Los responsables de tres asesorías cántabras analizan el desempeño de sus despachos profesionales desde que hace algo más de un año se desatara esta crisis a la que en ningún caso se atreven a poner fecha de caducidad antes del finales de 2022. Meses, según conceden, de una carga “brutal” de trabajo bajo un aluvión de normas y decretos, muchos de ellos improvisados cuando no contradictorios. Valoran la fidelización de sus clientes, a los que reconocen haber prestado más servicios por lo mismo, y censuran por insuficientes y tardías las ayudas para tratar de socorrer a las empresas en dificultades. Consideran que aún se producirán cierres empresariales y que la recuperación económica será antes que la del empleo,al que auguran fuertes turbulencias con el final de los ERTE.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2021

De súper caótico a excepcionalmente especial pasando por novedoso del que sacar algunas enseñanzas. Así caracterizan los responsables de tres asesorías y consultorías cántabras el espiral de trabajo en el que se han visto envueltos durante este largo año de pandemia. Los tres, sin excepción, coinciden en que sus despachos profesionales han tenido que hacer frente a una “ingente” carga de trabajo en unas condiciones especialmente difíciles, ya fuera por la imposición del teletrabajo, las restricciones de movilidad que han afectado a sus clientes o por el aluvión de normas y decretos al que se han enfrentado “un día sí y otro también”

“Ha habido un gran descontrol legislativo, informativo y sanitario. Y no sé en qué orden”, clama el economista y consejero de Cedenor Alfonso Pariza, que critica “la disparidad de opiniones y de toma de medidas” a lo largo de estos últimos doce meses. “En general, ha existido mucha contradicción, lo que ha hecho aún más complicada la labor de quienes teníamos que interpretarlo”, asegura.

En la misma línea se expresa el socio director del Grupo HFC Consultores, Ramón Cifrián, quien censura la maraña normativa muchas veces “improvisada” con la que han tenido que lidiar. “La tarea más difícil ha sido el análisis e interpretación de los decretos que se sucedían a toda velocidad”, resuelve.

Tampoco se aparta de este discurso su colega y uno de los gerentes de Gestisa, José Moreiras, para quien raro era el día en que no salía un decreto que modificaba al publicado el día anterior. “Teníamos que estar muy atentos por si aparecía algo nuevo sobre lo mismo. Entiendo que en aquellos primeros momentos no era fácil legislar, pero las modificaciones de las modificaciones eran muchas veces continuas”, aclara.

A este caos normativo, Pariza añade otros dos factores que, a su juicio, han contribuido a dificultar el trabajo. De un lado, alude tanto al cierre durante un largo periodo de las oficinas de las diferentes administraciones como al hecho de que, una vez abiertas, para cualquier gestión haya que pedir cita previa, que en ocasiones se eternizan en el tiempo. “Se ha perdido mucho de la agilidad de tantos años de conocimiento del funcionariado que a nosotros nos permitía manejarnos con mayor rapidez para solucionar los problemas de nuestros clientes”, afirma.

La tramitación de ERTE, de créditos ICO y la adapación a una normativa que cambiaba cada día ha multiplicado el trabajo en las asesorías durante el último año.

De otro, sostiene que esta crisis, que ha afectado a prácticamente todos los sectores productivos, ha generado “angustias financieras y problemas de pago y de tesorería” a algunos clientes que, al final, han terminado por verse reflejadas en los acuerdos profesionales que mantenían. “Tenemos una fidelización muy alta de clientes y por eso hemos seguido trabajando con ellos, pese a que en algunos casos hemos empezado a tener ciertas demoras en la atención de nuestras minutas”, concede antes de explicar que en su despacho han tenido casos de todo tipo, desde suspensiones de cuotas, hasta reducciones temporales que confían en recuperar en un futuro.

Esta situación también ha afectado al resto de despachos, tal y como reconoce Cifrián, quien igualmente cita a la elevada fidelidad de su clientela. “Son clientes de toda la vida a los que hemos tratado de ayudar mediante moratorias y fórmulas de aplazamiento de cuotas, pero a los que en muchos casos hemos hecho trabajos, sobre todo de tramitación de ayudas y subvenciones, que no les hemos facturado”, describe.

Su casuística es compartida por el gerente de Gestisa, que admite que a los clientes de los sectores más expuestos a la crisis les han prestado servicios que no han cobrado. “Más que renegociaciones de contratos o reducciones de cuotas, que algunas sí ha habido, aunque no muchas, lo que nos ha tocado es hacer más por lo mismo”, afirma.

Una vuelta de tuerca a su trabajo diario que los tres despachos han llevado a cabo con la misma plantilla y mayoritariamente de forma presencial, según confirman sus responsables.

“Hemos reutilizado nuestros recursos derivando personal de otras áreas para que apuntalaran el departamento laboral”, explica Moreiras. “Esta sobrecarga de trabajo ha puesto a prueba a todo el personal de la asesoría”, confiesa por su parte Cifrián, mientras que Pariza pone el ojo en las tensiones generadas por la avalancha de tramitaciones que han tenido que soportar durante todos estos meses: “No es lo mismo carga de trabajo que tensiones”, clarifica este economista para tratar de explicar lo que ha ocurrido en Cedenor. Así, afirma que toda la tramitación de los créditos ICO les ha reportado “muchísimo trabajo” no retribuido, mientras que los ERTE, que al principio de la pandemia también generaron enorme labor, han provocado después “mucha tensión” en su seguimiento “por la mala gestión del SEPE derivada en gran medida por la falta de personal”.

En este aspecto, el socio director de HFC Consultores conviene en que el embrollo no ha estado en la complejidad de los asuntos a realizar, sino en el elevadísimo número de solicitudes que tramitar. “El problema viene del volumen”, subraya.

De otro lado, Pariza resalta que su despacho aún mantiene “numerosas discusiones con las administraciones públicas por criterios de interpretación”. Así, asegura “que ningún otro año habían recibido tantas declaraciones paralelas del IRPF de 2020 por, según resalta, “cantidades muy pequeñas y sin tener en cuenta que la campaña de la renta del pasado año se llevó a cabo en unas condiciones heroicas”.

En lo que también coinciden estos tres asesores es en que la pandemia ha acelerado la digitalización de sus despachos y de muchos de sus clientes, aunque conceden que todavía hay algunos, sobre todo los más “tradicionales y de mayor edad”, que “siguen viniendo a traer los papeles a la asesoría”.

Alfonso Pariza, director de Cedenor.

Es lo que le sucede a Gestisa, donde su gerente admite que a gran parte de su clientela, integrada mayoritariamente por pequeñas empresas y comercios, aún le cuesta digitalizarse y prefieren mantener el trato directo son sus asesores.

Cifrián, por su parte, destaca que, aunque el perfil de sus clientes es igualmente el de una pyme, cada vez se comunican más por medios digitales. “Lo agradecen ellos y nosotros”, proclama al tiempo que concede que este proceso les ha permitido reducir las visitas a clientes y de clientes. La digitalización ha venido para quedarse en línea con lo que defiende nuestro país y el resto de Europa”, resume.

Ayudas insuficientes

A la hora de analizar y valorar las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España para ayudar a empresas y autónomos a superar esta crisis, la crítica es prácticamente unánime. En este sentido, el consejero de Cedenor no duda en calificarlas de manifiestamente mejorables: “Han sido insuficientes y cuando han llegado, si es que han llegado, ha sido muy tarde”, recalca para criticar, a renglón seguido, el uso y destino de los créditos ICO. “El Gobierno ha puesto muchísimo dinero en avales ICO pero no ha hecho suficiente seguimiento de estos préstamos que los bancos han utilizado, en muchos ocasiones, para sanear los riegos con sus clientes cuando, obviamente, este no era el objetivo previsto por la normativa”.

“Escasas y extemporáneas”. Así las tilda por su parte Moreiras, quien igualmente considera que “han llegado bastante tarde y, en algunos casos, nunca”. “Si pretendes ayudar, ayuda cuando hay que ayudar porque hay trabajadores que no han cobrado el ERTE”, insiste este gestor experto en Sociedades que se declara a título personal “contrario” a las subvenciones.

De su lado, el socio de HFC Consultores, aunque reconoce que las cosas podrían haberse hecho de una forma más ordenada, prefiere quedarse con la parte positiva. “Gran parte del empresariado ha podido resistir gracias a los préstamos ICO y a la posibilidad de acogerse a los ERTE, dos balones de oxígeno que han permitido a las empresas sobrellevar esta pandemia”. Con todo, Cifrián también comparte que las ayudas directas no han funcionado bien. “Han llegado tarde, mal y nunca y han generado mucha confusión”, apunta para subrayar que la gestión de los dineros públicos “no han sido la que debiera”.

En cuanto a las aprobadas por el Ejecutivo regional o las administraciones locales, los tres resaltan que han mantenido parecido perfil a las estatales, aunque con “menos ceros”.

“Sus recursos son más limitados y han hecho lo que han podido”, opina Cifrián que, en cualquier caso, critica la tremenda burocracia en su gestión, incluida para la propia Sodercan, que a su juicio “no ha contado con el personal suficiente para poder agilizar su tramitación”.

Impacto en la economía

Sobre los efectos económicos de esta pandemia, tanto Pariza como Cifrián y Moreiras convienen en que la crisis ya se ha llevado a empresas por delante, especialmente en aquellos sectores que se han visto más afectados por las restricciones.

José Moreiras, socio y uno de los gerentes de Gestisa.

Así lo estima el primero de ellos, que expresa su preocupación por lo ocurrido con las empresas de ocio nocturno, cerrado a cal y canto, o del sector de la distribución, donde “la capilaridad es tremenda y alrededor del 50% de las plantillas están en ERTE”.

Pero no son los únicos. El consejero de Cedenor considera que el sector industrial también se ha visto muy afectado al igual que lo ha hecho el turismo hotelero, un gremio en el que augura la llegada a España “de grandes grupos empresariales para hacerse con paquetes de hostelería”.

Pese a que se registrarán aún más cierres, sostiene que la caída de negocio no será tan pronunciada porque “se sustituirán unos muertos por otros nacimientos” y el país y esta región “seguirán siendo potencias turísticas”.

Cifrián, por su parte, fía el impacto a lo que ocurra una vez concluya la actual moratoria que pesa sobre el deber de presentar concurso de acreedores, aunque advierte que los problemas que tienen algunas empresas “no se arreglan en tres meses”, lo que le hace prever que aumente la insolvencia empresarial. “Quiero ser optimista, pero el efecto de la ola económica todavía no lo hemos llegado a palpar. Viene con retardo y cuando llegue tendríamos que hacer todo lo posible para que las empresas que eran viables en 2019 lo sigan siendo en 2022. No nos podemos permitir que cierren. Si no, el cementerio de los concurso de acreedores va a ser demasiado grande”, previene.

El gerente de Gestisa, por su lado, confía en que no se cumplan algunas expectativas que apuntan a que entre el 20 y el 25% de las empresas van a caer o verse muy afectadas, un porcentaje que según explica incluso se incrementa hasta el 30% en el caso de Cantabria. “¿Cuál será finalmente el impacto? Dependerá del nivel de aguante de cada uno, aunque está claro que algunos pequeños negocios no volverán a abrir su puertas”, resuelve.

Sobre el empleo

Lo que sí teme Moreiras es que muchas empresas se vean abocadas, para evitar su cierre, a transformar los ERTE en ERE, lo que de producirse dispararía el desempleo.

Así lo valora también Pariza, quien aventura que una vez terminen los ERTE se destruirá entre el 15 y el 20% de ese empleo y que el país cerrará el ejercicio con más de 700.000 parados más. “Lo veo bastante feo de aquí a dos años”, puntualiza sobre la base de que España, a diferencia de otros países de su entorno, necesita crecer mucho para generar empleo. “Es un mal endémico del sistema productivo español”, advierte al tiempo que muestra su preocupación por “un nivel de endeudamiento público como nunca en España, a pesar de todo el dinero que está llegando de Europa”.

Cifrián, por su parte, abunda en esta idea y considera “que la recuperación económica avanzará a mayor ritmo que la del empleo”, que ya partía, además, de unos niveles que no eran nada buenos. “La contratación tardará más en recuperarse y será en buena parte diferente a la que conocemos”, enfatiza para explicar que determinadas habilidades y profesiones van a dejar de ser necesarias. “El ejemplo lo tenemos ya en los bancos y sus ajustes irán trascendiendo a otros sectores”, predice. Por eso, reclama la necesidad de poner el foco en la formación, “que es lo que nos va permitir generar y cubrir el empleo del futuro”.

Ramón Cifrián, socio director de HFC-Grupo Consultores.

En lo que estos tres asesores muestran más reservas es en poner fecha a la salida de esta crisis y la vuelta a los niveles de actividad económica precovid. Aunque con cautela, el socio director de HFC Consultores estima que este hecho no ocurrirá hasta finales de 2022. “Hace falta un año entero de cierta normalidad para hacer una lectura de qué empresas han aguantado”, avisa convencido, no obstante, de que a partir de este otoño “ya pegaremos un salto”.

“Es complicadísimo”, revela Moreiras, quien también calcula que habrá que esperar al menos un año y medio para volver a ser lo que éramos. “Ya no vamos a retroceder, pero la salida será muy suave y poco a poco”, sentencia.

El más cauto es Pariza, quien advierte de que en cualquier caso la recuperación “va ser muchísimo más lenta de lo que algunos nos quieren vender”. “Va a ver mucha asimetría en la salida de la crisis”, subraya sin querer aventurar plazos. “No me atrevo. Y el que lo haga es un temerario o le pagan por decirlo; o las dos cosas”, concluye con cierta socarronería.

Aunque se trata de una operación diseñada con carácter previo a la crisis sanitaria, la inauguración de los nuevos cines en el centro comercial Bahía Real sorprende por llegar en un momento en el que el modelo de negocio de las salas se ve cuestionado por las condiciones impuestas para la lucha contra la pandemia, y también por un cambio de usos y costumbres que se ha visto potenciado con el confinamiento y que favorece el visionado en casa. Pese a ello, tanto los recién llegados como quienes llevan más tiempo en el sector confían en que el público vuelva a las salas cuando pase la actual situación de emergencia sanitaria, aunque discrepan a la hora de valorar el alcance del impacto que tendrán las plataformas de ‘streaming’ en el futuro: mientras las grandes cadenas confían en encontrar formas de colaboración, los exhibidores independientes creen que el cambio en las reglas de juego será muy perjudicial para quienes buscan ofrecer un cine diferente.

Cristina Bartolomé |  @criskyraMayo 2021

Las salas de cine de Cantabria sufren el impacto de la pandemia y, al igual que en el resto de España, la taquilla en 2020 bajó aproximadamente hasta el 30% de lo que era, perdiendo un 72% de recaudación. En todo el país se recaudaron 171 millones de euros en 2020, lejos de los 624 millones de 2019, según FECE, la Federación de Cines de España. Pero los empresarios de la exhibición cinematográfica se niegan a tirar la toalla y se confían a las ganas de la gente de disfrutar de la gran pantalla después de tanta restricción. Tanto los grandes como los pequeños esperan tiempos mejores y confían en que se levanten algunas limitaciones que hasta ahora han reducido el aforo y la confianza de los aficionados. Ronda en el ambiente la opinión de que en verano podría comenzar la remontada, por eso hacen la travesía del desierto con alma de supervivientes, convencidos de que el cine de toda la vida no morirá, ya ha superado suficientes batallas demostrando que puede más una buena experiencia que mil pequeñas pantallas. La apertura de las nuevas salas de la cadena Ocine en el centro comercial Bahía Real son la mejor y más cercana muestra de esa confianza empresarial en el futuro de un espectáculo y modelo de negocio, el de la exhibición cinematográfica, al que se ha dado muchas veces por acabado pero que siempre ha terminado por encontrar la forma de salir adelante.

Con las nuevas aperturas, en Cantabria tienen presencia tres grandes cadenas de exhibición: Cinesa, en el centro comercial Bahía de Santander, UCC, en Peñacastillo, y la citada Ocine en el nuevo centro comercial de Camargo. Junto a ellas, y al margen de cines municipales y filmotecas, sobreviven el cine Los Ángeles y las salas Groucho, la últimas ubicadas en el centro urbano de Santander.

Ramón Biarnés, director general de Cinesa, calcula que la afluencia a sus salas está al 30% de la media de 2019, una caída que tiene que ver con las restricciones debidas a la pandemia y también, señala, a la ralentización de nuevos estrenos: “No ha  habido películas importantes hasta ahora, ya que las distribuidoras están esperando la vuelta a la normalidad para coger el ritmo habitual”, considera Biarnés, que incide en el que suyo es un tipo de negocio que cuando cierra no produce, lo que llevó a acogerse a un ERTE con motivo de la crisis sanitaria. Subraya que no han hecho despidos y que su intención es no hacerlo tampoco en el futuro, y que esto ha llevado a tener que reducir los costes “al máximo”. Sin embargo han podido solventar la situación gracias al “pulmón financiero” de la cadena, líder mundial de exhibición en palabras de Biarnés, que cuenta con 44 centros y 514 salas en nuestro país y que pertenece a Odeon Cinemas Group, el cual opera en España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia y Portugal, y que a su vez fue adquirida por AMC Theatres en 2016. No niega que la situación es “muy difícil”, pero sostiene que España es uno de los tres países de Europa en los que sus cines están abiertos, junto con Noruega y Portugal, aunque con restricciones, que a veces, señala, caen en la “inconsistencia”, porque “en algunos está permitido vender comida y en otro no”, por ejemplo.

Un futuro al que regresar

El director general de Cinesa se muestra muy seguro de que no desaparecerán las salas de exhibición cinematográfica: “La idea es esperar a que se levanten las restricciones y se vuelva a la antigua normalidad”.  En el caso de su cadena se han clausurado un par de cines por la finalización de los contratos de alquiler de locales: “Pero no es por la intención de cerrar cines o por no querer operar”. Calcula que este verano será un punto de inflexión porque se habrá avanzado en la vacunación, lo que le lleva a defender que no es el momento de pensar en hacer cambios: “Si en junio o julio la situación será casi normal, no vamos a hacer locuras ahora”.

Ramón Biarnés, director general de Cinesa, la cadena propietaria de los cines ubicados en el Centro Comercial Bahía de Santander, junto a El Corte Inglés.

Una de las amenazas de las salas de cine es la irrupción de las plataformas de streaming, que tanto predicamento han tenido en tiempos de confinamiento. El director general de Cinesa se muestra práctico y considera que han llegado para quedarse: “No las critico, durante la pandemia no ha habido otra forma de ver contenido” pero añade, eso no significa que vayan a sustituir el visionado en salas: “Estoy visitando los cines de España y pregunto a los clientes por qué van y me dicen que no tiene nada que ver una película vista en casa que vista en el cine”.

Pantalla grande, pantalla pequeña

Para Biarnés se abre una nueva etapa: “Coexistiremos, podemos hacer cosas juntos pero aún no ha habido tiempo de sentarse y ver qué podemos hacer. No es una guerra, es tema de un modelos de contenido, las plataformas ponen más énfasis en las series”. De hecho, incide, la mayoría de las distribuidoras no han usado las plataformas ‘online’ para estrenar, han esperado para cuando las pantallas estén activas, y recuerda que las grandes, como Disney o Warner, “son lo que son por lo que han hecho en el cine, no en las plataformas”.

De parecida opinión es Esteve Agustí, copropietario de la cadena Ocine, que acaba de abrir 9 salas en el Centro Comercial Bahía Real. Agustí es miembro del consejo de administración de la cadena, junto a su padre, Narcís Agustí y sus hermanos Jordi y Joan: “Viendo el historial del cine, no me cabe duda de que va a superar la crisis de la pandemia. La gente tiene muchas ganas de salir de sus casas y quiere ver una película en una pantalla grande, que es una toda una experiencia”. En referencia a las plataformas, Agustí también sostiene que “hay que convivir con ellas”, admite que la situación actual, con las dudas que puede haber sobre la seguridad, es diferente y que sí es cierto que les afecta “un poco”, pero considera que la gente quiere salir de casa, encontrarse con sus amigos, socializar después de estos meses de pandemia y restricciones. Por todo ello, concluye, “hay que ir al futuro”.

En relación con la falta de estrenos de los últimos meses, Agustí no cree que las grandes distribuidoras hayan abandonado las grandes pantallas, y ahora espera que en sus nueve salas recién inauguradas se vayan pasando las películas que han dejado en ‘stand by’ a causa de la pandemia.

Atrapa al espectador

Una apertura como la de Ocine, en un momento de crisis como el actual y con el condicionante de la covid-19 latente, puede verse como un salto en el vacío, aún más teniendo en cuenta que el paso se ha dado sin acuerdos previos con las distribuidoras, según asegura el directivo de la cadena, que por otro lado no tiene duda de que los cines seguirán contando con su apoyo: “Aunque también hayan estrenado en plataformas de streaming, nunca han dejado de apostar por las salas de cines, porque son muy conscientes de que no son lo mismo que el sistema home”.

Los hermanos Joan, Jordi y Esteve Agustí, propietarios de la cadena Ocine, fotografiados durante la presentación de las nuevas salas ubicadas en el Centro Comercial Bahía Real, de Camargo.

La estrategia de la empresa de exhibición cinematográfica Ocine, con su apuesta por ofrecer una experiencia diferente en sus salas, es consecuente con esa idea de marcar distancias con el visionado en casa. Nacida en la localidad catalana de Olot y con más de 78 años de historia, es el tercer operador más importante de España y el primero con capital enteramente nacional. Está presente en España y Francia y gestiona su actividad como empresa familiar en su tercera generación. En Cantabria ha basado su carta de presentación de cara al espectador en la palabra confort: la estrella de la película es la nueva butaca ‘Premium’, totalmente reclinable, con bandeja independiente en la que reposar un combinado con nombre de película y una fuente USB para recargar el móvil. Además, dos de sus salas incorporan sonido multidimensional, a lo que se añade proyectores láser de última generación. El objetivo es crear una experiencia cinematográfica combinando confort y tecnología, de ahí el concepto ‘premium’. Sus 9 salas albergan 1.003 butacas en total.

La llegada del nuevo exhibidor, y la suma de ese importante número de pantallas y butacas a la oferta cinematográfica de Cantabria, ha tenido un inevitable efecto en sus competidores. El director general de Cinesa, que cuenta con 1.800 butacas en sus cines cántabros, no oculta que la reciente apertura de las salas Ocine en Camargo les va a hacer “algo de pupa” pero no se amilana y asegura ver de forma positiva la situación: “La competición es buena, nos va obligar a ser más activos”, y cuenta con la experiencia de haber conservado a sus clientes habituales en otra ciudad donde la cadena de la familia Agustí abrió igualmente cerca de sus instalaciones: “La gente quería probar pero han vuelto a nuestras salas, a lo mejor hacemos algo que les gusta a los clientes”.

Ante la llegada de un nuevo operador, Biarnes apuesta por nuevas acciones que refuerzan la calidad de sus salas y servicio: “El cliente cántabro es exigente y nosotros queremos que vengan por la buena calidad que les ofrecemos”. Por otra parte, considera una ventaja pertenecer una cadena internacional por las experiencias de negocio que pueden replicar: “Somos una empresa muy activa y aprendemos de mercados internacionales. Si Ocine nos sorprende, nosotros les sorprenderemos a ellos” y cita sólo algunas acciones de una estrategia que prefiere no desgranar: incentivos de precio, productos nuevos en el bar, una nueva comunicación…  “En definitiva, un nuevo reto”, concluye.

Panorámica de una de las nuevas salas, con las butacas que quieren ser uno de los elementos diferenciadores de las salas que Ocine ha abierto en Cantabria.

Por su parte, la cadena Ocine, que cuenta con 24 cines y 35.000 butacas en España y Francia, respondió a la invitación del promotor del centro comercial a explorar la posibilidad de instalarse en Camargo y lo vio como una oportunidad de negocio, explica Esteve Agustí en relación con su llegada a Cantabria, y apunta que la recuperación de la inversión inicial de 5 millones de euros se dará, dependiendo de la afluencia, en “unos  años”. Entre las acciones comerciales la empresa habla de una promoción de apertura con precios de entrada rebajados, aunque luego serán un poco más caras que en otros cines, y una tarjeta de fidelización con ventajas y descuentos, así como el concepto de espacio para eventos corporativos y afterwork.

Agustí asume como un bache importante el generado por la pandemia, que sin embargo no ha impedido avanzar en el proyecto cántabro, ya diseñado antes de marzo de 2020, en sintonía con el del centro comercial. También, al igual que el director de Cinesa, prevé que la recuperación del ambiente en las salas de cine llegará en verano y apuesta por que poco a poco se vuelva a la normalidad. En cuanto a la programación, sugiere que podrá haber ciclos y pases puntuales, como óperas y conciertos. También podrían pasarse películas en versión original cuando esté todo en marcha,  “en 2 o 3 meses”.

El público fiel de las salas independientes

Tanto en el caso de Ocine como en el de Cinesa, al igual también que lo que sucede con UCC, el enclave comercial en el que se ubican los cines sirve de motor de atracción, y marca en gran medida el modelo de exhibición de estas cadenas. Al otro lado encontramos las pequeñas salas de exhibición independientes, que han sobrevivido a todo tipo de envites en los últimos años y que, aunque la pandemia y sus cierres les han afectado directamente, tienen su tabla de salvación en un público fiel que ve en estas salas una alternativa al cine más convencional, con propuestas a veces a contracorriente.

En el caso del Cine Los Ángeles, el último superviviente de las salas históricas de la capital cántabra, su propietario, Carlos Restegui, representa la segunda generación de un negocio familiar que nació en 1957. Califica lo sucedido con la pandemia como “un despropósito de circunstancias” cuando tuvieron que cerrar en marzo de 2020. Solo vislumbraron “un poco de luz” en julio, cuando pudieron reabrir, contando con la ventaja de que las multisalas de Peñacastillo y Cinesa estaban cerradas. “Teníamos ilusión y la esperanza de que la gente volviera, hicimos una programación buena, aunque el público tenía miedo de ir a un sitio cerrado, pero también quería salir. Aún así el verano fue malísimo, para el negocio fue fatal”, lamenta Restegui.

El hecho es que ahora está abierto y ha llegado hasta aquí con recursos propios y alguna ayuda al sector, aunque insuficiente: “Lo único que salió fue una ayuda del Gobierno cuando ya estábamos abiertos –que cuantifica en 8.000 euros–, aunque no para financiar los costes de la apertura sino para productos covid, y obligando a justificar los gastos. Sí nos beneficiamos, pero con eso no se hace nada, no es relevante para la vida del cine”. Las circunstancias le llevaron a solicitar un ERTE, pero pese a la reducción de gastos que ello supuso, el propietario del cine Los Ángeles admite que la situación sigue siendo muy complicada: “Con el dinero de la taquilla no llega, yo he pagado los gastos con mi dinero”.

En cuanto a la recaudación anual, Restegui calcula que se encuentra al 15 o 20% en comparación a los meses previos a la pandemia. La estrategia de supervivencia ahora pasa por contar solo con dos funciones diarias y seguir abiertos aun con aforo reducido, lo que significa 160 butacas de un total de 330. “Seguimos a flote porque tenemos un público fiel, empleados que aguantan y dinero ahorrado. Ha habido una caída tremenda, además nuestro público no es joven, pero estoy contento, igual soy de los que más público ha tenido en tiempos tan malos”.

Los Cines Groucho son la otra propuesta de titularidad privada de Santander. Por sus dos salas, con un total de 185 butacas, han pasado todo tipo de películas del cine independiente y de autor desde que abriera en 2004. Han sobrevivido, relata José Pinar, su propietario, por las ayudas institucionales del Ministerio y con el cheque resistencia de Sodercan y con el plan de ayuda del Ayuntamiento: “Esto nos ha permitido aguantar hasta enero, pero ahora la situación es la misma, aforo reducido y miedo”.

José Pinar, propietario de los cines Groucho.

A día de hoy es el único cine que permanece cerrado. Ha pasado una pandemia complicada: “Después del cierre en marzo de 2020, llegó la llamada desescalada, pero el verano fue difícil y la entrada era muy mala. A finales de este mes de marzo se reincorporaron todos, pero nosotros mantenemos el cierre y no sé por cuánto tiempo más, pero no tengo intención de abrir a corto plazo”, lamenta Pinar, que basa su decisión en la experiencia de lo sucedido en los últimos meses: “En la desescalada solo contamos con un 30% de espectadores y de recaudación. No voy a hacer la siguiente porque ya hemos visto que no funciona. Cuando estén las cosas bien abriré”. No obstante, no zanja el asunto de forma definitiva y deja la puerta abierta a una reapertura: “En principio la idea es seguir esperando un poco más, la temporada primavera-verano es la peor época, una opción podría ser reabrir el 1 de agosto, pero no quiero pillarme las manos”.

Un escenario complicado

El cine ‘on line’ ha alterado el circuito comercial del sector, las distribuidoras retrasaron los estrenos por el cierre de las salas y por tanto no había películas para exhibir. A ello se unió el boom de las plataformas. Todos estos factores, con los que los directivos de las grandes cadenas aseguran ser capaces de convivir, se ven de forma muy diferente por parte de los pequeños empresarios del sector. Restegui considera que todos estos cambios hacen mucho daño a la industria, porque trasladan la idea de que no hace falta que vayas a las salas para disfrutar del cine: “Nada va a ser como antes. Muchas empresas no van a reabrir, ni cines, ni cadenas de distribución. Las plataformas se han llevado una cuota de mercado que no hubieran conseguido en circunstancias normales y aguantar su impacto para una empresa familiar es muy difícil”. Aun así, rechaza que las plataformas vayan a ser el futuro del cine: “El cine ya ha superado muchas competencias, el problema es que ha habido muchos inconvenientes y se han tomado decisiones por gente que no conocía el sector”.

Pinar es muy expresivo al definir la irrupción de las plataformas de ‘streaming’ para ver películas –“han entrado como un elefante en una cacharrería”– y opina que el consumo en una pequeña pantalla es muy pobre en cuanto a imagen, y no es lo mismo que ir a una sala. Además. plantea sus dudas sobre si el público volverá a los cines como una de sus actividades habituales de ocio: “Ya veremos cómo se restituirá la cosa cuando se abra el espacio, no lo veo claro eso”.

De aquí… ¿a la eternidad?

“Las reglas están cambiando”, observa José Pinar al valorar la situación a la que se ha llegado tras la decisión de algunas grandes distribuidoras de estrenar en las plataformas ‘on line’, a lo que se suma que varias productoras decidieron no estrenar en las salas por miedo a no recaudar. Todo este nuevo escenario, señala, puede tener consecuencias de ahora en adelante: “Cuando volvamos a la normalidad, estos consumos van a ser muy perjudicados, ni los teatros ni miles de eventos van a tener la misma demanda. Esta pandemia y la gestión política han criminalizado muchas actividades. Veo difícil volver a niveles anteriores”. Para este empresario “la pandemia está condicionando todo, el mercado está un poco alterado, es un poco artificial”.

Carlos Restegui, propietario y gerente del cine Los Ángeles.

El dueño de los Groucho se refiere por ejemplo a que la falta de estrenos hace que algunas películas se vean en varios cines al mismo tiempo, y señala que incluso alguna distribuidora con la que operaba en exclusiva ahora exhibe sus películas también en otras salas: “No voy a ser la quinta copia de la misma película, no estoy aquí para un mercadeo sino para defender un cine distinto, una cinematografía que habitualmente no tiene acceso al mercado”.

Con respecto a la apertura de nuevas salas en centros comerciales, Pinar opina que Cantabria no necesita más pantallas, y prevé que va a quitar público al cine de la ciudad, aunque serán los grandes los que más van a competir entre ellos. “Todos estamos ya pasándolo mal desde antes de la pandemia y los que estamos en el centro estamos más fastidiados”, sentencia el propietario de los Groucho.

Restegui ve el futuro con otro color y percibe algún síntoma que puede beneficiar el negocio: “Cuando estábamos tan mal la gente no se atrevía a salir ni al súper. Ahora convivimos con las circunstancias”. Por otra parte, señala el propietario del cine Los Ángeles, la llegada de un nuevo operador no le afecta a él, dice, sino a otros cines grandes: “Ya he vivido la apertura de un Cinesa, de los Cines Bahía, hemos digerido la apertura de los Cines Valle Real… Cuando llegaron ya busqué la forma de continuar, abriendo 5 días. Hice los ajustes cuando tuve que hacerlos, con otra oferta de programación, que es lo que nos ha salvado. Tenemos otra forma de trabajar y los distribuidores ya saben lo que puedo hacer”.

El secreto, según Restegui, es mantenerse fiel a una forma de entender el negocio: “Nosotros amamos el cine y vamos a seguir, por el cine de toda la vida, lo que se entiende por cine. Contamos historias y disfrutamos con ellas. Y al público le tratamos como le hemos tratado toda la vida”.

Siete empresas de Cantabria han tomado parte en el proyecto industrial más ambicioso acometido por la construcción naval española, culminado en su primera etapa con la puesta a flote del submarino S-81, el primero de una serie que contará como mínimo con otras tres unidades en las que también han garantizado su participación. Con la construcción del sumergible, España se convierte en uno de los únicos diez países del mundo con capacidad para diseñar y construir este tipo de buques, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para atender encargos procedentes de otros países. Además de las oportunidades que ello supone para las empresas participantes, el altísimo nivel tecnológico y los requerimientos técnicos que exige un proyecto de estas características son un verdadero aval de la capacidad y competitividad de quienes han tomado parte en el programa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2021

Casi atendiendo a cualquier variable que pueda considerarse, pero singularmente si consideramos el alcance y la exigencia tecnológica del proyecto, la construcción de los submarinos de la serie S-80 que la Armada Española ha encargado a Navantia constituye el programa más ambicioso acometido nunca por la industria española. Con la puesta a flote del primero de los cuatro sumergibles de la serie, un acontecimiento celebrado el pasado 22 de abril en el astillero de Cartagena donde se construye el S-81, España se convierte en uno de los pocos países con capacidad para diseñar y construir buques de este tipo, haciéndolo además con tecnología propia y con unas prestaciones que convierten al ‘Isaac Peral’ –nombre con el que se le ha bautizado– en el submarino más avanzado del mundo entre los que utilizan propulsión distinta a la nuclear. La relación de proveedores con que ha contado Navantia para la construcción de la unidad botada en abril, y también para las que vendrán después, incluye una presencia mayoritaria de empresas españolas y, entre ellas, siete de Cantabria que, bien en sus propias instalaciones o bien trabajando en el astillero murciano, han fabricado e instalado componentes del sumergible. Una tarea esta que, más allá de las dimensiones de lo realizado por cada una –y en algunas la aportación ha sido de gran relevancia–, supone un incuestionable aval de la capacidad técnica de los participantes.

Aunque España ya había construido submarinos anteriormente, hasta ahora lo había hecho siempre con tecnología y licencias de otros países. Es el caso, por ejemplo, de los sumergibles de la clase Galerna –o serie S-70–, desarrollados por los astilleros franceses DCN y construidos por Bazán –la actual Navantia– en los años ochenta del pasado siglo. Es precisamente a esa serie a la que se viene a dar relevo con el programa S-80 –o clase Isaac Peral, por el nombre de su primera unidad– para el que el astillero público optó por hacer un desarrollo propio. La dificultad del empeño queda clara si tenemos en cuenta los obstáculos que han tenido que superarse y que han retrasado en una década la fecha prevista para la entrada en servicio de estos submarinos, obligando a la Armada a acometer una renovación completa de la última de las unidades de la vieja serie S-70 –lo que se conoce como gran carena– para prolongar su tiempo de servicio. El principal contratiempo en el desarrollo del programa S-80 fue el error detectado en 2012 –apenas un año ante de la fecha inicialmente prevista para la entrega– que obligó a recalcular las dimensiones de la nave y que en la práctica supuso la puesta en marcha de un nuevo programa, el que se conoce como S-80 Plus.

Navantia ha organizado la construcción del S-81 dividiendo el submarino en cuatro grandes secciones y adjudicando los trabajos a realizar en cada una de ellas a empresas diferentes. Enwesa ha sido la encargada de elaborar y montar las estructuras y montajes mecánicos de una de esas cuatro secciones.

El diseño, desarrollo y construcción de las cuatro unidades de la serie contempla una inversión de 3.900 millones de euros, una cantidad que según los cálculos de Navantia supone una aportación de en torno a 250 millones de euros anuales al PIB español. Además de lo que está cifra tiene de relevante en sí misma, la importancia del programa para la industria española se mide sobre todo en términos cualitativos, al haber contado con un importante número de empresas nacionales para su realización, con el uso de tecnologías de última generación, transferibles al ámbito civil. En total son unas 800 las empresas españolas las que han participado o están participando en la construcción de los submarinos de la clase Isaac Peral, de las que siete –Gamesa Electric, Ensa, Enwesa, Fernández Jove, Atecsol, Newtesol y la Fundación CTC– son de Cantabria.

Empresas cántabras

La relación de empresas cántabras participantes es representativa del perfil de proveedores habitual en construcción naval –metalurgia y calderería– pero lo es ante todo de la alta exigencia y capacitación tecnológica que requiere un proyecto de estas características. Buena parte de esas empresas, de hecho, son proveedoras habituales de la industria nuclear, un ámbito donde el nivel de exigencia es perfectamente comparable con el que requiere la construcción de un sumergible. La colaboración de esa parte del tejido industrial cántabro en el programa, y el retorno que esa participación tiene en términos económicos y estratégicos, es también representativa de la relevancia que el sector de defensa tiene como cliente.

“Un proyecto como el del submarino S-81 es básico para la industria española y ha podido demostrar las capacidades de las empresas españolas en un sector tan importante como la defensa”, resume David Peris, presidente del grupo de trabajo GT2 de Construcción Naval dentro del Clúster de la Industria de Defensa (CID). Creado en Cantabria en 2019, el clúster CID es el primero de estas características creado en España, con el fin precisamente de reforzar la participación tecnológica e industrial de las empresas españolas con el sector de la defensa. Peris, que destaca como un motivo de orgullo la participación de empresas cántabras en un proyecto como el del S-80, formen o no parte del clúster, está convencido de que este programa puede ser un punto de inflexión: “Este tipo de apuestas son las que se necesitan en una industria que esta pasando por tiempos difíciles y esta necesitada de grandes inversiones para que las empresas del sector puedan desarrollar todo su potencial y convertirse en un referente a nivel internacional”. El representante del clúster CID considera que haber tomado parte en un proyecto como este se convertirá en una “lanzadera” para quienes lo han hecho, que podrán exportar y aplicar muchos de los conocimientos que han desarrollado para este trabajo: “Hemos demostrado que sabemos hacerlo y lo hemos hecho bien”.

La instalación del motor en el S-81, en el astillero. El propulsor, de 3.500 caballos, es el encargado de mover al submarino mientras navega en inmersión.

La empresa cántabra que ha tenido probablemente una de las participaciones más importantes en el programa, y casi desde el inicio del mismo, ha sido Gamesa Electric, que cuando todavía era conocida como Cantarey Reinosa asumió el diseño y fabricación del motor eléctrico encargado de propulsar al submarino cuando navega bajo el agua. La capacidad para operar en inmersión –gracias a un sistema capaz de generar electricidad sin necesidad de utilizar los motores diesel y, por tanto, sin precisar aire para su funcionamiento– es una de las principales ventajas operativas del submarino diseñado por Navantia, que es capaz de permanecer hasta 30 días sumergido, una autonomía fuera del alcance de cualquier otro submarino no nuclear. En ese tiempo, la responsabilidad de mover la nave recae sobre el propulsor construido en Reinosa, un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 3.500 caballos. Cantarey entregó el primero de estos motores en 2010, a tiempo para la fecha inicialmente prevista para la entrada en servicio del S-81. Los posteriores cambios en el programa, que básicamente supusieron un aumento de la eslora de la nave, no afectaron en nada a la participación de la empresa cántabra en el proyecto ni al motor fabricado en lo que hoy es la fábrica cántabra de Gamesa Electric.

La participación del Grupo Fernández Jove en el programa S-80 se ha articulado a través de la empresa FJ I Integral Supply, que cuenta con una larga trayectoria de trabajo para el sector naval de Defensa. Dentro del programa S-80, FJ I Integral Supply ha sumnistrado sistemas de sellados fabricados por otra de las empresas del Grupo Fernández Jove, la firma Hawke Transit System. Concretamente el EMC (Electromagnetic Coupling), un sistema de sellado modular capaz de abarcar un amplio rango de cables o tuberías,  garantizando la integridad de las comunicaciones y los servicios electrónicos a bordo. Este sistema, explican desde la empresa cántabra, mitiga las señales  de ruido e interferencias a niveles que no afecten la operativa normal de los equipos eléctricos; además de estar certificado como barrera contra el fuego, agua, aire. “Para FJ I Integral Supply, esta colaboración supone un importante y ambicioso salto hacia nuevos tipos de buques, animándonos a seguir investigando y desarrollando nuevos proyectos I+D+i con el fin de seguir aportando productos novedosos a la Armada Española y al sector naval de defensa”.

Por las características de buena parte de los trabajos realizados en la construcción de los submarinos de la clase Isaac Peral –calderería de altos requerimientos y soldadura muy especializada– el proyecto tiene puntos de contacto con los habituales en el sector nuclear, lo que tiene su reflejo en la participación de las empresas cántabras del grupo Ensa –la propia Equipos Nucleares y su filial Enwesa– y de otras que trabajan habitualmente con estas, como la Fundación CTC.

El S-81 en la grada del astillero, durante su construcción.

La aportación de Enwesa al programa S-80 se cuenta entre las más relevantes dentro de las asumidas por empresas establecidas en Cantabria. El proyecto ademas tendrá continuidad en el tiempo al haberse confirmado ya su participación en la construcción del S-82 y el S-83, la segunda y tercera de las cuatro unidades que ha encargado la Armada Española. Al igual que en el caso de la empresa matriz Ensa, la especialización de Enwesa en el sector nuclear ha sido clave para haber logrado tomar parte en unos trabajos que requieren de una alta cualificación, capacidad técnica y garantía. De hecho, y debido igualmente a esa especialización de Enwesa en el ámbito nuclear, la colaboración de Enwesa con Navantia tiene un largo recorrido en el tiempo, al iniciarse ya en el año 2012. Destaca entre los trabajos realizados la participación en la gran carena del S-70, con la que se ha buscado mantener la operatividad de este submarino hasta la entrada en servicio de la nueva serie S-80.

En el caso del proyecto S-80 la participación de Enwesa se ha articulado en dos niveles. Por un lado, realizar el montaje mecánico y la soldadura de grandes estructuras en el propio astillero de Cartagena donde se ha construido el S-81 y donde se construyen también el resto de unidades de la serie; por otro, y en paralelo, suministrar equipos de altísimos requerimientos técnicos fabricados en Cantabria.

Para el trabajo en el astillero, Navantia ha organizado la construcción del S-81 dividiendo el submarino en cuatro grandes secciones y adjudicando los trabajos a realizar en cada una de ellas a empresas diferentes. Enwesa ha sido la encargada de elaborar y montar las estructuras y montajes mecánicos de una de esas cuatro secciones. Los requerimientos que plantea un buque de estas características muestran la relevancia de los trabajos de ingeniería realizados, que incluyen fabricación y montaje de tuberías y tanques, entre otras estructuras vitales para el funcionamiento de un submarino. Los equipos fabricados por Enwesa, en sus instalaciones de Heras, incluyen la fabricación de uno de los dos intercambiadores de calor del agua dulce/agua salada que equipan al S-81.

Enwesa está ya trabajando en la segunda de las unidades que se fabrican para la Armada Española y también ha conseguido ya la adjudicación para participar en la tercera unidad, el S-83. Esta línea de actividad supone la continuidad en la colaboración en el proyecto S-80 con una previsión inicial de trabajo para los próximos tres años.

Enmarcada dentro de su línea estratégica de ingeniería avanzada, la participación de la Fundación CTC en el programa S-80 está muy vinculada a la experiencia de este centro en la investigación de materiales, y relacionada a su vez con los trabajos asumidos por las empresas cántabras del grupo Ensa. Así, los analistas de CTC realizaron la verificación del cumplimiento de códigos de diseño por parte de los intercambiadores de agua del submarino S-81, construidos con aleaciones de cobre y de acero y destinados al sistema centralizado de refrigeración del submarino. CTC ha asumido además tareas de revisión y verificación de cargas y tensiones de otros materiales y elementos empleados en la construcción de la nave.

Atecsol es otra de las empresas cántabras que ha trabajado en el propio astillero donde se construyen los submarinos del programa S-80. En su caso, ha realizado recargues por soldadura con material anticorrosión mediante un sistema orbital automático, al tener que realizar los trabajos ‘in situ’ y sin poder rotar las piezas. El recargue por soldadura es un procedimiento por el cual se aplica un material sobre otro utilizando un proceso de arco eléctrico. El recubrimiento aplicado mediante este sistema por parte de Atecsol ha tenido como destino varios componentes para  los sistemas de estabilización y refrigeración del S-81.

La empresa cántabra, que en todo momento ha tratado directamente con Navantia, tiene contratada ya su participación en la construcción del S-82 y el S-83, en los que intervendrá a partir de este próximo verano y también durante el año que viene. Aunque Atecsol tiene una línea de trabajo relacionada con el sector naval, desde la empresa admiten que no es habitual realizar para este sector tareas con el nivel de exigencia que plantean las realizadas para Navantia en el S-81, semejantes a las que si realiza para el sector nuclear o petroquímico. En este caso concreto, estos componentes una vez recargados, son sometidos a ensayos por líquidos penetrantes y ultrasonidos para comprobar la calidad de la soldadura, con resultado de cero defectos.

David Peris, presidente del grupo de trabajo GT2 de Construcción Naval dentro del Clúster de la Industria de Defensa.

En total, la participación en la construcción de los tres submarinos sumará unas 800 horas de trabajo, una cifra notable pero que no da cuenta del alcance y complejidad técnica de lo realizado. Sí que está más cerca de hacerlo otra referencia: para el encargo de Navantia para el programa S-80, Atecsol ha desplazado a Cartagena una instalación de 150.000 € desarrollada por la propia empresa específicamente para este proyecto.

Dedicada como Atecsol al recargue de soldadura, y también al mecanizado e superficies y la fabricación de componentes, Newtesol ha hecho todos los pasos de casco del S-81, pasos de mamparos resistentes o partes fijas de pasos de estructuras resistentes, recargados con una aleación resistente a la corrosión de base níquel. También las tubuladas –para escape, ‘snorkel’ o medios de detección, entre otras– así como en otros componentes susceptibles de sufrir corrosión, como los de los tubos lanzatorpedos.

El acto de puesta a flote del S-81 –en realidad el bautismo y presentación del buque– está lejos de suponer el final de los trabajos a realizar en esa nave, a lo que habrá que sumar todo lo pendiente por hacer en el S-82 y S-83 –ya en construcción ambos– y en el S-84. La entrega del ‘Isaac Peral’  a la Armada está prevista para finales del año que viene, sucediéndose las del resto de unidades del programa S-80 hasta el año 2027. Pero el alcance del proyecto, y por tanto el impacto de este en la actividad de las empresas que participen, no acabaría ahí: el hecho de que Navantia se haya sumado al exclusivo club de quienes tienen capacidad para desarrollar sus propios sumergibles la sitúa en condiciones de pujar por contratos en todo el mundo. Navantia compite ya con otros cinco astilleros por la construcción de cinco submarinos con destino a la Marina india. Un contrato que, de conseguirse, garantizaría carga de trabajo para el astillero público español y también para un gran número de empresas de una gran capacitación técnica y una producción de gran valor añadido. Como las siete cántabras que ya lo han demostrado con su participación en la construcción del ‘Isaac Peral.

El teletrabajo y las nuevas formas de comunicación virtual han disparado los riesgos informáticos a los que se enfrentan las empresas y han multiplicado los ataques, con el secuestro de datos como delito más habitual. Las pymes están concentrando la mayor parte de los ataques, a los que ya se han enfrentado empresas cántabras de todos los sectores que rara vez han conseguido volver a tener acceso a su información en las mismas condiciones que antes de sufrir el bloqueo, aun habiendo hecho frente al pago del rescate. El error humano y la falta de concienciación son siempre vías de entrada para los problemas, pero la escasa inversión en prevención se apunta como la principal clave que explica el éxito de esta modalidad de ciberdelincuencia. “Uno se da cuenta de las dimensiones del problema cuando lo sufre”, lamentan los afectados.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Enero 2021

Siempre amenazantes pero difusos cuando son solo una posibilidad, aunque reales y con consecuencias difíciles de reparar cuando se concretan, los riesgos derivados del tráfico de datos por Internet nunca han sido tantos ni tan sofisticados como lo son ahora, estimulados en su número por el impulso que la pandemia ha dado a las nuevas formas de comunicación, y con el enorme botín en juego como principal acicate para que los ciberdelincuentes dediquen más recursos a mejorar sus ataques. Aunque todavía con un reflejo escaso en las estadísticas, el resultado de todo ello está siendo un aumento de los delitos cibernéticos que va a dejar pequeños los incrementos que ya venían registrándose en los últimos años. A ello hay que unir un cambio notable en el perfil de las víctimas que, en lo referido a las empresas, ha situado a las pymes bajo el punto de mira de las mafias, en una tendencia que –al igual que sucede en el número de delitos– era ya identificable en los informes que daban cuenta de la ciberdelincuencia antes de la crisis sanitaria, pero que se ha visto favorecida por las consecuencias de esta. También se ha producido un cambio en los procedimientos para llevar a cabo los ataques, y en la tipología de estos, con el secuestro de datos como delito más habitual y con los accesos remotos a las redes de las empresas como vía de entrada más utilizada por los delincuentes.

Además de colapsar el sistema sanitario y provocar decenas de miles de muertos, la pandemia del covid-19 dio un vuelco el pasado mes de marzo a la forma en que las empresas se relacionan con sus trabajadores y clientes, y lo hizo prácticamente de un día para otro. España, uno de los países europeos en los que menor uso se hacía del teletrabajo, pasó a tener a gran parte de su fuerza laboral efectuando sus tareas desde su domicilio, y conectándose con sus empresas a través de los mismos dispositivos domésticos empleados para otros usos. Pasaron a ser casi rutinarias las videoconferencias y las reuniones telemáticas, convirtiendo a empleados y directivos en usuarios habituales del amplio catálogo de software y aplicaciones existente para ello. Ese brusco cambio en el uso de las tecnologías de la comunicación por parte de las empresas ha tenido un impacto directo y fácilmente cuantificable en el tráfico de datos en tránsito por Internet, y otro por el momento mucho menos cuantificable, pero que los expertos estiman que alcanza cotas proporcionalmente equivalentes, en el número de ciberdelitos relacionados con ese ir y venir de información. Teniendo en cuenta que las estimaciones más prudentes cifran en un 40% el incremento en el tráfico de datos por Internet provocado por el confinamiento, y por más que ese dato se haya moderado con la relativa vuelta a la normalidad de los meses siguientes, en esos porcentajes habría que pensar a la hora de calibrar el crecimiento de los delitos cibernéticos este año, y en ese entorno se mueven, de hecho, las estimaciones recogidas en los estudios que han venido publicándose en los últimos meses.

La mayor parte de esos informes han sido realizados por empresas especializadas en ciberseguridad –esto es, proveedoras de soluciones para atajar el problema– muchas veces a partir de encuestas realizadas a responsables de ese mismo departamento en las empresas usuarios. Ambas circunstancias podían llevar a poner en cuestión los datos, bien por venir de una parte que podrá considerarse interesada en magnificar el problema, o bien por el sesgo hacia las grandes empresas que podría derivarse del perfil de los encuestados, pero lo cierto es que la coincidencia en las conclusiones, y su coherencia con las estadísticas oficiales, les otorgan una fiabilidad difícilmente cuestionable. También se ven respaldados por el continuo goteo de casos que están sufriendo empresas cántabras de todos los sectores y tamaños, que componen un catálogo lo suficientemente amplio de supuestos como para que sean pocos quienes, cuando se plantea esta cuestión, no mencionen algún ejemplo conocido de primera mano. De algunos, los que afectan a empresas de mayor tamaño, llega a tenerse noticia, aunque la mayoría se resuelven –o no– con la discreción que se reserva a los asuntos más desagradables.

Javier Carrión, director general de Sodercan, en una de las videoconferencias organizadas en los últimos meses.

Uno de los casos que trascendió en su día fue el que sufrió en junio de 2019 la empresa pública Cantur, que fue objeto de un asalto informático que bloqueó el acceso a miles de documentos. Javier Carrión, hoy director general de Sodercan, ocupaba ese mismo puesto en Cantur cuando se produjo el ciberataque, por lo que se remite a su experiencia personal cuando se le pregunta por el alcance del problema. Sodercan publicó el pasado mes de octubre una convocatoria de ayudas que contemplaba una línea de financiación específica para apoyar las inversiones de las empresas en materia de ciberseguridad, en el marco de las actuaciones a desarrollar en la mejora de la competitividad y la productividad en el nuevo escenario dibujado por la pandemia. Los 400.000 euros con que contaba la convocatoria se agotaron rápidamente, en un éxito que el director de Sodercan espera replicar en iniciativas similares que confía en poder acometer en los próximos meses: “Era la primera vez que poníamos en marcha este tipo de ayudas y ha sido un completo éxito, con peticiones que suman inversiones por valor de más de un millón de euros. Por desgracia no vamos a tener presupuesto para atender a toda esa demanda, pero repetiremos convocatorias como esta, sin duda”, asegura Javier Carrión, que cree que pese a esa buena acogida, y al grado de concienciación que refleja, hay todavía mucho trabajo por hacer: “Las pequeñas empresas siguen pensando que es un problema que afecta sobre todo a las grandes, cuando no es así en absoluto. Lo que sí es cierto es que las empresas grandes son más conscientes del coste que puede tener un ataque informático, pero el valor de los datos es igual en unas y otras. Eso es lo que sigue siendo necesario transmitir”.

El director de Sodercan recuerda la sensación de impotencia que le provocó el ciberataque sufrido cuando estaba al frente de Cantur, que supuso el secuestro de todos los datos de la empresa y la petición de un rescate para liberarlos, en lo que es una actuación típica de lo que se conoce como ‘malware’. Cantur se puso en manos de una empresa especializada para recuperar esa información, lográndolo en buena medida. “Pero no es un contrato barato, y las garantías de volver a la situación inicial no son completas, ni mucho menos. Es mucho más barato y más seguro invertir en prevención”. La línea de ayudas de Sodercan apoya actuaciones en materia de ciberseguridad que van desde la adaptación a estándares certificados en esta materia, hasta el control de los accesos remotos a la empresa, pasando por un enorme abanico de equipamientos y servicios que, por su amplitud y variedad da cuenta de lo complejo y transversal de las acciones a realizar para reducir riesgos y vulnerabilidades.

Las dimensiones del problema, y lo que puede hacerse para paliarlo, marcan el campo de actuación de las empresas que ofrecen instrumentos que protegen de cara a posibles ataques, en un servicio que es tanto de consultoría como de implantación de ‘hardware’ y ‘software’, y que en su configuración ideal incluye también acciones de formación para empleados y directivos. “La mayor parte de los problemas se producen por malas prácticas por parte del usuario”, asegura Luis Coria, director de Sistemas en Arcanos Itercom, que explica la labor que realiza su empresa a partir de una comparación muy gráfica: “Damos por hecho que alguien va a morder el anzuelo, y nuestro trabajo es conseguir cortar el sedal”. Los señuelos, señala, pueden llegar por correo electrónico, en forma de archivos adjuntos con reclamos que animan a abrirlos, en las descargas gratuitas que ofrece Internet o en webs para adultos, de apuestas o con contenidos que pueden tentar de alguna forma al usuario, como vales de ofertas o participación en promociones con premio: “La primera clave para evitar problemas es la formación, porque la mayor parte de los ataques se paran con sentido común”. El problema, apunta Luis Coria en una idea en la que también coinciden Javier Carrión y el resto de personas con las que se ha contactado para este reportaje, es que son muy pocos quienes están preparados para responder a una amenaza como esta: “En esto las empresas son más reactivas que proactivas: quien no ha sufrido incidentes no suele estar preocupado y no ha tomado las medias para evitarlo, por lo que, cuando llegan, ya es demasiado tarde para hacer nada”.

José Antonio Anievas, responsable técnico de Freelan Intelcom

José Antonio Anievas, responsable técnico de Freelan Intelcom, coincide en que hay muy poca cultura de seguridad por parte de las empresas, y ello pese a que cada vez hay mayor conocimiento, bien por propia experiencia –“una de cada tres empresas ha sufrido un ataque de mayor o menor gravedad”, señala– o por las noticias que llegan de otras empresas que han sufrido ataques. El problema, apunta, es que muchos creen estar protegidos cuando no es así: “Ya no vale con un antivirus o con tener una copia de seguridad en un disco externo, ya que esto es una ‘tormenta perfecta’ y, a quien le alcance y no tenga conciencia sobre qué hacer, puede ser peor el remedio que la enfermedad”.

Arcanos y Freelan son dos de las empresas que ofrecen servicios de seguridad para las redes de comunicación de las empresas, un concepto este último que ha cambiado de forma radical a consecuencia de los nuevos usos que de ellas se están haciendo a raíz de la pandemia y el confinamiento. La amenaza del ‘ransonware’, el secuestro de datos que todos los estudios recogen como el ciberdelito de moda, implica un acceso externo no autorizado, que implica prácticamente en todos los casos la colaboración involuntaria de algún usuario. Lo más habitual –al menos hasta que el teletrabajo cambió de alguna manera las reglas– era que ese acceso se produjera a través del correo electrónico, con un mensaje con archivo adjunto que se invita a abrir para gestionar el pago de una factura, seguir el estado de un envío postal o cualquier otra posibilidad que pueda entenderse como creíble por parte del destinatario. El archivo resulta no ser lo esperado, y con su apertura se ejecuta un programa que se extiende por la red interna y encripta todos los datos. Lo siguiente es la petición de un rescate, normalmente en bitcoins –la criptomoneda más extendida, que permite pagar sin dejar rastros– para liberar la información secuestrada.

Más allá del obvio consejo de no abrir ningún archivo de procedencia dudosa –algo no tan sencillo si tenemos en cuenta la creciente sofisticación de los mensajes– lo que ofrecen empresas como Arcanos o Freelan es poner una barrera entre la red interna de la empresa y el exterior. “Poner un guardia en esa frontera, que se encargará de controlar el tráfico en ambos sentidos”, explica gráficamente David de Andrés, gerente de Arcanos. La función de ese cortafuegos es básica, por cuanto es cada vez más difícil identificar los correos maliciosos: “Hemos tenido casos como el de un correo que aparecía firmado por el CEO de la empresa, y en el que se pedía una trasferencia imitando incluso expresiones habituales en los e-mails reales de este”.

José Antonio Anievas insiste en la importancia de la concienciación, y en la necesidad de hacer un análisis previo de deficiencias –en contraseñas, permisos para usuarios, etc– para, a partir de ahí, ir tomando decisiones: “Habrá que habilitar un sistema de copias de seguridad de la información de la empresa y si es posible otra en la nube privada. Finalmente, habrá que instalar una herramienta de protección en forma de ‘firewall’ de seguridad para la empresa, y de ‘endpoint’”.

La importancia de proteger el ‘end point’ –punto final, en traducción literal– es una de las principales novedades vinculadas a la extensión del teletrabajo y las nuevas formas de comunicación de la empresa con sus empleados, o con clientes y proveedores. “Las empresas pueden tener bien protegidos sus equipos y sus redes, pero el trabajador a distancia está accediendo a esa red desde su propio dispositivo, que puede ser un ‘smartphone’, una tablet o su propio ordenador, pero que casi en todos los casos son dispositivos de uso doméstico, ni protegidos, ni preparados para la labor que se está realizando con ellos. Eso supone una brecha de seguridad muy importante, y se ha convertido en una vía de acceso muy importante para los ciberdelincuentes”, explica Luis Coria. Es habitual, señala el responsable de Sistemas de Arcanos Intercom, que esos dispositivos de uso doméstico operen con sistemas operativos y programas obsoletos y no actualizados, y que no cuenten con ningún tipo de antivirus. “Nuestros equipos detectan esas vulnerabilidades y permiten replicar las condiciones de seguridad de la empresa en los dispositivos que se usen para acceder a su red”.

David Andrés y Luis Coria, director general y director de Sistemas de Arcanos Intercom, respectivamente.

En todos los sectores

Por las propias características de los ataques y la forma de transmitirlos, podría pensarse que el problema de la ciberseguridad afecta casi en exclusiva a empresas de servicios o, en todo caso, a los departamentos administrativos de las que operan en otros sectores. Eso, señalan quienes trabajan en esta materia, es solo parcialmente cierto, y lo es cada vez menos. La extensión de las tecnologías de la información y las comunicaciones al ámbito industrial –en lo que se conoce como Industria 4.0– ha extendido los riesgos a un ámbito donde, además, las consecuencias de un posible ataque pueden ser enormes. Una de las actuaciones a acometer para atajar ese problema, explica Luis Coria, pasa por segmentar las redes de las empresas, de manera que si algún departamento se ve afectado, no transmita el problema a los demás.

Las estadísticas oficiales que dan cuenta de la incidencia de los ciberdelitos en España –y que no recogen todavía datos correspondientes al año 2020– registraban ya el pasado año un aumento notable de los ataques informáticos y los accesos ilegales a redes de comunicaciones, cifrados en un 23,58 y un 19,48%, respectivamente, según la información que publica el Ministerio del Interior. Ese crecimiento fue mucho más acusado en el caso de Cantabria, lo que en buena medida refleja el cada vez mayor interés que despiertan la

s pymes como objetivo de este tipo de delitos: el número de accesos informáticos ilegales a empresas cántabras se incrementó un 80% entre 2018 y 2019, en tanto que los clasificados como ataques informáticos se doblaron en ese mismo periodo.
Uno de esos ataques fue el sufrido por una pyme industrial de la región, que vio secuestrados sus datos de contabilidad y paralizados sus programas de gestión después de que algún programa de encriptamiento encontrara la forma de colarse en su red: “Pensamos que lo hizo a través del correo electrónico, pero en realidad todavía no estamos seguros de cómo sucedió”, señala el gerente de la empresa. Aunque el bloqueo no alcanzó a la fabricación, lo cierto es que sin órdenes de producción y sin acceso al detalle de los pedidos, la actividad de la empresa se vio paralizada. No era la primera vez que sufrían un ataque de estas características, pero nunca antes había sido tan generalizado. Para solucionarlo se pusieron en manos de una empresa especializada, que cobró en torno 6.000 euros y consiguió recuperar la información: “A nosotros nos pasó una factura perfectamente legal, pero suponemos que lo que hizo es pagar el rescate”.
Fue una forma de salir del paso pero, asume la víctima del ataque de ‘ransomware’, en ningún caso una solución: “Hemos ido aprendiendo y, aunque los riesgos siempre existen, hemos puesto los medios para minimizarlos: contamos con dos firewalls, hemos dividido y duplicado servidores, renovado todo el cableado de la empresa… Y sobre todo hemos asumido que esta es una labor que no acaba nunca, reservando una partida de inversión todos los años”. Lo hecho hasta ahora, calcula, ha supuesto en torno a 15.000 euros de inversión, y quedarían cuanto menos otros 20.000 a acometer en los próximos meses para completar las actuaciones en marcha. “Es una inversión muy pequeña, si tenemos en cuenta lo que está en juego: si una empresa pierde los datos, lo pierde todo”.

El Gobierno central da forma a un procedimiento permanente para reconocer las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral a través del que quiere que más de tres millones de trabajadores obtengan un título de FP o certificado de profesionalidad en los tres próximos años. Con un presupuesto de 852 millones de euros, el plan deja amplia capacidad de decisión a las comunidades autónomas para establecer la manera de impartir la formación complementaria que sea necesaria, algo para lo que ya está trabajando una comisión con participación de los agentes sociales y las consejerías de Empleo y Educación. Las academias confían en hacer valer su experiencia para colaborar en un reto que califican de “colosal”.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2021

España es uno de los países europeos con un mayor porcentaje de población activa formada por trabajadores sin ninguna titulación, un lastre tanto para los trabajadores, que ven así limitadas sus posibilidades de desarrollar una carrera profesional, como para las empresas, que se encuentran con mayores dificultades para acceder a mano de obra cualificada. Buena parte de esos trabajadores sin titulación sí cuentan, en cambio, con buena parte de las competencias profesionales para realizar el trabajo en el que están empleados, y acreditarlo, impartiendo la formación complementaria necesaria para hacerlo, ha sido un objetivo perseguido por la Administración desde que en 2009 se publicara el primer decreto que establecía el derecho de estos profesionales no titulados a ver reconocidas las habilidades, conocimientos y destrezas adquiridos a través de su experiencia laboral. Desde entonces, los certificados de profesionalidad –unos títulos con valor equivalente a la FP– han sido especialmente demandados dentro de la oferta de formación para el empleo, pero en un volumen que se ha quedado lejos de los objetivos previstos. Ponerle remedio, y reducir de forma significativa ese porcentaje de población activa sin titulación, es el objetivo del Real Decreto publicado por el Gobierno el pasado 9 de marzo, que establece un procedimiento permanente para avanzar en ese propósito, removiendo las barreras burocráticas que, a juicio del legislador, son una de las razones que lastran el actual sistema.

Los certificados de profesionalidad son una de las modalidades de formación para el empleo más demandadas pero, aun así, están lejos de alcanzar las cifras que ahora se propone como objetivo el nuevo Real Decreto. Hasta ahora, los certificados con más demanda eran los que habilitaban para ejercer, como sucede por ejemplo con los profesionales de centros geriátricos.

El desafío que plantea el Real Decreto no elude las cifras, y es precisamente a la vista de estas donde pueden apreciarse las proporciones del mismo: con 852,5 millones de euros de presupuesto, el programa se plantea acreditar las competencias profesionales de tres millones de trabajadores de aquí a 2024, un dato que contrasta vivamente con los apenas 300.000 a los que se ha conseguido llegar en los 10 años de vigencia del actual sistema. A diferencia de este, en el que se establecían convocatorias concretas para determinadas cualificaciones, el nuevo sistema establecerá un procedimiento permanente para evaluar, y en su caso acreditar, competencias profesionales adquiridas en el desempeño del trabajo. Para ello se da una amplia capacidad de decisión a las comunidades autónomas, que desarrollarán la forma concreta de llevarlo a cabo. En el caso de Cantabria, ese trabajo se está realizando en una comisión con presencia de los agentes sociales y las consejerías de Empleo y Educación, y que recoge en su larga denominación la literalidad de su tarea: comisión de trabajo para elaborar la normativa para los procedimientos de evaluación de competencias profesionales adquiridas a partir de la experiencia laboral o vías no formales de formación.

Isabel Cuesta, directora gerente de CEOE-Cepyme de Cantabria, representa a la patronal cántabra en la comisión y no tiene dudas a la hora de calificar como “colosal” el reto que plantea el Real Decreto: “España es el país europeo que tiene más trabajadores sin una formación acreditada y, si tenemos en cuenta los antecedentes, vemos lo difícil que va a ser alcanzar las cifras que se mencionan: en diez años se ha conseguido llegar solo a un 2,42% de los potenciales beneficiarios, y llegar ahora, en cuatro años, a un 40% va a ser complicadísimo y va a hacer necesario un esfuerzo enorme de todas las partes”, señala la representante de CEOE, que considera que la aportación de los centros privados de formación tendrá la máxima relevancia para alcanzar ese objetivo.

Participación

Isabel Cuesta, directora gerente de CEOE-Cepyme de Cantabria.

A su juicio, conseguir llegar al número de trabajadores que plantea el Real Decreto dependerá de aspectos en los que las academias que imparten formación para el empleo pueden aportar la experiencia y el conocimiento adquiridos en esa función de intermediación entre lo que demanda el mercado de trabajo y la oferta formativa. Porque uno de los problemas que ha existido hasta ahora, recuerda, es la dificultad para llegar a los potenciales beneficiarios de los certificados de profesionalidad: “Hay que dar a conocer la oferta y generar demanda, porque si no, no se alcanzarán los objetivos. Lo que hemos visto con los certificados de profesionalidad es que sí existía demanda para aquellos vinculados a capacitaciones necesarias para ejercer: conductores de ambulancias, personal de geriátricos… Hay que aprovechar la cercanía de los centros de formación al mercado de trabajo para que sirvan como correa de transmisión para la Administración”. Y sobre todo, indica Isabel Cuesta, garantizar su presencia en lo que considera la fase crítica de todo el sistema: “El tribunal que evaluará las competencias del trabajador y que determinará y ofrecerá la formación necesaria para completar los conocimientos adquiridos con la experiencia. Ahí los centros de formación tienen que tener un papel relevante. Garantizar su participación me parece un factor decisivo para conseguir el objetivo que se plantea”. La impresión recogida en las reuniones realizadas hasta ahora por la comisión lleva a la gerente de CEOE-Cepyme a mostrarse relativamente optimista sobre las posibilidades de los centros de tener ese papel relevante que reivindica para ellos, y recuerda que el Real Decreto determina de forma explícita que en esos tribunales tiene que tener presencia el tejido productivo.

Alumnos en un centro de FP de Cantabria. El sistema de acreditación de competencias busca facilitar a los trabajadores el acceso a una titulación equivalente a la que se obtiene mediante procedimientos reglados.

Ángela García de los Salmones, portavoz de la plataforma de formación de CEOE-Cepyme de Cantabria, considera igualmente que los centros que imparten formación para el empleo, y que han sido también los encargados de impartir los certificados de profesionalidad desde que se dio forma a esta modalidad, deben ser parte protagonista en el nuevo sistema al que da forma el Real Decreto del 9 de marzo. A su favor, señala, está la experiencia acumulada, la relación ya existente con trabajadores y empresas y, finalmente, el propio proceso de adaptación realizado para adaptarse al nuevo modelo: “Estamos formando ya a asesores y evaluadores para la acreditación de competencias profesionales”, asegura.

Al igual que Isabel Cuesta, Ángeles García de los Salmones cree que no será nada fácil alcanzar las cifras de acreditación de profesionales que el Gobierno marca como objetivo, y que en el caso de Cantabria supondría avalar las competencias de 4.000 trabajadores ya este mismo año. “Va a ser muy complicado alcanzar esas cifras, y para ello va a ser fundamental dar mucha publicidad a este sistema, tanto entre las empresas como entre los trabajadores, que unos y otros sepan que se puede conseguir un título que acredite la capacidad por vías no formales de formación”.

La implantación en las empresas de los documentos que deben garantizar la igualdad de trato y oportunidades de hombres y mujeres avanza a trompicones, impulsada por la ley. La ampliación de la obligación de contar con estos planes a las empresas de más de 100 trabajadores ha supuesto, el pasado 9 de marzo, el último paso dentro de un proceso que continuará en 2021 con la incorporación de aquellas con plantillas de entre 50 y 99 personas. Actualmente, menos de medio centenar de empresas cántabras cuentan con un plan de igualdad, a pesar de que más allá del cumplimiento de la ley, hay en ello ventajas estratégicas.

Cristina Bartolomé |  @criskyraAbril 2021

Los planes de igualdad de las empresas empezaron a implantarse hace catorce años en España, haciéndose obligatorios con la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de 2007, completada en 2019 con la promulgación de un decreto ley de medidas urgentes y, ya el pasado año, con un nuevo decreto ley que amplió las reglas para la elaboración de los planes y su registro. Al cabo de estos años y estas actualizaciones de la norma, en Cantabria –y a fecha del pasado 1 de marzo– había 43 planes inscritos en el registro y depósito de convenios colectivos y planes de igualdad, según los datos de la Dirección General de Trabajo. Además de ser una cuestión destacada en la agenda política y en el ámbito social, y marcada por obligaciones y plazos legales, cabe preguntarse si una empresa es más competitiva cuando aplica un plan de igualdad. Partiendo de que la igualdad en la empresa es un derecho básico de las personas trabajadoras, Adela Sánchez, directora de Proyectos Europeos en CEOE-Cepyme Cantabria y coordinadora de la Comisión de Igualdad de la patronal, no tiene dudas: “Los estudios de casos demuestran que las empresas que adoptan la diversidad de género tienen un nivel de competitividad superior”.

El plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Así lo define exactamente la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de 2007. Según Adela Sánchez, esta norma fue pionera en el desarrollo legislativo de los derechos de igualdad de género en España: “Hay que destacar los cambios que supuso en el ámbito empresarial”.

Las empresas del Grupo Blendio, en la foto, han sido unas de las que más recientemente se han dotado de un Plan de Igualdad.

Los planes de igualdad se hacían obligatorios a partir de ese año 2007 para empresas de más de 250 personas trabajadoras, o en aquellas en las que así lo hubiera establecido el convenio colectivo. Su implantación obligatoria se ordena de forma progresiva en el tejido empresarial, de manera que, por ejemplo y en el paso más reciente, desde el pasado 9 de marzo deben contar con estos planes las empresas de más de 100 trabajadores, en tanto que las de más de medio centenar deberán implantarlo de forma obligatoria en 2022. La normativa también regula el proceso de elaboración de un plan de igualdad, de tal forma que las empresas deben constituir una comisión negociadora en un plazo máximo de tres meses desde que resulte obligatorio contar con el plan. A partir de ese momento la empresa tiene un año para hacer el diagnóstico, negociar, diseñar, aprobar el plan y hacer la solicitud de registro. “En algunas empresas, este plazo puede ser demasiado corto, porque las negociaciones pueden ser complejas y llevan tiempo”, asegura Adela Sánchez.

Fase de diagnóstico

Entre los parámetros a examinar  en el análisis previo a establecer un Plan de Igualdad están los definidos por el Decreto Ley de 2019: el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional y las condiciones del empleo, entre otros. El proceso puede deparar sorpresas, y no necesariamente negativas, según Adela Sánchez: “Muchas veces las empresas al hacer la fase de diagnóstico se dan cuenta de que ya venían realizando actuaciones de igualdad en la empresa, muchas veces sin ser conscientes de ello”. El diagnóstico tiene una importancia destacada y de hecho ha de incluirse en el propio plan junto con los resultados de la auditoria retributiva. Muchas empresas, explica la coordinadora de la Comisión de Igualdad de CEOE-Cepyme, aprovechan esta fase de diagnóstico para dar un salto cualitativo revisando los planes de diversidad en la empresa, incorporando aspectos como la edad, la nacionalidad, la discapacidad, o la raza. Lo que se recoja en el plan es de obligado cumplimiento y debe contar con el compromiso de la dirección de la empresa y con la implicación de toda la plantilla. “De hecho, la elaboración del plan de igualdad debe involucrar a toda la plantilla; toda la empresa debe saber y participar en la elaboración del plan”, destaca Sánchez.

En relación con su vigencia, las partes negociadoras tienen capacidad para decidirla, pero en cualquier caso el límite máximo de duración son cuatro años.  Esto quiere decir que no se trata de un proyecto que pueda quedar obsoleto, y más teniendo en cuenta la variabilidad del mercado laboral. Según la directora de Proyectos Europeos en CEOE-Cepyme Cantabria “debe ser un documento vivo y ser revisado”. Por otra parte, resulta lógico pensar que los planes de igualdad no son un cliché, sino un instrumento que debe adaptarse a cada empresa: “Es imposible copiar de una empresa a otra porque cada una tiene una realidad diferente”.

La norma legal establece la obligatoriedad del registro del plan de igualdad, que puede ser con o sin acuerdo. Pero, ¿qué ocurre si hay discrepancia entre las partes? En ese caso, explica Adela Sánchez, a la empresa se le asignará una codificación diferente, por ello desde CEOE se recomienda llegar a un acuerdo porque tiene muchos beneficios: “Por ejemplo, para la concesión del distintivo de igualdad se tendrá en cuenta si el plan ha sido negociado y acordado. Además, el que haya acuerdo en el plan de igualdad reduce la conflictividad en la empresa”.

¿Obligación legal o ventaja estratégica para las empresas?

Adela Sánchez, directora de Proyectos Europeos y coordinadora de la Comisión de Igualdad de CEOE-Cepyme de Cantabria.

Adela Sánchez considera que el plan de igualdad “por supuesto” debe estar alineado con la estrategia de la empresa y, en su opinión, este hecho tiene muchas ventajas, “no solo por argumentos legales y morales sino también financieros”. Teniendo en cuenta la sensibilidad de la sociedad actual, cada vez más comprometida con las empresas igualitarias, los consumidores, “cada vez más penalizan con sus decisiones de compra a las empresas menos comprometidas”, por lo que contar con un plan de igualdad “tiene un impacto reputacional sobre la empresa”.

Para la coordinadora de la Comisión de Igualdad de CEOE-Cepyme Cantabria, otra ventaja es que tienen más facilidad para acceder a concursos públicos: “La ley de contratación del sector público establece que para que una empresa pueda contratar con una administración debe tener un plan de igualdad”. Algunas administraciones publicas van incluso más allá, estableciendo en las bases de la convocatoria tenerlo acordado o incluso contar con el distintivo de igualdad del Ministerio, añade.

Además, el reciente plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España tiene la igualdad entre sus cuatro ejes transversales junto con la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social y territorial. “Es uno de los ejes que inspirarán las reformas estructurales y las inversiones que se pongan en marcha”, recuerda Adela Sánchez.

Examinando salarios:auditoría retributiva

Uno de los objetivos de la normativa pretende evitar diferencias salariales entre hombres y mujeres. Por ello, las empresas deben llevar un registro retributivo. Es obligatorio desde el 8 de marzo de 2019 y se aplica a toda la plantilla. También se incluye el personal directivo y los altos cargos. Según Juan José Rodríguez, responsable de la asesoría jurídica y legal de CEOE-Cepyme en Cantabria, el objetivo es analizar las diferencias que pudieran producirse y, en su caso, introducir las correcciones oportunas. “En definitiva, garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada”.

Y desde el 14 de abril de este año todas las empresas con obligación de aprobar un plan de igualdad deben incluir en el mismo una auditoría retributiva. Tiene por objeto comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad en materia de salarios y “debe servir para evitar, corregir y prevenir las diferencias en el sistema retributivo”, señala Juan José Rodríguez

Las empresas están obligadas a realizar sus registros y sus auditorías y, de momento, deberán hacerlo de la forma que consideren oportuna: “Con la incertidumbre de si los documentos que elaboren servirán para pasar los controles oficiales que puedan realizarse”, señala el asesor jurídico de los empresarios de Cantabria, que recuerda que, en realidad, la norma prevé que el registro pueda hacerse en el formato establecido en las páginas web de los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Igualdad: “Sin embargo hasta la fecha ninguno de los dos ministerios ha publicado ningún modelo”. En cuanto a la auditoría retributiva, la ley indica qué contenido debe tener, pero sucede lo mismo que con el resto de documentación, lamenta Rodríguez: “Hasta el día de hoy tampoco se ha publicado ningún documento oficial que pueda servir como modelo de referencia”. Y aunque esta auditoría forma parte del plan de igualdad, la guía para hacerlos publicada por el Ministerio de Igualdad, señala el asesor jurídico de los empresarios, tampoco contiene ningún capítulo dedicado a estos aspectos.

Parece claro que tener o no tener un plan de igualdad puede influir decisivamente en el devenir de una empresa, pero, ¿qué pasa si una empresa obligada a contar con uno no lo tiene? Según explica Juan José Rodríguez se incurre en una infracción muy grave y se expone a una sanción de entre 6.251 euros y 187.515 euros. “Además una sanción por una infracción de este estilo conlleva la prohibición de contratar con la Administración Pública durante el tiempo que se determine en la propia resolución sancionadora”.

También se considera infracción grave y castigada con una sanción económica que oscila entre los 626 y los 6.250 euros, el hecho de no cumplir con las obligaciones que en materia de planes y medidas de igualdad establecen la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007, el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación. Eso, sin contar con el deterioro de su imagen pública, frente a sus propios trabajadores y sus clientes y proveedores.

Cantabria

Juan José Rodríguez, responsable de la asesoría jurídica y legal de CEOE-Cepyme en Cantabria.

En Cantabria la Ley de Igualdad prevé que los órganos de contratación de la Administración Pública podrán incluir en los pliegos la obligación de la empresa adjudicataria de aplicar medidas destinadas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el momento de realizar la prestación, entre las que podrá estar la elaboración y ejecución de planes de igualdad. Teóricamente no es una prohibición para contratar, pero “puede suponer un sobrecoste en el precio del contrato adjudicado”.

Según la normativa de Cantabria las mismas dificultades para la obtención de subvenciones públicas pueden derivarse también del incumplimiento de obligaciones en materia de igualdad. “Como puede apreciarse, las consecuencias para las empresas derivadas de incumplimientos en materia de planes de igualdad pueden ser muy gravosas”, concluye Juan José Rodríguez.

Las competencias para examinar y llevar a cabo las sanciones, en su caso, corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es el servicio público que ejerce la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y puede exigir las responsabilidades pertinentes, normas entre las que se encuentran todas las relativas a los planes de igualdad, su contenido, aprobación y registro.

Es la Inspección la que, bien de oficio dentro de sus planes anuales de actuación, bien por denuncia de parte, realiza la investigación pertinente e instruye en su caso el procedimiento sancionador. Este procedimiento “será resuelto por la Autoridad Laboral en Cantabria, que es ejercida por la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria”, concluye Juan José Rodríguez.

Si no sufre nuevos retrasos, el próximo 1 de junio entrará en vigor un cambio normativo que afectará a todos los términos que componen la factura de la electricidad, cambiando completamente las reglas del sector e introduciendo lo que los expertos consideran la transformación más relevante desde la liberalización del mercado realizada hace casi dos décadas. La principal modificación tiene que ver con la forma en que los precios cambian en función de la hora y del mes, algo que dejará sin efecto muchos de los contratos actuales de particulares y empresas y que, en el caso de muchas de estas últimas, afectará al calendario de planificación de la actividad. Sin una optimización de consumos, una adecuada valoración de ofertas y una adaptación de instalaciones, algunos cálculos prevén incrementos de entre el 20 y el 32% en el precio que abonan actualmente las pymes y los consumidores industriales, respectivamente.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2021

La energía consumida por hogares y pequeñas empresas. El número 1 (color rojo) se corresponde con las tarifas más caras; el número 2 (amarillo) con los precios medios y el número 3 (verde) con los más baratos.

Nunca ha sido fácil para nadie entender la factura de la luz pero, si alguien ha llegado a conseguirlo, convendría que fuera pensando en olvidar lo aprendido y en prepararse para descifrar de nuevo las claves de las que depende la cantidad a pagar. Porque si no se produce un nuevo aplazamiento, a partir del próximo 1 de junio entrará en vigor lo que los expertos consideran la mayor reforma del mercado eléctrico desde la liberalización acometida hace 18 años, un cambio que afectará a la forma en que se tarifan todos los elementos que componen el precio, y que afectará tanto a los consumidores domésticos como a las pymes y las industrias. Un cambio en las reglas de juego que, en la práctica, pondrá en cuestión los contratos en vigor, y que incidirá en la forma en que se consume electricidad a lo largo del día y del año, abriendo un abanico de posibilidades que permitirá optimizar el gasto pero que también, si no se lleva a cabo con seguridad, puede llevar a que se paguen cantidades notablemente superiores a las que se abonan actualmente. Una posibilidad esta última que puede suponer un golpe definitivo para la competitividad de muchas empresas y que, en un momento marcado por la crisis y la pérdida de actividad en muchas de ellas, está detrás de los retrasos en la entrada en vigor de la reforma, prevista inicialmente para noviembre de 2020 y después para el pasado 1 de abril. La prórroga, decidida poco más de un mes antes de la última fecha prevista para la entrada en vigor del nuevo sistema, da algo más de margen para prepararse para el cambio.

Periodos que se tendrán en cuenta para facturar la potencia y la energía consumida por hogares y pequeñas empresas. El número 1 (color rojo) se corresponde con las tarifas más caras.

La circular 3/2020 de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) cambiará por completo los precios de la electricidad para cada hora del día y mes del año en que se produce el consumo, tanto en la parte referida a la potencia como a la energía utilizada. El primero de esos componentes –la potencia– forma parte de lo que el consumidor doméstico suele identificar como la parte fija de la factura: el precio que se paga con independencia del consumo, y que se refiere, por decirlo de alguna manera, al caudal de kilowatios a los que se puede acceder en cada momento y que, cuando se rebasa, lleva a que se interrumpa el servicio con lo que popularmente se conoce como saltarse los plomos. La otra parte, la correspondiente a la energía, se refiere al consumo efectivo realizado. Aunque las novedades alcanzan a ambos conceptos y a todo tipo de consumidores, los mayores cambios tienen que ver con la parte de la potencia –que hasta ahora para los consumidores domésticos tenía un coste idéntico con independencia de la hora y el día– y con los consumidores empresariales, que son los que en mayor medida pueden verse perjudicados –o beneficiados si son capaces de adecuar sus necesidades a la tarifa– con la variación de precios en el tiempo. En la parte de consumo sí estaba ya interiorizada –al menos en parte y aunque esto no era así en todos los contratos– la idea de que consumir energía podía ser más caro o más barato en función de la hora del día, pero también aquí se da una vuelta a lo que ahora existe, cambiando los calendarios de aplicación, esto es, el precio que se abona en función de las horas y la fecha. El resultado de todo ello es una mayor complejidad en la tarea de adecuar consumos, tiempos y tarifas, pero también mayores posibilidades de optimizar lo que se paga por consumo eléctrico.

Energy Watch es una ingeniería y consultora cántabra que lleva desde 2003 ofreciendo un amplio catálogo de servicios relacionados con la energía, para cualquier perfil de consumo y siempre con el objetivo de aprovechar las oportunidades del mercado para conseguir la máxima eficiencia y ahorro en el consumo. Jesús Ruiz Conde, director de la empresa, no tiene dudas a la hora de valorar el alcance de las modificaciones que se producirán con la entrada en vigor de la circular de la CNMC, el próximo 1 de junio: “Son los cambios más relevantes en el sector eléctrico desde la liberalización de 2003 y afectarán a todos los tipos de consumidores sean domésticos, pequeños comercios, pymes, grandes consumidores industriales o ayuntamientos”, asegura Conde, que considera que de todo ello se derivará un vuelco en la situación actual que, si no se hace nada, implicará subidas en la factura. Para minimizarlas, o incluso para revertirlas, será necesaria conocer al detalle el propio consumo –tanto de potencia como energía– y valorar la cada vez más numerosa oferta de las comercializadoras, labores ambas hoy por hoy muy  complicadas de asumir para gran parte de los consumidores eléctricos, y que forman parte de la oferta de servicios de Energy Watch.

Cálculos

La consultora incluye en su web una aplicación que, a partir de los datos introducidos por el usuario, calcula el impacto que la modificación tendrá en su factura de la luz. Los técnicos de la empresa, además, han realizado en los últimos meses decenas de estudios personalizados a clientes corporativos, tanto pymes como grandes empresas, y tanto a consumidores de media como de alta tensión. A partir de sus cálculos, las estimaciones de Energy Watch cuantifican que el incremento en los precios se moverá en la horquilla que va del 21 al 25%, en el caso de los consumidores tipo pyme, y en un intervalo de entre el 25 y el 32% para la industria. Para consumidores y micropymes, el incremento será de entre el 8 y el 12%. El cálculo, lógicamente, parte de la situación actual y no tiene en cuenta los cambios futuros que pueda haber en la oferta de las compañías. Dos elementos –cómo se consume, y qué ofrece el mercado–  de cuya convergencia dependerá el importe de la factura en mayor medida aun de lo que sucede actualmente, lo que dará pie a que con potencias y consumos muy similares, dos consumidores del mismo perfil –ya sean domésticos o empresas– abonen importes muy diferentes.

Calendario para la potencia y la energía consumida en la tarifa 3.0TD

El director de Energy Watch detalla los cambios que llevará aparejados la entrada en vigor de la circular de la CNMC: para los consumidores domésticos y el pequeño comercio, desaparecen las actuales tarifas 2.0A, 2.0DHA, 2.1A o 2.1DHA –identificables en la factura como ‘Término tarifa’ o ATR– que pasan a agruparse en una nueva y única denominada 2.0TD; para los consumidores pyme en baja tensión –identificados en la factura como ATR 3.0A, y que serán uno de los grupos más afectados por el cambio– se aplicará un nuevo calendario denominado 3.0TD; y para las instalaciones en media y alta tensión –identificadas actualmente con las tarifas ATR 3.1A y 6.X– se aplicará el calendario denominado 6.0TD. Para cada una de las nuevas tarifas se establecen unos precios para el consumo y la potencia que serán altos, medios y bajos, o altos y bajos dependiendo de la hora y del día de la semana –en domicilios y pequeños comercios– y de la hora del día y el mes del año en el caso de las instalaciones de baja, media y alta tensión, donde las escalas de precios serán seis, según los horarios y calendarios que se muestran en estas páginas en forma de cuadros.

Calendario para la potencia y la energía consumida en la tarifa 6.XTD

“Una de las incógnitas a despejar –señala Ruiz Conde– es qué sucederá con los actuales contratos, firmados cuando las reglas eran otras y que, por lo tanto, deberían quedar sin efecto a partir del 1 de junio”. El director de Energy Watch aconseja a los consumidores estar muy atentos a las ofertas que reciban de las comercializadoras en los próximos meses, y que tengan en cuenta las modificaciones que van a entrar en vigor en junio. Aunque actualmente ya existía la discriminación horaria, los cambios al determinar la tarifa por horas y el establecer tres categorías de precio son modificaciones que pueden cambiar por completo lo que se paga. El caso de la potencia, que hasta ahora tenía un precio único, establece las mayores novedades para los particulares y las empresas más pequeñas: “En una instalación doméstica poco se puede hacer para ahorrar en la potencia contratada, salvo en el caso de segundas viviendas. En el pequeño comercio, según su actividad y horario, sí puede valorarse el contratar distintas potencias para cada periodo como una fuente de ahorro económico en la factura”, señala el director de Energy Watch que admite que en cambio en la parte de consumo, y a diferencia de lo que sucede en los hogares, el comercio tiene muy poca capacidad para llevarlo a las horas más baratas.

Empresas en baja, media y alta tensión: los mayores cambios

Aunque los hogares y las pequeñas instalaciones en pymes constituyen la mayoría de los más de 29 millones de clientes del sector eléctrico español, los mayores cambios, y los que más capacidad tienen para alterar la forma de consumir electricidad, son los que afectan a las empresas con instalaciones de baja, media y alta tensión. En general se trata además de consumidores –en muchos casos industrias de tamaños variables– con más capacidad para cambiar formas de trabajo y producción con vistas a adecuarlas a las tarifas, si bien ello puede implicar cambios organizativos de cierto calado a la vista de las nuevas reglas: “Las empresas van a tener que estudiar muy bien el nuevo calendario y tratar de adaptar su demanda a los periodos más baratos; si su proceso productivo se lo permite, también podrán fabricar para aprovisionar en los periodos más económicos del año. Por el contrario, si el horario de trabajo lo es a tres turnos, lamentablemente, poco van a poder modular su consumo”, explica Ruiz Conde.

Para estos consumidores se tendrán en cuenta seis escalones de precio, tanto para la potencia como para la energía consumida, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para adecuar consumos y tarifas a aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo. Aunque las seis escalas de precio ya existían en las instalaciones de alta tensión, explica el director de Energy Watch, cambian los calendarios, y en algún caso de forma muy significativa: “Por ejemplo agosto, que tradicionalmente era periodo 6 –el más barato–, ahora pasa a ser periodo 3, periodo 4 y periodo 6, dependiendo de la hora, lo que sin duda afectará a los costes de fabricación”.

En el caso de los consumidores empresariales de baja, media y alta tensión, entra en juego también la forma en que se facturan los excesos de potencia. En instalaciones de menos de 50 kW de potencia contratada, señala Ruiz Conde, se facturará como hasta la fecha, con maxímetros, mientras que si la potencia es superior a esos 50kW, se contabilizará el número de veces en los que, para cada periodo, se excede la potencia contratada y  por qué valor: “Será más caro excederse tres veces de la potencia para el periodo más caro, que las mismas tres veces para el periodo 6, el más barato, y no costará lo mismo excederse en una ocasión por un valor del 10% que por un valor del 40% de la potencia contratada”.

Jesús Ruiz Conde, director de Energy Watch.

La forma de facturar la potencia en baja tensión será el resultado de sumar el importe del 100% de la potencia contratada, a lo que habrá que añadir el importe de los excesos por maxímetros. En alta tensión –la actual tarifa ATR 6.x– no cambia la forma de facturar esos excesos, aunque sí los importes de su coste por cada periodo. En media tensión –la actual tarifa ATR 3.1A– se contabilizará el número de veces en los que, para cada periodo, se excede la potencia contratada y por qué valor, de una forma similar a cómo se hará en la alta tensión.

Los consumidores industriales tendrán un cambio más a tener en cuenta, referido a la energía reactiva, un concepto muy técnico que hace referencia a aquella potencia no útil que se inyecta en la red y cuyo recargo en la factura las empresas intentan minimizar a través de baterías de condensadores. Un factor más a considerar y que da cuenta de la complejidad de elementos que se ponen en juego en la tarifa eléctrica que abonan las empresas, un coste que tiene un impacto directo en su competitividad. Manejar todas esas variables será aun más complicado a partir del próximo 1 de junio y, al ampliarse el diferencial de precios entre quienes gestionen mejor o peor su factura energética, también será mayor la relevancia que ese coste tendrá términos estratégicos. Un nuevo desafío en un campo, el de los costes eléctricos, que en España siempre ha sido un quebradero de cabeza, tanto para los particulares, como para las empresas.

Aunque pendiente aún de adaptarse a la legislación española, la entrada en vigor de la nueva normativa europea que regula el uso recreativo y profesional de los aparatos voladores no tripulados ha removido ya alguno de los obstáculos que dificultaban el desarrollo del sector, que sufría los efectos de una regulación que avanza a un ritmo mucho menor de como lo hace la tecnología. La menor carga administrativa y la mayor claridad en los requisitos para volar y en la identificación de las zonas donde puede hacerse son factores que deberían impulsar una actividad que nunca ha terminado de desarrollarse en la medida que apuntaban algunas previsiones. A falta de concretar esas expectativas y con más de 5.000 operadores registrados, el sector afronta el reto de su profesionalización con lo que parece un claro exceso de oferta.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Marzo 2021

Las enormes expectativas generadas en torno al uso de los aparatos de vuelo no tripulados –los popularmente conocidos como drones– han venido topando en los últimos años con un abanico de obstáculos que han lastrado el desarrollo de un mercado en el que, como suele ser habitual en el ámbito de las tecnologías de la información, la realidad ha corrido muy por detrás de los pronósticos, aunque  sin llegar a cuestionarlos. Con ese precedente, es comprensible que las previsiones que apuntan a que este 2021 será el año del verdadero despegue de los drones se reciban con cierto escepticismo, tras las afirmaciones similares que se han visto frustradas con anterioridad. El actual optimismo, sin embargo, no se asienta tanto en el amplísimo potencial de aplicaciones para las que pueden utilizarse estos aparatos como en remover el que hasta ahora había sido uno de las principales obstáculos para su uso: una legislación muy restrictiva que no respondía a las necesidades ni de los usuarios recreativos ni de los profesionales, y que tampoco facilitaba el trabajo de los encargados de hacerla cumplir. La novedad con la que ha arrancado el año, y que todavía deberá concretarse legalmente dentro de unos meses, es la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo que regula la fabricación y el uso de los aparatos de vuelo no tripulados, estandarizando las normativas de los diferentes países y regulando quién, dónde y cómo puede operar con estos dispositivos.

El último listado de operadores de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS, por sus siglas en inglés) hecho público por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) incluye más de 5.000 registros. Dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la AESA es el organismo encargado de regular el uso de los drones en España, y figurar en su registro es requisito imprescindible para poder utilizar profesionalmente uno de estos aparatos. Lo amplio del abanico de aplicaciones de los vuelos no tripulados ha venido apuntándose ya desde que hace casi una década comenzase a hablarse de las posibles aplicaciones civiles de una tecnología que, hasta entonces, era utilizada únicamente en el ámbito militar: desde la toma de imágenes aéreas al transporte de paquetería, pasando por el control de cultivos o infraestructuras y llegando, en las proyecciones más futuristas, al transporte de personas en raudos servicios de aerotaxi. Poco de ello de ha concretado en los últimos años, sobre todo en los volúmenes que indicaban algunas previsiones, un desajuste que en buena medida se explica por las tradicionales dificultades que el legislador tiene para seguir el ritmo que marcan las novedades tecnológicas. El dato del número de operadores registrados, que ha registrado un enorme salto adelante en los últimos meses, es uno de los principales indicadores de un cambio de tendencia y de las expectativas generadas por el reglamento europeo y por el anuncio del real decreto que prepara el Gobierno para adecuar a este toda la normativa española que regula el sector.

Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, volando un dron en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

El del número de operadores no es el único dato que confirma la, ahora sí, pujanza del uso profesional de los drones. Probablemente el indicador más significativo es el aumento exponencial de solicitud de permisos de vuelo registrado por Enaire, la empresa pública –dependiente, como AESA, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana– que gestiona la navegación aérea en España. Según indicó el responsable de su Departamento de Desarrollo de Negocio de Drones en una jornada celebrada el pasado mes de diciembre en Madrid, las peticiones recibidas para operar con drones en espacio aéreo controlado y no controlado registraron en 2020 un incremento del 172% respecto a 2019.

Aunque la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo no supone una derogación del que hasta ahora regulaba el sector en España, abre un periodo transitorio hasta la publicación del Real Decreto que deberá adoptarla –que se espera no mucho más allá del próximo verano– y tiene ya algunos efectos prácticos que han cambiado de forma notable las posibilidades de volar con drones en determinados espacios. El cambio más relevante es el que tiene que ver con la regulación de las zonas de control (CTR por sus siglas en inglés) que protegen el tráfico de entrada y salida de los aeropuertos, donde las restricciones hasta el pasado 1 de enero eran tantas que, en la práctica, hacían casi imposible operar con drones en ese espacio. En el caso de Cantabria, eso suponía vetar tal posibilidad en todo el área de la bahía de Santander, una de las zonas en las que más demanda potencial existe para trabajos a realizar mediante drones.

Hasta este pasado 1 de enero, para volar en zonas CTR era necesario estar habilitado para ello por AESA, que solo había concedido esa autorización a 25 operadores en toda España. Con la nueva regulación, es posible volar en estas áreas restringidas para aquellos operadores que cumplan los requisitos que establece la normativa y que notifiquen los vuelos según los procedimientos establecidos que, incluyen, entre otros aspectos, formalizar una solicitud al Ministerio del Interior, notificar el plan de vuelo y coordinarse con Enaire, además de mantener comunicación con la torre de control del Seve Ballesteros-Parayas antes y después del despegue, y hasta el aterrizaje del dron. Concedido el permiso, y cumplido el resto de condiciones, es ya posible volar profesionalmente en una zona CTR para un operador dado de alta en el registro.

El control del cumplimiento de la normativa para volar drones –ya sea de forma recreativa o profesional– corresponde a la Policía Nacional, que lo hace en las áreas urbanas de Santander y Torrelavega, y a la Guardia Civil, a la que corresponde esa tarea en el resto de la región. A la espera del nuevo real decreto que adapte definitivamente el reglamento europeo, la legislación a aplicar sigue siendo la que desde 2017 regula las condiciones para pilotar uno de estos dispositivos de vuelo no tripulados, y las zonas donde es posible hacerlo. Ahí entran las licencias, las características de los aparatos, los seguros y los permisos que se requieren en cada caso. Desde el pasado mes de diciembre, la Policía Nacional cuenta en Cantabria con un departamento específico para controlar la operativa con drones, a la que le corresponde tanto la vigilancia preventiva como la comprobación del cumplimiento de las condiciones en los vuelos para los que se solicita el correspondiente permiso. Ricardo Díaz, responsable del departamento, hace una valoración positiva del grado de conocimiento y acatamiento de la normativa por parte de los profesionales, y no tanto en el caso de quienes utilizan estos dispositivos en el ámbito recreativo: “En general los profesionales son conscientes de lo que implica trabajar con drones y conocen la normativa. Entre los aficionados sí que hay un mayor desconocimiento y cierta inconsciencia. Un dron no es un juguete, pero hay quien sigue viéndolo así”, indica el policía, que considera que es demasiado pronto para hacer una valoración de la incidencia que puede tener el cambio regulatorio para adaptarse a la normativa europea, en tanto este no se concrete en el correspondiente decreto.

Chema Echeverría, gerente de Maremagno Comunicación y Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, la marca que identifica al departamento con el esta empresa ofrece sus servicios de grabación mediante drones.

El incumplimiento de la normativa conlleva sanciones que van desde los 60 a los 225.000 euros para los aficionados, y desde 4.500 a los 4,5 millones de euros para los profesionales. En 2019, último año del que se han facilitado datos, AESA impuso sanciones por un importe total de 173.452 euros, la mayor parte por no ser un operador habilitado, no cumplir los requisitos relativos a la aeronave o sobrevolar zonas no permitidas. Este último, por ejemplo, es el caso del dron que sobrevoló la Puerta del Sol durante la celebración de la última nochevieja, cuyo piloto se enfrenta a una sanción mínima de 12.000 euros por sobrevolar en una zona restringida y hacerlo por encima de personas. Aunque puede pensarse que el control de las infracciones no es tan sencillo como pueda hacer pensar este último caso –un vuelo irregular realizado ante miles de testigos, y con las cámaras de televisión delante– lo cierto es que la tecnología hace ya posible localizar cualquier vuelo que se esté realizando en un área determinada, identificando inequívocamente al aparato y a su propietario: “Disponemos de equipos con capacidad para detectar que se está utilizando un dron, y cada unidad emite una señal única, lo que permite saber de qué aparato se trata en cada caso”, señala Ricardo Díaz.

De acuerdo a la que contempla el reglamento europeo, la adaptación de la nueva normativa no debería suponer ninguna relajación de los requisitos y limitaciones actuales, pero sí probablemente una simplificación de los mismos que clarifique qué puede hacerse, y qué no, en cada circunstancia y que, sobre todo, aligere la carga administrativa. Así por ejemplo, el reglamento europeo establece una ‘categoría abierta’ que abarca las operaciones de menor riesgo, que no requerirán autorización ni comunicación a AESA. Por encima de esta, habrá una ‘categoría específica’ que, dependiendo de las circunstancias, sí requerirá la autorización y la adecuación de medidas dependiendo de cada escenario. El riesgo más elevado, que se identifica como ‘categoría certificada’, se corresponde con usos como el transporte de mercancías o personas y el vuelo sobre zonas habitadas.

Además de la necesidad o no de comunicación y autorización previa por parte de AESA, el definitivo real decreto que adapte la normativa europea deberá regular las licencias y formación necesaria de los pilotos para operar en cada categoría y con qué aparatos, además de establecer las condiciones para que las titulaciones existentes puedan homologarse con las de nueva creación. Esta última es una incógnita que algunos profesionales han preferido despejar inmediatamente, sacando las nuevas licencias y evitando así cualquier sorpresa que pueda producirse en el posterior proceso de adaptación. Es el caso de Antonio Ruiz Garmendia, director de Aerosport Foto, la marca bajo la que Maremagno Comunicación –empresa editora de Cantabria Negocios– ofrece servicios de fotografía y vídeo aéreos mediante drones. Ruiz Garmendia superó en febrero las pruebas para la obtención de las licencias A1/A3, que permiten operar aparatos de hasta 25 kilos en categoría abierta, y la STS que habilita para escenarios estándar dentro de la categoría específica. Son licencias que cubren prácticamente todo el abanico de posibles usos profesionales de drones para fotografía, vídeo o mediciones aéreas, y que –a diferencia de las titulaciones actuales– son válidos en cualquier país europeo.

El director de Aerosport Foto, que pilota drones desde 2015, está convencido que con la nueva normativa se agilizarán todos los trámites para explotar profesionalmente los aparatos de vuelo no tripulados, dando un impulso a un sector que no ha terminado de alcanzar la actividad que se esperaba. A corto plazo, señala, la posibilidad de atender encargos en zonas CTR supondrá ya un impulso a un mercado que tiene sus principales clientes en la industria, la construcción y el turismo y que, debido a ello, tiene a un gran número de potenciales clientes en zonas urbanas cercanas a aeropuertos. Aun con las limitaciones que existían hasta el pasado 1 de enero, Aerosport Foto ha realizado trabajos en Cantabria y en prácticamente todas las comunidades autónomas, con clientes como Campofrío, Grupo Bailón, la Diputación Foral de Vizcaya o Ingeteam, y tareas casi siempre relacionadas con la toma de imágenes para vídeos corporativos, pero también en seguimiento de obras, vídeo turístico, fotografía 360 o termografías.

La condición de mercado en expansión que tiene la operativa con drones, impulsado ahora por la actualización de la normativa, alimenta también algunos desequilibrios que constituyen la principal incertidumbre de cara al futuro más inmediato. Chema Echeverría, gerente de Maremagno Comunicación, confía en que los cambios sirvan para profesionalizar un sector en el que considera que existe un claro exceso de oferta y con una escasa estructura empresarial entre los operadores: “Es cierto que este año tenemos buenas perspectivas de facturación en los servicios que ofrecemos con drones, pero aun así la actividad no sería rentable si no estuviera integrada dentro de una empresa que tiene un catálogo más amplio, y que nos permite sinergias en la comercialización y con el resto de productos”. Pese a lo que eso aporta en términos de competividad y economías de escala, explica, es habitual encontrarse con competidores que ofrecen precios que considera completamente fuera de mercado, como jornadas de grabación por menos de 80 euros: “No es posible cumplir la normativa, pagar seguros y amortizar equipos con ese precio”.

Aerosport Foto cuenta con un parque de 5 drones –un Mavic Mine, un Mavic Air 2, dos Phantom 4 y un Phantom 4 ProV2.0– con lo que dar respuesta a las diferentes necesidades que puede plantear cada encargo. Junto con las emisoras y los seguros, Antonio Ruiz Garmendia calcula que la inversión total se acerca a los 13.000 euros. Son cantidades que obligan a trabajar de forma habitual para rentabilizarlas, algo que no habitual en muchos de los operadores, autónomos que tienen una presencia intermitente en la actividad. Entre los encargos atendidos en el último año por parte de la marca de Maremagno Comunicación para el servicio de drones, hay proyectos que van desde los 700 a los más de 10.000 euros, estos últimos casi siempre trabajos que implican un seguimiento en el tiempo. “La demanda de tareas que pueden realizar los drones va a seguir aumentando, sin duda, pero no tanto como para justificar el brutal crecimiento que se ha dado en el número de operadores. Tendrá que haber una reordenación del sector”, concluye el gerente de Maremagno Comunicación.

Los pequeños negocios dedicados a la fabricación y venta de joyas no pasaban por un buen momento ya antes de la pandemia, pero la llegada de esta ha supuesto para muchas el empujón definitivo para bajar la persiana. El difícil relevo generacional era el principal lastre para la continuidad cuando la irrupción de la crisis sanitaria provocó un frenazo en el mercado que tumbó la rentabilidad de estos establecimientos. La incertidumbre económica, unida a la ausencia de celebraciones y eventos que propicien la entrega de regalos, han acelerado el descenso en el número de joyerías, que en la última década ha pasado en Cantabria de más de 200 tiendas a apenas 75.

Sara Sánchez Portilla | Marzo 2021

El año 2020 no ha sido propicio para gastar en joyas y todo apunta a que el 2021 tampoco lo será. Ni fiebre del oro, ni fiebre de otros metales, el impacto de la pandemia y las estrecheces económicas han generado una considerable caída de las ventas, además del cierre definitivo de muchos negocios dedicados a elaborar y vender productos de joyería. En la actualidad, España cuenta con 12.000 puntos de producción y comercialización de joyas, de los cuales 4.000 pertenecen a autónomos. Son  en su mayoría negocios pequeños y familiares que subsisten en un mercado con escaso relevo generacional, y que afrontan un futuro lleno de incertidumbres.

Esas perspectivas no eran especialmente favorables antes de la irrupción de la crisis sanitaria, y se han visto agravadas debido al confinamiento, el cierre perimetral y de comercios y la escasa celebración de eventos sociales, tradicionales motores de la demanda de este tipo de artículos. Salvador Victorino Fernández, presidente de la Agrupación de Joyeros, Relojeros, Orfebres y Gemólogos de Cantabria, señala que toda esa situación ha llevado a que se produzca un “bajada considerable” en el número de establecimientos que mantienen la actividad en la región, que en la actualidad se sitúa en 75 joyerías. Además, recalca que el sector suma a todos los condicionantes y dificultades que hoy tiene el mercado el hándicap de la continuidad generacional, que ha llevado a muchos de los establecimientos al cierre por jubilación –“en el mejor de los casos”– y no da pie a que el negocio siga adelante dentro del núcleo familiar.

“Para nuestros sucesores, la joyería está dejando de ser un negocio rentable. Estamos pasando a ser un sector de segunda clase. La inversión que tiene que realizar un joyero es importante y las generaciones más jóvenes cuando ven la situación no lo ven una salida a la crisis y desempleo, y razón no les falta”, señala el representante de los joyeros cántabros.  Los jóvenes, indica Salvador Fernández, tienen otra perspectiva de empleo y futuro y no quieren, admite, un negocio que “dé pérdidas, sino algo novedoso y rentable”.

Cantabria cuenta en la actualidad con unas 75 joyerías en funcionamiento. Según los cálculos del sector, al menos 20 tiendas han cerrado en los últimos 6 años.

Debido a la restricción de aforos y a la escasa o nula realización de eventos sociales se ha “prescindido” de la realización de regalos para eventos sociales y celebraciones como bodas, aniversarios, bautizo o comuniones, por mencionar los actos más propicios a la compra de joyas o relojes como obsequio, a los que hay que sumar otros igualmente afectados por las suspensiones, como las competiciones deportivas de base. “Este tipo de regalos ha caído más de un 60% en cuanto a ventas. Se ha visto afectada la joyería, la relojería, los detalles de homenajes para todo tipo de eventos. Por ejemplo, todos las medallas y trofeos, en referencia a deportes y eventos deportivos ha disminuido la venta de forma sustancial”. Sin embargo, otro tipo de detalles han tenido mayor equilibrio y, como apunta Salvador Fernández, en el caso del regalo personal tan sólo ha registrado un descenso del 20%. “Los complementos han pasado a no ser imprescindibles, pero sigue habiendo el detalle para la pareja y familiar más allegado”, comenta.

Cuando los joyeros de pequeños establecimientos oyen hablar de cierre perimetral “se echan las manos a la cabeza”, señala el presidente de la asociación que los agrupa: “Cerrar puertas implica que en el mejor de los casos vas a seguir pagando tus letras, mercadería, alquiler, pero no obtendrás ningún beneficio”, asegura Salvador Fernández, quien hace balance y recuerda cómo, diez años atrás, llegada la época de Navidad era necesario más personal y los pequeños comercios contrataban a más de tres empleados debido a la cantidad generosa de clientes que demandaban joyas para sus regalos navideños.

“También hace diez años había alrededor de 200 joyerías en la región y ahora apenas somos 75.  Los joyeros de la región lo están pasando muy mal, no es una situación agradable, por eso muchas joyerías han cerrado por jubilación del personal, pero lo malo, es tener que jubilarse porque no se puede llegar a últimos de mes”, señala el representante de los joyeros, que calcula que en Cantabria habrán cerrado, en los últimos seis años, una veintena o más o más de establecimientos: “Pero no solo hablamos de joyerías, que es lo que se ve físicamente, detrás de la joyería está el taller, personal dedicado al arreglo de joyas y relojes, y talleres cada vez quedan menos”, lamenta.

A todo lo anterior hay que sumar un cambio de paradigma que está afectando especialmente al joyero tradicional. Cada vez son más las tiendas con grandes marcas que ocupan considerables establecimientos y acaparan la clientela, dejando al pequeño comercio de lado. Sin embargo, según Salvador, esto no supone un gran problema y solo es, dice, “una competencia más”: “Las marcas tienen su aquel. Las marcas grandes también son vendidas en joyerías, como puede ser el caso de Pandora, por poner un ejemplo. En el caso de Tous les interesan más las franquicias porque es una marca familiar y consolidada, buscan vender en franquicias en vez de en comercio al detalle. Sin embargo, creo que simplemente es una competencia más. Todo nuestro sector depende de lo que la gente quiere gastar y a qué precio. Igual hace unos años a los clientes no les importaba hacer un regalo de más de 200 euros, mientras que ahora se mira mucho por lo que se gasta”, explica.

Y aunque la situación hace que “no haya tantos desembolsos” las compras navideñas trajeron un repunte en las ventas, concretamente en las de oro, como recalca Salvador Fernández: “Hemos concluido que la gente al no hacer viajes o celebraciones ha invertido parte de lo que no ha gastado durante la pandemia, regalando una joya. Un ahorro que antes se gastaba de otra forma, viajando por ejemplo, las personas han preferido  disfrutarlo de otras formas. Esto supuso un repunte de un 10% en nuestras ventas”.

Joyería cerrada en la calle Juan de Herrera de Santander, en una de las principales zonas comerciales de la capital de Cantabria.

Para el sector de la joyería, teniendo en cuenta la situación vivida durante los últimos meses, esa pequeña subida en las ventas “significa mucho”, sobre todo cuando los pequeños comercios salieron del confinamiento de la pasada primavera con un stock “bastante importante”, según explica el representante de los joyeros cántabros que destaca también cómo influyen las tendencias y las modas. Antes, señala, era habitual buscar una joya personalizada, única, como también encargar arreglos o adaptaciones de la joyería que ya pertenecía al cliente. “Antaño la compostura de arreglar cadenas era prioritaria, ahora ha pasado a un segundo plano. El cliente prefiere comprar una joya nueva, y las joyas a medida han perdido mercado. Si en un año te piden dos diseños adaptados te puedes dar con un canto en los dientes. Todo ha cambiado, los hábitos, los gustos, las modas”.

No obstante, Salvador Fernández también advierte de lo imprescindible que es adaptarse a estas nuevas tendencias y cómo añadir novedades y que el cliente vea que se renueva el muestrario es algo a lo que todos los joyeros tienen que dar respuesta.  Por esa vía, señala, es por donde es posible hacer que el sector resurja. “Lo que tenemos que hacer es reinventarnos, buscar otras salidas. Aunque el sector de relojería ha bajado en la venta de relojes, el reloj analógico y digital, el cliente busca otro tipo de relojería, en este caso la inteligente, los famosos ‘smart-watch’. Antes de empezar la pandemia se empezaron a ver este tipo de relojes en relojerías, nosotros cuando cerramos introducimos el primer ‘smart’ por un precio muy asequible, y tuve pedidos de más de una docena. Esto lo que implica, lo que sugiere, es que estemos abiertos a todo tipo de novedades que van llegando”, explica.

Cabe destacar que la pandemia y sus estragos también han tenido un punto positivo es un aspecto que siempre ha preocupado al sector, y que tiene una incidencia directa en sus cuentas: la seguridad. Las joyerías siguen siendo negocios de “bastante riesgo” que han sufrido actos de delincuencia que han conllevado considerables pérdidas para los dueños de los establecimientos. Gracias a la pandemia, al estado de alarma y a las restricciones horarias los delitos en este sector han supuesto una bajada importante de la criminalidad.

La tasa de criminalidad en Cantabria, hecha pública por el Ministerio del Interior, ha determinado que la comunidad autónoma es una de las más seguras de España, con una incidencia de 28,5 delitos por cada 1.000 habitantes. Eso sitúa a Cantabria 8,9 puntos por debajo de la tasa de criminalidad del conjunto del país, que es de 37,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Por lo que el número total de infracciones penales en Cantabria entre enero y diciembre del pasado año ha sido de 16.598, lo que supone 1.475 delitos menos que en el año 2019, estimando el porcentaje en un 8,2% de disminución.

Salvador Victorino Fernández, presidente de la Agrupación de Joyeros, Relojeros, Orfebres y Gemólogos de Cantabria.

Cifras que el sector de la joyería valora positivamente.  “Tenemos negocios de bastante riesgo, porque el oro cuando lo roban es fácil de fundir, ponerlo en movimiento y hacerlo desaparecer mientras que en otro tipo de artículos no es tan sencillo. Nosotros tenemos que hacer un desembolso muy importante en seguridad, todos tenemos cámaras de videovigilancia, tenemos nuestros seguros, contratos con centrales de alarma y ni eso evita que roben. Lo que sí hemos notado es que con los toques de queda y restricciones de movilidad han disminuido los delitos a nuestros negocios. Porque si a las diez de la noche tienes que estar en casa no queda otro remedio, no puedes estar delinquiendo”, concreta Salvador Fernández, quien además apunta que la limitación de aforo ha hecho que los robos al descuido también hayan disminuido considerablemente: “En seguridad nos estamos manteniendo, pero claro, hemos tenido momentos muy malos y al cabo del año se notaba en la facturación y cuesta levantarse. Y si las cosas no van muy bien, tiras la toalla”, concluye el presidente de la Agrupación de Joyeros, Relojeros, Orfebres y Gemólogos de Cantabria.

Cantabria cubre las últimas etapas para configurar un ‘digital hub’ que sirva como punto de encuentro entre la oferta y la demanda de tecnología, que unifique el acceso a los recursos para la innovación y que apoye la digitalización de administraciones y empresas, con especial atención a pymes y micropymes. Instrumento obligado para acceder a la fondos del programa Europa Digital 2021-2027, el ‘digital hub’ podría estar operativo en el segundo cuatrimestre del año que viene, con un presupuesto inicial que rondaría los 1,3 millones de euros.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Diciembre 2020

Es habitual que para definirlos se eche mano de metáforas que, con mayor o menor fortuna, remiten a su condición de elementos de conexión entre polos que, si no alejados, sí suelen adolecer de una dispersión que les resta eficacia. Con independencia de que se los denomine puntos de encuentro para la innovación, polos de transferencia de I+D+i o ventanillas únicas para acceder a recursos tecnológicos, los ‘digital hub’ son el instrumento designado para canalizar los recursos del programa Europa Digital, el plan con el que la Comisión Europea busca impulsar la digitalización de empresas y administración en el periodo 2021-2017. Ese es el marco en el que han venido trabajando la Dirección General de Innovación del Gobierno de Cantabria y Sodercan para configurar el que será el organismo encargado de cumplir este papel en la región. La iniciativa, desarrollada en respuesta a manifestación de interés emitida por el Gobierno central, cubre actualmente las últimas etapas, lo que permitiría su presentación durante el primer cuatrimestre del próximo año y, en caso de salir adelante en esa convocatoria, estar plenamente operativa ya durante la segunda mitad del ejercicio.

Ana Belén Álvarez, consejera de Empleo, y Francisco Martín, consejero de Industria, en la visita realizada en septiembre a Maflow, una de las empresas cántabras con un plan en el ámbito de la Industria 4.0.

El proceso para poner en marcha un centro de innovación digital, con las características que le permitan ser reconocido como European Digital Innovation Hub (EDIH) por parte de la UE, dio sus primeros pasos a comienzos del verano, y desde entonces se han ido cubriendo etapas para constituir el que se convertirá en uno de los ejes fundamentales para impulsar el desarrollo tecnológico de administración y empresas, con especial atención a pymes y micropymes. En su diseño, Cantabria ha optado por dar al organismo la forma de un consorcio, en el que tienen presencia el Gobierno Regional, Sodercan, los institutos de investigación que funcionan en la región, la Universidad de Cantabria, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales.

Fase inicial

Su principal tarea en esta fase inicial ha sido identificar los recursos con que cuenta Cantabria para avanzar en los objetivos de digitalización que se persiguen y valorar la demanda de tecnología de las empresas y sectores de la región. A partir de ahí se diseñará el programa estratégico sobre el que se sustente la actividad del día a día del nuevo organismo. Jorge Muyo, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria, calcula que el nuevo organismo iniciará su actividad con un presupuesto que, el primer año, se moverá en el entorno de los 1,3 millones de euros, que se financiarán según un modelo similar al que rige con los fondos Feder: la mitad con cargo a los presupuestos regionales y la otra mitad procedente de fondos comunitarios. “Hay que tener en cuenta, además, que contaremos con la infraestructura y los recursos que aportan los agentes que integran el ‘hub’. De manera que, por poner un ejemplo,  si la Universidad de Cantabria cuenta con un módulo de supercomputación, ese será un equipamiento con el que podremos contar”.

Una vez aprobado y en funcionamiento, la labor del ‘digital hub’ será servir de punto de encuentro entre los demandantes y los ofertantes de tecnología, apoyando tanto a los unos como a los otros en la búsqueda de recursos que permitan avanzar en los objetivos de digitalización que se buscan. Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria Turismo y Comercio, considera que Cantabria parte de una sólida posición en ciencia básica, en áreas como la supercomputación, la inteligencia artificial o el internet de las cosas. “También tenemos un sector de pymes muy inmerso en la industria 4.0, que han sabido aprovechar las ayudas que se han habilitado estos últimos 4 años para ello y han desarrollado planes en este área. Con eso tenemos una cantera de empresas que puede aportarnos mucho, en labores de formación, por ejemplo, o como referencia de lo que la digitalización puede aportar a la competitividad de los negocios”.

Aunque en los objetivos del programa Europa Digital hay continuas referencias a esa Industria 4.0 –el término con el que se engloba todo lo que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar al sector secundario–, el director general de Innovación del Gobierno de Cantabria explica que las acciones a canalizar y coordinar desde el ‘digital hub’ no se limitarán, ni mucho menos, al sector transformador: “Quizá es donde pueden conseguirse los resultados más evidentes, pero de ninguna manera es el único sector al que se dirigirán las acciones. La idea del Gobierno central es que cada autonomía tenga su ‘hub’, y que cada uno diseñe sus propios planes. en Cantabria, por ejemplo, una de nuestras prioridades es llegar con nuestras acciones al turismo, o el comercio, que son sectores que, por el pequeño tamaño de sus empresas, muchas veces van por detrás en el uso de la tecnología”.

Jorge Muyo, director general de Innovación.

Las acciones a diseñar por el futuro centro de innovación cántabro serán escalables, y adaptadas a las necesidades de los diferentes sectores y empresas que puedan identificarse. De este modo, si la robótica, la impresión 3D o el internet de las cosas (IoT) pueden ser objeto de las actuaciones en unas empresas, para pymes o micropymes las acciones pueden centrarse en cuestiones más básicas, como la adquisición de equipos o la conectividad.

Avanzar en la digitalización es uno de los objetivos que la UE ha vinculado a la estrategia para dejar atrás la crisis de la covid-19, pero la dotación presupuestaria para las acciones que canalizará el futuro ‘digital hub’ cántabro no están ligados a los fondos de reconstrucción, sino al programa Europa Digital. Esta circunstancia despeja incógnitas y permite augurar estabilidad en los recursos financieros con los que pueda contar un organismo que, a juicio de Jorge Muyo, va a ser un fundamental para facilitar el acceso a la tecnología de empresas y administraciones. “Con esto vamos a estar en una mejor posición para sumarnos al salto adelante que la crisis sanitaria va a provocar en la digitalización de la sociedad”, concluye.