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El Ingreso Mínimo Vital no está, pero se le espera

Un año y medio después de su aprobación, esta prestación gestionada por la Seguridad Social se encuentra aún muy lejos de cumplir su función de salvavidas de las personas más necesitadas. La Red Cántabra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social advierte del importante deterioro de la mayoría de los indicadores de renta en la región durante el pasado año, donde casi una de cuatro personas vive en riesgo de pobreza; echa de menos una mayor coordinación entre las administraciones públicas, reclama la activación de los ascensores sociales y reivindica la apertura de mayores cauces de participación para las organizaciones del Tercer Sector.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Diciembre 2021

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una idea muy buena y tiene buen color. Pero aún le falta recorrido para ver si flota”. Así valora el tesorero de la Red Cántabra de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria), Jesús Castanedo, esta renta aprobada por el Gobierno de España en junio de 2020 para tratar de paliar las penurias económicas y sociales que por aquel entonces ya apretaban a miles de familias por culpa de la pandemia. Casi un año y medio después, su aplicación está muy lejos de cumplir los objetivos de cobertura declarados, y no por falta de dinero. Según los últimos datos disponibles a nivel nacional, apenas se ha gastado la mitad de los 2.728 millones de euros asignados a la Seguridad Social para el pago de esta prestación. Y el propio Gobierno reconoce que el IMV había llegado hasta septiembre pasado a 337.000 hogares (unas 800.000 personas), lo que representa algo menos del 40% de la previsión inicial, que era llegar a 850.000 unidades de convivencia y a 2,3 millones de beneficiarios.

Jesús Castanedo, tesorero de la Red Cántabra de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y director técnico de la Cocina Económica de Santander

Según la mayoría de los expertos, el cuello de botella está en los muchos problemas que el Estado está teniendo para dar respuesta a la gran cantidad de solicitudes presentadas, casi 1,5 millones en dieciséis meses, de las que 14.687 corresponden a Cantabria. En este sentido, Castanedo recuerda que el IMV es la prestación base para las rentas mínimas autonómicas, por lo que las personas más necesitadas deben solicitarlo, aun a sabiendas de que no cumplen algunos de los requisitos, para poder tramitar después estas otras rentas básicas de gestión autonómica en cuyos perfiles sí encajan, una vez obtenidas la denegación del primero. “Esta actividad está generando un tráfico inesperado en la administración de la Seguridad Social y, en consecuencia, demoras en el acceso a estas ayudas tan necesarias para miles de personas que están al borde del precipicio”, reconoce el tesorero de EAPN Cantabria y director técnico de la Cocina Económica, una de las trece organizaciones del llamado Tercer Sector que forman parte de esta red cántabra. En su análisis de la situación, este responsable alerta también del escaso porcentaje de expedientes, por debajo del 30%, que finalmente son aprobados lo que, a su juicio, deja entrever que el diseño de esta prestación se ajusta poco y mal a la realidad social.

Entre las razones que justifican que de los 13.523 expedientes válidos presentados hasta septiembre en Cantabria solo se hayan aprobado 3.756, según recoge EAPN en su informe ‘El ingreso mínimo vital un año después. La perspectiva autonómica’, dado a conocer hace poco más de un mes, o que otros muchos potenciales beneficiarios simplemente no soliciten esta ayuda, Castanedo cita en primer lugar la brecha digital de las personas solicitantes: “La dificultad de acceder a internet, a un ordenador o ‘smartphone’ y la falta de competencias digitales y menor nivel formativo está empobreciendo y cronificando a las personas más vulnerables”, critica con pesar.

Además, menciona la dificultad de cumplir los requisitos exigidos y la inclusión de términos y conceptos muchas veces confusos que no hacen sino complicar al solicitante la comprensión de lo que le piden. Así, explica que la Seguridad Social alega que la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad al superar los umbrales de renta y patrimonio, si bien Castanedo aclara que hay que tener en cuenta que para su concesión se han tenido en cuenta en la mayoría de los casos los ingresos de 2019, ejercicio en el que aún no había impactado la pandemia.

Otras cuestiones como el certificado de empadronamiento, la acreditación de la composición de la unidad familiar o la documentación de la residencia en regla pueden resultar, según destaca, obstáculos insalvables para quienes no tienen hogar, familias extensas gitanas, personas inmigrantes o para varias unidades de convivencia que residen en una única vivienda: “Pero son aspectos que deducimos a partir de las encuestas que llevan a cabo las redes de las diferentes comunidades autónomas, porque lo cierto es que el ministerio no explica en ningún caso cuáles son las razones de las denegaciones, solo las comunica”, precisa el tesorero de EAPN Cantabria.

“Tres de cada cuatro solicitudes son denegadas. Pero no sabemos los motivos. Lo que sí conocemos es que esa falta de transparencia genera una fuerte indefensión en los solicitantes”, argumenta Castanedo claramente contrariado por esta falta de información sobre las resoluciones que impide en la mayoría de las ocasiones que el interesado pueda iniciar un proceso de reparación. A su juicio, estas disfunciones que denuncia parten de la inexistencia de una infraestructura administrativa específica para la gestión del IMV. “A diferencia de los departamentos de servicios sociales de las comunidades autónomas, que ya contaban con un sistema definido, la Seguridad Social ha tenido que partir de cero y con la dificultad añadida de hacerlo en plena crisis de la Covid-19 y con las oficinas físicas cerradas por seguridad ante la pandemia”, razona.

Además, sostiene que lo ha hecho sin conocer las características de los perfiles de las personas solicitantes y, lo que es aún peor, sin una base de datos de los potenciales beneficiarios. “Ha faltado coordinación entre los servicios sociales autonómicos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. No existe una base de datos conjunta o general que facilite el intercambio de información entre ambas administraciones, una carencia amplificada por la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El resultado es que la Seguridad Social se ha visto sobrepasada y no ha sabido responder a determinadas cuestiones en el momento en que más se necesitaba, ya que el número de personas en situación de vulnerabilidad extrema no ha dejado de crecer en el último año, especialmente en Cantabria”, resume.

Cantabria, peor que la media

El reciente estudio sobre pobreza y exclusión social elaborado por EAPN señala que Cantabria ha experimentado un deterioro superior al registrado por el conjunto del territorio nacional en la mayoría de los criterios analizados. Según resalta este trabajo, este empeoramiento de la situación se constata de manera singular en el caso de la privación material severa (PMS), que ha experimentado el mayor incremento de toda España hasta multiplicar su tasa por cinco.

En concreto, este indicador, que viene definido por la carencia de al menos cuatro de los nueve conceptos de consumo básico que establece la Unión Europea –poder permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días; mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros, entre otros–, alcanzó el pasado año al 4,4% de la población cántabra, es decir, a unas 25.000 personas, 20.000 más que en 2019.

El comedor de la Cocina Económica de Santander, listo para servir comidas a los usuarios que aguardan para entrar

Pero con ser alarmante este dato, aún lo es más el que sostiene que el 23,7% de los habitantes de Cantabria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020. Este porcentaje, que implica un aumento del 4,3% con relación al ejercicio anterior, significa en la práctica que unas 138.000 personas, 25.000 más que en 2019, viven en hogares con ingresos que no llegan al 60% de la mediana de la renta nacional.

Además, este informe de EAPN alerta igualmente de que unas 50.9000 personas, 10.200 más que un año antes, están en situación de pobreza severa, esto es, aquellas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional. O dicho de otro modo: cada persona debe sobrevivir con menos de 281 euros mensuales, en el caso de una familia con dos adultos y dos menores; o con menos de 535 euros al mes si vive sola.

Castanedo atribuye este deterioro por encima de la media española al importante peso específico de los servicios en Cantabria, especialmente del turismo y el comercio. “Las personas más vulnerables trabajaban fundamentalmente en estos sectores, los más afectados por la pandemia, y en los que muchos negocios se han visto obligados a echar el cierre”. Además, apunta también al hecho de contar con una población más envejecida en torno a la cual existe toda una economía de los cuidados que igualmente se ha visto muy afectada. “El miedo a los contagios, unido al fallecimiento de muchas personas mayores, ha expulsado del mercado laboral a un número muy alto de trabajadores que cuidaban de ellas”, argumenta el tesorero de esta red cántabra que asegura está “en construcción” y centrada en luchar contra la exclusión social, la pobreza y el hambre.

De vueltas a cómo superar la deficiente implementación del IMV, Castanedo saluda el anuncio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de crear un registro de organizaciones no gubernamentales que puedan servir de mediadoras y que certifiquen la idoneidad de los potenciales beneficiarios. “Que nos homologuen porque las entidades del Tercer Sector somos la alianza natural de las administraciones”, puntualiza sobre esa medida que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, declaró que entraría en vigor por medio de un real decreto y en funcionamiento antes de finalizar noviembre, aunque aún no lo ha hecho.

Sobre la cuantía media del IMV que, según datos del Portal de Transparencia de la Seguridad Social, es de 172 euros por persona y de 436 por hogar, el director técnico de la Cocina Económica entiende que habría que revisarla o, cuando menos, buscar elementos de complementariedad. “Con ese dinero no te mueres, pero no se puede vivir porque no solo de pan vive el hombre. Además de la comida hay que pagar la vivienda, suministros…”, reflexiona antes de recordar que la renta es igual para todos, “pero el nivel de vida no es el mismo en todas las comunidades autónomas”.

En su opinión,  el IMV es “un buen escudo de protección”, pero necesita complementarse con otras ayudas y, sobre todo, potenciar los ascensores sociales que permitan a las personas salir de esa situación de vulnerabilidad, entre los que cita la formación y el apoyo en la búsqueda de empleo: “Los temas de activación social no están y deberían estar”, reivindica.

Al tiempo que reclama “engarzar estas cuestiones para facilitar la inserción social”, Castanedo advierte de la necesidad de dignificar la vivienda. “El 50% de las personas que viene a la Cocina Económica vive en habitaciones en casas compartidas. Les queda esa opción o el cajero y la gente, en la mayoría de las ocasiones el propio arrendatario que lo subarrienda a otras personas, se aprovecha de su vulnerabilidad para hacer negocio con los pisos. Habría que regularlo e incluso nosotros nos estamos planteando ofrecer este servicio para evitar estos abusos”, analiza antes de lanzar un aviso: “Con la vivienda ocurre lo mismo que con la ley de la gravedad; siempre que se dan ayudas al alquiler, sube el precio”. 

De otro lado, El tesorero de EAPN Cantabria reconoce que en España está en un “buen momento” en cuanto al gasto social gracias, en gran parte, a la pandemia. “Quizá sea lo único bueno que ha traído consigo esta crisis”, explica para reclamar a continuación una “buena gestión” de los fondos europeos. “Va a ser clave para que la apertura que se adivina en materia social salga adelante”, enfatiza.

Por último, Castanedo pone el foco en la relación con las administraciones públicas, que pide potenciar. “Con el Gobierno de Cantabria ha habido sus más y sus menos, pero se deben desarrollar los mecanismos de gobernanza para que en aquellos temas en los que estemos implicados las entidades del Tercer Sector podamos participar juntos. En este asunto hay mucho por hacer”, recapitula. “La activación entre lo público y lo privado se tiene que desarrollar porque la pobreza es una palabra con muchos apellidos –material, infantil, energética…– que debemos combatir todos unidos, administraciones, organizaciones no gubernamentales y empresarios. Nosotros en EAPN tenemos al menos muy claro cuál es nuestro objetivo: mejorar la vida de las personas y cuidar la tierra como elemento común”, concluye.

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Luces y sombras del ingreso mínimo vital

Siete meses después de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. La cara son los 1.808 hogares cántabros amparados por esta ayuda, que suman un total de 5.204 personas. La cruz, que el 65,9% de las solicitudes tramitadas se rechazan, que Cantabria se sitúa a la cola de España en cuanto a alcance de esta prestación y que, según denuncian sindicatos y organizaciones del tercer sector, los canales de comunicación para solicitar la ayuda son mejorables.

Francisco Rouco | @FranRouco | Febrero 2021

El pasado mes de junio, el Gobierno puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV), una aportación directa de entre 461,50 y 1.015,30 euros al mes dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas económicamente vulnerables. El objetivo: llegar a 2,3 millones de personas, 850.000 hogares en toda España. La medida, calificada por sus impulsores como “el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia —firmada en 2006—”, es compatible con otros incentivos como becas al estudio, ayudas a la vivienda y algunas prestaciones de emergencia. Y también con la búsqueda de empleo: en caso de encontrarlo, la prestación sigue activa mientras no se superen los requisitos, que son tener unos ingresos inferiores a 459,93 euros al mes y un patrimonio menor de 16.917,60 euros, además de otras obligaciones.

En diciembre, siete meses después de su puesta en marcha y con 518 millones de euros invertidos de una partida total de 3.000, el IMV alcanzaba a 462.508 personas en toda España, unos 160.000 hogares. Esta cifra representa el 19% de lo prometido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuando se aprobó la medida en junio. Aunque el ministro redujo en octubre el objetivo de los 850.000 hogares a 550.000, y en diciembre dijo que la primera cifra no se alcanzaría “ni de lejos”, las diferencias entre el alcance real y las previsiones sobre el papel han obligado a las autoridades a evaluar todo el proceso, especialmente después de conocer algunos porcentajes inesperados.

Un voluntario trabajando en el centro de distribución que el Banco de Alimentos de Cantabria tiene en Santander. La creciente demanda de este servicio, como de los que presta Cáritas o la Cocina Económica, es una de las consecuencias de la crisis de la covid-19.

En toda España, se presentaron –siempre con los datos hasta diciembre de 2020– 1.136.173 solicitudes para conseguir el ingreso mínimo vital. Para valorar la expectación que ha tenido esta medida hay que recordar que solo se puede presentar una solicitud por unidad de convivencia, es decir, por familia o pareja de hecho que convivan bajo un mismo techo. Por tanto, tras una sola solicitud puede haber más de una persona interesada (de hecho, el número de personas cubiertas actualmente por el IMV por cada solicitud aceptada es de 2,9). Hasta diciembre fueron tramitadas 807.914 solicitudes, es decir, un 71,1% de las presentadas. De aquellas, se aprobaron 159.482, se denegaron 466.873 y hay 181.559 solicitudes con errores o incompletas que deben ser corregidas. Si nos centramos en las solicitudes tramitadas, apartamos de la ecuación las solicitudes pendientes –22,5% de todas las tramitadas– y atendemos solamente a las aprobadas y las rechazadas, el porcentaje de aprobación es del 25,5% y el de rechazo, del 74,5%. Este dato es el que está suscitando la mayor parte de los reproches a la puesta en marcha de esta medida, aparte de las diferencias ya referidas entre el alcance prometido y el alcanzado.

En cuanto a los datos de Cantabria, los porcentajes van parejos a las cifras nacionales. Hasta diciembre se presentaron 9.765 solicitudes, de las cuales se tramitaron 6.892, el 70,6%. De estas se aprobaron 1.808, se rechazaron 3.493 y están pendientes de subsanación 1.591. De nuevo, podemos aislar las solicitudes por corregir –23,1% de las tramitadas– para obtener el grado de aceptación/rechazo del IMV en Cantabria: se aprueba el 34,1% de las solicitudes y se rechaza el 65,9%.

“Con carácter general, las denegaciones tienen que ver con los criterios de vulnerabilidad económica, es decir, no cumplir con los requisitos de renta y patrimonio”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las preguntas planteadas por esta revista. “El IMV está focalizado a las situaciones de vulnerabilidad extrema, es decir, a aquellas personas que se encuentran en situaciones de pobreza y exclusión. Es evidente que, de los más del millón de solicitudes que se han recibido, no todas las personas cumplen los umbrales de renta y patrimonio que se exigen para la prestación”. Con todo, desde el ministerio valoran la puesta en marcha del IMV como “muy positiva” y destacan la “elevada demanda”, que “pone en evidencia que era una prestación absolutamente necesaria, demandada desde hace muchos años por las organizaciones sociales y que, sin duda, supone un gran avance para nuestro Estado de Bienestar”.

Una cobertura de solo el 10%

Paralelamente a conocerse el dato de solicitudes del IMV y su porcentaje de rechazos, Comisiones Obreras (CCOO) publicó su informe Hogares sin ingresos laborales por comunidades autónomas, donde denunciaba el “lento reconocimiento” del IMV en la comunidad cántabra. Según datos del sindicato elaborados a partir de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) de 2018 del INE, esta ayuda solo alcanzaba en diciembre al 10% de los hogares cántabros potencialmente necesitados, la segunda comunidad autónoma con menos cobertura, solo por detrás de Canarias, con el 9,2% (la media española se sitúa en el 20,4%). El informe calcula que hay 18.000 hogares que podrían beneficiarse del IMV, pero a finales de año este solo alcanzaba a menos de 2.000 (los 1.808 ya citados). Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegaron hacer valoraciones sobre este asunto, aludiendo a que desconocen los datos que ha publicado CCOO, pese a habérselos facilitado y ser públicos.

Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria.

Desde el sindicato consideran esta cobertura “insuficiente”, y la explican a partir de varias razones: falta de personal en la administración pública, un procedimiento administrativo “demasiado farragoso” y una falta de comunicación que, señalan, dificulta que las personas puedan conocer este recurso. “Tras aprobar el IMV, hubo una primera oleada de personas de todo tipo de niveles de acceso que nos consultaron si podían solicitar el IMV”, explica Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria. “Llegaron muchas personas con ingresos muy bajos que creían tener derecho a la prestación, pero que quedaban fuera por tener familiares o cónyuges con cuantías que no cumplían los requisitos”. Paralelamente a esto, explica Mantecón, muchas personas que sí pueden optar al IMV están quedándose fuera por desconocimiento. “A las personas que ya teníamos en nuestros expedientes y que sabíamos que tenían posibilidades de acceder las ayudamos a hacer los trámites telemáticamente, un procedimiento que para gente que no tenga cierto nivel de estudios o habilidades informáticas es imposible”.

Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Pese a que existen dos vías para tramitar las solicitudes para el IMV, la presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la telemática en la página web (www.seg-social.es), además de un número telefónico para las consultas (900 20 22 22), la covid-19 redujo las opciones a una. Levantado el confinamiento, las citas presenciales empezaron a concederse para varias semanas después, con lo que la tramitación vía web se convirtió en la alternativa más rápida. El procedimiento no entraña mucho misterio para una persona que use Internet de forma habitual, una condición que no suele darse en muchas de las personas que piden estas ayudas, como denuncian desde CCOO. Para hacerlo más fácil, el 26 de junio se subió a Youtube un vídeo llamado ‘Acceda a toda la información sobre el Ingreso Mínimo Vital’, un clip explicativo con instrucciones claras y sencillas. Sin embargo, el vídeo dejaba fuera tareas con un punto adicional de complicación, que van mucho más allá de adjuntar archivos a la solicitud. Ejemplo de ello es convertir los documentos fotografiados en archivos PDF o reducir la resolución de los documentos si estos superan el tamaño máximo de 15 MB. “Todos estos trámites no son sencillos para muchas personas, especialmente para aquellas que ni siquiera tienen Internet en sus casas”, explica Rosa Mantecón, que señala además la dependencia del ordenador para conocer el estado de la solicitud. “Una vez que envías la solicitud telemáticamente, todas las comunicaciones son por esta vía. Hay muchas personas que creen que han añadido todos los documentos y no ha sido así, pero tampoco saben lo que tienen que añadir”. De las peticiones tramitadas hasta diciembre en Cantabria, dos de cada 10 tienen que ser revisadas porque falta información o hay errores en la documentación aportada. “El problema es que muchas veces las personas que se encuentran en situación de exclusión son las que peor acceso tienen a la información sobre los recursos disponibles que pueden ayudarles”, subraya la secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO.

Una “brecha comunicativa” pendiente

“Es posible que la información no haya llegado a la ciudadanía de forma suficientemente clara para que sepan cómo pedir esta ayuda”, explica Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander. “Al margen de que las entidades privadas ayudemos de forma individual a las personas que acuden a solicitar la ayuda, el esfuerzo debe de ser de quien tiene la información, y creo que ha habido una brecha comunicativa”. Desde esta institución han comprobado varios problemas relacionados con las solicitudes del IMV. El más notable es la falta de un interlocutor de la Seguridad Social en caso de dudas. “Hay personas que no saben por qué cobran lo que cobran y si pueden optar a más ayudas”, denuncia Sierra. Anulada de facto la opción presencial –“pueden pasar semanas hasta conseguir una cita”—, la única vía para obtener información de primera mano para explicar “conceptos confusos como la unidad de convivencia” es el teléfono. “Llaman por teléfono y en raras ocasiones obtienen respuestas”, explica Sierra, quien subraya que entiende que los servicios de la Seguridad Social están saturados y que hace su valoración desde la “comprensión” de esa circunstancia. Sobre el servicio telefónico hay que mencionar que inicialmente iba a funcionar de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 (el vídeo de Youtube muestra ese horario) pero actualmente solo opera de 9:00 a 14:30, de lunes a viernes. “Hay mucho desconocimiento a pie de calle sobre cómo se está llevando el ingreso mínimo vital. La ciudadanía necesita seguridad, y si la ciudadanía ha conquistado un derecho como es este, lo que hay que esperar es que se responda a todas las personas que tengan ese derecho”, concluye el secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Dependencias de la Cocina Económica, en Santander.

Superada la primera etapa del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. Siete meses después de su implementación, 1.808 solicitudes han sido aceptadas en Cantabria, y la ayuda se extiende hasta las 5.204 personas entre solicitantes y menores a su cargo. Sin embargo, por el lado negativo destaca el elevado porcentaje de rechazos (65,9%), el de solicitudes con errores o incompletas (22,5%) y el 5% de solicitudes duplicadas. Ante esta situación, fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten que el sistema está en revisión “Estamos realizando una completa evaluación de manera continua del alcance que tiene la prestación con la finalidad de desarrollar propuestas de mejoras y asegurar que la prestación llegue a las personas y colectivos a los que va dirigido y a los que de momento no se ha llegado. Ese es nuestro compromiso en este momento”.

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