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La apertura en Torrelavega de la segunda tienda de Koopera Store en Cantabria refuerza la visibilidad del proyecto de economía social de Cáritas, que gestiona la recogida de ropa usada, su clasificación y recuperación y su vuelta al mercado a través de los dos establecimientos con que ahora cuenta en la región. Fundada en 2012, Ecolabora Cantabria SLU es una empresa de inserción social que da trabajo a 15 personas y que facturó el año pasado 521.000 euros, la mayor parte de ellos procedentes de la venta de las prendas recicladas. Tras el parón registrado el año de la pandemia y la vuelta a los beneficios el pasado ejercicio, los objetivos que manejan sus responsables pasan por mejorar las estructuras productivas y de inserción, tanto en el apartado de comercialización como incorporando tecnología a los sistemas de recogida y gestión, una actuación esta última que a corto plazo supondrá la instalación de sensores en los 178 contenedores con que cuenta en la región para optimizar rutas y costes.

Cristina Bartolomé |  @criskyraJunio 2021

Transformar los roperos tradicionales de Cáritas en una empresa socialmente responsable y exitosa es posible. La entidad de acción caritativa y social ha abierto una nueva ‘Koopera Store’ en Torrelavega que, junto a la ya existente en Santander, se convierte en la segunda tienda del proyecto empresarial textil Ecolabora Cantabria SLU, la sociedad mercantil que creó la entidad benéfica en 2012. No es un mero negocio de ropa de segunda mano, sino parte de un proyecto de inserción laboral sustentado en los conceptos de consumo responsable, cuidado del planeta y responsabilidad social, con el convencimiento de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. El proyecto da continuidad de forma más profesional a la actividad que ya venía desarrollando durante décadas: la reutilización de la ropa para personas con necesidades. Su apuesta incluye la creación de empleos para personas en situación de vulnerabilidad y ofrece ropa gratuita o a precios muy económicos, respetando la capacidad de elección de las personas vulnerables, con el objetivo de reforzar así su autoestima.

La tienda de Koopera Store en Santander. El comercio es el último paso en la economía circular que persigue el proyecto Ecolabora, en el que se unen los objetivos medioambientales con los sociales y de empleo.

Francisco Manuel Sierra Gutiérrez, gerente de Ecolabora Cantabria, recuerda que el proyecto fue pionero en la región, realizando una recogida selectiva del residuo textil y creando empleo de inserción. Por ello lo define como una iniciativa que genera conciencia social: “Porque es una forma de negocio diferente, que sitúa a la persona en el centro de su acción, formándola desde el propio puesto de trabajo con todas las garantías legales de un empleo digno, en el que se elabora y consensua entre el propio trabajador y el educador social un itinerario de inserción sociolaboral con carácter anual y por un periodo no superior a tres años”. También forman parte de este círculo virtuoso, asegura, quienes entregan las prendas en los contenedores instalados en diferentes puntos de la región –que favorecen, dice, un “reciclaje responsable”– e igualmente lo hacen los clientes de las tiendas Koopera Store que, por sus circunstancias económicas o sociales, no pueden acceder a la compra de ropa y calzado nuevos: “Nosotros le ofrecemos un producto de calidad reutilizado, en un entorno normalizado”.

Un negocio diferente

Teniendo en cuenta que se trata de una empresa de inserción con un claro objetivo social, cabe preguntarse si, como cualquier otra, persigue obtener beneficios. Francisco matiza que la rentabilidad de este tipo de negocios se basa en parámetros que difieren de un negocio empresarial al uso, de manera que prima la rentabilidad social y ecológica sobre los beneficios económicos: “Es un negocio rentable en la medida en que nos permite mantener y generar nuevos puestos de trabajo. Si la rentabilidad la medimos en el reparto de beneficios, no es una empresa rentable, porque el reparto de beneficios no se produce”, explica Francisco, aunque, añade “es cierto que sin la generación de ingresos el proyecto no sería sostenible, como cualquier empresa”.  Según el gerente de Ecolabora Cantabria, actualmente el resultado económico es positivo gracias a que la sociedad cada vez está más sensibilizada con el reciclaje de los residuos, en este caso del textil, y con un consumo responsable. En esta transformación tienen un lugar importante las propias tiendas Koopera Store: “Son la herramienta que transforma, a través de los ingresos generados por la venta de ropa, la sensibilidad social”.

La clave entonces está en el destino del retorno económico, y este no es otro que la propia creación de empleos: “Cuando se generan excedentes netos positivos, como es el caso del ejercicio 2021, al menos el 80% de éstos son destinados a la mejora o ampliación de las estructuras productivas y de inserción, sin realizar en ningún caso reparto entre los socios. Así lo establece la Ley 44/2007, de Empresas de Inserción y los propios Estatutos Sociales”.

Beneficios al alza

Las cuentas de 2021 arrojaron un saldo positivo de 37.517 euros, un resultado que viene a compensar el balance económico negativo del año anterior, cuando las cuentas se vieron afectadas por la pandemia. La tienda Koopera Store de Santander estuvo cerrada por el confinamiento, con lo que ello supuso en las ventas. “Después, como al resto de sectores, nos costó un poco remontar”, explica el gerente de Ecolabora Cantabria.

Francisco Manuel Sierra Gutiérrez, gerente de Ecolabora Cantabria.

En cuanto a los datos de 2020, el instrumento para la inserción social a través del empleo de Cáritas Diocesana de Santander tuvo el año de la pandemia unos ingresos totales de 521.613 euros. La mayor parte, 454.220, procedentes de las ventas realizadas, 47.917 euros corresponden a subvenciones y 19.475 euros se obtuvieron por servicios prestados. El saldo arrojó 19.229 euros en negativo. La inversión por parte de Ecolabora Cantabria fue de 540.842 euros. Destinados a personal fueron 258.471 y 282.371 en el desarrollo de la propia actividad.

Actualmente, Ecolabora Cantabria SLU tiene una plantilla de quince trabajadores, de los cuales el 60% son empleos de inserción. Los perfiles profesionales se corresponden con dependientes, auxiliares de dependiente, mozos de almacén y conductores. Además, se cuenta en los puestos de estructura con un responsable de servicio, un educador y un conductor. Los empleos se generan en función del volumen de recogida, del tratamiento del residuo y de las ventas de la ropa reutilizada a través de las tiendas. “En la medida en que los volúmenes de las diferentes líneas de trabajo aumenten, porque la sociedad esté más sensibilizada, se crearán nuevos puestos que den respuesta a esa necesidad”, prevé el gerente de esta empresa de inserción.

Los criterios para incorporar trabajadores se basan en la propia ley de Empresas de Inserción, que establece que a partir del cuarto año de actividad al menos el 50% de los trabajadores han de estar inmersos en procesos de inserción. Quienes se incorporan a la plantilla deben ser personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los servicios públicos de empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, una situación que ha de ser avalada por un informe técnico de los servicios sociales competentes en la materia.

Proyectos a la vista

La nueva tienda en Torrelavega, la segunda en la región, ha supuesto un esfuerzo para Ecolabora Cantabria, admite Francisco Sierra,  que señala que será necesario evaluar su desarrollo antes de pensar en nuevas aperturas. Pero trabajar en la inserción de personas de difícil empleabilidad  significa no bajar la guardia y el gerente de Ecolabora avanza que, a corto plazo, el reto será el I+D: “Esta es una empresa abierta a la evolución, tanto tecnológica como comercial”. En ese marco, Ecolabora tiene previsto instalar sensores en los ciento setenta y ocho contenedores ubicados en la comunidad autónoma, con el objetivo de optimizar rutas y costes: “El poder controlar el llenado de los contenedores desde una aplicación informática va a suponer un gran avance cualitativo y cuantitativo en cuanto a una parte de la gestión del residuo textil”.

Probablemente por la influencia del sector de la moda, la compra de ropa de forma recurrente para adecuar la forma de vestir a las tendencias de cada momento ha generado el surgimiento de tiendas y sistemas ‘on line’ de venta de prendas de segunda mano. Pero al tiempo flota en el ambiente una concienciación social sobre las necesidades de personas y familias con dificultades económicas para quienes vestirse a tono con las pasarelas no es precisamente la primera preocupación. “Estamos avanzando en la aceptación de nuevas formas de generar recursos para familias con necesidades. Nos queda mucho camino por recorrer, pero también llevamos mucho camino recorrido si miramos hacia atrás, y Ecolabora Cantabria es ejemplo de ello”, señala el gerente de de la empresa, que recuerda que la sociedad puede colaborar siendo parte del proyecto: “Se es parte del mismo creyendo en él, creyendo en las oportunidades para personas que viven en contextos bastante complicados. Se colabora reciclando ropa, comprando ropa de segunda mano”.

Hitos de un proyecto que cumple una década

Ecolabora nace en el año 2012. Caritas Diocesana de Santander decide dar un impulso empresarial a una actividad voluntaria en los roperos de las parroquias, con un triple objetivo: -Gestionar de manera eco-responsable las donaciones de ropa. -Generar empleo para personas de difícil empleabilidad. -Normalizar la entrega de la ropa facilitando la autonomía y la libertad de elección de las personas. Se dotó al proyecto de una estructura jurídica y organizativa, Ecolabora Cantabria SL, la primera empresa de inserción en Cantabria, regulada por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, con tres líneas de trabajo: -La recogida de residuo textil en contenedores ubicados en más de cuarenta y cuatro municipios. -La clasificación del residuo textil y su preparación para la reutilización en la planta ubicada en Heras. -La reutilización a través de las ventas generadas en las tiendas de la calle Cádiz, 9 (Santander) y calle José María Pereda, 23 (Torrelavega). Cuando se constituyó Ecolabora Cantabria, contó con dos socios, la red Social Koopera, que aportó su experiencia de veinte años en la gestión de residuo textil, y Cáritas Diocesana de Santander. La estructura empresarial ha cambiado. Actualmente, Ecolabora es exclusivamente de Cáritas Diocesana de Santander y Red Social Koopera ya no es socio. La razón, explica el gerente de Ecolabora Cantabria, es que desde Cáritas Española se ha impulsado una gran iniciativa que es Moda re-, que aglutina todos los proyectos liderados por Cáritas Española: “Moda re- ha aglutinado todos estos proyectos creando un gran proyecto de referencia de la clasificación del residuo textil y la generación de empleo de inserción desde iniciativas de economía social”. Que Caritas sea ahora el socio único, añade, no significa que trabaje el solitario: “Tanto Ecolabora, como Red Social Koopera, como otros proyectos, forman parte de Moda re- y para poner en marcha las tiendas hay servicios que se prestan desde la cooperativa Moda re- a todos sus socios cooperativistas, y quien lo presta en Cantabria es Red Social Koopera, como miembro de Moda Re”.

Siete meses después de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. La cara son los 1.808 hogares cántabros amparados por esta ayuda, que suman un total de 5.204 personas. La cruz, que el 65,9% de las solicitudes tramitadas se rechazan, que Cantabria se sitúa a la cola de España en cuanto a alcance de esta prestación y que, según denuncian sindicatos y organizaciones del tercer sector, los canales de comunicación para solicitar la ayuda son mejorables.

Francisco Rouco | @FranRoucoFebrero 2021

El pasado mes de junio, el Gobierno puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV), una aportación directa de entre 461,50 y 1.015,30 euros al mes dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas económicamente vulnerables. El objetivo: llegar a 2,3 millones de personas, 850.000 hogares en toda España. La medida, calificada por sus impulsores como “el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia —firmada en 2006—”, es compatible con otros incentivos como becas al estudio, ayudas a la vivienda y algunas prestaciones de emergencia. Y también con la búsqueda de empleo: en caso de encontrarlo, la prestación sigue activa mientras no se superen los requisitos, que son tener unos ingresos inferiores a 459,93 euros al mes y un patrimonio menor de 16.917,60 euros, además de otras obligaciones.

En diciembre, siete meses después de su puesta en marcha y con 518 millones de euros invertidos de una partida total de 3.000, el IMV alcanzaba a 462.508 personas en toda España, unos 160.000 hogares. Esta cifra representa el 19% de lo prometido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuando se aprobó la medida en junio. Aunque el ministro redujo en octubre el objetivo de los 850.000 hogares a 550.000, y en diciembre dijo que la primera cifra no se alcanzaría “ni de lejos”, las diferencias entre el alcance real y las previsiones sobre el papel han obligado a las autoridades a evaluar todo el proceso, especialmente después de conocer algunos porcentajes inesperados.

Un voluntario trabajando en el centro de distribución que el Banco de Alimentos de Cantabria tiene en Santander. La creciente demanda de este servicio, como de los que presta Cáritas o la Cocina Económica, es una de las consecuencias de la crisis de la covid-19.

En toda España, se presentaron –siempre con los datos hasta diciembre de 2020– 1.136.173 solicitudes para conseguir el ingreso mínimo vital. Para valorar la expectación que ha tenido esta medida hay que recordar que solo se puede presentar una solicitud por unidad de convivencia, es decir, por familia o pareja de hecho que convivan bajo un mismo techo. Por tanto, tras una sola solicitud puede haber más de una persona interesada (de hecho, el número de personas cubiertas actualmente por el IMV por cada solicitud aceptada es de 2,9). Hasta diciembre fueron tramitadas 807.914 solicitudes, es decir, un 71,1% de las presentadas. De aquellas, se aprobaron 159.482, se denegaron 466.873 y hay 181.559 solicitudes con errores o incompletas que deben ser corregidas. Si nos centramos en las solicitudes tramitadas, apartamos de la ecuación las solicitudes pendientes –22,5% de todas las tramitadas– y atendemos solamente a las aprobadas y las rechazadas, el porcentaje de aprobación es del 25,5% y el de rechazo, del 74,5%. Este dato es el que está suscitando la mayor parte de los reproches a la puesta en marcha de esta medida, aparte de las diferencias ya referidas entre el alcance prometido y el alcanzado.

En cuanto a los datos de Cantabria, los porcentajes van parejos a las cifras nacionales. Hasta diciembre se presentaron 9.765 solicitudes, de las cuales se tramitaron 6.892, el 70,6%. De estas se aprobaron 1.808, se rechazaron 3.493 y están pendientes de subsanación 1.591. De nuevo, podemos aislar las solicitudes por corregir –23,1% de las tramitadas– para obtener el grado de aceptación/rechazo del IMV en Cantabria: se aprueba el 34,1% de las solicitudes y se rechaza el 65,9%.

“Con carácter general, las denegaciones tienen que ver con los criterios de vulnerabilidad económica, es decir, no cumplir con los requisitos de renta y patrimonio”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las preguntas planteadas por esta revista. “El IMV está focalizado a las situaciones de vulnerabilidad extrema, es decir, a aquellas personas que se encuentran en situaciones de pobreza y exclusión. Es evidente que, de los más del millón de solicitudes que se han recibido, no todas las personas cumplen los umbrales de renta y patrimonio que se exigen para la prestación”. Con todo, desde el ministerio valoran la puesta en marcha del IMV como “muy positiva” y destacan la “elevada demanda”, que “pone en evidencia que era una prestación absolutamente necesaria, demandada desde hace muchos años por las organizaciones sociales y que, sin duda, supone un gran avance para nuestro Estado de Bienestar”.

Una cobertura de solo el 10%

Paralelamente a conocerse el dato de solicitudes del IMV y su porcentaje de rechazos, Comisiones Obreras (CCOO) publicó su informe Hogares sin ingresos laborales por comunidades autónomas, donde denunciaba el “lento reconocimiento” del IMV en la comunidad cántabra. Según datos del sindicato elaborados a partir de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) de 2018 del INE, esta ayuda solo alcanzaba en diciembre al 10% de los hogares cántabros potencialmente necesitados, la segunda comunidad autónoma con menos cobertura, solo por detrás de Canarias, con el 9,2% (la media española se sitúa en el 20,4%). El informe calcula que hay 18.000 hogares que podrían beneficiarse del IMV, pero a finales de año este solo alcanzaba a menos de 2.000 (los 1.808 ya citados). Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegaron hacer valoraciones sobre este asunto, aludiendo a que desconocen los datos que ha publicado CCOO, pese a habérselos facilitado y ser públicos.

Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria.

Desde el sindicato consideran esta cobertura “insuficiente”, y la explican a partir de varias razones: falta de personal en la administración pública, un procedimiento administrativo “demasiado farragoso” y una falta de comunicación que, señalan, dificulta que las personas puedan conocer este recurso. “Tras aprobar el IMV, hubo una primera oleada de personas de todo tipo de niveles de acceso que nos consultaron si podían solicitar el IMV”, explica Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria. “Llegaron muchas personas con ingresos muy bajos que creían tener derecho a la prestación, pero que quedaban fuera por tener familiares o cónyuges con cuantías que no cumplían los requisitos”. Paralelamente a esto, explica Mantecón, muchas personas que sí pueden optar al IMV están quedándose fuera por desconocimiento. “A las personas que ya teníamos en nuestros expedientes y que sabíamos que tenían posibilidades de acceder las ayudamos a hacer los trámites telemáticamente, un procedimiento que para gente que no tenga cierto nivel de estudios o habilidades informáticas es imposible”.

Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Pese a que existen dos vías para tramitar las solicitudes para el IMV, la presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la telemática en la página web (www.seg-social.es), además de un número telefónico para las consultas (900 20 22 22), la covid-19 redujo las opciones a una. Levantado el confinamiento, las citas presenciales empezaron a concederse para varias semanas después, con lo que la tramitación vía web se convirtió en la alternativa más rápida. El procedimiento no entraña mucho misterio para una persona que use Internet de forma habitual, una condición que no suele darse en muchas de las personas que piden estas ayudas, como denuncian desde CCOO. Para hacerlo más fácil, el 26 de junio se subió a Youtube un vídeo llamado ‘Acceda a toda la información sobre el Ingreso Mínimo Vital’, un clip explicativo con instrucciones claras y sencillas. Sin embargo, el vídeo dejaba fuera tareas con un punto adicional de complicación, que van mucho más allá de adjuntar archivos a la solicitud. Ejemplo de ello es convertir los documentos fotografiados en archivos PDF o reducir la resolución de los documentos si estos superan el tamaño máximo de 15 MB. “Todos estos trámites no son sencillos para muchas personas, especialmente para aquellas que ni siquiera tienen Internet en sus casas”, explica Rosa Mantecón, que señala además la dependencia del ordenador para conocer el estado de la solicitud. “Una vez que envías la solicitud telemáticamente, todas las comunicaciones son por esta vía. Hay muchas personas que creen que han añadido todos los documentos y no ha sido así, pero tampoco saben lo que tienen que añadir”. De las peticiones tramitadas hasta diciembre en Cantabria, dos de cada 10 tienen que ser revisadas porque falta información o hay errores en la documentación aportada. “El problema es que muchas veces las personas que se encuentran en situación de exclusión son las que peor acceso tienen a la información sobre los recursos disponibles que pueden ayudarles”, subraya la secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO.

Una “brecha comunicativa” pendiente

“Es posible que la información no haya llegado a la ciudadanía de forma suficientemente clara para que sepan cómo pedir esta ayuda”, explica Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander. “Al margen de que las entidades privadas ayudemos de forma individual a las personas que acuden a solicitar la ayuda, el esfuerzo debe de ser de quien tiene la información, y creo que ha habido una brecha comunicativa”. Desde esta institución han comprobado varios problemas relacionados con las solicitudes del IMV. El más notable es la falta de un interlocutor de la Seguridad Social en caso de dudas. “Hay personas que no saben por qué cobran lo que cobran y si pueden optar a más ayudas”, denuncia Sierra. Anulada de facto la opción presencial –“pueden pasar semanas hasta conseguir una cita”—, la única vía para obtener información de primera mano para explicar “conceptos confusos como la unidad de convivencia” es el teléfono. “Llaman por teléfono y en raras ocasiones obtienen respuestas”, explica Sierra, quien subraya que entiende que los servicios de la Seguridad Social están saturados y que hace su valoración desde la “comprensión” de esa circunstancia. Sobre el servicio telefónico hay que mencionar que inicialmente iba a funcionar de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 (el vídeo de Youtube muestra ese horario) pero actualmente solo opera de 9:00 a 14:30, de lunes a viernes. “Hay mucho desconocimiento a pie de calle sobre cómo se está llevando el ingreso mínimo vital. La ciudadanía necesita seguridad, y si la ciudadanía ha conquistado un derecho como es este, lo que hay que esperar es que se responda a todas las personas que tengan ese derecho”, concluye el secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Dependencias de la Cocina Económica, en Santander.

Superada la primera etapa del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. Siete meses después de su implementación, 1.808 solicitudes han sido aceptadas en Cantabria, y la ayuda se extiende hasta las 5.204 personas entre solicitantes y menores a su cargo. Sin embargo, por el lado negativo destaca el elevado porcentaje de rechazos (65,9%), el de solicitudes con errores o incompletas (22,5%) y el 5% de solicitudes duplicadas. Ante esta situación, fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten que el sistema está en revisión “Estamos realizando una completa evaluación de manera continua del alcance que tiene la prestación con la finalidad de desarrollar propuestas de mejoras y asegurar que la prestación llegue a las personas y colectivos a los que va dirigido y a los que de momento no se ha llegado. Ese es nuestro compromiso en este momento”.