Regular la entrega y la destrucción segura de los vehículos que ya no pueden circular. Ese es el objetivo prioritario de la nueva ley de recambios, en vigor desde hace más de un año. Una labor exclusiva de los CAT, los desguaces de toda la vida, que los convierte en los únicos autorizados para extraer, preparar y vender piezas de segunda mano.  Un marco idóneo, sin duda, para luchar contra la venta de recambios entre particulares y evitar la competencia ilegal. Al menos, sobre el papel.

Un reportaje de Laura Velasco

Es difícil poner límites a la mayor plataforma de venta del mundo: internet. Aún así, la ley 20/2017 sobre la gestión de los vehículos al final de su vida útil nace con voluntad de oficializar el mercado de piezas de recambio de segunda mano. Con la entrada en vigor en enero de 2017 de esta nueva norma se prohíbe la compra y la venta de piezas y recambios usados entre particulares y/o talleres; es decir, el real decreto establece que la extracción de piezas y componentes para su preparación para la reutilización y comercialización sólo se puede llevar a cabo en un CAT o centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (art.7.3). Paralelamente, el texto refiere explícitamente que previamente los vehículos han debido causar baja definitivamente en el registro de vehículos de la DGT y haber sido descontaminados.

La ley aborda otros aspectos relacionados con obligaciones de responsabilidad para los fabricantes, y otros agentes económicos, además de ahondar en definiciones y aspectos recogidos en leyes anteriores. Pero el meollo, el objeto para que el se ha sido promulgado, se concentra en los artículos 7.3 (anteriormente citado) y en el 9.1, relativo a obligaciones en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor. En concreto, cuando señala que los productores de vehículos garantizarán y, en su caso, financiarán la adecuada recogida y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. Por todo lo anterior, los CAT presentarán una memoria anual relativa a todos los residuos que gestionen, incluyendo los neumáticos derivados de la preparación para la reutilización que hayan entregado directamente a gestores autorizados, así como los neumáticos preparados para la reutilización entregados a los profesionales.

Acabar con la venta de recambios entre particulares

Con esta nueva ley, lo que se persigue en primer lugar es acabar con la venta entre particulares, desde el momento en que todo recambio que no proceda de un CAT será ilegal, y en segundo lugar se persigue el cumplimiento de unos mínimos requisitos en materia de medioambiente y seguridad. Todo ello, a priori, en beneficio de los desguaces o centros autorizados, que se convierten en los grandes protagonistas, y de los propios conductores, a quienes se les ofrece unas garantías que las transacciones entre particulares no hacían. “De esta forma somos los CAT los encargados de realizar dicha labor –valora Estrella Becerril, de Desaguaces Becerril– centros especializados en descontaminación y que cumplimos con toda la normativa vigente al respecto, con las inversiones y esfuerzos en procedimientos que ello conlleva”.

Un año después de su entrada en vigor preguntamos al sector, ¿se ha notado en algo? ¿Se está llevando a la práctica? ¿Servirá para frenar el comercio entre particulares? ¿Son los CAT los encargados de vigilar que se cumpla la normativa?

La ley en Cantabria

Juan José Pellón García, secretario general de Revecan.

Por lo general, el texto ha sido bien acogido por el sector, especialmente el artículo que limita a los CAT la potestad de extraer piezas y componentes de vehículos dados de baja y descontaminados. De hecho, se trata de una vieja aspiración de estos centros y de la asociación que en Cantabria representa a buena parte de ellos, Revecan, integrada a su vez en la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil (AEDRA). “El sector ha recibido esta normativa con mucha satisfacción y esperanza en su aplicación por parte de las autoridades, muy especialmente la exigencia del artículo 7”, asegura Juan José Pellón García, secretario general de Revecan. “También la exigencia de recuperación anual se considera positiva, pues impedirá la existencia de centros con autorización como CAT que realmente no recuperan”.

En Desguaces Navajeda coinciden en lo oportuno de la ley en cuanto que está enfocada al negocio de los CAT y evita el pirateo de las piezas. Para Ricardo Castañeda Sánchez, responsable de Medio Ambiente, “teóricamente nos benéficia, la finalidad es buena: evitar que un “piratilla” o un chavalito, que se dedica a hacer chanchullos te diga: no que está todo bien y luego sea mentira… pero controlarlo todo es muy difícil. A nivel particular se vende todo lo usado; Wallapop está plagado”.

Dos años y dos meses después de entrar en vigor, el Real Decreto 20/2017 no es tan conocido como debiera. Incluso hay quienes siguen acudiendo a tráfico a tramitar las bajas de sus vehículos, a pesar de que son los CAT quienes lo gestionan desde 2004. A la nueva ley le falta, por tanto, recorrido. “Yo tengo impreso aquí en papel la orden ministerial que salió en el BOE y se la tengo que enseñar a mucha gente, porque no me creen –señala Castañeda– se piensan que es un negocio para nosotros”. Desde Revecan desconocen si las autoridades han llevado a cabo algún tipo de seguimiento sobre el cumplimiento de la norma a lo lago de estos 14 meses.

Y aunque la ley no es todo lo conocida que debiera ser, el sector sí cuenta con regulación suficiente. “Estamos súper vigilados, pero a nivel de piratillas de páginas web creo que no”, recuerdan desde Autos Navajeda. Para Estrella Becerril “de ninguna forma es suficiente con lo exigido solo a los CAT, habría que controlar el mercado ilegal”. “Se quiere actuar contra quienes anuncian la venta de piezas –apunta Pellón– especialmente por internet, donde es fácil hacerlo”.

Realmente es sencillo. En una primera búsqueda en Wallapop por ‘recambios coches’ aparecen centenares de anuncios. Desde coches deportivos por 91.000 euros, hasta un velocímetro de un Fiat 1300 por 249 euros, o una puerta de una furgoneta Mercedes-Benz a un precio de 120 euros. Se ofrece incluso un Seat 127 completo para recambios por 700 euros, dado de baja y sin documentación. La lista es interminable: una rueda de repuesto y un parabrisas de un Toyota verso por 50 euros o discos de freno TRW a 35 euros. “La gente va al precio, pero no ve el peligro” lamenta Ricardo Castañeda, que recuerda que con la nueva ley de recambios los CAT son los únicos que pueden vender estas piezas usadas.

Frente a la impunidad de internet, la Consejería de Medio Ambiente del gobierno de Cantabria realiza inspecciones periódicas en las instalaciones de los CAT, a los que además exige una serie de datos mensuales y anuales que deben remitirse tanto a la propia consejería como las Jefaturas de Tráfico.  ”Difícilmente puede permanecer en el anonimato ningún aspecto de nuestra actividad”, apuntan desde Revecan. Más tajante incluso es Castañeda “No trabajamos con dinero negro… yo facturo todo”.

Marcar las piezas 

Una pieza usada perfectamente identificada y lista para su venta.

Mayor transparencia, seguridad y garantía en las piezas que se adquieren a través de los CAT. Es otro de los propósitos del Real Decreto 20/2107. Pero ¿están todos los desguaces dispuestos a marcarlos? Los centros autorizados consultados para este reportaje sí marcan todas sus piezas, de hecho, es una forma de evitar la competencia ilegal. Sin embargo, desde Revecan reconocen que, aunque actualmente no sea práctica generalizada, tampoco existe una oposición por parte de los CAT a su implantación; de hecho, el criterio de la asociación de CAT mayoritaria en España, que es AEDRA y a la que Revecan pertenece, es favorable al marcaje. Esta, se realizaría, por ejemplo, mediante pegatinas, “siendo tema distinto el que en ocasiones se ha planteado de la ‘trazabilidad o rastreabilidad’ de la pieza, al entender que supondría trasladar al CAT la responsabilidad del fabricante hasta el final de su vida útil”.

Y es que, según la ley, el centro autorizado o CAT tiene que recepcionar el coche completo y rellenar un certificado de instrucción para la Consejería de Medio Ambiente en que se especifique cómo entra el vehículo. Pero no todo es tan fácil, explica Ricardo: “La ley es muy bonita: entero, despiezado o siniestrado. Pero no todo es sota, caballo o rey; hay muchas veces que se quedan con piezas para un familiar, o le falta un piloto que se ha caído en un accidente… son cosas muy ambiguas”. De hecho, ya han tratado este asunto con la consejería para que sea otros, policía o Seprona, los que denuncien: “Nosotros no somos policía de nadie, ni tenemos por qué denunciar”, insiste.

Control a medias

La ley exige de un lado: sólo los CAT pueden despiezar y vender componentes usados. Pero cojea de otro: los desguaces no están obligados a marcar dichas piezas de segunda mano, aunque la mayoría lo hagan o estén dispuestos a hacerlo. Ante esta falta de criterio es fácil caer en el mercado entre particulares para ahorrarse un dinero y pasar la ITV.

En el sector creen que durante las inspecciones de vehículos no son todo lo serios que debieran con la nueva ley. “Yo creo que no, entre comillas, si funcionase bien todo esto cambiaba”, apunta Ricardo. Desde Desguaces Becerril, Estrella no cree que sea fácil realizar comprobaciones en ese aspecto. “La ITV, según lo que conozco, comprueba que las piezas están”.

Ricardo Castañeda, responsable de Medio Ambiente de Desguaces Navajeda.

Para Revecan no hay duda de que el marcaje de las piezas contribuiría en gran medida a luchar contra el mercado ilegal. “Y aunque sospechamos que ese mercado ilegal o negro existe no tenemos datos fidedignos que nos permita ser más explícitos”, apunta Pellón, quien deja en manos de las autoridades, especialmente Medio Ambiente o Seprona, su detección y sanción, especialmente ahora que se cuenta con el arma legal que supone la entrada en vigor del citado artículo 7.3.

Tampoco soluciona el nuevo decreto el problema que existe en torno a las bajas temporales de vehículos que, según Revecan, se mantienen indefinidamente y a las que debería señalarse un límite temporal. También los vehículos declarados siniestro total, los abandonados con precinto, y algún otro supuesto de importancia menor. “Hay muchísimos coches tirados por los pueblos o puertos de montaña, en pajares… legalmente están bien –apunta Castañeda– el coche no puede circular, pero está generando unos residuos, tendrá una fuga de aceite, de anticongelante…” En cualquier caso, más allá de una suficiente o deficiente regulación, que no es el caso, para Pellón la problemática reside en la distinta interpretación que de la regulación se hace por cada comunidad autónoma, siendo ésta más o menos flexible.

Beneficios medioambientales 

La nueva ley nace hace más de un año con un objetivo ecológico. Como se ha explicado, los conductores que quieran deshacerse de su coche deberán entregarlo en un centro autorizado o CAT, donde recibirán un justificante de destrucción que libera al titular de cualquier responsabilidad y obliga al desguace a darlo de baja en los archivos de la DGT y destruirlo en un plazo de 30 días. “De cara a medioambiente se gana –reconoce Ricardo Castañeda– porque tienes toda la gestión controlada”. De hecho, asegura que cada vez les exigen más: “Se quiere llegar a generar un residuo de solo un 5% del peso del coche”.

A diferencia de lo que ocurre en países como Francia, en el nuestro la entrega del vehículo es gratuita siempre y cuando no se haya realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o componentes. “En Europa el cliente paga por dejar el coche en el desguace, cosa que aquí no sucede”, recuerda Castañeda. “Hasta cierto punto es normal que el usuario pague, porque está dejando un residuo que hay que descontaminar, y sin embargo la gente piensa que estamos a sacarles el dinero porque luego vienen a comprar las piezas”.

Recepcionado el vehículo todas las piezas y componentes son separados por los CAT para ser usados como piezas de segunda mano de acuerdo con la normativa de seguridad industrial, lo que añade más garantía para el cliente. Y esté o no marcada la pieza, al ser suministrada por un centro autorizado, gozará de la garantía de un año o seis meses que la normativa confiere a los productos de segunda mano.

Desde AEDRA son conscientes de los beneficios de la identificación de las piezas en la lucha contra la competencia ilegal. En la actualidad trabaja con asociaciones de talleres y los CAT en un proyecto para proponer a los desguaces la identificación voluntaria de recambios de segunda mano. Una medida que servirá para seguir avanzando en la lucha contra los recambios pirata pero que no erradicará el problema. Al menos mientras los conductores no comprendamos el peligro que corremos al circular con piezas que no han pasado los controles de seguridad.