Tres empresarios hosteleros analizan la preocupante situación que vive el sector tras el reciente cierre del interior de los establecimientos que les ha sorprendido cuando empezaban a coger un poco de aire. Critican la improvisación en la adopción de las medidas y agradecen la comprensión de proveedores, caseros y empleados en estos largos meses con la persiana bajada. Se niegan a tirar la toalla, pero reclaman ayudas directas y exenciones fiscales para intentar superar una crisis que, en su opinión, no se soluciona con el aplazamiento de las obligaciones tributarias ni con la convocatoria de subvenciones, las más de las veces de farragosa tramitación o con requisitos de difícil cumplimiento.
Manuel Casino | @mcasino8 | Diciembre 2020
Por sorpresa y sin margen de maniobra. Así ha cogido a la mayoría de los hosteleros el nuevo cierre del interior de sus locales decretado a principios de noviembre por el Gobierno de Cantabria. Pocos se esperaban esta nueva clausura que ha obligado a bajar nuevamente la persiana a todos los bares y restaurantes sin terraza, sepultando de este modo las pocas esperanzas, si es que aún les quedaba alguna, de salvar un año dramático para sus negocios.
“No pensé que tuviera que volver a cerrar. Este cierre ha sido un palo”, concede Gregorio de la Roza, copropietario de La Malinche y Salvaje, dos conocidos establecimientos cercanos a Puertochico que en marzo, antes del estallido de esta pandemia, empleaban a dieciocho trabajadores, y que ahora, con tan solo tres mesas peque- ñas altas en el exterior y dadas las restricciones, han optado por echar el cerrojo.
Tampoco se lo esperaba Rafael Ordóñez, titular de La Casa del Indiano, un espacioso establecimiento hostelero al abrigo del Mercado del Este que da trabajo a otros tantos empleados. “Pensaba que se iban a establecer restricciones en materia de movilidad e incluso el toque de queda nocturno, pero no que nos obligaran a cerrar de nuevo porque está demostrado que el interior de los bares, si se guardan las oportunas medidas sanitarias, no es el responsable del aumento de los contagios”, explica Ordóñez que califica la decisión del Ejecutivo cántabro “de una medida psicológica más que otra cosa”.
Ambos empresarios, de nuevo con todos sus trabajadores en ERTE, critican “la mala gestión” de esta crisis por parte del Gobierno central y también del autonómico, a los que acusan de “improvisación” y de seña- lar “injustamente” al sector de hostelería como el principal foco de contagios. “Nos han colgado ese sambenito, pero nosotros no somos el problema”, aclara De la Roza, que pone en tela de juicio que solo el 20% de los establecimientos hosteleros cumplen todas las medidas implantadas frente al virus, tal y como aseguró recientemente la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, a la vista de los datos de un informe realizado por su departamento en octubre pasado. “¿Dónde está ese informe?”, se pregunta este hostelero que, de ser cierto, espera que se haya sancionado a los infractores.
“Nosotros hemos cumplido en todo momento con las restricciones y recomendaciones aprobadas por las autoridades sanitarias y ni uno solo de nuestros empleados ha estado de baja laboral en todos estos meses”, explica para negar que la hostelería sea el sector más afectado por incapacidad temporal debido al coronavirus en Cantabria, como así también aseguró Sanidad ante las críticas de los hosteleros por el cierre del interior de sus establecimientos.
En similares términos se expresa Gregorio Palomero, dueño del restaurante Asador Lechazo Aranda, que mantiene abierto su negocio y a sus ocho trabajadores de alta gracias a su amplia terraza, con capacidad para cuarenta personas. “¿Quién ha hecho ese estudio? Aquí no ha venido ningún inspector de Sanidad desde el 29 de mayo; los únicos que sí han venido, y en varias ocasiones, han sido los de Trabajo”, afirma Palomero un tanto molesto antes de confirmar que tampoco ninguno de sus emplea- dos ha estado de baja laboral durante este periodo.
Al echar la vista atrás, los tres empresarios coinciden en que la paula-
tina vuelta a la actividad durante los meses estivales les permitió recuperar el pulso de sus negocios. “Ha sido un buen verano”, reconocen los tres, aunque se apresuran a matizarlo.
El verano no son 365 días
Así, el titular de La Malinche y Salvaje admite que han trabajado bien el comedor, gracias en buena medida al doble turno impuesto para facilitar el acceso de clientes y el trabajo de los empleados, pero lamenta que la barra, especialmente dinámica en el primero de sus locales, “ha desaparecido completamente”. De hecho, afirma que de los cinco trabajadores que tenía para atender la barra antes de la pandemia, este servicio ha estado atendido por una única persona en los meses que ha permanecido abierto antes de este cierre de noviembre con el refuerzo de otra más “los cuatro días álgidos del verano”.
Además, sostiene que, a partir del septiembre, el menú del día, su plato fuerte en los días laborables, “ha baja- do mucho”. Una caída en la afluencia de comensales que achaca en parte al teletrabajo. “Aquí venían antes a comer empleados de banca, compañías de seguros y de la Administración que ahora trabajan en su casa y ya no salen a la calle. Y eso se nota”, subraya antes de poner las cifras sobre la mesa: “Si antes del coronavirus dábamos una media diaria de sesenta menús en cada uno de los dos restaurantes, ahora servimos poco más de la mitad”.
Rafael Ordóñez, por su parte, también se suma al calificativo de “buen verano”, aunque, en su caso, asegura que su negocio trabaja más en navidades que en agosto. “Ahora viene mi época de trabajo más intensa”, admite sin saber aún si podrá abrir antes de la época navideña. “Espero poder hacerlo a mediados de diciembre”, subraya pendiente de un nuevo decreto que regule en qué condiciones pueden reabrir los interiores de los restaurantes y que teme, si es que llega, que como ha ocurrido con los anteriores “salga de hoy para mañana”.
“Solo preparar el local, limpiar y arrancar son tres días. Y eso, encima, con la incertidumbre de que te vuelvan a cerrar”, puntualiza con preocupación.
De La Roza también muestra su esperanza en que la positiva evolución de las últimas semanas le permita abrir sus dos establecimientos, aunque sea con restricciones. “Si abrimos el fin de semana de mediados de mes, toda- vía podremos salvar algo la campa- ña navideña. Pero si lo hacemos en torno al día 20, no creo que la gente se eche a la calle. Hará falta tiempo para que los clientes cojan de nuevo confianza”, pronostica.

Gregorio de la Roza en La Malinche, uno de los dos establecimientos de los que es copropietario en Santander. Ambos –el otro es Salvaje– se encuentran cerrados.
Palomero es sin duda el que más optimista se muestra de los tres. “Hemos trabajado muy bien los meses estivales, aunque hay que decir que partíamos de la nada y de que un verano no son los 365 días del año”, apunta. Según reconoce, “nuestro negocio es bastante lineal. Es verdad que en verano, por la mayor afluencia de turistas; y en navidades, por las cenas y compromisos de empresa, el negocio se anima más, pero nosotros tenemos la suerte de trabajar con mucha gente de Cantabria. Nuestro cliente es local”, resume antes de precisar que los suyo ahora mismo es ir “partido a partido. Mira cómo está Burgos o Aranda de Duero –municipio del que procede y en el que los negocios de su familia viven un auténtico desastre–; estamos mal, pero al menos aquí podemos funcionar”, asume.
Un año para olvidar
Tras más de cuatro meses cerrados, De la Roza prefiere no hablar de cifras. A la espera de conocer si podrá o no abrir la última quincena del año, asegura que desde marzo lo único que han hecho es tratar de ponerse al día con proveedores y pagar recibos y facturas. “Desde que abrimos en junio, ni mi socio ni yo hemos cobra- do un euro para poder afrontar las necesidades de pagos que puedan venir si esta pandemia se prolonga”, alega.
En este tiempo, agradece la ayuda y la comprensión de proveedores y caseros, que le han reducido a la mitad el coste del alquiler de los dos locales mientras permanezcan cerrados. Gracias a eso, y a los tres préstamos ICO que pidió en primavera, De lo Roza asegura que ha podido hacer frente a los gastos fijos que se amontonan todos los meses y que, durante el primer confinamiento, estima que fueron de unos 5.000 euros mensuales.
Ordóñez, por su lado, calcula en un 50% la caída de facturación con la que cerrará su establecimiento este año en relación a 2019. “Hemos estado mucho tiempo cerrados y, además, hemos perdido Semana Santa y todos los puentes”, lamenta.
“Somos, por nuestra ubicación – en el interior del Mercado del Este– y dimensiones –más de 400 metros cuadrados– un negocio muy enfoca- do al turismo. Por eso, quizá nos hemos resentido más que otros”, explica antes de dar las gracias a sus proveedores y empleados por aplazar el pago de las facturas de mercancías y de nóminas. “Ha sido fundamental, como también lo ha sido el buen verano y las ayudas de las entidades financieras”, admite agradecido.
Al igual que al resto de hosteleros, el cierre no le exime del pago de numerosos gastos fijos, que cuantifica en más de 10.000 euros al mes. A este montante, añade además las pérdidas por la caducidad de los alimentos y productos que ya había adquirido y que ha tenido que tirar, un quebranto económico que estima en unos 12.000 euros en la primera ocasión y aproximadamente la mitad en este segundo cierre. Pese a todo, también cree que hay que seguir. “Calculo que tendré los beneficios de los próximos diez años hipotecados. De momento, mis recursos se destinan solo a pagar facturas, créditos ICO y aplazamientos de obligaciones tributarias. Cuan- do quiera levantar la cabeza, dentro de cinco o seis años, seguro que tendré que invertir en maquinaria”, aventura contrariado ante esta situación en la que, según sostiene, existe un riesgo altísimo de endeudarte con unas perspectivas demasiado inciertas.

Rafael Ordóñez y la Casa del Indiano, establecimiento que regenta, obligada a cerrar por las restricciones sanitarias.
“Es fácil asumir riesgos cuando el futuro es previsible, pero ahora mismo la inseguridad es brutal” enfatiza.
El propietario del Asador Lechazo Aranda no se separa tampoco de este discurso y anuncia que cerrará el año con beneficio cero. “Sobre las pérdidas, mejor no pensarlo”, advierte no sin reconocer su suerte por tener ya amortizada la inversión inicial “tan importante” que hicieron en 1992 para poner en marcha su negocio.
Medidas insuficientes
Sobre las medidas adoptadas por las diferentes administraciones públicas para tratar de compensar las pérdidas provocadas por la covid, De la Roza es el primero en apuntar su descontento. “Los ERTE, las ayudas por cese de actividad, el ‘cheque resistencia’ del Ejecutivo regional, las ayudas al alquiler del local aprobadas por el Ayuntamiento de Santander…. Todo esto está muy bien, pero son totalmente insuficientes”, confiesa antes de lanzar su petición: “No se trata de diferir el pago de los impuestos, sino de exonerarnos de su pago, al menos durante el tiempo que hemos estado cerrados”.
En este sentido, recuerda los pagos adicionales que los hosteleros han tenido que satisfacer durante los últimas semanas, como son la paga extraordinaria a los trabajadores que, según el vigente convenio de Hostelería, se debe abonar en octubre y no se puede prorratear; la liquidación trimestral de las obligaciones tributarias correspondientes al tercer trimestre del año y las del primer trimestre, que deberían haber satisfecho en abril, pero que casi todos aplazaron hasta el 20 de noviembre con sus negocios ya cerrados desde hacía días y sin poder generar recursos.
“Asfixiarnos a impuestos no es la solución. No se trata de que sea el proveedor o el casero el que nos ayude. Esa labor le corresponde a la Administración pública, que es la que nos obliga a cerrar. Y necesitamos ayudas ya, no posponer los pagos”, recalca convencido de que, de lo contrario, “muchos ICO se quedarán sin pagar. O no nos quedará otra que pedir nuevos créditos para pagarles a ellos”. Por eso, aboga por el modelo alemán donde, según detalla, la Administración concede al empresario una ayuda directa en consonancia a los números presenta- dos en el cierre trimestral del pasado año. Además, defiende una simplificación de los trámites en la solicitud de las ayudas, que califica de “ingentes” e “imposibles” de gestionar sin el apoyo de una asesoría laboral. “Parte de los documentos que nos solicitan ya los tienen, pero aún así nos los siguen reclamando”, se queja.
Para el propietario de La Casa del Indiano el problema no radica solo en la excesiva complejidad en la tramitación de las ayudas –“en algunos casos me cuesta más la asesoría que la ayuda”, sostiene–, sino en las propias bases de algunas convocatorias. Así, censura la nueva ayuda económica directa de hasta 1.500 euros aprobada recientemente por el Gobierno de Cantabria que, según precisa, requiere al solicitante estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. “¿Quién no mantiene ahora mismo deudas con alguno de estos organismos públicos?”, se pregunta Ordóñez anticipando que “muy pocos” van a poder cumplir este requisito. “En situaciones normales, me parece razonable su exigencia; pero en situaciones especiales como es la actual hacen falta también medidas especiales que ayuden a salvar a muchas empresas familiares”, reitera.
Entre sus peticiones, figura la concesión de ayudas a fondo perdido en función del número de empleados. “Si de verdad se quiere defender el empleo, que se aprueben exenciones fiscales para todos los negocios que declaren pérdidas. De no ser así, habrá un cierre masivo de locales”, vaticina.
Ordóñez, además, extiende esta exoneración impositiva a todas las administraciones públicas, incluida la municipal. “Si demuestras pérdidas, ¿por qué no nos eximen también del pago del IBI o del IAE?”, se cuestiona. “Yendo bien los negocios, la carga impositiva ya es difícil de soportar; Yendo mal, directamente te incapacita”, reflexiona antes de resaltar que “yo no pago impuestos porque no quiero; es porque no me dejan trabajar”.
De otro lado, este empresario, que sigue acudiendo a su negocio entre dos y tres horas al día para atender a proveedores y negociar deudas y pagarés, apunta que si sigue adelante es para poder comer y pagar cuentas pendientes. “Una apuesta inteligente sería cerrar ahora e intentar volver dentro de dos años. Pero por encima está mi responsabilidad moral y personal con mis proveedores y trabajadores”, señala para destacar el esfuerzo que muchos empresarios como él hacen para mantener en pie sus negocios, a diferencia de los políticos que, en su opinión, “viven escondidos”.
“Cobran puntualmente todos los meses, pero no son responsables de la mala gestión del dinero de todos. Si respondieran de su deficiente administración, como sí hacemos quienes somos administra- dores de sociedades, otro gallo nos cantaría”, enfatiza.
En esta misma línea, Palomero reivindica igualmente la necesidad de ayudas directas, aunque reconoce que la casuística dentro del sector es muy dispar, y aplaude la exención municipal del pago de la tasa de terrazas o la iniciativa Vale+ puesta en marcha por el Consistorio santanderino para incentivar el consumo en comercios y bares y restaurantes, así como el llamado ‘cheque de urgencia’ de hasta 1.500€ aprobado por el Gobierno regional.
“Todo es bueno para el convento”, admite antes de subrayar que ahora “vivimos al día” y de anticipar que no espera cambios en las restricciones de aquí a navidades. “Nos han puesto una vela en la oscuridad con el anuncio de las vacunas pero, por desgracia, aún no veo la luz al final del túnel”, asegura no sin antes solicitar el cierre de calles al tráfico durante algunos fines de semana para que todos los establecimientos pudieran sacar sus mesas al exterior. “¿Podría ser una solución?”, deja caer sin demasiadas esperanzas.