Sociedades laborales: la alternativa desconocida
De entre todos los formatos de lo que se conoce como economía social, las sociedades laborales son por su regulación y condiciones la opción más próxima a la tipología de empresa convencional, pero son un modelo apenas utilizado por los emprendedores al elegir la forma jurídica de su proyecto. Quienes representan a este colectivo empresarial y quienes han optado por esta fórmula creen que el desconocimiento explica el poco uso que se da a una fórmula a la que ven más ventajas que inconvenientes. De las 769 sociedades mercantiles creadas en Cantabria en 2023, solo ocho fueron sociedades laborales.
José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Mayo 2024
Cooperativas y sociedades laborales tienen en común el contar con mención en la vigente Constitución, más expresa si se quiere en el caso de las primeras –”Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”–, pero igualmente inequívoca en las segundas, que ofrecen la fórmula jurídica más ajustada para cumplir el mandato con el que se completa ese artículo 129.2 de la Carta Magna: “También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
La segunda referencia constitucional supone un incuestionable privilegio reglamentario que, en cambio, no tiene un reflejo apreciable en la práctica: las cooperativas tienen un peso relevante en algunos ámbitos, pero muy limitado en otros, en tanto que las sociedades laborales, una forma jurídica equiparable en casi todo a la de cualquier otra sociedad mercantil, apenas es utilizada para dar soporte a las iniciativas empresariales. Pueden verse ahí las huellas de un incumplimiento del imperativo constitucional, pero también las consecuencias del escaso conocimiento que existe sobre unas figuras legales que, como todas, tienen ventajas e inconvenientes que pueden no hacerlas adecuadas para todos los casos pero que también, y esta sería ya una característica singular a valorar, difumina las tradicionales fronteras entre el empresario y el trabajador.
Durante el año pasado se constituyeron en Cantabria ocho sociedades laborales, una cifra muy pequeña desde cualquier punto de vista que se la considere, y que está en línea con los datos de los ejercicios inmediatamente anteriores. De acuerdo a lo contabilizado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2022 fueron siete las sociedades de este tipo constituidas, 11 en 2021 y 9 en cada uno de los cuatro ejercicios previos, con excepción de 2018, en que la cifra se quedó en ocho. Para encontrar datos significativamente mayores hay que remontarse hasta los años anteriores y posteriores al cambio de siglo, cuando reiteradamente se superaba la veintena, con el significativo caso, por excepcional, de 2001, en el que se llegó a las 45. Fueron aquellos unos años en los que era relativamente habitual que los trabajadores se hicieran cargo de empresas en crisis, o que pusieran en marcha proyectos propios capitalizando sus prestaciones por desempleo, una opción a la que por entonces solo podía recurrirse si la empresa resultante tenía esa forma jurídica.
Requisitos
Las sociedades laborales, ya sean anónimas o limitadas, son equiparables en prácticamente todo a cualquier otra mercantil, una cercanía que es algo menor en el caso de las cooperativas. A diferencia de estas, se rigen por una normativa estatal común a todo el territorio, de acuerdo a la cual para constituirse como sociedad laboral es obligado contar como mínimo con tres socios (aunque puede nacer con solo dos, siempre que incorporen a un tercero antes de 36 meses), ninguno de los cuales puede contar con más de un tercio del capital de la empresa.
En lo que probablemente es su principal elemento distintivo, la mayoría de las participaciones tiene que tener como propietarios a quienes trabajan en la empresa. Igualmente, esta figura empresarial persigue promover la participación de los trabajadores en la propiedad, por lo que establece que la mayor parte de quienes forman la plantilla sean también socios propietarios, según una fórmula que tiene en cuenta las horas trabajadas: las realizadas por trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no podrá superar el 49% del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores.
Cumpliendo esas premisas, las sociedades laborales pueden tener socios no trabajadores, como cualquier otra empresa, y también al igual que estas pueden obtener beneficios y repartirlos entre sus socios, aunque con la obligación legal de contar con una reserva especial a la que debe dotarse con el 10% del beneficio hasta que se alcance una cifra superior al doble del capital social.
La contrapartida a todas estas condiciones, que alguien podría interpretar como limitaciones, estaría en otras que casi cualquiera puede considerar ventajas: las sociedades laborales cuentan con exenciones fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en tanto que sus administradores, a diferencia de lo que sucede en una sociedad mercantil de otro tipo, pueden cotizar en el régimen general de la Seguridad Social como cualquier otro asalariado. Además, y cuanto menos en el caso de Cantabria, cuentan con una línea de ayudas específica.
Al balanceo entre pros y contras que puede derivarse de esas disposiciones se unen cuestiones quizá más complejas de valorar, pero que forman parte del argumentario de quienes representan o intentan promocionar este tipo de empresas, encuadradas en lo que se conoce como economía social: un mayor arraigo con el entorno, una mejor capacidad para generar compromiso del trabajador con el proyecto y, en último término, una especial fortaleza para hacer frente a situaciones de crisis. Lo cierto es que, en cualquier caso y a la vista de las cifras, de todo ello no parece resultar una mayor inclinación a utilizar esta fórmula jurídica para dar soporte a una iniciativa empresarial.
En su valoración de los datos, Eduardo Bra, presidente de la Asociación de Cooperativas y Sociedades Laborales de Cantabria (ACEL), prefiere poner el acento en el número de sociedades laborales que consiguen consolidar su actividad antes que en cuántas se constituyen cada año, un dato este último del que tampoco hace una lectura especialmente negativa: “En los últimos diez años se han creado muchas más sociedades laborales y cooperativas que anteriormente, pasando de constituirse entre 2 y 5 sociedades laborales al año hasta una media de 10”.
Con todo, el presidente de ACEL admite que existe poco conocimiento sobre esta figura jurídica, algo que achaca tanto al propio ámbito en el que emprendedores y empresarios toman las decisiones –”Siendo críticos con nosotros mismos, quizás no conseguimos hacer la suficiente difusión entre aquellos prescriptores que organizan la creación de empresas: asesorías, gestorías…”– como a la a su juicio escasa difusión que se hace de estas figuras en las diferentes etapas del sistema educativo: “No son fórmulas jurídicas que se den a conocer en el ámbito académico, ni siquiera en aquellos estudios relacionados con el derecho, la economía y las empresas. Aunque últimamente desde la Universidad parece que esto se está corrigiendo”, admite Bra que, en todo caso, cree que esa labor divulgativa debe comenzar antes, en los institutos: “Desde ACEL realizamos diferentes proyectos pilotos en la Educación Secundaria, a través de la creación de ‘cooperativas escolares’. Pero es algo que debiera estar en el currículo académico”.
“No son fórmulas jurídicas que se den a conocer en el ámbito académico, ni siquiera en aquellos estudios relacionados con el derecho, la economía y las empresas». Eduardo Bra, de ACEL
La mención que hace Eduardo Bra al creciente número de cooperativas y sociedades labores que consolidan su actividad anima a volver la mirada sobre el peso que este tipo de empresas tiene en la economía de Cantabria. Con la referencia que ofrecen las bases de datos con las que Cantabria Negocios elabora cada año su Directorio Empresarial, y teniendo en cuenta solo a las sociedades laborales –las cooperativas de trabajo no están obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil, lo que hace que tengan menos presencia de la que correspondería en esta relación– estarían activas en la región 125 empresas que operan bajo esta forma jurídica, de un total de algo más de 10.000 sociedades mercantiles de las que se recoge información en el listado.
Ese poco más de un 1% del tejido productivo que resultaría de esa referencia es ligeramente superior al porcentaje que las laborales tienen sobre el total de empresas constituidas en los últimos cinco años, pero sobre todo es un porcentaje mucho mayor que el de las constituidas en la década anterior, lo que avalaría la apelación del presiente de ACEL al buen desempeño de las empresas participadas por los trabajadores.
Las mayores sociedades laborales de Cantabria
A esa aproximación a lo cualitativo puede contribuir también el listado de las mayores sociedades laborales de Cantabria, que desmiente cualquier tentación de identificar esa tipología societaria con empresas de pequeño tamaño o circunscritas a determinado sector. En la primera posición de ese ranking se sitúa, de hecho, la que por facturación y empleo es también una de las mayores industrias de la región, el fabricante de menaje Vitrinor.
Constituida como sociedad anónima laboral (SAL) en 1995 para dar continuidad a una de las dos plantas con que contaba en Cantabria el extinto grupo Magefesa, la empresa de Guriezo es también una de las mayores sociedades laborales españolas, y la única de Cantabria que aparece en el informe sobre las más relevantes elaborado por la Confederación Española de la Economía Social (Cepes). Vitrinor facturó algo más de 44 millones de euros en 2024, con una plantilla media de 323 trabajadores.
Son cifras que convierten a la SAL cántabra en un ejemplo singular entre las sociedades laborales de la región, pero no tanto en una excepción. En ese ranking elaborado a partir de los datos de nuestro Directorio Empresarial, la seguirían Xtratos Gestión y Medio Ambiente y Tejasa TC, amabas sociedades limitadas laborales (SLL) con facturaciones superiores al millón de euros, condiciones ambas que comparten con las cuatro que las siguen en esa relación: Servicios Técnicos Eqdis, Santandent, Work Ove y Suministros Suances.
Hay en ese ranking industrias, laboratorios dentales, mayoristas y empresas que operan en el ámbito de la construcción y la ingeniería. Abriendo el foco a las que ocuparían las siguientes posiciones en esa improvisada clasificación de las mayores sociedades laborales cántabras, se confirma una heterogeneidad de actividades que descarta cualquier tentación de encontrar ahí un perfil que identifique a este tipo de empresas: la hostelería, el ocio, la comunicación o las nuevas tecnologías están perfectamente representadas en el listado.
La cántabra Vitrinor, constituida en 1995, es una de las mayores sociedades laborales españolas, y la única de Cantabria que aparece en el informe sobre las más relevantes elaborado por la Confederación Española de la Economía Social (Cepes)
Que cualquier actividad sea susceptible de concretarse empresarialmente bajo la forma jurídica de las sociedades laborales, o que éstas puedan dar lugar a proyectos de largo recorrido tanto en el tiempo como en su alcance, no significa que esta figura sea adecuada en todos los casos, o que aquellos requisitos que párrafos atrás se apuntaban como posibles obstáculos no lo sean realmente en algunas situaciones. Más allá de los condicionantes que puede suponer el operar sin una mayoría clara en la propiedad, la cláusula que probablemente más dudas puede provocar entre quienes valoren constituir una sociedad laboral, o incluso entre quienes ya funcionan como tal, es la obligación de incorporar como socios a una parte significativa de quienes trabajan en la empresa con contrato indefinido.
Aunque es un requisito flexibilizado en las últimas reformas legislativas –anteriormente no era posible tener trabajadores indefinidos no propietarios en las plantillas– es esta una condición que suele señalarse como una traba para el crecimiento de las sociedades laborales. Con la regulación actual, ese 49% de horas de trabajo que pueden sumar los trabajadores no socios frente a quienes sí lo son supone, en la práctica, que es posible contar con plantillas en las que la proporción entre quienes ostentan o no la condición de propietarios se reparte a partes iguales.
El margen que ello da para contratar sin que eso suponga emitir nuevas participaciones o acciones, o la venta de alguna de las existentes por parte de alguno de sus titulares, ha removido buena parte de las trabas que pudieran limitar el crecimiento, si bien la última reforma laboral ha añadido alguna dificultad en ese sentido. “Nos ha afectado porque obliga a consolidar un puesto trabajo como indefinido a los tres meses, que es muy poco tiempo para saber si a la empresa puede interesarle que ese trabajador sea socio, y a la inversa”, advierte Eduardo Bra, que considera que ese paso debería ser más “pausado y meditado” por ambas partes: “La conversión de la condición de trabajador a socio es mucho más estable, vincula mucho más, que el mero cambio del tipo de contrato”.
La reforma, explica el presidente de ACEL, también ha afectado a las sociedades laborales en lo tocante a la capitalización por desempleo: “No sólo de las empresas de nueva creación, sino en casos en los que a los trabajadores, después de un tiempo trabajando en una sociedad laboral, no se les permitía capitalizar para incorporarse como socios”. Esto último, apunta, se ha corregido de una manera provisional, a través de una disposición adicional de uno de los Reales Decretos consolidados.
De nueva creación
Las ocho sociedades laborales creadas el pasado año –que serían una más si tenemos en cuenta que la última cuya constitución publicó el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el pasado 2 de enero, inició su actividad en noviembre– se formalizaron atendiendo ya a esas modificaciones, y valorando los pros y contras de esa figura. Entre ellas hay restaurantes, estudios de diseño gráfico, industrias metalúrgicas, asesorías o empresas de construcción. Hay incluso una, constituida en mayo y disuelta el pasado mes de febrero, que no ha llegado a cumplir el año de vida, confirmando que esta figura societaria no es ajena a las circunstancias que comprometen la continuidad de los proyectos empresariales.
Aunque es también una de las sociedades laborales creadas el año pasado, la de Ynite SLL es una iniciativa que ya había probado su capacidad para competir en el mercado antes de constituirse como empresa. Puesta en marcha por Javier Fernández como autónomo en 2021, esta instaladora eléctrica se formaliza como empresa tras la incorporación de Esther Hernández. ¿Por qué como sociedad laboral? “Nos asesoramos, y vimos que así podíamos estar en el régimen general de la Seguridad Social y acceder a unas ayudas que nos han permitido llevar a otro nivel nuestra idea y crecer, pasar de ser tres trabajadores, más nosotros dos, a contratar otros tres más y poder ampliar nuestra cartera de clientes”, explica Esther, que con la mención a las ayudas se refiere a la línea de incentivos con la que el Gobierno de Cantabria viene apoyando desde hace más de una década la creación de sociedades laborales y cooperativas, así como sus inversiones y la incorporación de socios a estas empresas.
Ynite nació con Javier y Esther como únicos socios, de acuerdo a la normativa que permite aplazar la obligación de incorporar a un tercero antes de 36 meses, aunque asumiendo que probablemente antes de ese plazo tengan igualmente que hacerlo debido al incremento en el número de trabajadores con contrato indefinido. “Nunca hemos considerado esto un problema, nuestros valores son muy familiares y esa consideración de familia la tenemos con los trabajadores, esa es nuestra visión”, señala Esther. Javier, por su parte, confirma que, antes que un inconveniente, siempre vieron ese requisito de incorporar socios trabajadores como una ventaja: “Pensamos que la empresa somos todos, y que cuando subimos tenemos que hacerlo juntos, que los trabajadores vean que este es un proyecto de todos. No solo no nos pareció mal ese requisito, nos gustó”.