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La limpieza y desinfección de oficinas, despachos y espacios púbicos está siendo una actividad clave desde el inicio de la crisis sanitaria, pero esta ha tenido un impacto desigual en las empresas que ofrecen estos servicios. Pese al crecimiento de la demanda asociado a las nuevas necesidades, el teletrabajo y la propia crisis sanitaria han provocado una contracción del mercado, tanto por la disminución en la carga de trabajo como en la presión a la baja sobre los precios. El balance final de todo ello se mueve entre el equilibrio y el descenso de facturación, y sobre todo abre la puerta a cambios que darán un vuelco a la forma de operar en el futuro.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2021

De acuerdo a los datos recogidos en un estudio realizado por la consultora DBK de Informa, antes de la llegada de la pandemia durante la primavera de 2020, el sector de la limpieza acumulaba en España cuatro años consecutivos de crecimiento. Aunque podría pensarse que esa racha se vería prolongada debido al aumento de las necesidades de higiene y desinfección provocadas por la irrupción de la Covid-19, lo cierto es que ese mismo estudio adelanta ya –sin ponerle todavía cifras– una contracción del mercado que, aunque de forma desigual, redujo la demanda que atienden las empresas españolas que operan en este sector. Los efectos del cierre decretado durante el Estado de alarma, el impacto del teletrabajo y, en general, las consecuencias de la contracción de la economía son factores negativos que, según los cálculos de la consultora, terminan por contrarrestar los crecimientos de la actividad que hayan podido registrarse con motivo de la pandemia.

Tomás Turienzo, presidente de la Asociación Regional de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales (Arelca) se remite a la heterogeneidad del sector y a la transformación que ha sufrido el mercado en los últimos meses para explicar lo difícil que resulta hacer cualquier balance general de la actividad: “Ha habido empresas que han sufrido restricciones fuertes, y otras que lo han notado menos o que incluso, con las desinfecciones, han visto crecer su actividad Pero esto último fue en un momento muy determinado, y ya se ha acabado”, señala el representante de las empresas, que considera que los factores que finalmente han tenido más peso son los directamente relacionados con la crisis: “Sigue habiendo muchos clientes que están en ERTE, o que tienen sus oficinas vacías porque están teletrabajando. Eso reduce el número y volumen de los servicios que nos encargan y, además, les lleva a renegociar contratos buscando una rebaja en el precio”.

Tomás Turienzo, presidente de la Asociación Regional de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales (Arelca).

Como en otras crisis, la incertidumbre y la pérdida de actividad en las empresas clientes les lleva a buscar una reducción de costes equivalente a la caída de su propio mercado, y ahí la partida de limpieza es una de las primeras en las que se detiene la vista: “Nuestras facturas son por importes llamativos, porque nuestros servicios son intensos en mano de obra. Por poner un ejemplo, limpiar un gimnasio pueden suponer facturar unas 10.000 horas de trabajo al año. Eso es un volumen importante y el cliente intenta reducirlo en una proporción similar a la que ha bajado su propia rentabilidad”, explica Tomás Turienzo. Esa reducción, que normalmente busca concretarse con una reducción de horas, incide directamente sobre el empleo del sector.

En Cantabria la limpieza de oficinas, edificios y locales da trabajo a entre 5.000 y 6.000 trabajadores, empleados por entre 24 y 28 empresas. Estas cifras, señala el presidente de Arelca, son similares a las que existían antes de la crisis sanitaria, que sin embargo sí cree que ha podido tener incidencia en el número de trabajadores por cuenta propia que se dedican ahora a esta actividad: “Hay que tener en cuenta que este es un trabajo en el que no es difícil iniciarse como autónomo. También es un sector en el que existe mucha economía sumergida. De todos modos, aunque sí que ha podido crecer el número de quienes trabajan por cuenta propia, tampoco ha sido de una forma especialmente significativa”, señala el representante de las empresas de limpieza que, aun así, cree que el efecto último es que el mismo trabajo, o menos, se reparte entre más trabajadores.

A ello hay que añadir la competencia de las empresas de fuera de Cantabria. En sector de la limpieza conviven una mayoría de microempresas y pequeñas empresas locales, con un grupos de entre 14 o 16 grandes empresas –en algunos casos incluso multinacionales– con presencia en todo el país. Como referencia, Tomás Turienzo recuerda que al último concurso para el servicio de limpieza convocado por la Consejería de Educación de Cantabria concurrieron 21 empresas.

Oficinas, despachos, supermercados, centros educativos, centros médicos, instalaciones deportivas… el abanico de espacios en los que las empresas del sector prestan sus servicios es tan amplio como puede ser la tipología de quienes lo hacen. El nivel de especialización que tienen alguna de estas empresas hace que el impacto de la crisis en unas y otras haya sido muy distinto, con un aumento de la actividad en supermercados –por ejemplo– y una caída en las oficinas y centros de atención al público cerrados por la pandemia, con el teletrabajo incidiendo negativamente en la demanda que atienden la empresas de limpieza. El cierre de la hostelería, en cambio, ha tenido una incidencia menos, según explica el presidente de Arelca: “Es un sector muy especializado, que suele resolver sus necesidades de limpieza al margen de la oferta del sector. Sucede con bares y cafeterías, que suelen ocuparse de la limpieza con sus propios medios y también, aunque de otra manera, con los hoteles, que externalizan ese servicio recurriendo a empresas muy especializadas que trabajan solo en esa actividad”.

Cambio de modelo

Más allá del impacto que haya podido tener la crisis sanitaria en la actividad del sector durante el último año, el presidente de Arelca está convencido de que lo sucedido desde la irrupción de la pandemia de la Covid-19 llevará a un cambio en los usos y costumbres que incidirá en el conjunto de la economía y también, como no puede ser de otro modo, en la forma de prestar los servicios de limpieza. Algunas tendencias, señala, ya empezaban a dejarse notar antes de la crisis sanitaria, como sucede con los horarios, pero se han agudizado con tras la llegada de la crisis. Otras, como la pérdida de protagonismo de la oficina como lugar de trabajo, tienen un origen más directamente relacionado con las restricciones sanitarias, pero han abierto una puerta que difícilmente se cerrará cuando se supere la actual situación: “Vamos hacia jornadas de trabajo que acaben antes, y hacia espacios híbridos, en los que convivirá el trabajo presencial y a distancia. Eso va a suponer una reducción de la demanda de nuestros servicios, porque si trabajan tres personas donde antes trabajaban cinco, las necesidades de limpieza son menores”, señala Turienzo que cree que con los cambios habrá también oportunidades, aunque no sea fácil detectarlas aún: “Seguramente se abrirán también nichos de mercado nuevos, como la desinfección, aunque ese es todavía un campo por regular”.

Los primeros meses de la crisis sanitaria trajeron aparejados también  cambios en la cadena de suministros de las empresas de limpieza, con problemas puntuales de desabastecimiento y, en determinados productos, fuertes incrementos de precios. Con el paso del tiempo, la situación fue corrigiéndose: “Hubo mucha especulación y los precios se dispararon. La mayor parte bajaron después, pero todos están hoy más caros de lo que estaban antes de la pandemia”, señala Tomás Turienzo que, en todo caso, explica que el impacto de este precio en la rentabilidad de las empresas es relativamente limitado: “Los materiales suponen entre el 3 y el 4% de nuestros costes. Cuando suben, lógicamente ese incremento va a nuestra cuenta de resultados, pero el impacto es pequeño y se asume”.

Aunque nació como desarrolladora de videojuegos, la empresa cántabra ha evolucionado especializándose en el desarrollo de software de realidad virtual, un campo en el que las condiciones provocadas por el estado de alarma sanitaria y el posterior confinamiento han servido como estímulo para la creación de nuevas soluciones. Durante los meses más duros de la pandemia, la empresa puso en marcha su Museo Virtual de Arte, una iniciativa con la que buscaba ofrecer una alternativa de ocio cultural sin salir de casa, y desarrolla actualmente una aplicación que permite crear espacios virtuales para el teletrabajo, como una alternativa a las videoconferencias. La última idea, aun pendiente de concreción, se centra en el mundo del espectáculo y tiene una fuerte vocación internacional

Sara Sánchez Portilla | Mayo 2021

Los datos de la industria del videojuego, respaldados por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), apuntan a que el sector en España ha consolidado su posición dentro de la oferta de ocio haciéndose un hueco entre los diez principales países del mundo con mayor facturación. Tan solo en el año 2019 esta industria alcanzó la cifra de 1.479.000.000 euros en ventas, divididos por una parte en el mercado online, cuya progresión obtuvo la cifra histórica de 725.000.000 millones de euros y, por otra parte, al mercado físico –la comercialización tradicional en tiendas– que continuó aportando la mayor parte de la facturación al sumar un total de 754.000.000 euros. Cabe destacar que durante ese mismo año se vendieron un total de 8,4 millones de videojuegos de los cuales 1,1 millones fueron exclusivos para su uso en consolas de sobremesa situándolas nuevamente como el dispositivo más utilizado por los jugadores españoles. No obstante, no puede pasarse por alto el notorio crecimiento de las ventas de aplicaciones del sector dirigidos a dispositivos móviles y tabletas que supusieron un incremento del 24%, determinando que el mercado digital augura un buen futuro, ya sea en una u otra plataforma.

Los datos, los últimos de los que dispone la AEVI, no recogen todavía el efecto que la crisis sanitaria haya podido tener en el mercado de videojuegos pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros sectores, aquí no se espera un impacto negativo. Aunque la pandemia haya supuesto para según qué empresas una situación desfavorable e incluso haya provocado forzosamente su cierre temporal o definitivo, para otras muchas el confinamiento ha servido como impulso para poner en marcha nuevas ideas de negocio y como repunte en la demanda de determinados productos o servicios, y ese parece ser el caso de los videojuegos.

En la foto, la zona de pruebas habilitada en las instalaciones de Binarybox, en Santander.

Concretamente en Cantabria, y si atendemos a la experiencia de Binarybox Studios, empresa pionera y la principal referencia del sector en la región, la industria de los videojuegos no se ha visto afectada “negativamente” sino que, por el contrario, ha percibido un “notable” incremento en el consumo de estos productos desde que tuvo comienzo la pandemia. Esa es, cuanto menos, la percepción de Francisco Calatayud, fundador y director de la empresa, que en su balance se refiere al desarrollo de proyectos, tanto a aquellos que ya estaban en marcha antes del confinamiento como a otros que han podido verse favorecidos por la nueva situación. Por una parte, señala, la inercia ha permitido que las iniciativas en las que se estaba trabajando siguieran su curso con normalidad, aunque las incertidumbres provocadas por la pandemia hace difícil prever lo que puede suceder en el futuro: “Tal vez en algún momento pueda reducirse el ritmo de desarrollo, todo está por ver, pero en líneas generales la totalidad de las producciones abiertas han continuado su desarrollo. Sin embargo, el sector más independiente puede haberse visto afectado en cuanto a nuevas producciones y que estas, debido a la situación, no hayan podido ponerse en marcha”. A ello hay que sumar, señala, la dificultad que tiene hacer cualquier cálculo en un sector en el que los proyectos ocupan a las empresas durante largos periodos de tiempo: “En nuestro caso una producción supone de dos a tres años, con lo que probablemente los efectos de este primer año de covid-19 no les podamos sentir hasta dentro de unos 18 o 24 meses, que es cuando se supone que tiene que salir una nueva tanda de proyectos. Llegados a ese punto puede ser que apreciemos un descenso de estos”.

A falta de esa medición en detalle de los efectos de la pandemia sobre ese área concreta de actividad, lo que sí ha logrado consolidar Binarybox en tiempos de pandemia ha sido el MUVA, el Museo Virtual de Arte que combina la realidad virtual con la experiencia física de visitar un museo permitiendo a los usuarios la inmersión en el arte desde sus hogares. Actualmente cuenta con un total de tres exposiciones que pone a disposición de sus visitantes, dedicadas a Rembrandt, las grandes civilizaciones del mundo antiguo o la representación del agua en alguno de los principales pintores impresionistas. Esta idea, explica Calatayud, surgió de forma “altruista”  durante el estado de alarma, con el objetivo de desarrollar una herramienta que permitiese paliar las condiciones del confinamiento, poniéndola a disposición de todo aquel que quisiera descargarla. “Era un proyecto comentado en producción, uno de esos que nunca encuentras el momento adecuado para comenzar a desarrollarlo. Al comienzo del confinamiento vimos cómo la sociedad civil y las empresas se estaban volcando en ayudar y apoyar por la pandemia. En nuestro caso, como no podíamos hacer mucho en materia sanitaria, decidimos desarrollar una experiencia que permitiera a las personas olvidarse por un momento de la situación que estábamos viviendo, realizando una visita virtual al museo”.

Además, recalca que la experiencia tenía que sorprender, salirse de la cotidianidad de las fotografías o las imágenes de 360 grados, tenía que ser posible en un “entorno interactivo” para que la experiencia fuera lo más cercana posible a la realidad. Aunque al final haya resultado una buena herramienta de marketing, Francisco Calatayud insiste en que lo que buscaban con ella era que el público disfrutara tanto de la experiencia como del arte.

‘Beagle Virtual Workplace’

El trabajo en uno de los proyectos que desarrolla actualmente la empresa.

Aunque el museo virtual es una aplicación gratuita, la tecnología que lo hace posible también ha servido de base a otros desarrollos que no lo son, como es el caso de Beagle Virtual Workplace, un espacio de realidad virtual disponible también para ordenadores en el que la gente puede reunirse y establecer las relaciones que generaría en su ámbito laboral. “Ahora que el teletrabajo viene para quedarse o que podemos adoptar un modelo más híbrido, hemos desarrollado un espacio virtual en el que la gente se puede conectar, se puede juntar a través de avatares presenciales y se puede reunir, tomar apuntes, ver presentaciones, ver modelos 3D… en definitiva llevar a cabo todas las tareas que se pueden plantear en una oficina a la hora de presentar una idea o un proyecto de una forma más presencial”, explica el director de Binarybox Studios, que destaca que este modelo puede resultar una alternativa, “útil” y “liviana”, a las videollamadas: “Es imprescindible darle la atención que se merece al estado anímico de los empleados, por lo que cualquier creación que suponga un alivio promete ser una buena creación, o al menos necesaria”.

La idea surgió al ver el cómo la tecnología en el ámbito laboral tenía una repercusión positiva y la demanda era latente. “Habíamos estado trabajando con empresas en Cantabria dedicadas a la visualización de modelos industriales, teníamos un trabajo con Valdecilla de un visor de órganos 3D y cuando llegó la pandemia vemos que lo primero que necesitábamos era desarrollar una herramienta con la que poder estar juntos aun estando separados”, explica. A lo que comenzó siendo una herramienta de uso interno se le añadieron una serie de cambios y mejoras destinadas a que otros profesionales pudieran darle utilidad. “A nosotros nos ha dado la vida ya que tenemos a muchas personas teletrabajando desde otras comunidades autónomas. Nos juntábamos todos los días y cuando quisimos darnos cuenta estábamos en una oficina de realidad virtual, tomando nuestros apuntes como si estuviéramos en una de verdad”. ¿Y en qué se diferencia la realidad virtual de otras plataformas más recurrentes durante la pandemia como Skype, Zoom y sucedáneos? Para Calatayud la ventaja clave es que la conversación es “más fluida” en comparación a otras aplicaciones utilizadas para el ámbito profesional, mientras que en el ámbito de la educación la diferencia está en que las aulas pueden dar lugar a constantes y recurrentes distracciones. “Una vez que tienes conectado el equipo de realidad virtual no puedes ni estar al móvil ni a cuchichear con tu compañero de al lado”, señala Calatayud, que indica que la finalidad de la herramienta desarrollada es la creación de un espacio para socializar solventando las restricciones propias del trabajo a distancia. Las primeras pruebas piloto han comenzado a realizarse con clientes de confianza, quienes pueden disfrutar de la experiencia a través de unas licencias del producto habilitadas por Binarybox que servirán como prueba y para valorar el feedback.

El acceso a ‘Beagle Virtual Workplace’ será a través de un modelo de suscripción, cuyo pago será por uso, a través de licencias que, asegura el director de Binary Box, serán “accesibles” permitiendo a las empresas  extender toda su infraestructura tanto de software como de hardware. “Entendemos que muchas empresas todavía no han dado el salto para incorporar equipos de realidad virtual dentro de su workflow habitual y actualmente hay equipos de realidad virtual ahora que por un precio aproximado de 300€ te dan unas prestaciones que hace años eran soñadas”, indica.

Futuro

Francisco Calatayud, director de Binarybox Studios

¿Cambiará la realidad virtual los paradigmas de la comunicación, la cultura y todo lo que antes estaba en el día a día de la sociedad? Para Calatayud el mundo de la cultura va a experimentar de aquí a 24 meses una “transformación bastante profunda” en relación con la tecnología, en una ola de cambios a la que Binary Box Studios espera incorporarse de forma decisiva con un proyecto del que Francisco Calatayud prefiere no dar muchos detalles: “El proyecto que vamos a presentar dentro de poco va a tener relación con el ámbito cultural. La web, que está a punto de ser lanzada, empezó siendo un producto de desarrollo experimental, pero en diciembre del año pasado ya vimos que no iba a ser como esperábamos y, junto a otros dos socios, decidimos crear una empresa nueva única y exclusivamente para este producto”. La nueva empresa, Singulive SL, ha recibido ofertas de colaboración de los ámbitos más diversos, asegura el director de Binary Box: “Desde medios de comunicación a profesionales del mundo del espectáculo, todo el que lo conoce quiere entrar y en EE. UU. está recibiendo una acogida bastante fuerte”.

La nueva empresa y el nuevo proyecto marcarán en gran parte la estrategia y los planes para el ejercicio en curso, que el responsable de Binarybox Studios espera que sea un año de sorpresas y crecimiento: “La vida nos ha ido llevando a donde estamos ahora, por lo que hay que adaptarse a la situación, mantener la filosofía y seguir avanzando”.

En Cantabria operan unos 80 vehículos con licencia para prestar servicios de alquiler con conductor, aunque el número total de autorizaciones es sensiblemente mayor. La recién creada Asociación para el Desarrollo y Divulgación en Cantabria de las VTC quiere conseguir un convenio colectivo para las empresas del sector y representantes en sus relaciones con la administración regional.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Junio 2021

Representantes de Adedican en una reunión con Felipe Piña, director general de Transportes del Gobierno de Cantabria.

Fundada el año pasado coincidiendo con el final del confinamiento, la Asociación para el Desarrollo y Divulgación en Cantabria de las VTC (Adesdican-VTC) ha venido trabajando desde entonces en unos objetivos que, además de los que recoge en su denominación, pasan por alcanzar la máxima representatividad del sector, firmar un convenio colectivo para el mismo y sacar adelante reivindicaciones que homologuen el servicio que prestan –alquiler de vehículos con conductor– a otras modalidades de transporte de viajeros por carretera. De acuerdo con los datos que maneja la asociación, en Cantabria operan hoy unos 80 vehículos con licencia para prestar este servicio, de los que 70 lo hacen para alguna de las 10 empresas que forman parte de Adesdican. “Es verdad que en Cantabria se concedieron en su día más autorizaciones, en torno a 160, pero la mitad de ellas las tienen vehículos que no circulan en la región”, asegura José Martínez, presidente de la asociación.

La creación de Adesdican se decidió tras constatar que la falta de una voz única situaba al sector en situación de desventaja frente a otros colectivos, como el del taxi, en un momento en el que era necesario tomar decisiones importantes para las empresas. Adesdican quiere que los vehículos con licencia VTC puedan circular por carril-bus y tener facilidades para aparcar en el aeropuerto. Además reclama un sistema de ayudas que sirva para paliar la caída de ingresos que se ha producido a consecuencia de la caída de la actividad debida a la crisis sanitaria. En relación con el conflicto con el servicio de taxis, José Martínez admite que la comunicación no es fácil, pero defiende que se trata de negocios diferentes y que es posible la convivencia: “En nuestro caso solo podemos trabajar cuando el servicio ha sido precontratado, ni podemos esperar a los clientes en una parada, ni recogerlos ante una petición a mano alzada. Competimos con el taxi, por supuesto, pero creemos que hay espacio para ambos”.

Francisco Javier López Marcano, consejero de Industria, analiza en esta entrevista las fortalezas y riesgos de la industria regional, un sector con el que asegura va de la mano y que, a su juicio, está demostrando una sorprendente capacidad de generar nuevas iniciativas. Aboga por desterrar personalismos y por construir consensos, y defiende la importancia de las grandes empresas, aunque reconoce que no son tiempos propicios para su implantación. Afirma que trabaja para crear cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial y confía en que las máquinas entren en La Pasiega antes de que finalice esta legislatura. Destaca el potencial del sector sociosanitario y apuesta por jugar un papel clave en la industria del hidrógeno. Dejado atrás ya el tiempo de los ERTE, augura que el próximo año será el de las ejecuciones de proyectos y sostiene que Cantabria seguirá siendo un destino turístico seguro, saludable, natural y, por ende, preferente. Eso sí, siempre que el cielo no nos juegue una mala pasada y lleguen vacunas. ¡Que lluevan vacunas!, reclama.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Junio 2021

Pregunta.– Tras más cinco años alejado de la primera línea política regresa para hacerse cargo de un departamento que no le es en absoluto ajeno, pero al que en esta ocasión se añade de forma singular la industria regional. ¿Percibe que le van a exigir más en esta nueva responsabilidad que en otras como el turismo, un sector al que ha estado más íntimamente ligado?

Respuesta.– Debo aclarar que soy una persona muy autoexigente y que soy consciente de la enorme responsabilidad que he asumido. No diré que mi primer juez voy a ser yo, pero se aproxima muchísimo a la realidad. Estoy convencido de que hay que echar el resto en beneficio de un sector que tiene una enorme pujanza histórica en una tierra de vocación industrial contrastada. Por eso, mis esfuerzos estarán como mínimo en consonancia con la importancia que la industria representa para nuestro PIB, que actualmente está en torno al 22%. Nuestra intención es incrementarlo hasta el 24% a lo largo de esta y la próxima legislatura. Mi reto personal es esforzarme en estos dos años que restan como si fueran los cuatro de una legislatura ordinaria.

P.– Pese a que la industria alimentaria tiene un importante peso específico dentro del sector industrial de Cantabria, su gestión es competencia de otra Consejería. Aunque sea liderada también del PRC, ¿no lo considera una cierta incongruencia?

R.– Es una competencia del Gobierno, que es lo más sustantivo. Sí que es cierto que esta parcela en el día a día puede generar situaciones de difícil gestión, pero no es menos cierto que cuando un Ejecutivo cuenta en estos dos aspectos con consejeros de la misma adscripción política todo resulta más fácil. Por si eso fuera poco, los dos consejeros titulares somos vecinos y tenemos una buena relación.

P.– También es muy destacado el papel de la industria auxiliar de la automoción, un subsector en el que Cantabria cuenta con empresas altamente competitivas pero que dependen absolutamente de las decisiones que adopten las grandes multinacionales, todas ellas localizadas fuera de la región. Ante esta realidad, ¿qué papel puede desempeñar el Gobierno cántabro, además de dar ayudas?

R.–  Son los rigores de la globalización. Las decisiones son en ocasiones globales y hay puntos importantes, sobre todo en ese mapa europeo, pero también tiene sus ventajas. Hay un papel que no nos resignamos a dejar de jugar que es el de la demanda permanente conjuntamente con el sector. Hay que equilibrar las reglas de juego porque el mercado de componentes del automóvil es un mercado global que va dirigido a las grandes marcas. Dicho esto, que las grandes decisiones a veces se tomen fuera de Cantabria es como mínimo una incomodidad. Más allá de las ayudas, los responsables del Gobierno deben ser la voz de estas empresas y un interlocutor válido de sus demandas ante el Gobierno de España. Nosotros no decimos no sistemáticamente a sus proyectos de emprendimiento e innovación por más que esos mercados y las empresas matrices estén fuera de la región.

P.– Las escasas grandes industrias que hay en Cantabria son las mismas desde hace décadas, aunque en ocasiones hayan cambiado de nombre: Solvay, Dinasol, Sidenor, SEG Automotive, Armando Álvarez, Global Steel, Ferroatlántica… ¿Le preocupa la dependencia que existe de estas compañías, que en su mayor parte son las que obedecen a lo que conocemos como industria tradicional o la vieja economía?

R.– Me preocupa más que el cambio de nombre la causa que lo motiva, que es el cambio de propietarios. Resulta doloroso para un consejero de Industria muy arraigado a su tierra que las grandes decisiones se tomen en China o en Alemania porque sus propietarios son chinos o alemanes. Sin embargo, nuestras grandes empresas también tienen autonomía para tomar decisiones y están en una fase de elaboración de proyectos que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Dicho esto, no cabe duda de que son una seña de identidad de nuestro tejido industrial, integrado en un 90% por pymes y micropymes. Los tiempos, de todos modos, no son propicios para la implantación de grandes empresas. Eso pertenece más, salvo casos excepcionales, a épocas pretéritas.

Francisco Javier López Marcano, consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

P.– Precisamente una de ellas, Solvay, necesita sacar adelante su plan de transición energética para garantizar su continuidad. El Ejecutivo regional ya ha anunciado que brindará su apoyo para facilitar este proceso, que suma una inversión prevista de más de 120 millones de euros, pero ¿cuál es la postura de Madrid y de Bruselas?

R.– El proyecto de Solvay es modélico, ejemplar. No solo por la fuerte inversión que conlleva sino también porque se adapta perfectamente al Acuerdo de París y a las exigencias en este ámbito de 2030 y 2050. Supone la eliminación de 170.000 toneladas al año de gases de efecto invernadero. Y nosotros vamos de la mano con la empresa. Estamos al tanto y seguimos sus pasos, desde el propio presidente, que ha liderado esas demandas ante el Estado, hasta la última persona de esta consejería estamos empeñados en ser la voz y el brazo armado de la necesidad de ese proyecto para esta empresa de larguísima tradición y una de las grandes de nuestra economía.

P.- Precisamente, en esta transición energética el hidrógeno verde está llamado a ser una pieza clave. España aspira en su conjunto a producir el 10% del total de la UE y a desarrollar toda la cadena de suministro. ¿Cantabria también va a jugar en esta liga?

R.– No solo queremos jugar la Liga, queremos jugar la Champions. Hemos puesto en marcha una iniciativa, que es la Plataforma del Hidrógeno de Cantabria (PH2C), a la que ya se han adherido 46 o 47 entidades que representan a nuestro tejido industrial, tecnológico y económico. Todas las grandes empresas forman parte de esta plataforma, empeñadas en sacar adelante sus proyectos en Castro Urdiales, Torrelavega, en el área de Santander y en otros muchos lugares de la geografía regional. Queremos cumplir esos parámetros; secundamos esos proyectos y hemos firmado manifestaciones de interés PH2C cuando así se nos ha requerido, siendo copartícipes y aliados de las empresas promotoras de estos proyectos. Si me pidiera un resumen de lo que va de legislatura, la Plataforma del Hidrógeno aparecería en los primeros lugares de logros conseguidos.

P.– Hay consenso en que el coste de la energía lastra la competitividad de la industria no solo en Cantabria, sino en toda España. ¿De verdad no puede hacerse nada desde la administración regional?

R.– Es una pregunta querida (se ríe). Tiene que ver mucho que ver con la Alianza por la Industria, con la imperiosa necesidad de implantar herramientas que equilibren esas diferencias porque, como ya he comentado antes, el mercado en que se mueven nuestras empresas va mucho más allá de nuestras fronteras. En alguna ocasión he aludido a la diferencia existente entre la Europa unida y la de los mercaderes. Y a veces esas diferencias se aproximan mucho más a esta última Europa.

P.–En el proceso de liquidación de Sniace parece que hay algún comprador interesado en quedarse con la fábrica, ya sea en todo o en parte. ¿Realmente existe esta posibilidad? Se lo pregunto porque con los antecedentes de esta empresa solo cabe ser escéptico.

R.– El objetivo es que ese privilegiado espacio productivo de Sniace siga funcionando como tal. Nos encontramos en un momento decisivo de ese larguísimo proceso. Hace unos días se ha abierto el plazo del plan concursal para que los posibles licitadores presenten sus ofertas. A lo largo de estos meses he ido conociendo el interés de distintos grupos no solo por adquirir la empresa sino también por hacerla rentable. Y he conocido proyectos diversos, unos que mantienen todas las unidades productivas que pueden resistir las reglas del mercado en la actualidad, y otros que incorporan fórmulas mixtas, como por ejemplo algunas vinculadas con el hidrógeno. En cualquier caso, es una imperiosa necesidad para Cantabria en general y muy en particular para Torrelavega y su comarca que ese polígono industrial, conectado por autovía y tren y a quince minutos del Puerto de Santander, vuelva a funcionar.

P.– Crear suelo industrial en Cantabria nunca ha sido una tarea fácil. ¿Qué relación existe actualmente entre la oferta y demanda de suelo? ¿Baraja algún uso o alternativa para la extensa superficie que dejará libre Sniace, incluso en el hipotético caso de que la fábrica vuelva a funcionar?

R.– Nosotros estamos trabajando en estos momentos por poner a disposición en torno a cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial. No solo los dos millones del Llano de la Pasiega, sino también los 515.000 metros cuadrados del polígono de Laredo; los más de medio millón de Los Tanagos y de La Hilera, la ampliación del polígono de Castro… Y a todo eso hay que añadir que quedan parcelas en Morero y en Marina de Cudeyo… No tengo ninguna duda de que una vez terminemos las tramitaciones, que son costosas y laboriosas, esos polígonos se van a llenar. Estamos en el momento procesal oportuno en este y en los próximos años para llenar esos espacios industriales y no descarto que en los próximos meses vayan produciéndose buenas noticias.

P.– A las diferentes administraciones, y no solo a ésta, siempre se les ha achacado que buscan un gran proyecto (GFB, Haulotte, Nestor Martin, la reapertura de la mina de Reocín…) que casi siempre acaba mal. ¿La Pasiega es uno de esos grandes proyectos que no llega a ningún lado?

R.– Han acabado mal o no han acabado, porque algunos aún continúan. La Pasiega se encuentra en el mejor momento conocido. Hasta finales de este mes estará en exposición pública y tenemos un calendario que es muy posible que podamos cumplir y que antes de que finalice la presente legislatura nos dé alguna satisfacción. En cualquier caso, en este largo itinerario de tramitación de La Pasiega, que se inicia hace muchos años y que fue suspendido en 2013 –hubo un Gobierno que tardó dos años, de 2011 a 2013, en decidir la suspensión– nos encontramos en el momento más avanzado. Tengo que confesar que el día que el expediente de La Pasiega salió de esta consejería con dirección a Obras Públicas me sentí muy satisfecho. Y eso supuso, junto con la muy estrecha colaboración de esta otra consejería, la aprobación inicial que creo recordar fue el 9 de abril. El mejor de los calendarios es que haya máquinas en el Llano de la Pasiega antes de que acabe la legislatura. Eso sería extraordinario.

P.– En términos industriales, ¿qué espera de los fondos europeos de recuperación? En este sentido, ¿no teme que, dado que la mayoría del tejido industrial cántabro está integrado por pymes con muy poca estructura y escasa capacidad para moverse por los laberintos burocráticos, al final haya menos proyectos que dinero, y que éste termine por perderse?

R.– Tengo un sentimiento doble. Por una parte, me preocupa la incertidumbre y la ambigüedad sobre la distribución de esos 70.000 millones de euros destinados a proyectos. En este momento no sabemos aún si su selección y, por tanto, la distribución de fondos va a estar o no centralizada, ni si todos los ministerios se van a comportar de igual manera. No sabemos tampoco cómo se van a resolver los PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), los fondos de los Next Generation… Hay incógnitas que deberán ir resolviéndose en los próximos meses. De otra, tengo una fe de mucho peso en los extraordinarios proyectos que están presentando las empresas interesadas. Empresas que no son una isla y que conocen muy bien el funcionamiento y requerimientos de la Administración a las que nosotros apoyamos desde el primer minuto procesal. En nuestro ánimo, además, está el seguir ese recorrido conjuntamente con ellas. De todas formas, estoy firmemente convencido de que algunos proyectos deben ejecutarse con o sin fondos europeos, verbigracia La Pasiega.

P.– En muchos foros económicos se apunta al enorme potencial que presenta el sector sociosanitario en Cantabria. ¿Qué hace falta para que esta previsión se concrete y qué argumentos tiene que hacer valer la región para que finalmente pueda conseguirlo?

R.– Estoy totalmente de acuerdo que tiene mucho poderío. Esta fortaleza del sector sociosanitario entronca directamente con una de las direcciones de esta consejería, que es la del turismo de salud. En los tiempos actuales, las personas buscan destinos seguros y saludables y, en ese ámbito, Cantabria, liderada por el buque insignia que es Valdecilla, tiene que mostrar su poderío industrial. Hay que tener en cuenta que desde Sodercan tenemos una línea de ayudas dirigida no solo a las TIC y la creación e internacionalización de las empresas, sino también a la salud. Creemos firmemente en el Clúster de la Salud del que formamos parte.

P.– Usted ha anunciado que el próximo cuatro de junio se constituirá la Alianza por la Industria que servirá para fijar “objetivos comunes” de lo que debe ser el futuro de la comunidad autónoma en este ámbito. ¿Nace con el consenso de todos los implicados –Gobierno regional, grupos parlamentarios y agentes sociales y económicos–?

R.– Sí. Hace tiempo que lo pusimos en manos de todos los grupos parlamentarios. Nace como un ejercicio de fe en el consenso. Los individualismos en la época que vivimos no conducen a buen puerto. Sabemos que es un documento que tiene contenidos, pero que su espíritu corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones, en una aventura que tiene un inicio feliz pero que luego, si no la gestionas, puede conducir a la nada. No tenemos esa voluntad. Tenemos la de buscar acuerdos y consensos y de eso es fiel reflejo esta Alianza por la Industria, como también lo son los acuerdos a los que intentamos llegar con otras comunidades autónomas vecinas. Creo que por principio y por también mi concepción de la gestión pública tenemos que ser una consejería a la escucha y los problemas y necesidades de la industria, del turismo, del comercio, del transporte y de la innovación.

P.– Asegura que sobre la mesa de su despacho se acumulan proyectos de empresas “dinámicas” de la región que, de materializarse en un 70 u 80% de los casos, contribuirán a un futuro de prosperidad y riqueza.

R.– Estoy convencido de que va a ser así. También estoy convencido del riesgo que entraña este tipo de afirmaciones que dependen de muchas cuestiones. En los últimos días suelo enriquecer la explicación. Siempre he dicho que si se cumple ese porcentaje, nos esperan tiempos de prosperidad. Luego también he añadido siempre que han de ejecutarse antes del 2025, porque de lo contrario no los ejecutaremos antes del 2040. Pero, como le decía, ahora lo expreso de otra manera. Si lo que se presentaba el pasado año en esta y otras consejerías eran ERTE, en 2021 son proyectos, el próximo año serán ejecuciones y en 2023 realidades. Este es el calendario que creo debe cumplirse para fortalecer el peso de nuestra industria.

P.– Igualmente, sostiene que de los 19 proyectos eólicos en tramitación solo prosperarán los que sean “sumamente respetuosos con la ley, con el paisaje y con el medio ambiente”. ¿Conoce ya cuáles son?

R.– No. Como sabe, hay proyectos de tramitación autonómica, hasta 50 MW, y a partir de ahí otros de tramitación estatal. A esto siempre añado que nuestro plan de sostenibilidad energética, otra de las buenas noticias de esta legislatura porque ya ha salido a exposición pública, solo contempla 700 MW de eólica terrestre y otros 50 de eólica marina. Si esos 19 proyectos suman del orden de 1.700 MW, es una obviedad que no todos van a salir. Pero el objetivo general es cumplir la legislación, como los estados miembros de la UE también tienen que cumplir la suya, y contribuir a mejorar los datos de producción eólica que hay en España.

P.– Augura que el mayor problema que va a tener Cantabria este verano en términos turísticos es que quepamos todos. ¿Realmente lo piensa así?

R.– (se ríe). Bueno, no sin antes afirmar que las mayores crisis del turismo vienen de arriba, cuando llueve. Eso es lo peor que nos puede suceder en años normales y en circunstancias normales. Lo peor que nos puede suceder ahora es que no estemos vacunados, un extremo que no se va a producir porque ya en estos momentos tenemos unos datos de vacunación muy superiores a la media española. Cuando acabe junio, este porcentaje de vacunados va ser muy elevado, como también será muy relevante el de inmunizados. Eso aporta tranquilidad. Cantabria es un destino preferente. En 2020 ya fuimos junto con Asturias la comunidad con mayor ocupación de España. Somos un destino saludable, seguro, natural y que conjuga tantísimas fortalezas que es imposible encontrar en el mundo otros 5.300 kilómetros cuadrados con tamaña variedad turística. Yo no soy un consejero estático. Cuando puedo, recorro la región y además hago semanalmente mis muestreos sobre cómo están las reservas, los alquileres, incluso las compras de vivienda y tengo mucha fe en que esto va a ser así. Si no llueve y hay vacunas. ¡Que lluevan vacunas!

P.– ¿El turismo ya no será nunca como antes del covid? ¿Y el comercio?

R.– Nada va a ser como antes. Ni el turismo ni el comercio. Esta crisis nos ha cambiado la vida, no solo los hábitos de trabajo y de conducta, sino también el urbanismo, la arquitectura, la demanda de espacios verdes y abiertos… Un hostelero me decía que un alto porcentaje de las personas que entran a un bar a una cafetería a partir de las diez de la noche lo hace para comprar tabaco. Eso antes era impensable. El ocio nocturno se ha ido adaptando en los lugares que ha podido adaptarse, que no son todos. Los hosteleros de la noche son supervivientes y saben mucho de su negocio. La hostelería se está adaptando porque está gestionada por profesionales que, como digo, conocen muy bien su negocio y hacen sus propios estudios y prospecciones. En la profesionalidad de nuestra gente hemos avanzado siglos en décadas. En el caso del comercio, diría que su futuro descansa sobre dos líneas fundamentales: conectividad y digitalización.

Los administradores de fincas aplauden la decisión del Gobierno de dar plena validez jurídica a este tipo de reuniones virtuales, pero censuran que su celebración se haya limitado a la toma de acuerdos urgentes y excepcionales que no puedan demorarse hasta 2022. La imposibilidad de efectuar las tradicionales juntas de propietarios con motivo de la pandemia ha tenido bloqueada la realización de obras y reformas en muchas comunidades de vecinos.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Junio 2021

Con el corazón partido. Así ha recibido el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (CAFCA), Alberto Ruiz-Capillas, la reciente decisión del Gobierno de España de dar luz verde a la posibilidad de celebrar reuniones de comunidades de propietarios de manera telemática e, incluso, de que se pueden tomar acuerdos sin junta mediante consultas por escrito. Y es que, para Ruiz-Capillas, la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo satisface “en gran parte, pero no en todo”, las exigencias de los administradores de fincas colegiados, que desde hace tiempo venían reclamando la necesidad de dar “plena validez jurídica” a las juntas de vecinos virtuales, una posibilidad que, tal y como recuerda, la legislación no permitía hasta ahora, salvo en Cataluña. En su opinión, esta resolución abre la puerta a poder regular la vida comunitaria tras más de un año “prácticamente paralizada”, lo que se ha traducido en la suspensión de más de un millón de juntas de propietarios en todo el territorio nacional. Ahora bien, el presidente de este colectivo, que en Cantabria agrupa a más de 300 profesionales, entiende que su propuesta era “más ambiciosa” y que el Real Decreto-ley (RDL) publicado el pasado 4 de mayo se queda, por tanto, “un poco corto”.

“Los administradores de fincas solicitábamos la validez de las juntas telemáticas sin restricciones. Sin embargo, el Gobierno ha entendido, en primer lugar, que éstas solo se celebren en aquellos supuestos urgentes y excepcionales en los que sea necesario la adopción de un acuerdo que no pueda demorarse más allá del 31 de diciembre. Y, en segundo lugar, ha suspendido hasta esa fecha la obligación de convocar juntas de propietarios y ha establecido la prórroga de los últimos presupuestos aprobados y los cargos de cada comunidad”, explica.

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria.

En su análisis, Ruiz-Capillas sostiene que hubiera preferido que no existiera esa limitación temporal ni de materias a tratar, tal y como, según detalla, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (Cgcafe) plantea en el proyecto de nueva Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que presentó al Gobierno en 2018. “Se trata de una ley con una estructura distinta y más acorde con la realidad de hoy de los edificios y de la jurisprudencia que evite que sean los tribunales lo que finalmente acaben legislando sobre este asunto”, enfatiza el presidente del CAFCA.

Pese a todo, entiende que esta moratoria hasta el próximo año también tiene un lado positivo. “Creo que este RDL puede representar una oportunidad para volver a la normalidad de forma escalonada, es decir, para organizar y planificar que las juntas de 2022 se celebren en su momento, de tal forma que las que se venían realizando habitualmente en enero se celebren también ahora en enero; las de febrero, en febrero y así sucesivamente, y no provocar al inicio del curso un aluvión de juntas de propietarios que sería imposible de atender, aunque ya no estuviera vigente ninguna restricción”.

Juntas presenciales

Sobre las juntas presenciales, una posibilidad que la normativa reserva exclusivamente a los casos en que no se puedan celebrar de forma telemática y siempre que se garanticen las medidas de seguridad aplicables en cada momento, el presidente del CAFCA entiende que se enfrentan a los mismos problemas ya conocidos de la falta de locales suficientes que reúnan las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias, así como al riesgo de contagios al no estar todos los propietarios vacunados. “Las comunidades de propietarios son una gran familia de no convivientes”, advierte para tratar de explicar la enorme dificultad de hacer guardar las normas sanitarias durante la celebración de una junta, “salvo que el administrador de fincas se convierta en policía, lo que obviamente no es su labor”.

“Ya se han dado experiencias, incluso de juntas celebradas en la calle, en las que los incumplimientos de las medidas han podido provocar algún contagio. Por ello, en mi opinión, este tipo de juntas deberían dejarse solo para casos absolutamente extremos, más aún cuando la nueva normativa permite adoptar acuerdos urgentes por escrito sin necesidad de convocar ni juntas presenciales ni telemáticas”. En relación a esta opción, Ruiz-Capillas aclara que el procedimiento viene establecido en el propio RDL –se envía por correo postal una carta a los propietarios, que tienen diez días para contestar–, “recreándose una especie de ficción jurídica que en Cataluña, donde en este tema siempre va por delante y ya llevan un año utilizando este sistema, ha dado unos resultados fabulosos”.

En cualquier caso, el representante de los administradores de fincas cántabros avisa de que no se puede aprovechar la convocatoria de una junta de propietarios sobre asuntos urgentes para ‘colar’ otros puntos en el orden del día, como la renovación de cargos o la aprobación de los presupuestos. “Está prohibido por la ley”, enfatiza antes de reconocer que esta maniobra está dando lugar a no pocos conflictos cuando, especifica, “nuestro cometido es precisamente evitar que ocurran”.

Sobre otras posibilidades que abre el uso de las nuevas tecnologías, como pudieran ser las juntas mixtas –propietarios que comparecen de forma presencial y otros telemáticamente–, Ruiz-Capillas asegura que tampoco están contempladas. “Se podrían celebrar, pero sin duda resultaría muy complicado de organizar”, justifica.

Al hilo de esta alternativa, resalta la “extraordinaria” cultura de las videoconferencias que tiene la ciudadanía. “Se sorprenderían”, afirma para subrayar el “acelerón” en formación tecnológica que ha provocado meses de confinamiento y que ha permitido que personas “analfabetas digitales” manejen hoy con absoluta soltura las plataformas de videoconferencia.

“Hay que seguir por este camino porque no es el futuro, es el presente”, destaca Ruiz-Capillas para explicar a continuación que “la idea es ir acotando la problemática, una a una, para que a los propietarios con dificultades en el uso de las nuevas tecnologías les pueda ayudar algún familiar o vecino”.

Sobre el impulso a la rehabilitación de viviendas y actuaciones urbanas recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), un capítulo para el que Cantabria recibirá a partir del próximo mes cerca de 50 millones de euros de fondos europeos, Ruiz-Capillas espera que acelere la ansiada rehabilitación de un parque edificatorio en el que prácticamente dos de cada tres inmuebles de uso residencial tiene más de 50 años (el objetivo de este plan es rehabilitar medio millón de viviendas en España hasta 2023, cuando el ritmo actual apenas llega a las 30.000 anuales).

Desatasco de las reformas

“Habrá un desatasco de proyectos de rehabilitación que han estado parados durante los meses más duros de la pandemia, pero no creo que se produzca un aluvión porque la situación económica es complicada”, declara el representante de los administradores de fincas de Cantabria. “El momento económico no es bueno, aunque la oportunidad sí lo sea porque las subvenciones son muy golosas e incluso haya importante beneficios fiscales para animar a los ciudadanos a emprender reformas en sus casas”, subraya el presidente del CAFCA que, al igual que otros muchos administradores de fincas, ha podido comprobar a lo largo de estos meses las penurias económicas por las que atraviesan algunas familias. En este sentido, resalta que durante la pandemia estos profesionales se han solidarizado con las familias en dificultades y han aplazado la fecha del cobro de las cuotas comunitarias mensuales a la del cobro de los ERTE, que acostumbra a ser el día 10 de cada mes.

Además, explica que la rehabilitación “no suele estar en la agenda de las comunidades de propietarios”, que solo las acometen “por obligación o necesidad”.

“Esa es la realidad”, aclara Ruiz-Capillas, para quien hace falta fomentar una mayor cultura de ahorro energético. Así, asegura que su colectivo profesional se ha ofrecido a las administraciones para ser el “vehículo de transmisión” de ese mensaje sobre eficiencia energética y contribuir a que cale entre los vecinos.

“Los administradores de fincas estamos en una situación privilegiada de contacto directo con los ciudadanos”, incide convencido de que detrás de esa cercanía está la decisión de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria de contar “siempre” con el CAFCA para trasladar de primera mano toda la información sobre ayudas, subvenciones y planes regionales, así como de su participación activa en el Observatorio de la Vivienda de Cantabria. De otro lado, Ruiz-Capillas alude a la excesiva complejidad en la tramitación de las ayudas. “Es una utopía que los expedientes de subvenciones no sean farragosos. Lo son, lo han sido y lo seguirán siendo”, subraya aunque reconoce la voluntad de las administraciones de ir simplificando cada vez más estas tramitaciones y de impulsar la comunicación telemática que agilice la presentación de documentos.

Autoconsumo fotovoltaico

La autorización de las juntas telemáticas desbloquea uno de los obstáculos para las obras comunitarias, pero Ruiz-Capillas no espera que se produzca un aluvión.

El presidente de los administradores de fincas cántabros vuelve a aludir a la escasa cultura energética para justificar el aún incipiente uso de paneles solares en las comunidades de propietarios, una tecnología que podría instalarse en más de 30.000 edificios y cerca de 85.000 viviendas unifamiliares en Cantabria, según un reciente estudio de la compañía energética EDP. “Es verdad que existe un grandísimo potencial, pero hay que explicarlo porque la mayoría de las comunidades no son conscientes de ello. Además, contamos con la rémora de la obligación que impuso el Código Técnico de la Edificación a las nuevas construcciones de instalar paneles fotovoltaicos antes de que el sector y la propia técnica lo tuviera normalizado, lo que provocó que, en vez de ser una ayuda, se convirtiera en un problema”, aclara.

Si bien asume que esta situación ha levantado “cierta desconfianza” entre los propietarios, también asegura que “estamos a tiempo” de impulsar esta tecnología. A su juicio, en el mismo caso se encuentra la instalación de puntos de recarga de coches eléctricos en los garajes comunitarios. “Otro gran problema”, resalta para explicar que la creciente oferta de este tipo de vehículos va por delante de las infraestructuras, que hoy en día no están estandarizadas. “La ley sí está preparada, pero los edificios no”, enfatiza para censurar la instalación individual de puntos de recarga en los garajes. “La norma permite que el cableado de cada punto de recarga pueda pasar por los elementos comunes del edificio que crean convenientes. En un garaje de cinco coches, vale; pero en uno de 300 vehículos, con 300 puntos distintos, de otras tantas compañías eléctricas distintas, con 300 cables distintos… Puede ser un auténtico caos”, resume. Para evitarlo, el CAFCA aboga por instalaciones comunitarias y no individuales de este tipo de infraestructuras de recarga. “Pero para esto se necesitan ayudas, que las hay, pero son insuficientes”, razona.

Un año difícil

Al volver la vista atrás sobre lo ocurrido desde el inicio de la pandemia, Ruiz-Capillas no duda en afirmar que ha sido “el infierno de fin de semana”, en alusión a que las nuevas normativas solían publicarse los viernes o sábados, lo que obligaba a los administradores de fincas a tener que analizarlas y estudiarlas durante el fin de semana para poder trasladarlas el lunes a sus clientes. En este sentido, pese a que el Gobierno declaró desde el principio su actividad como “esencial”, asegura que el colectivo se ha sentido “totalmente abandonado” por parte de la Administración. “La palabra comunidades de propietarios no ha salido ni el Boletín Oficial de España ni en el de Cantabria hasta ya muy avanzada la pandemia e iniciada ya la desescalada. No fue hasta el 18 de junio de 2020 cuando aparece por primera vez en una norma para hacerlo, además, de una forma totalmente equivocada al equiparar las juntas de propietarios con la celebración de congresos y reuniones científicas”, explica. “Las comunidades de propietarios son un ámbito muy peculiar de enorme trascendencia económica para España y Cantabria que requería una legislación concreta”, concluye Ruiz-Capillas.

Pese a que el cierre de Estvdio puede hacer pensar otra cosa, el número de lectores no ha dejado de crecer y, aunque cada vez se compra más por Internet, también han aumentado las ventas y la valoración de la tienda tradicional como un eslabón fundamental dentro del ocio cultural. En Cantabria operan unas 25 librerías, a las que viene ahora a sumarse la Casa del Libro, vinculada al grupo Planeta. Unas y otras están convencidas del futuro del modelo tradicional de negocio, defienden la aportación de sus establecimientos como proveedores de cultura y coinciden en considerar que el confinamiento dio un impulso a la lectura y, pese a que favoreciera también la venta ‘online’, generó una sentimiento de pérdida que llevó a que las librerías volvieran a llenarse rápidamente tras su reapertura.

Cristina Bartolomé |  @criskyraJunio 2021

Hay futuro para las librerías. La pandemia resucitó el libro como un puerto seguro donde refugiarse de tormentas varias y en Cantabria el porcentaje de lectores pasó del 60% en 2019 al 61,9% en 2020. Además, también se compraron más libros en nuestro país y un 51,7% de los españoles adquirieron al menos un ejemplar en 2020, un 1,3% más que en 2019. Por otra parte, aunque el formato electrónico y la venta ‘online’ tuvieron durante el confinamiento su protagonismo, el papel no ha desaparecido y las librerías siguen siendo el lugar preferido para comprar libros. Una vez superadas las restricciones, la reapertura de estos templos de la cultura atrajo como un imán a los lectores que han vuelto a los orígenes. Nada se compara al placer de pasar las páginas o releer una frase. Aun así el sector conoce sus amenazas, la venta de libros por internet a través de algunas de sus conocidas plataformas es la más importante. Pero también lo pueden ser el libro electrónico, los audiolibros, las autoediciones y la caída de la venta institucional.

Un cliente, entre las estanterías de La Casa del Libro, la última librería en abrir en Santander.

En ese balance entre las amenazas y lo que indican los índices de lectura y venta, el cierre de Estvdio se situaría entre los argumentos que alientan las visiones más pesimistas, lo que a su vez se vio matizado por la rápida apertura de La Casa del Libro, precisamente ocupando uno de los espacios que ocupó hasta hace unos meses la histórica librería, que ha significado una importante novedad para un sector que, según los profesionales, no va a desaparecer.

En Cantabria hay cerca de 25 librerías. La mayoría de ellas, 16, forman parte de Libreros Asociados de Cantabria, LAC, la agrupación que preside Luis Lisaso, propietario de Librería Lisaso, en Renedo. El representante de esta asociación empresarial resume el año-pandemia como un periodo que “no ha sido catastrófico” para las librerías, y asegura que “más o menos” han podido mantener el nivel de ventas anterior a la crisis sanitaria, e incluso admite que habría espacio para hasta 30 o 35 librerías si el sector tuviera ayudas. Apoya su optimismo en que la sociedad cántabra es especialmente aficionada a leer: “Santander es una de las ciudades más lectoras”, afirma. Otra de las razones por las que la pandemia ha tenido un efecto menor en el sector, apunta Lisaso, es la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos “Vamos evolucionando, tenemos opciones y algunas ventajas. Creo que hay futuro, aunque tenemos que trabajar, eso sí”. 

Amenazas y oportunidades

Las librerías sufren, en parte, las mismas amenazas que el producto que venden, esto es, los libros tradicionales. Entre ellas, la competencia del libro electrónico. Sin embargo, según Lisaso, ese es un ‘boom’ que ya ha pasado. La proliferación de las pantallas en el confinamiento y durante la situación sanitaria generada por la covid podía parecer de no retorno –el porcentaje de lectores de libros en formato digital aumentó 1,2% con respecto a 2019– pero el presidente de los libreros quita importancia a ese dato: “Nuestros clientes lo siguen siendo y además hay gente que se está enganchando a leer. Lo que tratamos de hacer las librerías es fomentar la lectura con presentaciones, presencia de autores y muchas iniciativas”.

Curiosamente, el principal efecto que ha tenido el libro electrónico sobre las librerías no ha llegado por restarles ventas en la tienda, sino por su competencia a la hora de surtir a las bibliotecas públicas. Las librerías vienen nutriendo de ejemplares en papel a las bibliotecas, pero cada vez son más las peticiones y préstamos en versiones digitales o electrónicas. Según Luis Lisaso, les resulta muy difícil competir ahí ya que, por ejemplo, en los concursos para adjudicar el servicio se prima el número de empleados de la empresa: “A número mayor de trabajadores te gana cualquiera y es un problema gordísimo el que tenemos con la nueva licitación electrónica. Porque simplemente si nos compraran a nosotros desde las bibliotecas públicas ya daría para salvar muchas librerías”. Destaca además que, al adquirir los libros electrónicos de la forma que se está haciendo, ese dinero se va fuera de la región.

Los responsables de la Casa del Libro en la librería que acaban de abrir en Santander. Gerardo Mouron, director de la tienda cántabra, y Javier Arrevola, director general del grupo, son el primero y segundo por la derecha, respectivamente.

El otro gran problema para una librería física es la venta de libros a través de Internet, donde destacan sitios como Amazon. Para hacer frente a esta competidora a gran escala los libreros independientes, asociados en CEGAL, Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, han puesto en marcha un nuevo sito de venta online: “Hemos pegado un salto y hemos creado todostuslibros.com, con el historial de todos los libros que salen al mercado. Un sitio muy profesional que muestra la disponibilidad en las librerías, el lector encuentra todo nuestro stock y lo que está en su localidad”. Lisaso asegura que está funcionando bien, aunque apela a las ayudas para favorecer una iniciativa que defiende la competitividad de las empresas locales –“necesitamos un poco de subvenciones del estado”, señala– y matiza que, en todo caso, la venta ‘online’ es un complemento para las librerías físicas: “Porque si no, cerramos todos y vendemos por Internet”. Aun así valoran actualmente otras ofertas de nuevos sitios de venta de libros en la red que están surgiendo y de las que de momento prefiere no comentar. El caso es que la pandemia, dice, ha sido un acicate para buscar alternativas: “Ha hecho saltar lo que teníamos trabajado desde hace años, lo hemos acelerado”.

Otro asunto que les afecta, y que está directamente relacionado con la capacidad de las librerías tradicionales para competir con las grandes cadenas de venta por Internet, es la función de las empresas distribuidoras, eslabón fundamental en la llamada “cadena del libro”. El sistema de precio fijo por el que se venden los libros hace que, a diferencia de lo que sucede con otros artículos, la competencia de la venta electrónica no se base en vender más barato, sino en la amplitud del catálogo y en la capacidad para servir cualquier título en un plazo de tiempo breve. Es ahí donde entran en juego las distribuidoras, empresas que se sitúan entre el editor y el librero. Lisaso recalca que en España quedan 3 o 4 distribuidoras importantes, a las que habría que sumar pequeñas distribuidoras en cada región, una función que en Cantabria han venido ejerciendo marcas como Estvdio. Según el presidente de los libreros algunas distribuidoras “hicieron el monopolio y han ido cayendo” y basa su argumento en que “debían haber dado el paso al sistema online, las grandes que dieron el paso se han comido a las otras”.

Un oasis en el sector cultural

El cierre de Estvdio ha dejado a Gil como la gran cadena local de librerías, en una posición que todavía no tenía durante el cierre motivado por la pandemia pero desde la que ahora su directora, Paz Gil, llega a similares conclusiones a las apuntadas por Lisaso. Paz manifiesta sin rodeos que la pandemia ha sido positiva para el sector, que “sigue vivo” y que, dentro de la cultura, ha sido el más beneficiado, ya que desde la fase cero les dejaron abrir, y han podido vender ‘online’: “Hemos trabajado en los meses de confinamiento y ahora la gente se ha volcado en el libro, además ha vuelto al ejemplar en papel”. Como ejemplo menciona su establecimiento de la calle San Fernando: “Nos ha subido mucho el lector, le hemos recuperado y nuestra obligación es darle un servicio y que se quede. La respuesta de la gente ha sido excepcional”. Atribuye parte de este éxito al apoyo de las administraciones con iniciativas como los bonos cultura: “Han ayudado a los jóvenes a acercarse de nuevo a las librerías porque dentro del sector cultural éramos los que estábamos más abiertos, frente a cines, teatros y conciertos”. Tanto es así que alcanzaron el nivel de ventas anterior a la pandemia: “Con un esfuerzo muy grande y también por la venta online. No hemos tenido pérdidas en los meses que estuvimos cerrados y poder decir que hemos llegado al nivel de 2019 es muy importante”.

Además, reconoce Gil, el Ministerio de Cultura ha apoyado al sector: “Hizo un esfuerzo para que nos llegaran los ICOs, que fue un colchón para nosotros, porque tenía muy buenas condiciones”. También se acogieron a un ERTE, “pero como somos también papelería, que era un sector esencial, de los 30 trabajadores, dos nos quedamos trabajando y cuando empezamos a mover la web, para el 30 de mayo la mayoría ya estábamos trabajando”, recuerda.

Nuevo escenario

Luis Lisaso, presidente de Libreros Asociados de Cantabria.

Si la venta en Internet ha sido la tabla de salvación, ahora, con menos restricciones, la directora de Gil calcula que este canal de venta perderá protagonismo y remontará la venta física. Destaca también como positiva la irrupción de la plataforma todostuslibros.com, que puede dar servicio a públicos específicos, aunque asegura que nunca será un sustituto de la venta tradicional: “Para un lector es importantísimo ojear los libros, hablar con los libreros, conocer a los autores…”. Su conclusión es que “la gente ha vuelto al papel” y que se está dando un movimiento relativamente nuevo: “Los jóvenes han encontrado algo que les interesa. Te sorprendería la cantidad de gente joven que lee bien y de todo, también filosofía, ensayo…”

Y es en este contexto en el que aparece un nuevo actor, La Casa del Libro, y desparecen del centro de la capital de Cantabria las librerías de Estvdio, lo que vino siendo toda una referencia durante décadas. ¿Cómo puede influir este cambio?

Paz reconoce que cualquier establecimiento y más con la fortaleza de la cadena de librerías avalada por Planeta, es una fuerte competencia: “Pero cuanta más competencia mejor va todo. Nos vamos a complementar, lo importante es el lector. En realidad el buen aficionado visita todas las librerías y eso enriquece mucho, porque nosotros no podemos tenerlo todo”.

También hace una referencia a la desaparición de Estvdio del centro de la ciudad y asegura que le preocupa: “Es un grave problema para Santander, era una librería muy buena y tenía muchos clientes, daban un servicio para la ciudad. Es doloroso ver cómo desaparece una librería, es como la desaparición de los cines”. A esto añade que no necesariamente los clientes de la famosa tienda de Calvo Sotelo acudirán a la suya, aunque no niega que les pueda beneficiar: “Nos favorecerá, pero no en la medida que debería para la ciudad. El problema cuando desaparecen las librerías es la falta de diversidad. Estvdio vendía mucho libro técnico y ahora no hay ninguna que dé ese servicio, eso es peligroso para una ciudad. Si todos vendemos lo mismo, desapareceríamos”.

Uno de los problemas más recientes de las librerías independientes, enumera Paz Gil, es que no pueden vender libros electrónicos o ‘e-books’, entre otras razones porque muchos de los títulos no están digitalizados. De hecho, narra, se da la circunstancia de que hay bibliotecas que solicitan determinados ejemplares a pequeñas editoriales pero aún no existen en formato digital: “Son los grandes grupos editoriales quienes tienen más títulos y fundamentalmente lo lleva un grupo muy grande también del grupo Planeta”.

El caso es que cada vez hay más libro electrónico en las bibliotecas, un lamento en el que la voz de Paz Gil se une a la de Lisaso: “En pandemia han subido muchísimo y en este formato no pueden comprar a las librerías, que somos sus proveedores. Nosotros vivimos en gran medida de la venta institucional, es lo que más temo que va a desaparecer. Siguen comprando bastante pero es una amenaza de futuro, la oferta  además es mucho más barata”.

Mejoras en la cadena del libro

La librería es el último eslabón de la llamada cadena del libro, formada por los agentes del sector. De la venta de un libro, generalmente un 45% es para el editor, un 20% para el distribuidor y un 35% para el librero.  ¿Habría que introducir cambios ante la nueva situación? Paz considera que en general la cadena funciona bien, aunque matiza que hay que respetar la función de cada uno y aboga por que el editor edite bien y que se pague bien a los traductores, los maquetadores, que se corrijan los libros… “Y que se respete también la función del distribuidor, que hace la parte comercial y nos enseña las novedades a las librerías. A veces saltan a esta parte algunas editoriales y creo que no está bien”. Cuenta además que durante los meses de pandemia y confinamiento “los pequeños grupos y distribuidores se han portado bien, prorrateando pagos, no nos han pasado recibos cuando estábamos cerrados… negociamos siempre en positivo”.

Paz Gil, directora de Librería Gil, en el establecimiento de la plaza de Pombo, uno de los tres con los que cuenta la empresa en la capital de Cantabria.

Las palabras de la directora de la Librería Gil traslucen su admiración por el libro como elemento valioso de la tradición cultural. Por ello la opción de la autoedición que ofrecen plataformas digitales y algunas editoriales no le convence. El hecho es que crear una publicación en estas plataformas significa que su identidad, su ISBN, puede asimilarse a otro país, un detalle que puede pasar desapercibido: “Esas cosas el gobierno las debería proteger, porque la ley dice que tenemos unos derechos como libreros. A nosotros no nos hacen descuentos en Amazon por ser libreros y resulta que si compramos ese libro porque estamos obligados a dar ese servicio a una biblioteca o un cliente, ¿resulta que tiene un ISBN de otro país?”.

Otra de las razones para no congeniar con la autoedición es que rompe de algún modo la cadena, y deja fuera de juego a profesionales especializados: “La autoedición mueve mucho dinero, pero un libro es mucho más, es algo muy valioso. En las plataformas los libros se califican con estrellas, con comentarios para subir en el ránking… y eso no me parece bien, me parece peligroso… ¿Qué criterio seguimos? Algunos de esos libros autoeditados tienen hasta tienen faltas de ortografía”.

Tanto la autoedición como la venta de libros en grandes plataformas como Amazon ha venido a alterar el mercado de las librerías. Paz Gil compara la situación de España con la de Francia, donde el Gobierno le ha hecho frente para proteger a sus libreros exigiendo controles financieros y laborales.

El recién llegado

Javier Arrevola es el director general de La Casa del Libro. Tras las primeras semanas después de la apertura de la tienda en la calle Burgos, justo donde antes se encontraba Estvdio, expresa su confianza en un futuro “más que prometedor” viendo el “éxito” por la llegada de público y ventas hasta el momento. Esta cadena de librerías fue fundada por Espasa-Calpe en 1923 en Madrid y actualmente cuenta con más de 40 tiendas en España y una en México. Maneja un fondo de más de 1.000.000 libros y más de 700.000 eBooks. En 1996 puso en marcha su librería virtual, que en 2017 fue adquirida por la editorial Espasa, del Grupo Planeta.

Su llegada a Santander se pergeñó ya antes de la pandemia, cuando tomaron la iniciativa de ponerse en contacto con los propietarios, y retomaron las negociaciones cuando la situación sanitaria mejoró: “Hablamos con Estvdio, que prefería que el local en donde estaban lo ocupara otra librería”.

Reconoce que durante el confinamiento solo pudieron vender vía ‘online’: “Que no sustituye, ni mucho menos, la venta de las librerías, pero cuando se abrieron fue una explosión de venta de libro físico en todo el sector”. Arrevola encuentra lógica esta reacción: “El hábito de la lectura creció,  había más tiempo para estar en casa y se compraron más libros”, y cifra entre dos y tres veces más volumen de ventas en su plataforma de internet que antes de la pandemia. “Ahora ha disminuido, pero ha venido para quedarse” y clientes que no sabían comprar online pivotan con naturalidad entre uno y otro modo, “se mueven en eso que llamamos omnicanalidad”.

Por otro lado, la lectura en pantalla actualmente no es el grueso de su negocio, que valora en un 6% de las ventas y el 7% en el mercado: “Ha perdido cuota desde 2013, calcula, y asegura que “el rey sigue siendo el rey” en referencia al libro en papel, por lo que le augura una “larga vida”.

El hecho de ser una gran marca en el sector de las librerías y el segundo en la lista de ventas por Internet en España, no les libra de los costes del negocio y ve que cabrían más posibilidades para ampliar el margen de beneficios: “Soy librero y sé que vender libros en una tienda es cada vez es más caro, especialmente por los costes del alquiler en los mejores sitios de las ciudades, pagar a los equipos… Valoraríamos mucho que se hiciera un pequeño movimiento hacia el librero y evitar que se lo comiera Amazon. El librero tiene un valor social de prescripción hacia el lector”.  Por ello aboga por un mejor reparto de los márgenes: “Cuanto más apoyes a la librería más vendes, cuando más vendes, más ganamos todos. Si vender más significa que hay que sacrificar un pelín del resto y dar un poquito más de margen a los libreros, pues bienvenido sea”. Otra opción podría ser un IBI rebajado en el caso de los propietarios del local.

La visita a las librerías se ha convertido, tras el confinamiento, en una de las formas de acceso a la cultura que menos afectada se ha visto por las restricciones.

Entre las líneas de trabajo que prevé seguir La Casa del Libro en Cantabria está la venta institucional y, en cuanto a la oferta de libros técnicos que ofrecía la librería Estvdio, prevén trabajarla, aunque ven difícil llegar al nivel de especialización que tenía la histórica librería: “Nuestro modelo es más generalista, no tan orientado al libro de texto o técnico. A diferencia de Estvdio, que tendría cerca de 25.000 referencias, nosotros tenemos 50.000 y para alimentar un modelo así tenemos que ser mucho más generalistas y menos centrado en ese tipo de negocio. Aun así vamos a tratar de rellenar este hueco”.

Por su parte, Gerardo Mouron, director de la nueva tienda en la calle Burgos de la capital cántabra, destaca que la acogida ha superado sus expectativas, algo que relaciona con el lugar en el que se encuentra el establecimiento y que, pese al cambio de marca, “sigue apegado a la tradición que venía de antes, en un edificio singular y muy unido a la ciudad”. Lo que viene a aportar La Casa del Libro en Santander, dice su director, es un fondo muy amplio dirigido a todo tipo de público.

Mouron está convencido de que la venta de libros en papel no va a descender, aunque la realizada online aumentara entre un 10% y un 20% durante los pasados meses de pandemia. Dado el nuevo contexto, avanza que es la venta física la más importante y en lo que están trabajando más, convencido de que las librerías aportan la asesoría y el trato personalizado. En Santander, además, harán un esfuerzo por aumentar las referencias ligadas a Cantabria, para cubrir otro de esos huecos que dejan sus antecesores.

Aunque se trata de una operación diseñada con carácter previo a la crisis sanitaria, la inauguración de los nuevos cines en el centro comercial Bahía Real sorprende por llegar en un momento en el que el modelo de negocio de las salas se ve cuestionado por las condiciones impuestas para la lucha contra la pandemia, y también por un cambio de usos y costumbres que se ha visto potenciado con el confinamiento y que favorece el visionado en casa. Pese a ello, tanto los recién llegados como quienes llevan más tiempo en el sector confían en que el público vuelva a las salas cuando pase la actual situación de emergencia sanitaria, aunque discrepan a la hora de valorar el alcance del impacto que tendrán las plataformas de ‘streaming’ en el futuro: mientras las grandes cadenas confían en encontrar formas de colaboración, los exhibidores independientes creen que el cambio en las reglas de juego será muy perjudicial para quienes buscan ofrecer un cine diferente.

Cristina Bartolomé |  @criskyraMayo 2021

Las salas de cine de Cantabria sufren el impacto de la pandemia y, al igual que en el resto de España, la taquilla en 2020 bajó aproximadamente hasta el 30% de lo que era, perdiendo un 72% de recaudación. En todo el país se recaudaron 171 millones de euros en 2020, lejos de los 624 millones de 2019, según FECE, la Federación de Cines de España. Pero los empresarios de la exhibición cinematográfica se niegan a tirar la toalla y se confían a las ganas de la gente de disfrutar de la gran pantalla después de tanta restricción. Tanto los grandes como los pequeños esperan tiempos mejores y confían en que se levanten algunas limitaciones que hasta ahora han reducido el aforo y la confianza de los aficionados. Ronda en el ambiente la opinión de que en verano podría comenzar la remontada, por eso hacen la travesía del desierto con alma de supervivientes, convencidos de que el cine de toda la vida no morirá, ya ha superado suficientes batallas demostrando que puede más una buena experiencia que mil pequeñas pantallas. La apertura de las nuevas salas de la cadena Ocine en el centro comercial Bahía Real son la mejor y más cercana muestra de esa confianza empresarial en el futuro de un espectáculo y modelo de negocio, el de la exhibición cinematográfica, al que se ha dado muchas veces por acabado pero que siempre ha terminado por encontrar la forma de salir adelante.

Con las nuevas aperturas, en Cantabria tienen presencia tres grandes cadenas de exhibición: Cinesa, en el centro comercial Bahía de Santander, UCC, en Peñacastillo, y la citada Ocine en el nuevo centro comercial de Camargo. Junto a ellas, y al margen de cines municipales y filmotecas, sobreviven el cine Los Ángeles y las salas Groucho, la últimas ubicadas en el centro urbano de Santander.

Ramón Biarnés, director general de Cinesa, calcula que la afluencia a sus salas está al 30% de la media de 2019, una caída que tiene que ver con las restricciones debidas a la pandemia y también, señala, a la ralentización de nuevos estrenos: “No ha  habido películas importantes hasta ahora, ya que las distribuidoras están esperando la vuelta a la normalidad para coger el ritmo habitual”, considera Biarnés, que incide en el que suyo es un tipo de negocio que cuando cierra no produce, lo que llevó a acogerse a un ERTE con motivo de la crisis sanitaria. Subraya que no han hecho despidos y que su intención es no hacerlo tampoco en el futuro, y que esto ha llevado a tener que reducir los costes “al máximo”. Sin embargo han podido solventar la situación gracias al “pulmón financiero” de la cadena, líder mundial de exhibición en palabras de Biarnés, que cuenta con 44 centros y 514 salas en nuestro país y que pertenece a Odeon Cinemas Group, el cual opera en España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia y Portugal, y que a su vez fue adquirida por AMC Theatres en 2016. No niega que la situación es “muy difícil”, pero sostiene que España es uno de los tres países de Europa en los que sus cines están abiertos, junto con Noruega y Portugal, aunque con restricciones, que a veces, señala, caen en la “inconsistencia”, porque “en algunos está permitido vender comida y en otro no”, por ejemplo.

Un futuro al que regresar

El director general de Cinesa se muestra muy seguro de que no desaparecerán las salas de exhibición cinematográfica: “La idea es esperar a que se levanten las restricciones y se vuelva a la antigua normalidad”.  En el caso de su cadena se han clausurado un par de cines por la finalización de los contratos de alquiler de locales: “Pero no es por la intención de cerrar cines o por no querer operar”. Calcula que este verano será un punto de inflexión porque se habrá avanzado en la vacunación, lo que le lleva a defender que no es el momento de pensar en hacer cambios: “Si en junio o julio la situación será casi normal, no vamos a hacer locuras ahora”.

Ramón Biarnés, director general de Cinesa, la cadena propietaria de los cines ubicados en el Centro Comercial Bahía de Santander, junto a El Corte Inglés.

Una de las amenazas de las salas de cine es la irrupción de las plataformas de streaming, que tanto predicamento han tenido en tiempos de confinamiento. El director general de Cinesa se muestra práctico y considera que han llegado para quedarse: “No las critico, durante la pandemia no ha habido otra forma de ver contenido” pero añade, eso no significa que vayan a sustituir el visionado en salas: “Estoy visitando los cines de España y pregunto a los clientes por qué van y me dicen que no tiene nada que ver una película vista en casa que vista en el cine”.

Pantalla grande, pantalla pequeña

Para Biarnés se abre una nueva etapa: “Coexistiremos, podemos hacer cosas juntos pero aún no ha habido tiempo de sentarse y ver qué podemos hacer. No es una guerra, es tema de un modelos de contenido, las plataformas ponen más énfasis en las series”. De hecho, incide, la mayoría de las distribuidoras no han usado las plataformas ‘online’ para estrenar, han esperado para cuando las pantallas estén activas, y recuerda que las grandes, como Disney o Warner, “son lo que son por lo que han hecho en el cine, no en las plataformas”.

De parecida opinión es Esteve Agustí, copropietario de la cadena Ocine, que acaba de abrir 9 salas en el Centro Comercial Bahía Real. Agustí es miembro del consejo de administración de la cadena, junto a su padre, Narcís Agustí y sus hermanos Jordi y Joan: “Viendo el historial del cine, no me cabe duda de que va a superar la crisis de la pandemia. La gente tiene muchas ganas de salir de sus casas y quiere ver una película en una pantalla grande, que es una toda una experiencia”. En referencia a las plataformas, Agustí también sostiene que “hay que convivir con ellas”, admite que la situación actual, con las dudas que puede haber sobre la seguridad, es diferente y que sí es cierto que les afecta “un poco”, pero considera que la gente quiere salir de casa, encontrarse con sus amigos, socializar después de estos meses de pandemia y restricciones. Por todo ello, concluye, “hay que ir al futuro”.

En relación con la falta de estrenos de los últimos meses, Agustí no cree que las grandes distribuidoras hayan abandonado las grandes pantallas, y ahora espera que en sus nueve salas recién inauguradas se vayan pasando las películas que han dejado en ‘stand by’ a causa de la pandemia.

Atrapa al espectador

Una apertura como la de Ocine, en un momento de crisis como el actual y con el condicionante de la covid-19 latente, puede verse como un salto en el vacío, aún más teniendo en cuenta que el paso se ha dado sin acuerdos previos con las distribuidoras, según asegura el directivo de la cadena, que por otro lado no tiene duda de que los cines seguirán contando con su apoyo: “Aunque también hayan estrenado en plataformas de streaming, nunca han dejado de apostar por las salas de cines, porque son muy conscientes de que no son lo mismo que el sistema home”.

Los hermanos Joan, Jordi y Esteve Agustí, propietarios de la cadena Ocine, fotografiados durante la presentación de las nuevas salas ubicadas en el Centro Comercial Bahía Real, de Camargo.

La estrategia de la empresa de exhibición cinematográfica Ocine, con su apuesta por ofrecer una experiencia diferente en sus salas, es consecuente con esa idea de marcar distancias con el visionado en casa. Nacida en la localidad catalana de Olot y con más de 78 años de historia, es el tercer operador más importante de España y el primero con capital enteramente nacional. Está presente en España y Francia y gestiona su actividad como empresa familiar en su tercera generación. En Cantabria ha basado su carta de presentación de cara al espectador en la palabra confort: la estrella de la película es la nueva butaca ‘Premium’, totalmente reclinable, con bandeja independiente en la que reposar un combinado con nombre de película y una fuente USB para recargar el móvil. Además, dos de sus salas incorporan sonido multidimensional, a lo que se añade proyectores láser de última generación. El objetivo es crear una experiencia cinematográfica combinando confort y tecnología, de ahí el concepto ‘premium’. Sus 9 salas albergan 1.003 butacas en total.

La llegada del nuevo exhibidor, y la suma de ese importante número de pantallas y butacas a la oferta cinematográfica de Cantabria, ha tenido un inevitable efecto en sus competidores. El director general de Cinesa, que cuenta con 1.800 butacas en sus cines cántabros, no oculta que la reciente apertura de las salas Ocine en Camargo les va a hacer “algo de pupa” pero no se amilana y asegura ver de forma positiva la situación: “La competición es buena, nos va obligar a ser más activos”, y cuenta con la experiencia de haber conservado a sus clientes habituales en otra ciudad donde la cadena de la familia Agustí abrió igualmente cerca de sus instalaciones: “La gente quería probar pero han vuelto a nuestras salas, a lo mejor hacemos algo que les gusta a los clientes”.

Ante la llegada de un nuevo operador, Biarnes apuesta por nuevas acciones que refuerzan la calidad de sus salas y servicio: “El cliente cántabro es exigente y nosotros queremos que vengan por la buena calidad que les ofrecemos”. Por otra parte, considera una ventaja pertenecer una cadena internacional por las experiencias de negocio que pueden replicar: “Somos una empresa muy activa y aprendemos de mercados internacionales. Si Ocine nos sorprende, nosotros les sorprenderemos a ellos” y cita sólo algunas acciones de una estrategia que prefiere no desgranar: incentivos de precio, productos nuevos en el bar, una nueva comunicación…  “En definitiva, un nuevo reto”, concluye.

Panorámica de una de las nuevas salas, con las butacas que quieren ser uno de los elementos diferenciadores de las salas que Ocine ha abierto en Cantabria.

Por su parte, la cadena Ocine, que cuenta con 24 cines y 35.000 butacas en España y Francia, respondió a la invitación del promotor del centro comercial a explorar la posibilidad de instalarse en Camargo y lo vio como una oportunidad de negocio, explica Esteve Agustí en relación con su llegada a Cantabria, y apunta que la recuperación de la inversión inicial de 5 millones de euros se dará, dependiendo de la afluencia, en “unos  años”. Entre las acciones comerciales la empresa habla de una promoción de apertura con precios de entrada rebajados, aunque luego serán un poco más caras que en otros cines, y una tarjeta de fidelización con ventajas y descuentos, así como el concepto de espacio para eventos corporativos y afterwork.

Agustí asume como un bache importante el generado por la pandemia, que sin embargo no ha impedido avanzar en el proyecto cántabro, ya diseñado antes de marzo de 2020, en sintonía con el del centro comercial. También, al igual que el director de Cinesa, prevé que la recuperación del ambiente en las salas de cine llegará en verano y apuesta por que poco a poco se vuelva a la normalidad. En cuanto a la programación, sugiere que podrá haber ciclos y pases puntuales, como óperas y conciertos. También podrían pasarse películas en versión original cuando esté todo en marcha,  “en 2 o 3 meses”.

El público fiel de las salas independientes

Tanto en el caso de Ocine como en el de Cinesa, al igual también que lo que sucede con UCC, el enclave comercial en el que se ubican los cines sirve de motor de atracción, y marca en gran medida el modelo de exhibición de estas cadenas. Al otro lado encontramos las pequeñas salas de exhibición independientes, que han sobrevivido a todo tipo de envites en los últimos años y que, aunque la pandemia y sus cierres les han afectado directamente, tienen su tabla de salvación en un público fiel que ve en estas salas una alternativa al cine más convencional, con propuestas a veces a contracorriente.

En el caso del Cine Los Ángeles, el último superviviente de las salas históricas de la capital cántabra, su propietario, Carlos Restegui, representa la segunda generación de un negocio familiar que nació en 1957. Califica lo sucedido con la pandemia como “un despropósito de circunstancias” cuando tuvieron que cerrar en marzo de 2020. Solo vislumbraron “un poco de luz” en julio, cuando pudieron reabrir, contando con la ventaja de que las multisalas de Peñacastillo y Cinesa estaban cerradas. “Teníamos ilusión y la esperanza de que la gente volviera, hicimos una programación buena, aunque el público tenía miedo de ir a un sitio cerrado, pero también quería salir. Aún así el verano fue malísimo, para el negocio fue fatal”, lamenta Restegui.

El hecho es que ahora está abierto y ha llegado hasta aquí con recursos propios y alguna ayuda al sector, aunque insuficiente: “Lo único que salió fue una ayuda del Gobierno cuando ya estábamos abiertos –que cuantifica en 8.000 euros–, aunque no para financiar los costes de la apertura sino para productos covid, y obligando a justificar los gastos. Sí nos beneficiamos, pero con eso no se hace nada, no es relevante para la vida del cine”. Las circunstancias le llevaron a solicitar un ERTE, pero pese a la reducción de gastos que ello supuso, el propietario del cine Los Ángeles admite que la situación sigue siendo muy complicada: “Con el dinero de la taquilla no llega, yo he pagado los gastos con mi dinero”.

En cuanto a la recaudación anual, Restegui calcula que se encuentra al 15 o 20% en comparación a los meses previos a la pandemia. La estrategia de supervivencia ahora pasa por contar solo con dos funciones diarias y seguir abiertos aun con aforo reducido, lo que significa 160 butacas de un total de 330. “Seguimos a flote porque tenemos un público fiel, empleados que aguantan y dinero ahorrado. Ha habido una caída tremenda, además nuestro público no es joven, pero estoy contento, igual soy de los que más público ha tenido en tiempos tan malos”.

Los Cines Groucho son la otra propuesta de titularidad privada de Santander. Por sus dos salas, con un total de 185 butacas, han pasado todo tipo de películas del cine independiente y de autor desde que abriera en 2004. Han sobrevivido, relata José Pinar, su propietario, por las ayudas institucionales del Ministerio y con el cheque resistencia de Sodercan y con el plan de ayuda del Ayuntamiento: “Esto nos ha permitido aguantar hasta enero, pero ahora la situación es la misma, aforo reducido y miedo”.

José Pinar, propietario de los cines Groucho.

A día de hoy es el único cine que permanece cerrado. Ha pasado una pandemia complicada: “Después del cierre en marzo de 2020, llegó la llamada desescalada, pero el verano fue difícil y la entrada era muy mala. A finales de este mes de marzo se reincorporaron todos, pero nosotros mantenemos el cierre y no sé por cuánto tiempo más, pero no tengo intención de abrir a corto plazo”, lamenta Pinar, que basa su decisión en la experiencia de lo sucedido en los últimos meses: “En la desescalada solo contamos con un 30% de espectadores y de recaudación. No voy a hacer la siguiente porque ya hemos visto que no funciona. Cuando estén las cosas bien abriré”. No obstante, no zanja el asunto de forma definitiva y deja la puerta abierta a una reapertura: “En principio la idea es seguir esperando un poco más, la temporada primavera-verano es la peor época, una opción podría ser reabrir el 1 de agosto, pero no quiero pillarme las manos”.

Un escenario complicado

El cine ‘on line’ ha alterado el circuito comercial del sector, las distribuidoras retrasaron los estrenos por el cierre de las salas y por tanto no había películas para exhibir. A ello se unió el boom de las plataformas. Todos estos factores, con los que los directivos de las grandes cadenas aseguran ser capaces de convivir, se ven de forma muy diferente por parte de los pequeños empresarios del sector. Restegui considera que todos estos cambios hacen mucho daño a la industria, porque trasladan la idea de que no hace falta que vayas a las salas para disfrutar del cine: “Nada va a ser como antes. Muchas empresas no van a reabrir, ni cines, ni cadenas de distribución. Las plataformas se han llevado una cuota de mercado que no hubieran conseguido en circunstancias normales y aguantar su impacto para una empresa familiar es muy difícil”. Aun así, rechaza que las plataformas vayan a ser el futuro del cine: “El cine ya ha superado muchas competencias, el problema es que ha habido muchos inconvenientes y se han tomado decisiones por gente que no conocía el sector”.

Pinar es muy expresivo al definir la irrupción de las plataformas de ‘streaming’ para ver películas –“han entrado como un elefante en una cacharrería”– y opina que el consumo en una pequeña pantalla es muy pobre en cuanto a imagen, y no es lo mismo que ir a una sala. Además. plantea sus dudas sobre si el público volverá a los cines como una de sus actividades habituales de ocio: “Ya veremos cómo se restituirá la cosa cuando se abra el espacio, no lo veo claro eso”.

De aquí… ¿a la eternidad?

“Las reglas están cambiando”, observa José Pinar al valorar la situación a la que se ha llegado tras la decisión de algunas grandes distribuidoras de estrenar en las plataformas ‘on line’, a lo que se suma que varias productoras decidieron no estrenar en las salas por miedo a no recaudar. Todo este nuevo escenario, señala, puede tener consecuencias de ahora en adelante: “Cuando volvamos a la normalidad, estos consumos van a ser muy perjudicados, ni los teatros ni miles de eventos van a tener la misma demanda. Esta pandemia y la gestión política han criminalizado muchas actividades. Veo difícil volver a niveles anteriores”. Para este empresario “la pandemia está condicionando todo, el mercado está un poco alterado, es un poco artificial”.

Carlos Restegui, propietario y gerente del cine Los Ángeles.

El dueño de los Groucho se refiere por ejemplo a que la falta de estrenos hace que algunas películas se vean en varios cines al mismo tiempo, y señala que incluso alguna distribuidora con la que operaba en exclusiva ahora exhibe sus películas también en otras salas: “No voy a ser la quinta copia de la misma película, no estoy aquí para un mercadeo sino para defender un cine distinto, una cinematografía que habitualmente no tiene acceso al mercado”.

Con respecto a la apertura de nuevas salas en centros comerciales, Pinar opina que Cantabria no necesita más pantallas, y prevé que va a quitar público al cine de la ciudad, aunque serán los grandes los que más van a competir entre ellos. “Todos estamos ya pasándolo mal desde antes de la pandemia y los que estamos en el centro estamos más fastidiados”, sentencia el propietario de los Groucho.

Restegui ve el futuro con otro color y percibe algún síntoma que puede beneficiar el negocio: “Cuando estábamos tan mal la gente no se atrevía a salir ni al súper. Ahora convivimos con las circunstancias”. Por otra parte, señala el propietario del cine Los Ángeles, la llegada de un nuevo operador no le afecta a él, dice, sino a otros cines grandes: “Ya he vivido la apertura de un Cinesa, de los Cines Bahía, hemos digerido la apertura de los Cines Valle Real… Cuando llegaron ya busqué la forma de continuar, abriendo 5 días. Hice los ajustes cuando tuve que hacerlos, con otra oferta de programación, que es lo que nos ha salvado. Tenemos otra forma de trabajar y los distribuidores ya saben lo que puedo hacer”.

El secreto, según Restegui, es mantenerse fiel a una forma de entender el negocio: “Nosotros amamos el cine y vamos a seguir, por el cine de toda la vida, lo que se entiende por cine. Contamos historias y disfrutamos con ellas. Y al público le tratamos como le hemos tratado toda la vida”.

Siete empresas de Cantabria han tomado parte en el proyecto industrial más ambicioso acometido por la construcción naval española, culminado en su primera etapa con la puesta a flote del submarino S-81, el primero de una serie que contará como mínimo con otras tres unidades en las que también han garantizado su participación. Con la construcción del sumergible, España se convierte en uno de los únicos diez países del mundo con capacidad para diseñar y construir este tipo de buques, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para atender encargos procedentes de otros países. Además de las oportunidades que ello supone para las empresas participantes, el altísimo nivel tecnológico y los requerimientos técnicos que exige un proyecto de estas características son un verdadero aval de la capacidad y competitividad de quienes han tomado parte en el programa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2021

Casi atendiendo a cualquier variable que pueda considerarse, pero singularmente si consideramos el alcance y la exigencia tecnológica del proyecto, la construcción de los submarinos de la serie S-80 que la Armada Española ha encargado a Navantia constituye el programa más ambicioso acometido nunca por la industria española. Con la puesta a flote del primero de los cuatro sumergibles de la serie, un acontecimiento celebrado el pasado 22 de abril en el astillero de Cartagena donde se construye el S-81, España se convierte en uno de los pocos países con capacidad para diseñar y construir buques de este tipo, haciéndolo además con tecnología propia y con unas prestaciones que convierten al ‘Isaac Peral’ –nombre con el que se le ha bautizado– en el submarino más avanzado del mundo entre los que utilizan propulsión distinta a la nuclear. La relación de proveedores con que ha contado Navantia para la construcción de la unidad botada en abril, y también para las que vendrán después, incluye una presencia mayoritaria de empresas españolas y, entre ellas, siete de Cantabria que, bien en sus propias instalaciones o bien trabajando en el astillero murciano, han fabricado e instalado componentes del sumergible. Una tarea esta que, más allá de las dimensiones de lo realizado por cada una –y en algunas la aportación ha sido de gran relevancia–, supone un incuestionable aval de la capacidad técnica de los participantes.

Aunque España ya había construido submarinos anteriormente, hasta ahora lo había hecho siempre con tecnología y licencias de otros países. Es el caso, por ejemplo, de los sumergibles de la clase Galerna –o serie S-70–, desarrollados por los astilleros franceses DCN y construidos por Bazán –la actual Navantia– en los años ochenta del pasado siglo. Es precisamente a esa serie a la que se viene a dar relevo con el programa S-80 –o clase Isaac Peral, por el nombre de su primera unidad– para el que el astillero público optó por hacer un desarrollo propio. La dificultad del empeño queda clara si tenemos en cuenta los obstáculos que han tenido que superarse y que han retrasado en una década la fecha prevista para la entrada en servicio de estos submarinos, obligando a la Armada a acometer una renovación completa de la última de las unidades de la vieja serie S-70 –lo que se conoce como gran carena– para prolongar su tiempo de servicio. El principal contratiempo en el desarrollo del programa S-80 fue el error detectado en 2012 –apenas un año ante de la fecha inicialmente prevista para la entrega– que obligó a recalcular las dimensiones de la nave y que en la práctica supuso la puesta en marcha de un nuevo programa, el que se conoce como S-80 Plus.

Navantia ha organizado la construcción del S-81 dividiendo el submarino en cuatro grandes secciones y adjudicando los trabajos a realizar en cada una de ellas a empresas diferentes. Enwesa ha sido la encargada de elaborar y montar las estructuras y montajes mecánicos de una de esas cuatro secciones.

El diseño, desarrollo y construcción de las cuatro unidades de la serie contempla una inversión de 3.900 millones de euros, una cantidad que según los cálculos de Navantia supone una aportación de en torno a 250 millones de euros anuales al PIB español. Además de lo que está cifra tiene de relevante en sí misma, la importancia del programa para la industria española se mide sobre todo en términos cualitativos, al haber contado con un importante número de empresas nacionales para su realización, con el uso de tecnologías de última generación, transferibles al ámbito civil. En total son unas 800 las empresas españolas las que han participado o están participando en la construcción de los submarinos de la clase Isaac Peral, de las que siete –Gamesa Electric, Ensa, Enwesa, Fernández Jove, Atecsol, Newtesol y la Fundación CTC– son de Cantabria.

Empresas cántabras

La relación de empresas cántabras participantes es representativa del perfil de proveedores habitual en construcción naval –metalurgia y calderería– pero lo es ante todo de la alta exigencia y capacitación tecnológica que requiere un proyecto de estas características. Buena parte de esas empresas, de hecho, son proveedoras habituales de la industria nuclear, un ámbito donde el nivel de exigencia es perfectamente comparable con el que requiere la construcción de un sumergible. La colaboración de esa parte del tejido industrial cántabro en el programa, y el retorno que esa participación tiene en términos económicos y estratégicos, es también representativa de la relevancia que el sector de defensa tiene como cliente.

“Un proyecto como el del submarino S-81 es básico para la industria española y ha podido demostrar las capacidades de las empresas españolas en un sector tan importante como la defensa”, resume David Peris, presidente del grupo de trabajo GT2 de Construcción Naval dentro del Clúster de la Industria de Defensa (CID). Creado en Cantabria en 2019, el clúster CID es el primero de estas características creado en España, con el fin precisamente de reforzar la participación tecnológica e industrial de las empresas españolas con el sector de la defensa. Peris, que destaca como un motivo de orgullo la participación de empresas cántabras en un proyecto como el del S-80, formen o no parte del clúster, está convencido de que este programa puede ser un punto de inflexión: “Este tipo de apuestas son las que se necesitan en una industria que esta pasando por tiempos difíciles y esta necesitada de grandes inversiones para que las empresas del sector puedan desarrollar todo su potencial y convertirse en un referente a nivel internacional”. El representante del clúster CID considera que haber tomado parte en un proyecto como este se convertirá en una “lanzadera” para quienes lo han hecho, que podrán exportar y aplicar muchos de los conocimientos que han desarrollado para este trabajo: “Hemos demostrado que sabemos hacerlo y lo hemos hecho bien”.

La instalación del motor en el S-81, en el astillero. El propulsor, de 3.500 caballos, es el encargado de mover al submarino mientras navega en inmersión.

La empresa cántabra que ha tenido probablemente una de las participaciones más importantes en el programa, y casi desde el inicio del mismo, ha sido Gamesa Electric, que cuando todavía era conocida como Cantarey Reinosa asumió el diseño y fabricación del motor eléctrico encargado de propulsar al submarino cuando navega bajo el agua. La capacidad para operar en inmersión –gracias a un sistema capaz de generar electricidad sin necesidad de utilizar los motores diesel y, por tanto, sin precisar aire para su funcionamiento– es una de las principales ventajas operativas del submarino diseñado por Navantia, que es capaz de permanecer hasta 30 días sumergido, una autonomía fuera del alcance de cualquier otro submarino no nuclear. En ese tiempo, la responsabilidad de mover la nave recae sobre el propulsor construido en Reinosa, un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 3.500 caballos. Cantarey entregó el primero de estos motores en 2010, a tiempo para la fecha inicialmente prevista para la entrada en servicio del S-81. Los posteriores cambios en el programa, que básicamente supusieron un aumento de la eslora de la nave, no afectaron en nada a la participación de la empresa cántabra en el proyecto ni al motor fabricado en lo que hoy es la fábrica cántabra de Gamesa Electric.

La participación del Grupo Fernández Jove en el programa S-80 se ha articulado a través de la empresa FJ I Integral Supply, que cuenta con una larga trayectoria de trabajo para el sector naval de Defensa. Dentro del programa S-80, FJ I Integral Supply ha sumnistrado sistemas de sellados fabricados por otra de las empresas del Grupo Fernández Jove, la firma Hawke Transit System. Concretamente el EMC (Electromagnetic Coupling), un sistema de sellado modular capaz de abarcar un amplio rango de cables o tuberías,  garantizando la integridad de las comunicaciones y los servicios electrónicos a bordo. Este sistema, explican desde la empresa cántabra, mitiga las señales  de ruido e interferencias a niveles que no afecten la operativa normal de los equipos eléctricos; además de estar certificado como barrera contra el fuego, agua, aire. “Para FJ I Integral Supply, esta colaboración supone un importante y ambicioso salto hacia nuevos tipos de buques, animándonos a seguir investigando y desarrollando nuevos proyectos I+D+i con el fin de seguir aportando productos novedosos a la Armada Española y al sector naval de defensa”.

Por las características de buena parte de los trabajos realizados en la construcción de los submarinos de la clase Isaac Peral –calderería de altos requerimientos y soldadura muy especializada– el proyecto tiene puntos de contacto con los habituales en el sector nuclear, lo que tiene su reflejo en la participación de las empresas cántabras del grupo Ensa –la propia Equipos Nucleares y su filial Enwesa– y de otras que trabajan habitualmente con estas, como la Fundación CTC.

El S-81 en la grada del astillero, durante su construcción.

La aportación de Enwesa al programa S-80 se cuenta entre las más relevantes dentro de las asumidas por empresas establecidas en Cantabria. El proyecto ademas tendrá continuidad en el tiempo al haberse confirmado ya su participación en la construcción del S-82 y el S-83, la segunda y tercera de las cuatro unidades que ha encargado la Armada Española. Al igual que en el caso de la empresa matriz Ensa, la especialización de Enwesa en el sector nuclear ha sido clave para haber logrado tomar parte en unos trabajos que requieren de una alta cualificación, capacidad técnica y garantía. De hecho, y debido igualmente a esa especialización de Enwesa en el ámbito nuclear, la colaboración de Enwesa con Navantia tiene un largo recorrido en el tiempo, al iniciarse ya en el año 2012. Destaca entre los trabajos realizados la participación en la gran carena del S-70, con la que se ha buscado mantener la operatividad de este submarino hasta la entrada en servicio de la nueva serie S-80.

En el caso del proyecto S-80 la participación de Enwesa se ha articulado en dos niveles. Por un lado, realizar el montaje mecánico y la soldadura de grandes estructuras en el propio astillero de Cartagena donde se ha construido el S-81 y donde se construyen también el resto de unidades de la serie; por otro, y en paralelo, suministrar equipos de altísimos requerimientos técnicos fabricados en Cantabria.

Para el trabajo en el astillero, Navantia ha organizado la construcción del S-81 dividiendo el submarino en cuatro grandes secciones y adjudicando los trabajos a realizar en cada una de ellas a empresas diferentes. Enwesa ha sido la encargada de elaborar y montar las estructuras y montajes mecánicos de una de esas cuatro secciones. Los requerimientos que plantea un buque de estas características muestran la relevancia de los trabajos de ingeniería realizados, que incluyen fabricación y montaje de tuberías y tanques, entre otras estructuras vitales para el funcionamiento de un submarino. Los equipos fabricados por Enwesa, en sus instalaciones de Heras, incluyen la fabricación de uno de los dos intercambiadores de calor del agua dulce/agua salada que equipan al S-81.

Enwesa está ya trabajando en la segunda de las unidades que se fabrican para la Armada Española y también ha conseguido ya la adjudicación para participar en la tercera unidad, el S-83. Esta línea de actividad supone la continuidad en la colaboración en el proyecto S-80 con una previsión inicial de trabajo para los próximos tres años.

Enmarcada dentro de su línea estratégica de ingeniería avanzada, la participación de la Fundación CTC en el programa S-80 está muy vinculada a la experiencia de este centro en la investigación de materiales, y relacionada a su vez con los trabajos asumidos por las empresas cántabras del grupo Ensa. Así, los analistas de CTC realizaron la verificación del cumplimiento de códigos de diseño por parte de los intercambiadores de agua del submarino S-81, construidos con aleaciones de cobre y de acero y destinados al sistema centralizado de refrigeración del submarino. CTC ha asumido además tareas de revisión y verificación de cargas y tensiones de otros materiales y elementos empleados en la construcción de la nave.

Atecsol es otra de las empresas cántabras que ha trabajado en el propio astillero donde se construyen los submarinos del programa S-80. En su caso, ha realizado recargues por soldadura con material anticorrosión mediante un sistema orbital automático, al tener que realizar los trabajos ‘in situ’ y sin poder rotar las piezas. El recargue por soldadura es un procedimiento por el cual se aplica un material sobre otro utilizando un proceso de arco eléctrico. El recubrimiento aplicado mediante este sistema por parte de Atecsol ha tenido como destino varios componentes para  los sistemas de estabilización y refrigeración del S-81.

La empresa cántabra, que en todo momento ha tratado directamente con Navantia, tiene contratada ya su participación en la construcción del S-82 y el S-83, en los que intervendrá a partir de este próximo verano y también durante el año que viene. Aunque Atecsol tiene una línea de trabajo relacionada con el sector naval, desde la empresa admiten que no es habitual realizar para este sector tareas con el nivel de exigencia que plantean las realizadas para Navantia en el S-81, semejantes a las que si realiza para el sector nuclear o petroquímico. En este caso concreto, estos componentes una vez recargados, son sometidos a ensayos por líquidos penetrantes y ultrasonidos para comprobar la calidad de la soldadura, con resultado de cero defectos.

David Peris, presidente del grupo de trabajo GT2 de Construcción Naval dentro del Clúster de la Industria de Defensa.

En total, la participación en la construcción de los tres submarinos sumará unas 800 horas de trabajo, una cifra notable pero que no da cuenta del alcance y complejidad técnica de lo realizado. Sí que está más cerca de hacerlo otra referencia: para el encargo de Navantia para el programa S-80, Atecsol ha desplazado a Cartagena una instalación de 150.000 € desarrollada por la propia empresa específicamente para este proyecto.

Dedicada como Atecsol al recargue de soldadura, y también al mecanizado e superficies y la fabricación de componentes, Newtesol ha hecho todos los pasos de casco del S-81, pasos de mamparos resistentes o partes fijas de pasos de estructuras resistentes, recargados con una aleación resistente a la corrosión de base níquel. También las tubuladas –para escape, ‘snorkel’ o medios de detección, entre otras– así como en otros componentes susceptibles de sufrir corrosión, como los de los tubos lanzatorpedos.

El acto de puesta a flote del S-81 –en realidad el bautismo y presentación del buque– está lejos de suponer el final de los trabajos a realizar en esa nave, a lo que habrá que sumar todo lo pendiente por hacer en el S-82 y S-83 –ya en construcción ambos– y en el S-84. La entrega del ‘Isaac Peral’  a la Armada está prevista para finales del año que viene, sucediéndose las del resto de unidades del programa S-80 hasta el año 2027. Pero el alcance del proyecto, y por tanto el impacto de este en la actividad de las empresas que participen, no acabaría ahí: el hecho de que Navantia se haya sumado al exclusivo club de quienes tienen capacidad para desarrollar sus propios sumergibles la sitúa en condiciones de pujar por contratos en todo el mundo. Navantia compite ya con otros cinco astilleros por la construcción de cinco submarinos con destino a la Marina india. Un contrato que, de conseguirse, garantizaría carga de trabajo para el astillero público español y también para un gran número de empresas de una gran capacitación técnica y una producción de gran valor añadido. Como las siete cántabras que ya lo han demostrado con su participación en la construcción del ‘Isaac Peral.

El Gobierno central da forma a un procedimiento permanente para reconocer las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral a través del que quiere que más de tres millones de trabajadores obtengan un título de FP o certificado de profesionalidad en los tres próximos años. Con un presupuesto de 852 millones de euros, el plan deja amplia capacidad de decisión a las comunidades autónomas para establecer la manera de impartir la formación complementaria que sea necesaria, algo para lo que ya está trabajando una comisión con participación de los agentes sociales y las consejerías de Empleo y Educación. Las academias confían en hacer valer su experiencia para colaborar en un reto que califican de “colosal”.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2021

España es uno de los países europeos con un mayor porcentaje de población activa formada por trabajadores sin ninguna titulación, un lastre tanto para los trabajadores, que ven así limitadas sus posibilidades de desarrollar una carrera profesional, como para las empresas, que se encuentran con mayores dificultades para acceder a mano de obra cualificada. Buena parte de esos trabajadores sin titulación sí cuentan, en cambio, con buena parte de las competencias profesionales para realizar el trabajo en el que están empleados, y acreditarlo, impartiendo la formación complementaria necesaria para hacerlo, ha sido un objetivo perseguido por la Administración desde que en 2009 se publicara el primer decreto que establecía el derecho de estos profesionales no titulados a ver reconocidas las habilidades, conocimientos y destrezas adquiridos a través de su experiencia laboral. Desde entonces, los certificados de profesionalidad –unos títulos con valor equivalente a la FP– han sido especialmente demandados dentro de la oferta de formación para el empleo, pero en un volumen que se ha quedado lejos de los objetivos previstos. Ponerle remedio, y reducir de forma significativa ese porcentaje de población activa sin titulación, es el objetivo del Real Decreto publicado por el Gobierno el pasado 9 de marzo, que establece un procedimiento permanente para avanzar en ese propósito, removiendo las barreras burocráticas que, a juicio del legislador, son una de las razones que lastran el actual sistema.

Los certificados de profesionalidad son una de las modalidades de formación para el empleo más demandadas pero, aun así, están lejos de alcanzar las cifras que ahora se propone como objetivo el nuevo Real Decreto. Hasta ahora, los certificados con más demanda eran los que habilitaban para ejercer, como sucede por ejemplo con los profesionales de centros geriátricos.

El desafío que plantea el Real Decreto no elude las cifras, y es precisamente a la vista de estas donde pueden apreciarse las proporciones del mismo: con 852,5 millones de euros de presupuesto, el programa se plantea acreditar las competencias profesionales de tres millones de trabajadores de aquí a 2024, un dato que contrasta vivamente con los apenas 300.000 a los que se ha conseguido llegar en los 10 años de vigencia del actual sistema. A diferencia de este, en el que se establecían convocatorias concretas para determinadas cualificaciones, el nuevo sistema establecerá un procedimiento permanente para evaluar, y en su caso acreditar, competencias profesionales adquiridas en el desempeño del trabajo. Para ello se da una amplia capacidad de decisión a las comunidades autónomas, que desarrollarán la forma concreta de llevarlo a cabo. En el caso de Cantabria, ese trabajo se está realizando en una comisión con presencia de los agentes sociales y las consejerías de Empleo y Educación, y que recoge en su larga denominación la literalidad de su tarea: comisión de trabajo para elaborar la normativa para los procedimientos de evaluación de competencias profesionales adquiridas a partir de la experiencia laboral o vías no formales de formación.

Isabel Cuesta, directora gerente de CEOE-Cepyme de Cantabria, representa a la patronal cántabra en la comisión y no tiene dudas a la hora de calificar como “colosal” el reto que plantea el Real Decreto: “España es el país europeo que tiene más trabajadores sin una formación acreditada y, si tenemos en cuenta los antecedentes, vemos lo difícil que va a ser alcanzar las cifras que se mencionan: en diez años se ha conseguido llegar solo a un 2,42% de los potenciales beneficiarios, y llegar ahora, en cuatro años, a un 40% va a ser complicadísimo y va a hacer necesario un esfuerzo enorme de todas las partes”, señala la representante de CEOE, que considera que la aportación de los centros privados de formación tendrá la máxima relevancia para alcanzar ese objetivo.

Participación

Isabel Cuesta, directora gerente de CEOE-Cepyme de Cantabria.

A su juicio, conseguir llegar al número de trabajadores que plantea el Real Decreto dependerá de aspectos en los que las academias que imparten formación para el empleo pueden aportar la experiencia y el conocimiento adquiridos en esa función de intermediación entre lo que demanda el mercado de trabajo y la oferta formativa. Porque uno de los problemas que ha existido hasta ahora, recuerda, es la dificultad para llegar a los potenciales beneficiarios de los certificados de profesionalidad: “Hay que dar a conocer la oferta y generar demanda, porque si no, no se alcanzarán los objetivos. Lo que hemos visto con los certificados de profesionalidad es que sí existía demanda para aquellos vinculados a capacitaciones necesarias para ejercer: conductores de ambulancias, personal de geriátricos… Hay que aprovechar la cercanía de los centros de formación al mercado de trabajo para que sirvan como correa de transmisión para la Administración”. Y sobre todo, indica Isabel Cuesta, garantizar su presencia en lo que considera la fase crítica de todo el sistema: “El tribunal que evaluará las competencias del trabajador y que determinará y ofrecerá la formación necesaria para completar los conocimientos adquiridos con la experiencia. Ahí los centros de formación tienen que tener un papel relevante. Garantizar su participación me parece un factor decisivo para conseguir el objetivo que se plantea”. La impresión recogida en las reuniones realizadas hasta ahora por la comisión lleva a la gerente de CEOE-Cepyme a mostrarse relativamente optimista sobre las posibilidades de los centros de tener ese papel relevante que reivindica para ellos, y recuerda que el Real Decreto determina de forma explícita que en esos tribunales tiene que tener presencia el tejido productivo.

Alumnos en un centro de FP de Cantabria. El sistema de acreditación de competencias busca facilitar a los trabajadores el acceso a una titulación equivalente a la que se obtiene mediante procedimientos reglados.

Ángela García de los Salmones, portavoz de la plataforma de formación de CEOE-Cepyme de Cantabria, considera igualmente que los centros que imparten formación para el empleo, y que han sido también los encargados de impartir los certificados de profesionalidad desde que se dio forma a esta modalidad, deben ser parte protagonista en el nuevo sistema al que da forma el Real Decreto del 9 de marzo. A su favor, señala, está la experiencia acumulada, la relación ya existente con trabajadores y empresas y, finalmente, el propio proceso de adaptación realizado para adaptarse al nuevo modelo: “Estamos formando ya a asesores y evaluadores para la acreditación de competencias profesionales”, asegura.

Al igual que Isabel Cuesta, Ángeles García de los Salmones cree que no será nada fácil alcanzar las cifras de acreditación de profesionales que el Gobierno marca como objetivo, y que en el caso de Cantabria supondría avalar las competencias de 4.000 trabajadores ya este mismo año. “Va a ser muy complicado alcanzar esas cifras, y para ello va a ser fundamental dar mucha publicidad a este sistema, tanto entre las empresas como entre los trabajadores, que unos y otros sepan que se puede conseguir un título que acredite la capacidad por vías no formales de formación”.

Tomás Cobo Castro es desde hace poco más de un mes el nuevo presidente de los más de 252.000 médicos colegiados en España. Especialista en Anestesiología y Reanimación, se declara médico de pasillo de hospital, crítico con la Ley de Eutanasia y defensor del pasaporte de vacunación covid, que asegura no es nada nuevo porque ya existe para otras patologías. Sostiene que en España no faltan médicos y sí más plazas MIR para que los nuevos titulados puedan formarse, también fuera de nuestras fronteras. Apuesta por crear sinergias y una mayor conciliación con la sanidad privada para acercar la salud a los ciudadanos y reconoce que durante esta pandemia le hubiera gustado que el Gobierno de España hubiera contado más con la opinión del colectivo.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Abril 2021

Pregunta.– “No tenéis a un gran científico ni a un gran investigador como presidente, pero os puedo asegurar que tenéis a un médico hasta las trancas, que es lo que he hecho toda mi vida”. Con esta palabras, agradeció su reciente elección como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. ¿Usted nació ya médico?
Respuesta.– No. De hecho, no tengo antecedentes en mi familia. A partir de los 16 años me empezó a llamar mucho la atención la medicina y enfoqué hacia ella lo que luego ha sido y es mi vida. Dije lo de médico hasta las trancas porque tradicionalmente los presidentes de los colegios de médicos, cuando llegaban a la presidencia, era como el culmen a una carrera científica e investigadora de gran prestigio. Yo, sin embargo, no correspondo a esa figura. Pero lo que sí he sido toda mi etapa profesional es un médico asistencial, de pasillo de hospital y de centro de Atención Primaria. Mi vida ha sido completamente asistencial y he tenido muy poco tiempo para realizar acciones de investigación científica de altura. También es verdad que he querido desarrollar mi profesión en el ámbito de la cooperación internacional. Por eso dije lo que dije. Me siento médico y muy cerca de los pacientes.

P.– Critica que los médicos en España, además de estar peor pagados que sus colegas europeos, no cobran lo mismo, a igual desempeño, en todas las comunidades. ¿La brecha salarial no es solo cuestión de género, que también?
R.– Vivimos en una España divergente con 17servicios de salud diferentes. Efectivamente existe una brecha salarial en su conjunto pero sin ninguna duda existe una brecha de género que es conjunta. Es paradójico que haya comunidades autónomas en las que se paguen las guardias de una manera y haya otras en que lo hagan de un modo inferior o superior haciendo exactamente el mismo trabajo. Sobre la brecha salarial de género, hace tiempo creamos el Observatorio de Género y Profesión para conocer cómo estaba la profesión en España y ahora tenemos en marcha una encuesta de género en la que queremos recoger la percepción que tiene la profesión médica sobre temas importantes como son el techo de cristal, la brecha salarial, el acoso laboral o la conciliación. En este sentido, hay que tener en cuenta que, por debajo de 45 años, hay más médicas que médicos, un porcentaje que llega a ser casi del 70% a medida que bajamos en la franja de edad. Las mujeres, además, representan el 73% de los ingresos en las universidades.

Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, frente a la sede del Colegio de Médicos de Cantabria, que presidió entre los años 2011 y 2017.

P.– La crisis sanitaria ha desvelado que nuestra sanidad pública no era tan buena como creíamos. ¿Urge aumentar el gasto para al menos llegar a la media de la UE?
R.- Aquí hay dos temas. De un lado, el modelo sanitario que tenemos, que ha costado muchísimo construirlo, y que es el modelo universal, público y gratuito, eje del estado de bienestar social. Del otro, el sistema, que es el encargado de mantener el modelo. Sin duda, para mantener este modelo firme y potente necesitamos más inversión, que el sistema aporte más. Además, el modelo español es casi similar, con alguna variación, al que existe en Europa pero no al que existe al otro lado del océano, lo que provoca injusticia social. A partir de este modelo universal, público y gratuito lo que hay que crear son sinergias y conciliación con la sanidad privada.

P.– Un reciente estudio ponía de manifiesto que un 57% de los españoles son partidarios de aumentar la colaboración público-privada en sanidad para garantizar una correcta asistencia. ¿Lo ve usted también necesario?
R.– Pero sin ninguna duda. Todo lo que sea promocionar la salud, la prevención de las enfermedades y el diagnóstico y el tratamiento lo más eficaz posible, sin ninguna duda. Pero siempre que mantengamos el modelo. Ya existe la colaboración público privada y no atenta contra el modelo. Por ejemplo, aquí en Cantabria se operan listas de operaciones quirúrgicas en el Hospital de Santa Clotilde desde hace muchísimos años. Con gobiernos de un color y de otro. ¿Con qué objetivo? Claramente con el de acelerar las cirugías, los tratamientos y los diagnósticos de los pacientes. Y eso es generar sinergias, no demonizar a la sanidad privada. Hay margen de conciliación y de crear sinergias sin ningún género de dudas. De hecho, se hace. Quizá haya que potenciarlo. Pero hay que tener en cuenta que, dentro del modelo que tenemos, hoy no se entiende que los hospitales funcionen de 8 de la mañana a tres de la tarde y que los quirófanos estén como norma parados a partir de esa hora. Eso también hay que agilizarlo.

P.– ¿Faltan médicos en España –existen 3,9 facultativos por cada 1.000 habitantes, cunado la media en la OCDE es de 3,4– o el problema estriba más en el reparto de especialidades?
R.– En España no faltan médicos. Tenemos una bolsa de más de 7.500 profesionales que terminan la carrera y no pueden acceder a formación especializada ni incorporarse al Sistema Nacional de Salud. Lo que nos faltan son plazas MIR para que estos titulados puedan formarse. Porque se da la paradoja de que tenemos que importar médicos de fuera para cubrir las plazas de atención especializada. Es muy simple: lo que hay que convocar son más plazas MIR, más centros de docencia y agilizar y movilizar esa bolsa de profesionales porque no puede ser que realicemos un esfuerzo tremendo en formar a médicos con una altísima calidad para luego dejarles en la estacada. Y para eso es clave que la Administración y el ministro o ministra de turno cuenten con la profesión.

P.– Los expertos sostienen que al coronavirus no se le vence en la UCI de los hospitales, sino en la calle y en los centros de salud. Sin embargo, el gasto sanitario sigue muy centrado en la atención hospitalaria y muy poco en la primaria. ¿Nos hemos olvidado de la prevención y promoción de la salud?
R.– Sí. Con una precariedad del 50% es muy difícil que la medicina familiar y comunitaria ejerza su profesión. La Atención Primaria (AP) ha sido una de los grandes perjudicadas en los últimos años por los recortes y necesita un refuerzo sin ninguna duda. Las carteras de hoy en día de los médicos de Atención Primaria son abrumadoras. Sí que ha habido un tiempo en que la medicina ha sido mucho más hospitalaria, mucho más de grandes hospitales e hIperespecializada en la que se ha desatendido a los profesionales de AP, que son tan especialistas como los que trabajan en el entorno hospitalario. La pandemia ha puesto de manifiesto que se necesita un empuje a esta parcela de salud y que hay tres herramientas claves –el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social– que sabemos que funcionan y que son de la más elemental solidaridad. Son una lucha directa y eficaz contra el coronavirus que podemos utilizar cada uno de nosotros en cada instante de nuestra vida. Hablamos de solidaridad, pero también creo que hace falta educación cívica para que cumplamos estas medidas con naturalidad y sin que tenga que venir la policía a decírnoslo.

P.– De los últimos cinco ministros de Sanidad –cuatro de ellos mujeres–, ninguno ha permanecido en el cargo más de 20 meses. ¿Reflejo de la precariedad y temporalidad que vive la profesión?
R.– No. Es un ejemplo de las circunstancias políticas en las que vivimos. Teniendo en cuenta el modelo sanitario al que me refería antes, que es la columna vertebral de ese bienestar social del que todos presumimos, pero especialmente los políticos, resulta llamativo el hecho de que se haya dado tan poca importancia a quién es el ministro de Sanidad. Y digo poca importancia porque los relevos son tan rápidos que es obvio que no hay alguien ahí de peso capaz de mantenerlo, no ya al titular de la cartera, sino a los equipos que trabajan a su lado. Es cierto que el ministerio de Sanidad ha perdido competencias en favor de las comunidades autónomas, pero no podemos olvidar que, pese a ello, sigue siendo el coordinador de todo el SNS. Últimamente estamos viendo que el Consejo Interterritorial toma más relevancia y se reúne con más frecuencia y fluidez. Pues a ver si compactamos eso. Pero en este vaivén político en el que estamos ya no es solo un problema del ministerio, sino también vemos cómo bailan las consejerías autonómicas de Sanidad. ¿Si sería deseable que el ministro fuera médico? Yo creo que sí. Sería mucho más fácil comunicarse con un ministro o ministra que fuera sanitario. Dicho esto, yo comprendo que el titular de Sanidad cumple una labor institucional y que tienen que ser los equipos que tiene alrededor los que estén. En este caso, sí quiero subrayar que el director general de Ordenación Sanitaria, Vicent Martínez, es un cirujano pediátrico de altísimo nivel asistencial y un conocedor profundo de la realidad asistencial y de la sanidad pública en España.

P.–Son muchos los que censuran la excesiva politización del sistema público de salud. ¿Necesitamos instituciones con menos política y más conocimiento experto?
R.– Sin ninguna duda. La política ha penetrado hasta dentro del SNS de tal forma que, cuando hay un cambio de Administración, de cualquier signo, inmediatamente se cambian los gerentes de los hospitales. Es decir, la gerencia de los hospitales son ya cargos políticos. Hombre, sería deseable que esos cargos perduraran más en el tiempo para dar mayor solidez y más facilidad de interlocución a los jefes de servicio, que esos sí son figuras absolutamente claves para el buen funcionamiento de los hospitales. Y éstos tienen la necesidad de tener un interlocutor que sea el mismo durante un tiempo prudente que, en ningún caso, puede ser menos de cuatro años. Porque si cada vez que cambian el gerente, cada uno de los jefes de servicios le tiene que ir a contar cuál es el plan de su departamento, pues realmente entonces tenemos un problema.

P.– Asegura que su organización médica es un asesor gratuito del Ministerio de Sanidad. ¿Le hubiera gustado que su voz hubiera tenido más protagonismo en esta pandemia?
R.– Sí, sin duda. Me hubiera gustado que nos hubieran hecho más caso y que se hubiera contado más con nosotros.

P.– ¿Cómo valora la gestión de la pandemia por parte del Gobierno?
R.– Hablar a toro pasado es muy fácil. En medicina hablamos del ‘minuto de oro’ cuando tienes que salvar un paciente politraumatizado. Luego viene la ‘hora de oro’ en la que tienes que conseguir estabilizarle y trasladarle a un hospital. Pues bien. En este caso creo que al principio por lo menos perdimos dos o tres semanas de oro. Fue cuando nos llevó el ‘tsunami’ por delante y nos encontramos sin equipos de protección individual, sin normas claras de qué teníamos que hacer… Ahí sí que perdimos un tiempo precioso, aunque insisto que esto es muy fácil decirlo ahora. Pero lo que tenemos que sacar de aquí es lo positivo, que ha sido la capacidad del modelo de adaptarse a un impacto tremendo gracias al esfuerzo de todos los profesionales sanitarios. Nos hemos adaptado con mínimos medios y hemos conseguido montar unidades híper especializadas en poquísimo tiempo. Eso es lo bueno. De ahí la importancia de la formación médica continuada en competencias transversales.

P.– Sanidad mantiene su objetivo de llegar al 70% de la población vacunada al final del verano. ¿Lo ve realista?
R.– La bola de cristal. Dependerá de lo que pase con la vacuna de AstraZeneca. Ahora están produciendo la de Johnson & Johnson… Estamos en un periodo de incertidumbre y no me atrevo a aventurar cifras. Lo que sí es cierto es que antes íbamos al paso y ahora parece que empezamos a ir progresivamente al trote. Ojalá muy pronto podamos ir al galope. En cualquier caso, tengo que decir que me consta que se está haciendo todo lo posible y que no hay ninguna demonización de los médicos de la atención privada, aunque se ha dado la paradoja de que todavía tengamos profesionales de este sector mayores de 55 años sin vacunar.

P.– El CGCOM solicitó hace unas semanas al Ministerio de Sanidad la revisión de su estrategia de vacunación con el fin de dinamizar el ritmo de inmunización y eliminar las trabas autoimpuestas que exceden las recomendaciones de organismos como la EMA y la OMS. ¿Es partidario de extender la de AstraZeneca a los mayores de 55 años?
R.– Nos referíamos a la de AstraZeneca. Lo que pedíamos es que si tenemos vacunas, que se pongan ya. Aún está por demostrar que existe un vínculo entre esta vacuna y los casos de trombos y complicaciones que se han conocido. En esto hay diversas teorías. Hay científicos más conservadores que abogan por que no se inoculen hasta que haya la máxima seguridad y otros más intrépidos que defienden su uso. Bueno, esto sucede en la medicina todos los días. Hay profesionales más intrépidos y otros más conservadores. Este es el debate y de ahí sacar una conclusión.

P.– Los retrasos en la entrega de algunas vacunas cuestionan las prácticas seguidas por algunas empresas farmacéuticas, más preocupadas al parecer por obtener beneficios que por salvaguardar la ética empresarial. ¿Con la salud se negocia?
R.– Las farmacéuticas tienen un buen negocio. Y tanto. En los años 60, le preguntaron a un joven directivo de una grandísima industria farmacéutica qué es lo que querría para su empresa, que cuál era su objetivo; a lo que respondió: hombre, yo vender a los sanos porque los enfermos son muy pocos. Comprendo que tenga que haber negocio, porque para eso está la industria, pero que sea un negocio adecuado. Es decir, que el beneficio que obtengan sea el justo y adecuado porque están trabajando para la salud. Lo que no puede ser son las cifras escandalosas que a veces vemos. Aquí volvemos una vez más al modelo, pero sin demonizar a la industria, que creo que ha colaborado, en particular en España en el tema de la formación médica continuada. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de conflicto de intereses de compañeros que, en un momento dado, puedan tenerlo con el sector. Que lo que enseñemos en esos cursos no esté dirigido hacia un terreno en particular, sino que sea equilibrado, científico y con cero influencia y conflicto de intereses. De otro lado, deberíamos exigir también una justicia distributiva de las vacunas para que lleguen a los países en desarrollo. Aquí tenemos que reclamar un esfuerzo tanto a las farmacéuticas como a los gobiernos de Europa y del mundo.

P.– ¿Comparte la propuesta de crear un pasaporte de vacunación para facilitar la movilidad?
R.– Sí, pero si ya existe para otras patologías. No es nada nuevo. Yo cuando voy a África tengo que llevar mi pasaporte de vacunación y, si no, no me dejan entrar. ¿Por qué lo vamos a excluir para la covid? Claro que estoy a favor de la identificación porque su uso facilitará sin duda la libre circulación de personas. ¿Discriminará a quien aún no haya sido vacunado? Hombre, pues sí, pero estamos hablando de meses. Lo que nos hace falta son dosis, y creo que van a llegar.

P.– Usted ha criticado que la Ley de Eutanasia, aprobada hace unos días, desprotege al médico al permitir crear un registro de objetores que se nieguen a practicarla. Sus defensores aseguran que se trata de una norma extraordinariamente garantista con el paciente, pero ¿lo es también con los profesionales sanitarios?
R.– En este asunto hay cierta confusión entre lo que es la sedación terminal, los cuidados paliativos, la eutanasia como tal… Hay que hacer un ejercicio pedagógico desde la profesión para tratar de explicarlo. Nuestro código deontológico, que es la esencia de los colegios médicos, lo que apuesta es por la vida y no contemplamos la eutanasia como un acto médico en ningún caso. Pero también nos obliga a cumplir la ley. Dicho esto, creo que en esta norma hay un artículo, el 16, en el que se habla del registro de objetores que tiene una mala redacción y que, a mi juicio, es discriminatorio y vulnera la protección de datos. Además, parece que exige una objeción absoluta cuando depende de cada paciente. Cada vida es diferente y única y no se puede plantear una objeción absoluta. Nos preocupa cómo se va a aplicar la ley porque deja en vilo cantidad de incertidumbres que queremos ver y en las que queremos ahondar. ¿Se va a privatizar? ¿Van a existir conciertos y centros de eutanasia o se va a llevar a cabo dentro del modelo sanitario que tenemos, que es en el único entorno en el que creo que se debería hacer? Insisto, el papel lo aguanta todo, pero aún pesan demasiadas incertidumbres.

P.– Hay quien sostiene que en Cantabria contamos con unas infraestructuras hospitalarias espectaculares pero infrautilizadas, y que el mayor peligro que tiene Valdecilla es quedarse vacío por falta de contenido en una serie de años. ¿Lo comparte?
R.– No. Valdecilla es un centro de referencia europeo y mundial en determinados ámbitos. Ahí está el ejemplo del Hospital Virtual. Es una grandísima suerte que en una comunidad pequeña como Cantabria tengamos un centro hospitalario como es Valdecilla. Y al tiempo tenemos otros dos hospitales, como son Sierrallana y Laredo, junto con el de Reinosa, que son las puntas, los arietes de este modelo en el que apostamos por acercar la salud a las personas. ¿Tendremos que potenciar y seguir trabajando por Valdecilla? Pues sin duda, pero yo creo que es un hospital moderno, del siglo XXI y que durante esta pandemia ha sido ejemplar y ha soportado muy bien el impacto, seguramente uno de los que mejor lo ha hecho de España. No podemos olvidar que vamos hacia la europeización, hacia grandes hospitales de referencia en los que haya especialistas altamente cualificados que operen las patologías que no son comunes. Estoy convencido de que Valdecilla irá muy bien y de que el Hospital Virtual seguirá siendo un referente en el mundo.