“Creo que lo peor de la crisis de la construcción ya pasó”

José Luis Gochicoa, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, repasa en esta entrevista los principales retos de su departamento en una legislatura en la que ha perdido las competencias en Vivienda, pero añade las de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Febrero 2020

La futura Ley del Suelo, más clara y simple, cuya tramitación administrativa espera iniciar a finales de este trimestre; el PROT, que establezca las bases para generar riqueza y conseguir un desarrollo sostenible para Cantabria; o el nuevo plan de carreteras, que debería entrar en vigor antes de cuatro años, son algunos de los objetivos que este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos tiene marcados en rojo. Además, no quita ojo a la integración ferroviaria en los grandes núcleos urbanos de la región ni a la mejora de la operatividad de los puertos autonómicos, y confía en que el Gobierno de España cumpla los compromisos inversores comprometidos, aunque reconoce que le da miedo cómo pueden afectar los acuerdos con los independentistas en tareas que nada tienen que ver con el régimen económico, del que comparte su visión progresista.

Pregunta.– A punto de cumplir un año en el cargo, ¿qué valoración hace de este periodo a caballo de dos legislaturas?

Respuesta.– Ha sido un periodo muy intenso, especialmente en esta segunda etapa en la que, además de a los retos ya previstos, hemos tenido que hacer frente a otros que han ido surgiendo derivados de las inundaciones, la problemática de los ríos y los efectos que, en general, está teniendo el cambio climático en Cantabria.

P.– La licitación pública cayó un 40% en Cantabria entre enero y noviembre de 2019, según los datos del Ministerio de Fomento recogidos por el Instituto Cántabro de Estadística (Icane). Este descenso, contrasta además con el incremento registrado en el conjunto del país, que rozó el 10%. Con estos números, parece claro que las administraciones públicas están lejos de cumplir un papel relevante como dinamizadoras de la construcción en la región.

R.– Más que de licitación, donde una obra del Ministerio de Fomento te puede condicionar esas cifras, a mí me gusta hablar más de obra ejecutada o en ejecución. En este sentido, tengo que decir que a lo largo del pasado año se ha iniciado la ejecución de muchas obras en Cantabria derivadas de licitaciones municipales, a las que habría que añadir las promovidas por el Gobierno regional en los entornos urbanos de Santander y Torrelavega o las que estamos empezando a licitar en el puerto. En suma, le puedo asegurar que actualmente se está ejecutando mucha más obra que durante el periodo en que el PP gobernaba en España. De hecho, durante los pasado meses de noviembre y diciembre hemos tenido problemas para iniciar obras de asfaltado porque las empresas no daban abasto. Dicho esto, creo que lo peor de la crisis en la construcción ya pasó. Es evidente que la burbuja inmobiliaria trajo consigo efectos negativos en el mercado laboral al desplazar a este sector a muchos trabajadores que acudían atraídos por los buenos salarios que se ofrecían. Y eso tampoco es bueno. Tan malos son las crestas como los valles. Mi objetivo es intentar que se note lo mínimo posible los periodos electorales en ejecución de obra pública. Hay que dar estabilidad al sector. Por eso se ha licitado tanta obra en diciembre, del orden de 30 millones de euros.

P.– En la presentación de las cuentas de su departamento para 2020, anunció una inversión de más de 86 millones de euros para impulsar las infraestructuras de la región, de los que casi el 45% se destinarán a actuaciones en la red viaria. ¿Cantabria necesita con urgencia un nuevo Plan de Carreteras?

R.– Cantabria está desarrollando el vigente plan de carreteras, pero antes de terminar la legislatura deberíamos contar con un nuevo plan porque para entonces ya estará listo o en ejecución el 90% del actual. En cualquier caso, tenemos identificadas algunas necesidades que no están en este plan y que sí deberían figurar en el próximo. Me refiero a carreteras que  presentan un estado de conservación deficiente o que necesitan mejoras. En este nuevo plan tendremos en cuenta carreteras que son de titularidad municipal pero que, o bien dan acceso a lugares estratégicos para la comunidad autónoma (vertederos, centros turísticos…), o bien carreteras que unen dos términos municipales y dan acceso a núcleos de población (acceso a Bejes), pero que los ayuntamientos por sí solos no pueden sufragar.

P.– Una de las principales novedades del presupuesto de su Consejería es la creación de un Fondo de Derribos, dotado con 6,3 millones de euros, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sentencias judiciales. ¿Prevé iniciar este ejercicio la construcción de viviendas que sustituyan a las que hayan sido ‘condenadas’ por los tribunales?

R.- En Arnuero tenemos ya el proyecto muy avanzado. De hecho, se lo hemos enseñado a los 102 vecinos afectados para que nos digan quiénes estarían interesados en estas viviendas de sustitución. A partir de ahí, esperamos poder licitar las obras este mismo año. Estamos hablando de entre 70 y 80 viviendas, en función de que los vecinos estén finalmente de acuerdo con este proyecto, que mayoritariamente creo que lo van a estar.

P.– En esta legislatura, su Consejería ha asumido nuevas competencias y ha perdido otras. Así, Vivienda ha dejado de estar en su estructura, pero sin embargo mantiene Gesvican, la empresa pública promotora de vivienda de protección oficial. ¿Cómo lo explica?

R.– Vamos a ver. La explicación nace porque ya en otras comunidades autónomas la vivienda se encuadra dentro de las políticas sociales. Sin embargo, la parte más técnica, la que se refiere a la empresa que ejecuta viviendas o al propio servicio de arquitectura, se mantiene en Obras Públicas porque entendemos que este departamento conoce probablemente mejor las cuestiones técnicas que una consejería de orden social. En cualquier caso, la directora general de Vivienda forma parte del Consejo de Administración de Gesvican.

P.– Según los últimos datos sobre calificaciones definitivas de VPO, el mercado de este tipo de viviendas está prácticamente paralizado en la región, especialmente en cuanto a la promoción de viviendas destinadas a la venta (no hubo ninguna desde 2018 y septiembre de 2019). ¿A qué obedece esta falta de interés?

R.– Aunque esta pregunta correspondería más a Vivienda, creo que en primer lugar habría que achacarlo a que la vivienda libre, sobre todo fuera de los entornos urbanos, ha bajado mucho de precio y, por tanto, se pueden comprar viviendas de este tipo a precios similares a las de VPO. En segundo lugar, yo apuntaría al hecho de que la demanda de los jóvenes se centra en el alquiler mas que en la compraventa. Seguramente por la dificultad de acceder a financiación, pero también por temas incluso culturales. En este sentido, nos estamos acercando a Europa donde la mayor movilidad laboral que se demanda a los jóvenes hace que prefieran vivir en régimen de alquiler que permite más flexibilidad.

P.– Asume Ordenación del Territorio y Urbanismo, área en la que espera que antes de fin de año esté listo por fin el borrador de la futura Ley del Suelo, un texto que, según sus propias palabras, no contendrá novedades sustanciales con relación a lo que ya estaba planteado y que vendrá a clarificar, simplificar y mejorar la actual normativa. ¿En qué aspectos en concreto?

R.– Bien. Se va a clarificar un aspecto básico que genera muchas interpretaciones diversas entre los ayuntamientos y el Gobierno como es la clasificación del suelo urbano y suelo no urbanizable especialmente protegido. Tanto en la Ley del Suelo como en otros instrumentos a posteriori pero que ya estamos redactando vamos a intentar que todo el mundo tenga claro lo que es o no suelo urbano y cómo clasificar el suelo de forma homogénea. Que cualquier técnico, con independencia de quién sea, tenga claro los criterios para ello. Por su parte, se simplifica porque en el suelo urbano desaparece el consolidado y no consolidado; y en el urbanizable desaparece la diferenciación entre residual y delimitado, es decir, solo hay un urbano, solo hay un urbanizable. Finalmente, también se agiliza con pequeñas herramientas las posibilidades de regeneración urbana o, dicho de otro modo, las posibilidades de actuar sobre el suelo urbano ya existente. Es un tema complicado, pero con pequeñas medidas pretendemos agilizar el desarrollo de promociones dentro del suelo urbano reduciendo, por ejemplo, los niveles de espacio libres o de determinados equipamientos que, por su cuantía, podían en ocasiones hacer inviable la operación. La nueva Ley del Suelo está muy avanzada y espero poder iniciar su tramitación administrativa a finales de este primer trimestre del año o comienzos del siguiente.

P.– Igualmente confía en aprobar a mitad de legislatura el Plan Regional de Ordenación del Territorio, actualmente en fase de redacción con una visión más economicista. ¿Cuáles son las principales directrices que van a guiar este documento?

R.– Efectivamente. Veíamos que hacían falta estudios económicos que no estaban suficientemente detallados que nos permitieran conocer las fortalezas y demandas de sectores tan importantes como el industrial en cuanto a necesidades de suelo. Y necesitábamos también ver cuáles son las oportunidades de Cantabria en los diferentes sectores y establecer parámetros que nos ayuden en la toma de decisiones. Así, se habla mucho del uso rústico-agrícola frente al industrial en un determinado ámbito. Tenemos datos de productividad del suelo agrícola en cuanto a número de trabajadores por hectárea que ponen de manifiesto que la riqueza que genera el suelo industrial es muy superior en términos de trabajo por metro cuadrado de superficie a la que puedan proporcionar otros usos como el agropecuario. Esto es un dato importante porque en el PROT, aun debiendo conservar suelo disponible, sobre todo aquel que tenga valores para no hipotecar nunca el futuro de Cantabria y para medioambientalmente garantizar la residencia, tenemos que ser capaces de ver en qué ámbitos necesitamos posiblemente sacrificar una parte pequeña de ese suelo para poder generar riqueza económica que posibilite el desarrollo de la región. En este sentido, estableceremos áreas, tal y como ya estableció en su día el POL, en las que entendamos que deben potenciarse actuaciones estratégicas de carácter productivo, industrial, logístico… Y también estableceremos áreas donde entendamos que puede desarrollarse una energía eólica que hasta la fecha tantos problemas ha tenido para implantarse en Cantabria. Por eso es ordenación y no protección. Porque hay que ver necesidades y valores y dónde conjugan mejor dentro del territorio para generar riqueza y un desarrollo sostenible.

P.– Algunos municipios, entre ellos el de Santander, están pendientes de aprobar sus planes generales de ordenación urbana, instrumentos sin duda claves para su desarrollo urbanístico y para promover la actividad del sector de la construcción y obra pública. ¿Tiene su departamento algún margen de maniobra para acelerar o intervenir sobre estos planeamientos que tanto se demoran en el tiempo? ¿No se pueden articular fórmulas más dinámicas que faciliten el día a día en las ciudades?

R.– El planeamiento urbanístico es competencia de los ayuntamientos. Nosotros no podemos proponer en su  sustitución. Lo que sí podemos hacer cuando los planes pasan por la CROTU es intentar agilizarlos al máximo a través de dos cosas: ese marco legal que es la Ley del Suelo, que al clarificar y simplificar esperamos que pueda dar lugar a una reducción de los plazos en la redacción de los planes y, sobre todo, en que no haya tantas discrepancias entre lo que aprueba un ayuntamiento inicialmente y lo que posteriormente tiene que aprobar definitivamente por motivos legales. Y en segundo lugar, yendo de la mano con los ayuntamientos ayudándoles en todo aquello en lo que podamos colaborar, pero desde el inicio para que luego no haya sorpresas en su aprobación.  En definitiva, marco legal y colaboración. Y en esa labor estamos.

P.– La Ley de Contratos del Sector Público vino a poner coto a las bajas temerarias. Más allá de si este problema persiste o no, dado la ambigüedad en su redactado, lo que algunas empresas reclaman incluso con más insistencia es que se cumplan los pliegos de contratación. ¿Comparte o ve razonable esta preocupación?

R.– Vamos a ver. Esta ley tuvo tantas enmiendas en su articulado durante su proceso parlamentario que tiene amplias contradicciones entre objetivos y artículo e incluso dentro de los propios artículos. El tema de las bajas temerarias está sujeto especialmente a la interpretación de un tribunal administrativo especial, con sede en Madrid, que hasta la fecha ha mantenido opiniones más bien favorables a su aceptación. De hecho, nosotros hemos tenido algún proyecto en el que, habiendo justificado que no procedía esa baja temeraria, finalmente tuvimos que aceptarla porque así lo determinó este tribunal. Esta situación no ha cambiado y lo cierto es que, aunque cuando a nosotros no nos gusta como Administración la existencia de estas bajas, en determinadas circunstancias no nos queda más remedio que aceptarlas por cuestiones de legalidad. Es un tema muy complejo. De otro lado, esta Consejería hace cumplir los pliegos siempre. Sin ningún género de dudas y en todos sus aspectos. No hay ninguna obra pública de nuestra competencia en la que haya habido alguna queja sobre la calidad de su ejecución.

P.– En materia portuaria, ha avanzado su idea de que el Puerto de Laredo se convierta en el referente del norte de España. ¿Deseo o realidad?

R.– En el Puerto de Laredo ya se ha visto un cambio muy importante durante la anterior legislatura. La marina seca, uno de los elementos más destacados del puerto, ha habido días que no daba abasto para extraer embarcaciones para su reparación. Por su parte, el turismo de tránsito, fundamentalmente de extranjeros, roza las 2.000 pernoctaciones  en verano. Además, se ha abierto una primera concesión de hostelería y ya hay empresas del sector interesadas en una segunda. Por otro lado, se está construyendo un edificio que permitirá contar con talleres de mantenimiento para poder aprovechar de la mejor manera posible esa marina seca. Es decir, se está invirtiendo y el sector privado tiene interés en potenciar digamos esta parte seca. De otro lado, se está incrementado de forma paulatina el número de embarcaciones que pernoctan en este puerto, con días que han superado las 300 o 400 embarcaciones. Por tanto, creo que sí, que se va por el buen camino. Por último, también se ha rebajado un 20% la tarifa previa anual de atraque, lo que confío servirá de incentivo para que cada vez un mayor número de embarcaciones se planteen estar todo el año en Laredo. Todo ello hace que entremos de lleno a competir con garantías en calidad  de servicios y precios con otros puertos del norte, especialmente de Vizcaya.

P.– Los proyectos para la reordenación ferroviaria de Santander y el soterramiento de las vías en Torrelavega parten de situaciones diferentes –el primero estaba mucho más avanzado que el segundo, que salió a información pública en octubre–, pero siguen caminos muy diferentes por divergencias políticas. El Gobierno de Cantabria recoge este ejercicio 4,7 millones de euros para la actuación en la capital del Besaya y está a la espera de lo que ocurra en el proceso de participación pública comprometido por el PP y Ciudadanos en Santander. ¿El segundo acabará adelantando al primero?

R.– Podría ser. Torrelavega tiene un muy amplio consenso político y social en cuanto a la solución a determinar. Por eso esperamos que este año se pueda aprobar el estudio informativo y que el proyecto sea una realidad en esta legislatura. En Santander, por su parte, estamos esperando a ver si existe ese consenso político para que de alguna forma la solución propuesta sea la definitiva y la que todo el mundo quiere. Lo único que esperamos es que esto no signifique un retraso de muchos años. El Ministerio de Fomento presentará su opción al Ayuntamiento probablemente este mes de febrero para que, a partir de ahí, puedan opinar con elementos de juicio suficientes porque hasta ahora no los había.

P.– Los compromisos alcanzados con el Gobierno de España en materia de infraestructuras e inversiones pendientes en Cantabria, incluso el propio Gobierno regional, estuvieron a punto de saltar por los aires tras el ‘no’ de su predecesor en la Consejería y actual diputado nacional del PRC, José María Mazón, a la investidura del presidente Sánchez. Tras la tempestad, ¿ha vuelto la calma o aún existe riesgo de borrasca?

R.¬– Nosotros estamos muy tranquilos de que haya un gobierno socialista en el Estado. Además, los interlocutores básicos siguen siendo los mismos y los ministerios más inversores, Fomento y Medio Ambiente, siguen contando con las mismas personas con las que mantenemos una relación fluida. Lo único que nos da miedo a los regionalistas es cómo puede afectar el pacto con ERC en tareas que nada tienen que ver con el régimen económico, con el que estamos de acuerdo que sea progresista. Pero siempre estaremos en contra de cualquier medida que suponga concesiones al independentismo. Esas son nuestras líneas rojas. Dicho esto, creemos y esperamos que la sensatez del Gobierno de España, que en general cuenta con un buen plantel de ministros, sea suficiente para asegurar las inversiones comprometidas en Cantabria.