charities’, entidades sin ánimo de lucro que se ocupaban de la intermediación, financiándose a través de unas cuotas que abonaban a partes iguales los alumnos y los centros educativos. En Cantabria, una vez encajadas las piezas, sería la Cámara la encargada de la gestión de lo que ya se bautizó como Laboreso, y el Gobierno regional quien aportaría los fondos para financiarlo. Así las cosas, la iniciativa arrancó en el curso 2005-2006, con la participación de siete centros educativos, 58 empresas y 58 alumnos.
Pedro Rodríguez, coordinador del programa Laboreso desde la Cámara de Comercio de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.
En aquella primera edición, y también en los cursos siguientes, el proyecto se desarrolló con algunas limitaciones y también con significativas diferencias respecto a su modelo británico, circunstancias ambas que tenían que ver el enfoque en cierto modo experimental que se dio a la iniciativa, pero también –cree Marino– con el escepticismo con que se contempló la idea en esa fase inicial por parte de los responsables de la consejería. La experiencia, por ejemplo, se limitó a los alumnos de diversificación –aquellos con necesidades educativas especiales o, en un resumen incompleto pero no del todo equivocado, a quienes les iba mal en sus estudios– y a cuarto de la ESO, en lugar de la vocación universal y para los estudiantes de tercero que tenía la ‘work experience’. Aunque fueron cambios que Marino Pérez considera que desvirtuaron la naturaleza y los objetivos del proyecto, lo cierto es que aquel arranque permitió demostrar que, al contrario de lo que pensaban algunos tanto en la consejería como en los institutos, era perfectamente posible materializar en Cantabria una idea como esa.
Aunque en buena medida ha terminado por verse de esa manera, el propósito principal de la ‘work experience’, o de Laboreso, no es tanto ayudar a los participantes a orientar sus estudios, sino enfrentarlos a la realidad del mundo laboral, a sus horarios, rutinas y a las jerarquías y organización de tareas inherentes a los centros de trabajo. Es ahí donde encaja esa vocación de universalidad que tiene el referente británico y que, aunque las sucesivas reformas han ido ampliando la base de estudiantes potencialmente beneficiarios del programa, su réplica cántabra está aún lejos de poder igualar. Con todo, tanto en las anécdotas que relata Marino Pérez como en los recuerdos de quienes han participado desde cualquiera de los lados en la experiencia son constantes los ejemplos que llevan a pensar no ya en que Laboreso cumpla con fines como esos, sino que alcanzan algunos otros que no estaban entre los inicialmente planteados.
Aprendizaje en dos direcciones
Quizá alguno de los más llamativos tiene que ver con la vía de doble sentido que Laboreso abre entre el mundo académico y las empresas. Porque el desconocimiento de lo laboral que existe en los alumnos, y que se pretende ayudar a paliar con el programa, no es mayor que el que tienen las empresas sobre los estudiantes, sus inquietudes, conocimientos e intereses. Marino Pérez recuerda, por ejemplo, la emoción del propietario de un taller de reparación naval cuando supo que había algún alumno que quería tomar contacto con ese trabajo, que hasta entonces consideraba completamente ajeno a las inclinaciones de los adolescentes. También directamente relacionadas con la distancia entre esos dos mundos, la mayoría de las reticencias que suele plantearse una empresa a la hora de acoger a uno de estos alumnos tienen que ver con la capacidad, los saberes y la actitud a esperar de chavalas y chavales de 15 y 16 años, lo que en gran medida se asienta sobre prejuicios que el programa puede ayudar a combatir.
Que Laboreso también supone un aprendizaje para las empresas es la razón de fondo que explica por qué desde la Cámara de Comercio tienen hoy más fácil encontrar centros de trabajo en los que los alumnos de Laboreso puedan realizar sus prácticas. Aquellas 58 empresas con las que nació la experiencia en 2005 son ahora más de medio millar, y ello pese al relativo frenazo a las cifras que provocó la pandemia. La mayor parte de las que han participado alguna ocasión en Laboreso, repiten, en tanto que entre aquellas con las que se contacta por primera vez –Pedro Rodríguez explica que cada año intentan sumar nombres a la lista– son ya muy pocas las que no han oído hablar de la iniciativa, y habitualmente para bien.
Aunque el trabajo de incorporar empresas al programa sea ahora más fácil de lo que fue en sus inicios, ello no significa que sea sencillo sacar adelante la edición de cada curso. Laboreso cuenta con un presupuesto de 50.000 euros, aportados íntegramente por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, con los que se financia la gestión del proyecto por parte de la Cámara de Comercio. A ella corresponde coordinar a los diferentes centros educativos, recoger de estos las solicitudes de los alumnos sobre las profesiones que les gustaría conocer y encajar luego estas peticiones en las empresas que colaboran con la iniciativa. Para esto último, y además del rompecabezas que supone cuadrar preferencias con disponibilidad, hay que tener en cuenta el criterio de proximidad, horarios y oferta de transporte público, al tratarse de menores de edad que tienen limitada su capacidad para desplazarse por sus propios medios.
Un proyecto ya consolidado
La decisión final sobre qué alumnos participan en el programa corresponde a los centros, aunque la iniciativa ya no se limita a alumnos de diversificación. En la edición de este curso son 556 los participantes, la cifra más alta desde la crisis sanitaria, cuando el programa se readaptó al ser imposible la estancia en las empresas. En torno a este número, calcula Erika Ceballos, responsable de Formación de la Cámara de Comercio, se mueve el máximo de participantes que podrían gestionarse con los medios actuales. “En todo caso, el proyecto está muy consolidado”, destaca.
José Luis Blanco, director de Calidad y Equidad Educativa del Gobierno de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.
José Luis Blanco, actual director de Calidad y Equidad Educativa del Gobierno de Cantabria, ocupó también ese cargo en la legislatura 2007-2011, cuando su implicación fue decisiva, según recuerda Marino Pérez, para que Laboreso dejara de estar limitado a los alumnos de diversificación y diera un gran salto adelante. Hoy reafirma su compromiso con la iniciativa y se declara abierto a todas las opciones para darle un nuevo impulso, incluido un incremento de la cantidad económica con que está dotado el programa: “Pero no creo que el problema principal sea el presupuesto. Hay que tener en cuenta que no solo los alumnos de Laboreso demandan prácticas en empresas, tenemos a todos los matriculados en la Formación Profesional y también un tejido productivo que en Cantabria no es especialmente grande y que está constituido sobre todo por pequeñas y medianas empresas. Yo creo que es ahí donde está el gran obstáculo”, señala Blanco, que por ello valora especialmente la labor que realiza la Cámara de Comercio para encontrar centros de trabajo para los alumnos, algo que puede ser relativamente fácil en Santander y Torrelavega, pero que admite que es enormemente complicado fuera de los entornos más urbanos. En lo que no expresa duda alguna es en la capacidad del programa para favorecer los objetivos que considera debe tener cualquier sistema educativo: generar personas capaces de integrarse en la sociedad con normalidad y plena capacidad, y en eso la incorporación al mundo laboral juega un papel, destaca, de especial relevancia. “Con Laboreso hemos tenido casos de chavales que estaban pensando en dejar los estudios y que, tras la estancia en las empresas y ese primer contacto con el trabajo, han vuelto al instituto convencidos de la necesidad de acabar la ESO y seguir su formación para poder dedicarse a aquello con lo que habían tomado contacto”, recuerda el director de Calidad Educativa del Gobierno cántabro.
Tras nacer en Cantabria hace ya casi veinte años, Laboreso ha sido replicado, con ese u otro nombre, en otras comunidades autónomas españolas, siempre con el asesoramiento inicial de la Cámara de Comercio. En Navarra se hace en un formato casi idéntico al cántabro, en tanto que en Asturias y en Madrid tiene un enfoque algo diferente, con intercambio de visitas entre los institutos y las empresas, más que con estancias de trabajo propiamente dichas. Una vez jubilado, Marino Pérez sigue desde la distancia este y otros avatares por los que pasa el proyecto que contribuyó decisivamente a poner en marcha, más o menos de acuerdo con las diferentes versiones que se han dado a la idea original, pero satisfecho de que esta haya salido adelante: “Me llevaría una gran frustración y me provocaría una gran tristeza si me entero que se cancela, pero mientras tenga continuidad me parece fabuloso, porque lo importante son los resultados, y estos siempre van a ser positivos”, concluye.
Las asesorías de Cantabria reivindican que se regule la profesión
Los titulares de tres asesorías cántabras reflexionan sobre el presente y el futuro de una actividad en la que siguen echando de menos una interlocución directa con la Administración que les permita agilizar trámites, aclarar dudas y aumentar la productividad. Reconocen que la competencia ha aumentado de forma exponencial, censuran que cada vez asumen más carga de trabajo y reclaman por encima de todo la importancia del asesoramiento.
Manuel Casino | @mcasino8 | Julio 2024
Las asesorías y consultoras cántabras dan la batalla por perdida y asumen que su petición de crear un canal de comunicación directo con las administraciones y organismos públicos para agilizar trámites y aclarar o resolver dudas ha caído en saco roto. Así lo advierten los responsables de tres de estos despachos profesionales, que critican la pérdida de tiempo y de productividad que conlleva no atender esta solicitud propuesta hace ya algún tiempo. “La Administración continúa instalada en la cita previa, lo que ralentiza mucho las gestiones y hace que todo resulte más fatigoso”, coinciden en señalar los socios consultores y asesores de empresas de Cedenor, Alfonso Pariza y Pablo Girón, quienes también lamentan que el teletrabajo que impera en el sector público al menos dos días a la semana hace aún más complicado el contacto directo con el contribuyente.
“Todo sigue igual. Se imponen las nuevas tecnologías y la relación telemática por encima de la personal, lo que evidentemente tiene sus ventajas e inconvenientes”, conviene por su parte el socio y asesor fiscal de Gestisa, José Miguel Madrid, y corrobora su compañero y socio responsable del departamento jurídico de esta empresa, Javier Gurruchaga, para quien la cita previa no ha hecho más que dificultar la vida de los ciudadanos. “Debería existir una vía de acceso preferente para los profesionales que en el día a día estamos haciendo prácticamente la labor administrativa de los funcionarios. Sin embargo, lejos de contar con esto, creo que, en general, los servicios públicos se han deteriorado después de la pandemia”, subraya.
“No tener un interlocución directa con la Administración como la que teníamos antes supone una clara pérdida de tiempo”, ahonda D´Hers, antes de expresar su sensación de estar «acorralados”. “Aunque viajamos en el mismo barco, nos ven como el enemigo”, relata este profesor mercantil y auditor censor jurado de cuentas que se queja de que muchos funcionarios “piensen que somos unos señores con corbata que ganamos mucho dinero y que ayudamos a los contribuyentes a hacer trampas”.
Pablo Girón y Alfonso Pariza, socios asesores consultores de Cedenor. Foto: Nacho Cubero.
“¿Si hago la declaración de la renta, soy un asesor fiscal? ¿Qué responsabilidades y derechos tengo?”, se pregunta el director general de Seficosa, Carlos López d´Hers, para aclarar a continuación que un buen asesor es el que evita a su cliente problemas con la Administración: “No el que consigue pagar menos impuestos. O definimos un código ético y regulamos nuestra actividad o en el futuro tendremos problemas”, vaticina.
Un análisis que es compartido, aunque con matices, por el resto de asesores consultados. Así, Pariza coincide en que no hay nada nuevo bajo el sol, salvo que las dificultades para ejercer su trabajo van día a día en aumento. “Me da pereza ver cómo asuntos que se podrían resolver hablando en cuestión de unos pocos minutos se demoran por falta de interlocutores. Estamos al otro lado del mostrador, pero somos compañeros”, incide sobre la relación que hasta no hace mucho mantenían con los funcionarios y que le lleva a pensar que quienes organizan los sistemas de trabajo de las distintos organismos públicos con los que se relacionan están “muy lejos” de conocer cómo es el tejido empresarial de España. “Da la impresión de que desconocen la realidad de la calle”, enfatiza contrariado.
De su lado, Gurruchaga opina que esta falta de regulación de la profesión de asesor fiscal ha traído consigo que proliferen en el mercado muchos “piratas” y asesorías digitales que están tirando para abajo de los precios. “La competencia ha crecido de forma exponencial. Si además cuentas con una estructura como la nuestra, con alrededor de 45 trabajadores, es evidente que cada vez te cuesta más competir. La solución pasa por ofrecer un plus a nuestros clientes, aprovechar nuestra relación de confianza con ellos y ser punteros en lo que hacemos”, resuelve el socio responsable de la asesoría jurídica de Gestisa.
Reivindicar el asesoramiento
En lo que también están todos de acuerdo es en reivindicar la importancia del asesoramiento. “Nosotros no somos gestoría, somos asesoría”, aclara este abogado para evitar equívocos. Para su compañero José Miguel Madrid, el futuro de la profesión pasa por dejar de hacer trabajo material, aunque reconoce que cada vez hacen menos, para dedicarse a ser realmente asesores de las empresas e, incluso, asistir como asesor a los consejos de administración. “Tengo muchos empresas que presentan sus impuestos. Ahora una declaración de IVA de un alquiler se puede hacer por poco dinero a través de internet y en cuatro días lo hará la inteligencia artificial”, zanja este economista.
Al hilo de este asunto, y tras sostener que no hay un buen asesor fiscal que no dedique al menos un 20% de su tiempo a estudiar y leer para estar al día de la actualidad normativa, Gurruchaga expresa su preocupación por la evolución que pueda seguir la inteligencia artificial (IA) en su profesión. “Como colectivo, deberíamos transmitir que el saber humano en este campo nunca podrá ser suplido por la inteligencia artificial porque, al final, nuestro trabajo necesita en la mayoría de las ocasiones una decisión de carácter personal, al menos en mi ámbito como abogado. El asesoramiento es una cuestión de confianza, de relación personal. A un cliente puedes asesorarle sobre qué hacer con su patrimonio si lo conoces. Y eso no lo va a hacer nunca una máquina”, describe.
Por su parte, Pariza reconoce que la gran carga de trabajo que les ha impuesto la Administración a raíz de la pandemia, unido al escaso reconocimiento a la figura del asesor que, según asegura, existe en general entre los pequeños empresarios y autónomos, les han convertido en meros asesores administrativos. “Asesorar bien lleva su tiempo pero cada vez tenemos menos”, aclara este economista y socio consultor de Cedenor, quien apunta a las crecientes exigencias de unos y de otros como los principales culpables de este mal. Según explica, la Administración exige cada vez más revisiones y documentación que contribuyen a aumentar la incertidumbre y a crear un estado de confusión en el ciudadano: “Cuando, en más de la mitad de los casos, terminan en nada, se trata de requerimientos hechos a base de corta y pega de otros expedientes. o incluso de información que ya obra en su poder a la que, si quisieran, tendrían muy fácil acceso”.
Un argumento la que se suma su socio en esta empresa, Pablo Girón, a quien le gustaría que las pymes dedicaran más tiempo a la administración de sus negocios. “La digitalización ha cambiado la forma en que nos relacionamos con nuestro clientes, pero eso no significa necesariamente que sea mejor. Si antes los pequeños empresarios traían sus facturas y documentación en papel sin, en muchas ocasiones, revisar cuáles eran o no propias de la actividad, ahora lo hacen mediante multitud de correos electrónicos conforme a sus conocimientos en informática, lo que en ocasiones nos lleva más tiempo procesar”, remacha.
José Luis Magaldi, director del Departamento Laboral de Seficosa, junto al director general de esta asesoría, Carlos López d’Hers. Foto: Nacho Cubero.
D´Hers insiste también en reclamar la importancia del asesoramiento. “A nosotros nos interesa asesorar, pero el cliente rara vez viene buscando eso. Viene cuando tiene un problema con la Administración o tiene que pagar impuestos”, recalca. Según destaca, y coinciden el resto de profesionales consultados, la Agencia Tributaria ha incrementado “por tres o por cuatro” el número de inspecciones o comprobaciones en los últimos dos años, lo que les procura una carga adicional de trabajo. “No nos importa que hagan más inspecciones o solicitudes de información complementaria, el problema es que atender a estos requerimientos nos lleva mucho tiempo y nos obliga a contratar a más personal”, admite el máximo responsable de Seficosa, firma que actualmente emplea a 46 personas, cuatro más que el año pasado.
Girón, por su parte, confirma que las nuevas obligaciones en materia tributaria que vinieron por la pandemia se han quedado, y que en materia laboral y de la Seguridad Social hoy están destinando muchos más recursos para atender las necesidades y exigencias de la Administración. “La relación de los poderes públicos con el administrado se ha hecho más compleja”, apuntala Pariza para remarcar su idea de que la burocracia cada vez es mayor. “Previsiblemente en julio de 2025 entre en vigor la factura electrónica visada por la Agencia Tributaria, lo que conllevará la actualización de los sistemas y el envío inmediato de las facturas según se emitan”, recuerda el socio consultor de Cedenor.
“Estamos haciendo más por lo mismo”, subraya por su parte Madrid, para quien no se trata tanto de que haya aumentado la burocracia, sino del creciente número de declaraciones informativas que solicitan los organismos públicos. “Todo podía ser más fácil, aunque entiendo el interés de la Administración por combatir la economía sumergida. Está en todo su derecho”, concede.
Situación económica de la región
Además de en su trato con la Administración, la relación de las asesorías con sus clientes pone a estas empresas en una situación privilegiada para valorar el momento y las perspectivas de la economía. Sobre la situación económica de Cantabria, cada responsable apunta varias variables. Así, el director general de Seficosa sostiene que las empresas no están invirtiendo por la incertidumbre que existe a corto plazo. Y aunque reconoce que la morosidad se ha reducido “hasta casi ser inexistente”, asegura que otra cosa muy distinta es lo que ocurre con la productividad, la inversión o la creación de puestos de trabajo.
Sobre el mercado de trabajo, el director del Departamento Laboral de Seficosa, José Luis Magaldi, tercia en la conversación para alertar de que las dificultades que hoy existen para encontrar mano de obra en algunos sectores también se extienden o se extenderán a su profesión. “El 70% del personal que trabaja en nuestros departamentos se jubilará en los próximos diez años. Y nosotros no estamos en el mundo universitario para informar de las salidas profesionales que ofrecemos”, lamenta.
Pablo Girón, por su parte, conviene en que, a pesar de las altas tasas de desempleo, falta personal formado para ocupar puestos de trabajo en muchos sectores, aunque no especialmente en el suyo. “La desindustrialización brutal de Cantabria hace que seamos un región de servicios de empleos inestables y salarios ínfimos. Además, se están jubilando trabajadores con bases de cotización altas o muy altas y entrando a trabajar otros con bases mínimas e irregulares. Así va a resultar muy difícil que cuadren las cuentas del sistema de pensiones”, avisa antes de animarse a hacer un diagnóstico: “Sería muy necio por mi parte decir que Cantabria va bien”.
Javier Gurruchaga y José Miguel Madrid, socios del área legal y el área fiscal y contable, respectivamente, de Gestisa. Foto: Nacho Cubero.
Por último, Gurruchaga sostiene que la situación económica es mejor que hace cuatro años. “Hoy es difícil que un cliente te solicite que hagas un ERTE”, explica este asesor de Gestisa, antes de poner el acento en los concursos de acreedores de la persona física, una figura que, a diferencia de los de empresas –que, según asegura, han caído en picado– “hoy es la estrella de los juzgados de lo Mercantil”.
Su socio y economista, José Miguel Madrid, mantiene que no ha sido, en general, un mal año. “Quizá los peores sean el sector de fabricación y la exportación. Con todo, Cantabria tiene un problema que es la dimensión del tejido productivo”, enfatiza.
Dicho esto, el responsable del área jurídica de Gestisa retoma la palabra para dar su opinión sobre el futuro de las asesorías. “La tendencia en nuestro sector va a ser agruparse y establecer alianzas en los próximos años. Si las empresas quieren crecer, será de forma inorgánica mediante fusiones o adquisiciones con el propósito de ocupar un hueco que queda entre las grandes compañías y las más pequeñas. El tamaño va ser imprescindible para competir”, concluye convencido.
Cines Groucho, un oasis de cine independiente que cumple 20 años
José Pinar, propietario de los cines Groucho, celebra estas dos décadas en Santander, pero reconoce sentirse cansado de defender una oferta cinematográfica consagrada a títulos de autor que ya casi nadie ofrece en España y anuncia su venta.
Manuel Casino | @mcasino8 | Junio 2024
Los cines Groucho, un reducto de cine independiente europeo de estreno, cumple veinte años. Lo hará el próximo diciembre, pero su propietario, José Pinar, ya ha empezado a celebrarlo con eventos especiales y la publicación de un libro. Pese a la celebración, Pinar no esconde que su propuesta por un cine de autor tiene los días contados. “Somos un oasis dentro del panorama nacional. El consumo de títulos en la gran pantalla ha ido por otros derroteros y el cine independiente ha acabado arrinconado”, lamenta este empresario antes de explicar el porqué de esta situación.
“Los que hoy van al cine son mayoritariamente jóvenes y adolescentes, que se han decantado por un cine meramente superficial, de Hollywood y familiar. Por mamarrachadas. Y el público de más edad, al que le gusta otro tipo de cine, más sesudo, está en franca retirada. El cine se ha convertido en un estercolero”, resume contrariado.
Ante este panorama, Pinar deja traslucir cierto hartazgo y revela su intención de vender el cine. “No veo futuro. Tal y como estas las cosas, es muy difícil defender esta oferta de cine auténtico y exclusivo. Siempre lo ha sido, pero ya estoy cansado y creo que es un esfuerzo que no me merece la pena”, admite con tristeza.
José Pinar, propietario de los cines Groucho. Foto: Nacho Cubero.
Según explica, para sacarle rendimiento a sus salas debería cambiar su propuesta. “Tendría que mezclar títulos de autor con otros más comerciales, compartir copias, programar eventos, una sesión matinal… Y no tengo equipo –son tres personas– ni recursos”, aclara. Además, apunta a otro factor que juega en su contra: la desbandada del público de más edad. “Después de la pandemia, llevamos treinta meses de deserción absoluta de la gente mayor. Las personas de 70 años o más han desaparecido por completo de las salas y ahora ven el cine en su casa”, lamenta.
Las cifras del negocio
Pinar sostiene que para poder vivir necesitaría volver a las cifras de 2005, cuando alcanzó los 38.000 espectadores. El año pasado, explica, acabaron el ejercicio con 24.000, y para este del que se han cubierto ya los primeros cuatro meses confía en pegar un pequeño salto hasta alcanzar los 30.000, que es la media habitual de los años prepandemia. “Pero para eso necesitamos que la gente consuma cine y conseguir algún taquillazo al año (la sala se queda con la mitad de la recaudación y la distribuidora la otra mitad). Eso nos daría vidilla”, admite antes de repasar cómo están siendo estos últimos meses.
“Después de un buen invierno, marzo y especialmente abril han sido desoladores. Entre diciembre y febrero he tenido los mejores resultados desde que inauguré gracias a películas que han cosechado gran éxito”, como ‘Fallen Leaves’, ‘La sala de profesores’ o ‘Perfect days’, un título que ha permanecido tres meses en proyección, lejos aún de ‘Parásitos’, la oscarizada película surcoreana que ostenta el récord de este cine con cinco meses en cartelera. “Pero ahora he programado diez o doce títulos que solo han aguantado una o dos semanas en pantalla. Y así, pese a que cuento con tres ayudas públicas estables –de Europa Cinemas, el Gobierno de Cantabria y del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)– apenas llego para sacarme un sueldo”, remacha.
El responsable de los Groucho reconoce que, pese a que hoy hay más oferta de títulos que nunca, el público se conforma con ver un par de estrenos. Con cuatro películas, dice, da para cubrir la mitad de las 3.600 pantallas que existen en España, unas 35 de ellas en Cantabria. “Yo ahora puedo elegir entre muchas más películas que hace ocho años, pero el público solo quiere ver unas pocas. Es una contradicción, pero es así”, sostiene. De otro lado, Pinar lamenta que no se incida más en la formación y educación audiovisual y en la diversidad. “Todo está mercadeado y apenas se permite la pluralidad y la riqueza. Hay que apostar por la formación en el cine, por ofrecer otros puntos de vista, otros estilos, otros países… Pero la gente solo quiere productos como ‘Cazafantasmas’”, insiste.
Una venta frustrada
Para tratar de explicar el porqué de su decisión de vender los Groucho, Pinar rememora lo ocurrido desde las navidades de 2022, cuando un distribuidor de Oviedo le planteó por primera vez su interés por adquirir su cine. “Este empresario, que cuenta con salas en Oviedo y Madrid, me explicó su intención de crear un pequeño circuito en el que le encajaba mis salas. En principio, le dije que me lo dejara pensar, pero a la vista de la oferta que me formuló, muy por debajo de mis expectativas, resolví dejar aparcado el tema”.
Meses después, en junio de 2023, relata que apareció otro empresario que le ofreció un poquito más de dinero, pero también insuficiente. Así estaban las cosas cuando este pasado otoño le volvió a llamar el distribuidor de Oviedo para doblarme la oferta.
“No era lo que quería, pero lo acepté. Entonces me dijo que antes tenía que abrir y poner en marcha su nuevo proyecto de salas en Oviedo y ver cómo le iban las cosas. Sin embargo, este pasado marzo me dijo que no podía cerrar el acuerdo y que se echaba para atrás porque se le había ido de las manos la inversión en esas nuevas instalaciones”, subraya.
Exterior de una de las salas del cine. Foto: Nacho Cubero.
Sin ofertas en firme, Pinar ha puesto también el cine en venta a través de una inmobiliaria de Santander, “pero en cuatro meses nadie se ha interesado aún por el cine”, comenta. “Una vez pase el aniversario, si no me lo compran, aún no he decidido lo que haré. Seguramente siga, pero espero que aparezca alguien y se aprovechen las instalaciones. Es un espacio con personalidad, en el centro de la ciudad, con buen sonido y con butacas renovadas”, concluye.
Jaime Paino, vicepresidente de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (Avutcan): “El nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico no va a solucionar nada”
Es la cara y la voz de los propietarios de viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria, una modalidad de alojamiento permanentemente en entredicho. Dueño de un vivienda legalizada en Mogro, reivindica el papel de las VUT para satisfacer los nuevos modos de viajar, y reclama espacio para un modelo en constante crecimiento que, pese a ello, asegura que aún presenta en la región un porcentaje sobre el total del parque inmobiliario muy inferior a la media media española.
Manuel Casino | @mcasino8 | Junio 2024
Pregunta.– Nacen con el objetivo de dar voz a los propietarios de viviendas de alquiler por estancias cortas de Cantabria. ¿Siente que hasta ahora estaban silenciados?
Respuesta.– Hasta ahora no existía una asociación que uniera a todos los propietarios de este tipo de alojamientos y, por tanto, no hemos tenido presencia en ningún organismo o foro, ni nadie nos ha consultado nada, ni siquiera de forma individual. Esperemos que a partir de ahora esta situación cambie.
P.– En apenas unas semanas ya cuentan con más de 350 asociados. ¿Se han marcado alguna meta?
R.– No. En estos momentos vamos ya por casi 450. Ahora mismo no somos una asociación de socios, sino de representados, aunque en un futuro sí nos planteamos dar servicios a los socios. No hay meta. 450 en apenas tres semanas ya es como para sentirnos muy contentos, pero estoy convencido de que llegaremos a cifras muy importantes de representación en el sector, a pesar de que acceder a nuestros posibles representados no es un camino fácil porque los listados, por la ley de protección de datos, no son públicos. En el listado del portal de Turismo del Gobierno regional aparecen 1.400 propietarios de vivienda de uso turístico (VUT) con teléfono, pero otras fuentes nos dicen que ya hay alrededor de 3.500. Es decir, existe un conjunto de propietarios al que no tenemos acceso, salvo a través de redes sociales y los medios de comunicación. Con estos condicionantes, que contemos ya con 450 es todo un éxito.
P.– Aspiran a ser un interlocutor ante la Administración. ¿Se ha puesto alguna en contacto con ustedes?
R.– No. Hemos escrito a las diferentes administraciones, al igual que también nos hemos dirigido a diferentes asociaciones del sector hostelero, partidos políticos y al colegio de Administradores de Fincas. Hasta la fecha solo se ha puesto en contacto con nosotros los grupos municipales Socialista y del PRC en el ayuntamiento de Santander y también el Partido Socialista a nivel regional para celebrar una futura reunión. No tenemos noticias de la Consejería de Turismo ni tampoco del Ayuntamiento de Santander. Pero es entendible, no les culpamos. Hemos nacido apenas hace un mes y tienen agendas complicadas. Ya saben que existimos. Ahora solo hace falta que nos reciban.
Jaime Paino, vicepresidente de Avutcan, durante la entrevista. Foto: Nacho Cubero.
P.– En su opinión, ¿cuál es la realidad del sector?
R.– Es un sector regulado. No es la ley del oeste. Existe un decreto que funciona, sólido y joven, y que en ningún momento ha sido recurrido ante los tribunales por su articulado. No entendemos por qué tiene fecha de caducidad. No sabemos las razón por la que se quiere cambiar un decreto que, como digo, funciona. El problema es que no se ha aplicado en su totalidad. Es decir, el artículo 8, que habla del régimen sancionador, se refiere a todos aquellos establecimientos que deben ser inspeccionados y sancionados si no cumplen la normativa. Y ese es el problema real. El problema no son las viviendas de uso turístico, que es una modalidad legal, regulada, de calidad y necesaria. El problema es que hay cientos o miles de alojamientos ilegales, y remarco alojamientos, porque no solo son VUT, sin también campings, hoteles o posadas, que también los hay. La cuestión es que últimamente el término ilegal solo se vincula con las VUT. Que las hay mayoritariamente, de acuerdo. Pero este problema no lo va a solucionar un nuevo decreto. Lo va a solucionar si entre todos –administraciones públicas, organismos privados, Policía Nacional, Guardia Civil y todas las asociaciones implicadas– hacemos un censo de alojamientos ilegales y dotamos de recursos y servicios a la Consejería o a quien corresponda para inspeccionar y sancionar. Mientras tanto, todo seguirá igual. Será una cortina de humo que no terminará con el problema real que, insisto, no son las viviendas de uso turístico, sino los miles de alojamientos ilegales. De hecho, creemos que el nuevo decreto, que seguramente sea mucho más restrictivo que el actual, consiga el efecto contrario: si en un futuro va a ser mucho más difícil conseguir una licencia de uso turístico, muchos pasarán a la ilegalidad. El año pasado solo se sancionaron 22 alojamientos ilegales de los 5.500 que existen, según el INE, y los más de 10.000 que sostiene Hostelería. Estamos hablando por tanto de un porcentaje tan absurdo que, mientras no corrijamos esto, nada va a cambiar.
P.- ¿Qué medios plantean para hacer aflorar esa bolsa de alojamientos fuera de cualquier regulación?
R.- Le digo varias herramientas. En primer lugar, a través de un buzón ciudadano en el que cualquier persona, de forma anónima, puede comunicar que al lado de su casa cree que hay una vivienda de uso turístico. Después, hablando con las plataformas Airbnb y Booking para que cedan, si es posible, los datos de los propietarios que tengan dados de alta. En tercer lugar, la Agencia Tributaria sabe perfectamente quién ha ejercido la actividad a través de estos portales digitales y se puede cruzar con las licencias concedidas. Cuarto, que los administradores de fincas ofrezcan el listado de viviendas de este tipo que existen en los edificios que gestionan. Es verdad que en las ciudades perseguir estas prácticas es más complicado porque los anuncios que se publican son del interior de las viviendas y las zonas que estas plataformas señalan de dónde se encuentra el piso suelen ser muy amplias. Pero en la zona rural, por las fotos, sí puedes localizar de qué vivienda se trata. Lo que ocurre es que este seguimiento requiere de unos recursos humanos y tecnológicos de los que ahora no se dispone. Y es mucho más fácil hacer un maquillaje con un nuevo decreto, que lejos de solucionar va a agravar el problema, que unirnos todos para realmente tratar de atajar esta problemática. Le acabo de enumerar cuatro o cinco medidas, pero seguramente hay otros medios para conseguir estos datos. Le cito otro: con el listado de licencias denegadas, verifiquemos si efectivamente no ejercen la actividad. Le reitero mi opinión de que este nuevo decreto va a conseguir que muchas viviendas que se podrían legalizar no lo puedan hacer. Y viendo que de forma ilegal no pasa nada, pues… Blanco y en botella.
P.– ¿Cree que está justificada la creciente preocupación social que existe en torno a este tipo de viviendas?
R.– No, no lo comparto. Le doy algún dato. En Cantabria, las VUT legales representan el 0,5% del total del parque inmobiliario, mientras que en el conjunto de España este porcentaje se eleva al 1,7%. Por tanto, estamos muy por debajo de la media española. Pero, ¿sabe cuántas viviendas vacías hay en Cantabria? 50.000, según el INE, lo que supone el 12,9% del total. Pese a ello, se nos culpa de tensionar el mercado de la vivienda. Con el 0,5% esta acusación no se sostiene. Sin embargo, si lo comparas con el número de viviendas vacías, ahí tienes a alguien más culpable que nosotros. Ahora, pregúntese qué se está haciendo para sacar esas viviendas vacías al mercado. ¿De quién son? Aquí se podría abrir otro debate. Pero le doy otro dato. El número de viviendas de protección oficial construidas en Cantabria en los últimos cinco años es de 311, mientras que el número de viviendas de obra nueva construidas solo en 2023 es de 1.017. ¿La culpa de la falta de vivienda de alquiler a largo plazo y de disponibilidad de vivienda asequible no será más bien del alto número de viviendas vacías o de que no se construyen más que de un ínfimo 0,5% de VUT? ¿De verdad que se quiere achacar a este colectivo este problema? El cóctel molotov que se ha producido en España con las leyes de Arredramientos Urbanos, de Vivienda y de Enjuiciamiento Civil hace que las personas prefieran tener las viviendas vacías antes que exponerlas a un alquiler a largo plazo.
P.– El ruido excesivo, la pérdida de privacidad, el uso indebido de las zonas comunes y la sensación de inseguridad son, a menudo, algunos de los aspectos que más perturban y tensan la convivencia entre unos y otros. ¿Ve solución a estos desafíos?
R.– La solución pasa por saber si es realmente así o no. Nos llevaríamos una sorpresa. Aquí nadie ha hablado de cuántas hojas de reclamaciones acumulan las viviendas de uso turístico versus otro tipo de alojamientos. Ni nadie tampoco ha aportado un dato de las veces que la Policía o la Guardia Civil ha tenido que acudir por una denuncia de ruidos en una VUT. Es minoritario. Lo que interesa es culpabilizarnos de algo que no creo que sea real. En primer lugar, porque los propietarios, por la normativa, tenemos que exigir unas normas en nuestra casa y, uno de ellas, es que por favor respeten el descanso de los vecinos. Somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos. Es más, autoimpongámonos una monitorización de ruido. Perfecto, instalemos sensores de ruido y de movimiento. Pero es que no está pasando realmente. Nos acusan de echar a los vecinos del centro de las ciudades. Le invito a que nos demos un paseo por los portales del centro de Santander. Están llenos de despachos profesionales, de negocios empresariales que sí han desplazado al inquilino. Y están ejerciendo una actividad en una vivienda que no es vivienda, como sí en cambio son las VUT. Y veo en los portales un tráfico constante de personas que acuden a dentistas, abogados, notarías, gabinetes psicológicos o a la multitud de negocios que existen en viviendas. ¿Vamos a prohibir las VUT en los inmuebles pero vamos a dejar al resto de negocios profesionales? Ahora mismo, somos los malos de la película. Porque en la mayoría de los casos se trata de propietarios individuales. Aquí no hay grandes tenedores ni grupos de inversión. El 95% solo tiene una licencia. Son cántabros y cántabras que cotizan aquí sus ganancias. Que además de desarrollo, también contribuyen a la recuperación de inmuebles que estaban abandonados y llevan el turismo a zonas en las que antes no había. Lo que ocurre es que es mucho más fácil meterse con un individuo, que hace poco ruido, que hacerlo con grandes grupos empresariales. Quizá esta asociación ha empezado a decir que también los propietarios de VUT son un objeto de derecho.
P.– Como ha apuntado antes, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria estimaba hace unos meses que en la comunidad existen alrededor de 10.000 viviendas de uso turístico, de las que apenas un 16% estarían legalizadas. ¿Da por buenas estas cifras?
R.– Me da igual la cifra. Como si fueran solo dos ilegales. No tiene sentido pelearse por las cifras. Nadie conoce cuántas son en realidad porque nadie ha realizado un censo, que por otro lado habría que hacer. Es preocupante en el momento en que ya exista una. No entremos en una batalla absurda de datos. Lo que hay que hacer es censarlos para poder inspeccionarlos y sancionarlos. Y una vez que lo hagamos, publicitar dichas sanciones para que el resto que actúa de manera ilegal se dé cuente de que a lo mejor no es tan barato seguir haciéndolo de ese modo. Lo que sí es cierto es que ahora se está produciendo un aluvión de solicitudes, no tanto para explotar turísticamente la vivienda, como para tener la licencia antes de que entre en vigor el nuevo decreto, como un valor de futuro.
Turistas en una céntrica calle de Santander. Foto: Nacho Cubero.
P.– Apuestan por un turismo de calidad y sostenible. ¿Encaja la proliferación de pisos turísticos con este objetivo?
R.– Claro que sí. Pero no solo es sostenible, es además necesario. Como le decía antes, el porcentaje de VUT legales en Cantabria está muy por debajo de la media nacional. Actualmente, el turismo está aumentando una barbaridad y no podemos ir contra los tiempos. Es un hecho que la forma de viajar y de visitar los lugares ha cambiado. Y hay personas que expresan su deseo de alojarse de forma diferente. Pero hay mercado para todos. Los hoteles están llenos y batiendo récords de ocupación en este primer trimestre del año. Y ahora mismo las VUT están dando un servicio demandado porque, según varios estudios, el viajero que opta por esta modalidad no se plantea hacerlo de otra forma. O le damos el alojamiento que busca, o no vendrá. Le pongo un ejemplo: una persona que viaja de camping, que le gusta este modelo de alojamiento, si no lo hay no irá a un hotel. Buscará otro lugar donde sí lo haya. ¿Vamos a renunciar al turismo cuando es nuestra principal fuente de riqueza? ¿Les vamos a decir a los turistas que no vengan este verano? Y, ¿es sostenible? Sí, en la medida que respondas a esta nueva demanda de venir a Cantabria, que está de moda.
P.– La Asociación de Turismo Rural reclama desde hace tiempo que se igualen los requisitos entre pisos turísticos y los alojamientos regulados en cuanto a infraestructuras y equipamientos. ¿Lo comparte?
R.– Es que ya lo hacemos. Lo que no ofrece una VUT es servicios de hostelería. Pero tenemos hojas de reclamaciones, extintores, damos parte de viajeros a la Policía y Guardia civil… Lo que no se puede decir es que no se hace. La mayoría de las VUT tenemos una seguro ampliado a huéspedes. ¿Qué además quieren un seguro de responsabilidad civil? Perfecto, lo que quieran. ¿Luces de emergencia? Pues si la tenemos que poner en la puerta de nuestra casa, la ponemos.
P.– La Asociación Hostelería, por su parte, solicita un mayor control sobre los viajeros que se alojan en cada vivienda, cuyo número en muchas ocasiones supera al anunciado inicialmente. ¿Alguna idea para lograrlo?
R.– No es así. No hay ningún dato que lo valide. Los propietarios somos los primeros preocupados por si eso sucede. Como ya le he dicho, hacemos un parte de viajeros y somos los primeros interesados en que no se moleste a los vecinos, en que se cumplan las normas de cada casa y en que no entren más personas de las admitidas. Y tenemos un formulario de entrada que los viajeros tienen que rellenar. Tenemos la obligación y lo hacemos.
P.– El pasado 16 de abril concluyó el periodo de consulta pública abierto por el Ejecutivo regional para aportar propuestas sobre el futuro decreto que regulará esta actividad en Cantabria. ¿Han presentado alguna?
R.– Sí. Básicamente hemos apuntado que la asociación no entiende las razones que llevan a redactar un nuevo decreto. Además, creemos que esta consulta pública está llena de vaguedades y falsedades. Que se nos atribuyen supuestas molestias sin concretar ni sostener ninguna de las valoraciones que se hacen. Igualmente, hemos advertido del peligro que supone hacer un decreto que viole nuestros derechos, por lo que explicamos la necesidad de que los servicios jurídicos hagan un trabajo profundo porque, de lo contrario, nos encontraremos con el decreto en los tribunales, como ha ocurrido con todos los publicados en España, salvo con el aún vigente en Cantabria. No se entiende que la única normativa que realmente ha sido sólida se quiera ahora cambiar. Simplemente es una cortina de humo para mirar hacia otro lado o para culparnos de la falta de vivienda. También les hemos dicho que el decreto actual es mejorable en muchos puntos. Y les hemos dicho unos cuantos. Primero, que realmente se aplique lo que se aprobó ya por consulta pública en 2022 de que no era necesaria la confirmación del administrador de fincas y que era posible cambiar la titularidad del contrato. Que, en cierta medida, estamos de acuerdo en que esta actividad se abra a sociedades siempre y cuando se limite el número de VUT a nombre de empresas o personas jurídicas. Luego, estamos diciendo que en Cantabria no se ha declarado aún ninguna zona tensionada. Por tanto, no hagamos cosas que sabemos de partida que pueden ser ilegales y que van en contra de la propiedad privada y del derecho constitucional en muchos casos. En verdad, creemos que no están buscando soluciones al problemas real, sino elaborando un decreto que de nada va a servir. Somos, insisto, los primeros perjudicados por las VUT ilegales. Finalmente, también les pedimos que defiendan nuestra modalidad de alojamiento tanto como hacen con otras porque somos igual de legales e igual de necesarias. Y, sobre todo, que no nos vinculen constantemente con la palabra ilegal. Porque no es así.
P.– ¿Qué espera entonces de este decreto?
R.– No espero nada. Más problemas y más viviendas ilegales, si cabe. ¿Qué cree que va a pasar con el nuevo decreto? ¿Que de forma mágica van a desaparecer todas las viviendas ilegales? Es ridículo. Lo que hay que hacer es luchar contra los ilegales, no contra los que crean un servicio. Lamentablemente, este decreto será nada, humo.
P.– Cuando anunció la creación de este nuevo marco jurídico, la Consejera de Turismo explicó que con este decreto no solo se trata de atajar el problema de los pisos turísticos que no cumplen con la normativa o no están registrados, sino abordar también a cuántas viviendas legales se puede dar cabida. ¿Para cuántas estima que hay espacio en Cantabria?
R.– Antes de nada habría que estudiar el número total de plazas de alojamiento, independientemente del modelo. Y habrá que aplicar esa restricción a todos los modelos. Lo que es absurdo es que a unos se les dé barra libre y a las VUT se les limite su actividad. Tendremos los mismos derechos que un hotel. Además, si miramos la realidad del mercado vemos que hay más demanda de viviendas de uso turístico que de plazas hoteleras. Porque está cambiando el modo de viajar y no podemos imponer cómo hacerlo. Las alternativas existen y coexisten en todos los sectores. Lo que ocurre es que ahora las VUT han llegado al sector hotelero. Si vamos a limitar las plazas, habrá que hacerlo de forma proporcional y en todos los modelos. Pero creo que no hace falta. El problema es si Cantabria cuenta con los servicios e infraestructuras necesarias para dar un servicio de calidad al creciente número de viajeros. A lo mejor no es el momento de limitar. Como he dicho, todos los modelos de alojamiento tienen su público. La competencia es buena. Vamos a ofrecer un turismo de mayor calidad y sostenible. Porque el turismo es de todos y para todos. No solo de unos cuantos y para los que quieren viajar de una manera determinada. Porque podemos y, sobre todo, porque es el sector económico que nos mueve.
Ana González Pescador, directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst): «Las pymes son nuestro objetivo fundamental»
Cumplido el 50 aniversario de la fundación del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst), su directora, Ana González Pescador, repasa las funciones de la institución, sus logros y también sus objetivos a futuro.
Pregunta.- Conmemoramos este año el 50º aniversario de su apertura, pero ¿cómo funciona actualmente y en qué retos y objetivos se encuentra inmerso el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst)?
Respuesta.- Hoy las políticas de seguridad y salud laboral de Cantabria están encomendadas al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Icasst desarrolla funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia, y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales (PRL), planificando y ejecutando planes y programas específicos diseñados para la ejecución de las políticas preventivas estableciendo líneas de fomento en materia de prevención de riesgos laborales. Además, es un órgano consultivo en cuyo seno se contiene y regula el Consejo Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el órgano colegiado asesor de la Administración de la comunidad autónoma de Cantabria en la formulación de las políticas de PRL y el órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se trata de un órgano de participación tripartita y paritaria de representantes de la Administración y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma. En cumplimiento de sus objetivos, acuerda las líneas estratégicas a desarrollar por la Administración en la política de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, así como en el seguimiento de cualquiera de las políticas y acciones destinadas a promover el desarrollo de la seguridad y la salud en el trabajo.
P.- ¿Cuál es en la actualidad la estrategia cántabra de seguridad y salud en el trabajo?
R.- La actual Estrategia 2023-2028 fue aprobada por consenso en el Consejo Cántabro de Seguridad y Salud y cuenta con cinco objetivos fundamentales: mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático desde la óptica de la PRL; mejorar la gestión de la seguridad y salud laboral en las pymes mediante la integración efectiva y la formación; reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad, incorporando la perspectiva de género; y fortalecer la coordinación institucional ante futuras crisis.
P.- ¿En qué está trabajando el Icasst y cuáles son los principales retos que afronta para el efectivo cumplimiento de esa estrategia?
R.- Indudablemente, y así se recoge en la Estrategia 2023-2028, las pymes tienen más dificultades para aplicar una efectiva prevención de riesgos laborales. Ellas son nuestro objetivo fundamental. Para ello hemos diseñado un nuevo programa de subvenciones para el fomento de la PRL en pequeñas y medianas empresas, abierto permanentemente a través de tres líneas totalmente innovadoras de ayudas. La primera para incentivar las inversiones para la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, a través de subvenciones que cubren gastos en nueva maquinaria y equipos de trabajo más seguros, líneas de vida, ventilación y motorización de equipos. Una segunda que persigue la mejora de la integración de la PRL, a través de subvenciones que incentivan que las pymes promuevan una mayor implicación de recursos propios frente a una excesiva o exclusiva externalización de actividades preventivas. Por último, la tercera línea de ayudas busca favorecer la protección, formación y entrenamiento de las personas trabajadoras con riesgo de exposición al amianto para garantizar su seguridad y salud y medidas de protección en general ante otros riesgos higiénicos, como ruidos, exposición a biológicos y cancerígenos etc… Estas ayudas se han publicado el 30 de abril y están en vigor desde el día 2 de mayo. Quiero animar a todas las pymes de Cantabria que tengan uno o más trabajadores a solicitarlas y poder así mejorar sus medios en el ámbito de la seguridad y salud laboral.
La directora del Icasst, en la apertura de la jornada celebrada para conmemorar el cincuentenario de la entidad, el pasado 26 de abril, junto al consejero de Industria, Eduardo Arasti, y alguno de los ponentes que intervinieron en el acto, entre ellos los exdirectores del Icasst Pedro Obregón y Alberto Cuartas.
P.- El Icasst juega también un papel como foro para el diálogo social en materia de prevención de riesgos, y también para favorecer actuaciones en esa línea por parte de sindicatos y asociaciones empresariales.
R.- Así es, y en ese marco comenzó, a finales de 2023, un nuevo programa de subvenciones dirigidas a financiar la realización de actividades en el ámbito de PRL conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en proyectos que son diseñados y ejecutados por las organizaciones empresariales y sindicales con presencia en Cantabria. En ellos se contemplan acciones de información para la difusión entre trabajadores y empresarios de los principios de acción preventiva de los riesgos laborales o de las normas concretas de aplicación de tales principios y también acciones de asistencia técnica dirigidas al estudio y resolución de problemas derivados de la aplicación práctica y material de las actuaciones preventivas. Además, y con apoyo de esta misma línea de subvenciones, está previsto realizar actuaciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales para el fomenten el conocimiento y la aplicación por empresarios y trabajadores de las disposiciones en materia de PRL.
P.- El Icasst tiene encomendada la promoción de una cultura de prevención en todos los ámbitos, también en el educativo. ¿Es una labor centrada en la Formación Profesional (FP), como etapa más cercana a lo laboral?
R.- A comienzos de este año ha vuelto a reunirse la Comisión Sectorial de Educación del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta comisión, que sí que está liderada por la dirección general de FP dada la importancia que tiene para sus alumnos en prácticas la formación acreditada en riesgos laborales, participan todos los agentes sociales (CCOO, UGT y CEOE) y tiene como fin mejorar la formación en el ámbito preventivo laboral entre todos los alumnos de Cantabria, en todas las etapas, desde primaria hasta la Universidad. Tal y como se recoge en la Estrategia, es fundamental acordar y coordinar entre todos la adecuada formación en prevención de riesgos a todos nuestros alumnos de Cantabria.
P.-¿Qué otras actuaciones se realizan desde el Icasst, pero no ya en el ámbito educativo sino en las propias empresas, en materia de formación y concienciación sobre PRL?
R.- En colaboración con todos los agentes e instituciones implicadas en la seguridad y salud laboral, se trabaja intensamente en la mejora de la determinación y detección de las enfermedades profesionales, en la reducción de la siniestralidad en los desplazamientos con la Dirección de Tráfico, e impartimos de forma permanente y gratuita formación online en PRL, además de llevar a cabo acciones formativas presenciales en este ámbito. También asesoramos a pymes y autónomos en prevención de riesgos laborales directamente y mediante el uso de la plataforma ‘Prevención_10’ que es una aplicación informática para realizar un diagnóstico del puesto de trabajo en materia de seguridad y salud laboral.
P.- Otra de las materias en las que el Icasst tiene las competencias es la investigación de la siniestralidad y la elaboración de estadísticas.
R.- En efecto. De forma permanente se llevan a cabo campañas de control de la siniestralidad en sectores concretos. Recientemente se han realizado en fabricación de productos metálicos e industria de la alimentación. Los resultados de ambas campañas han sido publicados en la nuestra web y difundidos en dos jornadas formativas celebradas tras su finalización. Además se investigan todos los accidentes graves y mortales y aquellos que, siendo leves, se investigan para establecer pericialmente el árbol de causas que los provocaron y las medidas correctoras a implantar que eviten que vuelvan a producirse.
P.- ¿Qué otras iniciativas concretas tienen previsto poner en marcha próximamente?
R.- Este año, con la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad, hemos acordado conjuntamente UC-Gobierno de Cantabria (Icasst) establecer un premio de investigación dotado con 6.500 euros al establecimiento de unas ‘clausulas tipo’ de referencia sobre seguridad y salud laboral para todos los convenios laborales de Cantabria. En estos días hemos iniciado además una campaña denominada ´Sílice cristalina respirable en actividades de fundición’ dirigida a empresas cuyo denominador común es la utilización de técnicas de fusión de metales (férricos y no férricos) por moldeo, sea esta la actividad principal de la empresa o simplemente una parte de su proceso productivo. La principal justificación de esta campaña es que se ha venido detectando un incremento de enfermedades profesionales relacionadas con el agente 4A (sílice cristalina respirable) en empresas en las que existe la técnica de fundición indicada, mientras que en otros sectores tradicionalmente afectados por este agente que ya han sido objeto de actuaciones en ejercicios anteriores, como las marmolerías, no se han detectado incrementos significativos.
P.- ¿Qué objetivos se persiguen en una campaña como esa?
R.- Fundamentalmente asesorar a las empresas para que puedan realizar una detección eficaz de los riesgos generados por la presencia de sílice cristalina respirable, concienciándolas de la necesidad de realizar evaluaciones de riesgos específicas. También asesorarlas en la implantación de una política de controles periódicos de la eficacia de las medidas preventivas y en la correcta gestión de sus obligaciones para con la declaración de las enfermedades profesionales.