El buque-hospital ‘Juan de la Cosa’ acompaña a los pescadores durante las temporadas del bonito, la anchoa y el pez espada, surcando las aguas del Gran Sol (al oeste de las islas británicas), el Golfo de Vizcaya y las Azores. Desde su botadura en 2006 ha atendido 5.553 consultas, la mayoría por contusiones y accidentes relacionados con anzuelos. Este buque, que forma dupla con el ‘Esperanza del Mar’, convierte a España en el único país europeo con dos hospitales públicos en alta mar.

Francisco Rouco | Septiembre 2024

Para el buque-hospital ‘Juan de la Cosa’, el año se divide en tres estaciones: la del bocarte (abril y mayo), la del bonito (entre junio y septiembre) y la del pez espada (entre octubre y marzo). Un periplo que le lleva a recorrer las aguas del Gran Sol, el Golfo de Vizcaya y las Azores siguiendo a la flota pesquera en turnos de 28 días de navegación. Cumplido ese plazo, regresa al puerto base, Santander, para las reparaciones, el aprovisionamiento y el cambio de turno de la tripulación. “Es un hospital en medio del mar, con quirófano y UCI”, explica Elena Martínez, directora del Instituto Social de la Marina (ISM), el organismo público al que pertenecen el ‘Juan de la Cosa’ y su hermano mayor, el ‘Esperanza del Mar’, el buque-hospital más grande del mundo, que apoya al ‘Juan de la Cosa’ en el Gran Sol. Ambos barcos forman un modelo de asistencia sanitaria público que es único en Europa y que también ayuda a barcos de otros países cuando es necesario (el 30 % de las asistencias se realizan a barcos no españoles). “Para la gente del mar es fundamental tener la seguridad de que hay un barco cerca si hay cualquier accidente, enfermedad o les hace falta algún suministro como agua o combustible”, subraya la directora del ISM.

El ‘Juan de la Cosa’ se botó en los astilleros de Gijón en 2006, tras dos años de construcción y un presupuesto de 17.008.426 euros. Mide 75,4 metros de eslora y 14 de manga, dimensiones que le permiten ser maniobrable sin que peligre su flotabilidad cuando se enfrenta a las olas de más de cinco metros del Gran Sol. Aunque tiene varias bandas rojas en los costados y un círculo con la bandera de la Unión Europea en la popa, es prácticamente blanco, con el piso de la cubierta verde esmeralda. Cuenta con ganchos de remolque, grúas, balsas salvavidas con capacidad para 16 personas y lanchas de rescate, además de un helipuerto para aparatos pequeños.

Una de las habitaciones para pacientes. Foto: Nacho Cubero.

Por dentro tiene suficientes camarotes como para albergar a 48 personas entre tripulación y pacientes, aunque su dotación habitual oscila entre las 28 y las 31. Forman parte de la tripulación los oficiales, los marineros, los buzos y los marmitones o cocineros. El personal sanitario incluye dos médicos, una enfermera y un marinero sanitario que atienden un quirófano, un laboratorio, una sala de curas, una de cuidados intensivos, una de radiografía y una de aislamiento para tratamientos de quemados, infecciones y problemas psiquiátricos. Además, el buque puede contactar con el Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, de Madrid, y el Centro Radio Médico Español, del ISM.

Las asistencias más habituales

Desde 2006, el buque-hospital ha atendido 5.553 consultas, de las cuales 4.194 fueron a través de la radio en comunicación con el barco afectado. De las presenciales, 770 se realizaron en el propio buque, tras trasladar allí a la persona herida, y 589 a bordo de los pesqueros socorridos. “Sobre todo tenemos consultas relacionadas con anzuelos, traumatismos e infecciones de las vías respiratorias”, afirma Ignacio Demis, segundo médico del ‘Juan de la Cosa’. “Y por celulitis”, subraya Ignacio antes de apostillar que esta dolencia va más allá de la parte estética: es la infección e inflamación de lesiones, traumatismos o heridas que, al trabajar los marineros con pescado, no terminan de curarse y se infectan.

El protocolo de atención del buque es inalterable. Todo comienza con una llamada por radio o por satélite que la tripulación transfiere al personal médico. En los camarotes con teléfono hay un póster con un cuestionario de 14 preguntas que sugiere cómo es ese interrogatorio entre el facultativo y la persona que precisa atención médica. Un recorrido que va desde las preguntas más contextuales (nombre, DNI, desde qué caladero se produce la llamada) hasta las más concisas (¿hay fiebre? ¿cuánta? ¿se mide el pulso? ¿cuál es?). El objetivo es que la conversación sea prolija, porque el diagnóstico médico empieza desde el momento en que se descuelga el aparato. “Estamos muy pendientes de los signos de alarma y del tono de voz de la persona que está llamando, porque tenemos que determinar el riesgo de gravedad para actuar cuanto antes”, explica Ignacio.

Si el diagnóstico telefónico apunta a una herida superficial o a un estado fácilmente remediable con un fármaco, el personal médico echa mano del llamado  “tumbaburras”, una libreta que incluye todos los medicamentos que deben tener los botiquines de los pesqueros. Con esta guía indican al paciente lo que debe tomar. Cuando el diagnóstico apunta a una situación peor, hay que involucrar más efectivos: si la embarcación accidentada está fuera del alcance del ‘Juan de la Cosa’, se llama a Salvamento Marítimo para que envíen un helicóptero; si es posible aproximarse con el barco, se pone rumbo hacia allí para que los facultativos puedan abordar el pesquero con la lancha de rescate.

Ignacio Demis, segundo médico, en el quirófano del barco. Foto: Nacho Cubero.

Una vez en la embarcación accidentada, el personal médico debe decidir si es suficiente con tratar al paciente allí y mantenerse al tanto de su evolución con un seguimiento telefónico, o si hay que trasladarlo al buque-hospital. Los traslados se reservan para los casos más aparatosos, cuando hay que utilizar alguna de las salas de tratamiento del buque, por ejemplo para una cirugía menor o una ecografía. También se traslada al paciente cuando el diagnóstico ‘in situ’ no despeja todas las incógnitas. Como cuando una médica diagnosticó un raro caso de filariasis linfática (también conocida como elefantiasis), una infección producida por un parásito. “En un edema de pierna como aquel –recuerda Ignacio– podías pensar en trombosis venosa profunda, en celulitis o en insuficiencia cardiaca, que son las causas más comunes, pero a ella se le pasó por la cabeza la filariasis linfática; la estudió y la diagnosticó”.

Otro episodio con final inesperado sucedió cuando el propio Ignacio sospechó un caso de apendicitis en un joven aquejado de fiebre y ligero dolor abdominal. Lo atendió en su embarcación y lo mandó al ‘Juan de la Cosa’ para hacerle una ecografía que resultó casi concluyente, al menos lo suficiente como para sacarle del mar y dejarle en casa. Poco después, el joven tuvo un absceso y se fue directo al quirófano. “Quizá al chico le salvamos la vida”, dice el segundo médico.

Buena consideración entre la flota pesquera

Para César Nates, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, tener un buque-hospital como el ‘Juan de la Cosa’ desplazado con el grueso de la flota pesquera es un “lujo”, especialmente durante la temporada del bonito, cuando las concentraciones de barcos provocan muchos accidentes relacionados con anzuelos. “Normalmente sabemos cómo quitarlos, pero a veces se complican y te viene muy bien tener un quirófano en el que te lo extraen. Luego te arrimas al barco y regresa el herido; y si está bien, puedes seguir faenando. Te da mucho juego”, explica Nates, quien en varias ocasiones ha utilizado los servicios del ‘Juan de la Cosa’ y del ‘Esperanza del Mar’. La última el año pasado, cuando uno de sus pescadores se fracturó dos costillas y fue evacuado por el buque para su ingreso en el hospital.

Además de la atención médica, el ‘Juan de la Cosa’ también atiende otras situaciones, como las peticiones de suministros (especialmente de combustible y agua potable) o los muy habituales enganchones en las hélices de los pesqueros. “La mar está llena de basura, y no será porque la tiremos los de la flota de bajura –subraya Nates–. Muchas veces te enganchas a un cabo o a un trozo de red de arrastrero, y si te tienen que remolcar a puerto, nuestro seguro lo cubre, pero es una faena porque pierdes un día de pesca. Con el ‘Juan de la Cosa’ cuentas con sus buzos profesionales, que se tiran y te lo solucionan. Es una maravilla contar con su apoyo”.

“Este barco es muy apreciado, igual que el ‘Esperanza del Mar’», explica Jesús Manuel Alzola Medina, capitán del ‘Juan de la Cosa’, que llegó hace dos meses procedente del ‘Esperanza del Mar’, del que formaba parte desde 2017. “Es un orgullo profesional estar al mando de uno de estos barcos, por la labor que hace y la ayuda que prestamos a la flota pesquera en general y a todo el que nos necesite en la mar. Estos barcos salvan vidas”. Para el capitán, que reconoce estar orgulloso de su tripulación, este es un trabajo vocacional. “Como todos los marinos, tienes que ser de una manera especial para estar separado de la familia, estar aislado y trabajar en condiciones duras, aunque no son comparables a las de un pesquero, por supuesto, pero mentalmente tienes que estar preparado”.

Aintzane Eguiluz, segunda oficial de puente, lleva tres años y dos meses en el ‘Juan de la Cosa’. Hizo prácticas en el buque y, tras terminar sus estudios de Náutica en Bilbao, se presentó a las oposiciones. “En el futuro me veo aquí. Mientras las circunstancias no cambien y siga habiendo flota pesquera que nos necesite, este es el mejor sitio”.


 

Una mañana en el ‘Juan de la Cosa’

El buque-hospital partió hacia el abra del Sardinero –una zona cercana a la Isla de Mouro– en torno a las 11:00. Aunque el mar estaba aparentemente tranquilo, se recomendó a los periodistas y a las autoridades (entre quienes se encontraba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz) que tomaran biodramina, un medicamento indicado para tratar el mareo. Dado que la sugerencia venía directamente del personal hospitalario, la mayoría accedió.

Tras abandonar el muelle de Raos, una maniobra que se pudo seguir desde el puente de mando, comenzó la visita guiada por las dependencias médicas del buque, a cargo de Ignacio Demis, segundo médico. Durante la explicación se hizo patente que el barco se movía: los pasamanos de los pasillos eran muy solicitados y ya había quien, por lo bajini, se lamentaba de no haber tomado la biodramina. Los comentarios no pasaron desapercibidos para Ignacio, que, cuando la mayoría de los visitantes había salido a cubierta para ver el simulacro, apostilló: “A ver si los canapés nos van a salir a devolver”.

Una vez fuera, era el momento del simulacro de rescate. No muy lejos del ‘Juan de la Cosa’ se encontraba una embarcación de Salvamento Marítimo que aparentaba tener un herido a bordo. Desde el buque-hospital se envió una lancha de rescate con personal médico y buzos (por si hubiera un volcado). Allí, el facultativo diagnosticó rotura de tobillo y mandó evacuar al herido en dos fases: primero al ‘Juan de la Cosa’ en lancha, y después a Valdecilla en helicóptero. Llegados a este punto es importante señalar que, si bien se trataba de un simulacro, quien representaba el papel de la víctima era una persona real, un estudiante que accedió a ser inmovilizado en camilla, trasladado de la barca de Salvamento Marítimo a la lancha de rescate del ‘Juan de la Cosa’ y de ahí izado, junto con la lancha, a la cubierta del buque-hospital (para su capitán, la maniobra más peligrosa de todas, porque se puede romper el cable y provocar un accidente: “Hay que mantener cautela y coordinación entre el patrón de la lancha, el operador del pescante y el capitán del barco”, explicó Jesús Manuel Alzola Medina).

Traslado del estudiante/paciente al ‘Juan de la Cosa’, durante el simulacro. Foto: Nacho Cubero.

Con el equipo desplazado y el herido en cubierta, el estudiante fue sustituido por un muñeco de prácticas para la siguiente fase del simulacro: su izado por cable al helicóptero de Salvamento Marítimo para su traslado a Valdecilla. En la operación intervino también un miembro de la tripulación del helicóptero, que se descolgó del aparato para asegurar la camilla y luego volver a él. En ese punto de la maniobra, con el helicóptero fijo en el aire, se hacían muy evidentes los vaivenes del barco. Entonces las olas apenas eran de dos metros, lo que provocaba que, de vez en cuando, hubiera que balancear el peso entre los pies para garantizar el equilibrio. Nada grave, pero sí resultaba interesante recordar que las olas durante el invierno en el Gran Sol superan los cinco metros.

Izado el muñeco al helicóptero, el aparato partió hacia Valdecilla y terminó el simulacro. Entonces llegó el turno del tentempié, que se ofreció en el comedor de la tripulación: quesos cántabros, embutidos, tortilla y canapés. Los bancos corridos se ocuparon enseguida y había algunas caras con colores no del todo naturales. A unos metros del comedor, que aglutinaba al 100% de las autoridades y a alrededor del 60% de los periodistas, estaba la sala de estar de la tripulación, tomada en ese momento por varias periodistas que estaban redactando sus crónicas.

Tras un rato, el barco inició su regreso al puerto con la sensación de haber hecho un buen trabajo. “Hacemos este tipo de simulacros a menudo, con Salvamento de Gijón, A Coruña o Santander, también con la Policía Nacional, la Guardia Civil y hasta los GEO”, explicó Haydée Fernández, primera oficial de puente, que lleva en el ‘Juan de la Cosa’ desde hace más de una década. “Para estar preparada, la gente tiene que practicar. Hoy había cinco almas ahí en el agua, y son responsabilidad de quien maneja, así que debes entrenar mucho para asegurarte de que todo el mundo está fino”.

La conmemoración del cincuentenario del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo da pie a echar la vista atrás hasta el que puede considerarse el momento fundacional del sistema con el que hoy tratan de minimizarse las posibilidades de sufrir accidentes y enfermedades profesionales en el desempeño del trabajo. La constitución en 1973 del Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, antecedente del actual Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst), situó a Cantabria a la vanguardia en una materia que hasta entonces apenas había sido objeto de atención, y que tuvo en el centro construido en la santanderina avenida del Faro un modelo para los que después fueron poniéndose en marcha en el resto de España.

El vértigo del lienzo en blanco, pero también la amplitud del horizonte que se abre a la mirada de quienes tienen la oportunidad de partir de cero. Entre esos extremos tuvieron que moverse todos cuantos tuvieron alguna intervención en la puesta en marcha del Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo de Santander, un organismo nacido en el marco del plan nacional aprobado en 1971 por el Gobierno de entonces y que suponía –como la propia ley que lo hizo posible– el primer intento de enfrentarse a los riesgos laborales con algo más que el mayor o menor empeño que en ello pusieran empresas y trabajadores. La celebración este pasado 26 de abril del cincuentenario del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst, el organismo que tiene ahí su antecedente) da la oportunidad de repasar la afortunada conjunción de circunstancias y voluntades que hizo posible que en la capital de la entonces provincia de Santander se dieran los pasos iniciales de un modelo en la gestión de los riesgos y enfermedades en el trabajo  más cercano al actual de lo que puede llevar a pensar el tiempo pasado desde entonces.

Es obligado hacer un apunte sobre las fechas que propician el aniversario, y que coinciden solo en parte con las que dan cuenta de la historia del organismo en el que hay que buscar el origen de lo que hoy es el Icasst. Quien fuera el primer director del Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, Alberto Cuartas, recuerda que este comenzó a trabajar como tal bastante antes de que se inaugurara en octubre de 1973 el edificio de Mutua Montañesa en la avenida del Faro, de Santander, el acontecimiento que propicia la efeméride del cincuentenario.

La mención a la mutua y a su sede, en principio ajenas ambas tanto a lo que fue el Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo como a lo que hoy es el Icasst, revela alguna de las claves que explican que una provincia que no contaba entonces con mucho mayor peso del que hoy tiene Cantabria pasase a contar con unas instalaciones que no solo fueron las primeras de esa naturaleza habilitadas en España, sino que se convirtieron en el modelo de las que después fueron abriéndose en el resto del territorio. Antes de que se aprobara en 1971 el Plan Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, explica Alberto Cuartas, todo lo que se hacía en esta materia dependía de la labor de las pocas empresas que contaban con servicio médico –solo las de más de 1.000 trabajadores tenían la obligación de tener un facultativo a tiempo completo– de los poquísimos servicios técnicos existentes –también limitados a las empresas de mayor tamaño– y de la inspección de trabajo, que sumaba esa a sus muchas otras funciones, y siempre desde un punto de vista de control y sanción de los incumplimientos normativos, no de prevención.

A esto hay que añadir a algunas mutuas que, por propia iniciativa, habían decidido poner en marcha un servicio de prevención para asesorar a sus empresas. Una de las que lo hizo, en 1970, fue Mutua Montañesa. “Para ello deciden contratar a un ingeniero industrial que acababa de terminar la carrera en Bilbao: a mí”, recuerda Cuartas.

La inauguración del centro de rehabilitación de Mutua Montañesa y del Gabinete Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, recogida por El Diario Montañés del 9 de octubre de 1971.

Primeros pasos de un proyecto ilusionante

En esas funciones estaba cuando en 1971 se aprueba el Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que preveía la construcción de una red de gabinetes técnicos provinciales, dirigidos cada uno de ellos por un jefe a designar desde Madrid por el responsable del programa, el doctor José González de la Puerta. Para divulgar los contenidos y actuaciones previstas en esta iniciativa, González de la Puerta se desplazó a Santander a pronunciar una conferencia invitado por la Cámara de Comercio, un viaje que aprovecha para visitar las obras del edificio de Mutua Montañesa, con Alberto Cuartas como guía.

De ese contacto, que bien puede calificarse de fortuito, nace una propuesta que Alberto Cuartas solo aceptó tras contar para ello con el beneplácito de quienes hasta entonces eran sus jefes: la de dirigir el futuro Gabinete Provincial de Seguridad y Salud en el Trabajo de Santander. Es ahí donde arranca la conexión entre dos organismos –el gabinete técnico y la propia mutua– sin ninguna relación orgánica entre ellos pero que, al menos en lo tocante a Cantabria, iban a quedar así definitivamente emparentados. Porque los vínculos entre Cuartas, sus nuevos cometidos y su antiguo trabajo iban a hacer posible el que finalmente se convertirá en principal elemento diferenciador del organismo que estaba dando sus primeros pasos: las instalaciones que en una parte del edificio de la Avenida del Faro acogerían a partir de 1973 el Centro de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y que son las mismas donde hoy mantiene su sede el Icasst.

Los meses que pasan desde el nombramiento de Cuartas hasta la inauguración del centro son el tiempo en que se vive más intensamente aquello del lienzo en blanco y el partir de cero: el diseño de las instalaciones, su equipamiento, la contratación del personal, el esbozo de las funciones y competencias de cada cual y, en suma, el trazo de un camino todavía por recorrer.

En el relato de Alberto Cuartas abundan las anécdotas sobre aquella etapa, algunas muy significativas sobre lo novedoso de lo que estaba haciéndose, como las consultas, sugerencias e ideas que dieron lugar al diseño del primer sistema que permitió realizar audiometrías simultáneas a varias personas, un enorme salto adelante para evitar colapsos a la hora de hacer los reconocimientos médicos. O la ayuda prestada por el doctor Manuel Arroyo, ya por entonces un químico de prestigio, para el diseño de los laboratorios del centro y para dotarles de profesionales.

Los laboratorios y la sala de audiometrías eran dotaciones clave para realizar dos de las funciones que tenía encomendadas el centro en construcción: realizar los análisis ambientales que fueran necesarios para detectar y corregir los problemas que pudieran detectarse en los centros de trabajo dentro de ese ámbito, y hacer los reconocimientos médicos a trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que como hoy eran mayoría dentro del conjunto de la fuerza laboral, pero que no tenían acceso a ese servicio, que solo realizaban las grandes compañías obligadas a contar con servicio médico.

El doctor Manuel Arroyo colaboró en el diseño de los laboratorios del centro. Foto: Icasst.

Referencia para todo el país

El papel pionero que iba a tener el centro del Faro, consecuencia tanto de la libertad con la que pudieron trabajar los encargados de su diseño y puesta en marcha como de las posibilidades que brindó el poder contar con un espacio como el facilitado por Mutua Montañesa, dio lugar a que las de Cantabria fueran el espejo en que se miraban las instalaciones que en los años siguientes fueron constituyendo la red prevista en el Plan Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Felizmente, y como sucede en otro ámbito sanitario con el Hospital Marqués de Valdecilla, Cantabria había pasado a contar con una dotación que excedía con mucho lo que correspondería al tamaño de la provincia, a su peso económico o al número de empresas y trabajadores a los que se daba cobertura.

Desde aquellos momentos doblemente fundacionales –por lo que suponía organizar un centro completamente nuevo, y también por la entrada en vigor de una normativa que regulaba una materia que hasta entonces había quedado fuera del foco normativo– el marco legal de la prevención de riesgos laborales ha registrado una enorme transformación, aunque siempre avanzando en una dirección que en buena medida ya se apuntaba en el plan de los años setenta del pasado siglo. A aquel documento que venía a poner el acento en el fomento de una cultura preventiva, y no en la reacción ante el hecho consumado del accidente, le siguió en 1995 la primera ley española específicamente dirigida a regular la prevención de riesgos laborales, en 1995, en la que se establecían estructuras organizativas, funciones, procedimientos y recursos para su aplicación. En ese nuevo escenario encajó sin mayor dificultad el que fuera Centro de Higiene y Salud en el Trabajo, convertido ya en Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En 1973, cuando echó a andar el nuevo organismo, se producían en Cantabria casi 20.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores; el año pasado fueron poco más de 6.000.

A Alberto Cuartas, director hasta 1986, le siguieron en el cargo Pedro Obregón, Amalio Sánchez, Álvaro Plaza y Ana González Pescador, actual directora. Pero más allá de a quién cupiera en cada momento esa responsabilidad, los objetivos del organismo apenas han cambiado desde sus orígenes: promover la prevención de riesgos laborales y la mejora de las condiciones en las que desempeñan su labor los trabajadores de Cantabria. Para el cumplimiento de esos fines siguen realizándose labores de asesoramiento técnico y de promoción de la cultura preventiva y se imparten cursos de formación. El Icasst, y esto sí que marca distancias con la entidad en la que el instituto tuvo su origen, es también hoy el foro en el que a través del diálogo social se definen las estrategias de seguridad y salud en el trabajo, con la aportación de representantes de los sindicatos, la patronal y la propia Administración.

La elaboración de estadísticas y estudios convierte, hoy como ayer, la relación de tareas del Icasst en una labor que pone cifras al enorme salto que se ha dado en materia de prevención de riesgos laborales en el medio siglo pasado desde que se pusiera en marcha el antiguo gabinete técnico: en 1973, cuando echó a andar el nuevo organismo, se producían en Cantabria casi 20.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores; el año pasado fueron poco más de 6.000. En esa evolución se resume buena parte del camino recorrido en ese tiempo.

El próximo mes de septiembre tendrá lugar la segunda edición de Santander International Lift City (SILC), un encuentro sectorial que tiene como objetivo divulgar el conocimiento e identificar tendencias en elevación y movilidad vertical, y que cuenta con singularidades que lo distinguen de otros eventos empresariales. Organizado y financiado por Ascensores Imem, la selección de ponentes y de asistentes se hace por invitación, con la calidad de los contenidos primando sobre los criterios cuantitativos y de marketing, y con un enfoque internacional que lo convierte en un acontecimiento especialmente atractivo para la promoción de la región.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2024

Celebrado por primera vez en 2022 con la relevancia que se le da a los hechos fundacionales, la confirmación de las fechas en las que tendrá lugar la segunda edición del Santander International Lift City (SILC) refuerza la singularidad de un evento que ya hace dos años abrió nuevas vías en el ámbito de los encuentros empresariales y que ahora, una vez ratificada su continuidad, lo hace despejando todas las dudas que pudieran haber existido sobre el alcance de la iniciativa. Nacida por iniciativa de una empresa industrial, Ascensores Imem, que asumía tanto la financiación como la organización del encuentro, aquella primera edición del SILC tenía no solo la vocación de continuidad y de periodicidad bianual que quedarán convalidados en septiembre, sino una concepción de contenidos y participantes de la que existen pocas referencias en otros países, y ninguna entre los congresos que suelen realizarse en Cantabria.

La segunda edición del SILC tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre, en sedes múltiples como hace dos años y con la conectividad aplicada a la elevación como elemento central en los contenidos de las ponencias. Aunque ni las sedes ni los nombres de los ponentes están todavía cerrados en su totalidad, si que puede confirmarse que el edificio de la Universidad de Comillas tendrá el protagonismo que en la primera edición tuvo el Centro Botín, y que una de las conferencias correrá a cargo de quien fuera alcalde de Santander y ministro de Fomento, el ingeniero Íñigo de la Serna.

El exjugador de baloncesto Fernando Romay estuvo presente en la pasada edición del congreso. Foto: SILC.

“La organización del congreso fue todo un reto hace dos años, ahora esperamos que lo sea menos”, resume Antonio Pérez Luzuriaga, director de Marketing de Imem, tras repasar alguna de las ideas sobre las que se asentó el proyecto y que, ya con el aval de aquella primera edición, son también las claves que orientan la convocatoria de este año: “Queríamos organizar un encuentro divulgativo, que sirviera para reforzar la industrial de la elevación y para que el conocimiento fluya entre las empresas fabricantes, los instaladores… contando con voces autorizadas que desde un plano práctico, no teórico, analicen hacia dónde vamos, cuáles son las tendencias, qué pasos se van a dar y dónde están las soluciones”.

En lo que es otro de los elementos distintivos del SILC, los organizadores no solo realizan la selección de los ponentes, sino que cursan también las invitaciones a los asistentes. El objetivo que se persigue con ello, apunta Pérez Luzuriaga, es mantener el control y garantizar la calidad del encuentro: “Cuando decimos que es un congreso de relevancia mundial no exageramos, pero sabemos que eso no viene dado por el número de participantes, sino por su capacidad de influencia y por su procedencia: son expertos y profesionales llegados de los cinco continentes”. En aquella primera edición, apunta el director de Marketing de Imem, la tarea de contactar con los expertos a los que se pedía participar como conferenciantes, y con los profesionales del sector invitados a asistir, implicaba también explicar las características del encuentro y el porqué de su ubicación: “En esta ocasión eso ya no es necesario, y son muchos quienes nos llaman porque están interesados en venir”.

A diferencia de lo que sucede en una feria sectorial, donde las conferencias son un añadido al contenido expositivo y tienen un enfoque decididamente comercial, en el SILC las intervenciones de los expertos constituyen el núcleo del evento, y su contenido s centra en cuestiones que son de interés para el conjunto de los asistentes. “Incluso cuando el ponente es alguien de una empresa, le pedimos que su intervención no se centre en sus productos. No entendemos el congreso como un lugar donde vender, y tampoco lo entenderían así los conferenciantes a los que invitamos y vienen del ámbito científico o académico”, señala Antonio Pérez Luzuriaga, que recalca la condición de foro y punto de encuentro que quiere darse al SILC, y que iría incluso más allá de las fechas de celebración.

La conectividad será el tema central

Si en 2021 el tema en torno al que giró el congreso fue la digitalización, con la participación de directivos de empresas como Vodafone, o figuras de enorme relevancia en el sector de elevación, como Gina Barney, en la edición de este año será la conectividad el asunto central del encuentro. El objetivo es poner sobre la mesa el papel de los ascensores dentro de lo que se conoce como el Internet de las cosas, las formas en que se comunican con otros dispositivos, la forma en que recopilan datos y cómo toman decisiones basadas en la inteligencia artificial. “Invitamos a los ponentes a que alineen sus intervenciones con este tema, y también buscamos perfiles adecuados para ello”, explica el director de Marketing de Imem que, en todo caso y como sucedió también hace dos años, adelanta que habrá también expertos en materias no relacionadas directamente con el mundo de la elevación, pero de interés para cualquier empresa del sector, como la economía o el ‘coaching’.

Aunque aún queda pendiente de cerrar por completo el programa, el SILC de este año también tendrá, como el anterior, varias sedes, lo que dará pie a los asistentes a conocer Cantabria, un objetivo que indirectamente también perseguía Imem cuando decidió poner en marcha un evento de estas características: “Para nosotros no hubiera sido difícil hacer esto mismo en cualquier otro sitio, porque tenemos estructura para ello, pero somos una empresa cántabra, conocemos perfectamente los atractivos de nuestra región y sabemos que este es un sitio que va a gustar a cualquiera que venga, como nos han trasladado quienes participaron en la primera edición”.

La segunda edición del SILC tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en varias sedes de Santander.

Los retornos recibidos de aquel primer congreso, en forma de comentarios como esos, pero también por la relevancia alcanzada en términos de imagen o incluso en captación de nuevos clientes, han sido notables para Imem, admite el director de Marketing de la empresa cántabra, pero sobre todo han confirmado lo acertado de una idea que considera trasladable a otros sectores: “Se ha visto que es posible que una empresa de Cantabria organice un congreso de lo suyo y que salga bien y tenga éxito. Eso es bueno para la región y nos alegra haber contribuido de alguna forma a ello”.

Santander acoge la sede operativa de un proyecto que busca explorar todas las posibilidades del renting de vehículos para cubrir cualquier demanda en el ámbito de la movilidad, tanto para particulares como para empresas. Vinculada accionarialmente con el grupo Palausa, que cuenta en la región con los concesionarios Autopalas y Ramón González, la nueva empresa opera de forma completamente independiente y prevé hacer valer las ventajas de su condición local para hacer frente a las multinacionales, tanto en Cantabria como en las provincias a las que tiene previsto extender su actividad en los próximos meses, primero mediante delegaciones propias y luego a través de una máster franquicia. Un crecimiento que se gestionará desde Cantabria, donde trabajan ya siete personas.

Como sucede en otras sectores en plena transformación, en el de la movilidad se suceden las iniciativas que buscan atender a un mercado al que difícilmente puede darse respuesta ya con los estandarizados catálogos habituales hasta no hace tanto. Una de las últimas concede a Cantabria la condición de base sobre la que asentar un proyecto al que sus promotores conceden un notable potencial de crecimiento: el ‘renting’ de vehículos que, a través de las marcas Walacar y Walamove, busca cubrir el cada vez más amplio y diverso abanico de necesidades que pueden presentárseles a los usuarios, sean estos particulares o empresas. Desde una perspectiva más tradicional en el caso de Walacar, y con Walamove en condiciones de completar la oferta con prácticamente cualquier fórmula que pueda plantearse, la empresa dio sus primeros pasos hace un año, con la habilitación de una sede comercial en el polígono de Parayas, en Santander, para, ya a partir de este pasado mes de enero, estar en condiciones de atender a clientes cántabros en ‘rent a car’ y suscripciones, y a los de cualquier punto de España en el servicio de renting de largo plazo. Desde Cantabria se tutelará además la expansión del proyecto, de acuerdo a unos planes que a corto plazo contemplan tener presencia en prácticamente todas las provincias del norte de España mediante oficinas propias, para posteriormente continuar creciendo como máster franquicia.

Los antecedentes del proyecto que hoy se dirige desde Cantabria hay que buscarlos en Palencia, y en la empresa con la que el grupo Palausa –propietario de concesionarios de varias marcas de automoción en Castilla y León, y también en Cantabria– ofrecía renting a largo plazo, un servicio habitual en las empresas de venta de vehículos con el que se busca tanto ampliar las opciones que se ofrecen al cliente como generar sinergias con el resto de actividades del concesionario. En 2020 el grupo decide ampliar los objetivos de la empresa, otorgándole entidad propia para a partir de ahí configurar una oferta desvinculada de la actividad de venta y con capacidad para ampliar el catálogo más allá del renting a largo plazo. Para dirigir el proyecto, los responsables de Palausa pensaron en José Antonio Arderius, un profesional cántabro con una larga trayectoria en el sector de la automoción que en ese momento trabajaba en Vitoria: “Solo puse dos condiciones para aceptar: había que buscar una nueva denominación comercial para la empresa, y la sede tenía que estar en Cantabria”, explica Arderius, ya en las oficinas de la avenida de Parayas, en Santander, donde desde junio de 2021 dirige Walacar y Walamove, los nombres bajo los que ahora opera Pisuerga Renting.

Oficina de Walacar-Walamove en Santander. En la sede cántabra de la empresa trabajan siete personas.

En la sede cántabra de Walacar y Walamove trabajan actualmente siete personas, que gestionan una flota de un centenar de vehículos, todos ellos destinados al alquiler a corto plazo y las suscripciones. El renting tradicional a largo plazo, que permite disfrutar de un vehículo a cambio de una cuota mensual, se gestiona casi en su totalidad digitalmente, por lo que tiene unos requerimientos de personal y de espacio menores. El cliente –particular o empresa– contrata el servicio, para periodos que van desde los 24 a los 60 meses, y un conductor se lo entrega en cualquier punto de España. En el caso del alquiler a corto plazo o las suscripciones –un producto a medio camino con el renting, que permite contratar en periodos más cortos de los que oferta ese servicio, pero a precios más ajustados que en los contratos por horas o días– la recogida y entrega del  vehículo se realiza en las instalaciones, un vínculo con el entorno más cercano al que la empresa da también una relevancia estratégica: “El cliente de Walamove es local y turístico, y consideramos que es clave ofrecerle una atención cercana y personalizada, que se adapte a cada caso”, recalca José Antonio Arderius.

Tanto por la vinculación entre las delegaciones y el mercado local, como por el potencial que se concede al producto, los planes de crecimiento de la empresa conceden el máximo protagonismo a Walamove, la marca que identifica el alquiler a corto plazo y el amplísimo abanico de servicios con los que quieren cubrirse las necesidades asociadas a las nuevas formas de movilidad. Como marco, señala el director de la empresa, están la transformación que se está dando en la relación que el usuario tiene con su vehículo: “La pandemia ha acelerado un cambio de paradigma brutal, que ha llevado a que se interioricen las ventajas del pago por uso”, explica José Antonio Arderius que, aunque admite que esa tendencia está llegando al automóvil con más dificultad que a otros productos, considera que hay factores que permiten augurar una demanda creciente de los servicios que ofrece su empresa: “La mayor parte de los automóviles pasan la mayor parte del tiempo aparcados, y ante eso hay cada vez más personas conscientes de que la compra no es la mejor opción para resolver sus necesidades de movilidad”.

Ofrecer alternativas a la propiedad ha sido el principal objeto de negocio del renting tradicional, un servicio de uso relativamente habitual en las empresas pero mucho menos utilizado por los particulares. Aunque tanto el cambio de paradigma que menciona Arderius como las propias circunstancias económicas están favoreciendo también que exista una mayor demanda de este producto, el director de Walacar y Walamove considera que el principal potencial de crecimiento corresponde a las nuevas formas de alquiler, más capacitadas para adaptarse a cualquier tipo de pago por uso: por temporadas, por días e incluso por horas o por trayecto. Son fórmulas, explica, que permiten la máxima flexibilidad, que ponen al usuario a salvo de incertidumbres, sabiendo que en cada momento podrá contar con el vehículo adecuado a lo que necesita: “El coche que usas cada día puede no ser el más adecuado para un viaje largo en vacaciones, o el que compras hoy puede tener mañana problemas para acceder a determinadas ciudades por las restricciones legales. El pago por uso te pone a salvo de todo eso, y evita que puedas verte atrapado por la inversión de 20.000 o 30.000 euros que cuesta la adquisición de un vehículo”.

Para atender ese mercado en expansión, y para hacer frente a la competencia de las grandes empresas –muchas veces multinacionales– que operan en él, la doble oferta de Walacar/Walamove se apoya en argumentos como la cercanía, la claridad de la oferta y la agilidad en el servicio: “En otras empresas los precios cambian cada día, de manera que hoy puedes pagar el doble de lo que pagarías mañana, nosotros en cambio tenemos tarifas estables y transparentes, en las que por ejemplo incluimos el seguro a todo riesgo y la asistencia”, detalla José Antonio Arderius, que recalca además la importancia que dan al trato directo y al conocimiento del cliente local: “Para nosotros es básico, de ahí que en la expansión de Walamove contemplemos siempre contar con bases físicas en los lugares donde ofrezcamos nuestros servicios, y gestionadas con profesionales que conozcan perfectamente el entorno en el que trabajan”.

Un ejemplo de esa vinculación con lo más cercano es el acuerdo alcanzado con Armoni Car, empresa cántabra que ofrece servicios del alquiler de vehículos con conductor y que, a resultas del convenio firmado hará el traslado de los clientes de Walamove entre el aeropuerto y la base de esta, para la recogida del vehículo y para tomar su vuelo tras entregarlo.

La empresa tiene su oficina en la planta superior de Autopalas, uno de los dos concesionarios –el otro es el torrelaveguense Ramón González y Hermanos– con que cuenta el grupo Palausa en Cantabria. Pese a esta circunstancia, y a la vinculación accionarial, Arderius destaca que Walacar/Walamove opera de forma independiente del grupo, defendiendo su propia cuenta de resultados y con autonomía estratégica. En términos de comercialización, la contratación del servicio se realiza actualmente a través de teléfono y web, aunque está ya muy avanzado el desarrollo de una app móvil que, además de facilitar esa contratación, permitirá explorar todas las potencialidades del pago por uso. “El renting tradicional tiene todavía margen para crecer, pero donde esperamos que se produzcan los crecimientos más importantes es en el pago por uso, por todo lo que puede ofrecer. Walamove es el futuro”, concluye José Antonio Arderius.

Bruce Liimatainen, presidente de Sidenor Forgings & Castings.

La planta de forja y fundición de Reinosa, que fue propiedad del grupo Sidenor hasta 2019, ha eliminado el último rastro de esa vinculación al formalizar el cambio de denominación de la empresa, que pasa a llamarse Reinosa Forgings & Castings. El trámite administrativo, anunciado desde que el consorcio NFL adquiriera la planta, cierra una etapa de más de tres décadas durante la que la fábrica campurriana ha sido conocida con el nombre que se dio al grupo público resultante de fusionar en 1990 las empresas Forjas y Aceros de Reinosa y el grupo Acenor. Desde entonces se han sucedido los cambios de propietario, pero incluso en el paréntesis en que perteneció a Gerdau (2005-1016) siguió siendo habitual referirse a la antigua Naval tanto con ese nombre como con el acrónimo de Siderurgias del Norte. El cambio de denominación formaba parte de los planes de NFL desde que tomara las riendas de la empresa, para la que buscaba un nombre que subrayara su condición de empresa independiente y cabecera de grupo, evitando además confusiones son su antiguo propietario. Sidenor sigue manteniendo en Reinosa un tren de laminado, sin ninguna vinculación con la nueva Reinosa Forgings & Castings.