Entradas

Los responsables de tres asesorías cántabras analizan el desempeño de sus despachos profesionales desde que hace algo más de un año se desatara esta crisis a la que en ningún caso se atreven a poner fecha de caducidad antes del finales de 2022. Meses, según conceden, de una carga “brutal” de trabajo bajo un aluvión de normas y decretos, muchos de ellos improvisados cuando no contradictorios. Valoran la fidelización de sus clientes, a los que reconocen haber prestado más servicios por lo mismo, y censuran por insuficientes y tardías las ayudas para tratar de socorrer a las empresas en dificultades. Consideran que aún se producirán cierres empresariales y que la recuperación económica será antes que la del empleo,al que auguran fuertes turbulencias con el final de los ERTE.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2021

De súper caótico a excepcionalmente especial pasando por novedoso del que sacar algunas enseñanzas. Así caracterizan los responsables de tres asesorías y consultorías cántabras el espiral de trabajo en el que se han visto envueltos durante este largo año de pandemia. Los tres, sin excepción, coinciden en que sus despachos profesionales han tenido que hacer frente a una “ingente” carga de trabajo en unas condiciones especialmente difíciles, ya fuera por la imposición del teletrabajo, las restricciones de movilidad que han afectado a sus clientes o por el aluvión de normas y decretos al que se han enfrentado “un día sí y otro también”

“Ha habido un gran descontrol legislativo, informativo y sanitario. Y no sé en qué orden”, clama el economista y consejero de Cedenor Alfonso Pariza, que critica “la disparidad de opiniones y de toma de medidas” a lo largo de estos últimos doce meses. “En general, ha existido mucha contradicción, lo que ha hecho aún más complicada la labor de quienes teníamos que interpretarlo”, asegura.

En la misma línea se expresa el socio director del Grupo HFC Consultores, Ramón Cifrián, quien censura la maraña normativa muchas veces “improvisada” con la que han tenido que lidiar. “La tarea más difícil ha sido el análisis e interpretación de los decretos que se sucedían a toda velocidad”, resuelve.

Tampoco se aparta de este discurso su colega y uno de los gerentes de Gestisa, José Moreiras, para quien raro era el día en que no salía un decreto que modificaba al publicado el día anterior. “Teníamos que estar muy atentos por si aparecía algo nuevo sobre lo mismo. Entiendo que en aquellos primeros momentos no era fácil legislar, pero las modificaciones de las modificaciones eran muchas veces continuas”, aclara.

A este caos normativo, Pariza añade otros dos factores que, a su juicio, han contribuido a dificultar el trabajo. De un lado, alude tanto al cierre durante un largo periodo de las oficinas de las diferentes administraciones como al hecho de que, una vez abiertas, para cualquier gestión haya que pedir cita previa, que en ocasiones se eternizan en el tiempo. “Se ha perdido mucho de la agilidad de tantos años de conocimiento del funcionariado que a nosotros nos permitía manejarnos con mayor rapidez para solucionar los problemas de nuestros clientes”, afirma.

La tramitación de ERTE, de créditos ICO y la adapación a una normativa que cambiaba cada día ha multiplicado el trabajo en las asesorías durante el último año.

De otro, sostiene que esta crisis, que ha afectado a prácticamente todos los sectores productivos, ha generado “angustias financieras y problemas de pago y de tesorería” a algunos clientes que, al final, han terminado por verse reflejadas en los acuerdos profesionales que mantenían. “Tenemos una fidelización muy alta de clientes y por eso hemos seguido trabajando con ellos, pese a que en algunos casos hemos empezado a tener ciertas demoras en la atención de nuestras minutas”, concede antes de explicar que en su despacho han tenido casos de todo tipo, desde suspensiones de cuotas, hasta reducciones temporales que confían en recuperar en un futuro.

Esta situación también ha afectado al resto de despachos, tal y como reconoce Cifrián, quien igualmente cita a la elevada fidelidad de su clientela. “Son clientes de toda la vida a los que hemos tratado de ayudar mediante moratorias y fórmulas de aplazamiento de cuotas, pero a los que en muchos casos hemos hecho trabajos, sobre todo de tramitación de ayudas y subvenciones, que no les hemos facturado”, describe.

Su casuística es compartida por el gerente de Gestisa, que admite que a los clientes de los sectores más expuestos a la crisis les han prestado servicios que no han cobrado. “Más que renegociaciones de contratos o reducciones de cuotas, que algunas sí ha habido, aunque no muchas, lo que nos ha tocado es hacer más por lo mismo”, afirma.

Una vuelta de tuerca a su trabajo diario que los tres despachos han llevado a cabo con la misma plantilla y mayoritariamente de forma presencial, según confirman sus responsables.

“Hemos reutilizado nuestros recursos derivando personal de otras áreas para que apuntalaran el departamento laboral”, explica Moreiras. “Esta sobrecarga de trabajo ha puesto a prueba a todo el personal de la asesoría”, confiesa por su parte Cifrián, mientras que Pariza pone el ojo en las tensiones generadas por la avalancha de tramitaciones que han tenido que soportar durante todos estos meses: “No es lo mismo carga de trabajo que tensiones”, clarifica este economista para tratar de explicar lo que ha ocurrido en Cedenor. Así, afirma que toda la tramitación de los créditos ICO les ha reportado “muchísimo trabajo” no retribuido, mientras que los ERTE, que al principio de la pandemia también generaron enorme labor, han provocado después “mucha tensión” en su seguimiento “por la mala gestión del SEPE derivada en gran medida por la falta de personal”.

En este aspecto, el socio director de HFC Consultores conviene en que el embrollo no ha estado en la complejidad de los asuntos a realizar, sino en el elevadísimo número de solicitudes que tramitar. “El problema viene del volumen”, subraya.

De otro lado, Pariza resalta que su despacho aún mantiene “numerosas discusiones con las administraciones públicas por criterios de interpretación”. Así, asegura “que ningún otro año habían recibido tantas declaraciones paralelas del IRPF de 2020 por, según resalta, “cantidades muy pequeñas y sin tener en cuenta que la campaña de la renta del pasado año se llevó a cabo en unas condiciones heroicas”.

En lo que también coinciden estos tres asesores es en que la pandemia ha acelerado la digitalización de sus despachos y de muchos de sus clientes, aunque conceden que todavía hay algunos, sobre todo los más “tradicionales y de mayor edad”, que “siguen viniendo a traer los papeles a la asesoría”.

Alfonso Pariza, director de Cedenor.

Es lo que le sucede a Gestisa, donde su gerente admite que a gran parte de su clientela, integrada mayoritariamente por pequeñas empresas y comercios, aún le cuesta digitalizarse y prefieren mantener el trato directo son sus asesores.

Cifrián, por su parte, destaca que, aunque el perfil de sus clientes es igualmente el de una pyme, cada vez se comunican más por medios digitales. “Lo agradecen ellos y nosotros”, proclama al tiempo que concede que este proceso les ha permitido reducir las visitas a clientes y de clientes. La digitalización ha venido para quedarse en línea con lo que defiende nuestro país y el resto de Europa”, resume.

Ayudas insuficientes

A la hora de analizar y valorar las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España para ayudar a empresas y autónomos a superar esta crisis, la crítica es prácticamente unánime. En este sentido, el consejero de Cedenor no duda en calificarlas de manifiestamente mejorables: “Han sido insuficientes y cuando han llegado, si es que han llegado, ha sido muy tarde”, recalca para criticar, a renglón seguido, el uso y destino de los créditos ICO. “El Gobierno ha puesto muchísimo dinero en avales ICO pero no ha hecho suficiente seguimiento de estos préstamos que los bancos han utilizado, en muchos ocasiones, para sanear los riegos con sus clientes cuando, obviamente, este no era el objetivo previsto por la normativa”.

“Escasas y extemporáneas”. Así las tilda por su parte Moreiras, quien igualmente considera que “han llegado bastante tarde y, en algunos casos, nunca”. “Si pretendes ayudar, ayuda cuando hay que ayudar porque hay trabajadores que no han cobrado el ERTE”, insiste este gestor experto en Sociedades que se declara a título personal “contrario” a las subvenciones.

De su lado, el socio de HFC Consultores, aunque reconoce que las cosas podrían haberse hecho de una forma más ordenada, prefiere quedarse con la parte positiva. “Gran parte del empresariado ha podido resistir gracias a los préstamos ICO y a la posibilidad de acogerse a los ERTE, dos balones de oxígeno que han permitido a las empresas sobrellevar esta pandemia”. Con todo, Cifrián también comparte que las ayudas directas no han funcionado bien. “Han llegado tarde, mal y nunca y han generado mucha confusión”, apunta para subrayar que la gestión de los dineros públicos “no han sido la que debiera”.

En cuanto a las aprobadas por el Ejecutivo regional o las administraciones locales, los tres resaltan que han mantenido parecido perfil a las estatales, aunque con “menos ceros”.

“Sus recursos son más limitados y han hecho lo que han podido”, opina Cifrián que, en cualquier caso, critica la tremenda burocracia en su gestión, incluida para la propia Sodercan, que a su juicio “no ha contado con el personal suficiente para poder agilizar su tramitación”.

Impacto en la economía

Sobre los efectos económicos de esta pandemia, tanto Pariza como Cifrián y Moreiras convienen en que la crisis ya se ha llevado a empresas por delante, especialmente en aquellos sectores que se han visto más afectados por las restricciones.

José Moreiras, socio y uno de los gerentes de Gestisa.

Así lo estima el primero de ellos, que expresa su preocupación por lo ocurrido con las empresas de ocio nocturno, cerrado a cal y canto, o del sector de la distribución, donde “la capilaridad es tremenda y alrededor del 50% de las plantillas están en ERTE”.

Pero no son los únicos. El consejero de Cedenor considera que el sector industrial también se ha visto muy afectado al igual que lo ha hecho el turismo hotelero, un gremio en el que augura la llegada a España “de grandes grupos empresariales para hacerse con paquetes de hostelería”.

Pese a que se registrarán aún más cierres, sostiene que la caída de negocio no será tan pronunciada porque “se sustituirán unos muertos por otros nacimientos” y el país y esta región “seguirán siendo potencias turísticas”.

Cifrián, por su parte, fía el impacto a lo que ocurra una vez concluya la actual moratoria que pesa sobre el deber de presentar concurso de acreedores, aunque advierte que los problemas que tienen algunas empresas “no se arreglan en tres meses”, lo que le hace prever que aumente la insolvencia empresarial. “Quiero ser optimista, pero el efecto de la ola económica todavía no lo hemos llegado a palpar. Viene con retardo y cuando llegue tendríamos que hacer todo lo posible para que las empresas que eran viables en 2019 lo sigan siendo en 2022. No nos podemos permitir que cierren. Si no, el cementerio de los concurso de acreedores va a ser demasiado grande”, previene.

El gerente de Gestisa, por su lado, confía en que no se cumplan algunas expectativas que apuntan a que entre el 20 y el 25% de las empresas van a caer o verse muy afectadas, un porcentaje que según explica incluso se incrementa hasta el 30% en el caso de Cantabria. “¿Cuál será finalmente el impacto? Dependerá del nivel de aguante de cada uno, aunque está claro que algunos pequeños negocios no volverán a abrir su puertas”, resuelve.

Sobre el empleo

Lo que sí teme Moreiras es que muchas empresas se vean abocadas, para evitar su cierre, a transformar los ERTE en ERE, lo que de producirse dispararía el desempleo.

Así lo valora también Pariza, quien aventura que una vez terminen los ERTE se destruirá entre el 15 y el 20% de ese empleo y que el país cerrará el ejercicio con más de 700.000 parados más. “Lo veo bastante feo de aquí a dos años”, puntualiza sobre la base de que España, a diferencia de otros países de su entorno, necesita crecer mucho para generar empleo. “Es un mal endémico del sistema productivo español”, advierte al tiempo que muestra su preocupación por “un nivel de endeudamiento público como nunca en España, a pesar de todo el dinero que está llegando de Europa”.

Cifrián, por su parte, abunda en esta idea y considera “que la recuperación económica avanzará a mayor ritmo que la del empleo”, que ya partía, además, de unos niveles que no eran nada buenos. “La contratación tardará más en recuperarse y será en buena parte diferente a la que conocemos”, enfatiza para explicar que determinadas habilidades y profesiones van a dejar de ser necesarias. “El ejemplo lo tenemos ya en los bancos y sus ajustes irán trascendiendo a otros sectores”, predice. Por eso, reclama la necesidad de poner el foco en la formación, “que es lo que nos va permitir generar y cubrir el empleo del futuro”.

Ramón Cifrián, socio director de HFC-Grupo Consultores.

En lo que estos tres asesores muestran más reservas es en poner fecha a la salida de esta crisis y la vuelta a los niveles de actividad económica precovid. Aunque con cautela, el socio director de HFC Consultores estima que este hecho no ocurrirá hasta finales de 2022. “Hace falta un año entero de cierta normalidad para hacer una lectura de qué empresas han aguantado”, avisa convencido, no obstante, de que a partir de este otoño “ya pegaremos un salto”.

“Es complicadísimo”, revela Moreiras, quien también calcula que habrá que esperar al menos un año y medio para volver a ser lo que éramos. “Ya no vamos a retroceder, pero la salida será muy suave y poco a poco”, sentencia.

El más cauto es Pariza, quien advierte de que en cualquier caso la recuperación “va ser muchísimo más lenta de lo que algunos nos quieren vender”. “Va a ver mucha asimetría en la salida de la crisis”, subraya sin querer aventurar plazos. “No me atrevo. Y el que lo haga es un temerario o le pagan por decirlo; o las dos cosas”, concluye con cierta socarronería.

Las empresas distribuidoras al canal Horeca ocupan una posición intermedia entre quienes producen alimentos y bebidas y los hoteles, restaurantes y cafeterías que los venden, y su salud económica está estrechamente vinculada con la de sus clientes, los hosteleros. Conocido el impacto que ha tenido la covid-19 entre estos, la situación de las distribuidoras es crítica. En 2020 estas empresas facturaron un 40% menos que en 2019 y, según Adishoreca, la asociación que las agrupa en Cantabria, el porcentaje de distribuidoras que ha tenido que recurrir a algún tipo de ERTE en este último año ronda el 100%.

Francisco Rouco | @FranRoucoMarzo 2021

Para un sector que depende de la hostelería en un 98% –el resto es pequeño comercio–, el confinamiento decretado en marzo del pasado año para luchar contra la pandemia inició una agonía que ha pasado por varias etapas. El primer capítulo transcurrió entre marzo y mayo, cuando estuvieron cerrados los establecimientos hosteleros. Entonces, prácticamente todo el sector de la distribución se paralizó, el 95% según cifra Adishoreca, la Asociación de Empresas Distribuidoras de Bebidas y Alimentación de Cantabria. Adishoreca reúne a 24 empresas asociadas que emplean a 563 personas y facturan 128 millones de euros al año. La situación de parálisis iniciada en marzo se mantuvo dos meses, hasta mayo, cuando comenzó la desescalada. Primero, con la reapertura de los establecimientos para servir comidas a domicilio o recoger. Después, con la apertura de las terrazas al 50% de aforo. Y para terminar, ya en la última semana de mayo, con el cartel de ‘Abierto’ tanto para interiores como en terraza, siempre y cuando se mantuvieran restricciones de aforo del 30% dentro y del 50% fuera. Esta última fase de la desescalada se mantuvo hasta junio, cuando se pasó a la “nueva normalidad” y se permitió la apertura total al 50% de aforo.

El verano dio un pequeño respiro al sector. Sin restricciones, pero con la sensación de peligro por lo vivido en los meses anteriores, el turismo se alejó de las zonas más concurridas y se desvió hacia destinos más tranquilos, como la cornisa cantábrica. En julio, Cantabria registró una ocupación hotelera del 50% y se convirtió, junto con Asturias, en el destino favorito del turismo nacional. En términos interanuales, se redujo la ocupación en un 35%, pero es que las cifras nacionales fueron un 73% más bajas que en el año anterior. En agosto se produjo un efecto palanca y Cantabria superó el 80% de la ocupación hotelera, su mejor dato desde 1999. Según cifras que maneja Adishoreca, el sector de la distribución al canal Horeca –hoteles, restaurantes y cafeterías– llegó a superar, entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto, las cifras de ventas del año anterior. Salvado el verano, y con la segunda ola golpeando en todo el país, volvieron las restricciones. La actividad se limitó a las terrazas y a los pedidos y se impusieron toques de queda. En este escenario estamos ahora.

En los últimos seis meses, el sector calcula que han echado el cierre el 60% de los establecimientos hosteleros en la región. Un descenso de la actividad al que el sector de la distribución al canal Horeca ha intentado adaptarse en la medida de sus posibilidades. “Hemos tenido que mantener bastante estructura para seguir dando servicio, pero con esa misma estructura repartimos una media de cajas de entrega que se ha visto muy reducida”, explica Rafael Pérez, presidente de Adishoreca, que subraya que este pasado mes de enero se facturó el 40% de lo conseguido el año anterior, mientras que la plantilla se mantiene en el 60%. “Estamos siendo bastante menos eficientes y generamos pérdidas mes a mes”.

Una de las tablas de salvación del sector han sido los expedientes de regulación temporal de empleo o ERTE. Prácticamente todas las empresas distribuidoras de alimentación y bebidas al canal Horeca en Cantabria han solicitado algún tipo de ERTE parcial en el último año, apunta Adishoreca. Unos expedientes estarían causados por el cierre del negocio, otros, por la temporalidad que, a juicio de Pérez, se ha impuesto al limitar la actividad de los establecimientos a las terrazas. “Que abran los sitios o no depende de la climatología. Puedes ir a hacer el reparto y encontrarte el sitio cerrado, así que tienes que volver al día siguiente, con lo que duplicas el gasto de distribución. Hay días que te sobran recursos y días que te faltan”.

Entre prórrogas de ERTE y créditos ICO

Rafael Pérez, presidente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Alimentación y Bebidas de Cantabria (Adishoreca).

La posibilidad de acogerse a un ERTE no siempre estuvo sobre la mesa para las empresas distribuidoras. En el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, cuyo foco apuntaba al turismo y la hostelería, el sector de la distribución a Horeca no aparecía. Uno de los criterios para definir qué empresas podían acogerse a las medidas propuestas fue la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), y esta no contempla a las empresas distribuidoras como parte del sector hostelero. “Para muchas administraciones no existíamos. Después de varios meses de incertidumbre por ese vacío legal, hablamos con Trabajo y finalmente conseguimos que aceptara nuestro sector como dentro de la cadena de valor de la hostelería y que nos considerara como afectado directamente por la pandemia”, explica Pérez. Hoy las empresas del ramo saben que sus ERTE estarán prorrogados hasta, por lo menos, mayo.

El otro escudo del sector frente a la crisis ha sido la concesión de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), informalmente créditos ICO. Gracias a ellos, las empresas distribuidoras cuentan con liquidez para poder pagar a proveedores y empleados y hacer frente a los gastos corrientes. “Con los créditos ICO todas las empresas tenemos tesorería, pero eso no quita que estamos generando pérdidas mes a mes y que no cubrimos los gastos. Y los créditos los tenemos que devolver”, explica Pérez, que recuerda que el periodo de carencia para los primeros préstamos era de 12 meses, con lo que muchos se empezarán a devolver en marzo. “Creo que fue una medida implantada cuando el gobierno pensaba que la pandemia iba a ser cosa de seis meses, con un rebote rápido. Ahora estamos viendo que esto es endémico y que va a durar varios años. Tendríamos menos gastos estando cerrados, pero tenemos que seguir con el negocio abierto, porque obviamente tenemos que dar servicio a ese 40% de clientes que todavía están abiertos”.

‘Hoy no se fía’ parece ser la proclama general. “En este momento la decisión unánime del sector es vender al contado. Las deudas atrasadas de los clientes, ya veremos”, explica Pérez. “Si nuestros clientes no han podido seguir con su actividad, lógicamente todas sus facturas corrientes de septiembre, octubre, noviembre, nos han quedado pendientes. Cuando se arreglen las cosas, ya veremos, pero ahora les estamos financiando, no nos queda otra”.

Los bares, restaurantes y cafeterías que tienen terraza se encuentran ante la duda de abrir pese a no ingresar lo suficiente para cubrir gastos. “Las personas somos animales de costumbres y si te sueles parar a desayunar en una cafetería, vas a seguir haciéndolo. Y si tu sitio favorito está cerrado, vas a encontrar un sitio abierto. Hay clientes [establecimientos Horeca] que mantienen horarios de venta muy amplios, aunque no sean rentables”. Abren, sostiene el presidente de Adishoreca, para mantener a sus clientes aunque pierdan dinero. Lo mismo sucede con quienes suministran los alimentos y las bebidas a estos establecimientos.

Ayudas directas del 3% sobre las pérdidas

Más allá de los ERTE y los créditos ICO, el sector se lamenta de la falta de ayudas directas. El real-decreto de finales de septiembre contemplaba medidas para paliar los problemas derivados de las restricciones que iban a llegar en los siguientes meses, pero la inexistencia administrativa del sector comentada más arriba lo dejó fuera de juego. El problema se solucionó a escala nacional en lo que concierne a los ERTE, pero el vacío legal causado por tomar como referencia la CNAE impidió que el sector pudiera solicitar las ayudas directas impulsadas por el gobierno cántabro a través de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan). El llamado ‘Cheque de Urgencia’, una ayuda de entre 800 y 1.500 euros destinada a la hostelería, el turismo, el taxi y otros sectores afectados, dejó fuera a la distribución al canal Horeca; tanto en su primera convocatoria (noviembre-diciembre), dotada con un presupuesto de 12,1 millones de euros, como en la segunda, de 6,1 millones, que finalizó el pasado 1 de febrero. A finales de enero, el vicepresidente autonómico y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), anunció que el gobierno estudiaba lanzar una tercera convocatoria del “Cheque de Urgencia”.

Almacenes de una de las distribuidoras que sirven al canal Horeca en Cantabria.

Mientras tanto, las distribuidoras Horeca solicitan al gobierno ayudas directas. Su principal reclamación es una ayuda por valor del 3% de la pérdida de ingresos de 2020 con respecto a la de 2019. El sector argumenta esta cantidad tomando en consideración sus ingresos antes de impuestos y amortizaciones. “El ebitda de nuestras empresas es de en torno al 6%, y la mitad lo destinamos a la amortización de inversiones que tenemos. En estos meses nos han seguido llegando las letras de las inversiones que hemos hecho en flota, almacenes, cámaras refrigeradoras o aplicaciones informáticas. Para dar una cifra concreta y contrastable, pedimos ese 3%”, explica Rafael Pérez, presidente de la asociación que agrupa a las empresas distribuidoras de alimentos y bebidas a establecimientos hosteleros.

Las distribuidoras también hacen fuerza para una medida dirigida a todo el sector hostelero: la bajada del IVA del 10% al 5%. “Sería muy importante para el sector hostelero y una ayuda para el que factura”, aclara Pérez, al tiempo que recuerda que en Alemania se ha hecho eso mismo. En el caso alemán, el año pasado se bajó el IVA al sector hostelero del 19% al 16% y más adelante al 7%, la categoría de IVA más baja del país germano, donde permanecerá hasta finales de 2022. Las expectativas sobre la bajada del IVA en España son inciertas, pues hay que recordar que el sector hostelero ya opera al IVA reducido del 10%, el que grava los productos farmacéuticos o el agua, por ejemplo, desde que se promulgó la ley de este impuesto, hace 29 años.

“Como sector, toca adaptarnos a lo que hay ahora mismo y lo que vendrá en los próximos 3 o 4 años, que es una caída del mercado de la hostelería entre un 20% y un 30% aún cuando no haya limitaciones. Con más gente en el paro, lógicamente habrá menos renta disponible para irse de vacaciones y consumir en hostelería”, augura Rafael Pérez, presidente de Adishoreca. Sin embargo, hay lugar para la esperanza. “Los empresarios somos realistas, y tenemos que ver el futuro con ilusión. La vida continuará, nos vamos a tener que adaptar, pero esto va a continuar. Volverá a haber hostelería, negocios, reuniones familiares, y tenemos que estar ahí, dando servicio a nuestros clientes para que todo vuelva a funcionar”.