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Cerca de cumplir su primer año al frente del Colegio –lo hará el próximo mes de abril–, el decano de esta institución con 1.055 colegiados analiza los desafíos y oportunidades de una profesión que ha recuperado el pulso tras años de profunda crisis. Reclama una revisión de la Ley de Contratos del Sector Público, especialmente en el caso de los contratos menores; aboga por el cumplimiento de los pliegos de adjudicación y por una reducción de los tiempos de tramitación, y defiende el papel de esta ingeniería en el progreso social.

Manuel Casino @mcasino8

Pregunta.– Su compromiso al acceder al cargo hace casi diez meses fue integrar la Universidad, el Colegio y las empresas. ¿Objetivo cumplido?
Respuesta.– Vamos por el buen camino. Tenemos una relación muy estrecha con la Universidad de Cantabria (UC) a través de la Escuela Técnico Superior (ETS) de Ingenieros de Caminos, con la que mantenemos reuniones periódicas todos los meses para tratar de fomentar esta carrera universitaria y analizar, entre otros asuntos, el nuevo plan de estudios o cómo captar alumnos para la Escuela, además de promover iniciativas como el concurso de puentes para estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. En este sentido, hay que tener en cuenta que esta carrera ha sufrido en Cantabria los efectos perversos de la paralización de la construcción durante los años de la crisis y la existencia de 33 escuelas en toda España, de las que 16, incluida la de la UC, imparten el máster habilitante para obtener la titulación de ingeniero de caminos. En la actualidad, el número de alumnos que cursan este máster en la ETS de Cantabria ronda la treintena, algunos de los cuales proceden de otras universidades sabedores del prestigio que tiene la de Cantabria y atraídos por el Instituto de Hidráulica Ambiental, que es un referente en nuestra escuela. Con las empresas, por su parte, estamos haciendo de puente para intentar conectar a estos alumnos de Máster con la empresa privada.

P.– Además, apeló a la necesidad de poner en valor la profesión. ¿Le preocupa el intrusismo?
R.– No especialmente. Lo que más preocupa es que todas las profesiones técnicas que de algún modo han estado vinculadas a la corrupción y a otras prácticas, como las bajas temerarias o el desvío en los costes iniciales de los proyectos, tenían una especie de mancha. Digamos que existía un cierto desprestigio de la profesión. Además, los colegiados se quejaban de que la sociedad ya no les percibía como profesionales serios, rigurosos y responsables. Lo que hemos hecho en estos meses para tratar de evitar esta percepción es organizar foros y debates sobre actividades relacionadas con nuestro desempeño profesional. Y en eso estamos, en divulgar el papel de la ingeniería y en qué beneficia nuestra labor a la sociedad en su conjunto.

P.– Hacer caminos, tender puentes, abrir canales y llegar a buen puerto. ¿Por este orden?
R.– (Se ríe). Bien, básicamente esta cuestión está relacionado con lo que apuntaba anteriormente. Partiendo de la base de que las infraestructuras constituyen el capítulo principal para el progreso de cualquier civilización, queremos que el trabajo del ingeniero de caminos sea valorado desde un punto de vista técnico, pero también social.  Por delante va la ejecución de la obra y por detrás el trasfondo social y el beneficio para la colectividad. Esto es lo que nos mueve.

P.– Poco antes de acabar el año solicitaba al Gobierno regional impulsar nuevas fórmulas para mejorar la Ley de Contratos del Sector Público y tratar de superar algunas dificultades. ¿Debo entender pues que no esta muy satisfecho con la nueva norma y que el escepticismo que levantó su aprobación aún sigue instalado?
R.– El problema va más allá y no afecta solo a los ingenieros de caminos, sino a cualquiera que sea proveedor de servicios de las administraciones públicas. Esta cuestión es especialmente preocupante en el caso de la adjudicación de contratos menores, en la  que existe una disparidad muy importante en la interpretación. Los distintos ayuntamientos de la región no aplican de la misma manera el criterio de objeto del contrato. Es un problema serio que en algunas ocasiones llega al absurdo al comprometer la compra de simples suministros. Por eso, desde el Colegio proponemos a las distintas administraciones que se revise la ley. Otro punto que nos preocupa y mucho es el de los excesivos plazos que maneja la Administración para adjudicar licencias. Amparándose en la seguridad jurídica, que entiendo sea una premisa fundamental en la toma de decisiones políticas, no puede ser que todo acabe en los tribunales. Sin duda es un tema complejo, pero no cabe duda de que, como sociedad, algo estamos haciendo mal que debemos cambiar.

Ezequiel San Emetario, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria.

P.– Aunque esta nueva Ley venía a poner coto a las bajas temerarias, la ambigüedad de su redactado deja la puerta abierta a que esta práctica esté todavía a la orden del día. ¿Es así?

R.– Bueno, lo que sí tenemos claro en el Colegio no es tanto cuál es el mínimo para aceptar una baja como temeraria o no, sino algo más prosaico: que se cumplan los pliegos de adjudicación. Las bajas son un problema en sí, pero creo que el problema real descansa más en el cumplimiento de los pliegos de contratación.

P.– Reclaman que, estructuralmente, las competencias en la elaboración del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) les pertenecen a ustedes. Pero muy pocas comunidades de propietarios acuden a ustedes para su redacción y sí, en cambio, a otros profesionales. ¿Por qué?
R.– Vuelve a ser un problema de interpretación de lo que dice la ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva emitidas más de una decena de resoluciones en contra de lo que ellos llaman reserva de actividad. Es decir, es partidaria de que no se restrinja la evaluación del IEE a arquitectos y aparejadores porque supone un menoscabo de la competencia. Aunque entendemos que nosotros también somos competentes para la redacción de estos informes, lo que ocurre es que el Tribunal Supremo, al menos hasta ahora, no ha recogido en sus sentencias estas resoluciones de la CNMC. Y como es de competencia autonómica, las comunidades siguen manteniendo el criterio que marca la Ley de Ordenación de la Edificación. En Cantabria, se imparte un máster en rehabilitación y regeneración urbana al que acuden ingenieros de caminos, industriales, arquitectos y aparejadores. Pese a ello, se da la paradoja de que tan solo los alumnos de estas dos últimas titulaciones van a poder hacer el IEE, pese a que los cuatro grupos de profesionales cuenta con la misma formación de excelencia. Es un contrasentido que hay que tratar de corregir.

P.– Una de las funciones más relevantes del Colegio es el visado de trabajos profesionales. ¿Qué formulas plantea para extender este requisito que entiendo ya no es obligatorio?
R.– Lo que estamos haciendo es una cuestión principal: sentarnos con las diferentes administraciones y establecer con ellas convenios de visado para que sea la propia administración la que incentive y exija el visado.

P.– Los PGE de 2019 consignan para el Ministerio de Fomento y las empresas que dependen de él un total de 211 millones de euros de inversión para Cantabria, lo que representa un 8,2% menos que en 2018. ¿Teme que este recorte suponga un cierto parón en la obra civil?
R.– No lo temo ni lo supongo, lo aseguro. Los presupuestos van a ser un parón en la obra civil. Es una cuestión de números. Cuando vino el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hablábamos de una inversión de 3.655 millones de euros, aunque es cierto que la mayor parte de este montante, en torno a 2.700 millones, iban destinados al ferrocarril e incluía tramos no solo en Cantabria sino también en Castilla y León. Con todo, le voy a poner dos ejemplos: si el anterior Ejecutivo contemplaba 123 millones para las obras de mejora en la A-67, éste ha reducido esta partida hasta los 38. Y mientras que antes se recogían 350 millones para la ejecución del tercer carril de la A-8, ahora se destinarán 100.000 euros. El argumento del Gobierno actual es que a lo largo de 2019 no va a haber máquinas trabajando y que estas cantidades se van a destinar a redactar proyectos y tramitar las diferentes fases administrativas. Mi pregunta es, ¿por qué van a tardar un año en tramitar la parte administrativa de todas las obras que estaban previstas? ¿Debemos entender por tanto que pasan a un segundo plano? ¿O es que los recursos de Fomento se van a destinar a otras comunidades autónomas? El hecho de que este año no se contemple inversión real en Cantabria invita a pensar que estas obras ya no son prioritarias. Esa es la duda que nos queda a nosotros, pese a que el ministro Ábalos dijo en su última visita a la región que todos los proyectos se mantenían.

P.– En este sentido, ¿cuál es el proyecto que despierta más interés entre los colegiados?
R.– Nosotros creemos que todos son importantes. Le doy otro ejemplo. El acceso al Puerto de Santander, que antes contaba con una consignación de 76 millones de euros, en los PGE de 2019 se reduce a 12,1 millones. ¿Qué antes las obras estaban infladas? No lo sé, pero estamos hablando de infraestructuras básicas para Cantabria que, además, están todas interconectadas entre sí.

P.– El Gobierno central decidió en septiembre pasado decretar la suspensión temporal e indefinida de la obra de los diques de la Magdalena. ¿Comparte la decisión?
R.– Técnicamente, no; y socialmente entiendo que el Colegio no debe ni puede posicionarse en estas obras que son tan controvertidas porque hay tantos puntos de vista como colegiados. En cualquier caso, creo que los diques solucionaban un problema que, de no continuar con las obras, persistirá.

P.– El ámbito laboral del ingeniero de caminos ha cambiado mucho en los últimos años. De estar prácticamente ligado solo a la construcción, ahora su presencia abarca otros campos como las energías renovables, la eficiencia energética, el cambio climático…El campo de juego se ha ensanchado y diversificado. ¿En qué terreno cree usted que se encuentra más cómodo?
R.– En nuestra profesión hay dos tópicos. Que los ingenieros siempre estamos asociados al movimiento de tierras y al hormigón y que, en consecuencia, estamos poco digitalizados. Pero lo cierto es que nuestra formación es mucho más amplia. El caso del Instituto de Hidráulica es, en este sentido, paradigmático. Participamos en la gestión de residuos y de la energía, en la calidad y tratamientos de las aguas… En estos y en otros muchos campos siempre ha habido algún ingeniero de caminos, aunque puede que ahora tengamos más relevancia. Del otro lado y para integrarnos en ese mundo digital, le diré que el Colegio de Caminos en sede nacional ha sido elegido como Oficina de Transformación Digital para ayudar a las pymes a avanzar en su proceso de digitalización.

P.– La CNMC lleva tiempo poniendo en tela de juicio la colegiación obligatoria en determinadas profesiones y defiende que ciertos Colegios sean Asociaciones Profesionales. ¿Es su caso?
R.– No, no es nuestro caso pero reconozco que es un tema complicado. Estamos hablando de la Ley de Colegios Profesionales que regula qué profesionales tienen que estar colegiados por la trascendencia de las funciones que ejercen. Sin embargo, la Ley Ómnibus, aprobada por Zapatero en 2009, tiende a que los colegios desaparezcan con carácter general. Está claro que es tema aún no resuelto. Desde la Unión Profesional defendemos que la colegiación es necesaria como garantía para los ciudadanos de su buen hacer profesional. En este caso, además, coger el caso de Europa no es comparable. Seguramente la sociedad avanza en la línea de que las competencias se solapen entre varias profesiones, pero otra cosa muy distinta es que esto conlleve a la desaparición de los colegios.

P.– Santander debe hacer frente a retos urbanísticos de enorme calado –integración ferroviaria, remodelación del Frente Marítimo, la protección de su franja costera…– Y todo ello con una norma, el PGOU, de hace más de 20 años. ¿Lo encuentra razonable?
R.– No, desde luego que no. En este asunto nos enfrentamos de nuevo al problema de los tiempos de tramitación. ¿Cuántos años puede suponer reactivar el derogado? Lo que ocurre ahora es un auténtico sinsentido. Todos los colectivos vinculados con el desarrollo urbanístico entendemos que el funcionamiento de las ciudades no puede estar pendiente de la tramitación de un PGOU que, por término general, se va a los 15 años. El día a día de las ciudades necesita respuestas dinámicas. Desde el Colegio estamos impulsando una mesa de debate para evaluar las distintas figuras de planeamiento urbano y desarrollo regional para darles sentido espacial y temporal.

P.– Tras años de profunda crisis, la profesión vive ahora años de bonanza. ¿Cómo ve el futuro inmediato? ¿Cree que su profesión es suficientemente valorada?
R.– En relación a su primera cuestión, es cierto que el nivel de paro de los ingenieros de caminos está en torno al 4,6-4,7%, lo que no deja de ser un nivel envidiable. Pero también es cierto que la mayoría de los ingenieros se ha tenido que ir fuera de España a trabajar porque hasta la fecha el volumen de obra era insuficiente para dar cabida a todos los titulados, aunque reconozco que ahora ha vuelto a aumentar. Sobre la segunda parte de su pregunta, le diré que soy de los que piensa que el ingeniero de caminos nunca ha estado desprestigiado. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte hay otras titulaciones, especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías,  que han despertado un mayor interés entre los estudiantes. La percepción que tenemos es que los alumnos escogen otras ingenierías en detrimento de la de Caminos. Ahora lo que está de moda es lo digital.

La falta de financiación bancaria para la promoción tradicional está dando el máximo protagonismo a la autopromoción por parte de cooperativistas, un modelo que ha avanzado hacia la profesionalización con la intervención de comercializadoras y gestoras. Una de ellas, Gestalia Consulting es la gestora que más promociones ha realizado en España, seis de ellas en Cantabria.

Si es usted un empresario que quiere sacar adelante una promoción de viviendas –comprar suelo, diseñar la actuación, contratar la construcción y, finalmente, vender los pisos– difícilmente conseguirá que un banco financie la inversión necesaria para poner en marcha la rueda. En cambio, si usted es el comprador futuro de una de esas viviendas, y acredita la necesaria solvencia, es probable que tenga más suerte. En ese contexto, las cooperativas se han convertido en una de las fórmulas más utilizadas para salvar ese abismo financiero que se ha abierto entre quienes fabrican una vivienda y quienes la consumen. Mediante este modelo, el comprador se convierte también en promotor de su propia vivienda, como socio de la cooperativa que forma con el resto de vecinos del futuro edificio. No es un sistema especialmente novedoso –ha sido un tipo de promoción más o menos utilizado en otras épocas– pero sí lo es el creciente peso que está teniendo en el sector, y el grado de profesionalización alcanzado, con la intervención de gestoras y comercializadoras que permiten allanar las tradicionales dificultades a las que se enfrentaban los cooperativistas.

Con más de una treintena de promociones en marcha en toda España, Gestalia Consulting es la principal gestora de cooperativas atendiendo al número de actuaciones, y también una de las empresas que en mayor medida ha apostado por este sistema, que incluye además la intervención de otra filial –Mountaine View Real Estate– en las primeras fases del proceso. El reparto de tareas entre una y otra es claro: Mountaine View se ocupa de todo el proceso previo a la constitución de la cooperativa, lo que incluye la búsqueda y gestión del suelo, y también la búsqueda de cooperativistas que se incorporen al proyecto; una vez cubierta esta fase y constituida la cooperativa, la gestión la asume Gestalia. Las cooperativas se constituyen siempre desde cero, y siempre para acometer una única promoción de viviendas. El objetivo es que los cooperativistas tengan todas las garantías y toda la seguridad de que la promoción saldrá adelante en los términos pactados.

Emilio Burgos, director comercial de Mountaine View Real State, en una de las promociones gestionadas por la empresa mediante el sistema de cooperativas.

“Nos basamos en tres conceptos básicos: tener el 100% de las viviendas preadjudicadas, contar con el 100% de solvencia y disponer de la licencia de obras. Las aportaciones solo se hacen cuando estas tres condiciones se cumplen”, explica Emilio Burgos director comercial de Mountaine View Real Estate y Gestalia Consulting. Esta empresa ha entregado ya una promoción en Valdenoja y tiene otra terminada en la Bajada de Polio, además de otras cuatro en otros puntos de la capital de Cantabria. “Nuestra trayectoria nos avala. El objetivo principal siempre es ofrecer la máxima garantía a los cooperativistas, y contar con profesionales locales de reconocido prestigio y amplia experiencia en la zona”.

Además de obra nueva, el sistema de cooperativas que gestiona Mountaine View también está encontrando un campo de aplicación en las rehabilitaciones. En concreto, y dentro de las actuaciones que desarrolla en Cantabria, la empresa gestiona en Santander una promoción de 10 viviendas en Hernán Cortés, en un edificio que se reformará completamente: “El modelo funciona de la misma forma que en el caso de la obra nueva, con la misma seguridad y garantías”, explica Emilio Burgos.

Gervasio Pinta, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Cantabria, lamenta que el crédito a la promoción siga parado, pero celebra que comience a fluir la financiación a los compradores de vivienda. Cree que el sector está listo para volver a crear empleo neto, pero teme que tengan problemas para acceder a determinados perfiles profesionales.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Pregunta.- ¿Qué valoración hacen de la situación actual del sector, y de sus perspectivas?
Respuesta.- Habría que hacer una diferenciación, entre la construcción y la promoción. En la construcción la situación sigue siendo muy difícil, en la promoción empezamos a tener clientes y, lo que es más importante, a esos clientes empieza a concedérseles crédito. Según los parámetros de hace veinte años, sobre el 80% de la tasación y con tasaciones acordes al mercado.

P. ¿El crédito al promotor también ha mejorado?
R.- No. A día de hoy los bancos empiezan a visitarnos a los promotores, pero la financiación sigue parada.

P.- ¿Están en condiciones las empresas de volver a crear empleo?
R.- De hecho estamos creciendo en empleo y en actividad, aunque es cierto que muy poco a poco. Pero si se mantienen las condiciones estamos en condiciones de crear empleo de forma significativa a corto plazo, con las características que tiene nuestro sector. Lo que tememos es que en ese momento podamos encontrarnos con falta de profesionales.

P.- Llama la atención que pueda existir ese problema, con la cantidad de trabajadores de la construcción que perdieron su empleo no hace tanto tiempo.
R.- En determinados perfiles nos encontramos ya con esa falta de profesionales. Esa bolsa de empleo que existía, ha ido haciéndose más pequeña. Muchos trabajadores se han ido al extranjero, otros han encontrado empleo en otros sectores, y volver a la obra es duro. Nos va a costar encontrar trabajadores, es cierto que hay muchos en paro, pero no tantos como van a necesitarse.

P.- ¿Qué perspectivas manejan en cuanto a la oferta de obra civil?
R.- Confiamos en que la inversión pública crezca un poco, o cuanto menos que las partidas presupuestarias se estabilicen.

P.- ¿Hay alguna posible solución para el problema de las bajas temerarias?
R.- Las bajas temerarias son muy peligrosas para el sector, y tampoco son beneficiosas para la Administración. En la medida en que esta tenga los instrumentos para hacerlo, debería solucionarse, pero no será fácil. No puede ser que un técnico haga una valoración de los trabajos y que una empresa se los adjudique por la mitad de esa cantidad. La lógica invita a pensar que cuando eso sucede algo está fallando, y que hay que cambiar los métodos, cambiar la forma de baremación de los concursos… Pero ahora mismo hay una legislación con la que eso no es posible.

P.- ¿En qué medida la rehabilitación está funcionando como alternativa a la construcción de obra nueva?
R.- Está siendo muy importante. Es un área en el que la Administración está ayudando, y en la que los resultados están a la vista. Se ha generado mucho trabajo, y además para empresas pequeñas, que eran las que más lo necesitaban.

P.- ¿Hasta qué punto la anulación de los planes de PGOU de Santander y Laredo puede condicionar la actividad del sector?
R.- Pensábamos que la recuperación era un hecho, y esto ha supuesto un auténtico jarro de agua fría, por la inseguridad que genera en los inversores y por las actuaciones que ahora pueden estar en el aire. Confiamos, eso sí, en que se van a poner todos los medios para que esto se solucione. Otra cosa son los plazos en que pueda hacerse.

P.- En materia de propuestas, o reivindicaciones si se quiere, ¿qué le pedirían a la Administración para mejorar la situación del sector?
R.- Que agilicen los trámites en los procesos administrativos. Solo eso. Con eso es más que suficiente. Con eso, estamos convencidos de que vamos a salir adelante, y que nuestro sector tendrá un papel importante en la economía, porque nuestro país lo necesita. Un papel que no será tan grande como el que tuvo, pero sí mucho mayor del que tiene ahora.

Miguel Ángel Berrazueta, presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria, lamenta el estancamiento de las cifras de construcción de obra nueva en unas cifras que se sitúan en mínimos históricos y lejos del nivel que considera razonable: unas 8.000 viviendas al año, diez veces más de las que se construyen ahora.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Pregunta.- ¿Qué valoración hacen de la situación actual y de las perspectivas del sector de la construcción en Cantabria?
Respuesta.- Teniendo en cuenta que la actividad principal de los aparejadores es la dirección de la ejecución material de la obra, y concretamente en lo que se refiere al uso residencial, podemos afirmar que Cantabria no ha experimentado ningún crecimiento durante el año 2016, y de hecho se ha producido un ligero descenso. En nuestra estadística se han contabilizado un total de 552 viviendas en 2016, cantidad inferior a las 568 que se contabilizaron en el 2015. De acuerdo con los datos contabilizados en los últimos cuatro años, podemos afirmar que hemos tocado suelo pero no hemos salido de él, especialmente si tomamos como referencia el año 2006 en el que se contabilizó el mayor número de promociones con una suma total de 16.588 viviendas. Esta cifra, aunque no cabe duda que supuso un motor importante para la economía de nuestra región, no sería bueno que se volviera a producir ya que fruto de estos excesos es lo que actualmente estamos padeciendo. Posiblemente la cifra que nos daría estabilidad se acercaría a las 8.000 viviendas/año, entendiendo, por tanto que nos encontramos lejos del objetivo deseado. En cuanto a las perspectivas del sector, todas ellas se basan principalmente en la creación de empleo estable, eliminación del stock de vivienda y facilidades de financiación tanto al promotor como al futuro adquirente, de cuyos condicionantes estamos todavía un poco lejos.

P.- Como referencia, y dentro de su colectivo ¿cuál era la situación en términos de empleo antes de la crisis, y cuál es ahora?
R.- Antes de la crisis podemos afirmar que la situación era prácticamente de pleno empleo, bien por cuenta ajena o por cuenta propia, rechazándose, de hecho, ofertas como asalariados por resultar más interesante el ejercicio libre de la profesión e incluso se redujo la presencia del número de compañeros en las oposiciones a la administración. En la actualidad se carece de la actividad principal que es la dirección de la ejecución de obras, dedicándose nuestro colectivo a la realización de pequeños trabajos en materia de rehabilitación, informes, etc. Desgraciadamente no hay trabajo para todos, provocando que un número importante hayan tenido que darse de baja del Colegio y abandonar la profesión por no poder soportar los gastos que el ejercicio profesional conlleva.

P.-¿En qué medida las reformas y rehabilitaciones son una alternativa real, como motor de activida y empleo?
R.- Efectivamente esta actividad, aunque no es comparable a la de obra nueva, es la que más ha crecido en los últimos años y la que está dando sustento a una parte del sector de la construcción y consecuentemente a nuestros profesionales, pero la gran parte de esta actividad está promovida por los propietarios de las viviendas y locales o por las comunidades de propietarios. En mi opinión no se puede afirmar que la rehabilitación sea una alternativa a la caída de la obra nueva ya que su volumen es muy inferior con referencia al que sería deseable en la obra nueva. En épocas de crisis se tiene las mismas dificultades para promover viviendas en edificios de obra nueva que en edificios a rehabilitar, con la ventaja para estos últimos de que por su mejor ubicación tiene mayor demanda, aunque consecuentemente mayor precio. Con referencia al número de intervenciones, en el año 2016, la obra nueva ha tenido como promotor a personas físicas en un 84% y a sociedades en un 16%; mientras que la rehabilitación ha dependido tan solo del 7% de sociedades, el 43% de personas físicas y el 50% de comunidades de propietarios.

P.-¿Hasta qué punto está teniendo incidencia en la actividad del sector, y en el empleo del colectivo que representa, la obligación de pasar inspección técnica por parte de los edificios más antiguos?
R.- La inspección técnica de edificios está suponiendo un incremento en la actividad de nuestro colectivo al ser, junto con los arquitectos, los únicos técnicos competentes para la realización de los Informes de Evaluación de Edificios. A esto se suma que en el caso de que los informes den un resultado desfavorable es preciso la realización de obras de reparación donde lógicamente vuelven a intervenir estos técnicos como autores del proyecto y dirección facultativa de la obra.

P.- Desde un punto de vista más reivindicativo, o de propuestas, ¿qué creen que puede hacerse desde la Administración para mejorar la situación del sector?
R.- Los ayuntamientos deben agilizarse al máximo los periodos de concesión de licencias, y la administración, tanto municipal como regional, agilizar igualmente los trámites de revisión o redacción de planeamientos urbanísticos, al incidir estas demora de manera importante en el precio final de la vivienda, originando graves problemas en la promoción de viviendas y por tanto en la economía en general. Una reivindicación particular de nuestro colectivo es que por parte de los ayuntamientos se cumpla con lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación respecto a la exigencia de proyecto o la preceptiva “memoria técnica” en la solicitud de licencias de obras de todas las intervenciones a realizar en edificios existentes, lo cual garantiza la existencia de un técnico en dichas intervenciones y consecuentemente la asunción de las tareas de coordinación en materia de seguridad en beneficio de los trabajadores y las personas en general que se pueden ver afectada por la falta de medios de seguridad.

P- ¿Qué incidencia consideran que que puede tener en el sector la anulación de los PGOU de Santander y Laredo?
R.- Teniendo en cuenta que cuando un plan es anulado queda en vigor el anterior, se puede afirmar que los municipios afectados se encuentran con un planeamiento prácticamente agotado en cuanto a sus posibilidades de edificación, lo cual dificulta las posibilidades de recuperación del sector, afectando consecuentemente a la economía general de la sociedad. Todo ello con independencia de los problemas directo que ocasiona como consecuencia de la anulación de proyectos en trámite, obras públicas, etc.

Enrique Conde, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de Cantabria, considera que existen instrumentos legales para atajar las que denomina bajas desproporcionadas, pero pone el acento en la responsabilidad de quienes trabajan en construcción y obra pública: “Hemos devaluado nuestro propio conocimiento”, señala.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Pregunta.- Desde la perspectiva de su colectivo, ¿qué valoración puede hacerse de la situación del sector de la construcción y de sus perspectivas?
Respuesta.- En Cantabria la actividad de obra pública arrastra un histórico negativo de licitación por parte del Gobierno central. La obra pública regional se ha ido haciendo, acertada o desacertadamente, no entro ahora a valorar eso, aunque haya también obra pendiente. Creemos que la Consejería de Obras Públicas es muy sensible a este tema, y tal vez no lo sea tanto el resto del Gobierno regional. Está intentando sacar obra, pero a nuestra manera de ver les falta apoyo para hacerlo. Esto, unido al déficit que existe en la obra licitada por el Estado, ha condicionado que el balance final sea negativo. En cuanto a perspectivas, creemos que la llegada de Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento ha sido muy positiva, porque conoce los problemas que tiene esta región. No es un tema que sea de aquí o no, es que conoce el déficit de infraestructuras de primera mano. Parece que algo se está moviendo, pero seguimos sin tener obra ya, por ese histórico negativo. Y eso otras comunidades lo tienen. Todo eso se traduce en que el sector sigue mal, con un tremendo exceso de oferta, tanto de empresas como de trabajadores.

P.- ¿Puede cuantificarse ese exceso de profesionales, en lo que tiene que ver con los ingenieros de caminos?
R.- Calculo que tendremos un 10% de nuestros colegiados trabajando en el extranjero. Un 10% es un porcentaje importante, pueden ser un centenar de colegiados. En términos de desempleo podemos hablar de otro 11 o 12%, y ha habido más. Lo peor es la gente joven que se incorpora desde la Universidad y se encuentra sin trabajo. Es difícil incluso encontrar prácticas para los nuevos titulados.

P.- ¿Qué consecuencias está teniendo el problema de las bajas temerarias en el sector?
R.- Yo intento hablar de bajas desmesuradas, porque bajas temerarias es una figura técnica, que existe en la Administración, y que está intentando rechazarse. Ofertas que son un 10, un 15% más bajas que la media de las presentadas. No existiría justificación para que si la media de las ofertas rebaja la cantidad de licitación un 40%, una empresa se descuelgue con un 55%.

P.- Pero eso sucede, y parece que no hay instrumentos legales para evitarlo.
R.- En abril de 2016 la UE sacó una directiva que premia la calidad frente a la economía. El problema es que no hemos tenido Gobierno hasta noviembre, y no se ha traspuesto esa directiva. Pero más allá de la ley, lo que debería existir en la Administración es un control de los contratos que salen a licitación pública. Porque si alguien rebaja un 60% la cantidad de licitación pueden pasar dos cosas: o los técnicos de la Administración no han hecho bien su trabajo cuando han presupuestado la obra, o la empresa que ha hecho la oferta no va a cumplir las condiciones, porque es imposible. Si en la adjudicación se dice que tiene que haber un ingeniero de caminos, un ingeniero de obras públicas y un topógrafo, no puede ser que vayas a la obra y solo tengas un administrativo y un ingeniero. Eso significa que estás haciendo una obra de peor calidad, y que ibas a crear unos puestos de trabajo y no los creas. El principal perjudicado de todo esto es el ciudadano.

P.- En todo esto hay también una clara responsabilidad del sector.
R.- Sin ninguna duda, en el asunto de las bajas el principal culpable es el propio sector, somos nosotros. Detrás de todo esto está la visión que tiene el sector de sí mismo: las empresas creen que el único objetivo es subsistir, que no hay más posibilidad que esa. Esa es una visión muy poco positiva para salir adelante, y que lleva a presentar esas bajas desproporcionadas, y luego a no cumplir. El sector es el primero que ha devaluado su propio conocimiento: si tú no te valoras, eso se transmite a toda la cadena.

P.- Como portavoz de tu colectivo, si tuvieras que hacer una reivindicación a la Administración, ¿cuál sería?
R.- Podría hablar de tal o cual obra pero, de verdad, lo más importante sería hacer que los contratos se cumplan. El gran reto es este, y que se cumpla la ley en materia de pagos. Y ambas cosas no solo en nuestro sector. En pagos, por ejemplo, te encuentras con empresas que pagan a 240 días, y he conocido propuestas de pago a 350 días. Y esto lo sufren sobre todo las empresas pequeñas, que son precisamente las que más dificultades tienen para financiarse.

P.- ¿Qué lectura hace de la anulación de los PGOU de Santander y Laredo y qué alcance puede tener ese problema?
R.- Ahora mismo la falta de confianza de cualquier inversor que venga a Cantabria es tremenda. Que puedan anular un plan ya redactado, que creías definitivo, crea una inseguridad jurídica tremenda. Nosotros conocemos proyectos en marcha, con la inversión hecha, con el terreno comprado, que ahora no sirven. La ordenación del territorio, que es clave, responde a un sistema anclado en el pasado, debería ser más ágil. No puede ser que una tramitación de un plan lleve diez años, que haya municipios con planes de hace 25 años, tirando de modificación de normas urbanísticas… El ciudadano no lo entiende.

P.- ¿Qué opinión le merecen las soluciones que se están poniendo sobre la mesa para arreglar el problema?
R.- No percibo que haya una voluntad real de colaborar para buscar una solución. Lo que hay es un enfrentamiento político. Un problema de este calibre debería requerir un acuerdo por parte de todos, que se sienten los partidos políticos y busquen un acuerdo, cediendo cada uno lo que tenga que ceder. No veo que exista esa voluntad.

Antonio García Rivero, presidente de la Asociación de Excavadores de Cantabria, señala que los primeros indicios de recuperación del sector se han producido exclusivamente en reformas y rehabilitaciones, lo que ha dejado al margen a las empresas que representa.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

Pregunta.- ¿Qué valoración hacen de la situación actual del sector, y de sus perspectivas?
Respuesta.- Sin lugar a dudas, el año 2016 ha sido el peor desde que comenzó la crisis. Concluyeron las grandes obras del Estado en Cantabria, y la falta de Gobierno paralizó nuevos proyectos. El Gobierno regional no disponía de recursos para inversión y la iniciativa privada, aunque parece que empieza a revivir, lo hace en reformas y rehabilitación, pero muy poco en obra nueva. Muchas de nuestras empresas, a estas fechas, aún no han comenzado a trabajar en este nuevo ejercicio. El futuro no nos cabe más que mirarlo con muchísima preocupación. Aunque se habla de obras e inversión, tanto por el Gobierno central como por el autonómico, no creemos que eso surta efecto en nuestro sector en un horizonte próximo. A estos datos debemos sumar un aumento de los costes, con la subida del combustible. No cabe más que reiterarnos en esa preocupación.

P. Como referencia, ¿cuál era la situación de los excavadores antes de la crisis y cuál es ahora?
R.- Hemos pasado de 107 empresas en el año 2007 a unas 30 en la actualidad, los datos hablan por sí solos. La caída del empleo se ha producido incluso en mayor proporción y, lo que es peor, la calidad del empleo también ha caído.

P.- ¿Cómo valoran el papel de la Administración, en aspectos como la inversión pública y la forma en que se adjudica?
R.- Somos conscientes de la dificultad de conseguir recursos para inversión, además entendemos que hay prioridades como la sanidad y la educación. Lo que si necesitamos es que los pocos recursos que se dediquen a ello, se destinen a actuaciones necesarias para nuestra región y además pedimos a la administración que busque fórmulas para acometer infraestructuras y para atraer a la inversión privada. En la forma de adjudicación, siempre hemos sido partidarios de los concursos y hemos puesto encima de la mesa la división por lotes, formula ésta que facilitaría mucho el acceso a las obras a las pequeñas empresas. Las subastas y resubastas lo único que llevan es a bajas temerarias que luego las adjudicatarias repercuten en las pymes y en el empleo.

P.- ¿Qué repercusión tiene en su actividad el problema de las bajas temerarias?
R.- Afectan muy negativamente: se trabaja por debajo de costes, se alargan aún más los plazos de pago, se vulnera la seguridad, se repercute en las condiciones laborales, se baja la calidad de los materiales y al final lo que iba a ser un ahorro para la administración se convierte en un sobrecoste.

P.- Desde el punto de vista reivindicativo, o de propuestas, ¿qué puede hacerse desde la Administración para mejorar la situación del sector?
R.- Ninguna medida que propongamos, por si sola, nos puede sacar del pozo en el que estamos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar asegurar el cobro de nuestras empresas y que este se haga en los plazos que marca la ley. Tenemos que racionalizar recursos para poder acometer infinidad de infraestructuras, que son necesarias para los ciudadanos y que van a mejorar su calidad de vida y la competitividad de nuestra región; debemos buscar inversores para nuestra comunidad… Cantabria es una tierra rica en recursos agrícolas y forestales, debemos potenciarlo y ahí nuestro sector tiene su hueco. Por nuestra parte, deberíamos ser capaces de formar un clúster que nos permita acometer proyectos en el exterior.

Desde el 1 de junio cualquier inmueble que vaya a ser traspasado o alquilado ha de contar con un certificado energético, un documento que servirá para saber lo eficiente que es el edificio desde el punto de vista energético. Sin embargo, y aunque técnicamente la nueva normativa ya ha entrado en vigor, aún se desconoce dónde registrar la documentación, las posibles sanciones o el coste que supondrá.

Texto de Jesús García-Bermejo @chusgbh Fotos de Nacho Cubero
Publicado en junio de 2013

A la hora de adquirir un electrodoméstico, es habitual que el cliente se fije en la etiqueta que figura junto al precio y que mediante una letra y un color indica al usuario el consumo de energía del mismo. Sin embargo, desde el 1 de junio no sólo las lavadoras o secadoras deben contar con esta calificación, sino también todos aquellos inmuebles que vayan a ser traspasados o alquilados, algo que con el paso del tiempo puede convertirse en un importante elemento de juicio para posibles compradores.

De acuerdo al real decreto aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno de Mariano Rajoy, todos los edificios, salvo los industriales, los locales de menos de 50 metros cuadrados y aquellos que vayan a ser alquilados por un periodo inferior a 4 meses, ya sean pisos, comercios, oficinas, casas unifamiliares, colegios o polideportivos, deberán contar con un certificado energético para poder ser vendidos o arrendados, un documento que servirá para saber lo eficaz que es la construcción en lo que respecta a su consumo de energía. De esta forma, una vez que el técnico competente en la materia haya realizado la inspección del inmueble mediante una metodología específica, el propietario dispondrá de una etiqueta que servirá para clasificar su instalación entre las letras A –muy eficiente– y G –poco eficiente–, además de contar con una lista de las modificaciones a realizar para conseguir una mejor calificación y, por lo tanto, gastar menos energía y reducir las emisiones de CO2.

Sin embargo, y a pesar de que técnicamente la normativa ya ha entrado en vigor, aún son numerosas las incertidumbres existentes entre los propietarios en lo que respecta a las posibles sanciones, el punto en el que registrar la documentación, los técnicos autorizados a realizar las inspecciones o el coste que estas pueden suponer.

Obligación comunitaria

En 1991 España era la nación más eficiente desde el punto de vista energético de toda la Unión Europea. Hoy, sin embargo, nos situamos por debajo de la media comunitaria, y ni siquiera cuatro años de caída del PIB y de una crisis sin parangón han servido para reducir el derroche energético del país, dado que, según el balance publicado por el Ministerio de Industria, en los últimos 12 meses la intensidad en el consumo de energía primaria ha crecido un 0,4% en territorio nacional.

Actualmente los españoles importamos prácticamente el 100% del petróleo que consumimos, y casi el 100% del gas natural, una dependencia que en el anterior ejercicio supuso un gasto aproximado de 50.000 millones de euros y que, de no producirse un cambio radical, continuará incrementándose durante los próximos años. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de edificios se han incrementado en el país un 20% desde 1990, y se calcula que cerca del 60% de nuestras viviendas han sido levantadas sin que la eficiencia energética fuese siquiera un criterio a tener en cuenta.

Ignacio López Rebollar, presidente de Afilia

Por este motivo, la Unión Europea aprobó una directiva que, entre otras cosas, obligaba a certificar el consumo de los edificios existentes a partir de enero de 2013. De hecho, en diversos puntos del continente, como Italia o Francia, la etiqueta energética es una realidad ya asentada en el mercado, aunque en España la lentitud en el desarrollo de la normativa ha provocado que el real decreto no estuviese aprobado hasta el pasado 13 de abril. Este retraso, unido a la denuncia presentada en su día por la Comisión Europea contra nuestro país por limitar el certificado de eficiencia a los nuevos inmuebles y a los que sufren una renovación importante, son los factores que, en buena medida, podrían explicar la rapidez con la que la nueva obligación ha entrado en vigor –apenas mes y medio desde su aprobación–, una premura que muchos profesionales del sector y propietarios consideran excesiva. “Las empresas aplaudimos la medida –afirma Ignacio López Rebollar, presidente de la agrupación de inmobiliarias Afilia–, es más, la consideramos necesaria para que los compradores dispongan de más información a la hora de adquirir una vivienda. Lo que no entendemos es la precipitación con la que ha comenzado a aplicarse, dado que nos está tocando informar al ciudadano acerca de todo el proceso, una labor que creemos que le corresponde a la Administración. Además, actualmente en Afilia contamos con 3.751 inmuebles en venta o alquiler, y es imposible tenerlos todos inspeccionados y clasificados para el 1 de junio”.

En este sentido, no hay que olvidar que, para su posterior registro en el ámbito territorial, una vez obtenidos los certificados, el propietario debe presentarlos ante el organismo de la comunidad autónoma competente en la materia –lo que muy probablemente conlleve el pago de una tasa–, responsabilidad que en el caso de Cantabria corresponde a la Consejería de Industria. Sin embargo, dado que todavía son muy pocas las regiones que cuentan con normativa propia, cuerpo de inspectores y registro en funcionamiento, el real decreto otorga un plazo de tres meses a las autonomías para desarrollar estos aspectos, por lo que se entiende que hasta el 13 de julio no se aplicarán sanciones de ningún tipo.

Sin embargo, aquellos propietarios o promotores –en casos de nuevas edificaciones– que a partir de la citada fecha no cuenten con absolutamente toda la documentación en regla y pretendan arrendar o vender un inmueble, podrán ser sancionados con infracciones leves –de 300 a 600 euros–, graves –de 601 a 1.000 euros– y muy graves –de 1.001 a 6.000 euros–. Así, publicitar una vivienda para su traspaso o alquiler sin contar con el certificado necesario, ya sea a través de un portal inmobiliario o en el escaparate de una agencia, será una falta leve, mientras que falsificar el documento se considerará una infracción muy grave. “Dado el escaso coste que supone, no creemos que muchos propietarios vayan a arriesgarse a comercializar sus inmuebles sin la etiqueta energética, especialmente porque la normativa, independientemente de la calificación obtenida, no obliga a realizar ninguna reforma. Eso, en principio, será siempre decisión del propietario”, expone López Rebollar.

Y una vez pasado el periodo de transición, el certificado no solo será necesario para el anuncio de una vivienda, sino que deberá estar presente siempre que se vayan a firmar escrituras de venta o contratos de alquiler, puesto que el nuevo dueño o inquilino puede denunciar al vendedor o casero por carecer del mismo.

Mercado potencial

A la hora de inspeccionar el inmueble son muchos los aspectos que se revisan. Básicamente consiste en una toma de los datos dimensionales del edificio y de las características de la envolvente e instalaciones del mismo: consumos de electricidad, gas, eficiencia de los aislamientos, etc. El objetivo es que a medio plazo todas aquellas construcciones que vayan a salir al mercado y que hayan sido llevadas a cabo antes de 2007 –se supone que las posteriores a esa fecha están obligadas a contar con la certificación– estén clasificadas en función de su consumo energético. “Parece impensable ahora mismo, pero la nueva normativa va a suponer un cambio muy importante para el mercado inmobiliario. Con el ‘boom’ de la construcción la simplicidad se antepuso a la eficiencia, por lo que la gran mayoría de los edificios de Cantabria y del resto del país obtendrán calificaciones entre la D y la G. Esto dará lugar a nuevas caídas en el precio de la compra y en el del alquiler, el cual ya venía reduciéndose un 15% en los últimos meses. Además, es muy probable que, al menos inicialmente, las operaciones comerciales en el sector se reduzcan, y los propietarios de viviendas edificadas antes de los años 70, numerosas en la región, van a tener serias dificultades para darles salida. Igualmente, aquellos que cuenten con inmuebles más eficientes podrán establecer precios superiores, y, a pesar ello, les resultará más sencillo traspasarlos o alquilarlos”, considera López Rebollar.

Pero el incremento en el valor de la propiedad no es el único incentivo para la realización de las reformas que indiquen los técnicos encargados de la certificación, obras a las que en ningún caso obliga el real decreto. De acuerdo a distintos estudios, se calcula que aquellos edificios que se adapten para ser eficientes podrían llegar a reducir la factura final de agua, luz y gas hasta en un 45%, lo que supondría un ahorro global de casi 6.000 millones de euros para el conjunto del país. Además, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha establecido una serie de ayudas y subvenciones dirigidas a fomentar la eficiencia energética dentro del próximo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, como las destinadas a la sustitución de calderas, la mejora de aislamientos o la incorporación de energías renovables, por citar algunas.

Así pues, todo parece indicar que la nueva normativa dará lugar a distintos nichos de mercado en el maltrecho sector de la construcción: por un lado, es probable que a medio plazo sirva para dinamizar la reforma, especialmente una vez que la ciudadanía pase a concebir el consumo de una vivienda como un criterio fundamental de cara a su adquisición, algo que, en opinión de los profesionales del ladrillo, tardará algún tiempo en darse; por otro, las propias inspecciones y la emisión de certificados pueden suponer una fuente de ingresos muy importante para colectivos que hasta la fecha habían visto reducida su actividad hasta mínimos históricos en todo lo relacionado con la edificación, especialmente teniendo en cuenta que a día de hoy Cantabria suma unos 6.000 inmuebles a la venta o en alquiler, y la inmensa mayoría de ellos carece de certificado alguno.

Serán los ingenieros industriales y los arquitectos, junto a los ingenieros industriales técnicos y los arquitectos técnicos los encargados de elaborar el informe, aunque la normativa contempla la posibilidad de que otros profesionales que realicen un curso de formación y obtengan un título al efecto puedan realizar también esta labor. En cualquier caso, cada autonomía tiene la posibilidad de ampliar o restringir estos criterios.

En este sentido, en los últimos meses han proliferado por todo el país empresas que ofrecen la emisión de este documento, ya sean compañías que se han creado a tal efecto o firmas que resultan de divisiones de negocio de tasadoras, consultoras o agencias de intermediación. Incluso los autónomos o las propias inmobiliarias están ofertando esta posibilidad, como es el caso de Afilia, que está formando a profesionales para que sus asociados puedan incorporar este servicio. Por su parte, Miguel Ángel Berrazueta, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria (Coaatcan), recomienda cautela al usuario ante la más que probable guerra de precios que se avecina. “Es importante tener en cuenta que la calidad del estudio que el facultativo haga del edificio determinará la validez de la calificación obtenida. Nosotros estamos preocupados ante las ofertas en las que se está delegando la captación de datos a los propios usuarios, creando una suerte de calificación energética a distancia que en modo alguno tendrá utilidad práctica. Posiblemente por esta razón la normativa incluye medidas de control por parte de la Administración de la validez de los datos de partida para la elaboración del certificado, lo que puede ser objeto de exigencia de responsabilidades. De cualquier manera, y a pesar de que no es el mejor momento para la compraventa y el alquiler de viviendas y locales, esperamos que esta nueva obligación sea satisfactoria para, al menos, algunos de nuestros colegiados, no en vano contamos con la formación, especialización y bagaje necesarios para garantizar un servicio de calidad a un coste proporcionado. Sea como fuere, aconsejamos acudir a técnicos que ofrezcan la máxima garantía y profesionalidad”.

A este respecto, antes de la aprobación de la ley se calculaba que el coste medio del certificado energético podía rondar los 250 euros para un piso en altura de entre 80 y 100 metros cuadrados, sin embargo, a medida que se ha ido incrementando la competencia entre las distintas firmas, este importe ha descendido a poco más de 150 euros. Así, será el propio equilibrio entre oferta y demanda el que fije el coste de la etiqueta, aunque no hay que olvidar que también influirán aspectos como dimensiones del inmueble, antigüedad, tipología constructiva, obras recientes de renovación documentadas, estado de mantenimiento de las instalaciones… En definitiva, la complejidad que en cada caso ofrezca la vivienda o local, tanto para captar datos como para ofrecer medidas de mejora de la calificación previamente obtenida.

Lo que aún se desconoce es el desembolso que supondrá la renovación del certificado, dado que este tiene una validez de 10 años, una responsabilidad que de nuevo recaería sobre el propietario del inmueble y para la que cada comunidad autónoma deberá establecer el protocolo de actuación, otra de las incógnitas que rodean a la normativa. “Aún no tenemos noticias por parte del Gobierno regional en lo que se refiere al registro en el que depositar la documentación de las inspecciones, aunque esperamos que en los próximos días se aclaren muchos de los interrogantes que a día de hoy siguen en el aire. En Cantabria no son pocas las viviendas y locales que están en venta o alquiler, por lo que una organización eficaz resultará fundamental de cara a evitar un colapso en la Administración”, asegura Berrazueta. Lo que al menos sí se sabe es que, en caso de realizarse obras de calado que supongan una clara mejora en la eficiencia del inmueble, se podrá actualizar el certificado antes de su expiración.