El presidente de la Asociación Cántabra de Vehículos de Transporte Concertado o con Conductor (VTC), Aurelio Crespo, aboga por una movilidad alternativa en la que asegura hay espacio para todos los modos de transporte. A la espera de que Cantabria empiece en unos días a sentar las bases de la legislación autonómica que regule el sector y supere el ultimátum normativo que se cierne sobre los servicios que prestan en las ciudades. El también propietario de la empresa Armoni Car pide un marco regulatorio semejante al aprobado en la Comunidad de Madrid. “Ese es el espejo en el que debemos de mirarnos”, sostiene convencido de que esta actividad tiene por delante un futuro muy prometedor en la región.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Julio 2021

La movilidad en las ciudades está cambiando a un ritmo nunca antes visto. De la mano de la digitalización y los avances tecnológicos, la mayoría de las urbes están apostando por un nuevo ecosistema en el que día a día ganan espacio sistemas de transporte alternativos a los convencionales y, singularmente, al uso del vehículo propio como principal medio de transporte. Este necesario proceso hacia soluciones más limpias y sostenibles de viajar ha dado pie no solo a la creciente electrificación del parque móvil, ya sea público o privado, sino también al uso compartido de vehículos, bicicletas, scooters, patinetes eléctricos y otros servicios que compiten con los tradicionales modos de transporte urbano. Una movilidad alternativa y conectada en la que de un tiempo a esta parte también luchan por hacerse un hueco los vehículos de transporte con conductor (VTC), un sector en constante expansión y con un futuro prometedor, según estima Aurelio Crespo, presidente de la Asociación Cántabra de VTC y propietario desde hace más de una década del Grupo Armoni Car dedicado a ofrecer servicios de alquiler de vehículos con conductor en la región.

“En un escenario en el que los coches privados cada vez van a tener más complicado acceder a los centros urbanos, es evidente que la sociedad va a demandar, y demanda ya, nuevas formas de moverse en la que estoy convencido de que cabemos todos”, vaticina Crespo en alusión al grave conflicto que hace años mantuvo enfrentados a los VTC con el sector del taxi, que se quejaba de que la falta de una normativa que regulase la actividad de los primeros beneficiaba claramente a este tipo de vehículos,  cuya presencia en las calles aumentó de forma exponencial en unos pocos años. De hecho, según reconoce Crespo, en Cantabria existen actualmente 531 licencias de taxi y unas 186 de VTC, lo que da una proporción de un vehículo VTC por cada 2,8 taxis, si bien puntualiza que alrededor de 80 de estas licencias operan fuera de Cantabria.

Para tratar de superar el problema, el Gobierno aprobó en septiembre de 2018 un Decreto Ley –el conocido como Decreto Ábalos– con el que pretendía limitar de alguna forma la actividad de los VTC y, de paso, proteger al sector del taxi tradicional, un gremio históricamente muy regulado en España.  La nueva norma impuso que a partir de entonces debía de cumplirse la proporción de un VTC por cada 30 taxis y que las licencias excedentes solo podrían prestar servicios interurbanos, pero no dentro de las ciudades, que es donde a la postre este tipo de vehículos llevan a cabo más del 90% de sus servicios a través de las plataformas Uber o Cabify.

Con el fin de evitar indemnizar económicamente a las empresas de VTC que se vieran afectadas por esta medida, el Gobierno decidió concederles una moratoria de actividad durante un periodo de cuatro años –hasta octubre de 2022–, que puede prorrogarse por otros dos si los titulares de estas licencias demuestran que el daño ocasionado es mayor que el previsto en su momento por el Ejecutivo.

Fin de la moratoria

A falta de unos pocos meses para que venza este plazo, a las empresas de VTC solo les queda agarrarse al Tribunal Constitucional, al que han pedido que se pronuncie sobre esta norma al considerar que el periodo indemnizatorio calculado por el Ministerio de Transportes es incorrecto –si el Alto Tribunal no se pronunciara antes de octubre, el sector ya ha anunciado que reclamará medidas cautelares–, o esperar a que las autoridades locales o autonómicas, a las que el Gobierno central les cedió las competencias sobre la materia, lo regulen de otra manera. Esto es, precisamente, lo que ya han hecho algunas comunidades, incluida Madrid. “Ese es el espejo en el que tenemos que mirarnos”, precisa Crespo anticipándose así a la reunión que, según anuncia, mantendrá con la Dirección General de Transportes del Gobierno cántabro el próximo 9 de junio para sentar las bases del primer borrador de la futura normativa regional.

¿Y qué establece la legislación madrileña? “Un marco regulatorio que delimita las condiciones de los servicios que podemos ofrecer unos y otros pero en el que cabemos todos”, insiste en precisar este empresario titular de 24 licencias de VTC y de otras dos de taxi en Santander. Básicamente –explica Aurelio Crespo–el proyecto de ley de la Comunidad de Madrid aprobado el pasado 4 de mayo estipula que los vehículos de transporte con conductor no pueden acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como son la recogida en la calle a mano alzada o las paradas específicas, y que sus servicios deben ser previamente contratados.

En esa precontratación a precio cerrado radica, precisamente, la principal diferencia entre el taxi y un VTC, resalta Crespo antes de aclarar que los precios de estos últimos fluctúan en función de la demanda. “A mayor demanda, lo que suele ocurrir los fines de semana, mayores precios”, admite este empresario que espera cerrar el ejercicio con una facturación cercana a los dos millones de euros en su empresa. A juicio de este emprendedor que hace once años se hizo cargo del Grupo Armoni Car, que por aquel entonces contaba con una flota de cinco vehículos y al que hace apenas dos años, en plena pandemia, sumó dentro del mismo paraguas empresarial la sociedad Milenium Movilidad, los taxis y VTC actuales son suficientes para satisfacer las necesidades de movilidad de Cantabria.

En su análisis del sector, Crespo rememora que Santander fue hace poco más de tres años –en abril de 2019– la primera ciudad española en donde los usuarios pudieron elegir desde la aplicación de Cabify entre un servicio VTC o un taxi tradicional. Entonces, recuerda, su empresa empezó a prestar este servicio integrado con tres vehículos y en la actualidad ya son 25, “pero no solo míos, sino también de otros partners”, aclara.

Previsiones de crecimiento

Según sus estimaciones, el crecimiento de este tipo de vehículos llegará a estabilizarse en torno a los 40 o 45 durante los meses estivales de mayor demanda, una cifra que reduce a la mitad en temporada baja. “Quizá este verano aún no alcancemos estos números, pero las proyecciones del estudio que se ha realizado sobre el sector así lo apuntan”, explica.  Aunque la mayor demanda de este tipo de vehículos se registra en horario nocturno y durante los fines de semana, el presidente de la Asociación Cántabra de VTC sostiene que el incremento de usuarios durante la jornadas diurnas está siendo igualmente exponencial. “Estamos creciendo a tasas del 5% mensual. Además de personas jóvenes, ejecutivos y empresarios que viajan, el perfil más habitual de cliente, entre nuestros usuarios también hay personas de avanzada edad que se han dado cuenta de que la aplicación móvil para contratar estos servicios es muy fácil de usar”, reconoce.

Si bien admite que los trayectos dentro de las ciudades son los más demandados, Crespo apunta a que su empresa, que cuenta con una plantilla próxima a los cuarenta trabajadores, de los que 32 son conductores, también presta otros servicios. Así, y además del habitual traslado al o desde el aeropuerto cántabro, Armoni Car ofrece servicios en vehículos con conductor para bodas, despedidas, asistencia a congresos,  desplazamientos privados o para realizar rutas turísticas.

La subida en el precio de los combustibles

Una cartera de servicios que en la actualidad prestan en un contexto de “incertidumbre total” por culpa de la escalada de los precios de los combustibles, según asume con preocupación. “De promedio, los costes de carburante se han incrementado más de 200 euros al mes por vehículo, una subida que, de momento, aún no hemos repercutido en nuestros clientes. Pero evidentemente está resultando una situación muy difícil de gestionar. El Gobierno aprobó para todas las empresas de movilidad una ayuda de 300 euros por vehículo hasta mayo. Pero no sabemos que va a ocurrir a partir de junio. Estamos a la espera de lo que decide el Ejecutivo central”, concede.

A este complicado escenario, Crespo añade los problemas de suministro en algunos componentes de los automóviles, especialmente los microchips que, según anuncia, están comprometiendo la renovación o el aumento de su flota. “Ya lo hemos sufrido este año. Por ley, los VTC no pueden tener una antigüedad superior a los diez años. En nuestro caso, los renovamos cada siete. La mayoría de nuestros vehículos son Toyota, pero este ejercicio hemos tenido que adquirir cuatro vehículos de la marca Suzuki, que comparte mecánica con Toyota, porque éstos no tenían stock y nos daban de plazos de entrega superiores a los seis meses”, expone sobre este problema que, según plantea, aún podría complicarse más en caso de que algún vehículo sufriera una avería o un siniestro.

Pese a todo, el propietario de Armoni Car y presidente de la Asociación Cántabra de VTC se muestra muy optimista sobre el futuro del sector en Cantabria. “Estamos en una comunidad que está creciendo turísticamente, al igual que las restantes del norte de España. El cambio climático va a suponer que los viajeros huyan cada vez más del calor extremo del las regiones del sur y busquen destinos más templados. Pero si vendemos una Cantabria moderna y llena de oportunidades turísticas, también tenemos que tener unos servicios adaptados a las necesidades de movilidad alternativa que plantea el siglo XXI”, concluye esperanzado.