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Binarybox explora la realidad virtual

Aunque nació como desarrolladora de videojuegos, la empresa cántabra ha evolucionado especializándose en el desarrollo de software de realidad virtual, un campo en el que las condiciones provocadas por el estado de alarma sanitaria y el posterior confinamiento han servido como estímulo para la creación de nuevas soluciones. Durante los meses más duros de la pandemia, la empresa puso en marcha su Museo Virtual de Arte, una iniciativa con la que buscaba ofrecer una alternativa de ocio cultural sin salir de casa, y desarrolla actualmente una aplicación que permite crear espacios virtuales para el teletrabajo, como una alternativa a las videoconferencias. La última idea, aun pendiente de concreción, se centra en el mundo del espectáculo y tiene una fuerte vocación internacional

Sara Sánchez Portilla | Mayo 2021

Los datos de la industria del videojuego, respaldados por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), apuntan a que el sector en España ha consolidado su posición dentro de la oferta de ocio haciéndose un hueco entre los diez principales países del mundo con mayor facturación. Tan solo en el año 2019 esta industria alcanzó la cifra de 1.479.000.000 euros en ventas, divididos por una parte en el mercado online, cuya progresión obtuvo la cifra histórica de 725.000.000 millones de euros y, por otra parte, al mercado físico –la comercialización tradicional en tiendas– que continuó aportando la mayor parte de la facturación al sumar un total de 754.000.000 euros. Cabe destacar que durante ese mismo año se vendieron un total de 8,4 millones de videojuegos de los cuales 1,1 millones fueron exclusivos para su uso en consolas de sobremesa situándolas nuevamente como el dispositivo más utilizado por los jugadores españoles. No obstante, no puede pasarse por alto el notorio crecimiento de las ventas de aplicaciones del sector dirigidos a dispositivos móviles y tabletas que supusieron un incremento del 24%, determinando que el mercado digital augura un buen futuro, ya sea en una u otra plataforma.

Los datos, los últimos de los que dispone la AEVI, no recogen todavía el efecto que la crisis sanitaria haya podido tener en el mercado de videojuegos pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros sectores, aquí no se espera un impacto negativo. Aunque la pandemia haya supuesto para según qué empresas una situación desfavorable e incluso haya provocado forzosamente su cierre temporal o definitivo, para otras muchas el confinamiento ha servido como impulso para poner en marcha nuevas ideas de negocio y como repunte en la demanda de determinados productos o servicios, y ese parece ser el caso de los videojuegos.

En la foto, la zona de pruebas habilitada en las instalaciones de Binarybox, en Santander.

Concretamente en Cantabria, y si atendemos a la experiencia de Binarybox Studios, empresa pionera y la principal referencia del sector en la región, la industria de los videojuegos no se ha visto afectada “negativamente” sino que, por el contrario, ha percibido un “notable” incremento en el consumo de estos productos desde que tuvo comienzo la pandemia. Esa es, cuanto menos, la percepción de Francisco Calatayud, fundador y director de la empresa, que en su balance se refiere al desarrollo de proyectos, tanto a aquellos que ya estaban en marcha antes del confinamiento como a otros que han podido verse favorecidos por la nueva situación. Por una parte, señala, la inercia ha permitido que las iniciativas en las que se estaba trabajando siguieran su curso con normalidad, aunque las incertidumbres provocadas por la pandemia hace difícil prever lo que puede suceder en el futuro: “Tal vez en algún momento pueda reducirse el ritmo de desarrollo, todo está por ver, pero en líneas generales la totalidad de las producciones abiertas han continuado su desarrollo. Sin embargo, el sector más independiente puede haberse visto afectado en cuanto a nuevas producciones y que estas, debido a la situación, no hayan podido ponerse en marcha”. A ello hay que sumar, señala, la dificultad que tiene hacer cualquier cálculo en un sector en el que los proyectos ocupan a las empresas durante largos periodos de tiempo: “En nuestro caso una producción supone de dos a tres años, con lo que probablemente los efectos de este primer año de covid-19 no les podamos sentir hasta dentro de unos 18 o 24 meses, que es cuando se supone que tiene que salir una nueva tanda de proyectos. Llegados a ese punto puede ser que apreciemos un descenso de estos”.

A falta de esa medición en detalle de los efectos de la pandemia sobre ese área concreta de actividad, lo que sí ha logrado consolidar Binarybox en tiempos de pandemia ha sido el MUVA, el Museo Virtual de Arte que combina la realidad virtual con la experiencia física de visitar un museo permitiendo a los usuarios la inmersión en el arte desde sus hogares. Actualmente cuenta con un total de tres exposiciones que pone a disposición de sus visitantes, dedicadas a Rembrandt, las grandes civilizaciones del mundo antiguo o la representación del agua en alguno de los principales pintores impresionistas. Esta idea, explica Calatayud, surgió de forma “altruista”  durante el estado de alarma, con el objetivo de desarrollar una herramienta que permitiese paliar las condiciones del confinamiento, poniéndola a disposición de todo aquel que quisiera descargarla. “Era un proyecto comentado en producción, uno de esos que nunca encuentras el momento adecuado para comenzar a desarrollarlo. Al comienzo del confinamiento vimos cómo la sociedad civil y las empresas se estaban volcando en ayudar y apoyar por la pandemia. En nuestro caso, como no podíamos hacer mucho en materia sanitaria, decidimos desarrollar una experiencia que permitiera a las personas olvidarse por un momento de la situación que estábamos viviendo, realizando una visita virtual al museo”.

Además, recalca que la experiencia tenía que sorprender, salirse de la cotidianidad de las fotografías o las imágenes de 360 grados, tenía que ser posible en un “entorno interactivo” para que la experiencia fuera lo más cercana posible a la realidad. Aunque al final haya resultado una buena herramienta de marketing, Francisco Calatayud insiste en que lo que buscaban con ella era que el público disfrutara tanto de la experiencia como del arte.

‘Beagle Virtual Workplace’

El trabajo en uno de los proyectos que desarrolla actualmente la empresa.

Aunque el museo virtual es una aplicación gratuita, la tecnología que lo hace posible también ha servido de base a otros desarrollos que no lo son, como es el caso de Beagle Virtual Workplace, un espacio de realidad virtual disponible también para ordenadores en el que la gente puede reunirse y establecer las relaciones que generaría en su ámbito laboral. “Ahora que el teletrabajo viene para quedarse o que podemos adoptar un modelo más híbrido, hemos desarrollado un espacio virtual en el que la gente se puede conectar, se puede juntar a través de avatares presenciales y se puede reunir, tomar apuntes, ver presentaciones, ver modelos 3D… en definitiva llevar a cabo todas las tareas que se pueden plantear en una oficina a la hora de presentar una idea o un proyecto de una forma más presencial”, explica el director de Binarybox Studios, que destaca que este modelo puede resultar una alternativa, “útil” y “liviana”, a las videollamadas: “Es imprescindible darle la atención que se merece al estado anímico de los empleados, por lo que cualquier creación que suponga un alivio promete ser una buena creación, o al menos necesaria”.

La idea surgió al ver el cómo la tecnología en el ámbito laboral tenía una repercusión positiva y la demanda era latente. “Habíamos estado trabajando con empresas en Cantabria dedicadas a la visualización de modelos industriales, teníamos un trabajo con Valdecilla de un visor de órganos 3D y cuando llegó la pandemia vemos que lo primero que necesitábamos era desarrollar una herramienta con la que poder estar juntos aun estando separados”, explica. A lo que comenzó siendo una herramienta de uso interno se le añadieron una serie de cambios y mejoras destinadas a que otros profesionales pudieran darle utilidad. “A nosotros nos ha dado la vida ya que tenemos a muchas personas teletrabajando desde otras comunidades autónomas. Nos juntábamos todos los días y cuando quisimos darnos cuenta estábamos en una oficina de realidad virtual, tomando nuestros apuntes como si estuviéramos en una de verdad”. ¿Y en qué se diferencia la realidad virtual de otras plataformas más recurrentes durante la pandemia como Skype, Zoom y sucedáneos? Para Calatayud la ventaja clave es que la conversación es “más fluida” en comparación a otras aplicaciones utilizadas para el ámbito profesional, mientras que en el ámbito de la educación la diferencia está en que las aulas pueden dar lugar a constantes y recurrentes distracciones. “Una vez que tienes conectado el equipo de realidad virtual no puedes ni estar al móvil ni a cuchichear con tu compañero de al lado”, señala Calatayud, que indica que la finalidad de la herramienta desarrollada es la creación de un espacio para socializar solventando las restricciones propias del trabajo a distancia. Las primeras pruebas piloto han comenzado a realizarse con clientes de confianza, quienes pueden disfrutar de la experiencia a través de unas licencias del producto habilitadas por Binarybox que servirán como prueba y para valorar el feedback.

El acceso a ‘Beagle Virtual Workplace’ será a través de un modelo de suscripción, cuyo pago será por uso, a través de licencias que, asegura el director de Binary Box, serán “accesibles” permitiendo a las empresas  extender toda su infraestructura tanto de software como de hardware. “Entendemos que muchas empresas todavía no han dado el salto para incorporar equipos de realidad virtual dentro de su workflow habitual y actualmente hay equipos de realidad virtual ahora que por un precio aproximado de 300€ te dan unas prestaciones que hace años eran soñadas”, indica.

Futuro

Francisco Calatayud, director de Binarybox Studios

¿Cambiará la realidad virtual los paradigmas de la comunicación, la cultura y todo lo que antes estaba en el día a día de la sociedad? Para Calatayud el mundo de la cultura va a experimentar de aquí a 24 meses una “transformación bastante profunda” en relación con la tecnología, en una ola de cambios a la que Binary Box Studios espera incorporarse de forma decisiva con un proyecto del que Francisco Calatayud prefiere no dar muchos detalles: “El proyecto que vamos a presentar dentro de poco va a tener relación con el ámbito cultural. La web, que está a punto de ser lanzada, empezó siendo un producto de desarrollo experimental, pero en diciembre del año pasado ya vimos que no iba a ser como esperábamos y, junto a otros dos socios, decidimos crear una empresa nueva única y exclusivamente para este producto”. La nueva empresa, Singulive SL, ha recibido ofertas de colaboración de los ámbitos más diversos, asegura el director de Binary Box: “Desde medios de comunicación a profesionales del mundo del espectáculo, todo el que lo conoce quiere entrar y en EE. UU. está recibiendo una acogida bastante fuerte”.

La nueva empresa y el nuevo proyecto marcarán en gran parte la estrategia y los planes para el ejercicio en curso, que el responsable de Binarybox Studios espera que sea un año de sorpresas y crecimiento: “La vida nos ha ido llevando a donde estamos ahora, por lo que hay que adaptarse a la situación, mantener la filosofía y seguir avanzando”.

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Imprescindibles librerías

Pese a que el cierre de Estvdio puede hacer pensar otra cosa, el número de lectores no ha dejado de crecer y, aunque cada vez se compra más por Internet, también han aumentado las ventas y la valoración de la tienda tradicional como un eslabón fundamental dentro del ocio cultural. En Cantabria operan unas 25 librerías, a las que viene ahora a sumarse la Casa del Libro, vinculada al grupo Planeta. Unas y otras están convencidas del futuro del modelo tradicional de negocio, defienden la aportación de sus establecimientos como proveedores de cultura y coinciden en considerar que el confinamiento dio un impulso a la lectura y, pese a que favoreciera también la venta ‘online’, generó una sentimiento de pérdida que llevó a que las librerías volvieran a llenarse rápidamente tras su reapertura.

Cristina Bartolomé |  @criskyra | Junio 2021

Hay futuro para las librerías. La pandemia resucitó el libro como un puerto seguro donde refugiarse de tormentas varias y en Cantabria el porcentaje de lectores pasó del 60% en 2019 al 61,9% en 2020. Además, también se compraron más libros en nuestro país y un 51,7% de los españoles adquirieron al menos un ejemplar en 2020, un 1,3% más que en 2019. Por otra parte, aunque el formato electrónico y la venta ‘online’ tuvieron durante el confinamiento su protagonismo, el papel no ha desaparecido y las librerías siguen siendo el lugar preferido para comprar libros. Una vez superadas las restricciones, la reapertura de estos templos de la cultura atrajo como un imán a los lectores que han vuelto a los orígenes. Nada se compara al placer de pasar las páginas o releer una frase. Aun así el sector conoce sus amenazas, la venta de libros por internet a través de algunas de sus conocidas plataformas es la más importante. Pero también lo pueden ser el libro electrónico, los audiolibros, las autoediciones y la caída de la venta institucional.

Un cliente, entre las estanterías de La Casa del Libro, la última librería en abrir en Santander.

En ese balance entre las amenazas y lo que indican los índices de lectura y venta, el cierre de Estvdio se situaría entre los argumentos que alientan las visiones más pesimistas, lo que a su vez se vio matizado por la rápida apertura de La Casa del Libro, precisamente ocupando uno de los espacios que ocupó hasta hace unos meses la histórica librería, que ha significado una importante novedad para un sector que, según los profesionales, no va a desaparecer.

En Cantabria hay cerca de 25 librerías. La mayoría de ellas, 16, forman parte de Libreros Asociados de Cantabria, LAC, la agrupación que preside Luis Lisaso, propietario de Librería Lisaso, en Renedo. El representante de esta asociación empresarial resume el año-pandemia como un periodo que “no ha sido catastrófico” para las librerías, y asegura que “más o menos” han podido mantener el nivel de ventas anterior a la crisis sanitaria, e incluso admite que habría espacio para hasta 30 o 35 librerías si el sector tuviera ayudas. Apoya su optimismo en que la sociedad cántabra es especialmente aficionada a leer: “Santander es una de las ciudades más lectoras”, afirma. Otra de las razones por las que la pandemia ha tenido un efecto menor en el sector, apunta Lisaso, es la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos “Vamos evolucionando, tenemos opciones y algunas ventajas. Creo que hay futuro, aunque tenemos que trabajar, eso sí”. 

Amenazas y oportunidades

Las librerías sufren, en parte, las mismas amenazas que el producto que venden, esto es, los libros tradicionales. Entre ellas, la competencia del libro electrónico. Sin embargo, según Lisaso, ese es un ‘boom’ que ya ha pasado. La proliferación de las pantallas en el confinamiento y durante la situación sanitaria generada por la covid podía parecer de no retorno –el porcentaje de lectores de libros en formato digital aumentó 1,2% con respecto a 2019– pero el presidente de los libreros quita importancia a ese dato: “Nuestros clientes lo siguen siendo y además hay gente que se está enganchando a leer. Lo que tratamos de hacer las librerías es fomentar la lectura con presentaciones, presencia de autores y muchas iniciativas”.

Curiosamente, el principal efecto que ha tenido el libro electrónico sobre las librerías no ha llegado por restarles ventas en la tienda, sino por su competencia a la hora de surtir a las bibliotecas públicas. Las librerías vienen nutriendo de ejemplares en papel a las bibliotecas, pero cada vez son más las peticiones y préstamos en versiones digitales o electrónicas. Según Luis Lisaso, les resulta muy difícil competir ahí ya que, por ejemplo, en los concursos para adjudicar el servicio se prima el número de empleados de la empresa: “A número mayor de trabajadores te gana cualquiera y es un problema gordísimo el que tenemos con la nueva licitación electrónica. Porque simplemente si nos compraran a nosotros desde las bibliotecas públicas ya daría para salvar muchas librerías”. Destaca además que, al adquirir los libros electrónicos de la forma que se está haciendo, ese dinero se va fuera de la región.

Los responsables de la Casa del Libro en la librería que acaban de abrir en Santander. Gerardo Mouron, director de la tienda cántabra, y Javier Arrevola, director general del grupo, son el primero y segundo por la derecha, respectivamente.

El otro gran problema para una librería física es la venta de libros a través de Internet, donde destacan sitios como Amazon. Para hacer frente a esta competidora a gran escala los libreros independientes, asociados en CEGAL, Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, han puesto en marcha un nuevo sito de venta online: “Hemos pegado un salto y hemos creado todostuslibros.com, con el historial de todos los libros que salen al mercado. Un sitio muy profesional que muestra la disponibilidad en las librerías, el lector encuentra todo nuestro stock y lo que está en su localidad”. Lisaso asegura que está funcionando bien, aunque apela a las ayudas para favorecer una iniciativa que defiende la competitividad de las empresas locales –“necesitamos un poco de subvenciones del estado”, señala– y matiza que, en todo caso, la venta ‘online’ es un complemento para las librerías físicas: “Porque si no, cerramos todos y vendemos por Internet”. Aun así valoran actualmente otras ofertas de nuevos sitios de venta de libros en la red que están surgiendo y de las que de momento prefiere no comentar. El caso es que la pandemia, dice, ha sido un acicate para buscar alternativas: “Ha hecho saltar lo que teníamos trabajado desde hace años, lo hemos acelerado”.

Otro asunto que les afecta, y que está directamente relacionado con la capacidad de las librerías tradicionales para competir con las grandes cadenas de venta por Internet, es la función de las empresas distribuidoras, eslabón fundamental en la llamada “cadena del libro”. El sistema de precio fijo por el que se venden los libros hace que, a diferencia de lo que sucede con otros artículos, la competencia de la venta electrónica no se base en vender más barato, sino en la amplitud del catálogo y en la capacidad para servir cualquier título en un plazo de tiempo breve. Es ahí donde entran en juego las distribuidoras, empresas que se sitúan entre el editor y el librero. Lisaso recalca que en España quedan 3 o 4 distribuidoras importantes, a las que habría que sumar pequeñas distribuidoras en cada región, una función que en Cantabria han venido ejerciendo marcas como Estvdio. Según el presidente de los libreros algunas distribuidoras “hicieron el monopolio y han ido cayendo” y basa su argumento en que “debían haber dado el paso al sistema online, las grandes que dieron el paso se han comido a las otras”.

Un oasis en el sector cultural

El cierre de Estvdio ha dejado a Gil como la gran cadena local de librerías, en una posición que todavía no tenía durante el cierre motivado por la pandemia pero desde la que ahora su directora, Paz Gil, llega a similares conclusiones a las apuntadas por Lisaso. Paz manifiesta sin rodeos que la pandemia ha sido positiva para el sector, que “sigue vivo” y que, dentro de la cultura, ha sido el más beneficiado, ya que desde la fase cero les dejaron abrir, y han podido vender ‘online’: “Hemos trabajado en los meses de confinamiento y ahora la gente se ha volcado en el libro, además ha vuelto al ejemplar en papel”. Como ejemplo menciona su establecimiento de la calle San Fernando: “Nos ha subido mucho el lector, le hemos recuperado y nuestra obligación es darle un servicio y que se quede. La respuesta de la gente ha sido excepcional”. Atribuye parte de este éxito al apoyo de las administraciones con iniciativas como los bonos cultura: “Han ayudado a los jóvenes a acercarse de nuevo a las librerías porque dentro del sector cultural éramos los que estábamos más abiertos, frente a cines, teatros y conciertos”. Tanto es así que alcanzaron el nivel de ventas anterior a la pandemia: “Con un esfuerzo muy grande y también por la venta online. No hemos tenido pérdidas en los meses que estuvimos cerrados y poder decir que hemos llegado al nivel de 2019 es muy importante”.

Además, reconoce Gil, el Ministerio de Cultura ha apoyado al sector: “Hizo un esfuerzo para que nos llegaran los ICOs, que fue un colchón para nosotros, porque tenía muy buenas condiciones”. También se acogieron a un ERTE, “pero como somos también papelería, que era un sector esencial, de los 30 trabajadores, dos nos quedamos trabajando y cuando empezamos a mover la web, para el 30 de mayo la mayoría ya estábamos trabajando”, recuerda.

Nuevo escenario

Luis Lisaso, presidente de Libreros Asociados de Cantabria.

Si la venta en Internet ha sido la tabla de salvación, ahora, con menos restricciones, la directora de Gil calcula que este canal de venta perderá protagonismo y remontará la venta física. Destaca también como positiva la irrupción de la plataforma todostuslibros.com, que puede dar servicio a públicos específicos, aunque asegura que nunca será un sustituto de la venta tradicional: “Para un lector es importantísimo ojear los libros, hablar con los libreros, conocer a los autores…”. Su conclusión es que “la gente ha vuelto al papel” y que se está dando un movimiento relativamente nuevo: “Los jóvenes han encontrado algo que les interesa. Te sorprendería la cantidad de gente joven que lee bien y de todo, también filosofía, ensayo…”

Y es en este contexto en el que aparece un nuevo actor, La Casa del Libro, y desparecen del centro de la capital de Cantabria las librerías de Estvdio, lo que vino siendo toda una referencia durante décadas. ¿Cómo puede influir este cambio?

Paz reconoce que cualquier establecimiento y más con la fortaleza de la cadena de librerías avalada por Planeta, es una fuerte competencia: “Pero cuanta más competencia mejor va todo. Nos vamos a complementar, lo importante es el lector. En realidad el buen aficionado visita todas las librerías y eso enriquece mucho, porque nosotros no podemos tenerlo todo”.

También hace una referencia a la desaparición de Estvdio del centro de la ciudad y asegura que le preocupa: “Es un grave problema para Santander, era una librería muy buena y tenía muchos clientes, daban un servicio para la ciudad. Es doloroso ver cómo desaparece una librería, es como la desaparición de los cines”. A esto añade que no necesariamente los clientes de la famosa tienda de Calvo Sotelo acudirán a la suya, aunque no niega que les pueda beneficiar: “Nos favorecerá, pero no en la medida que debería para la ciudad. El problema cuando desaparecen las librerías es la falta de diversidad. Estvdio vendía mucho libro técnico y ahora no hay ninguna que dé ese servicio, eso es peligroso para una ciudad. Si todos vendemos lo mismo, desapareceríamos”.

Uno de los problemas más recientes de las librerías independientes, enumera Paz Gil, es que no pueden vender libros electrónicos o ‘e-books’, entre otras razones porque muchos de los títulos no están digitalizados. De hecho, narra, se da la circunstancia de que hay bibliotecas que solicitan determinados ejemplares a pequeñas editoriales pero aún no existen en formato digital: “Son los grandes grupos editoriales quienes tienen más títulos y fundamentalmente lo lleva un grupo muy grande también del grupo Planeta”.

El caso es que cada vez hay más libro electrónico en las bibliotecas, un lamento en el que la voz de Paz Gil se une a la de Lisaso: “En pandemia han subido muchísimo y en este formato no pueden comprar a las librerías, que somos sus proveedores. Nosotros vivimos en gran medida de la venta institucional, es lo que más temo que va a desaparecer. Siguen comprando bastante pero es una amenaza de futuro, la oferta  además es mucho más barata”.

Mejoras en la cadena del libro

La librería es el último eslabón de la llamada cadena del libro, formada por los agentes del sector. De la venta de un libro, generalmente un 45% es para el editor, un 20% para el distribuidor y un 35% para el librero.  ¿Habría que introducir cambios ante la nueva situación? Paz considera que en general la cadena funciona bien, aunque matiza que hay que respetar la función de cada uno y aboga por que el editor edite bien y que se pague bien a los traductores, los maquetadores, que se corrijan los libros… “Y que se respete también la función del distribuidor, que hace la parte comercial y nos enseña las novedades a las librerías. A veces saltan a esta parte algunas editoriales y creo que no está bien”. Cuenta además que durante los meses de pandemia y confinamiento “los pequeños grupos y distribuidores se han portado bien, prorrateando pagos, no nos han pasado recibos cuando estábamos cerrados… negociamos siempre en positivo”.

Paz Gil, directora de Librería Gil, en el establecimiento de la plaza de Pombo, uno de los tres con los que cuenta la empresa en la capital de Cantabria.

Las palabras de la directora de la Librería Gil traslucen su admiración por el libro como elemento valioso de la tradición cultural. Por ello la opción de la autoedición que ofrecen plataformas digitales y algunas editoriales no le convence. El hecho es que crear una publicación en estas plataformas significa que su identidad, su ISBN, puede asimilarse a otro país, un detalle que puede pasar desapercibido: “Esas cosas el gobierno las debería proteger, porque la ley dice que tenemos unos derechos como libreros. A nosotros no nos hacen descuentos en Amazon por ser libreros y resulta que si compramos ese libro porque estamos obligados a dar ese servicio a una biblioteca o un cliente, ¿resulta que tiene un ISBN de otro país?”.

Otra de las razones para no congeniar con la autoedición es que rompe de algún modo la cadena, y deja fuera de juego a profesionales especializados: “La autoedición mueve mucho dinero, pero un libro es mucho más, es algo muy valioso. En las plataformas los libros se califican con estrellas, con comentarios para subir en el ránking… y eso no me parece bien, me parece peligroso… ¿Qué criterio seguimos? Algunos de esos libros autoeditados tienen hasta tienen faltas de ortografía”.

Tanto la autoedición como la venta de libros en grandes plataformas como Amazon ha venido a alterar el mercado de las librerías. Paz Gil compara la situación de España con la de Francia, donde el Gobierno le ha hecho frente para proteger a sus libreros exigiendo controles financieros y laborales.

El recién llegado

Javier Arrevola es el director general de La Casa del Libro. Tras las primeras semanas después de la apertura de la tienda en la calle Burgos, justo donde antes se encontraba Estvdio, expresa su confianza en un futuro “más que prometedor” viendo el “éxito” por la llegada de público y ventas hasta el momento. Esta cadena de librerías fue fundada por Espasa-Calpe en 1923 en Madrid y actualmente cuenta con más de 40 tiendas en España y una en México. Maneja un fondo de más de 1.000.000 libros y más de 700.000 eBooks. En 1996 puso en marcha su librería virtual, que en 2017 fue adquirida por la editorial Espasa, del Grupo Planeta.

Su llegada a Santander se pergeñó ya antes de la pandemia, cuando tomaron la iniciativa de ponerse en contacto con los propietarios, y retomaron las negociaciones cuando la situación sanitaria mejoró: “Hablamos con Estvdio, que prefería que el local en donde estaban lo ocupara otra librería”.

Reconoce que durante el confinamiento solo pudieron vender vía ‘online’: “Que no sustituye, ni mucho menos, la venta de las librerías, pero cuando se abrieron fue una explosión de venta de libro físico en todo el sector”. Arrevola encuentra lógica esta reacción: “El hábito de la lectura creció,  había más tiempo para estar en casa y se compraron más libros”, y cifra entre dos y tres veces más volumen de ventas en su plataforma de internet que antes de la pandemia. “Ahora ha disminuido, pero ha venido para quedarse” y clientes que no sabían comprar online pivotan con naturalidad entre uno y otro modo, “se mueven en eso que llamamos omnicanalidad”.

Por otro lado, la lectura en pantalla actualmente no es el grueso de su negocio, que valora en un 6% de las ventas y el 7% en el mercado: “Ha perdido cuota desde 2013, calcula, y asegura que “el rey sigue siendo el rey” en referencia al libro en papel, por lo que le augura una “larga vida”.

El hecho de ser una gran marca en el sector de las librerías y el segundo en la lista de ventas por Internet en España, no les libra de los costes del negocio y ve que cabrían más posibilidades para ampliar el margen de beneficios: “Soy librero y sé que vender libros en una tienda es cada vez es más caro, especialmente por los costes del alquiler en los mejores sitios de las ciudades, pagar a los equipos… Valoraríamos mucho que se hiciera un pequeño movimiento hacia el librero y evitar que se lo comiera Amazon. El librero tiene un valor social de prescripción hacia el lector”.  Por ello aboga por un mejor reparto de los márgenes: “Cuanto más apoyes a la librería más vendes, cuando más vendes, más ganamos todos. Si vender más significa que hay que sacrificar un pelín del resto y dar un poquito más de margen a los libreros, pues bienvenido sea”. Otra opción podría ser un IBI rebajado en el caso de los propietarios del local.

La visita a las librerías se ha convertido, tras el confinamiento, en una de las formas de acceso a la cultura que menos afectada se ha visto por las restricciones.

Entre las líneas de trabajo que prevé seguir La Casa del Libro en Cantabria está la venta institucional y, en cuanto a la oferta de libros técnicos que ofrecía la librería Estvdio, prevén trabajarla, aunque ven difícil llegar al nivel de especialización que tenía la histórica librería: “Nuestro modelo es más generalista, no tan orientado al libro de texto o técnico. A diferencia de Estvdio, que tendría cerca de 25.000 referencias, nosotros tenemos 50.000 y para alimentar un modelo así tenemos que ser mucho más generalistas y menos centrado en ese tipo de negocio. Aun así vamos a tratar de rellenar este hueco”.

Por su parte, Gerardo Mouron, director de la nueva tienda en la calle Burgos de la capital cántabra, destaca que la acogida ha superado sus expectativas, algo que relaciona con el lugar en el que se encuentra el establecimiento y que, pese al cambio de marca, “sigue apegado a la tradición que venía de antes, en un edificio singular y muy unido a la ciudad”. Lo que viene a aportar La Casa del Libro en Santander, dice su director, es un fondo muy amplio dirigido a todo tipo de público.

Mouron está convencido de que la venta de libros en papel no va a descender, aunque la realizada online aumentara entre un 10% y un 20% durante los pasados meses de pandemia. Dado el nuevo contexto, avanza que es la venta física la más importante y en lo que están trabajando más, convencido de que las librerías aportan la asesoría y el trato personalizado. En Santander, además, harán un esfuerzo por aumentar las referencias ligadas a Cantabria, para cubrir otro de esos huecos que dejan sus antecesores.

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José Ramón Martínez, gerente del grupo Quebec: “Vivimos al límite, al borde del fuera de juego”

Lidera junta a su hermana Marián un grupo hostelero volcado en generar diferentes conceptos gastronómicos. Con la tortilla como buque insignia, defiende la importancia de la materia prima y quiere que el cliente sea consciente de lo que come. Sostiene que su ventaja competitiva está en sus trabajadores y aventura que la hostelería ya nunca será igual que antes de la pandemia. Reconoce que esté año acumula una caída de las ventas del 50% con relación a otros ejercicios en los que estaban vivos, porque afirma que ahora están muertos. Critica que el Estado les haya dejado solos y reclama un poco más de empatía con un sector tan importante para la economía regional.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2021

Pregunta.– Un grupo, tres marcas, quince establecimientos, decenas de empleados y un lema que es su seña de identidad: Sabor con-partido. ¿Imaginó alguna vez que la tortilla daría para tanto?

Respuesta.– Pues la verdad es que no. La tortilla, de la que en la actualidad ofrecemos 22 referencias, nos permitió posicionarnos en el mercado e introducirnos en el mundo de la hostelería hace 35 años. Pero, a partir de ahí, lo que hemos ido haciendo es generar nuevos conceptos y proyectos, que es al final a lo que ahora más nos dedicamos. Así, nos hemos introducido en la cocina de ración, japonesa, las pizzas y muy pronto vamos a poner en marcha La Puchera, un espacio personalizado que combinará la nutrición con la gastronomía para que el cliente tome conciencia de lo que realmente come.

José Ramón Martínez Maza, junto a su hermana Marián a la entrada de uno de sus cafeterías. Ambos lideran un grupo que ofrece distintos conceptos gastronómicos a través de diferentes establecimientos y marcas.

P.– En su ideario de empresa apuesta por un crecimiento constante como única forma de supervivencia. ¿También en épocas de crisis como esta?

R.– Sí, ¿por qué no? En tiempos de crisis también se puede crecer. Por ejemplo, tienes acceso a locales en condiciones que antes eran impensables. Además, siempre se ha dicho que cuando pasas hambre agudizas el ingenio, te vuelves más atrevido para hacer determinadas cosas. Una vez despojado de los egos, creo que te permite tomar licencias y encarar nuevos proyectos. Nosotros así lo hemos hecho. El pasado verano, en plena pandemia, abrimos La Patita; en febrero, Giuseppe Neli, nuestra primera pizzería. Si todo va bien, este mes de mayo haremos lo propio con La Puchera y Wasabita, lo que ahora es Lolas Peruvian, dedicado exclusivamente a comida japonesa. Tenemos pendiente un Quebec en el nuevo centro comercial Bahía Real y Momentos Café, en la calle San Luis. Y continuamos con nuestro propósito de crear una cocina centralizada que, además de abastecer al grupo, nos permita también llegar a las casas. En todo caso, esto no acaba aquí. Estoy convencido de que cuando estos proyectos estén abiertos ya estaremos en otro. Estamos aquí para ayudar a transformar las cosas. Vivimos al límite, al borde del fuera de juego. Nuestro objetivo es no tener un fracaso estrepitoso ni un éxito escandaloso, porque eso también te mata. Preferimos tener pequeños fracasos que nos animen a seguir mejorando.

P.– Por tanto, ¿diría que el mayor riesgo es no innovar?

R.– El mayor riesgo es no seguir caminando, quedarse estacando; no generar nuevos proyectos, nuevas cartas… Con la edad, y yo ya voy teniendo mis años, te vas acomodando. No te puedes quedar dormido, hay que ilusionarse con nuevos retos.

P.– De Ampuero a Santander; de ahí a Torrelavega y después a Madrid. ¿Dónde será el próximo desembarco?

R.– Hemos apostado por Santander. Por lo menos hasta 2025. Queremos que esta ciudad sea un lugar en el que haya diversas culturas gastronómicas que poder visitar. Queremos generar conceptos para la ciudad de Santander.

P.– La pandemia le ha obligado a asumir importantes recortes de plantilla. ¿Cómo se enfrenta a esta responsabilidad?

R.– Es verdad. Hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles. Nos gusta crecer, crear equipos de trabajo, motivar al personal, introducirles en nuevos proyectos… Pero no en todos los casos hemos podido renovar contratos que finalizaban. Seguimos en contacto con estos trabajadores por si les podemos ayudar en algo y a muchos les hemos recolocado en la medida de lo posible en los nuevos establecimientos.

P.– Defiende que el coaching profesional es uno de los sectores con mayor relevancia y de mayor potencial de crecimiento. ¿Cómo ha sido su abordaje a esta disciplina?

R.– De casualidad (se ríe). En ocasiones desembarcas en lugares que no te esperas. Me apunté a un curso esperando descubrir unas enseñanzas y me encontré con que se trataba de un proceso de transformación personal. Aprendes a encarar los conflictos, a mejorar la comunicación interna… Es una práctica muy interesante por la que también ha pasado ya toda la cúpula de grupo. Nuestra ventaja competitiva es nuestro personal. Por eso dedicamos horas y esfuerzos a formarlo.

P.– Recientemente ha entrado también en el mundo de la consultoría con ‘Manager emocional’, una fórmula que si bien reconoce que no garantiza el éxito sí al menos permite minimizar el fracaso. ¿A veces se asumen demasiados riesgos innecesarios en hostelería?

R.– Sí, aunque creo que estamos en un proceso de profesionalización de todo el sector. En todas las áreas encuentras personas que no te lo esperas pero son tremendamente profesionales. Y a eso ayudamos nosotros. Desde el concepto de negocio y la creación de equipos hasta la decoración, la confección de cartas o el acompañamiento en sus primeras etapas. A nosotros lo que nos apasiona es la hostelería.

P.– La emoción desempeña un papel fundamental en su modelo empresarial. ¿No hay negocios sin alma?

R.– Cualquier negocio tiene que tener un significado. Detrás de cada local hay una historia. Por eso nos motiva homenajear con cada uno de ellos a una persona. Un local te tiene que inspirar, que te sientas emocionalmente conectado cuando entres. En nuestro caso buscamos esa especie de conexión, ese intangible que te haga sentirte a gusto.

El gerente de Quebec, en el interior de uno de sus establecimientos, cerrado con motivo de la crisis sanitaria.

P.– Ya que lo cita, en sus proyectos empresariales ha homenajeado a su padre (Ramonoteca) a su madre (Lolas) y a su abuela (La Patita); también a su hijo, a su mujer… ¿Quién será el próximo?

R.– No tenemos familiares japoneses (risas). Buscamos personas y personajes que nos inspiren. Que sean especiales. Que veas el local a través de la persona. En el caso de mis padres han sido personas que han metido un millón de horas detrás de la barra. Son de una hostelería muy perfeccionista. Aparecen poco por los locales, pero de vez en cuando aún nos echan la bronca.

P.– En sus establecimientos apuesta por un modelo de ‘casual food’ (comida rápida, pero con ingredientes saludables y de calidad). ¿La cocina avanza también hacia la concienciación ecológica?

R.– Sí, claro. Hacia el ‘kilómetro cero’ y el producto de temporada. Nosotros damos toda la importancia del mundo a la materia prima. Queremos que el cliente sea consciente de lo que come. La gente cada vez mira más las etiquetas de los productos que consume.

P.– Los expertos aseguran que comer bien es fácil si sabes cómo. ¿Nos falta cultura gastronómica?

R.– Bueno. Yo diría que nos falta más conocimiento nutricional que gastronómico. Le pongo un ejemplo un tanto absurdo. Cuando pides un café, pides eso, un café sin más. Sin embargo, si pides un vino, la mayoría de las personas ya no se limita a pedir un vino, sino que especifica si quiere un Rioja, un Ribera, un crianza o un reserva… Ha habido un proceso de educación al cliente. Con La Puchera, un espacio que combinará restauración y supermercado, pretendemos que los clientes conozcan en todo momento cuántas calorías y el valor nutricional de lo que compran o ingieren. Por ahí creo que va a ir el futuro de la gastronomía.

P.– No cree demasiado en que detrás del mundo de las franquicias hosteleras haya una rentabilidad cierta. ¿Por qué?

R.– No, porque cuando estableces un sistema de franquicia tienes unos costes muy elevados que necesariamente repercutes en el franquiciado. Hay que tener en cuenta que somos un sector que trabajamos con una rentabilidad muy pequeña, en torno al 4 o el 5% de las ventas. Si quiere, un Ebitda del 8%, no más. Al final, un hostelero lo que hace es magia porque vendiendo productos a un euro, dos, tres o cinco euros y pico tiene que hacer frente a unos costes fijos muy elevados. Vendemos productos a unos pocos euros cuando soportamos costes fijos de digamos 10.000 euros. ¿Cuánto hay que vender a esos precios? Al fin de cuentas la hostelería es como una obra de teatro en la que están los actores, el guion y las instalaciones, que son el teatro. Y todo eso, como ya he dicho, tiene unos costes fijos elevadísimos. La mayoría de establecimientos vamos muy justos.

P.– En el ADN del grupo y de la familia hay un gen solidario. ¿Las personas antes que los números?

R.– Sí, de algún modo sí. Venimos de un entorno rural, del mundo de la ganadería. De una infancia feliz, pero dura. Por eso, en la medida que podemos tratamos de ayudar. Hemos trabajado con niños autistas, con síndrome de Down, con personas sordas… Hay que intentar devolver a la sociedad lo que te da.

P.– La hostelería acusa al Gobierno de Cantabria de demonizar al sector al señalarle continuamente como el principal foco de contagios, especialmente en los interiores de los locales. ¿Comparte esta crítica?

R.– Lo que no entiendo es que países como Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica o Italia, que llevan meses con toda su hostelería cerrada, tengan curvas de contagios superiores a las de España. No parece por tanto que haya una relación entre la hostelería y el número de casos. Además, este segundo cierre [el de los interiores de los locales, decretado el pasado 14 de abril] ha sido mucho peor que el primero. Cuando estábamos empezando a recuperar la clientela perdida, nos vuelven a cerrar. No tiene sentido, máxime si tenemos en cuenta que echar a andar de nuevo un negocio cuesta de media unos 3.000 euros. Y hablo de la hostelería de día; la del ocio nocturno aún está peor. Va a costar que los clientes vuelvan a entrar en los interiores.

La barra de Gastrotortilla

P.– ¿Cómo valora las ayudas aprobadas por las distintas Administraciones para contribuir a que la hostelería supere esta crisis?

R.– Yo no sé nada de ayudas. Creo recordar que recibimos en mayo, junio y julio del pasado año alrededor de 1.000 euros cada mes y se acabó. No sé cómo valorarlas. Y eso que es relativamente sencillo porque todos los negocios tenemos una contabilidad. Podían haber creado, por ejemplo, un departamento de asesoramiento para los locales, pero el Estado no ha querido saber nada de nosotros cuando, lo más lógico, es que hubiera asumido una parte de los costes fijos, como han hecho en Alemania y otros países. Me parece una falta de respeto hacia un sector tan importante para la economía. En Cantabria, en temporada alta, generamos 25.000 puestos de trabajo, lo que representa que uno de cada cuatro empleos está relacionado con el turismo. Hace falta un poco más de empatía con el sector. Se trata de salvar proyectos detrás de los cuales hay mucho dinero, tiempo y emociones. ¿Por qué en una época tan difícil nos dejan de lado? Pese a todo, creo que la meta está ahí, pero que aún nos falta superar el último repecho, que será duro.

P.– Este verano, ¿será como el pasado?

R.– La hostelería ya nunca va a ser igual. El cambio ya está ahí. En un año hemos avanzado veinte en digitalización, flexibilización del trabajo, conciencia ecológica… Ha habido una disrupción del mercado y lo vamos a notar. Habrá modelos de consumo que seguirán, pero se va a potenciar la comida a domicilio y las cenas ya no serán como antes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esté año acumulamos una caída de las ventas del 50% con relación a cuando estábamos vivos. Ahora estamos muertos. Este año no se puede comparar con nada y como ejercicio será malo. Le pongo un ejemplo: la Semana Santa fue peor que la semana anterior, que no era festiva.

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Cielos despejados para el vuelo del dron

Aunque pendiente aún de adaptarse a la legislación española, la entrada en vigor de la nueva normativa europea que regula el uso recreativo y profesional de los aparatos voladores no tripulados ha removido ya alguno de los obstáculos que dificultaban el desarrollo del sector, que sufría los efectos de una regulación que avanza a un ritmo mucho menor de como lo hace la tecnología. La menor carga administrativa y la mayor claridad en los requisitos para volar y en la identificación de las zonas donde puede hacerse son factores que deberían impulsar una actividad que nunca ha terminado de desarrollarse en la medida que apuntaban algunas previsiones. A falta de concretar esas expectativas y con más de 5.000 operadores registrados, el sector afronta el reto de su profesionalización con lo que parece un claro exceso de oferta.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Marzo 2021

Las enormes expectativas generadas en torno al uso de los aparatos de vuelo no tripulados –los popularmente conocidos como drones– han venido topando en los últimos años con un abanico de obstáculos que han lastrado el desarrollo de un mercado en el que, como suele ser habitual en el ámbito de las tecnologías de la información, la realidad ha corrido muy por detrás de los pronósticos, aunque  sin llegar a cuestionarlos. Con ese precedente, es comprensible que las previsiones que apuntan a que este 2021 será el año del verdadero despegue de los drones se reciban con cierto escepticismo, tras las afirmaciones similares que se han visto frustradas con anterioridad. El actual optimismo, sin embargo, no se asienta tanto en el amplísimo potencial de aplicaciones para las que pueden utilizarse estos aparatos como en remover el que hasta ahora había sido uno de las principales obstáculos para su uso: una legislación muy restrictiva que no respondía a las necesidades ni de los usuarios recreativos ni de los profesionales, y que tampoco facilitaba el trabajo de los encargados de hacerla cumplir. La novedad con la que ha arrancado el año, y que todavía deberá concretarse legalmente dentro de unos meses, es la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo que regula la fabricación y el uso de los aparatos de vuelo no tripulados, estandarizando las normativas de los diferentes países y regulando quién, dónde y cómo puede operar con estos dispositivos.

El último listado de operadores de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS, por sus siglas en inglés) hecho público por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) incluye más de 5.000 registros. Dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la AESA es el organismo encargado de regular el uso de los drones en España, y figurar en su registro es requisito imprescindible para poder utilizar profesionalmente uno de estos aparatos. Lo amplio del abanico de aplicaciones de los vuelos no tripulados ha venido apuntándose ya desde que hace casi una década comenzase a hablarse de las posibles aplicaciones civiles de una tecnología que, hasta entonces, era utilizada únicamente en el ámbito militar: desde la toma de imágenes aéreas al transporte de paquetería, pasando por el control de cultivos o infraestructuras y llegando, en las proyecciones más futuristas, al transporte de personas en raudos servicios de aerotaxi. Poco de ello de ha concretado en los últimos años, sobre todo en los volúmenes que indicaban algunas previsiones, un desajuste que en buena medida se explica por las tradicionales dificultades que el legislador tiene para seguir el ritmo que marcan las novedades tecnológicas. El dato del número de operadores registrados, que ha registrado un enorme salto adelante en los últimos meses, es uno de los principales indicadores de un cambio de tendencia y de las expectativas generadas por el reglamento europeo y por el anuncio del real decreto que prepara el Gobierno para adecuar a este toda la normativa española que regula el sector.

Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, volando un dron en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

El del número de operadores no es el único dato que confirma la, ahora sí, pujanza del uso profesional de los drones. Probablemente el indicador más significativo es el aumento exponencial de solicitud de permisos de vuelo registrado por Enaire, la empresa pública –dependiente, como AESA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– que gestiona la navegación aérea en España. Según indicó el responsable de su Departamento de Desarrollo de Negocio de Drones en una jornada celebrada el pasado mes de diciembre en Madrid, las peticiones recibidas para operar con drones en espacio aéreo controlado y no controlado registraron en 2020 un incremento del 172% respecto a 2019.

Aunque la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo no supone una derogación del que hasta ahora regulaba el sector en España, abre un periodo transitorio hasta la publicación del Real Decreto que deberá adoptarla –que se espera no mucho más allá del próximo verano– y tiene ya algunos efectos prácticos que han cambiado de forma notable las posibilidades de volar con drones en determinados espacios. El cambio más relevante es el que tiene que ver con la regulación de las zonas de control (CTR por sus siglas en inglés) que protegen el tráfico de entrada y salida de los aeropuertos, donde las restricciones hasta el pasado 1 de enero eran tantas que, en la práctica, hacían casi imposible operar con drones en ese espacio. En el caso de Cantabria, eso suponía vetar tal posibilidad en todo el área de la bahía de Santander, una de las zonas en las que más demanda potencial existe para trabajos a realizar mediante drones.

Hasta este pasado 1 de enero, para volar en zonas CTR era necesario estar habilitado para ello por AESA, que solo había concedido esa autorización a 25 operadores en toda España. Con la nueva regulación, es posible volar en estas áreas restringidas para aquellos operadores que cumplan los requisitos que establece la normativa y que notifiquen los vuelos según los procedimientos establecidos que, incluyen, entre otros aspectos, formalizar una solicitud al Ministerio del Interior, notificar el plan de vuelo y coordinarse con Enaire, además de mantener comunicación con la torre de control del Seve Ballesteros-Parayas antes y después del despegue, y hasta el aterrizaje del dron. Concedido el permiso, y cumplido el resto de condiciones, es ya posible volar profesionalmente en una zona CTR para un operador dado de alta en el registro.

El control del cumplimiento de la normativa para volar drones –ya sea de forma recreativa o profesional– corresponde a la Policía Nacional, que lo hace en las áreas urbanas de Santander y Torrelavega, y a la Guardia Civil, a la que corresponde esa tarea en el resto de la región. A la espera del nuevo real decreto que adapte definitivamente el reglamento europeo, la legislación a aplicar sigue siendo la que desde 2017 regula las condiciones para pilotar uno de estos dispositivos de vuelo no tripulados, y las zonas donde es posible hacerlo. Ahí entran las licencias, las características de los aparatos, los seguros y los permisos que se requieren en cada caso. Desde el pasado mes de diciembre, la Policía Nacional cuenta en Cantabria con un departamento específico para controlar la operativa con drones, a la que le corresponde tanto la vigilancia preventiva como la comprobación del cumplimiento de las condiciones en los vuelos para los que se solicita el correspondiente permiso. Ricardo Díaz, responsable del departamento, hace una valoración positiva del grado de conocimiento y acatamiento de la normativa por parte de los profesionales, y no tanto en el caso de quienes utilizan estos dispositivos en el ámbito recreativo: “En general los profesionales son conscientes de lo que implica trabajar con drones y conocen la normativa. Entre los aficionados sí que hay un mayor desconocimiento y cierta inconsciencia. Un dron no es un juguete, pero hay quien sigue viéndolo así”, indica el policía, que considera que es demasiado pronto para hacer una valoración de la incidencia que puede tener el cambio regulatorio para adaptarse a la normativa europea, en tanto este no se concrete en el correspondiente decreto.

Chema Echeverría, gerente de Maremagno Comunicación y Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, la marca que identifica al departamento con el esta empresa ofrece sus servicios de grabación mediante drones.

El incumplimiento de la normativa conlleva sanciones que van desde los 60 a los 225.000 euros para los aficionados, y desde 4.500 a los 4,5 millones de euros para los profesionales. En 2019, último año del que se han facilitado datos, AESA impuso sanciones por un importe total de 173.452 euros, la mayor parte por no ser un operador habilitado, no cumplir los requisitos relativos a la aeronave o sobrevolar zonas no permitidas. Este último, por ejemplo, es el caso del dron que sobrevoló la Puerta del Sol durante la celebración de la última nochevieja, cuyo piloto se enfrenta a una sanción mínima de 12.000 euros por sobrevolar en una zona restringida y hacerlo por encima de personas. Aunque puede pensarse que el control de las infracciones no es tan sencillo como pueda hacer pensar este último caso –un vuelo irregular realizado ante miles de testigos, y con las cámaras de televisión delante– lo cierto es que la tecnología hace ya posible localizar cualquier vuelo que se esté realizando en un área determinada, identificando inequívocamente al aparato y a su propietario: “Disponemos de equipos con capacidad para detectar que se está utilizando un dron, y cada unidad emite una señal única, lo que permite saber de qué aparato se trata en cada caso”, señala Ricardo Díaz.

De acuerdo a la que contempla el reglamento europeo, la adaptación de la nueva normativa no debería suponer ninguna relajación de los requisitos y limitaciones actuales, pero sí probablemente una simplificación de los mismos que clarifique qué puede hacerse, y qué no, en cada circunstancia y que, sobre todo, aligere la carga administrativa. Así por ejemplo, el reglamento europeo establece una ‘categoría abierta’ que abarca las operaciones de menor riesgo, que no requerirán autorización ni comunicación a AESA. Por encima de esta, habrá una ‘categoría específica’ que, dependiendo de las circunstancias, sí requerirá la autorización y la adecuación de medidas dependiendo de cada escenario. El riesgo más elevado, que se identifica como ‘categoría certificada’, se corresponde con usos como el transporte de mercancías o personas y el vuelo sobre zonas habitadas.

Además de la necesidad o no de comunicación y autorización previa por parte de AESA, el definitivo real decreto que adapte la normativa europea deberá regular las licencias y formación necesaria de los pilotos para operar en cada categoría y con qué aparatos, además de establecer las condiciones para que las titulaciones existentes puedan homologarse con las de nueva creación. Esta última es una incógnita que algunos profesionales han preferido despejar inmediatamente, sacando las nuevas licencias y evitando así cualquier sorpresa que pueda producirse en el posterior proceso de adaptación. Es el caso de Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, la marca bajo la que Maremagno Comunicación –empresa editora de Cantabria Negocios– ofrece servicios de fotografía y vídeo aéreos mediante drones. Ruiz Garmendia superó en febrero las pruebas para la obtención de las licencias A1/A3, que permiten operar aparatos de hasta 25 kilos en categoría abierta, y la STS que habilita para escenarios estándar dentro de la categoría específica. Son licencias que cubren prácticamente todo el abanico de posibles usos profesionales de drones para fotografía, vídeo o mediciones aéreas, y que –a diferencia de las titulaciones actuales– son válidos en cualquier país europeo.

El director de Aerosport Foto, que pilota drones desde 2015, está convencido que con la nueva normativa se agilizarán todos los trámites para explotar profesionalmente los aparatos de vuelo no tripulados, dando un impulso a un sector que no ha terminado de alcanzar la actividad que se esperaba. A corto plazo, señala, la posibilidad de atender encargos en zonas CTR supondrá ya un impulso a un mercado que tiene sus principales clientes en la industria, la construcción y el turismo y que, debido a ello, tiene a un gran número de potenciales clientes en zonas urbanas cercanas a aeropuertos. Aun con las limitaciones que existían hasta el pasado 1 de enero, Aerosport Foto ha realizado trabajos en Cantabria y en prácticamente todas las comunidades autónomas, con clientes como Campofrío, Grupo Bailón, la Diputación Foral de Vizcaya o Ingeteam, y tareas casi siempre relacionadas con la toma de imágenes para vídeos corporativos, pero también en seguimiento de obras, vídeo turístico, fotografía 360 o termografías.

La condición de mercado en expansión que tiene la operativa con drones, impulsado ahora por la actualización de la normativa, alimenta también algunos desequilibrios que constituyen la principal incertidumbre de cara al futuro más inmediato. Chema Echeverría, gerente de Maremagno Comunicación, confía en que los cambios sirvan para profesionalizar un sector en el que considera que existe un claro exceso de oferta y con una escasa estructura empresarial entre los operadores: “Es cierto que este año tenemos buenas perspectivas de facturación en los servicios que ofrecemos con drones, pero aun así la actividad no sería rentable si no estuviera integrada dentro de una empresa que tiene un catálogo más amplio, y que nos permite sinergias en la comercialización y con el resto de productos”. Pese a lo que eso aporta en términos de competividad y economías de escala, explica, es habitual encontrarse con competidores que ofrecen precios que considera completamente fuera de mercado, como jornadas de grabación por menos de 80 euros: “No es posible cumplir la normativa, pagar seguros y amortizar equipos con ese precio”.

Aerosport Foto cuenta con un parque de 5 drones –un Mavic Mine, un Mavic Air 2, dos Phantom 4 y un Phantom 4 ProV2.0– con lo que dar respuesta a las diferentes necesidades que puede plantear cada encargo. Junto con las emisoras y los seguros, Antonio Ruiz Garmendia calcula que la inversión total se acerca a los 13.000 euros. Son cantidades que obligan a trabajar de forma habitual para rentabilizarlas, algo que no habitual en muchos de los operadores, autónomos que tienen una presencia intermitente en la actividad. Entre los encargos atendidos en el último año por parte de la marca de Maremagno Comunicación para el servicio de drones, hay proyectos que van desde los 700 a los más de 10.000 euros, estos últimos casi siempre trabajos que implican un seguimiento en el tiempo. “La demanda de tareas que pueden realizar los drones va a seguir aumentando, sin duda, pero no tanto como para justificar el brutal crecimiento que se ha dado en el número de operadores. Tendrá que haber una reordenación del sector”, concluye el gerente de Maremagno Comunicación.

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Big data como clave para comercializar energía

Creada justo antes de la declaración del estado de alarma, Logos Energía se ha sumado al competido grupo de pequeñas comercializadoras de electricidad y gas a partir de una gestión con un alto componente tecnológico, que garantiza el constante flujo de información tanto para la empresa como para el cliente. El mundo avanza hacia una gestión más racional y consciente de la energía, señalan sus promotores, y ahí entra la necesidad de conocer cuánto se consume, y de qué manera. “Gastamos electricidad todos los días, hora a hora. Si no somos capaces de conocer y gestionar el dato, los clientes, los kilovatios, las personas, los consumos…, estamos locos”, asegura José González Payno, cofundador de la empresa.

Francisco Rouco | @FranRouco | Abril 2021

Las dos letras centrales en mayúscula de Logos Energía (‘LoGOs’) pueden parecer un recurso estético, además de un guiño a uno de los vocablos ingleses más conocidos. Con el tiempo, sin embargo, han resultado premonitorios. “El día 1 de febrero de 2020 solo teníamos un acuerdo de socios, ni siquiera teníamos firmado el contrato del alquiler del local”, explica José González Payno, cofundador junto con otros tres socios de Logos Energía, empresa comercializadora de electricidad con sedes en Santander y Elche. Cuando la covid-19 únicamente había afectado en China y faltaba aún un mes para que se registrara el primer europeo infectado con coronavirus, el equipo de Logos se centró en preparar la infraestructura tecnológica. “Cuando vino la pandemia, estar trabajando en casa nos ayudó un poquitín. Pero cuando levantamos la cabeza, el 14 o el 15 de abril, con todo ya montado, nos dijimos ¿qué hacemos ahora: hacemos un ERTE o vamos adelante? Y tiramos”.

Año y dos meses después de la fundación de la empresa, Logos Energía tiene 25.000 clientes. El 90% son pymes y organismos públicos. El resto lo componen consumidores domésticos que llevan con la comercializadora desde diciembre, cuando la empresa se abrió a este tipo de clientes. El equipo de la compañía está formado por 25 empleados, cuya edad media no pasa de los 30. Hay economistas, físicos e ingenieros. “Nos nutrimos mucho de la Universidad de Cantabria”, dice Payno, ingeniero de minas por la misma institución. Los equipos se separan entre Santander y Elche. La parte de gestión de operaciones está en la capital cántabra, mientras que la parte comercial se encuentra en la ciudad alicantina. “Entendemos que allí hay un mercado muy bueno en la parte de autoconsumo”.

Trabajo en la oficina de Logos Energía en la calle Calvo Sotelo, de Santander, donde se realiza toda la gestión de operaciones de compra y venta de electricidad y gas.

En cuanto a la inversión, Payno señala el capital social de los socios, de un millón de euros, pero no entra en detalles. “Son cantidades confidenciales. Sí puedo decir que pensábamos que la financiación iba a ir más lenta al estar en plena pandemia, pero debo decir que tenemos un ‘pool’ de bancos que han creído en nosotros y que es un lujo”. Otra pista: la mayor parte de la inversión ha ido a parar a la parte tecnológica. De hecho, fue esa vertiente tecnológica, más concretamente una función muy particular, la que resultó clave cuando en abril se plantearon echar el cierre temporal. “No queríamos hacer una cosa antigua, sino moderna, así que compramos todas nuestras aplicaciones con la posibilidad de la firma digital”, cuenta Payno. “La posibilidad de telefirmar es relativamente sencilla tecnológicamente hablando, pero hizo que nuestro producto gozase de mucha aceptación. Al fin y al cabo, esto no se paró del todo, sino que había negocios y pymes que seguían en marcha y necesitaban energía. Pero luego si querías firmar, no podías, porque nadie te abría la puerta. Así que la telefirma tuvo una aceptación muy buena”.

Comercialización y soluciones de ahorro

“La empresa nace con la intención de abarcar todo el área energético de los consumidores. Pretendemos ser una solución 360”, explica Payno, que señala que Logos Energía no solo vende el insumo, que en su caso es electricidad y gas, sino que ofrece soluciones de tarifa, de accesibilidad, de equipos, de mediciones, de eficiencia energética y de autoconsumo. “Queremos ser una compañía que, especialmente en esta primera fase, acompañe a las pymes, y luego también al doméstico, en todo lo relacionado con el consumo de energía”, describe.

Logos Energía es, según Payno, la respuesta a las inquietudes de sus socios. De los cuatro que forman la compañía, “unos buscaban invertir en activos energéticos, otros en comercialización y otros lo que buscaban, después de una vida entera trabajando para otras empresas, era cierta independencia, poder desarrollar las ideas que teníamos en la cabeza”, recuerda quien fuera director general de la comercializadora cántabra Aldro, que en 2021 pasó a manos del gigante petrolífero italiano ENI, por más de 200 millones de euros. “Aunque el negocio eléctrico tiene 100 años, este sector está hirviendo y hay muchísimas oportunidades que nadie está aprovechando o, al menos, ninguna de las empresas en las que estábamos trabajando. Por eso surge Logos, por esas ganas de hacer cosas”.

Para Payno, los nuevos peajes energéticos, que previsiblemente deberían entrar en vigor en junio tras varios retrasos, van a cambiar cómo se consume electricidad. “El consumidor eléctrico va a consumir como una pyme, y la pyme, como un gran consumidor. Tenemos que enseñar a consumir electricidad según esas nuevas normas”. Para esta labor pedagógica, Payno cuenta que en Logos tienen aplicaciones informáticas que les ayudan a explicar a los consumidores por qué pagan lo que pagan.

Tecnología y multigeneración

El núcleo de la actividad de Logos Energía está en el ‘big data’, en el análisis del dato. “La comercialización a nuestra escala se basa en el tratamiento del dato para que nos transmita lo más fielmente posible el patrón de consumo del cliente. Y una vez conocemos este patrón, nosotros le podremos dar soluciones para o bien modificarlo y adaptarlo a la realidad regulatoria o bien darle otras soluciones de ahorro, consumo, autoconsumo, iluminación… cualquier otra cosa que haya en el mercado”.

La recopilación y tratamiento del dato se consigue a través de una infraestructura tecnológica que se asienta en cinco aplicaciones o programas. La primera es un CRM o Customer Relationship Management que permite al vendedor gestionar el contrato de energía, gracias en parte a la telefirma antes comentada. CRM mediante, el contrato entra en el sistema tecnológico de Logos Energía. Una vez informatizado, ese contrato pasa a ser gestionado por una aplicación concreta, dependiendo de si se trata de electricidad o de gas. El funcionamiento de las dos aplicaciones es similar: permite realizar la portabilidad de otro contrato, gestionar la facturación y calcular la demanda eléctrica. La cuarta aplicación es lo que Payno llama el “cuadro de mando”, la herramienta que extrae todos los datos relacionados con el consumo de gas y electricidad y permite tratarlos y elaborar modelos predictivos. La quinta y última aplicación es una herramienta para el control de la contabilidad y tesorería de la empresa. En total, cinco pilares: CRM, aplicación de gestión de la electricidad, la del gas, el cuadro de mando y la herramienta financiera para el control contable de la empresa. “Tenemos una visión de la empresa y de su actividad en tiempo real”, subraya Payno.

Además de la comercialización, Logos Energía también participa en proyectos de generación. Según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, una comercializadora no puede tener activos de generación en su balance, lo que no impide que se formen ‘holdings’ de varias empresas. “Nuestra idea empresarial es un ‘holding’ donde va a haber generación, comercialización y activos de gas. Por un lado, está la comercialización y por otro, la parte de la empresa donde estamos trabajando con plantas de generación, en este momento fotovoltaica y gas”, explica Payno.

Plantas fotovoltaicas y aprovechamiento del estiércol

En el caso de la energía proveniente del sol, la empresa promovió tres pequeñas plantas fotovoltaicas en la costa levantina, las tres destinadas al autoconsumo. En cuanto al gas, Logos Energía participa en un proyecto para la construcción y explotación de cuatro plantas de biogás en varios puntos de Cantabria y de una de hidrógeno proyectada para el puerto de Santander. El proyecto, que prevé una inversión de 48,6 millones de euros, ha solicitado ayudas al fondo europeo destinado a la recuperación pospandemia, pero sus impulsores afirman que saldrá adelante con o sin la colaboración europea.

Todo el proyecto nace del aprovechamiento del estiércol. “Vimos una oportunidad en el problema que tienen los ganaderos para gestionar el estiércol tal y como les pide la última modificación de la ley de fertilizantes. Ese estiércol se puede aprovechar para producir biogás con él; biogás que podemos meter en la red de gasoductos y comercializarlo”, explica Payno. Para lograrlo, hay que someter al estiércol a una proceso biológico denominado digestión anaeróbica. Los deshechos se aíslan en una atmósfera sin oxígeno y se descomponen, generando el gas que puede aprovecharse. Pero no solo eso, pues tras la digestión anaeróbica queda un residuo, llamado digestato, que puede utilizarse como fertilizante. Fruto también de este proceso se puede conseguir hidrógeno. “Podemos producir una cantidad que es modesta pero que puede ser utilizada para la movilidad. Por eso vamos a instalar la planta en el puerto de Santander”, concluye Payno.

José González Payno, director y cofundador de Logos Energía, junto a parte del equipo que trabaja en la oficina de Santander. La empresa cuenta también con delegación en Elche, que alberga el departamento comercial de la empresa.

La planta de hidrógeno no es la única presencia de Logos Energía en el puerto de Santander. La empresa cántabra forma parte del consorcio público-privado que participa en Bahía Zero, el proyecto de movilidad marítima sostenible que coordina la Autoridad Portuaria de Santander. Con un presupuesto de 55 millones de euros, Bahía Zero tiene previsto conectar Santander, Camargo, Astillero y Marina de Cudeyo, entre otros puertos de la bahía, mediante embarcaciones ecológicas para el transporte de pasajeros y mercancías. “Pensamos que en los próximos años se va a hablar muchísimo de la movilidad eléctrica. Y del autoconsumo. Y del hidrógeno, por qué no”, adelanta Payno. “El paradigma energético está cambiando. Antes no se usaba demasiado la energía renovable, se encontraba únicamente en la biomasa y en el eólico, pero son grandes y costosos proyectos. Evidentemente, hay grandes plantas fotovoltaicas, pero ahora se ha democratizado la generación eléctrica. Puedo poner tres plaquitas en la cubierta de mi garaje y gestionar mi electricidad. Nosotros queremos estar ahí, para explicarle a la gente cómo se hace y cómo pueden beneficiarse de ello”.

Tras cerca de 15 meses de actividad y 25.000 clientes, las previsiones de Logos Energía para terminar el año son alcanzar 60 millones de euros de facturación, 100 millones en 2022. Alrededor de 100.000 clientes para 2024. De momento, en abril se incorporaron nuevos empleados y en verano iniciará su actividad en Portugal. En palabras de Payno, “no nos podemos quejar. A los que estamos aquí, Cantabria nos ha dado formación y una comunidad en la que vivir. Yo sí creo en la responsabilidad de devolver a la sociedad una parte de lo que te ha dado. En estos tiempos duros hay que echar una mano y, sobre todo, transmitir el mensaje de que se puede, que desde Cantabria se puede”.

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El gran salto adelante de GlobaEnergy

La empresa cántabra, que fue en 2014 el primer canal en comercializar productos de electricidad y gas de Aldro Energía, ha tejido la mayor red de ventas en península e islas a través de colaboradores propios y externos, además de contar con una presencia creciente en Portugal. En ese contexto, la empresa abre oficina en Santander y en Tenerife tras cerrar el año 2020 con un incremento del 40% en su facturación y aumentar notablemente el número de contratos tramitados por su equipo. GlobaEnergy ha hecho valer la digitalización de su actividad para hacer crecer su red de distribuidores y reforzar la relación con sus clientes, en un proceso que confía en intensificar tras la venta de Aldro y los ambiciosos objetivos planteados por el nuevo propietario.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2021

Cuando están a punto de cumplirse una décadas desde que diera sus primeros pasos, y después de un año en el que fue capaz de crecer pese a la situación provocada por la crisis sanitaria, GlobaEnergy afronta 2021 con el reto de consolidar el camino recorrido en el pasado más próximo, reforzar su imagen de marca y sentar las bases para lo que sería el gran salto adelante en red de colaboradores, aumento de facturación y dimensionamiento de su estructura corporativa. La empresa cántabra se ha convertido en el primer canal de distribución de Aldro Energía, gestionando más de 18.000 contratos al año, principalmente de los sectores de pyme, autónomos, gran industria, asociaciones, colectivos y domicilios. Estos clientes consumen los productos de luz, gas y eficiencia energética que comercializa la compañía creada en su día por el Grupo Pitma y recientemente vendida por éste a la italiana Eni. Esta operación, y los ambiciosos objetivos de crecimiento planteados por el nuevo propietario, son elementos que los responsables de Globa Energy consideran como claves dentro de los planes con los que encaran el futuro más inmediato. Unos planes y un futuro que se gestionarán ya desde las nuevas oficinas que la empresa abrió en Santander en marzo, y la delegación que se inaugurará en Tenerife durante este mes de mayo.    

GlobaEnergy cerró el complicado año 2020 con una cifra histórica de crecimiento en el volumen de contratos tramitados, con un 50% más que el ejercicio anterior, un incremento que sería notable en cualquier circunstancia pero que se convierte en excepcional si tenemos en cuenta las circunstancias en las que se produjo, en medio de una pandemia que paralizó a empresas de todos los sectores y que también afectó de forma directa al sector en el que opera la empresa fundada y dirigida por Jaime Rodríguez Andrés. Un crecimiento a contracorriente que, señala el CEO de GlobaEnergy, se apoya en la labor realizada en años anteriores y, sobre todo, en la digitalización de la actividad, algo que ha formado parte de la cultura de la empresa desde el primer momento y que ha sido decisivo para que la relación con distribuidores y clientes finales no se viera afectada durante el confinamiento. “Este nivel de digitalización alcanza el 95% de los procesos de la compañía, lo que nos otorga una velocidad de tramitación inimaginable hasta el momento. Cuando nos sobrevino la pandemia muchos de nuestros competidores se encontraron con que cesó o se limitó en gran parte su actividad por el impedimento de acudir a visitar clientes”, señala Rodríguez Andrés, que explica que en GlobaEnergy, por el contrario, el trabajo no se vio afectado: “Gracias a estos procesos digitales que nos permiten realizar las contrataciones y/o renovaciones de forma remota cumpliendo todas las medidas sanitarias, pudimos estar cerca de nuestros clientes, fidelizarles y atenderles en todo momento, logrando además que nuevos distribuidores contactasen con nosotros para sumarse a nuestro equipo”.

Jaime Rodríguez Andrés, CEO de Globa energy, en su despacho

GlobaEnergy, que trabaja actualmente con una red de más de 130 colaboradores, sigue en proceso de expansión nacional que se ve reforzado con la apertura de la nueva sede principal en Santander y de la inminente inauguración de la oficina en Tenerife, que pretende convertirse en el impulso definitivo para la compañía en territorio insular. Los objetivos de GlobaEnergy para el actual ejercicio contemplan un crecimiento que, en porcentaje, se movería en cotas similares a las alcanzadas en 2020, una previsión que supondría un enorme salto adelante en términos de volumen y que se está viendo¬do refrendada en las cifras con las que se prevé cerrar este primer cuatrimestre.

En paralelo, los planes de los responsables de la empresa contemplan continuar reforzando la estructura de la compañía, tanto en instalaciones –con las mencionadas aperturas de las oficinas de Santander y Tenerife– como en los equipos profesionales, incorporando comerciales y coordinadores con la idea de seguir fidelizando la red de colaboradores. El crecimiento de los últimos meses ha llevado a que la empresa pase de tres a siete trabajadores –además del CEO–, y prevea la incorporación de tres más en Santander y otros cinco en la delegación canaria.

La nueva oficina de GlobaEnergy en Santander se convierte, además, en un centro de atención al cliente de Aldro en la ciudad. Tras una década de trabajo en exclusiva para la comercializadora, explica el CEO de la empresa, esta apertura es fruto de la confianza y de la necesidad de estar aún más cerca de los clientes actuales y futuros, ofreciendo asesoramiento personalizado en un sector en el que cada vez más clientes ponen interés como fuente de ahorro doméstico y empresarial: “Como última milla hasta el cliente, es necesario estar en contacto permanente con él, ofreciendo el mejor servicio, toda la atención y ahorro, algo que conseguiremos mediante esta nueva ubicación en la Bajada de Polio, 6 de Santander, desde donde queremos impulsar el empoderamiento del cliente, conocedor de que la energía con la compañía apropiada puede ser una clara fuente de ahorro”. Esta apertura coincide, además, con unas fechas en las que se ha sellado el compromiso con el medio ambiente de Aldro Energía, que ya ofrece energía verde a todos sus clientes, tanto del sector residencial como empresarial. De esta forma, toda la energía suministrada es 100% limpia y con un proceso de generación no contaminante, tanto en la distribución como en su uso.

Las nuevas instalaciones de Globa Energy en la bajada de Polio, en Santander, que servirán como centro de atención al cliente de Aldro . En el aparcamiento cuentan con un punto de recarga para vehículos eléctricos. La instalación de estos puntos es uno de los servicios que ofrece la empresa cántabra.

El sector empresarial –desde pymes hasta grandes empresas– así como los grandes consumos conforman buena parte de la cartera de clientes de GlobaEnergy. “Estudio previo, asesoramiento personalizado y constante, y, por supuesto, ahorro, son algunas de las cualidades diferenciadoras a la hora de elegirnos para la gestión de esta importante partida de sus presupuestos”, asegura el CEO de la empresa. La red de colaboradores de GlobaEnergy, añade Rodríguez Andrés, es el principal valor de la compañía, reforzándose como punto de apoyo del cliente final en el plano energético, atendiendo sus necesidades específicas con la vista puesta en el ahorro en la factura mediante la optimización de consumos y recursos.

La apertura de las nuevas sedes cántabra y canaria viene a complementar la atención que ya recibían los clientes. “Nuestra red de colaboradores responde al teléfono ante cualquier necesidad; ofrecen la misma excelencia a través de los medios digitales, totalmente implantados en nuestra red de atención al cliente, y ahora implementamos también la atención física en nuestra nueva oficina en Santander y Tenerife. Somos así el experto 360 que los diferentes perfiles de consumidores de energía reclaman”, concluye Jaime Rodríguez Andrés.

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El aniversario con premio de Asepyme

La asesoría cántabra alcanza los 15 años de actividad en un momento marcado por la crisis sanitaria y su desigual impacto en el trabajo, con un aumento en la carga y complejidad de las tareas asumidas, pero también con el desgaste que provoca la difícil situación económica por la que pasan muchos de sus clientes. En ese contexto también hay lugar para las buenas noticias con las que celebrar la efeméride: el despacho, que tiene a Pedro Sainz e la Maza al frente de su departamento jurídico, se ha situado en el primer lugar en el ranking que elabora Emérita Legal dentro de los litigios por incumplimiento de contratos en Cantabria.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2021

La etapa que se abrió hace un año con la declaración del estado de alarma situó a las asesorías, como a resto del tejido empresarial, ante un escenario desconocido, sin referencias a las que remitirse en el pasado y con un futuro marcado por todas las incertidumbres que planteaba la crisis sanitaria. Sin embargo, y a diferencia de lo que sucedía en otros sectores, todo ello vino acompañado por un fuerte incremento en la carga de trabajo y en la relevancia de la tarea a realizar, convertida muchas veces en vital para la continuidad del negocio de sus clientes. Ese es el contexto en el que le ha tocado celebrar su decimoquinto aniversario a Asepyme, un despacho que ofrece asesoramiento fiscal, jurídico y contable desde sus oficinas de Santander y Torrelavega, y que ha vivido el último año con sensaciones encontradas. Al inevitable desgaste derivado de lo acuciante de los retos a los que se ha hecho frente, se une la conciencia de vivir momentos históricos, que han probado la capacidad de los profesionales que trabajan en firma para enfrentarse a una situación excepcional, y cuya labor ha tenido una incidencia directa en que muchos autónomos y pymes hayan llegado hasta aquí con posibilidades de salir adelante. Y como colofón a todo ello, el espaldarazo que ha supuesto aparecer en lo más alto del ranking que elabora Emérita Legal, y que ha situado a Asepyme y a Pedro Sainz de la Maza, el socio director de su departamento jurídico, en el primer puesto entre los despachos cántabros en la categoría de litigios por incumplimiento de contratos.

Asepyme nació en 2005, inicialmente con una actividad muy centrada en el área fiscal pero casi desde el primer momento con la intención de incorporar profesionales de otras disciplinas, con la idea de convertir la asesoría en un aglutinador de talento. Ser, como explica su fundador, Jesús Pereda, una empresa de servicios  especializados, ofrecidos por profesionales de alta cualificación que se sientan más cómodos trabajando bajo el paraguas de la marca, en lugar de hacerlo de forma autónoma. La trayectoria de la asesoría es el principal aval en ese objetivo de atraer talento profesional: en su origen muy vinculada al emprendimiento, Asepyme ha crecido acompañando los proyectos que contribuyó a poner en marcha, dando forma a una cartera de clientes en la que hay desde quienes reciben asesoramiento para poner en marcha una empresa a pymes que requieren servicios más técnicos, pasando por todas las categorías intermedias entre unos y otras: “Sabemos atender al emprendedor en lo que necesita para arrancar y acompañar al empresario en lo que requiere el día a día de su actividad”, señala Pereda.

Parte del equipo de Asepyme, en las oficinas de la asesoría en Santander, que cuenta además con una delegación en Torrelavega.

Acompasada con ese acompañamiento a los clientes en sus proyectos, la historia de Asepyme en estos años es en gran medida el relato de los avatares por los que han pasado las empresas en un tiempo marcado por dos crisis: la actual y la que se vivió con el estallido de la burbuja inmobiliaria, a partir del año 2008. Dos momentos que tienen en común la brusca caída de la actividad y las dificultades que ello ha provocado en las empresas, pero poco más. Son muy diferentes las medidas tomadas desde la Administración para enfrentarse a una y otra, y completamente distintos, también, los sectores más afectados entonces y ahora. La hostelería y el comercio son hoy los que más han sufrido el parón económico, por más que este haya alcanzado de una u otra forma al conjunto de la actividad. En todo caso, una y otra circunstancia –la respuesta de la Administración ante la crisis, y el perfil de las empresas en dificultades– han situado en primera línea a las asesorías, y particularmente a aquellas que, como Asepyme, tienen a autónomos y pequeñas y medianas empresas como principales clientes.

“Este último año ha sido extraño para todos”, resume Jesús Pereda, que destaca la labor realizada con los clientes, que ha ido mucho más allá de lo habitual en otras circunstancias: “Los empresarios buscan consejo y asesoramiento, pero muchas veces también un apoyo sicológico frente al desánimo”. La habilitación de herramientas como los ERTE o los créditos ICO, que el director de Asepyme valora como muy positivas, ha elevado la carga de trabajo y de responsabilidad de las asesorías, al tiempo que cumplía el objetivo de mantener el empleo y las posibilidades de futuro de empresas que, en una situación como la actual y sin el uso de esos instrumentos, se verían abocadas al cierre.

La tramitación de ERTEs e ICOs, la preparación de la documentación necesaria para ello y el asesoramiento sobre su uso y alcance han centrado buena parte del trabajo de Asepyme desde la declaración del estado de alarma, hace ahora un año, y las previsiones apuntan a que no cedan protagonismo en los próximos meses. Junto a ello, apuntan los responsables de la asesoría, se espera un nuevo incremento de la carga de trabajo derivado de la preparación de documentación para acceder a las ayudas habilitadas a las empresas que han sufrido el impacto de la crisis de forma más directa y, para aquellas que se encuentren con problemas para hacer frente a sus compromisos de pago, la tramitación de los instrumentos habilitados para enfrentarse a las insolvencias. En este último ámbito, que será fundamental para evitar que la crisis  provoque la desaparición de empresas viables y expulse del mercado a centenares de autónomos, se han producido algunas novedades que Pedro Sainz de la Maza considera que pueden tener una gran relevancia de cara a conseguir ese objetivo.

El socio director del departamento jurídico de Asepyme cree que la conocida como ‘Ley de Segunda Oportunidad’ –que regula los concursos de acreedores para personas físicas– ha estado hasta ahora lejos de poder cumplir la función que le da nombre, en gran medida por una circunstancia que se está viendo corregida por algunas sentencias de los juzgados de lo mercantil: la condición privilegiada que tenían las deudas con Hacienda y Seguridad Social, que imposibilitaba quitas y aplazamientos e impedía el borrón y cuenta nueva para buena parte de quienes podrían beneficiarse de no norma. “La ley está pensada para aquellos acreedores de buena fe que, por circunstancias sobrevenidas, han visto imposible hacer frente a sus deudas. A la vista de su patrimonio, el juez determina la cantidad que puede pagar y en qué plazo, y le libera del resto. El problema es que se excluía a las deudas con la Administración, y eso hacía imposible alcanzar el objetivo que se persigue, que es permitir la vuelta a la actividad de quienes de otra forma no podrían hacerlo”, señala Sainz de la Maza, que celebra que los tribunales estén corrigiendo lo que considera una situación perjudicial para todas las partes, permitiendo que el autónomo pueda poner el contador a cero y volver a trabajar, y dando a la Administración la oportunidad de recuperar la cantidad condonada gracias a las cotizaciones y el empleo que genera esta vuelta a la actividad: “Las leyes siempre son estáticas y cuesta cambiarlas, pero los jueces las adaptan a las circunstancias. Este me parece un caso evidente de buen criterio judicial”.

Pedro Sainz de la Maza, socio director del Departamento Jurídico de Asepyme.

Teniendo en cuenta la situación en la que están ahora mismo buena parte de los autónomos de la hostelería y el comercio, los responsables de Asepyme están convencidos de que la Ley e Segunda Oportunidad va a tener muchas ocasiones de ponerse a prueba en el futuro más próximo, y que la jurisprudencia creada por las sentencias que han exonerado una parte de la deuda con la Administración a algunas personas físicas –una de las últimas, la emitida por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huesca, remitiéndose a otras similares de juzgados de lo Mercantil de Madrid y Barcelona– sientan un buen precedente para que la crisis no suponga un punto final para muchos empresarios. “La condonación nunca será total, y para que pueda producirse es necesario acreditar la buena fe y que se ha hecho todo lo posible para pagar, pero va a ser posible conseguirla en muchos casos, porque los autónomos en España son pagadores y tienen afán de continuidad”, señala Pedro Sainz de la Maza, que destaca que, para lograrlo, es necesario hacer una valoración de todos los bienes del acreedor, acreditar que se ha pagado todo lo que ha sido posible y que se han puesto todos los medios para evitar la situación de insolvencia: “Es un procedimiento de gran carga jurídica, pero que también exige la participación del departamento económico de la asesoría. El éxito de un trabajo de este tipo depende en gran medida de esa labor conjunta, y nuestra ventaja es que contamos con un equipo multidisciplinar que nos permite asumir todas las tareas desde el despacho”, señala el director del departamento jurídico de Asepyme.

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Distribuidores de alimentación: en medio de todo, pero invisibles

Las empresas distribuidoras al canal Horeca ocupan una posición intermedia entre quienes producen alimentos y bebidas y los hoteles, restaurantes y cafeterías que los venden, y su salud económica está estrechamente vinculada con la de sus clientes, los hosteleros. Conocido el impacto que ha tenido la covid-19 entre estos, la situación de las distribuidoras es crítica. En 2020 estas empresas facturaron un 40% menos que en 2019 y, según Adishoreca, la asociación que las agrupa en Cantabria, el porcentaje de distribuidoras que ha tenido que recurrir a algún tipo de ERTE en este último año ronda el 100%.

Francisco Rouco | @FranRouco | Marzo 2021

Para un sector que depende de la hostelería en un 98% –el resto es pequeño comercio–, el confinamiento decretado en marzo del pasado año para luchar contra la pandemia inició una agonía que ha pasado por varias etapas. El primer capítulo transcurrió entre marzo y mayo, cuando estuvieron cerrados los establecimientos hosteleros. Entonces, prácticamente todo el sector de la distribución se paralizó, el 95% según cifra Adishoreca, la Asociación de Empresas Distribuidoras de Bebidas y Alimentación de Cantabria. Adishoreca reúne a 24 empresas asociadas que emplean a 563 personas y facturan 128 millones de euros al año. La situación de parálisis iniciada en marzo se mantuvo dos meses, hasta mayo, cuando comenzó la desescalada. Primero, con la reapertura de los establecimientos para servir comidas a domicilio o recoger. Después, con la apertura de las terrazas al 50% de aforo. Y para terminar, ya en la última semana de mayo, con el cartel de ‘Abierto’ tanto para interiores como en terraza, siempre y cuando se mantuvieran restricciones de aforo del 30% dentro y del 50% fuera. Esta última fase de la desescalada se mantuvo hasta junio, cuando se pasó a la “nueva normalidad” y se permitió la apertura total al 50% de aforo.

El verano dio un pequeño respiro al sector. Sin restricciones, pero con la sensación de peligro por lo vivido en los meses anteriores, el turismo se alejó de las zonas más concurridas y se desvió hacia destinos más tranquilos, como la cornisa cantábrica. En julio, Cantabria registró una ocupación hotelera del 50% y se convirtió, junto con Asturias, en el destino favorito del turismo nacional. En términos interanuales, se redujo la ocupación en un 35%, pero es que las cifras nacionales fueron un 73% más bajas que en el año anterior. En agosto se produjo un efecto palanca y Cantabria superó el 80% de la ocupación hotelera, su mejor dato desde 1999. Según cifras que maneja Adishoreca, el sector de la distribución al canal Horeca –hoteles, restaurantes y cafeterías– llegó a superar, entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto, las cifras de ventas del año anterior. Salvado el verano, y con la segunda ola golpeando en todo el país, volvieron las restricciones. La actividad se limitó a las terrazas y a los pedidos y se impusieron toques de queda. En este escenario estamos ahora.

En los últimos seis meses, el sector calcula que han echado el cierre el 60% de los establecimientos hosteleros en la región. Un descenso de la actividad al que el sector de la distribución al canal Horeca ha intentado adaptarse en la medida de sus posibilidades. “Hemos tenido que mantener bastante estructura para seguir dando servicio, pero con esa misma estructura repartimos una media de cajas de entrega que se ha visto muy reducida”, explica Rafael Pérez, presidente de Adishoreca, que subraya que este pasado mes de enero se facturó el 40% de lo conseguido el año anterior, mientras que la plantilla se mantiene en el 60%. “Estamos siendo bastante menos eficientes y generamos pérdidas mes a mes”.

Una de las tablas de salvación del sector han sido los expedientes de regulación temporal de empleo o ERTE. Prácticamente todas las empresas distribuidoras de alimentación y bebidas al canal Horeca en Cantabria han solicitado algún tipo de ERTE parcial en el último año, apunta Adishoreca. Unos expedientes estarían causados por el cierre del negocio, otros, por la temporalidad que, a juicio de Pérez, se ha impuesto al limitar la actividad de los establecimientos a las terrazas. “Que abran los sitios o no depende de la climatología. Puedes ir a hacer el reparto y encontrarte el sitio cerrado, así que tienes que volver al día siguiente, con lo que duplicas el gasto de distribución. Hay días que te sobran recursos y días que te faltan”.

Entre prórrogas de ERTE y créditos ICO

Rafael Pérez, presidente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Alimentación y Bebidas de Cantabria (Adishoreca).

La posibilidad de acogerse a un ERTE no siempre estuvo sobre la mesa para las empresas distribuidoras. En el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, cuyo foco apuntaba al turismo y la hostelería, el sector de la distribución a Horeca no aparecía. Uno de los criterios para definir qué empresas podían acogerse a las medidas propuestas fue la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), y esta no contempla a las empresas distribuidoras como parte del sector hostelero. “Para muchas administraciones no existíamos. Después de varios meses de incertidumbre por ese vacío legal, hablamos con Trabajo y finalmente conseguimos que aceptara nuestro sector como dentro de la cadena de valor de la hostelería y que nos considerara como afectado directamente por la pandemia”, explica Pérez. Hoy las empresas del ramo saben que sus ERTE estarán prorrogados hasta, por lo menos, mayo.

El otro escudo del sector frente a la crisis ha sido la concesión de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), informalmente créditos ICO. Gracias a ellos, las empresas distribuidoras cuentan con liquidez para poder pagar a proveedores y empleados y hacer frente a los gastos corrientes. “Con los créditos ICO todas las empresas tenemos tesorería, pero eso no quita que estamos generando pérdidas mes a mes y que no cubrimos los gastos. Y los créditos los tenemos que devolver”, explica Pérez, que recuerda que el periodo de carencia para los primeros préstamos era de 12 meses, con lo que muchos se empezarán a devolver en marzo. “Creo que fue una medida implantada cuando el gobierno pensaba que la pandemia iba a ser cosa de seis meses, con un rebote rápido. Ahora estamos viendo que esto es endémico y que va a durar varios años. Tendríamos menos gastos estando cerrados, pero tenemos que seguir con el negocio abierto, porque obviamente tenemos que dar servicio a ese 40% de clientes que todavía están abiertos”.

‘Hoy no se fía’ parece ser la proclama general. “En este momento la decisión unánime del sector es vender al contado. Las deudas atrasadas de los clientes, ya veremos”, explica Pérez. “Si nuestros clientes no han podido seguir con su actividad, lógicamente todas sus facturas corrientes de septiembre, octubre, noviembre, nos han quedado pendientes. Cuando se arreglen las cosas, ya veremos, pero ahora les estamos financiando, no nos queda otra”.

Los bares, restaurantes y cafeterías que tienen terraza se encuentran ante la duda de abrir pese a no ingresar lo suficiente para cubrir gastos. “Las personas somos animales de costumbres y si te sueles parar a desayunar en una cafetería, vas a seguir haciéndolo. Y si tu sitio favorito está cerrado, vas a encontrar un sitio abierto. Hay clientes [establecimientos Horeca] que mantienen horarios de venta muy amplios, aunque no sean rentables”. Abren, sostiene el presidente de Adishoreca, para mantener a sus clientes aunque pierdan dinero. Lo mismo sucede con quienes suministran los alimentos y las bebidas a estos establecimientos.

Ayudas directas del 3% sobre las pérdidas

Más allá de los ERTE y los créditos ICO, el sector se lamenta de la falta de ayudas directas. El real-decreto de finales de septiembre contemplaba medidas para paliar los problemas derivados de las restricciones que iban a llegar en los siguientes meses, pero la inexistencia administrativa del sector comentada más arriba lo dejó fuera de juego. El problema se solucionó a escala nacional en lo que concierne a los ERTE, pero el vacío legal causado por tomar como referencia la CNAE impidió que el sector pudiera solicitar las ayudas directas impulsadas por el gobierno cántabro a través de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (Sodercan). El llamado ‘Cheque de Urgencia’, una ayuda de entre 800 y 1.500 euros destinada a la hostelería, el turismo, el taxi y otros sectores afectados, dejó fuera a la distribución al canal Horeca; tanto en su primera convocatoria (noviembre-diciembre), dotada con un presupuesto de 12,1 millones de euros, como en la segunda, de 6,1 millones, que finalizó el pasado 1 de febrero. A finales de enero, el vicepresidente autonómico y portavoz del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), anunció que el gobierno estudiaba lanzar una tercera convocatoria del “Cheque de Urgencia”.

Almacenes de una de las distribuidoras que sirven al canal Horeca en Cantabria.

Mientras tanto, las distribuidoras Horeca solicitan al gobierno ayudas directas. Su principal reclamación es una ayuda por valor del 3% de la pérdida de ingresos de 2020 con respecto a la de 2019. El sector argumenta esta cantidad tomando en consideración sus ingresos antes de impuestos y amortizaciones. “El ebitda de nuestras empresas es de en torno al 6%, y la mitad lo destinamos a la amortización de inversiones que tenemos. En estos meses nos han seguido llegando las letras de las inversiones que hemos hecho en flota, almacenes, cámaras refrigeradoras o aplicaciones informáticas. Para dar una cifra concreta y contrastable, pedimos ese 3%”, explica Rafael Pérez, presidente de la asociación que agrupa a las empresas distribuidoras de alimentos y bebidas a establecimientos hosteleros.

Las distribuidoras también hacen fuerza para una medida dirigida a todo el sector hostelero: la bajada del IVA del 10% al 5%. “Sería muy importante para el sector hostelero y una ayuda para el que factura”, aclara Pérez, al tiempo que recuerda que en Alemania se ha hecho eso mismo. En el caso alemán, el año pasado se bajó el IVA al sector hostelero del 19% al 16% y más adelante al 7%, la categoría de IVA más baja del país germano, donde permanecerá hasta finales de 2022. Las expectativas sobre la bajada del IVA en España son inciertas, pues hay que recordar que el sector hostelero ya opera al IVA reducido del 10%, el que grava los productos farmacéuticos o el agua, por ejemplo, desde que se promulgó la ley de este impuesto, hace 29 años.

“Como sector, toca adaptarnos a lo que hay ahora mismo y lo que vendrá en los próximos 3 o 4 años, que es una caída del mercado de la hostelería entre un 20% y un 30% aún cuando no haya limitaciones. Con más gente en el paro, lógicamente habrá menos renta disponible para irse de vacaciones y consumir en hostelería”, augura Rafael Pérez, presidente de Adishoreca. Sin embargo, hay lugar para la esperanza. “Los empresarios somos realistas, y tenemos que ver el futuro con ilusión. La vida continuará, nos vamos a tener que adaptar, pero esto va a continuar. Volverá a haber hostelería, negocios, reuniones familiares, y tenemos que estar ahí, dando servicio a nuestros clientes para que todo vuelva a funcionar”.

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Luces y sombras del ingreso mínimo vital

Siete meses después de la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. La cara son los 1.808 hogares cántabros amparados por esta ayuda, que suman un total de 5.204 personas. La cruz, que el 65,9% de las solicitudes tramitadas se rechazan, que Cantabria se sitúa a la cola de España en cuanto a alcance de esta prestación y que, según denuncian sindicatos y organizaciones del tercer sector, los canales de comunicación para solicitar la ayuda son mejorables.

Francisco Rouco | @FranRouco | Febrero 2021

El pasado mes de junio, el Gobierno puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV), una aportación directa de entre 461,50 y 1.015,30 euros al mes dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas económicamente vulnerables. El objetivo: llegar a 2,3 millones de personas, 850.000 hogares en toda España. La medida, calificada por sus impulsores como “el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia —firmada en 2006—”, es compatible con otros incentivos como becas al estudio, ayudas a la vivienda y algunas prestaciones de emergencia. Y también con la búsqueda de empleo: en caso de encontrarlo, la prestación sigue activa mientras no se superen los requisitos, que son tener unos ingresos inferiores a 459,93 euros al mes y un patrimonio menor de 16.917,60 euros, además de otras obligaciones.

En diciembre, siete meses después de su puesta en marcha y con 518 millones de euros invertidos de una partida total de 3.000, el IMV alcanzaba a 462.508 personas en toda España, unos 160.000 hogares. Esta cifra representa el 19% de lo prometido por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cuando se aprobó la medida en junio. Aunque el ministro redujo en octubre el objetivo de los 850.000 hogares a 550.000, y en diciembre dijo que la primera cifra no se alcanzaría “ni de lejos”, las diferencias entre el alcance real y las previsiones sobre el papel han obligado a las autoridades a evaluar todo el proceso, especialmente después de conocer algunos porcentajes inesperados.

Un voluntario trabajando en el centro de distribución que el Banco de Alimentos de Cantabria tiene en Santander. La creciente demanda de este servicio, como de los que presta Cáritas o la Cocina Económica, es una de las consecuencias de la crisis de la covid-19.

En toda España, se presentaron –siempre con los datos hasta diciembre de 2020– 1.136.173 solicitudes para conseguir el ingreso mínimo vital. Para valorar la expectación que ha tenido esta medida hay que recordar que solo se puede presentar una solicitud por unidad de convivencia, es decir, por familia o pareja de hecho que convivan bajo un mismo techo. Por tanto, tras una sola solicitud puede haber más de una persona interesada (de hecho, el número de personas cubiertas actualmente por el IMV por cada solicitud aceptada es de 2,9). Hasta diciembre fueron tramitadas 807.914 solicitudes, es decir, un 71,1% de las presentadas. De aquellas, se aprobaron 159.482, se denegaron 466.873 y hay 181.559 solicitudes con errores o incompletas que deben ser corregidas. Si nos centramos en las solicitudes tramitadas, apartamos de la ecuación las solicitudes pendientes –22,5% de todas las tramitadas– y atendemos solamente a las aprobadas y las rechazadas, el porcentaje de aprobación es del 25,5% y el de rechazo, del 74,5%. Este dato es el que está suscitando la mayor parte de los reproches a la puesta en marcha de esta medida, aparte de las diferencias ya referidas entre el alcance prometido y el alcanzado.

En cuanto a los datos de Cantabria, los porcentajes van parejos a las cifras nacionales. Hasta diciembre se presentaron 9.765 solicitudes, de las cuales se tramitaron 6.892, el 70,6%. De estas se aprobaron 1.808, se rechazaron 3.493 y están pendientes de subsanación 1.591. De nuevo, podemos aislar las solicitudes por corregir –23,1% de las tramitadas– para obtener el grado de aceptación/rechazo del IMV en Cantabria: se aprueba el 34,1% de las solicitudes y se rechaza el 65,9%.

“Con carácter general, las denegaciones tienen que ver con los criterios de vulnerabilidad económica, es decir, no cumplir con los requisitos de renta y patrimonio”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las preguntas planteadas por esta revista. “El IMV está focalizado a las situaciones de vulnerabilidad extrema, es decir, a aquellas personas que se encuentran en situaciones de pobreza y exclusión. Es evidente que, de los más del millón de solicitudes que se han recibido, no todas las personas cumplen los umbrales de renta y patrimonio que se exigen para la prestación”. Con todo, desde el ministerio valoran la puesta en marcha del IMV como “muy positiva” y destacan la “elevada demanda”, que “pone en evidencia que era una prestación absolutamente necesaria, demandada desde hace muchos años por las organizaciones sociales y que, sin duda, supone un gran avance para nuestro Estado de Bienestar”.

Una cobertura de solo el 10%

Paralelamente a conocerse el dato de solicitudes del IMV y su porcentaje de rechazos, Comisiones Obreras (CCOO) publicó su informe Hogares sin ingresos laborales por comunidades autónomas, donde denunciaba el “lento reconocimiento” del IMV en la comunidad cántabra. Según datos del sindicato elaborados a partir de la Encuesta de condiciones de vida (ECV) de 2018 del INE, esta ayuda solo alcanzaba en diciembre al 10% de los hogares cántabros potencialmente necesitados, la segunda comunidad autónoma con menos cobertura, solo por detrás de Canarias, con el 9,2% (la media española se sitúa en el 20,4%). El informe calcula que hay 18.000 hogares que podrían beneficiarse del IMV, pero a finales de año este solo alcanzaba a menos de 2.000 (los 1.808 ya citados). Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones denegaron hacer valoraciones sobre este asunto, aludiendo a que desconocen los datos que ha publicado CCOO, pese a habérselos facilitado y ser públicos.

Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria.

Desde el sindicato consideran esta cobertura “insuficiente”, y la explican a partir de varias razones: falta de personal en la administración pública, un procedimiento administrativo “demasiado farragoso” y una falta de comunicación que, señalan, dificulta que las personas puedan conocer este recurso. “Tras aprobar el IMV, hubo una primera oleada de personas de todo tipo de niveles de acceso que nos consultaron si podían solicitar el IMV”, explica Rosa Mantecón, secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO de Cantabria. “Llegaron muchas personas con ingresos muy bajos que creían tener derecho a la prestación, pero que quedaban fuera por tener familiares o cónyuges con cuantías que no cumplían los requisitos”. Paralelamente a esto, explica Mantecón, muchas personas que sí pueden optar al IMV están quedándose fuera por desconocimiento. “A las personas que ya teníamos en nuestros expedientes y que sabíamos que tenían posibilidades de acceder las ayudamos a hacer los trámites telemáticamente, un procedimiento que para gente que no tenga cierto nivel de estudios o habilidades informáticas es imposible”.

Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Pese a que existen dos vías para tramitar las solicitudes para el IMV, la presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la telemática en la página web (www.seg-social.es), además de un número telefónico para las consultas (900 20 22 22), la covid-19 redujo las opciones a una. Levantado el confinamiento, las citas presenciales empezaron a concederse para varias semanas después, con lo que la tramitación vía web se convirtió en la alternativa más rápida. El procedimiento no entraña mucho misterio para una persona que use Internet de forma habitual, una condición que no suele darse en muchas de las personas que piden estas ayudas, como denuncian desde CCOO. Para hacerlo más fácil, el 26 de junio se subió a Youtube un vídeo llamado ‘Acceda a toda la información sobre el Ingreso Mínimo Vital’, un clip explicativo con instrucciones claras y sencillas. Sin embargo, el vídeo dejaba fuera tareas con un punto adicional de complicación, que van mucho más allá de adjuntar archivos a la solicitud. Ejemplo de ello es convertir los documentos fotografiados en archivos PDF o reducir la resolución de los documentos si estos superan el tamaño máximo de 15 MB. “Todos estos trámites no son sencillos para muchas personas, especialmente para aquellas que ni siquiera tienen Internet en sus casas”, explica Rosa Mantecón, que señala además la dependencia del ordenador para conocer el estado de la solicitud. “Una vez que envías la solicitud telemáticamente, todas las comunicaciones son por esta vía. Hay muchas personas que creen que han añadido todos los documentos y no ha sido así, pero tampoco saben lo que tienen que añadir”. De las peticiones tramitadas hasta diciembre en Cantabria, dos de cada 10 tienen que ser revisadas porque falta información o hay errores en la documentación aportada. “El problema es que muchas veces las personas que se encuentran en situación de exclusión son las que peor acceso tienen a la información sobre los recursos disponibles que pueden ayudarles”, subraya la secretaria de Comunicación, Juventud, Mujeres, Política Social y Migraciones de CCOO.

Una “brecha comunicativa” pendiente

“Es posible que la información no haya llegado a la ciudadanía de forma suficientemente clara para que sepan cómo pedir esta ayuda”, explica Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander. “Al margen de que las entidades privadas ayudemos de forma individual a las personas que acuden a solicitar la ayuda, el esfuerzo debe de ser de quien tiene la información, y creo que ha habido una brecha comunicativa”. Desde esta institución han comprobado varios problemas relacionados con las solicitudes del IMV. El más notable es la falta de un interlocutor de la Seguridad Social en caso de dudas. “Hay personas que no saben por qué cobran lo que cobran y si pueden optar a más ayudas”, denuncia Sierra. Anulada de facto la opción presencial –“pueden pasar semanas hasta conseguir una cita”—, la única vía para obtener información de primera mano para explicar “conceptos confusos como la unidad de convivencia” es el teléfono. “Llaman por teléfono y en raras ocasiones obtienen respuestas”, explica Sierra, quien subraya que entiende que los servicios de la Seguridad Social están saturados y que hace su valoración desde la “comprensión” de esa circunstancia. Sobre el servicio telefónico hay que mencionar que inicialmente iba a funcionar de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 (el vídeo de Youtube muestra ese horario) pero actualmente solo opera de 9:00 a 14:30, de lunes a viernes. “Hay mucho desconocimiento a pie de calle sobre cómo se está llevando el ingreso mínimo vital. La ciudadanía necesita seguridad, y si la ciudadanía ha conquistado un derecho como es este, lo que hay que esperar es que se responda a todas las personas que tengan ese derecho”, concluye el secretario general de Cáritas Diocesana de Santander.

Dependencias de la Cocina Económica, en Santander.

Superada la primera etapa del ingreso mínimo vital, el balance es desigual. Siete meses después de su implementación, 1.808 solicitudes han sido aceptadas en Cantabria, y la ayuda se extiende hasta las 5.204 personas entre solicitantes y menores a su cargo. Sin embargo, por el lado negativo destaca el elevado porcentaje de rechazos (65,9%), el de solicitudes con errores o incompletas (22,5%) y el 5% de solicitudes duplicadas. Ante esta situación, fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten que el sistema está en revisión “Estamos realizando una completa evaluación de manera continua del alcance que tiene la prestación con la finalidad de desarrollar propuestas de mejoras y asegurar que la prestación llegue a las personas y colectivos a los que va dirigido y a los que de momento no se ha llegado. Ese es nuestro compromiso en este momento”.

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Movilidad alternativa

El modelo de coche compartido en alquiler llega a Cantabria de la mano de Guppy, una empresa que gestiona su relación con los clientes a través de una app, cobra en función de los kilómetros y no del tiempo de uso y compone su flota exclusivamente con modelos eléctricos. El arranque de la actividad en Santander ha supuesto la creación de 8 puestos de trabajo y una inversión de dos millones de euros, la mayor parte destinada a la adquisición de 50 coches del modelo Renault Zoe.

Sara Sánchez Portilla | Enero 2021

Una `flota verde’ ha llegado a Cantabria. Las empresas Remolques Unidos de Santander y Guppy se han asociado para traer a la región un total de 50 coches eléctricos que estarán disponibles para su alquiler en diferentes puntos de la ciudad de Santander, a la espera de que los usuarios, a través de la aplicación ‘Guppy–car sharing’, comiencen a hacer uso de una opción de movilidad sostenible que, según sus promotores,  puede lograr un ahorro en emisiones de 140 toneladas de CO2 en el primer año, y que ha supuesto una inversión de dos millones de euros y la creación de ocho empleos fijos.

La llegada de esta nueva iniciativa a Cantabria se produce en un momento marcado tanto por las nuevas condiciones de movilidad asociadas a la crisis del Covid-19, como por el compromiso de las diferentes administraciones por buscar alternativas al uso tradicional del vehículo privado. Facilitar el paso de los motores de combustión a las energías limpias, en línea con los objetivos de reducción de las emisiones con efecto invernadero, y generar nuevos hábitos en los usuarios son algunos de los objetivos que dieron lugar a la puesta en marcha de Guppy, que dio un giro sostenible con el medio ambiente al alquiler de coches, haciendo que su flota de vehículos fuera 100% eléctrica.

Nacido en Asturias, el proyecto encontró la forma de dar el salto a Cantabria a través de la empresa Remolques Unidos, que había creado la asociación Cantabria Movilidad Sostenible, lo que facilitó dar el paso, según explica Juan Gracia, director de la plataforma Guppy en Cantabria. La iniciativa se concretó el pasado mes de diciembre con la compra de los vehículos, todos eléctricos y todos del modelo Renault Zoe Neo, que fueron adquiridos en el concesionario Vidal de la Peña.

En la página anterior, dos de los vehículos de la flota de Guppy, recargando en las instalaciones de la empresa en Santander. Junto a estas líneas, la aplicación de móvil a través de la que los clientes pueden contratar los servicios de la empresa.

La relación con los clientes y la forma en que se contrata el servicio de alquiler son, junto a la apuesta por los vehículos eléctricos, los otros elementos que diferencian el servicio de Guppy de otros alquileres de vehículos sin conductor. El cliente puede realizar todas las operaciones correspondientes al alquiler a través de la aplicación ‘Guppy–Car sharing’, disponible para smartphones y donde podrá localizar el vehículo más próximo a su ubicación. “Hemos habilitado una zona muy grande de Santander, en la zona centro, y también en la zona del Sardinero y centros comerciales, para tener paradas en exclusiva. Son puestos fijos donde nuestros usuarios pueden tanto recoger el coche o dejarlo. En la aplicación podrás localizar dónde se encuentran los vehículos y recogerlos en el lugar más cercano a ti”. Además, como indica el director de Guppy en Cantabria, el servicio ofrece a sus clientes la plaza de aparcamiento exclusiva propia de la empresa y delimitada con la publicidad de esta. Al tratarse de vehículos 100% eléctricos, el usuario puede aparcarlos en la zona OLA de forma completamente gratuita, por lo que no tendrá que hacer frente a ningún coste añadido al del alquiler, ni en combustible, ni en aparcamiento: “Una vez el usuario estaciona el coche tiene dos opciones, o devolverlo o bloquearlo mediante el sistema ‘Stand By’, para que nadie tenga acceso a ese coche. Por cinco céntimos el minuto puedes bloquear el coche para que ningún otro usuario lo pueda alquilar”, concreta.

Tarifas: pago por kilómetro

El importe de las tarifas dependerá de los kilómetros que el cliente realice, no del tiempo que le lleve realizar dichos kilómetros. Los diez primeros kilómetros tendrán un coste total de un euro el kilómetro, y siempre fraccionado por lo que si se realiza un kilómetro y medio el precio sería de un euro con cincuenta céntimos, independientemente del tiempo que tardes en realizar el trayecto. “Con esta propuesta de pago por kilómetro hemos querido evitar los problemas que, por ejemplo nos encontramos en grandes capitales, que funcionan por minutos y la gente va a alta velocidad para que la tarifa no ascienda notoriamente. Además, partir del kilómetro 10 el precio del este baja a la mitad, teniendo un coste de cincuenta céntimos”.

Otra de las opciones que puede elegir el cliente como forma de pago son los bonos, que una vez se establece la cantidad que se desea pagar podrá ser consumida sin fecha límite de caducidad. También reciben el nombre de bonos ahorro ya que, dependiendo del saldo establecido, añaden un saldo extra, a cargo de la empresa. Según indica el director de Guppy, el cliente puede poner un saldo de 100 euros y en este caso a esa cantidad es añadida una recarga con un total de 150 euros, por lo que el cliente ahorra un 33% en sus recorridos. “Esos primeros kilómetros que pagabas a un euro, con el saldo prepago con una cantidad de 100 euros reducen el kilómetro a 96 céntimos reales, y los kilómetros que pagabas a cincuenta céntimos pasan a reducirse hasta 33 céntimos”. Por otra parte, en relación a las empresas y autónomos que decidan utilizar Guppy como medio de transporte tienen aplicado un 21% de descuento, desgravando el IVA.

“Tenemos una tarifa de día, pensada tanto para el turista como para alguien que se va a mover mucho. Si nos ponemos en el ejemplo de un usuario que tiene un alquiler en el que ha recorrido 400 kilómetros, el precio sería elevado, sin embargo, hemos establecido que el máximo diario son 60 euros, por encima de ese precio no vas a ser facturado. Aunque hayas hecho kilómetros por valor de 200 euros el importe máximo que va a ser cargado son 60 euros”.

La entrega de los vehículos que supuso, el pasado 11 de diciembre, el pistoletazo de salida del proyecto: Juan Gracia, en el centro, director de Guppy en Cantabria, junto a Lorenzo Vidal de la Peña y Jesús Manuel Pérez, presidente y responsable comercial de Automóviles Vidal de la Peña, respectivamente.

El combustible –electricidad en este caso– está incluido, por lo que no supone un coste adicional mientras que el recorrido no supere los 360 kilómetros de autonomía que tienen estos automóviles. Por ejemplo, si se realiza un alquiler de uno de los coches de Guppy y el cliente desea ir hasta Málaga deberá hacerse cargo del coste del repostaje eléctrico que no superará los seis euros. Sin embargo, si el cliente decide moverse por la ciudad y está a punto de exceder la cantidad de kilómetros, puede dejarlo en un punto de recogida y los empleados de la empresa se encargarán de volver a recargarlo.

Como indica Gracia, el cliente siempre alquilará el vehículo con la batería cargada y en caso de que el usuario realice un alquiler diario será él quien asuma el coste de la recarga si supera los 360 kilómetros de autonomía. “Hemos creado 8 puestos de trabajo dando un servicio de 24 horas por turnos de 8 horas, encargados de ocuparse de los vehículos que están bajos de carga para recargarlos y volver a cargarlos en la ciudad. El usuario solo tiene que preocuparse de conducir, por lo demás, tanto el combustible como la limpieza de este y su seguro, corren de nuestra cuenta”.

Plan de negocio

Según los planteamientos de sus promotores, y con independencia de otros factores a considerar, Guppy sería rentable en Cantabria si la actividad se mueve en el entorno de los cinco y diez viajes por vehículo y día. Entre los factores que pueden hacer variar esa cifra está la forma de alquiler ya que, como explica Juan Gracia, no es lo mismo un alquiler diario de 60 euros que un alquiler pequeño, por lo que debe conseguirse un “equilibrio” que proporcione estabilidad y rentabilidad.

Y, ¿cuál sería el cliente objetivo en el que piensa Guppy? Gracia explica que son varios. En primer lugar estaría el cliente particular, que realiza recorridos pequeños por la ciudad: “Por ejemplo, un padre o una madre que tienen que ir a recoger a sus hijos a la salida del colegio. Todos los coches tienen alzador, para que puedas llevar a tu hijo. Ese sería nuestro primer público, un perfil urbanita, que se mueve por la ciudad, que igual no tiene coche o que va a hacer trayectos cortos y le interesa más mover un coche de este tipo que su coche particular”.

Otra gran categoría de clientes serían los profesionales, que como indica Gracia pueden ser de dos tipos. “Está el usuario profesional que viene de manera esporádica a Santander, que viaja en avión o cualquier transporte, llega a Santander y decide alquilar este coche para facilitar su llegada. Los coches tienen movilidad libre, es decir, aquel usuario que haga uso del vehículo podrá moverse libremente por toda la península, pero siempre deberá dejar el vehículo en uno de los estacionamientos Guppy. Es decir, el trayecto se inicia y finaliza en las zonas habilitadas. El usuario puede por ejemplo coger el coche, ir a una reunión en Bilbao, volver a la ciudad y finalizar el trayecto en la ciudad”, explica. “En cuanto al otro tipo de profesionales que hacen uso de este servicio, están el autónomo y empresas que ahora tienen una flota de vehículos, pero que ante los costes que supone mantenerla, puede optar por nuestro sistema. Hay que decir que la propia aplicación es la llave del coche, por lo que no hay problema de perder la llave. Además, todo el trayecto realizado queda registrado en la aplicación y las empresas pueden consultarlo”. Y finalmente, indica que el último tipo de cliente sería el turista, que llega a Santander y puede hacer uso de los vehículos Guppy sin preocuparse de las zonas con OLA y moverse por la ciudad libremente de forma sostenible.

Competencia

Juan Gracia, director de Guppy en Cantabria.

Los promotores de Guppy creen que la clave para captar clientes está en las alternativas que cada cual elija para desplazarse, y no tanto en la actividad de otras empresas. De hecho, Juan Gracia considera que Guppy no tiene hoy por hoy ningún competidor en Cantabria, ya que son la primera empresa de ‘carsharing’ –coche compartido– establecida en la región. Y en comparación con compañías que operan en las grandes ciudades, el director de Guppy asegura que estas resultan ser “más caras” debido a su facturación por minuto e importe elevado. También recalca que hay que tener en cuenta la filosofía de la empresa, que “marca la diferencia” apostando por una movilidad sostenible, energía limpia y un uso prudente y responsable del vehículo.

En términos de hábitos de movilidad, Gracia considera que la principal competencia a la que se enfrentan puede ser el segundo o tercer vehículo del particular, una alternativa a la que cree poder responder con argumentos como el menor coste, dado el ahorro que el cliente conseguiría en gasto de combustible, seguros y mantenimiento.

La referencia del tiempo que la empresa viene ya operando en Galicia hace ser optimista a Juan Gracia sobre la evolución del negocio en Cantabria: “Esperamos que sea un éxito, que tenga el mismo uso que en Asturias y que eso nos permita seguir creciendo e incorporando más vehículos el año que viene, ya que nuestra idea no es quedarnos solo en cincuenta coches, sino ampliar la flota y modernizar la ciudad con un servicio sostenible. Nuestro objetivo es dar servicio no solo en Santander, sino también en Torrelavega y otros municipios cántabros. Puede ser hasta una solución para el transporte en el entorno rural. Estamos valorando muchas cosas, pero primero vamos a valorar la acogida en Santander”.

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