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La limpieza y desinfección de oficinas, despachos y espacios púbicos está siendo una actividad clave desde el inicio de la crisis sanitaria, pero esta ha tenido un impacto desigual en las empresas que ofrecen estos servicios. Pese al crecimiento de la demanda asociado a las nuevas necesidades, el teletrabajo y la propia crisis sanitaria han provocado una contracción del mercado, tanto por la disminución en la carga de trabajo como en la presión a la baja sobre los precios. El balance final de todo ello se mueve entre el equilibrio y el descenso de facturación, y sobre todo abre la puerta a cambios que darán un vuelco a la forma de operar en el futuro.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2021

De acuerdo a los datos recogidos en un estudio realizado por la consultora DBK de Informa, antes de la llegada de la pandemia durante la primavera de 2020, el sector de la limpieza acumulaba en España cuatro años consecutivos de crecimiento. Aunque podría pensarse que esa racha se vería prolongada debido al aumento de las necesidades de higiene y desinfección provocadas por la irrupción de la Covid-19, lo cierto es que ese mismo estudio adelanta ya –sin ponerle todavía cifras– una contracción del mercado que, aunque de forma desigual, redujo la demanda que atienden las empresas españolas que operan en este sector. Los efectos del cierre decretado durante el Estado de alarma, el impacto del teletrabajo y, en general, las consecuencias de la contracción de la economía son factores negativos que, según los cálculos de la consultora, terminan por contrarrestar los crecimientos de la actividad que hayan podido registrarse con motivo de la pandemia.

Tomás Turienzo, presidente de la Asociación Regional de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales (Arelca) se remite a la heterogeneidad del sector y a la transformación que ha sufrido el mercado en los últimos meses para explicar lo difícil que resulta hacer cualquier balance general de la actividad: “Ha habido empresas que han sufrido restricciones fuertes, y otras que lo han notado menos o que incluso, con las desinfecciones, han visto crecer su actividad Pero esto último fue en un momento muy determinado, y ya se ha acabado”, señala el representante de las empresas, que considera que los factores que finalmente han tenido más peso son los directamente relacionados con la crisis: “Sigue habiendo muchos clientes que están en ERTE, o que tienen sus oficinas vacías porque están teletrabajando. Eso reduce el número y volumen de los servicios que nos encargan y, además, les lleva a renegociar contratos buscando una rebaja en el precio”.

Tomás Turienzo, presidente de la Asociación Regional de Empresas de Limpieza de Edificios y Locales (Arelca).

Como en otras crisis, la incertidumbre y la pérdida de actividad en las empresas clientes les lleva a buscar una reducción de costes equivalente a la caída de su propio mercado, y ahí la partida de limpieza es una de las primeras en las que se detiene la vista: “Nuestras facturas son por importes llamativos, porque nuestros servicios son intensos en mano de obra. Por poner un ejemplo, limpiar un gimnasio pueden suponer facturar unas 10.000 horas de trabajo al año. Eso es un volumen importante y el cliente intenta reducirlo en una proporción similar a la que ha bajado su propia rentabilidad”, explica Tomás Turienzo. Esa reducción, que normalmente busca concretarse con una reducción de horas, incide directamente sobre el empleo del sector.

En Cantabria la limpieza de oficinas, edificios y locales da trabajo a entre 5.000 y 6.000 trabajadores, empleados por entre 24 y 28 empresas. Estas cifras, señala el presidente de Arelca, son similares a las que existían antes de la crisis sanitaria, que sin embargo sí cree que ha podido tener incidencia en el número de trabajadores por cuenta propia que se dedican ahora a esta actividad: “Hay que tener en cuenta que este es un trabajo en el que no es difícil iniciarse como autónomo. También es un sector en el que existe mucha economía sumergida. De todos modos, aunque sí que ha podido crecer el número de quienes trabajan por cuenta propia, tampoco ha sido de una forma especialmente significativa”, señala el representante de las empresas de limpieza que, aun así, cree que el efecto último es que el mismo trabajo, o menos, se reparte entre más trabajadores.

A ello hay que añadir la competencia de las empresas de fuera de Cantabria. En sector de la limpieza conviven una mayoría de microempresas y pequeñas empresas locales, con un grupos de entre 14 o 16 grandes empresas –en algunos casos incluso multinacionales– con presencia en todo el país. Como referencia, Tomás Turienzo recuerda que al último concurso para el servicio de limpieza convocado por la Consejería de Educación de Cantabria concurrieron 21 empresas.

Oficinas, despachos, supermercados, centros educativos, centros médicos, instalaciones deportivas… el abanico de espacios en los que las empresas del sector prestan sus servicios es tan amplio como puede ser la tipología de quienes lo hacen. El nivel de especialización que tienen alguna de estas empresas hace que el impacto de la crisis en unas y otras haya sido muy distinto, con un aumento de la actividad en supermercados –por ejemplo– y una caída en las oficinas y centros de atención al público cerrados por la pandemia, con el teletrabajo incidiendo negativamente en la demanda que atienden la empresas de limpieza. El cierre de la hostelería, en cambio, ha tenido una incidencia menos, según explica el presidente de Arelca: “Es un sector muy especializado, que suele resolver sus necesidades de limpieza al margen de la oferta del sector. Sucede con bares y cafeterías, que suelen ocuparse de la limpieza con sus propios medios y también, aunque de otra manera, con los hoteles, que externalizan ese servicio recurriendo a empresas muy especializadas que trabajan solo en esa actividad”.

Cambio de modelo

Más allá del impacto que haya podido tener la crisis sanitaria en la actividad del sector durante el último año, el presidente de Arelca está convencido de que lo sucedido desde la irrupción de la pandemia de la Covid-19 llevará a un cambio en los usos y costumbres que incidirá en el conjunto de la economía y también, como no puede ser de otro modo, en la forma de prestar los servicios de limpieza. Algunas tendencias, señala, ya empezaban a dejarse notar antes de la crisis sanitaria, como sucede con los horarios, pero se han agudizado con tras la llegada de la crisis. Otras, como la pérdida de protagonismo de la oficina como lugar de trabajo, tienen un origen más directamente relacionado con las restricciones sanitarias, pero han abierto una puerta que difícilmente se cerrará cuando se supere la actual situación: “Vamos hacia jornadas de trabajo que acaben antes, y hacia espacios híbridos, en los que convivirá el trabajo presencial y a distancia. Eso va a suponer una reducción de la demanda de nuestros servicios, porque si trabajan tres personas donde antes trabajaban cinco, las necesidades de limpieza son menores”, señala Turienzo que cree que con los cambios habrá también oportunidades, aunque no sea fácil detectarlas aún: “Seguramente se abrirán también nichos de mercado nuevos, como la desinfección, aunque ese es todavía un campo por regular”.

Los primeros meses de la crisis sanitaria trajeron aparejados también  cambios en la cadena de suministros de las empresas de limpieza, con problemas puntuales de desabastecimiento y, en determinados productos, fuertes incrementos de precios. Con el paso del tiempo, la situación fue corrigiéndose: “Hubo mucha especulación y los precios se dispararon. La mayor parte bajaron después, pero todos están hoy más caros de lo que estaban antes de la pandemia”, señala Tomás Turienzo que, en todo caso, explica que el impacto de este precio en la rentabilidad de las empresas es relativamente limitado: “Los materiales suponen entre el 3 y el 4% de nuestros costes. Cuando suben, lógicamente ese incremento va a nuestra cuenta de resultados, pero el impacto es pequeño y se asume”.

Francisco Javier López Marcano, consejero de Industria, analiza en esta entrevista las fortalezas y riesgos de la industria regional, un sector con el que asegura va de la mano y que, a su juicio, está demostrando una sorprendente capacidad de generar nuevas iniciativas. Aboga por desterrar personalismos y por construir consensos, y defiende la importancia de las grandes empresas, aunque reconoce que no son tiempos propicios para su implantación. Afirma que trabaja para crear cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial y confía en que las máquinas entren en La Pasiega antes de que finalice esta legislatura. Destaca el potencial del sector sociosanitario y apuesta por jugar un papel clave en la industria del hidrógeno. Dejado atrás ya el tiempo de los ERTE, augura que el próximo año será el de las ejecuciones de proyectos y sostiene que Cantabria seguirá siendo un destino turístico seguro, saludable, natural y, por ende, preferente. Eso sí, siempre que el cielo no nos juegue una mala pasada y lleguen vacunas. ¡Que lluevan vacunas!, reclama.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Junio 2021

Pregunta.– Tras más cinco años alejado de la primera línea política regresa para hacerse cargo de un departamento que no le es en absoluto ajeno, pero al que en esta ocasión se añade de forma singular la industria regional. ¿Percibe que le van a exigir más en esta nueva responsabilidad que en otras como el turismo, un sector al que ha estado más íntimamente ligado?

Respuesta.– Debo aclarar que soy una persona muy autoexigente y que soy consciente de la enorme responsabilidad que he asumido. No diré que mi primer juez voy a ser yo, pero se aproxima muchísimo a la realidad. Estoy convencido de que hay que echar el resto en beneficio de un sector que tiene una enorme pujanza histórica en una tierra de vocación industrial contrastada. Por eso, mis esfuerzos estarán como mínimo en consonancia con la importancia que la industria representa para nuestro PIB, que actualmente está en torno al 22%. Nuestra intención es incrementarlo hasta el 24% a lo largo de esta y la próxima legislatura. Mi reto personal es esforzarme en estos dos años que restan como si fueran los cuatro de una legislatura ordinaria.

P.– Pese a que la industria alimentaria tiene un importante peso específico dentro del sector industrial de Cantabria, su gestión es competencia de otra Consejería. Aunque sea liderada también del PRC, ¿no lo considera una cierta incongruencia?

R.– Es una competencia del Gobierno, que es lo más sustantivo. Sí que es cierto que esta parcela en el día a día puede generar situaciones de difícil gestión, pero no es menos cierto que cuando un Ejecutivo cuenta en estos dos aspectos con consejeros de la misma adscripción política todo resulta más fácil. Por si eso fuera poco, los dos consejeros titulares somos vecinos y tenemos una buena relación.

P.– También es muy destacado el papel de la industria auxiliar de la automoción, un subsector en el que Cantabria cuenta con empresas altamente competitivas pero que dependen absolutamente de las decisiones que adopten las grandes multinacionales, todas ellas localizadas fuera de la región. Ante esta realidad, ¿qué papel puede desempeñar el Gobierno cántabro, además de dar ayudas?

R.–  Son los rigores de la globalización. Las decisiones son en ocasiones globales y hay puntos importantes, sobre todo en ese mapa europeo, pero también tiene sus ventajas. Hay un papel que no nos resignamos a dejar de jugar que es el de la demanda permanente conjuntamente con el sector. Hay que equilibrar las reglas de juego porque el mercado de componentes del automóvil es un mercado global que va dirigido a las grandes marcas. Dicho esto, que las grandes decisiones a veces se tomen fuera de Cantabria es como mínimo una incomodidad. Más allá de las ayudas, los responsables del Gobierno deben ser la voz de estas empresas y un interlocutor válido de sus demandas ante el Gobierno de España. Nosotros no decimos no sistemáticamente a sus proyectos de emprendimiento e innovación por más que esos mercados y las empresas matrices estén fuera de la región.

P.– Las escasas grandes industrias que hay en Cantabria son las mismas desde hace décadas, aunque en ocasiones hayan cambiado de nombre: Solvay, Dinasol, Sidenor, SEG Automotive, Armando Álvarez, Global Steel, Ferroatlántica… ¿Le preocupa la dependencia que existe de estas compañías, que en su mayor parte son las que obedecen a lo que conocemos como industria tradicional o la vieja economía?

R.– Me preocupa más que el cambio de nombre la causa que lo motiva, que es el cambio de propietarios. Resulta doloroso para un consejero de Industria muy arraigado a su tierra que las grandes decisiones se tomen en China o en Alemania porque sus propietarios son chinos o alemanes. Sin embargo, nuestras grandes empresas también tienen autonomía para tomar decisiones y están en una fase de elaboración de proyectos que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Dicho esto, no cabe duda de que son una seña de identidad de nuestro tejido industrial, integrado en un 90% por pymes y micropymes. Los tiempos, de todos modos, no son propicios para la implantación de grandes empresas. Eso pertenece más, salvo casos excepcionales, a épocas pretéritas.

Francisco Javier López Marcano, consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

P.– Precisamente una de ellas, Solvay, necesita sacar adelante su plan de transición energética para garantizar su continuidad. El Ejecutivo regional ya ha anunciado que brindará su apoyo para facilitar este proceso, que suma una inversión prevista de más de 120 millones de euros, pero ¿cuál es la postura de Madrid y de Bruselas?

R.– El proyecto de Solvay es modélico, ejemplar. No solo por la fuerte inversión que conlleva sino también porque se adapta perfectamente al Acuerdo de París y a las exigencias en este ámbito de 2030 y 2050. Supone la eliminación de 170.000 toneladas al año de gases de efecto invernadero. Y nosotros vamos de la mano con la empresa. Estamos al tanto y seguimos sus pasos, desde el propio presidente, que ha liderado esas demandas ante el Estado, hasta la última persona de esta consejería estamos empeñados en ser la voz y el brazo armado de la necesidad de ese proyecto para esta empresa de larguísima tradición y una de las grandes de nuestra economía.

P.- Precisamente, en esta transición energética el hidrógeno verde está llamado a ser una pieza clave. España aspira en su conjunto a producir el 10% del total de la UE y a desarrollar toda la cadena de suministro. ¿Cantabria también va a jugar en esta liga?

R.– No solo queremos jugar la Liga, queremos jugar la Champions. Hemos puesto en marcha una iniciativa, que es la Plataforma del Hidrógeno de Cantabria (PH2C), a la que ya se han adherido 46 o 47 entidades que representan a nuestro tejido industrial, tecnológico y económico. Todas las grandes empresas forman parte de esta plataforma, empeñadas en sacar adelante sus proyectos en Castro Urdiales, Torrelavega, en el área de Santander y en otros muchos lugares de la geografía regional. Queremos cumplir esos parámetros; secundamos esos proyectos y hemos firmado manifestaciones de interés PH2C cuando así se nos ha requerido, siendo copartícipes y aliados de las empresas promotoras de estos proyectos. Si me pidiera un resumen de lo que va de legislatura, la Plataforma del Hidrógeno aparecería en los primeros lugares de logros conseguidos.

P.– Hay consenso en que el coste de la energía lastra la competitividad de la industria no solo en Cantabria, sino en toda España. ¿De verdad no puede hacerse nada desde la administración regional?

R.– Es una pregunta querida (se ríe). Tiene que ver mucho que ver con la Alianza por la Industria, con la imperiosa necesidad de implantar herramientas que equilibren esas diferencias porque, como ya he comentado antes, el mercado en que se mueven nuestras empresas va mucho más allá de nuestras fronteras. En alguna ocasión he aludido a la diferencia existente entre la Europa unida y la de los mercaderes. Y a veces esas diferencias se aproximan mucho más a esta última Europa.

P.–En el proceso de liquidación de Sniace parece que hay algún comprador interesado en quedarse con la fábrica, ya sea en todo o en parte. ¿Realmente existe esta posibilidad? Se lo pregunto porque con los antecedentes de esta empresa solo cabe ser escéptico.

R.– El objetivo es que ese privilegiado espacio productivo de Sniace siga funcionando como tal. Nos encontramos en un momento decisivo de ese larguísimo proceso. Hace unos días se ha abierto el plazo del plan concursal para que los posibles licitadores presenten sus ofertas. A lo largo de estos meses he ido conociendo el interés de distintos grupos no solo por adquirir la empresa sino también por hacerla rentable. Y he conocido proyectos diversos, unos que mantienen todas las unidades productivas que pueden resistir las reglas del mercado en la actualidad, y otros que incorporan fórmulas mixtas, como por ejemplo algunas vinculadas con el hidrógeno. En cualquier caso, es una imperiosa necesidad para Cantabria en general y muy en particular para Torrelavega y su comarca que ese polígono industrial, conectado por autovía y tren y a quince minutos del Puerto de Santander, vuelva a funcionar.

P.– Crear suelo industrial en Cantabria nunca ha sido una tarea fácil. ¿Qué relación existe actualmente entre la oferta y demanda de suelo? ¿Baraja algún uso o alternativa para la extensa superficie que dejará libre Sniace, incluso en el hipotético caso de que la fábrica vuelva a funcionar?

R.– Nosotros estamos trabajando en estos momentos por poner a disposición en torno a cuatro millones de metros cuadrados de suelo industrial. No solo los dos millones del Llano de la Pasiega, sino también los 515.000 metros cuadrados del polígono de Laredo; los más de medio millón de Los Tanagos y de La Hilera, la ampliación del polígono de Castro… Y a todo eso hay que añadir que quedan parcelas en Morero y en Marina de Cudeyo… No tengo ninguna duda de que una vez terminemos las tramitaciones, que son costosas y laboriosas, esos polígonos se van a llenar. Estamos en el momento procesal oportuno en este y en los próximos años para llenar esos espacios industriales y no descarto que en los próximos meses vayan produciéndose buenas noticias.

P.– A las diferentes administraciones, y no solo a ésta, siempre se les ha achacado que buscan un gran proyecto (GFB, Haulotte, Nestor Martin, la reapertura de la mina de Reocín…) que casi siempre acaba mal. ¿La Pasiega es uno de esos grandes proyectos que no llega a ningún lado?

R.– Han acabado mal o no han acabado, porque algunos aún continúan. La Pasiega se encuentra en el mejor momento conocido. Hasta finales de este mes estará en exposición pública y tenemos un calendario que es muy posible que podamos cumplir y que antes de que finalice la presente legislatura nos dé alguna satisfacción. En cualquier caso, en este largo itinerario de tramitación de La Pasiega, que se inicia hace muchos años y que fue suspendido en 2013 –hubo un Gobierno que tardó dos años, de 2011 a 2013, en decidir la suspensión– nos encontramos en el momento más avanzado. Tengo que confesar que el día que el expediente de La Pasiega salió de esta consejería con dirección a Obras Públicas me sentí muy satisfecho. Y eso supuso, junto con la muy estrecha colaboración de esta otra consejería, la aprobación inicial que creo recordar fue el 9 de abril. El mejor de los calendarios es que haya máquinas en el Llano de la Pasiega antes de que acabe la legislatura. Eso sería extraordinario.

P.– En términos industriales, ¿qué espera de los fondos europeos de recuperación? En este sentido, ¿no teme que, dado que la mayoría del tejido industrial cántabro está integrado por pymes con muy poca estructura y escasa capacidad para moverse por los laberintos burocráticos, al final haya menos proyectos que dinero, y que éste termine por perderse?

R.– Tengo un sentimiento doble. Por una parte, me preocupa la incertidumbre y la ambigüedad sobre la distribución de esos 70.000 millones de euros destinados a proyectos. En este momento no sabemos aún si su selección y, por tanto, la distribución de fondos va a estar o no centralizada, ni si todos los ministerios se van a comportar de igual manera. No sabemos tampoco cómo se van a resolver los PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), los fondos de los Next Generation… Hay incógnitas que deberán ir resolviéndose en los próximos meses. De otra, tengo una fe de mucho peso en los extraordinarios proyectos que están presentando las empresas interesadas. Empresas que no son una isla y que conocen muy bien el funcionamiento y requerimientos de la Administración a las que nosotros apoyamos desde el primer minuto procesal. En nuestro ánimo, además, está el seguir ese recorrido conjuntamente con ellas. De todas formas, estoy firmemente convencido de que algunos proyectos deben ejecutarse con o sin fondos europeos, verbigracia La Pasiega.

P.– En muchos foros económicos se apunta al enorme potencial que presenta el sector sociosanitario en Cantabria. ¿Qué hace falta para que esta previsión se concrete y qué argumentos tiene que hacer valer la región para que finalmente pueda conseguirlo?

R.– Estoy totalmente de acuerdo que tiene mucho poderío. Esta fortaleza del sector sociosanitario entronca directamente con una de las direcciones de esta consejería, que es la del turismo de salud. En los tiempos actuales, las personas buscan destinos seguros y saludables y, en ese ámbito, Cantabria, liderada por el buque insignia que es Valdecilla, tiene que mostrar su poderío industrial. Hay que tener en cuenta que desde Sodercan tenemos una línea de ayudas dirigida no solo a las TIC y la creación e internacionalización de las empresas, sino también a la salud. Creemos firmemente en el Clúster de la Salud del que formamos parte.

P.– Usted ha anunciado que el próximo cuatro de junio se constituirá la Alianza por la Industria que servirá para fijar “objetivos comunes” de lo que debe ser el futuro de la comunidad autónoma en este ámbito. ¿Nace con el consenso de todos los implicados –Gobierno regional, grupos parlamentarios y agentes sociales y económicos–?

R.– Sí. Hace tiempo que lo pusimos en manos de todos los grupos parlamentarios. Nace como un ejercicio de fe en el consenso. Los individualismos en la época que vivimos no conducen a buen puerto. Sabemos que es un documento que tiene contenidos, pero que su espíritu corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones, en una aventura que tiene un inicio feliz pero que luego, si no la gestionas, puede conducir a la nada. No tenemos esa voluntad. Tenemos la de buscar acuerdos y consensos y de eso es fiel reflejo esta Alianza por la Industria, como también lo son los acuerdos a los que intentamos llegar con otras comunidades autónomas vecinas. Creo que por principio y por también mi concepción de la gestión pública tenemos que ser una consejería a la escucha y los problemas y necesidades de la industria, del turismo, del comercio, del transporte y de la innovación.

P.– Asegura que sobre la mesa de su despacho se acumulan proyectos de empresas “dinámicas” de la región que, de materializarse en un 70 u 80% de los casos, contribuirán a un futuro de prosperidad y riqueza.

R.– Estoy convencido de que va a ser así. También estoy convencido del riesgo que entraña este tipo de afirmaciones que dependen de muchas cuestiones. En los últimos días suelo enriquecer la explicación. Siempre he dicho que si se cumple ese porcentaje, nos esperan tiempos de prosperidad. Luego también he añadido siempre que han de ejecutarse antes del 2025, porque de lo contrario no los ejecutaremos antes del 2040. Pero, como le decía, ahora lo expreso de otra manera. Si lo que se presentaba el pasado año en esta y otras consejerías eran ERTE, en 2021 son proyectos, el próximo año serán ejecuciones y en 2023 realidades. Este es el calendario que creo debe cumplirse para fortalecer el peso de nuestra industria.

P.– Igualmente, sostiene que de los 19 proyectos eólicos en tramitación solo prosperarán los que sean “sumamente respetuosos con la ley, con el paisaje y con el medio ambiente”. ¿Conoce ya cuáles son?

R.– No. Como sabe, hay proyectos de tramitación autonómica, hasta 50 MW, y a partir de ahí otros de tramitación estatal. A esto siempre añado que nuestro plan de sostenibilidad energética, otra de las buenas noticias de esta legislatura porque ya ha salido a exposición pública, solo contempla 700 MW de eólica terrestre y otros 50 de eólica marina. Si esos 19 proyectos suman del orden de 1.700 MW, es una obviedad que no todos van a salir. Pero el objetivo general es cumplir la legislación, como los estados miembros de la UE también tienen que cumplir la suya, y contribuir a mejorar los datos de producción eólica que hay en España.

P.– Augura que el mayor problema que va a tener Cantabria este verano en términos turísticos es que quepamos todos. ¿Realmente lo piensa así?

R.– (se ríe). Bueno, no sin antes afirmar que las mayores crisis del turismo vienen de arriba, cuando llueve. Eso es lo peor que nos puede suceder en años normales y en circunstancias normales. Lo peor que nos puede suceder ahora es que no estemos vacunados, un extremo que no se va a producir porque ya en estos momentos tenemos unos datos de vacunación muy superiores a la media española. Cuando acabe junio, este porcentaje de vacunados va ser muy elevado, como también será muy relevante el de inmunizados. Eso aporta tranquilidad. Cantabria es un destino preferente. En 2020 ya fuimos junto con Asturias la comunidad con mayor ocupación de España. Somos un destino saludable, seguro, natural y que conjuga tantísimas fortalezas que es imposible encontrar en el mundo otros 5.300 kilómetros cuadrados con tamaña variedad turística. Yo no soy un consejero estático. Cuando puedo, recorro la región y además hago semanalmente mis muestreos sobre cómo están las reservas, los alquileres, incluso las compras de vivienda y tengo mucha fe en que esto va a ser así. Si no llueve y hay vacunas. ¡Que lluevan vacunas!

P.– ¿El turismo ya no será nunca como antes del covid? ¿Y el comercio?

R.– Nada va a ser como antes. Ni el turismo ni el comercio. Esta crisis nos ha cambiado la vida, no solo los hábitos de trabajo y de conducta, sino también el urbanismo, la arquitectura, la demanda de espacios verdes y abiertos… Un hostelero me decía que un alto porcentaje de las personas que entran a un bar a una cafetería a partir de las diez de la noche lo hace para comprar tabaco. Eso antes era impensable. El ocio nocturno se ha ido adaptando en los lugares que ha podido adaptarse, que no son todos. Los hosteleros de la noche son supervivientes y saben mucho de su negocio. La hostelería se está adaptando porque está gestionada por profesionales que, como digo, conocen muy bien su negocio y hacen sus propios estudios y prospecciones. En la profesionalidad de nuestra gente hemos avanzado siglos en décadas. En el caso del comercio, diría que su futuro descansa sobre dos líneas fundamentales: conectividad y digitalización.

Los responsables de tres asesorías cántabras analizan el desempeño de sus despachos profesionales desde que hace algo más de un año se desatara esta crisis a la que en ningún caso se atreven a poner fecha de caducidad antes del finales de 2022. Meses, según conceden, de una carga “brutal” de trabajo bajo un aluvión de normas y decretos, muchos de ellos improvisados cuando no contradictorios. Valoran la fidelización de sus clientes, a los que reconocen haber prestado más servicios por lo mismo, y censuran por insuficientes y tardías las ayudas para tratar de socorrer a las empresas en dificultades. Consideran que aún se producirán cierres empresariales y que la recuperación económica será antes que la del empleo,al que auguran fuertes turbulencias con el final de los ERTE.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2021

De súper caótico a excepcionalmente especial pasando por novedoso del que sacar algunas enseñanzas. Así caracterizan los responsables de tres asesorías y consultorías cántabras el espiral de trabajo en el que se han visto envueltos durante este largo año de pandemia. Los tres, sin excepción, coinciden en que sus despachos profesionales han tenido que hacer frente a una “ingente” carga de trabajo en unas condiciones especialmente difíciles, ya fuera por la imposición del teletrabajo, las restricciones de movilidad que han afectado a sus clientes o por el aluvión de normas y decretos al que se han enfrentado “un día sí y otro también”

“Ha habido un gran descontrol legislativo, informativo y sanitario. Y no sé en qué orden”, clama el economista y consejero de Cedenor Alfonso Pariza, que critica “la disparidad de opiniones y de toma de medidas” a lo largo de estos últimos doce meses. “En general, ha existido mucha contradicción, lo que ha hecho aún más complicada la labor de quienes teníamos que interpretarlo”, asegura.

En la misma línea se expresa el socio director del Grupo HFC Consultores, Ramón Cifrián, quien censura la maraña normativa muchas veces “improvisada” con la que han tenido que lidiar. “La tarea más difícil ha sido el análisis e interpretación de los decretos que se sucedían a toda velocidad”, resuelve.

Tampoco se aparta de este discurso su colega y uno de los gerentes de Gestisa, José Moreiras, para quien raro era el día en que no salía un decreto que modificaba al publicado el día anterior. “Teníamos que estar muy atentos por si aparecía algo nuevo sobre lo mismo. Entiendo que en aquellos primeros momentos no era fácil legislar, pero las modificaciones de las modificaciones eran muchas veces continuas”, aclara.

A este caos normativo, Pariza añade otros dos factores que, a su juicio, han contribuido a dificultar el trabajo. De un lado, alude tanto al cierre durante un largo periodo de las oficinas de las diferentes administraciones como al hecho de que, una vez abiertas, para cualquier gestión haya que pedir cita previa, que en ocasiones se eternizan en el tiempo. “Se ha perdido mucho de la agilidad de tantos años de conocimiento del funcionariado que a nosotros nos permitía manejarnos con mayor rapidez para solucionar los problemas de nuestros clientes”, afirma.

La tramitación de ERTE, de créditos ICO y la adapación a una normativa que cambiaba cada día ha multiplicado el trabajo en las asesorías durante el último año.

De otro, sostiene que esta crisis, que ha afectado a prácticamente todos los sectores productivos, ha generado “angustias financieras y problemas de pago y de tesorería” a algunos clientes que, al final, han terminado por verse reflejadas en los acuerdos profesionales que mantenían. “Tenemos una fidelización muy alta de clientes y por eso hemos seguido trabajando con ellos, pese a que en algunos casos hemos empezado a tener ciertas demoras en la atención de nuestras minutas”, concede antes de explicar que en su despacho han tenido casos de todo tipo, desde suspensiones de cuotas, hasta reducciones temporales que confían en recuperar en un futuro.

Esta situación también ha afectado al resto de despachos, tal y como reconoce Cifrián, quien igualmente cita a la elevada fidelidad de su clientela. “Son clientes de toda la vida a los que hemos tratado de ayudar mediante moratorias y fórmulas de aplazamiento de cuotas, pero a los que en muchos casos hemos hecho trabajos, sobre todo de tramitación de ayudas y subvenciones, que no les hemos facturado”, describe.

Su casuística es compartida por el gerente de Gestisa, que admite que a los clientes de los sectores más expuestos a la crisis les han prestado servicios que no han cobrado. “Más que renegociaciones de contratos o reducciones de cuotas, que algunas sí ha habido, aunque no muchas, lo que nos ha tocado es hacer más por lo mismo”, afirma.

Una vuelta de tuerca a su trabajo diario que los tres despachos han llevado a cabo con la misma plantilla y mayoritariamente de forma presencial, según confirman sus responsables.

“Hemos reutilizado nuestros recursos derivando personal de otras áreas para que apuntalaran el departamento laboral”, explica Moreiras. “Esta sobrecarga de trabajo ha puesto a prueba a todo el personal de la asesoría”, confiesa por su parte Cifrián, mientras que Pariza pone el ojo en las tensiones generadas por la avalancha de tramitaciones que han tenido que soportar durante todos estos meses: “No es lo mismo carga de trabajo que tensiones”, clarifica este economista para tratar de explicar lo que ha ocurrido en Cedenor. Así, afirma que toda la tramitación de los créditos ICO les ha reportado “muchísimo trabajo” no retribuido, mientras que los ERTE, que al principio de la pandemia también generaron enorme labor, han provocado después “mucha tensión” en su seguimiento “por la mala gestión del SEPE derivada en gran medida por la falta de personal”.

En este aspecto, el socio director de HFC Consultores conviene en que el embrollo no ha estado en la complejidad de los asuntos a realizar, sino en el elevadísimo número de solicitudes que tramitar. “El problema viene del volumen”, subraya.

De otro lado, Pariza resalta que su despacho aún mantiene “numerosas discusiones con las administraciones públicas por criterios de interpretación”. Así, asegura “que ningún otro año habían recibido tantas declaraciones paralelas del IRPF de 2020 por, según resalta, “cantidades muy pequeñas y sin tener en cuenta que la campaña de la renta del pasado año se llevó a cabo en unas condiciones heroicas”.

En lo que también coinciden estos tres asesores es en que la pandemia ha acelerado la digitalización de sus despachos y de muchos de sus clientes, aunque conceden que todavía hay algunos, sobre todo los más “tradicionales y de mayor edad”, que “siguen viniendo a traer los papeles a la asesoría”.

Alfonso Pariza, director de Cedenor.

Es lo que le sucede a Gestisa, donde su gerente admite que a gran parte de su clientela, integrada mayoritariamente por pequeñas empresas y comercios, aún le cuesta digitalizarse y prefieren mantener el trato directo son sus asesores.

Cifrián, por su parte, destaca que, aunque el perfil de sus clientes es igualmente el de una pyme, cada vez se comunican más por medios digitales. “Lo agradecen ellos y nosotros”, proclama al tiempo que concede que este proceso les ha permitido reducir las visitas a clientes y de clientes. La digitalización ha venido para quedarse en línea con lo que defiende nuestro país y el resto de Europa”, resume.

Ayudas insuficientes

A la hora de analizar y valorar las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España para ayudar a empresas y autónomos a superar esta crisis, la crítica es prácticamente unánime. En este sentido, el consejero de Cedenor no duda en calificarlas de manifiestamente mejorables: “Han sido insuficientes y cuando han llegado, si es que han llegado, ha sido muy tarde”, recalca para criticar, a renglón seguido, el uso y destino de los créditos ICO. “El Gobierno ha puesto muchísimo dinero en avales ICO pero no ha hecho suficiente seguimiento de estos préstamos que los bancos han utilizado, en muchos ocasiones, para sanear los riegos con sus clientes cuando, obviamente, este no era el objetivo previsto por la normativa”.

“Escasas y extemporáneas”. Así las tilda por su parte Moreiras, quien igualmente considera que “han llegado bastante tarde y, en algunos casos, nunca”. “Si pretendes ayudar, ayuda cuando hay que ayudar porque hay trabajadores que no han cobrado el ERTE”, insiste este gestor experto en Sociedades que se declara a título personal “contrario” a las subvenciones.

De su lado, el socio de HFC Consultores, aunque reconoce que las cosas podrían haberse hecho de una forma más ordenada, prefiere quedarse con la parte positiva. “Gran parte del empresariado ha podido resistir gracias a los préstamos ICO y a la posibilidad de acogerse a los ERTE, dos balones de oxígeno que han permitido a las empresas sobrellevar esta pandemia”. Con todo, Cifrián también comparte que las ayudas directas no han funcionado bien. “Han llegado tarde, mal y nunca y han generado mucha confusión”, apunta para subrayar que la gestión de los dineros públicos “no han sido la que debiera”.

En cuanto a las aprobadas por el Ejecutivo regional o las administraciones locales, los tres resaltan que han mantenido parecido perfil a las estatales, aunque con “menos ceros”.

“Sus recursos son más limitados y han hecho lo que han podido”, opina Cifrián que, en cualquier caso, critica la tremenda burocracia en su gestión, incluida para la propia Sodercan, que a su juicio “no ha contado con el personal suficiente para poder agilizar su tramitación”.

Impacto en la economía

Sobre los efectos económicos de esta pandemia, tanto Pariza como Cifrián y Moreiras convienen en que la crisis ya se ha llevado a empresas por delante, especialmente en aquellos sectores que se han visto más afectados por las restricciones.

José Moreiras, socio y uno de los gerentes de Gestisa.

Así lo estima el primero de ellos, que expresa su preocupación por lo ocurrido con las empresas de ocio nocturno, cerrado a cal y canto, o del sector de la distribución, donde “la capilaridad es tremenda y alrededor del 50% de las plantillas están en ERTE”.

Pero no son los únicos. El consejero de Cedenor considera que el sector industrial también se ha visto muy afectado al igual que lo ha hecho el turismo hotelero, un gremio en el que augura la llegada a España “de grandes grupos empresariales para hacerse con paquetes de hostelería”.

Pese a que se registrarán aún más cierres, sostiene que la caída de negocio no será tan pronunciada porque “se sustituirán unos muertos por otros nacimientos” y el país y esta región “seguirán siendo potencias turísticas”.

Cifrián, por su parte, fía el impacto a lo que ocurra una vez concluya la actual moratoria que pesa sobre el deber de presentar concurso de acreedores, aunque advierte que los problemas que tienen algunas empresas “no se arreglan en tres meses”, lo que le hace prever que aumente la insolvencia empresarial. “Quiero ser optimista, pero el efecto de la ola económica todavía no lo hemos llegado a palpar. Viene con retardo y cuando llegue tendríamos que hacer todo lo posible para que las empresas que eran viables en 2019 lo sigan siendo en 2022. No nos podemos permitir que cierren. Si no, el cementerio de los concurso de acreedores va a ser demasiado grande”, previene.

El gerente de Gestisa, por su lado, confía en que no se cumplan algunas expectativas que apuntan a que entre el 20 y el 25% de las empresas van a caer o verse muy afectadas, un porcentaje que según explica incluso se incrementa hasta el 30% en el caso de Cantabria. “¿Cuál será finalmente el impacto? Dependerá del nivel de aguante de cada uno, aunque está claro que algunos pequeños negocios no volverán a abrir su puertas”, resuelve.

Sobre el empleo

Lo que sí teme Moreiras es que muchas empresas se vean abocadas, para evitar su cierre, a transformar los ERTE en ERE, lo que de producirse dispararía el desempleo.

Así lo valora también Pariza, quien aventura que una vez terminen los ERTE se destruirá entre el 15 y el 20% de ese empleo y que el país cerrará el ejercicio con más de 700.000 parados más. “Lo veo bastante feo de aquí a dos años”, puntualiza sobre la base de que España, a diferencia de otros países de su entorno, necesita crecer mucho para generar empleo. “Es un mal endémico del sistema productivo español”, advierte al tiempo que muestra su preocupación por “un nivel de endeudamiento público como nunca en España, a pesar de todo el dinero que está llegando de Europa”.

Cifrián, por su parte, abunda en esta idea y considera “que la recuperación económica avanzará a mayor ritmo que la del empleo”, que ya partía, además, de unos niveles que no eran nada buenos. “La contratación tardará más en recuperarse y será en buena parte diferente a la que conocemos”, enfatiza para explicar que determinadas habilidades y profesiones van a dejar de ser necesarias. “El ejemplo lo tenemos ya en los bancos y sus ajustes irán trascendiendo a otros sectores”, predice. Por eso, reclama la necesidad de poner el foco en la formación, “que es lo que nos va permitir generar y cubrir el empleo del futuro”.

Ramón Cifrián, socio director de HFC-Grupo Consultores.

En lo que estos tres asesores muestran más reservas es en poner fecha a la salida de esta crisis y la vuelta a los niveles de actividad económica precovid. Aunque con cautela, el socio director de HFC Consultores estima que este hecho no ocurrirá hasta finales de 2022. “Hace falta un año entero de cierta normalidad para hacer una lectura de qué empresas han aguantado”, avisa convencido, no obstante, de que a partir de este otoño “ya pegaremos un salto”.

“Es complicadísimo”, revela Moreiras, quien también calcula que habrá que esperar al menos un año y medio para volver a ser lo que éramos. “Ya no vamos a retroceder, pero la salida será muy suave y poco a poco”, sentencia.

El más cauto es Pariza, quien advierte de que en cualquier caso la recuperación “va ser muchísimo más lenta de lo que algunos nos quieren vender”. “Va a ver mucha asimetría en la salida de la crisis”, subraya sin querer aventurar plazos. “No me atrevo. Y el que lo haga es un temerario o le pagan por decirlo; o las dos cosas”, concluye con cierta socarronería.

Las empresas distribuidoras al canal Horeca ocupan una posición intermedia entre quienes producen alimentos y bebidas y los hoteles, restaurantes y cafeterías que los venden, y su salud económica está estrechamente vinculada con la de sus clientes, los hosteleros. Conocido el impacto que ha tenido la covid-19 entre estos, la situación de las distribuidoras es crítica. En 2020 estas empresas facturaron un 40% menos que en 2019 y, según Adishoreca, la asociación que las agrupa en Cantabria, el porcentaje de distribuidoras que ha tenido que recurrir a algún tipo de ERTE en este último año ronda el 100%.

Francisco Rouco | @FranRoucoMarzo 2021

Para un sector que depende de la hostelería en un 98% –el resto es pequeño comercio–, el confinamiento decretado en marzo del pasado año para luchar contra la pandemia inició una agonía que ha pasado por varias etapas. El primer capítulo transcurrió entre marzo y mayo, cuando estuvieron cerrados los establecimientos hosteleros. Entonces, prácticamente todo el sector de la distribución se paralizó, el 95% según cifra Adishoreca, la Asociación de Empresas Distribuidoras de Bebidas y Alimentación de Cantabria. Adishoreca reúne a 24 empresas asociadas que emplean a 563 personas y facturan 128 millones de euros al año. La situación de parálisis iniciada en marzo se mantuvo dos meses, hasta mayo, cuando comenzó la desescalada. Primero, con la reapertura de los establecimientos para servir comidas a domicilio o recoger. Después, con la apertura de las terrazas al 50% de aforo. Y para terminar, ya en la última semana de mayo, con el cartel de ‘Abierto’ tanto para interiores como en terraza, siempre y cuando se mantuvieran restricciones de aforo del 30% dentro y del 50% fuera. Esta última fase de la desescalada se mantuvo hasta junio, cuando se pasó a la “nueva normalidad” y se permitió la apertura total al 50% de aforo.

El verano dio un pequeño respiro al sector. Sin restricciones, pero con la sensación de peligro por lo vivido en los meses anteriores, el turismo se alejó de las zonas más concurridas y se desvió hacia destinos más tranquilos, como la cornisa cantábrica. En julio, Cantabria registró una ocupación hotelera del 50% y se convirtió, junto con Asturias, en el destino favorito del turismo nacional. En términos interanuales, se redujo la ocupación en un 35%, pero es que las cifras nacionales fueron un 73% más bajas que en el año anterior. En agosto se produjo un efecto palanca y Cantabria superó el 80% de la ocupación hotelera, su mejor dato desde 1999. Según cifras que maneja Adishoreca, el sector de la distribución al canal Horeca –hoteles, restaurantes y cafeterías– llegó a superar, entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto, las cifras de ventas del año anterior. Salvado el verano, y con la segunda ola golpeando en todo el país, volvieron las restricciones. La actividad se limitó a las terrazas y a los pedidos y se impusieron toques de queda. En este escenario estamos ahora.

En los últimos seis meses, el sector calcula que han echado el cierre el 60% de los establecimientos hosteleros en la región. Un descenso de la actividad al que el sector de la distribución al canal Horeca ha intentado adaptarse en la medida de sus posibilidades. “Hemos tenido que mantener bastante estructura para seguir dando servicio, pero con esa misma estructura repartimos una media de cajas de entrega que se ha visto muy reducida”, explica Rafael Pérez, presidente de Adishoreca, que subraya que este pasado mes de enero se facturó el 40% de lo conseguido el año anterior, mientras que la plantilla se mantiene en el 60%. “Estamos siendo bastante menos eficientes y generamos pérdidas mes a mes”.

Una de las tablas de salvación del sector han sido los expedientes de regulación temporal de empleo o ERTE. Prácticamente todas las empresas distribuidoras de alimentación y bebidas al canal Horeca en Cantabria han solicitado algún tipo de ERTE parcial en el último año, apunta Adishoreca. Unos expedientes estarían causados por el cierre del negocio, otros, por la temporalidad que, a juicio de Pérez, se ha impuesto al limitar la actividad de los establecimientos a las terrazas. “Que abran los sitios o no depende de la climatología. Puedes ir a hacer el reparto y encontrarte el sitio cerrado, así que tienes que volver al día siguiente, con lo que duplicas el gasto de distribución. Hay días que te sobran recursos y días que te faltan”.

Entre prórrogas de ERTE y créditos ICO

Rafael Pérez, presidente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Alimentación y Bebidas de Cantabria (Adishoreca).

La posibilidad de acogerse a un ERTE no siempre estuvo sobre la mesa para las empresas distribuidoras. En el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, cuyo foco apuntaba al turismo y la hostelería, el sector de la distribución a Horeca no aparecía. Uno de los criterios para definir qué empresas podían acogerse a las medidas propuestas fue la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), y esta no contempla a las empresas distribuidoras como parte del sector hostelero. “Para muchas administraciones no existíamos. Después de varios meses de incertidumbre por ese vacío legal, hablamos con Trabajo y finalmente conseguimos que aceptara nuestro sector como dentro de la cadena de valor de la hostelería y que nos considerara como afectado directamente por la pandemia”, explica Pérez. Hoy las empresas del ramo saben que sus ERTE estarán prorrogados hasta, por lo menos, mayo.

El otro escudo del sector frente a la crisis ha sido la concesión de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), informalmente créditos ICO. Gracias a ellos, las empresas distribuidoras cuentan con liquidez para poder pagar a proveedores y empleados y hacer frente a los gastos corrientes. “Con los créditos ICO todas las empresas tenemos tesorería, pero eso no quita que estamos generando pérdidas mes a mes y que no cubrimos los gastos. Y los créditos los tenemos que devolver”, explica Pérez, que recuerda que el periodo de carencia para los primeros préstamos era de 12 meses, con lo que muchos se empezarán a devolver en marzo. “Creo que fue una medida implantada cuando el gobierno pensaba que la pandemia iba a ser cosa de seis meses, con un rebote rápido. Ahora estamos viendo que esto es endémico y que va a durar varios años. Tendríamos menos gastos estando cerrados, pero tenemos que seguir con el negocio abierto, porque obviamente tenemos que dar servicio a ese 40% de clientes que todavía están abiertos”.

‘Hoy no se fía’ parece ser la proclama general. “En este momento la decisión unánime del sector es vender al contado. Las deudas atrasadas de los clientes, ya veremos”, explica Pérez. “Si nuestros clientes no han podido seguir con su actividad, lógicamente todas sus facturas corrientes de septiembre, octubre, noviembre, nos han quedado pendientes. Cuando se arreglen las cosas, ya veremos, pero ahora les estamos financiando, no nos queda otra”.

Los bares, restaurantes y cafeterías que tienen terraza se encuentran ante la duda de abrir pese a no ingresar lo suficiente para cubrir gastos. “Las personas somos animales de costumbres y si te sueles parar a desayunar en una cafetería, vas a seguir haciéndolo. Y si tu sitio favorito está cerrado, vas a encontrar un sitio abierto. Hay clientes [establecimientos Horeca] que mantienen horarios de venta muy amplios, aunque no sean rentables”. Abren, sostiene el presidente de Adishoreca, para mantener a sus clientes aunque pierdan dinero. Lo mismo sucede con quienes suministran los alimentos y las bebidas a estos establecimientos.

Ayudas directas del 3% sobre las pérdidas

Más allá de los ERTE y los créditos ICO, el sector se lamenta de la falta de ayudas directas. El real-decreto de finales de septiembre contemplaba medidas para paliar los problemas derivados de las restricciones que iban a llegar en los siguientes meses, pero la inexistencia administrativa del sector comentada más arriba lo dejó fuera de juego. El problema se solucionó a escala nacional en lo que concierne a los ERTE, pero el vacío legal causado por tomar como referencia la CNAE impidió que el sector pudiera solicitar las ayudas directas impulsadas por el gobierno cántabro a través de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan). El llamado ‘Cheque de Urgencia’, una ayuda de entre 800 y 1.500 euros destinada a la hostelería, el turismo, el taxi y otros sectores afectados, dejó fuera a la distribución al canal Horeca; tanto en su primera convocatoria (noviembre-diciembre), dotada con un presupuesto de 12,1 millones de euros, como en la segunda, de 6,1 millones, que finalizó el pasado 1 de febrero. A finales de enero, el vicepresidente autonómico y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), anunció que el gobierno estudiaba lanzar una tercera convocatoria del “Cheque de Urgencia”.

Almacenes de una de las distribuidoras que sirven al canal Horeca en Cantabria.

Mientras tanto, las distribuidoras Horeca solicitan al gobierno ayudas directas. Su principal reclamación es una ayuda por valor del 3% de la pérdida de ingresos de 2020 con respecto a la de 2019. El sector argumenta esta cantidad tomando en consideración sus ingresos antes de impuestos y amortizaciones. “El ebitda de nuestras empresas es de en torno al 6%, y la mitad lo destinamos a la amortización de inversiones que tenemos. En estos meses nos han seguido llegando las letras de las inversiones que hemos hecho en flota, almacenes, cámaras refrigeradoras o aplicaciones informáticas. Para dar una cifra concreta y contrastable, pedimos ese 3%”, explica Rafael Pérez, presidente de la asociación que agrupa a las empresas distribuidoras de alimentos y bebidas a establecimientos hosteleros.

Las distribuidoras también hacen fuerza para una medida dirigida a todo el sector hostelero: la bajada del IVA del 10% al 5%. “Sería muy importante para el sector hostelero y una ayuda para el que factura”, aclara Pérez, al tiempo que recuerda que en Alemania se ha hecho eso mismo. En el caso alemán, el año pasado se bajó el IVA al sector hostelero del 19% al 16% y más adelante al 7%, la categoría de IVA más baja del país germano, donde permanecerá hasta finales de 2022. Las expectativas sobre la bajada del IVA en España son inciertas, pues hay que recordar que el sector hostelero ya opera al IVA reducido del 10%, el que grava los productos farmacéuticos o el agua, por ejemplo, desde que se promulgó la ley de este impuesto, hace 29 años.

“Como sector, toca adaptarnos a lo que hay ahora mismo y lo que vendrá en los próximos 3 o 4 años, que es una caída del mercado de la hostelería entre un 20% y un 30% aún cuando no haya limitaciones. Con más gente en el paro, lógicamente habrá menos renta disponible para irse de vacaciones y consumir en hostelería”, augura Rafael Pérez, presidente de Adishoreca. Sin embargo, hay lugar para la esperanza. “Los empresarios somos realistas, y tenemos que ver el futuro con ilusión. La vida continuará, nos vamos a tener que adaptar, pero esto va a continuar. Volverá a haber hostelería, negocios, reuniones familiares, y tenemos que estar ahí, dando servicio a nuestros clientes para que todo vuelva a funcionar”.