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“Nos jugamos el futuro de Cantabria en los tres próximos años”

Álvaro Herrero, presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de Cantabria, cree que la industria cántabra necesita superar cuanto antes la falta de personal cualificado, mejorar su competitividad, generar nuevas oportunidades y facilitar que las empresas ya consolidadas ganen en tamaño. El también director de proyectos de automoción de Industrias Jacinto Herrero reclama una estrategia energética de país y aboga por reforzar la indispensable colaboración publico-privada para superar los problemas que pueden impedir a España y Cantabria aprovechar la ola reindustrializadora que augura para Europa.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Junio 2022

Tras poco más de un año al frente de la Comisión de Industria de la Cámara de Comercio de Cantabria, Álvaro Herrero sostiene que la industria cántabra necesita superar cuanto antes la falta de personal cualificado, mejorar su competitividad, generar nuevas oportunidades y facilitar que las empresas ya consolidadas ganen en tamaño. Convencido de que Europa va a vivir un movimiento de reindustrialización que puede beneficiar al sector, apela a crear suelo industrial a precios competitivos y apuesta por la implantación de la tecnología 5G. El también director de proyectos de automoción de Industrias Jacinto Herrero teme que lo peor del incremento de los precios de la energía y del gas aún esté por llegar, por lo que reclama una estrategia energética de país, aboga por reforzar la indispensable colaboración publico-privada y defiende que los fondos europeos son la gran oportunidad para garantizar el futuro industrial en la región.

Pregunta.– Algunos expertos opinan que la industria en Cantabria está perdiendo protagonismo. ¿Comparte esta visión?
Respuesta.– Sí. De todas formas, se trata de una cuestión general de la economía española. El peso de la industria nacional está yendo a menos y no lo logro entender. Porque el sector industrial es una fuente de empleo estable y cualificado y una vía de solución a los problemas que tenemos. En el caso de Cantabria, donde la pérdida de PIB industrial es más acusada, confío en que, al ser una comunidad pequeña, cualquier proyecto que surja tenga un impacto positivo a corto plazo.

P.– ¿Cuáles son, a su juicio, las necesidades más urgentes a las que se enfrenta el sector industrial en la región?
R.– Para mí hay cuatro cuestiones básicas: la falta de personal cualificado, tanto de FP como universitario; mejorar la competitividad industrial en temas como conectividad, infraestructuras o precio de la energía; generar nuevas oportunidades, facilitando el emprendimiento o incluso la simplificación administrativa; y facilitar que la industria tradicional y las empresas que ya estamos consolidadas ganen en tamaño, ya sea mediante suelo industrial o la transformación digital de las compañías. Estos son, a mi juicio, los cuatros pilares o focos en los que deberíamos volcar nuestros esfuerzos

P.– ¿En qué sectores industriales cuenta Cantabria con mayor potencial de desarrollo y crecimiento?
R.– Creo que estamos en un momento clave en el que se va a producir un movimiento de reindustrialización en Europa a todas las escalas. Hemos vivido situaciones de incertidumbre, paradas de producción y muchos problemas que han sacado a la luz que igual nos hemos pasado de frenada en la globalización. Y que en ocasiones se pone en riego las cadenas de suministros. Por eso, estimo que va a haber una relocalización de las industrias estratégicas y eso nos va a beneficiar. Yo le puedo hablar de mi sector, el de automoción, que tiene un importante peso específico en la industria de Cantabria y que, además es tractor de otras industrias, como las TIC. Creo que va a haber un crecimiento de las industrias que ya estamos aquí.

P.– ¿El polígono de La Pasiega está llamado a marcar un antes y un después en el desarrollo industrial de Cantabria?
R.– La Pasiega será bueno para Cantabria en tanto pueda ser un proyecto estratégico en la actividad portuaria y logística de la región. Pero decir que va a haber un antes y un después me parece un poco exagerado.

P.– En este sentido, ¿hasta qué punto la falta de disponibilidad de suelo industrial representa un problema que condiciona las posibilidades de crecimiento y supervivencia de la industria de Cantabria?
R.– Lo es. Hay un déficit importante de suelo industrial en Cantabria. Estamos en una posición de desventaja competitiva con relación a las comunidades limítrofes. Por ejemplo, el precio del metro cuadrado en Burgos está en torno a los 40 euros; en Vitoria, alrededor de los 65 euros; y en Aguilar de Campoo prácticamente te ponen el suelo gratis. En Cantabria, sin embargo, el precio está entre los 100 y 120 euros el metro cuadrado. ¿Puede ser factible aprovechar los terrenos de Sniace o la ampliación del polígono industrial de Guarnizo, que es otra de las posibilidades que se están planteando? Sí, siempre y cuando sea a un precio competitivo. Si no, perderemos la oportunidad porque hay muchas empresas que no pueden acometer esas inversiones para crecer.

P– ¿La mejora de las infraestructuras de comunicaciones sigue siendo una asignatura pendiente en el desarrollo industrial de Cantabria?
R.– Va a ser una ventaja competitiva en el futuro. Hablamos tanto de las digitales como de las físicas. En las digitales, creo que tenemos que hacer una apuesta firme por la implantación de la tecnología 5G en Cantabria, que va a ser una ventaja competitiva a nivel industrial. En cuanto a las físicas no debemos perder la oportunidad del corredor del Atlántico, por lo menos conectarnos de alguna manera con Bilbao y de ahí con el resto. Además, contamos con un buen puerto y un buen aeropuerto.

P.– El elevado coste de la energía y del gas ha comprometido durante los últimos meses la actividad de no pocas empresas, algunas de las cuales se han visto obligadas a modular sus producciones. ¿Se está recuperando la normalidad?
R.– No. Es más, creo que aún puede venir épocas peores. Al final, Europa tiene una dependencia energética muy fuerte del gas ruso. Y ahora mismo la estrategia europea pasa por buscar fuentes alternativas, que no es fácil. Eso va a requerir de tiempo y probablemente haya problemas para ajustar la demanda, lo que provocará picos de precios que nos van a seguir afectando. Esto no es cosa de unas semanas o meses. Mi empresa no es electro intensiva, por lo que no tengo mucha más información, pero creo que aún queda tiempo por delante hasta que se normalice la situación.

P.– ¿La eficiencia energética en las pymes y grandes empresas industriales ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación?
R.– Ya lo era antes de que se registraran los picos en los precios de la energía. La industria en general lleva ya tiempo apostando por proyectos de ahorro energético y autoconsumo. Lo que ocurre es que en 2020 el precio del kilovatio hora en Alemania estaba a la mitad que en España. Frente a eso, no existe estrategia de eficiencia que lo equilibre. Lo que falta realmente es una estrategia energética a nivel país.

P.– El sector de las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) cántabro es estratégico por su capacidad de innovación y desarrollo de nuevos productos y funcionalidades con aplicaciones en multitud de sectores productivos, incluidos la automoción o la economía circular. ¿Lo suscribe?
R.– Sí, por supuesto. Es un sector muy transversal que ayuda no solo al industrial sino también al de servicios e incluso al sector primario. Sin duda va a ser un generador y palanca de nuevas oportunidades y de nuevos empleos.

P.– ¿Cree que el futuro industrial de la región a medio plazo descansará en gran parte en la economía azul?
R.– Como región tenemos que estar abiertos a cualquier innovación industrial que se pueda producir, máxime cuando contamos con recursos que pueden ser potencialmente buenos para ello. Pero creo que también hay que seguir poniendo el foco en la industria tradicional, que es la que actualmente está sustentando toda la actividad industrial. No podemos perder el foco de lo que actualmente está dando riqueza a la región. Obviamente hay que apoyar todas las iniciativas, pero creo que ambas son necesarias y complementarias entre sí.

P.– ¿Los fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son la gran oportunidad para la reindustrialización de Cantabria?
R.– Son la gran oportunidad. De hecho, creo que en los próximos tres años nos jugamos el futuro de los siguientes veinte de Cantabria. Por tanto, pongámonos a trabajar conjuntamente –empresas, administraciones, instituciones y sociedad– y eficientemente para hacer las cosas bien en estos tres años porque luego ya no valdrá lamentarse. Tenemos que intentar sacar el máximo provecho a estos fondos, porque si no lo va a hacer el de al lado. Aquí la diferencia va a estar en llegar al sitio en el que tenemos que estar antes que los demás.

Álvaro Herrero, en la sede de la Cámara de Comercio de Cantabria, en Santander.P.– La colaboración público-privada, ¿atraviesa un buen momento?
R.– Independientemente de que pase o no por un buen momento, lo que está claro es que no tenemos otra posibilidad. Decía antes que nos la jugamos en estos próximos tres años. Viene un tiempo de trabajo conjunto y de colaboración público-privada muy intensivo. Lo que le puedo decir es que desde esta Comisión estamos dispuestos a trabajar desinteresadamente y de un modo muy comprometido por la región en proyectos ilusionantes y que sean tractores. El que no esté dispuesto a colaborar, lo mejor que puede hacer es apartarse y no molestar.

P.– Hay quien critica que Cantabria en una comunidad poco acostumbrada a grandes colaboraciones y que históricamente su tejido empresarial se ha caracterizado más por el individualismo que por el asociacionismo. ¿Seguimos igual o las cosas están cambiando?
R.– Mi experiencia durante el último año en esta Comisión es que tanto la Cámara de Comercio como CEOE o la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar (Acefam) estamos alineados, con una sintonía muy buena y trabajando con mucha responsabilidad para que todos los proyectos que se están poniendo en marcha en la Cantabria lleguen a buen puerto. Y le pongo un ejemplo: el proyecto de simplificación administrativa. Las tres organizaciones nos hemos puestos a disposición del Gobierno regional para ayudarle en esta tarea. En este sentido, creo que se está trabajando muy bien en el día a día. Al final, no dejamos de ser una comunidad autónoma pequeña en la que todos compartimos casi siempre los mismos intereses. Lo mejor, por tanto, es sumar fuerzas.

P.– Otro mal endémico es la falta de personal cualificado para la industria y la adecuación de la FP a las necesidades de la empresa. ¿Qué espera del reciente anuncio de Pedro Sánchez de destinar 1.238 millones de euros a la modernización de este tipo de estudios?
R.– Que generen el impacto necesario. Eso es lo único que le pido. Hay un 30% de paro juvenil y hay un 20% de puestos vacantes en las empresas porque no encontramos los profesionales necesarios para cubrirlos. Esto es una distorsión del mercado laboral que no tienen ningún sentido. En los países de la Unión Europea en los que la FP Dual está muy implantada el paro juvenil no llega al 10%. Es la solución. Además, la FP Dual es compatible con una universidad potente, pero ambas se tienen que basar en la excelencia y en buscar la empleabilidad de sus alumnos. Es tan importante que salgan buenos universitarios como buenos profesionales de la FP. Pero de esta situación también tenemos culpa las familias porque creíamos que esta opción formativa no era digna para nuestros hijos.

P.– La anunciada huelga indefinida a partir del 2 de junio en el sector del metal, que afecta a más de 20.000 trabajadores, augura una vuelta a la conflictividad laboral en Cantabria ¿Teme que este conflicto suponga el principio del fin de la paz social?
R.– Estamos en un proceso de reindustrialización de Europa y va a ver oportunidades para todos, también para Cantabria. Por ejemplo, no hay semana en mi compañía en la que no se esté ofertando un proyecto que está fuera y que se quiere traer para Europa o a España. Estamos en un momento en el que debemos actuar con responsabilidad y ser conscientes de que en España y en Cantabria tenemos un problema de productividad industrial, que ha bajado siete puntos en un año. Mientras que en el resto de la UE ya están en niveles de productividad previos a la crisis, aquí aún no los hemos alcanzado. Esto nos deja en una posición de clara desventaja frente a nuestros competidores. Que planteemos en este escenario una revisión salarial es normal, pero también deberíamos intentar entre todos aumentar los niveles de productividad porque, de lo contrario, este aumento salarial no se sustenta en el largo plazo. La productividad en España se ha visto muy afectada porque, sobre todo a raíz de la pandemia, la generación de empleo ha sido en su mayoría público, pero apenas ha habido empleo privado. Y eso, evidentemente, afecta a la productividad

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Emprender contra la corriente

El encadenamiento de crisis al que dio origen la pandemia ha alimentado incertidumbres y dificultades que no parecen especialmente propicias para impulsar proyectos empresariales de autoempleo, pero también ha servido como acicate para que muchas personas se animen a trabajar por cuenta propia. Ya sea como recurso para superar una situación de desempleo, o por el convencimiento de la necesidad de tener un mayor control sobre la propia carrera profesional, casi 400 personas optaron el año pasado por iniciar un proyecto empresarial en el que desarrollar su vocación. Tres de ellas repasan las circunstancias que les llevaron a dar el paso, hacen balance del tiempo transcurrido y valoran la influencia que la crisis sanitaria ha tenido en la gestación y puesta en marcha de su idea.

Cristina Bartolomé |  @criskyra | Julio 2022

Emprender un negocio o una ocupación profesional propia es la vía por la que han optado en Cantabria 371 personas en 2021, un año que podría pensarse que no ha sido especialmente propicio para ello. Ya sea por una causa o por otra, el hecho es que la pandemia, que tantos negocios arrasó, ha impulsado a trabajadores de sectores muy variados a abrirse camino en solitario en búsqueda de una salida profesional en medio de un ambiente laboral incierto. El común denominador puede ser también el deseo de ser dueño del propio trabajo y sus beneficios y el sentirse independiente para tomar decisiones. Crear un propio proyecto empresarial puede tener esas ventajas que, en la mayoría de las ocasiones, compensa el riesgo y el esfuerzo de ponerlo en marcha.

Carolina Peña, con alguno de los productos de Bollos del Mundo.

Así se desprende del relato de varias emprendedoras que han dado el paso de serlo tras la crisis sanitaria o que, habiendo ya pilotado sus propios proyectos con anterioridad, han buscado nuevos caminos en este tiempo. Carolina Peña, licenciada en Turismo, trabajaba en una empresa relacionada con el alquiler de vehículos que ya cerró antes de la pandemia. Desde agosto de 2021 gestiona un obrador, Bollos del Mundo, ubicado en General Dávila 242, donde elabora repostería internacional, y se muestra convencida de que el paso dado ha sido el correcto. “Desde luego que prefiero este trabajo, porque el anterior era una empresa grande en la cual no puedes desarrollar todo tu potencial, siempre estás a expensas de lo que marcan los demás. Ahora yo marco mis pautas, mi camino, si me equivoco, me equivoco yo, pero si va bien, también acierto yo”, recalca en un repaso las ventajas que tiene el trabajo por cuenta propia: “Ahora sé por dónde tengo que ir”, resume.

El caso de Carolina es el claro ejemplo de ese mantra tan repetido: ‘haz de tu afición tu profesión’. Cuando se quedó sin trabajo decidió desarrollar lo que le apasionaba, la repostería: “Siempre me ha gustado mucho, más que un hobbie era una pasión en la que además, me he formado”. Su afición por viajar y el gusto por los postres, sumado a la escasez de este tipo de productos en Santander, le dio la idea: “Siempre me llamó la atención la bollería de los países nórdicos, por ejemplo, así que investigando fue surgiendo la de otros países, y fui viendo la posibilidad de ofrecer todo eso en Santander, donde no lo había. Al menos yo lo quería comprar y no lo encontraba”.

Bollos del Mundo se basa en la venta bajo pedido, aunque siempre hay una pequeña exposición en el obrador con la que puede atender a quien se acerque hasta allí. Pero su principal cliente es un cliente ‘on line’,  con pedidos de toda España, por más que también sirva en mostrador y tenga ya una notable cartera de clientes entre los vecinos de la zona de General Dávila. Quienes compran sus dulces, explica Carolina Peña, buscan algo concreto: “Nuestro cliente es una persona a la que le gusta algo un poco especial, delicatessen, que sea algo diferente, con buenos ingredientes y sabores, es un cliente que busca algo bueno”.

Marián Sáncal, creadora en 2020 de la consultoría que lleva su nombre y de Translational Hub.

Las cosas están funcionando y hoy en día el esfuerzo se centra en desarrollar el negocio y aumentar la cartera de clientes: “Estoy trabajando bien, estoy muy contenta porque en estos meses ha sido un crecimiento lineal bastante bueno. Espero que la cosa vaya mucho mejor y seguir creciendo, voy a seguir adelante, desde luego, con todas mis fuerzas”.

La Consultoría Marián Sáncal y Translational HUB son dos proyectos que surgen también durante la pandemia. En 2019 Marián Sáncal cerró su compañía Método Sáncal y desde entonces ayudaba a empresas en procesos de transformación organizacional. Los resultados le llevaron a plantearse constituir una consultoría y, aunque desde enero de 2020 preparaba ya el proyecto, trabajó un tiempo por cuenta ajena: “Me seleccionaron para dirigir una empresa de retail cuyo contrato firmaba el lunes 16 de marzo de 2020. Nos confinaron el 15, y me lo tomé como una señal”.

Aportar conocimientos y experiencia podía suponer en esos momentos un valor diferencial, reflexionó, y apostó por la Consultoría Building Future de transformación organizacional para, dice, “ayudar a las empresas a transitar hacia un nuevo paradigma que las hiciera capaces de liderar en máxima incertidumbre”. También se planteó cómo escalar estas nuevas formas al territorio, y comenzó un doctorado sobre ello en la Universidad de Cantabria.

Tras renunciar a una renovación del contrato, nació su proyecto personal: “Una crisis pone de manifiesto que hay cosas que no funcionan, y ahí siempre hay una gran oportunidad. El Covid, creo, ha evidenciado que los sistemas bajo los que operamos hacen aguas, que la manera de organizarnos en estructuras piramidales ya no ofrece soluciones a los nuevos retos”. Marián Sáncal cree que es necesario un cambio de paradigma en el liderazgo, en las empresas y organizaciones y en los territorios: “A esta triple transformación me dedico desde la pandemia. La experiencia ha sido brutal”.

Marián Sáncal lanzó la primera Escuela de Transformación Organizacional con un programa online, trabajando con directivos de España, México y Colombia: “Haber dado apoyo durante la pandemia a estos líderes me ha permitido impactar a más de 20 compañías haciendo realidad mi propósito: aportar un valor diferencial”.  Las circunstancias obligaron a soluciones ‘online’, y ahora cuenta con un sistema híbrido, 70% online y 30% presencial.

Carolina Rodríguez muestra en el móvil la app de su empresa, dedicada a la organización de fiestas.

Además, a finales de 2020 fundó el polo de innovación territorial Translational HUB, con el apoyo del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Comenzó con 9 personas y hoy son ya 18 en dos equipos, uno en Santander y otro en el Valle de Asón: “Nuestro objetivo es ampliar estos nodos de acción a todos los valles de Cantabria para detectar los problemas de cada zona y facilitar las herramientas de ingeniería social desarrolladas por el MIT para co-crear soluciones sostenibles”.

Cabe preguntarse si el nuevo camino que emprendió puede ser un ejemplo de la transformación a la que abocó la pandemia en otros profesionales y empresas. Marián Sáncal piensa que la pandemia ha puesto de manifiesto que operar en el siglo XXI con estructuras y gestión del siglo XIX está provocando frustración y falta de resultados en las organizaciones: “Podemos decir que somos una ‘especie inadaptada’ al entorno. Y cuanto más ‘extremo’ se vuelve el entorno, más inadaptados nos volvemos. La pandemia ha expuesto el problema de base: la forma que tenemos de relacionarnos en nuestras organizaciones está completamente obsoleta”.

Carolina Rodríguez creó su propio proyecto empresarial tras superar algunos obstáculos.  Es venezolana, madre de dos adolescentes y emprendedora que, en medio de la pandemia, decidió reinventarse y comenzar su negocio de personalización de accesorios y prendas de vestir por un lado y, en paralelo, poner en marcha una empresa de organización de fiestas con decoración de tipis, tienda de forma cónica típica de las comunidades indias y nómadas. “Mi objetivo era ofrecer una forma original de celebrar cumpleaños o cualquier evento, donde los niños puedan disfrutar de manera diferente con juegos, manualidades, cine, música y cualquier actividad recreativa y educativa”.

Las cosas no han sido fáciles para Carolina. Cuenta que cuando decidió emprender aun no tenía permiso de trabajo y estaba a la espera de la tarjeta de residencia: “Soy venezolana y me tocó emigrar a España por la situación en mi país en junio de 2018. Mi mayor impacto al llegar es cuando me dicen que debo esperar entre 6 meses y un año para recibir el permiso de trabajo. Al verme en esa situación supe que debía hacer algo mientras esperaba ese deseado permiso”.

En su afán por formarse, Carolina Rodríguez encontró el programa ‘Mujeres emprendedoras’ patrocinado por Coca-Cola y se unió en diciembre del 2019: “Una experiencia única, nos dieron toda la información y contactos para emprender en Santander, que era lo que yo quería y, aunque con temor, decidí aventurarme y fui a la Cámara de Comercio a solicitar colaboración para realizar mi proyecto de negocio”.

Y en eso llegó la pandemia. Sin embargo, para Carolina fue una especie de tiempo de gracia:  “Siempre lo digo, para mí la pandemia fue un momento para centrarme en mi empresa, decidir qué hacer y cómo hacerlo, redactar mi proyecto, buscar proveedores… Pasaba horas en internet, con muchas dudas, porque no estaba en mi país y no dominaba el tema de proveedores, pero cada día le iba dando forma a eso que yo quería”. Cuando concluyó el confinamiento y finalmente recibió la tarjeta de residencia, pudo tramitar toda la parte legal y darse de alta como autónomo. “Pedí un crédito bancario que a través de la Cámara de Comercio y la carta de viabilidad me fue otorgado” y con ello pudo adquirir materiales y maquinaria.  “A partir de ahí, empecé a trabajar día y noche desde casa”.

Carolina explica que la experiencia con la Cámara de Comercio fue única, y está “enormemente agradecida” a David Ramos, responsable de Creación de Empresas y Comercio Minorista de la entidad cameral que, destaca “siempre dispuesto a ayudarte y orientarte”. Recomienda acudir a la Cámara a cualquier emprendedor, o al Coworking del Ayuntamiento de Santander, o al Centro Internacional Santander Emprendimiento: “Y a toda formación que te ayude a dar un salto a tu negocio, con gente profesional que te capacita para mejorar tu emprendimiento, aquí en Santander lo tienes y es gratis”.

Tras los meses de preparación, Carolina Rodríguez empieza a ver florecer su empresa y le gustaría ampliar el negocio: “Hacer más cosas que por miedo a la pandemia había decidido no hacer, pero ver la satisfacción de los clientes me hace seguir adelante y apostar más por mi proyecto”. ¿Algún consejo para emprender? “Todo comienzo es difícil, pero la perseverancia y la constancia te hacen fuerte, solo debes confiar en ti, ser curioso, asistir a eventos de emprendedores y reunirte con gente que, cómo tú, está saliendo adelante”.

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El ‘kit digital’ pone a prueba las ayudas de Europa

Aunque los fondos de recuperación y resilencia ya se han utilizado en programas relacionados con la eficiencia energética en edificios o con la movilidad, la ayuda al mantenimiento del empleo en micropymes y el llamado ‘kit digital’ son los primeros programas en los que su uso supondrá aportaciones directas a las cuentas de las empresas. Será también la primera vez que se pondrá a prueba el funcionamiento de los mecanismos para promocionar, gestionar, controlar y hacer efectivas las ayudas, con el reto de cumplir uno de los principales objetivos con los que se han diseñada los fondos europeos: que el dinero llegue rápidamente a la economía real. El ‘kit digital’, que cuenta con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros y un millón de empresas potencialmente beneficiarias, publicó en marzo su primera convocatoria, que sirvió como auténtica piedra de toque para calibrar el funcionamiento de todo el sistema. Destinada a empresas de entre 10 y 50 trabajadores, la ayuda se agotó rápidamente, algo que puede repetirse en las convocatorias de los próxios meses, destinadas a las empresas más pequeñas y a los autónomos.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2022

El fogonazo de las grandes cifras, y el anuncio de los proyectos a los que pueden dar lugar, deja un amplio espacio de sombra donde, lejos del ruido mediático y fuera del foco del interés político, se mueven quienes más directamente viven las incertidumbres del mercado y de los que depende, en último término, la toma de decisiones para hacerles frente en las mejores condiciones. Con las millonarias inversiones en juego en La Pasiega y el Mupac –por mencionar dos de los que no han pasado el filtro europeo– o en Solvay y la Central de San Miguel de Aguayo –si nos referimos a alguno de los que está pendiente de esa aprobación– podría discutirse la relevancia de aportaciones de entre 2.000 y 12.000 euros destinadas a financiar actuaciones con presupuestos no mucho mayores de esa cantidad, pero es precisamente ahí donde los fondos europeos para la recuperación van a poner a prueba su capacidad para cumplir con los objetivos para los que han sido diseñados. También es ahí, en la capilaridad de las aportaciones destinadas a pymes y autónomos, donde tendrá su verdadera piedra de toque todo el mecanismo diseñado por la UE para hacer llegar esos incentivos a la economía real, garantizando que todo se haga conforme a los fines para los que se ha diseñado este mecanismo pero, al tiempo, evitando que la carga burocrática de todo el proceso frene la puesta en marcha de proyectos o, en lo que sería el principal riesgo, queden sin emplearse recursos por falta de actuaciones susceptibles de optar a estas ayudas. Aunque habrá nuevas oportunidades para hacerlo, la apertura del primer plazo para presentar solicitudes al llamado ‘kit digital’, el pasado 15 de marzo, ha dado una primera oportunidad para calibrar el funcionamiento del sistema, que tiene en ese programa el desafío de distribuir 3.067 millones de euros entre un millón de potenciales beneficiarios, y conseguirlo en un plazo de menos de tres años.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, junto al director general de Trabajo, Gustavo García, en la jornada celebrada en la Cámara de Comercio para dar a conocer el programa de ayudas de su departamento, que supone la primera línea de incentivos europeos directamente destinada a pymes.

El compromiso de la UE para aportar financiación que contribuya a la transformación económica en la era postcovid ha supuesto ya inyecciones de capital en programas como los destinados a la mejora de la eficiencia energética de los edificios o los planes para la renovación de la flota de vehículos, pero con el kit digital será la primera vez que estas aportaciones vayan directamente a financiar la adquisición de productos y servicios por parte de las empresas, con el consiguiente impacto en el mercado tanto en la parte de quienes ofertan como en la de quienes los demandan.  La diferencia es relevante por cuanto se pondrán en juego aquí alguna de las características que definen el funcionamiento de todo el sistema, y que marcan distancias con otras convocatorias. Entre estas, probablemente la más significativa sea la referidos a la forma de seleccionar los beneficiarios, que no será a partir de un baremos que puntúe determinados criterios, sino por lo que se conoce como concurrencia no competitiva: esto es, las cantidades se repartirán siguiendo el orden de llegada de las solicitudes, entre las empresas y proyectos que cumplan los criterios para ello y hasta que se agoten los fondos de cada partida. Se busca con ello dar la máxima agilidad a todo el proceso, que el dinero llegue rápidamente a sus destinatarios y que las empresas acometan cuanto antes las inversiones que deberían contribuir a la mejora de su competitividad y al tránsito a una economía más digitalizada y sostenible.

Como prólogo al ‘kit digital’, y manejando claves muy similares a este en cuanto a su sistema de gestión, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria abrió una línea de ayudas para el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad de autónomos y micropymes que se enmarca también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La expectación generada por esta iniciativa, que aportará a quienes resulten beneficiarios de la misma una cantidad de 5.000 euros, ha llevado a que se contasen por cientos los asistentes que, de forma presencial o virtual, tomaron parte en la jornada organizada por la Cámara de Comercio de Cantabria para dar a conocer el programa, celebrada el 31 de enero y que tuvo una segunda edición días más tarde para resolver las dudas planteadas.

Con un planteamiento que plantea ayudar al mantenimiento del empleo favoreciendo las inversiones en transformación digital y en sostenibilidad, la ayuda diseñada por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y gestionada por la Dirección General de Trabajo tiene un cierto componente híbrido, una característica que ha sido la principal fuente de dudas y motivo para gran parte de las consultas realizadas por los asistentes a la doble jornada de la Cámara de Comercio. A diferencia de convocatorias anteriores con el mismo objetivo –el mantenimiento del empleo–, en el que el criterio de concesión es que, tras un determinado periodo de tiempo, la empresa beneficiaria tuviera un número de trabajadores igual o superior al del momento de solicitar la ayuda, aquí a esta condición se une la puesta en marcha de un plan que contribuya a avanzar en la digitalización o en la sostenibilidad de la actividad.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 5,2 millones de euros –4,4 a utilizar este año, y 821.000 el que viene–, está dirigida a micropymes y autónomos, además de a sociedades laborales, lo que abre un enorme campo de posibles destinatarios. Según los cálculos de la consejería, pueden optar a esta línea de ayudas las 13.500 empresas de menos de 10 trabajadores que existen en Cantabria, además las 200 sociedades laborales y cooperativas y los 42.000 autónomos de la región. Teniendo en cuenta el presupuesto y la cuantía de lo que se aportará –los 5.000 euros por empresa o autónomo– los fondos alcanzarán para poco más de un millar de perceptores, lo que invita a pensar que esta línea de ayudas se agotará rápidamente.

Francisco Javier Dueñas, responsable de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cantabria.

Quienes aspiran a estos fondos deberán haber presentado, antes del cierre del plazo, un plan con las actuaciones a acometer y una explicación de la forma en que estas pueden contribuir al mantenimiento del empleo. Al tratarse de concurrencia no competitiva, estos planes no serán objeto de una puntuación de la que dependa quienes reciban o no las ayudas, ni tendrá tampoco valor para descartar a nadie, si bien desde la Dirección General de Trabajo se puede requerir al solicitante que subsane errores en el documento presentado. En la práctica, esto último puede afectar directamente a las posibilidades de acceder a la ayuda, dado que la solicitud a corregir pasaría a la última posición entre los peticionarios y vería muy mermadas así sus opciones de conseguirlo. “Lo que nos ha trasladado desde la consejería es que los planes deben ser muy concretos, con un detalle claro de lo que va a hacerse, cuándo cómo y con quien, y valorando especialmente que incluya acciones formativas para los trabajadores, esas serían las claves para que se dé curso a la solicitud”, explica Francisco Javier Dueñas, responsable de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cantabria, que recomienda seguir esas indicaciones y evitar generalidades e incongruencias: “El programa no dice en qué te tienes que gastar los 5.000 euros de la ayuda, pero conviene ser coherente, no sería lógico presentar un plan que prevea un gasto de 100 euros”.

La Cámara de Comercio, como CEOE-Cepyme de Cantabria, es una de las sedes que tiene en la región el programa Acelera Pyme, la iniciativa a través de la que Red.es canaliza las acciones encaminadas a la transformación digital de las pymes. A diferencia de lo que sucede en el caso de las ayudas gestionadas por la Dirección General de Trabajo, donde la Cámara ha jugado solo un papel de colaborador en la difusión de la iniciativa, en el caso del kit digital le ha correspondido tanto el papel de dar a conocer el programa como, una vez este se ponga en marcha, la verificación de toda la documentación necesaria para que los bonos lleguen a las empresas. Muy por delante de la referencia que pueda ofrecer el programa de ayudas de la Dirección General de Trabajo, el del ‘kit digital’ va a suponer una auténtica prueba de fuego para valorar la capacidad de los fondos europeos para llegar a las empresas más pequeñas, aquellas que, por no contar ni con los medios ni con la experiencia necesaria para moverse por los laberintos burocráticos de la Administración, corren un mayor riesgo de no quedarse fuera de un mecanismo en principio especialmente concebido para ellas.

A pesar de que el proceso se ha concebido teniendo en cuenta esta circunstancia, el acceso a los bonos a los que da lugar el programa no está exento de complejidad y, de hecho, en el momento de hacerse pública la convocatoria –el 28 de febrero– estaban todavía sin resolver incógnitas importantes, a pesar de quedar por delante solo 15 días hasta la fecha en que se abría la posibilidad de presentar las primeros contratos susceptibles de recibir la ayuda. La principal de esas cuestiones pendientes es la que tiene que ver con las empresas que podrán prestar los servicios para los que se conceden las aportaciones, a las que se define como agentes digitalizadores.

Agentes digitalizadores

Para tener esa condición es necesario cumplimentar la solicitud correspondiente y tener las condiciones que el programa establece para ello, entre ellas contar con una trayectoria mínima en el mercado, acreditando una facturación que sume al menos 100.000 euros en los dos últimos años, o 50.000 en el último, en productos o servicios como los que ahora subvenciona el ‘kit digital’. Aunque no hay datos oficiales, la información con que cuenta el responsable de la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio es que se habían tramitado 5.000 solicitudes para ser agente digitalizador en toda España. El proceso de nuevas altas como agentes digitalizadores no tiene un plazo de cierre, por lo que con independencia de los plazos de las convocatorias de ayudas, siempre estará abierto para cualquier empresa que cumpla las condiciones.

En lo que se refiere a los plazos de las ayudas, la convocatoria abierta el 15 de marzo se corresponde con el primer segmento de los tres que contempla el ‘kit digital’, el referido a las empresas de entre 10 y 50 trabajadores, las mayores entre las beneficiarias potenciales del programa. Posteriormente se convocarán las correspondientes a quienes cuentan entre 3 y 10 –previsto en principio para el próximo mes de junio– y, finalmente, las destinadas a autónomos y empresa entre 1 y 3 trabajadores, cuya convocatoria se espera para septiembre. “Entiendo que se ha optado por empezar por el segmento de empresas de más tamaño porque el número de potenciales beneficiarios es menor, con lo que es más sencillo ir probando el funcionamiento del sistema”, señala el responsable de la oficina de Acelera Pyme de la Cámara de Comercio.

Funcionamiento

Las ayudas del ‘kit digital’ se organizan a partir de un mecanismo que contempla la concesión de un bono con el que se pueden pagarse las inversiones en soluciones de digitalización, según un catálogo ya definido: presencia en Internet, comercio electrónico, redes sociales, gestión de clientes, ‘business inteligent’ y analítica, oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras y digitalización. Los detalles, y las actuaciones concretas subvencionables en cada una de esas categorías, pueden consultarse en la web de Acelera Pyme. Esos servicios podrán contratarse solo con alguno de los agentes digitalizadores que hayan sido admitidos como tal, probablemente a través de un ‘market place’ –una web donde puedan cruzarse oferta y demanda– que está todavía pendiente de definir. El digitalizador facturará su trabajo por el importe que corresponda, y el beneficiario solo tendrá que abonar el IVA y la parte de la factura que no cubra el bono. El importe de ese bono lo cobrará directamente el agente digitalizador, entre un 60 y un 80% –dependiendo de la solución­– a la firma del contrato y el resto a la finalización de los trabajos.

El presupuesto destinado a este primer segmento es de 500 millones de euros, que se repartirán a razón de un bono de 12.000 euros por empresa. Dependiendo de la solución, el beneficiario podrá destinar entre 2.000 y 6.000 euros del importe del bono para financiarlo. Si la solución tiene un coste mayor, la diferencia correrá de su cuenta. En Cantabria existen unas 1.300 empresas de entre 10 y 50 trabajadores, una cifra de la que habría que restar aquellas con una antigüedad menor de seis meses, a las que no se da la opción de acceder a las ayudas. Con seis meses de plazo para presentar la solicitud, y con unos 40.000 bonos a repartir entre más de 70.000 empresas en toda España, la incógnita en las semanas previas a la convocatoría era si los fondos se agotarían o si, por el contrario, lo complejo de la tramitación alargaría todo el proceso, con el riesgo incluso de que se perdieran las ayudas. La tercera posibilidad era que la cantidad presupuestada se quedara muy por debajo de las solicitudes de las empresas, y eso ha sido finalmente lo sucedido: la cantidad destinada a este primer segmento se agoto en unas pocas horas. Francisco Javier Dueñas admite que es más difícil hacer previsiones sobre lo que puede suceder en las convocatorias destinadas a empresas más pequeñas y, sobre todo, a micropymes y autónomos: “Ahí quedarán 2.500 millones de euros, que es mucho dinero, aunque también el número de potenciales beneficiarios es muy alto. S hacemos la división, sí podemos pensar que no va a llegar, pero no es fácil saber cuántas micropymes y autónomos solicitarán la ayuda”.

Además de tener una base para valorar la dotación presupuestaria del ‘kit digital’, cuando se abran las convocatorias a los siguientes segmentos –con bono de 6.000 euros para las empresas de entre 3 y 10 trabajadores, y de 2.000 las de entre 1 y 3 y autónomos– ya se habrá puesto a prueba el funcionamiento del sistema en lo correspondiente a tramitación, control y abono de las cantidades a sus beneficiarios. La mayor parte de esa labor la ejercerán las cámaras de comercio, pero Francisco Javier Dueñas no teme que se produzcan atascos: “Todo el proceso va a estar muy digitalizado, con lo que nos corresponderá solo un trabajo de verificación que no creemos que vaya a colapsarnos. Como referencia, aquí hemos gestionado las campañas de bonos al comercio que suponían tramitar la documentación de 800 comerciantes, cada 15 días y durante dos meses. Con el ‘kit digital’ no nos vamos a mover en esas cifras”.

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La sostenibilidad gana adeptos

Un creciente número de empresas incorpora a sus agendas los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno ante las proyecciones que apuntan a que lo sostenible marcará el desarrollo de las organizaciones en los próximo años.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Marzo 2021

Parece que la sostenibilidad empieza a calar por fin en la economía, aunque no sea con igual suerte en todos los casos. Así, mientras que hoy ya es bastante común que asuntos relacionados con el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, la inversión y el consumo sostenible, la paz y la justicia social, la seguridad alimentaria, el clima laboral y los derechos humanos o la transparencia figuren en la agenda de muchos consejos de administración, esta responsabilidad social empresarial no ha encontrado de momento el mismo eco en el resto del tejido productivo, fundamentalmente en las pymes, donde los escasos ejemplos que aparecen lo hacen las más de las veces por obligación y no por devoción.

Bien sea porque muchas de estas pequeñas y medianas empresas aún piensan que la gestión responsable no va con ellos y que es una cuestión que solo debe preocupar –y ocupar– a las grandes compañías; bien sea porque se trate de un concepto un tanto borroso que ven desde lejos y a cuya comprensión no ayuda precisamente la ensalada de siglas, acrónimos y términos que aparecen ligados a su práctica, lo cierto es que aún resta mucho por hacer para demostrar que esto de la sostenibilidad es algo más que patrocinar un evento, plantar un árbol o hacer una donación en Navidad.

Así lo apuntan la mayoría de los expertos, que coinciden en señalar que los criterios ambientales, sociales o de gobernanza (ESG, en sus siglas en inglés) están llamados a jugar un papel destacado en todas las organizaciones durante los próximos años en consonancia con unas regulaciones internacionales cada vez más estrictas y el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

Pero mirar más allá de la cuenta de resultados exige un cambio de mentalidad empresarial hacia actitudes e inversiones socialmente más responsables y respetuosas con el medio ambiente. Quien no lo haga, advierten, tendrán difícil su supervivencia. Para el director general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Jesús Tortosa, esta visión social de la empresa es un camino que todas las compañías deberán recorrer antes que después a lo largo de esta década. “Daría cinco años para adaptarse y otros cinco para estar ahí. En diez años, o estás o seguramente desaparecerás”, afirma convencido de que este proceso de transformación es imparable.

En la misma línea se expresa Carlos Zamora, la cabeza visible junto a su hermana Lucía del grupo de restauración sostenible Deluz y Compañía. “En veinte años, las empresas que no hayan incorporado un compromiso social a todas sus acciones dejarán de existir porque nadie les va a avalar su trabajo”, augura este empresario que lleva impresa la etiqueta social en todos los proyectos en los que se ha embarcado desde sus inicios, hace ahora quince años. “No será de la noche a la mañana, pero los asuntos ESG van a ser una prioridad a medio plazo”, subraya citando las proyecciones de diferentes analistas económicos.

Jesús Tortosa, director general de la Cámara de Comercio de Cantabria.

Tanto Tortosa como Zamora convienen en que esta revolución social está en mano de los consumidores, destinatarios últimos de todos los bienes y servicios producidos, pero igualmente de las empresas, para los que en ambos casos reivindican la necesidad de más formación y educación. “Hace falta formación para levantar la mirada de la empresa”, explica el responsable de la Cámara de Comercio, que ofrece su institución cameral para ayudar a la consecución de este objetivo. Con todo, estima que las pymes no viven tan al margen de las exigencias medioambientales, sociales y organizativas como apuntan los expertos. “Hay pequeñas empresas muy concienciadas en estos asuntos, lo que ocurre es que la mayoría se pierde en la terminología y muchas lo hacen sin saber que lo hacen”, añade para justificar esta supuesta falta de interés por los temas de justicia social. “Si las examináramos, seguramente veríamos cómo casi todas ellas trabajan en temas como la responsabilidad social, el salario emocional, la igualdad, la retención y promoción del talento… Lo hacen día a día porque tienen un trato más cercano con sus empleados; Lo que necesitan es profesionalizar estas prácticas y, a poder ser, comunicarlas para sacarle partido”, subraya Tortosa, que deja fuera de esta necesidad a los empresarios más jóvenes porque, según matiza, “ya traen la responsabilidad social en su ADN”.

A esta consideración se suma Zamora, quien igualmente destaca la mayor conciencia social de las nuevas generaciones. “Han vivido la crisis de 2008 y afrontan los problemas de otra manera”, concede este empresario con conocidos negocios de restauración en Santander y Madrid a los que acaba de añadir El Súper de los Pastores, una nueva iniciativa empresarial surgida en plena pandemia con la que pretende recuperar las pequeñas tiendas de barrio y dar altavoz a los productores locales. Al igual que Tortosa, considera que lo más importante es la educación. “A partir de ahí, será mucho más sencillo sentar las bases de una sociedad más justa y consciente del cuidado responsable de nuestro entorno”, expone no sin reconocer que en los últimos años se han dado algunos e importantes pasos en este sentido.

En su opinión, “la sociedad se ha dado cuenta de lo frágiles que somos; de lo importante que es conocer de dónde viene lo que comemos y de cómo y quién lo produce. Es cierto que hemos avanzado hacia un consumo más responsable pero también que aún queda mucho por hacer. Creo que una asignatura pendiente en España sería la alimentación saludable. Pero además de formación, también es necesario saber transmitir esa formación”, añade.

Modelo Teal

Según cuenta este empresario, Deluz y Compañía decidió hace tres años dar una vuelta de tuerca a su ideario social y asumir que otro modo de trabajar alejado de las pirámides jerárquicas y el ordeno y mando era posible. “Veíamos que por mucho que tratáramos de ser sociales y responsables, al final había demasiados pasos que dar en la toma de decisiones y muchas de ellas se quedaban sin tomar”, relata para ilustrar cómo la empresa decidió convertirse en una organización Teal, un modelo empresarial que lo fía todo a la ética, la sostenibilidad del planeta y a la felicidad de las personas.   

En su web –https://movimientoteal.com–, la empresa comparte y explica las razones de este cambio organizativo basado en el potencial de la colaboración y en el que todos los trabajadores del grupo –más de 140 de una veintena de nacionalidades– tienen voz y participan en la toma de decisiones de forma colegiada.    

Conseguirlo, aclara Zamora, exigió formación a todos los niveles, incluido el financiero, y aprender a expresar libremente las opiniones a través de Slack, una plataforma de mensajes basada en canales que permite a los miembros del equipo comunicarse entre sí y trabajar juntos. “Ahora incluso compartimos la cuenta de resultados con los empleados para que sepan lo que ganamos o perdemos en cada negocio. Si hay beneficios, el 30% se reparte a partes iguales entre todos, excluyendo a la propiedad, y el resto, al menos así lo hemos hecho en estos quince años, se reinvierte”, razona convencido de que cualquier iniciativa empresarial tiene que tener un sentido y un fin social.

Esta apuesta por lo Teal no solo le ha valido a este grupo empresarial el reconocimiento de la sociedad y un galardón a la Innovación en Recursos Humanos en la última edición de los Premios Expansión, celebrada en noviembre pasado, sino también multiplicar desde entonces “por tres o por cuatro” sus beneficios, según destaca satisfecho.

Carlos Zamora, frente al Restaurante Deluz, el establecimiento que da nombre al grupo que dirige junto a su hermana Lucía.

En este camino, Carlos Zamora advierte de que no caben subterfugios, en clara alusión a los casos de empresas que invierten significativamente más dinero en publicitar que son sostenibles que en implantar prácticas realmente ecológicas o sociales. A su juicio, el ‘greenwashing’ o el lavado verde, como así se conoce a esta técnica de engaño, no tiene cabida hoy en día. “Cada vez hay más transparencia e información y, si sus prácticas no son ciertas, el consumidor acabará descubriéndolo. Además, vivimos en la era de que no vale decirlo; antes hay que hacerlo”, recalca.

Una opinión que es compartida por el director general de la Cámara de Comercio de Cantabria, para quien la sostenibilidad “se trabaja con el ejemplo”: “La única forma de convencer al consumidor de que eres sostenible es siéndolo. No cabe otra”, defiende para ilustrarlo a continuación con el ejemplo de lo hecho por la cadena de supermercados Lidl, cuando en 2018 anunció que ya no vendería nunca más en sus tiendas huevos de gallinas enjauladas. Un año después de adoptar esta decisión, que luego sería secundada por otras grandes empresas de la distribución, el gigante alemán había aumentado un 26% sus venta de huevos y era líder del mercado de este tipo de huevos en España.

B Corp

Por otro lado, Tortosa comparte con Zamora la creciente importancia que adquirirán las empresas que nazcan o se desarrollen con el propósito de tener una buena finalidad en la sociedad, para las que reivindica una forma jurídica propia, además de ayudas y beneficios fiscales. “La terminología actual está obsoleta”, indica refiriéndose a la necesidad de dar un revestimiento societario a la empresa social. En este sentido, cita el modelo B Corp, un movimiento global y transformador surgido en Estados Unidos en 2006 en el que las empresas se presentan como parte de la solución y no del problema. La última tendencia, según ilustra el directivo cameral, es unirse mediante una certificación a este club de compañías responsables que tienen por objeto la mejora de la sociedad y del que ya participan más de 3.500 compañías de 160 sectores en 70 países.

Este certificado garantiza la sostenibilidad organizativa y compromete a la empresa a cumplir voluntariamente con los mas altos estándares sociales y ambientales, además de adquirir compromisos con la transparencia, la responsabilidad empresarial y la medición de impacto. En Cantabria, dice Tortosa, el grupo Consorcio es una de estas empresas certificadas que abogan por una economía más inclusiva y sostenible.

A su juicio, este viraje hacia una mayor responsabilidad de las compañías debe de ir por delante de los cambios normativos. “La Administración va más lenta que la sociedad. Si una empresa quiere sobrevivir no puede esperar a que los poderes públicos legislen. Esto no va de convencer a los gobiernos, sino de que el consumidor compre tus productos. Es una lluvia fina que acabará calando a todos, al igual que ocurre con el tema de la igualdad”, sentencia.

Carlos Zamora, por su parte, tiene claro que la Administración debería crear canales más sencillos y dar mayor apoyo al emprendimiento social, especialmente en el ámbito rural. “Los pequeños productos agrícolas y ganaderos generan arraigo en su entorno, además de riqueza. Por ello, debería estar socialmente más valorado ser vaquero o agricultor y facilitar el acceso al conocimiento en sostenibilidad a quienes quieran emprender. Es el momento de trabajar en alianzas. Estamos en la era de compartir”, concluye.

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Un ‘rating’ a medida de las pymes

La Cámara de Comercio de Cantabria lidera un proyecto piloto para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer uso de los instrumentos de calificación crediticia, una vía para mejorar el acceso a la financiación que tradicionalmente ha quedado fuera de su alcance debido a su alto coste. Inbonis Rating, la única agencia de calificación especializada en pymes que cuenta con acreditación europea, será la encargada de realizar un proceso que se ha diseñado para optimizar tiempos y que tendrá un coste de entre 3.600 y 6.600 euros para las empresas, cuando la tarifa habitual de las grandes agencias no baja de los 100.000 euros. Netboss, a la que se ha dado una calificación de triple ‘B’, ha sido la primera compañía cántabra en utilizar la nueva herramienta.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Octubre 2020

La capacidad de las pymes para superar las dificultades y hacer frente a sus compromisos es algo de lo que puede dar fe su propia trayectoria pero que, por sólida y prolongada en el tiempo que sea esta, no suele contar con más avales que la confianza que con ello pueda generar en el mercado y en quien esté en disposición de concederles financiación. Es una circunstancia que no supone mayor problema cuando la coyuntura es favorable, pero que puede convertirse en un obstáculo insalvable cuando el viento sopla en contra, o si se busca acceder a instrumentos financieros distintos de los tradicionales. Es en ese momento, con el caudal de las fuentes de liquidez reducido apenas a un goteo, cuando desde el otro lado de la mesa se pedirán otras garantías y se valorarán cualquier informe que evalúe los riesgos de impago. Entra entonces en juego la labor de las agencias de calificación de crédito, cuyos servicios son de uso más o menos habitual por parte de las grandes corporaciones, pero que apenas son utilizados por pequeñas y medianas empresas, y ello por un conjunto de razones en el que las cuestiones económicas tienen un peso decisivo, aunque no único. Acortar la distancia entre pymes y agencias de acreditación, mejorando con ello el acceso a financiación por parte de las primeras, es precisamente el objetivo de un proyecto piloto que lidera la Cámara de Comercio de Cantabria, encargada de poner en práctica y evaluar un modelo que, de tener éxito, se extenderá al conjunto de España. Inbonis Rating, una agencia española que es la única especializada en pymes que cuenta con la obligada autorización de la Autoridad Europea de Mercados y Valores, es la piedra angular sobre la que pivotará la iniciativa, que tuvo su presentación oficial el pasado 29 de septiembre pero que ya con anterioridad a esa fecha se había concretado en una primera acreditación para una pyme cántabra, la tecnológica Netboss Comunicaciones.

La tormenta financiera que se desató con el estallido de las hipotecas hizo que el nombre de las grandes agencias de calificación se hiciera familiar –y casi nunca por buenas razones– para cualquiera con un mínimo interés por la economía, una categoría esta última a la que, teniendo en cuenta la crisis que se desató a resultas de aquello, casi nadie fue ajeno a partir de 2008. Las cosas han cambiado mucho desde entonces, empezando por una regulación acorde con el riesgo sistémico que se concede a la labor de estas empresas, pero Moody’s, Standar & Poor’s y Fitch siguen siendo hoy las referencias en un mercado que mueve cantidades millonarias pero que, explica Alberto Sánchez Navalpotro, consejero delegado de Inbonis Rating, no está habituado a considerar a las pymes como clientes: “Esas tres grandes agencias controlan el 95% del mercado, y trabajan con una rentabilidad media del 50%. ¿Por qué no se dirigen a las pymes? Habría que preguntárselo a ellas, pero a la vista de las cifras se puede pensar que, probablemente, es porque no lo necesitan. Ahí es donde se abre un hueco para agencias como la nuestra, y a eso responde también la iniciativa emprendida por la Cámara, porque estamos convencidos que las empresas pequeñas también pueden beneficiarse de lo que aporta una evaluación independiente de su riesgo de impago, que eso es lo que les ofrecemos”.

Alberto Sánchez Navalpotro, consejero delegado de Inbonis Rating, durante su estancia en Cantabria para presentar el programa.

El consejero de Inbonis Rating se declara un convencido defensor de las pymes y de su aportación a la economía española –”Ellas hicieron posible que superáramos la crisis de 2009, cuando se lanzaron a exportar y lograron dar la vuelta a nuestra balanza comercial”, recuerda–, pero admite que su posición en los mercados financieros es débil, lastrada por una imagen que, por injusta que pueda parecerle, sigue siendo la que se impone cuando las cosas vienen mal dadas: “Empresa pequeña, cascarón frágil, es lo que se dice y, aunque yo crea que no es verdad y que si algo demuestra la trayectoria de decenas de negocios familiares es su fortaleza, lo cierto es que ante una crisis es habitual que se imponga esa idea y se deje de financiar a pymes que son rentables”. Con ello, explica Sánchez Navalpotro, se cae en una dinámica que tiene mucho de círculo vicioso y profecía autocumplida: pymes que tendrían futuro se ven abocadas al cierre, alimentando el tópico de su propia debilidad: “No es justo, y eso es lo que podemos evitar si las dotamos de una calificación que les permita acceder a instrumentos financieros que están ahí, pero a los que no tienen acceso, en gran medida por esa ausencia de calificación”.

Además de con el consejero delegado de Inbonis Rating, de los responsables de Cámara Cantabria y del consejero de Industria del Gobierno regional, la jornada de presentación del proyecto de calificación crediticia para pymes contó con la presencia de Manuel Iturbe, director territorial de Cantabria y Asturias del Banco Santander. En su condición de proveedores de financiación, los bancos constituyen un receptor clave para la información que generan los informes que elaboran las agencias, y su peso dentro del mercado de crédito a pymes les convierte en uno de los agentes que puede beneficiarse del proyecto que lidera Cámara Cantabria. Iturbe destacó esta circunstancia durante su intervención en la jornada de presentación, y animó a las empresas a aprovechar este convenio para mejorar su posición como demandantes de crédito accediendo a una calificación que puede ser usada como herramienta muy valiosa de información interna para la empresa e incluso para el propio banco.

Aunque es cierto que la labor de las agencias de calificación, y lo que esta puede aportar a las pymes, no es especialmente conocida por estas, las principales razones de la escasa penetración que la calificación crediticia tiene en este segmento empresarial hay que buscarlas en otro lado. Las grandes agencias que dominan el mercado han desarrollado un producto poco apto para quienes por su propia naturaleza están obligadas a optimizar sus recursos, tanto económicos como humanos. Las tarifas de Standar & Poor’s, Moody’s, o Fitch parten de una cantidad no inferior a los 100.000 euros, explica Sánchez Navalpotro, y su trabajo implica la labor de varios técnicos que, mientras dura la calificación, se desplazan a la empresa cliente y requieren de atención constante por parte de sus profesionales: “Ninguna pyme puede permitirse eso, y lo cierto es que nosotros tampoco”, admite el consejero delegado de Inbonis Rating, que explica que su agencia ha desarrollado un software y una metodología que permite optimizar procesos y recursos. El convenio con la Cámara de Comercio, como el que tiene vigente con Informa D&B –una de los principales proveedores españoles de bases de datos de información empresarial–,

permite dar un paso más para facilitar a la pymes el acceso a ese producto especialmente adaptado para ellas. “Por la normativa que rige a las agencias, nuestras tarifas tienen que estar obligatoriamente ligadas a nuestros costes, no son arbitrarias. En nuestro caso, eso supone movernos en una horquilla que va de los 4.000 a los 10.000 euros. La Cámara ha hecho una buena labor de negociación en favor de las empresas de Cantabria, y el convenio permitirá que puedan acceder al producto por entre 3.600 y 6.600 euros”. Que el precio sea uno u otro depende no tanto del tamaño de la empresa, como de su complejidad: “Si tiene más de una actividad, si tiene una estructura societaria complicada… Su facturación influye, pero en menor medida”.

El proceso de calificación es rápido y no compromete el día a día de la actividad de la pyme: “Hemos desarrollado un proceso para optimizar su tiempo y el nuestro. Hay detrás un enorme esfuerzo en tecnología y diseño de procesos para conseguirlo, porque realmente es una proeza poder ofrecer servicios de calificación crediticia a estos precios”, asegura Alberto Sánchez Navalpotro. El procedimiento de calificación implica para la pyme la aportación de una información que, señala el consejero delegado de Inbonis Rating, es habitual que cualquier empresa tenga ya elaborada, incluso con soporte documental: cuál es su actividad, cómo se presentan ante sus clientes, planes estratégicos, documentos de la propiedad, cuentas actualizadas, informe detallado de los riesgos por operaciones bancarias, previsiones de negocio… Una vez recibida esa información, se concierta una entrevista por videoconferencia, preparada con anterioridad a partir de un documento con preguntas precisas enviado por los técnicos de Inbonis, en la que a lo largo de aproximadamente una hora el empresario podrá hablar de su negocio y de las claves del mercado al que atiende. “A partir de ahí puede haber alguna ida y venida en la petición de información y datos, pero lo habitual es que en una semana hayamos completado el proceso”, calcula Sánchez Navalpotro.

El resultado de todo ese trabajo es una calificación que busca predecir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus créditos en el futuro, y un informe que detalla como se ha llegado a ella. Ambos –la nota y su explicación– son claves para que la empresa pueda presentarse tanto ante los proveedores de financiación como ante sus clientes, pero también, destaca el consejero de Inbonis, para mejorar el conocimiento que se tiene de uno mismo. Esto último es especialmente importante para aquellas empresas que pueden no tener las condiciones para acceder a una buena calificación, y que por ello pueden ser reticentes a evaluarse. De hecho, y aunque lo habitual es que los informes y las calificaciones sean accesibles tanto para la empresa evaluada como para los subscriptores de Inbonis Rating, existe la opción de contratar una calificación confidencial, que no se hace pública en ningún caso y que sirve únicamente para uso interno de quien la contrata, que puede utilizarla ante terceros con ciertas limitaciones. No entra en esa categoría la calificación realizada a Netboss Comunicaciones, que ha alcanzado una nota de triple ‘B’, el cuarto escalón en la escala que utiliza Inbonis y un nivel de solvencia que la sitúa en una posición destacada entre cualquier demandante de crédito: “Es cierto que nuestros servicios son utilizados sobre todo por empresas que saben que pueden conseguir una buena calificación, y de hecho más de la mitad del total de las empresas con las que hemos trabajado han conseguido como mínimo una BB, y el 13% la BBB. Pero el rating también tiene utilidad para quien pueda tener una nota más baja”, asegura el consejero delegado de Inbonis Rating.

Alguna de esas utilidades, admite Sánchez Navalpotro, no son demasiado evidentes ahora, cuando la financiación barata, los créditos ICO y los aplazamientos debidos a la crisis sanitaria han situado a las empresas ante lo que considera una engañosa sensación de seguridad en cuanto a la posición de su tesorería: “Pero eso va a cambiar, y es el momento de anticiparse. Hasta ahora, con los tipos de interés en mínimos, se estaba subvencionando artificialmente el crédito a las empresas, de manera que la banca cobraba a todas el mismo interés, o muy similar. Pero vamos a un escenario en el que la banca va a ajustar el precio al riesgo, y ahí las empresas tienen que estar preparadas para defenderse y negociar. Contar con una calificación va a ser un elemento clave para diferenciarse”. El consejero delegado de Inbonis Rating ilustra con cifras la forma en que esa diferenciación puede beneficiar a los costes de financiación de una empresa: una calificación ‘B’ implica una posibilidad de impago del 4%, lo que debería llevar a la banca a aplicar un diferencial en el interés del crédito que le cubra ante esa posibilidad. “Eso daría como resultado un interés del 6%, que hoy parece una locura, pero estoy convencido de que va a pasar, y pronto. Una calificación ‘BB’, en cambio, tiene una posibilidad de impago del 1% y podrá financiarse al 1,5%. Va a haber una enorme diferencia en los costes de financiación entre unas empresas y otras, y ahí contar con una calificación siempre va a ser una ayuda”.

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LaborESO, una ventana entre la escuela y las empresas

El programa LaborESO permite que estudiantes de tercero y cuarto de secundaria realicen quince días de estancia en las empresas, según un modelo habitual en otros países que Cantabria traslado por primera vez a España. Tras más de una década de funcionamiento, se ha consolidado como una concurrida vía de contacto entre lo educativo y lo laboral: 830 alumnos, 69 colegios e institutos y 616 centros de trabajo han participado este año en la experiencia. La adaptación a la Lomce y la financiación, que se redujo un 50% el último curso, dibujan las principales incertidumbres en una iniciativa muy bien valorada por todas las partes.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

No se trata propiamente de prácticas profesionales, ni tampoco es sencillo encontrar una vinculación directa entre los planes de estudio y lo que los estudiantes puedan sacar en claro de esta iniciativa, pero lo cierto es que el programa LaborESO de estancias en empresas para alumnos de secundaria ha ido superando etapas para convertirse en un éxito difícil de discutir a la vista de las cifras y las valoraciones de los participantes. Once años después de que se pusiera en marcha, 830 alumnos de 69 colegios e institutos de Cantabria tomaron parte en LaborESO durante el curso que acaba de terminar, trabajando durante dos semanas en alguna de las 616 empresas que colaboran en el plan. El crecimiento en las cifras es continuo y está por ver si sostenible, teniendo en cuenta que el plan funciona con recursos económicos limitados y fundamentado en la implicación desinteresada de todas las partes, con financiación de la Consejería de Educación y coordinación de la Cámara de Comercio.

LaborESO arrancó en el curso 2005-2006 con solo 58 alumnos, otras tantas empresas y únicamente 7 centros educativos, a partir de una idea del profesor Marino Pérez –ya jubilado– que se propuso trasladar a Cantabria una iniciativa que había conocido durante una estancia en el Reino Unido. Allí se buscaba que los alumnos tuvieran un primer contacto con las empresas a una edad mucho más temprana de lo que es habitual en España, donde tal posibilidad no se contempla hasta que se inicia una formación específicamente profesional, o incuso más tarde en el caso de la universidad. El propósito era tanto acercar a los estudiantes al mundo laboral como ayudarles a orientar sus estudios, objetivos ambos perfectamente extrapolables a España. La Consejería de Educación, que por entonces dirigía la hoy vicepresidenta Rosa Eva Díaz Tezanos, puso en marcha la iniciativa, que ha tenido continuidad en los sucesivos cambios de Gobierno y que fue reconocida en 2012 con el premio nacional a la calidad e innovación que concede el Ministerio de Educación, a cargo por entonces del ‘popular’ José Luis Wert.

Curiosamente es la adaptación a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –conocida precisamente como ‘ley Wert’– una de las incertidumbres a las que se enfrenta LaborESO de cara al próximo curso, toda vez que esta norma establece cambios de calado en el último año de la secundaria obligatoria que podrían obligar a revisar todo el programa. De acuerdo a la vocación orientadora que se quiere conceder a la estancia de los alumnos en las empresas, la lógica invita a pensar que el modelo de estancias en empresas estaría especialmente indicado para los alumnos de tercero, por ser cuarto ya un curso que establece planes de estudio distintos para quienes piensan hacer posteriormente el bachillerato y quienes optan por la formación profesional. Desde la Consejería de Educación se asegura que no hay todavía una decisión tomada sobre cómo será LaborESO a partir de septiembre, más allá del compromiso con la continuidad de la iniciativa. Tampoco se da una respuesta a otra de las incertidumbres relacionadas con el programa: la cuantía de la partida presupuestaria destinada a su financiación, que de acuerdo a las mismas fuentes estaría todavía por decidir.

La financiación del programa ha pasado por varias etapas en los once años pasados desde que se pusiera en marcha. El principal cambio se produjo cuando la Ley de Cámaras suprimió las cuotas camerales obligatorias, lo que dejó a la de Cantabria sin capacidad para asumir directamente ese gasto. Desde entonces es la Consejería de Educación quien destina una cantidad para que la Cámara de Comercio haga frente al coste que supone la gestión de LaborESO. En el curso 2014-2015 fueron 90.000 euros, que se redujeron a la mitad este último año. La cantidad, según indica Isabel Cuesta, directora de Formación, Empleo y Creación de Empresas de la Cámara de Cantabria, es claramente insuficiente: “Tenemos dos personas que durante el curso trabajan prácticamente a tiempo completo en este programa, que implica una importante labor de gestión con los centros y con las empresas”.

La Cámara de Comercio es la encargada de poner en contacto a colegios e institutos con los centros de trabajo que pueden acoger a los alumnos. Para ello debe buscar empresas que estén en un entorno próximo a cada centro educativo y que se adecuen a los perfiles profesionales que demandan los alumnos, un auténtico rompecabezas que, contra lo que pudiera pensarse, suele resolverse de forma satisfactoria: “No es fácil, pero casi siempre encontramos lo que nos piden. El perfil más complicado suele ser el sanitario, por las características del trabajo y de la relación médico-paciente, pero incluso en esos casos buscamos la forma de solucionarlo. La verdad es que lo habitual es encontrar la máxima colaboración en las empresas”, explica Pedro Rodríguez, uno de los técnicos que se ocupa de coordinar empresas y centros.

A lo largo de los once cursos que lleva desarrollándose el programa, han participado en LaborESO casi 4.500 alumnos, inicialmente solo de 4º de la ESO y de diversificación curricular –los grupos para estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje–, pero al que se incorporó después a alumnos de 3º y de los grupos comunes. Tras cada estancia, alumnos, empresas y tutores evalúan su experiencia, una valoración que no ha generado estadísticas oficiales pero que es a la postre –por positiva– la que alimenta el éxito creciente de la iniciativa y garantiza su continuidad.

Creado en Cantabria replicando una experiencia anglosajona, el programa LaborESO ha tenido después algunas experiencias en otras comunidades autónomas, aunque muchas veces su aplicación efectiva se da en ámbitos geográficos más pequeños –municipios o comarcas, en lugar de toda la región– donde es más fácil hacerlo. En la Cámara de Comercio de Cantabria están habituados a responder consultas que llegan desde prácticamente todos los puntos de España, pero no todas llegan a concretarse. “Poner en marcha el programa no es sencillo y la gestión es laboriosa, esos son los principales obstáculos. Pero desde aquí animamos a todo el mundo a hacerlo”, asegura Isabel Cuesta.

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