Además de haber sufrido especialmente las consecuencias de la crisis, el colectivo del taxi presenta un abanico de reclamaciones que cubre desde la competencia desleal hasta la pérdida de poder adquisitivo, pasando por la amenaza de desregulación y el exceso de licencias. La recientemente constituida Federación Cántabra del Taxi se plantea actuar como portavoz de los profesionales ante esos problemas y evitar que esas amenazas impidan aprovechar la incipiente recuperación del mercado.

Texto de J. Carlos Arrondo @jcrlsam

Suele decirse que el taxi es un termómetro de la vida cotidiana de un lugar y que la evolución de su negocio es uno de los principales indicadores de la situación del bolsillo de los ciudadanos. La demanda de sus servicios es especialmente sensible a las variaciones que los vaivenes de la economía producen en el poder adquisitivo de la población. El estallido de la gran crisis en 2008 dejó atrás los tiempos en que las centralitas no daban abasto a la hora de atender llamadas solicitando taxis. Desde aquel momento y hasta 2014 en que tocó fondo, el sector ha vivido unos años de profundo declive. En 2015 inició una leve recuperación y este año ha superado ligeramente las cifras del anterior. Una ligera mejoría que en zonas urbanas, como Santander, están notando en detalles como el incremento en los servicios nocturnos o en el transporte de usuarios procedentes de las típicas cenas navideñas de empresa. Sin embargo, la radiografía de un sector tan complejo como es el del taxi señala que los problemas a los que debe enfrentarse trascienden a algo tan importante como la evolución de la demanda de sus servicios y, en consecuencia, su volumen de negocio. El origen de la mayor parte de esos problemas está en el hecho de que se trata de una actividad profesional cuya extrema regulación por todos los ámbitos de las Administraciones Públicas, desde la municipal a la europea, pasando por la autonómica y la nacional, hace que permanentemente surjan tensiones, roces y problemas en torno al cumplimiento de tan laberíntico marco normativo. Si se añade la concurrencia en el escenario de nuevos actores liberados de la férrea regulación que deben observar los profesionales del auto-taxi, parece inevitable que surja el conflicto.

La idea de juntar las fuerzas para afrontar algunos de los problemas en los que actualmente está inmersa su actividad ha sido el principal impulso para que seis organizaciones del sector se unieran para formar la Federación Cántabra del Taxi. El pasado 31 de octubre fue constituida por trescientos asociados y está previsto que, de acuerdo con el interés mostrado por varias decenas más, en breve puedan contar con aproximadamente trescientos setenta miembros, y hay confianza en que las algo más de quinientas licencias de auto-taxi que actualmente existen en Cantabria lleguen a estar  representadas en la Federación.

El colectivo de taxistas cántabros nace con varios problemas de muy diversa índole a los que hacer frente. Algunos de ellos son comunes a los profesionales de todo el país, otros son propios del ámbito regional y no pocos de ellos se focalizan en las particulares circunstancias de la actividad en los diferentes municipios de Cantabria. A pesar de que la Federación surge de la unión de las grandes asociaciones, con una representación mayoritaria de los taxistas de Santander y municipios limítrofes y de otros núcleos urbanos, como Torrelavega, Castro Urdiales o Cabezón de la Sal, no se quiere olvidar a los profesionales de las zonas rurales. “Lo que queremos es que ese taxista de un  municipio pequeño que tiene un problema y no tiene a quien acudir, pueda recurrir a la Federación para que le ayude”, indica su presidente, Manu Andoni Ruiz.

Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra del Taxi.

Una de las principales razones para constituir la Federación ha sido la de establecer un frente común en Cantabria –de igual manera que han hecho diferentes organizaciones del sector en otras zonas de España– ante el recurso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) interpuso contra la reforma del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), cuya principal novedad es la implantación de un cupo en la concesión de licencias VTC, aquellas que habilitan el alquiler de vehículos con conductor. Estas licencias regulan un tipo de servicio que debe formalizarse en un contrato previo, en el que ha de especificarse quiénes son los pasajeros, el recorrido, la fecha y la hora del servicio. No pueden circular por la calle a la búsqueda de pasajeros ni establecer paradas para su recogida. Las asociaciones profesionales del taxi lamentan que, hasta la entrada en vigor de la citada modificación del ROTT, la concesión de licencias VTC ha sido indiscriminada y defienden la limitación que establece la nueva normativa. “Hasta noviembre de 2015, en Cantabria se habían triplicado. Teníamos 39 VTC y pasamos a 120. Antes de la reforma del ROTT, las Comunidades Autónomas recibían muchas solicitudes y podían denegarlas, pero esos solicitantes acudían después a los tribunales y las obtenían por vía judicial. La normativa actual decreta una contingentación de una licencia VTC por cada treinta licencias de auto-taxi”, explica el presidente de la Federación Cántabra del Taxi. El conflicto radica en que mientras la CNMC pretende con su recurso la liberalización de la concesión de licencias para el alquiler de vehículos con conductor, los colectivos de taxistas personados en el proceso ven en la impugnación de la nueva regulación introducida en el ROTT una puerta abierta a la competencia desleal.

Por una parte, ante las dificultades legales que están teniendo en España y otros países europeos para ofrecer servicios de transporte de viajeros en vehículos particulares a través de aplicaciones en dispositivos móviles, empresas como Uber están tratando de implantarse a través de las VTC, por lo que la liberalización de este tipo de licencias supone un grave peligro para los taxistas. Por otra, observan que no existe el mismo rigor a la hora de vigilar el cumplimiento de la muy amplia y estricta regulación que les afecta a ellos y la que se aplica al arrendamiento de vehículos con conductor.

Manu Andoni Ruiz recuerda que en principio las VTC se concibieron como un servicio de lujo destinado a pasajeros que pretendían pasar desapercibidos en vehículos sin distintivos, pero que han derivado en algo muy diferente: “Están arrasando el mercado. Nosotros tenemos unas tarifas reguladas a nivel urbano por los ayuntamientos y a nivel interurbano por las comunidades autónomas, mientras que ellos tienen los precios liberalizados: cada empresa establece los suyos. Además, sabemos que están cometiendo todo tipo de irregularidades, como estar prestando servicios con conductores que ni están dados de alta o no pertenecen a la empresa,  y no tenemos constancia de que la Dirección General de Transportes lo esté investigando”.

El problema es especialmente grave en Santander, donde los taxistas lamentan que no se está vigilando con la debida diligencia que las empresas de alquiler de vehículos con conductor cumplan la normativa vigente. Sostienen que es labor de la Policía Local de cada municipio y de la Guardia Civil, allá donde sea competente, inspeccionar la actividad de dichos vehículos. La policía municipal santanderina, sin embargo, consideraba que carecía de las competencias para acometer esa vigilancia y que para ello debería suscribir un convenio con la Dirección General de Transportes, por ser esta la responsable de dicha inspección. Tras algunas discrepancias entre una y otra administración, finalmente fue firmado el convenio que habilita a la Policía Local para controlar a las VTC, pero los taxistas cántabros denuncian que no se está aplicando. “Llevamos requiriendo el cumplimiento del convenio tanto al Ayuntamiento como a la Dirección General de Transportes, pero hasta hoy ha quedado en agua de borrajas. Como no se están inspeccionando, las VTC campan a sus anchas por Santander”, advierte el presidente de la Federación.

Si la concesión de decenas de licencias VTC durante los últimos años ha hecho daño al sector, el exceso de licencias municipales de auto-taxi que los ayuntamientos de Cantabria están sacando a concurso también supone un grave problema. En Cantabria hay 504 taxis con licencia VT, que es la autorización que la Dirección General de Transportes concede para trayectos interurbanos, pero no se sabe a ciencia cierta cuántas licencias municipales, únicamente para recorridos urbanos,  tienen concedidas los ayuntamientos. “Cada ayuntamiento  tiene derecho a una licencia por cada mil habitantes o sus fracciones. Es decir, que si un municipio tiene 1.050 habitantes podrá tener dos licencias de taxi”, explica Manu Andoni Ruiz, que añade: “Está sucediendo que muchos ayuntamientos están concediendo ahora esas licencias a las que tienen derecho. Simplemente esas fracciones de mil multiplicadas por 102 municipios suponen 102 taxis más. No tiene sentido que podamos plantarnos en setecientas licencias cuando además la población de Cantabria está bajando. Vamos a solicitar a la Dirección General de Transportes que aumente el ratio que da derecho a conceder una licencia municipal”.

La Federación Cántabra del Taxi quiere averiguar cuántas licencias existen realmente y también tiene interés en saber cuántas de ellas están siendo explotadas, ya que la legislación obliga a los ayuntamientos a incoar expediente de revocación de todas aquellas que no se utilicen durante treinta días consecutivos o sesenta alternos. “Los ayuntamientos, la mayor parte por desconocimiento, no están revocando estas licencias. Vamos a dirigirnos a ellos y a Transportes para que pongan esto en orden y de alguna manera regulen esta concesión indiscriminada de licencias”, indica el representante del colectivo cántabro.

La racionalización de la concesión de licencias y la amortización de aquellas que no están siendo explotadas son reivindicaciones que se basan en una idea común: no es necesario que haya más taxis, sino que los que ya hay puedan prestar un servicio más eficaz. Este es precisamente el argumento de la Federación Cántabra del Taxi para apostar por la creación de ‘áreas de prestación conjunta’. De manera análoga a las mancomunidades que varios municipios pueden formar para la prestación de servicios públicos, los taxistas cántabros demandan la creación de zonas que integren varios municipios que compartan los servicios de sus respectivos taxis. Tanto la reglamentación nacional como la autonómica establecen que un taxi con licencia en un municipio no puede recoger pasajeros en otro. En determinadas zonas de Cantabria para los usuarios resultaría muy beneficioso disponer de más opciones de transporte público, al tiempo que se permitiría a los taxistas aumentar sus posibilidades de trabajo. Se trataría de hacer más eficientes las licencias ya existentes sin que haya necesidad de conceder más, pero para que se cree una de estas áreas debe autorizarlo la Dirección General de Transportes. “Tenemos perspectivas muy positivas, están dispuestos a integrarse muchos municipios”, comenta Manu Andoni Ruiz respecto a la reunión que han tenido en Cabezón de la Sal para analizar la posibilidad de crear una de estas ‘áreas de prestación conjunta’ en la zona occidental de Cantabria.

El colectivo del taxi se enfrenta además a un serio problema tarifario por partida doble. Por un lado, el intrincado proceso administrativo que conlleva la revisión anual de las tarifas urbanas, establecidas por los ayuntamientos, supone que la revisión de estas se refleje efectivamente en los taxímetros varios meses después de la que debería ser su entrada en vigor a primeros de año. Por otro, la congelación desde 2014 tanto de las tarifas urbanas en algunos municipios, como de las interurbanas que fija la Dirección General de Transportes. Respecto al proceso de establecimiento de las tarifas urbanas, los taxistas lamentan que, dado que el recorrido desde su punto de partida en la Junta Local de Precios hasta el de llegada en la Dirección General de Comercio, pasando por los respectivos plenos municipales y la Dirección General de Transportes, es tan largo que  debería comenzarse mucho antes de lo que actualmente se hace. Una eventual subida de esas tarifas debe ser programada en los taxímetros y estos, como siempre que se desprecintan, deberán pasar una inspección técnica. Cuando todos y cada uno de los más de quinientos taxistas cántabros dispongan de sus taxímetros debidamente programados e inspeccionados han podido pasar en torno a tres meses desde que las nuevas tarifas fueron aprobadas.

Pérdida de poder adquisitivo

En cuanto a la congelación de las tarifas interurbanas, y de las urbanas en algunos municipios –es el caso de Santander, por ejemplo– desde la Federación denuncian la pérdida de poder adquisitivo que supone para el colectivo. En el ámbito urbano, sobre todo en Santander, la mayoría de los taxistas tienen uno o dos empleados, cuyas nóminas se han incrementado en 2015 y 2016. Al mismo tiempo, las bases de cotización de los trabajadores autónomos también se han incrementado desde 2014 y también se ha producido un aumento de los costes de explotación de la actividad. El presidente de la Federación encuentra, además, una contradicción en que las administraciones establezcan las tarifas basándose en el Índice de Precios de Consumo cuando hay una ley de ámbito nacional para la desindexación de la economía que desvincula los precios de los servicios públicos de dicho indicador: “Nos han dicho que el IPC ha sido negativo a 30 de junio y no entienden que nuestros argumentos son perfectamente válidos para la revisión al alza. De cara al año que viene, tenemos la intención de elaborar un estudio económico objetivo desvinculado del índice de precios y presentarlo como argumento para la revisión de las tarifas”.

El año ha comenzado con muchos frentes abiertos en el sector, aunque la intención de la Federación Cántabra del Taxi es que su actividad no se centre únicamente en la problemática colectiva, sino que también pretende ofrecer un valor añadido a sus miembros de manera individual. “Tenemos el objetivo de ofrecer a nuestros asociados un servicio de asesoría jurídica y un servicio de gestoría”, señala su presidente, quien anuncia que tienen previsto contratar a un trabajador que se encargue de este cometido. En un momento en el que los taxistas parecen vislumbrar alguna mejoría en la evolución del negocio, quieren disponer de todas las herramientas a su alcance para evitar que otro tipo de problemas les impida disfrutar de esa incipiente recuperación.