Las ventas crecen a fuerte ritmo y se sitúan ya claramente por encima de las registradas en 2019, con un fuerte impulso de la demanda de vivienda unifamiliar. El mercado se ha visto favorecido por factores que han aflorado a raíz del confinamiento, como el teletrabajo y la búsqueda de entornos más amables en los que vivir, que también ha reforzado algunas tendencias que ya se estaban recuperando con anterioridad a la crisis sanitaria, con la vuelta de los inversores como elemento más significativo.

J. Carlos Arrondo | Julio 2021

Cuando a mediados del mes de marzo de 2020 la economía española quedó prácticamente en suspenso debido al confinamiento decretado contra la pandemia de COVID-19, es probable que entre los profesionales del sector inmobiliario cundiera el desánimo por ver cómo después de una década de lenta recuperación de las consecuencias de la gran recesión su negocio volvía a tocar fondo. Sin embargo, diversos indicadores señalan que el impacto negativo ha sido más efímero y moderado de lo temido. Según Funcas, desde el inicio del primer estado de alarma y durante aproximadamente dos meses y medio las transacciones en el mercado residencial cayeron el 40%. A partir de ese momento comenzó una recuperación lenta y sostenida que parece haberse acelerado en los primeros meses del presente año. De acuerdo con la última Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad publicada por el INE, en abril se llevaron a cabo 588 compraventas de viviendas en Cantabria, lo que supone  un crecimiento del 74% respecto al mismo mes de 2020, por encima del 66% de incremento medio en España. El dato se muestra aún más revelador si la comparación se establece en relación a abril de 2019, siendo el aumento actual del 24,5%, muy superior al modesto promedio nacional del 2,5%.

Carlos Blanco, presidente de la Federación de Inmobiliarias de Cantabria (Fican)

Carlos Blanco, presidente de la Federación de Inmobiliarias de Cantabria (Fican), alerta sobre la correcta interpretación de esos datos. Durante el confinamiento la actividad descendió a niveles mínimos y apenas se limitó a actuaciones de urgencia para personas que por diversas circunstancias requerían de sus servicios para poder disponer inmediatamente de una vivienda. Por tanto, estima que buena parte del incremento de las cifras actuales respecto a la de esos meses puede explicarse como un efecto rebote. Sin embargo, encuentra más significativa la comparación con la situación anterior a la pandemia: “Después de una crisis muy profunda, la recuperación estaba siendo sostenida en los últimos años. El afianzamiento de la demanda y la fortaleza en el nivel de precios, tanto en las ventas como en los alquileres de viviendas, ya fueron importantes en 2019”. En su opinión, a medida que fue superándose el primer impacto de la paralización de la actividad, el mercado ha regresado a esa evolución ascendente en casi todas las modalidades de operaciones: “Quizás ha habido un leve retroceso en el alquiler de viviendas de bajo precio, de 400 a 600 euros. En el resto se ha visto un aumento de la demanda en el alquiler y, por supuesto, un crecimiento más importante en las ventas”.

Una de las razones que explicarían esta tendencia al alza del mercado de la compraventa es el aumento en la demanda de vivienda como inversión, algo que ya venía siendo observado en 2019, pero a lo que la situación de incertidumbre derivada de la crisis sanitaria parece haber dado renovados bríos. “Excepto en los primeros meses de incertidumbre, a raíz de la pandemia ha habido un crecimiento claro y sostenido en la búsqueda de vivienda como refugio del  inversor que sigue viendo en el ladrillo, bien entendido, un valor seguro a medio o largo plazo”, explica el presidente de Fican. Junto a este perfil, cree que también está acudiendo al mercado una tipología muy variada de compradores con la característica común de un cambio en su percepción del ‘valor vivienda’: “Quien puede dedica sus esfuerzos y sus planes de vida primordialmente a la vivienda más que a otras cosas porque su valor como el lugar donde se pasan muchas horas ha subido”. El confinamiento y las posteriores restricciones, tanto de movilidad como a la hora de realizar actividades fuera del domicilio, han obligado a la mayor parte de la población a permanecer en él mucho más tiempo del que estaba acostumbrado.

Las limitaciones para realizar un buen número de actividades que eran usuales antes de la pandemia, sobre todo las relacionadas con el ocio, viajes, etc, han producido unos ahorros que a muchas personas les ha animado a plantearse modificaciones de calado en sus vidas que quizás antes tenían postergadas a un futuro indefinido. Este afán por mejorar se ha reflejado, por ejemplo, en el auge de las reformas en los últimos meses, pero también en el incremento de los cambios de vivienda. “Familias que tenían un proyecto para ‘más adelante’, para ‘cuando llegue el momento’, y que han podido hacer el esfuerzo lo han desarrollado porque la vivienda ha pasado a primer plano por delante de otros aspectos de su vida”, afirma Carlos Blanco, que explica cómo ha asimilado el negocio inmobiliario esta aceleración en la toma de decisiones: “La demanda ha sido firme y sostenida en prácticamente todos los ámbitos de nuestro sector. Quien no ha podido hacer mejoras o ha entendido que con eso no era suficiente, ha decidido cambiar de vivienda, lo mismo en alquiler que en venta”. Este fenómeno va acompañado de otra importante variación: el cliente está apostando cada vez más por la casa unifamiliar frente al piso.

Los últimos datos publicados por el Centro de Información Estadística del Notariado indican que entre enero y abril de este año se vendieron 2.466 viviendas en Cantabria. De ellas, 1.855 fueron pisos, el 33% más respecto al mismo periodo de 2020 y el 2% sobre el de 2019. Por su parte, las 611 casas unifamiliares vendidas suponen un incremento del 93% en relación al mismo cuatrimestre del año pasado y de algo más del 44% en comparación con el anterior. Esta tendencia alcista en este tipo de inmuebles también se ha reflejado en la media nacional, aunque en menor medida que en nuestra comunidad, con aumentos de casi el 62% y 16% frente a las cifras de los primeros cuatro meses de 2020 y 2019, respectivamente. El presidente de Fican aclara que las viviendas individuales siempre tienen su mercado, pero que su ritmo de venta se ha visto multiplicado por la pandemia: “Derivado del confinamiento, quien ha querido cambiar y tenía una vivienda sin balcón, ha buscado una que lo tuviera, o con algo más de terraza, o una casa con jardín. Yendo un poco más allá, ha buscado una casa en un entorno rural alejado de la ciudad. Todo el mundo ha querido mejorar”.

La pandemia no sólo ha modificado la percepción de las personas respecto a la necesidad de mejorar su hábitat, sino que ha producido cambios sustanciales en muchas vidas que incluyen el de su lugar de residencia. Profesionales que han empezado a desarrollar su trabajo a distancia o personas ya retiradas que han decidido aprovechar la crisis sanitaria para alejarse de zonas masificadas del país e instalarse en entornos más naturales, tranquilos o aislados son perfiles que también han contribuido al crecimiento del negocio inmobiliario. Según datos recientemente publicados por el INE en relación a los movimientos migratorios entre las comunidades Autónomas, Cantabria fue la sexta mayor receptora con un saldo neto de 2.622 personas. Carlos Blanco considera que esto se ha notado en el sector: “Debido a la pandemia hay gente que ha tomado la decisión de cambiar de vida  y nuestra región se ha beneficiado de esto. Personas que ya tenían alguna vinculación o que habían estado de vacaciones han escogido Cantabria porque les ha parecido un lugar maravilloso para vivir y emprender un nuevo camino. Los aumentos han venido de comunidades que tradicionalmente han comprado aquí: Madrid, País Vasco, Castilla y León. Pero nos han sorprendido también los incrementos desde otras zonas, como Cataluña”.

Cabe preguntarse si cuando se supere la crisis de la COVID-19 se mantendrán las tendencias ya apuntadas y realzadas durante este periodo, desde subordinar cualquier otro tipo de gasto a poner en práctica cuanto antes proyectos vitales para alcanzar una vivienda mejor hasta priorizar la búsqueda de casas que ofrezcan posibilidades de esparcimiento al aire libre o incluso cierta distancia con los núcleos urbanos más densamente poblados. El presidente de la Federación de Inmobiliarias de Cantabria entiende que, de una forma más o menos acentuada, es un cambio de mentalidad que ha venido para quedarse: “Ha calado en todos nosotros y ya es un hábito de consumo. En parte es fruto del corto plazo, pero creemos que de alguna manera se va a mantener”. Admite que no es capaz de determinar a qué nivel van a seguir produciéndose, pero su conocimiento del día a día del sector le permite observar algún patrón de comportamiento que está asentándose entre profesionales que cambian su vida en las grandes ciudades por otra en una zona rural de nuestra comunidad: “Lo único que necesitan es una buena conexión a internet para desarrollar su actividad laboral de una forma cómoda y en un entorno como el nuestro perciben una mejora de su nivel de vida”.

El sector inmobiliario de Cantabria es optimista sobre cómo evolucionará en adelante el mercado. Carlos Blanco apunta que se ha producido cierto efecto rebote anticipado a la recuperación general de la economía, pero cree que va a tener continuidad en el futuro: “Prevemos que va a seguir esta demanda sostenida, que vamos a seguir con este nivel de operaciones, y entendemos que nos vamos a beneficiar de un aumento en la inversión, tanto propia como de la compra del foráneo de Cantabria”. A estas buenas sensaciones se une la perspectiva de la llegada de los fondos de recuperación europeos, que en alguna de sus modalidades contempla la movilización de unos 7.000 millones de euros para la reforma y rehabilitación de viviendas. Para el presidente de Fican esto les va a impactar de lleno, tanto de una manera indirecta como directa: “Nosotros somos  un reflejo de la economía y de la sociedad; si hay otros que están dañados y pueden verse beneficiados, al final somos vasos comunicantes. Pero es que además estos fondos van a contribuir a la mejora de las viviendas y esto va a generar más movimiento en la compraventa y en el alquiler. Sin duda son buenas noticias que van a incidir positivamente en el sector inmobiliario”.

Por más que el efecto de la crisis haya sido moderado y el mercado haya reaccionado bien una vez superado el primer impacto negativo, para las empresas y profesionales de la intermediación inmobiliaria han sido meses de puesta a prueba de su capacidad de adaptación a unas circunstancias muy difíciles. “No cabe duda de que en nuestro trabajo es necesario el trato personal y directo, tanto con vendedores como con compradores. La situación requería un cambio y nos hemos amoldado. Hemos utilizado todas las herramientas necesarias para desarrollar el trabajo de la manera más profesional posible y esto ha funcionado. Al principio, con el confinamiento, hemos hecho mucha visita virtual; incluso hasta hace bien poco, con potenciales compradores o vendedores de otras provincias que no podían acercarse por los cierres perimetrales”, destaca el representante del sector en Cantabria, para quien su nivel de profesionalidad es lo que ha logrado que no se resintiera la calidad de un servicio forzado a prestarse en condiciones anómalas: “Está bien disponer de estas herramientas y utilizarlas a favor de nuestros clientes cuando pueda ser necesario, en ciertas circunstancias, pero no cabe duda de que en la medida en que hemos podido volver al trato directo, lo hemos hecho”.

Pendientes de la actualización del censo de empresas, de agentes inmobiliarios y de profesionales, el presidente de Fican no se atreve a cuantificar aún cómo se ha saldado el año de la pandemia, aunque reconoce haber detectado en sus consultas internas algunos movimientos: “En los primeros momentos hubo empresas que se vieron abocadas a una cierta marcha atrás y algunas se han visto obligadas a hacer un ERTE. Después, con un volumen de trabajo sostenido, se ha ido normalizando la situación y actualmente hay un leve repunte respecto a las empresas y profesionales que había antes de la pandemia”. Carlos Blanco es consciente de que es un momento de cambios, no solo en su gremio, sino en toda la economía, y que el futuro postcrisis exigirá un esfuerzo para adaptarse a ellos, aunque no va a cambiar su labor de velar por el buen desarrollo de las operaciones inmobiliarias: “Estamos desarrollando nuevas tecnologías, pero sin dejar atrás el trato directo que necesita el cliente, tanto en la compraventa como en el alquiler, a nivel jurídico, formal y de todo tipo. Le apoyamos y le acompañamos para que no se sienta solo, resolviendo cualquier incidencia que pueda surgir. Con mucha profesionalidad desarrollamos una labor que es muy importante para la vida de las personas”.

En Cantabria operan unos 80 vehículos con licencia para prestar servicios de alquiler con conductor, aunque el número total de autorizaciones es sensiblemente mayor. La recién creada Asociación para el Desarrollo y Divulgación en Cantabria de las VTC quiere conseguir un convenio colectivo para las empresas del sector y representantes en sus relaciones con la administración regional.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Junio 2021

Representantes de Adedican en una reunión con Felipe Piña, director general de Transportes del Gobierno de Cantabria.

Fundada el año pasado coincidiendo con el final del confinamiento, la Asociación para el Desarrollo y Divulgación en Cantabria de las VTC (Adesdican-VTC) ha venido trabajando desde entonces en unos objetivos que, además de los que recoge en su denominación, pasan por alcanzar la máxima representatividad del sector, firmar un convenio colectivo para el mismo y sacar adelante reivindicaciones que homologuen el servicio que prestan –alquiler de vehículos con conductor– a otras modalidades de transporte de viajeros por carretera. De acuerdo con los datos que maneja la asociación, en Cantabria operan hoy unos 80 vehículos con licencia para prestar este servicio, de los que 70 lo hacen para alguna de las 10 empresas que forman parte de Adesdican. “Es verdad que en Cantabria se concedieron en su día más autorizaciones, en torno a 160, pero la mitad de ellas las tienen vehículos que no circulan en la región”, asegura José Martínez, presidente de la asociación.

La creación de Adesdican se decidió tras constatar que la falta de una voz única situaba al sector en situación de desventaja frente a otros colectivos, como el del taxi, en un momento en el que era necesario tomar decisiones importantes para las empresas. Adesdican quiere que los vehículos con licencia VTC puedan circular por carril-bus y tener facilidades para aparcar en el aeropuerto. Además reclama un sistema de ayudas que sirva para paliar la caída de ingresos que se ha producido a consecuencia de la caída de la actividad debida a la crisis sanitaria. En relación con el conflicto con el servicio de taxis, José Martínez admite que la comunicación no es fácil, pero defiende que se trata de negocios diferentes y que es posible la convivencia: “En nuestro caso solo podemos trabajar cuando el servicio ha sido precontratado, ni podemos esperar a los clientes en una parada, ni recogerlos ante una petición a mano alzada. Competimos con el taxi, por supuesto, pero creemos que hay espacio para ambos”.

Aunque era una tendencia que ya se había dejado notar antes de la pandemia, los primeros indicios de la recuperación tras la crisis sanitaria han confirmado la pujanza del alquiler a largo plazo como alternativa a la propiedad de los automóviles. Los primeros meses tras el confinamiento han disparado la demanda de vehículos en ‘renting’ por parte de las empresas, en una tendencia que se ha trasladado también a los particulares. El parque de vehículos ha crecido más de un 3% respecto al existente antes de la declaración del estado de alarma, pero el incremento más notable se ha producido en el número de clientes, que son hoy casi un 15% más de los que eran entonces. La fórmula, con una cuota fija mensual en la que están incluidos todos los gastos, despeja incertidumbres y protege al usuario de los imprevistos, algo especialmente valorado en el escenario postpandémico en el que nos movemos.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Julio 2021

El del automóvil es un mercado en el que desde hace años son más las dudas que las certezas, pero en el que empiezan a apuntarse algunas tendencias con una clara vocación de continuidad. Pocas lo hacen con el respaldo que los datos conceden al ‘renting’, una alternativa que hasta no hace mucho era muy minoritaria y restringida casi al ámbito empresarial pero que hoy abandera a una proporción muy significativa del parque de vehículos español y que mantiene un crecimiento sostenido en el número de usuarios, en gran parte gracias a la incorporación de particulares. A diferencia de lo que sucede en otros productos y servicios, la crisis derivada de la pandemia no ha supuesto aquí ningún freno a una demanda que ya era notable antes de la declaración del estado de alarma y que ahora se ha visto multiplicada por los cambios de hábitos propiciados por la covid-19.

Según recoge un estudio elaborado por la Asociación Española de Renting (AER), el parque de vehículos en circulación bajo esta fórmula sumaba 742.621 vehículos al cierre del primer trimestre de 2021, último periodo con datos. Esta cifra supone un incremento del 3,56% en relación con la que se registraba el 31 de marzo de 2020, cuando todavía no eran perceptibles los efectos de la declaración del estado de alarma. El crecimiento más significativo, en todo caso, no tiene tanto que ver con la cantidad de vehículos en ‘renting’ como con el cada vez mayor número de personas que hacen uso de esta modalidad: las empresas que ofrecen servicios de alquiler de vehículos a largo plazo atendían a algo más de 230.000 clientes en la fecha de referencia del informe, un 14,25% más que el año anterior. Que el número de usuarios crezca significativamente por encima del parque de vehículos confirma una tendencia que, aunque ya perceptible con anterioridad, se ha visto reforzada tras el confinamiento: la incorporación de particulares y autónomos a un mercado que hasta no hace mucho atendía casi exclusivamente a grandes empresas que veían en el renting la mejor fórmula para gestionar sus flotas.

Fermín González, responsable de la delegación de Northgate en Cantabria.

El alquiler de vehículos a largo plazo permite utilizar un vehículo en condiciones comparables a las que ofrece la propiedad a cambio de una cuota mensual en la que normalmente están incluidos todos los gastos, con excepción del combustible. Es una fórmula emparentada con otras que han ido abriéndose paso entre la oferta de los concesionarios de vehículos, como aquellas que a cambio de una cantidad mensual ofrecen un compromiso de recompra del automóvil al cabo de un tiempo determinado, o bien quedarse definitivamente con él a cambio del pago de una cuota final por el importe del valor residual del vehículo, pero en la que a diferencia de estas el coche no es propiedad de quien lo utiliza, que por tanto puede desentenderse del pago de seguros, reparaciones y mantenimiento, y con la garantía de contar inmediatamente con un vehículo de sustitución en caso de cualquier percance. Es precisamente esta cobertura ante imprevistos la principal ventaja que hace valer esta forma de resolver las necesidades de movilidad, que encuentra aquí un recurso frente a las incertidumbres, sea esta del tipo que sea. Sin la obligación de contar con grandes periodos de tiempo para amortizar una compra, el usuario puede despreocuparse de cuestiones que hoy son un verdadero quebradero de cabeza para cualquier comprador, como qué combustible o sistema de propulsión elegir. Tras una pandemia que ha puesto de manifiesto hasta qué punto el futuro puede ser imprevisible, todo parece jugar a favor de una fórmula que permite una rápida adaptación a circunstancias cambiantes, y que permite acceder a un vehículo nuevo sin afrontar desembolsos iniciales que comprometan la capacidad financiera de empresas o particulares.

Del análisis que recoge el informe realizado por la AER se desprenden algunas conclusiones que parecen avalar que el buen momento por el que pasa el ‘renting’ no es coyuntural, y puede tener todavía un amplio recorrido. La principal es, sin duda, que el crecimiento que está experimentando este mercado se debe sobre todo a la incorporación como clientes de un número cada vez más significativo de personas físicas, ya sean empresarios autónomos o particulares.  Al cierre del primer trimestre de este año, el peso de las personas físicas en el parque de renting era del 15,86%, algo más de dos puntos por encima del porcentaje que se registraba en el primer trimestre de 2020, pero eran ya casi la mitad del total de clientes de esta modalidad. También crece la cuota de las empresas más pequeñas –las que cuentan con flotas de hasta cuatro vehículos– y de las medianas –hasta 24– en tanto que desciende la demanda por parte de las mayores. Esto es, permanece estable o con ligera tendencia a la baja la participación del segmento más maduro en tanto que aumenta –en algunos casos con mucha fuerza– aquel que tiene un mayor potencial para seguir creciendo.

Cantabria

El informe de la AER no incluye datos de las comunidades autónomas, pero nada indica que el mercado del renting en Cantabria esté siguiendo sendas distintas a las que recorre en el conjunto de España. Si acaso, y si tomamos como referencia la actividad de alguna de las principales empresas de renting que opera en la región, la tendencia al crecimiento puede ser incluso más acusada que en el resto: “Nuestros datos corroboran los del estudio de la Asociación Española de Rentiong, e incluso los sobrepasan –explica Fermín Gutiérrez, responsable de la delegación de Northgate en Cantabria– nuestro parque de vehículos alquilados en Cantabria ha crecido un 16% en esa comparativa trimestral 2020/21”. En línea también con lo que recoge el estudio, el delegado de Northgate confirma que la mayor parte de ese incremento se debe a la incorporación de clientes nuevos, que aportan el 50%  además es destacable que sobre todo lo ha hecho gracias a nuevos clientes, que aportan un 50% de ese aumento de parque: “Son muchas las empresas y autónomos de la región que hasta ahora no se planteaban otra fórmula que no fuese la propiedad como modo de afrontar sus necesidades de vehículos y que ahora no dudan en apostar por el renting como solución principal”.

El contrato de ‘renting’ incluye cualquier operación de taller, tanto las de mantenimiento como la reparación de averías o golpes.

Los cambios que se están produciendo en el mercado del ‘renting’ llevaron a Northgate, que hasta entonces tenia todo su negocio centrado en las empresas, a poner en marcha el año pasado una línea específica para particulares. Fermín González, que califica como muy positiva la evolución de esta línea de negocio, considera que los consumidores están trasladando al automóvil una modalidad –el pago por uso– cada vez más habitual en otros productos y servicios.

En relación con las empresas, en las que ya era relativamente habitual recurrir al renting como fórmula de acceso al vehículo, el delegado de Northgate detecta también algunos cambios que reflejan la diferente forma en que la pandemia ha afectado a unos y otros sectores: “En el último año hay dos cuya demanda de vehículos en Cantabria ha crecido por encima de ningún otro: auxiliar de la construcción y logística. Sin duda alguna son dos sectores que se han visto beneficiados por el cambio de hábitos y consumo vivido en la pandemia: el comercio electrónico y la inversión en reformas de vivienda y obra nueva”.

Crecimiento

El delegado en Cantabria de Northgate confirma que el mercado del renting de vehículos llevaba años encadenando crecimientos importantes en España –”y en Cantabria en particular”, señala–, una tendencia en la que seguía la tónica habitual en el resto de Europa. Un escenario en el que la irrupción de la pandemia, a diferencia de lo que ha sucedido en otras actividades, no ha tenido ningún efecto, al menos ninguno negativo: “La crisis sin precedentes que hemos vivido ha catapultado al renting como solución a las necesidades de movilidad”, asegura Fermín González, que apunta alguna de las razones que lo explican: “Creo que, además de por las virtudes del servicio en sí, esto se produce por un cambio de mentalidad y valores en el empresariado y ciudadano en general; nuevos valores que fortalecen al servicio flexible frente a la propiedad, el pago por uso frente a compromisos a largo plazo que la experiencia nos ha mostrado pueden ser difíciles de cumplir”, señala.

Fábricas de coches a medio gas

Con los vientos soplando a favor, la principal amenaza a la que se enfrenta hoy el ‘renting’ no es muy distinta a la que acecha al automóvil en su conjunto: el riesgo de no poder dar respuesta a la demanda debido al desabastecimiento al que aboca la caída de producción en las fábricas debida a la falta de componentes. Es un problema al que ya se enfrenta el ‘rent a car’, un mercado distinto –estacional y muy vinculado al turismo– pero que es indicativo de un fenómeno que puede trasladarse a otros ámbitos. En las empresas que operan en renting y que lo hacen con grandes flotas, como Northgate, la planificación está permitiendo dar respuesta a lo que demanda el mercado y mantener las previsiones de crecimiento.

Con todo, es difícil que, de prolongarse en el tiempo el descenso de la producción de automóviles, la actividad no terminase por verse afectada. El ´renting’ supone ya el 21,95% del mercado español del automóvil, con lo que no puede mirar si no con preocupación una situación que le afecta directamente. “La ralentización en la fabricación de  automóviles está afectando a todo el sector”, admite el responsable de la delegación de Northgate en Cantabria.

Dos centros de formación profesional de Cantabria consiguen tres de los cinco premios de Euskelec, una competición para coches eléctricos construidos por los alumnos que este año admitía por vez primera participantes de fuera del País Vasco. El IES Nuestra Señora de los Remedios, de Astillero, se convirtió en el ganador absoluto con un vehículo diseñado específicamente para el evento pero que se enmarca en un proyecto de largo recorrido en el tiempo, que implica a estudiantes de construcción metálica, mecanizado, soldadura y electricidad.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Junio 2021

El coche diseñado y construido por el IES Nuestra Señora de los Remedios, durante su participación en Euskelec, donde se alzó con la victoria absoluta.

Si tenemos en cuenta las características del evento, el protagonismo que dentro del sistema educativo del País Vasco tiene la FP y lo que aporta a la competitividad industrial de la región vecina, lo conseguido por los centros de formación profesional de Cantabria en su primera participación en Euskelec bien puede considerarse como poner una pica en Flandes. Los institutos cántabros se hicieron con tres de los cinco premios en el campeonato vasco de vehículos eléctricos, incluido el galardón principal, que fue para el IES Nuestra Señora de los Remedios de El Astillero. Euskelec, que en esta tercera edición se abría por vez primera a la participación de centros de fuera del País Vasco, es una competición en la que alumnos de centros de formación profesional diseñan y construyen un vehículo 100% eléctrico, en un trabajo del que se evalúa tanto su desarrollo como el comportamiento final del vehículo sobre un circuito de pruebas. En el caso del diseñado y construido en Astillero, fue precisamente el recorrido por el circuito habilitado en el entorno del Museo Guggenheim, en Bilbao, lo que convirtió al monoplaza cántabro en el ganador absoluto del certamen, a lo que hay que sumar el reconocimiento como mejor equipo debutante. Además de la victoria del IES Nuestra Señora de los Remedios, el colegio San Juan Bautista de Los Corrales de Buelna consiguió el Premio Comunicación a la mejor campaña de divulgación  y publicidad del proyecto.

Si tenemos en cuenta lo apurado de los plazos con que trabajaron los alumnos del centro astillerense, que recibió la invitación a participar a comienzos de este año, la victoria del coche diseñado y construido por el IES Nuestra Señora de los Remedios puede considerarse doblemente meritoria, aunque lo realizado en estos meses de actividad frenética tiene su base en un proyecto con un recorrido mucho mayor en el tiempo: “Es verdad que hemos tenido que construir un coche completamente nuevo, pero lo que hemos conseguido es el resultado de un proyecto que comenzamos hace dos años, no hay ninguna improvisación en ello”, explica David Fernández, el profesor que coordina una iniciativa que implica a varios departamentos del centro educativo y que cuenta con el patrocinio y la participación de una veintena de empresas del entorno. El instituto astillerense puso en marcha en 2019 el proyecto EcoCar, que ha servido de base para su participación en la prueba vasca aunque inicialmente estaba pensado para competir en el Shell Ecomaratón. La pandemia aplazó este evento, pero los alumnos y profesores del IES Nuestra Señora de los Remedios han seguido trabajando en el coche con el que competirán cuando se le ponga nueva fecha y han tenido ahí el marco sobre el que desarrollar el vehículo con el que el último fin de semana del pasado mes de mayo recorrieron el circuito diseñado en las calles de Bilbao.

El campeonato Euskelec se desarrolla en dos fases: una documental, en la que se elabora y presenta un dossier similar al que se realizaría para un proyecto real de fabricación, y una segunda propiamente de competición, que es la que tiene lugar en el circuito.  Lo apurado de los plazos con que se vieron obligados a trabajar los cántabros –la invitación se recibió en enero, con cuatro meses de retraso respecto a los equipos vascos– afecto a todas las etapas, pero tuvo su efecto más negativo en la parte documental, en la que el proyecto astillerense solo consiguió un quinto puesto entre los 19 participantes. Eso obligaba a conseguir un resultado mucho mejor  que el resto en la prueba desarrollada sobre la carretera, y el equipo cántabro lo consiguió sobradamente, aventajando en más de un centenar de puntos al segundo clasificado.

Parte del equipo del IES Nuestra Señora de los Remedios y el coche con el que compitieron en Bilbao.

La competición en el circuito consistía en pruebas de aceleración, frenado, eslalon y resistencia, a desarrollar sobre un recorrido que era especialmente enrevesado y que llevó a hacer un diseño muy adaptado a sus características: “Optamos por una configuración conservadora, con un desarrollo corto que nos diera aceleración y que no afectara demasiado al consumo”, señala David Fernández, que destaca que tras dos horas rodando, el coche mantenía un 55% de capacidad de la batería.

El gran resultado conseguido en Euskelec supone un enorme espaldarazo al proyecto EcoCar, al trabajo realizado por los alumnos del centro y a la aportación de sus patrocinadores pero no es ni mucho menos un punto final. David Fernández recalca que EcoCar es un proyecto vivo, culminado en un 95% y listo para ponerse a prueba en cuanto se convoque finalmente la nueva edición del Shell Ecomaratón. El coordinador del proyecto destaca la implicación de toda la comunidad educativa del centro en una iniciativa que permite a los alumnos poner en práctica los conocimientos adquiridos en los distintos perfiles profesionales en los que se forman, y hacerlo trabajando en equipo de una forma similar a como lo harían en una empresa. Del mismo modo, David Fernández valora especialmente la aportación de los patrocinadores, entre los que se cuentan empresas como Astander, Cobo, Inea o Industria Jacinto Herrero, y entidades como la Universidad de Cantabria, el Gobierno regional o el Ayuntamiento de El Astillero. “Algunos aportan financiación, otros han colaborado en la elaboración de piezas o incluso donando maquinaria… si no fuera por todos ellos sería imposible desarrollar un proyecto como este”, concluye el coordinador de EcoCar.

Los administradores de fincas aplauden la decisión del Gobierno de dar plena validez jurídica a este tipo de reuniones virtuales, pero censuran que su celebración se haya limitado a la toma de acuerdos urgentes y excepcionales que no puedan demorarse hasta 2022. La imposibilidad de efectuar las tradicionales juntas de propietarios con motivo de la pandemia ha tenido bloqueada la realización de obras y reformas en muchas comunidades de vecinos.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Junio 2021

Con el corazón partido. Así ha recibido el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (CAFCA), Alberto Ruiz-Capillas, la reciente decisión del Gobierno de España de dar luz verde a la posibilidad de celebrar reuniones de comunidades de propietarios de manera telemática e, incluso, de que se pueden tomar acuerdos sin junta mediante consultas por escrito. Y es que, para Ruiz-Capillas, la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo satisface “en gran parte, pero no en todo”, las exigencias de los administradores de fincas colegiados, que desde hace tiempo venían reclamando la necesidad de dar “plena validez jurídica” a las juntas de vecinos virtuales, una posibilidad que, tal y como recuerda, la legislación no permitía hasta ahora, salvo en Cataluña. En su opinión, esta resolución abre la puerta a poder regular la vida comunitaria tras más de un año “prácticamente paralizada”, lo que se ha traducido en la suspensión de más de un millón de juntas de propietarios en todo el territorio nacional. Ahora bien, el presidente de este colectivo, que en Cantabria agrupa a más de 300 profesionales, entiende que su propuesta era “más ambiciosa” y que el Real Decreto-ley (RDL) publicado el pasado 4 de mayo se queda, por tanto, “un poco corto”.

“Los administradores de fincas solicitábamos la validez de las juntas telemáticas sin restricciones. Sin embargo, el Gobierno ha entendido, en primer lugar, que éstas solo se celebren en aquellos supuestos urgentes y excepcionales en los que sea necesario la adopción de un acuerdo que no pueda demorarse más allá del 31 de diciembre. Y, en segundo lugar, ha suspendido hasta esa fecha la obligación de convocar juntas de propietarios y ha establecido la prórroga de los últimos presupuestos aprobados y los cargos de cada comunidad”, explica.

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria.

En su análisis, Ruiz-Capillas sostiene que hubiera preferido que no existiera esa limitación temporal ni de materias a tratar, tal y como, según detalla, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (Cgcafe) plantea en el proyecto de nueva Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que presentó al Gobierno en 2018. “Se trata de una ley con una estructura distinta y más acorde con la realidad de hoy de los edificios y de la jurisprudencia que evite que sean los tribunales lo que finalmente acaben legislando sobre este asunto”, enfatiza el presidente del CAFCA.

Pese a todo, entiende que esta moratoria hasta el próximo año también tiene un lado positivo. “Creo que este RDL puede representar una oportunidad para volver a la normalidad de forma escalonada, es decir, para organizar y planificar que las juntas de 2022 se celebren en su momento, de tal forma que las que se venían realizando habitualmente en enero se celebren también ahora en enero; las de febrero, en febrero y así sucesivamente, y no provocar al inicio del curso un aluvión de juntas de propietarios que sería imposible de atender, aunque ya no estuviera vigente ninguna restricción”.

Juntas presenciales

Sobre las juntas presenciales, una posibilidad que la normativa reserva exclusivamente a los casos en que no se puedan celebrar de forma telemática y siempre que se garanticen las medidas de seguridad aplicables en cada momento, el presidente del CAFCA entiende que se enfrentan a los mismos problemas ya conocidos de la falta de locales suficientes que reúnan las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias, así como al riesgo de contagios al no estar todos los propietarios vacunados. “Las comunidades de propietarios son una gran familia de no convivientes”, advierte para tratar de explicar la enorme dificultad de hacer guardar las normas sanitarias durante la celebración de una junta, “salvo que el administrador de fincas se convierta en policía, lo que obviamente no es su labor”.

“Ya se han dado experiencias, incluso de juntas celebradas en la calle, en las que los incumplimientos de las medidas han podido provocar algún contagio. Por ello, en mi opinión, este tipo de juntas deberían dejarse solo para casos absolutamente extremos, más aún cuando la nueva normativa permite adoptar acuerdos urgentes por escrito sin necesidad de convocar ni juntas presenciales ni telemáticas”. En relación a esta opción, Ruiz-Capillas aclara que el procedimiento viene establecido en el propio RDL –se envía por correo postal una carta a los propietarios, que tienen diez días para contestar–, “recreándose una especie de ficción jurídica que en Cataluña, donde en este tema siempre va por delante y ya llevan un año utilizando este sistema, ha dado unos resultados fabulosos”.

En cualquier caso, el representante de los administradores de fincas cántabros avisa de que no se puede aprovechar la convocatoria de una junta de propietarios sobre asuntos urgentes para ‘colar’ otros puntos en el orden del día, como la renovación de cargos o la aprobación de los presupuestos. “Está prohibido por la ley”, enfatiza antes de reconocer que esta maniobra está dando lugar a no pocos conflictos cuando, especifica, “nuestro cometido es precisamente evitar que ocurran”.

Sobre otras posibilidades que abre el uso de las nuevas tecnologías, como pudieran ser las juntas mixtas –propietarios que comparecen de forma presencial y otros telemáticamente–, Ruiz-Capillas asegura que tampoco están contempladas. “Se podrían celebrar, pero sin duda resultaría muy complicado de organizar”, justifica.

Al hilo de esta alternativa, resalta la “extraordinaria” cultura de las videoconferencias que tiene la ciudadanía. “Se sorprenderían”, afirma para subrayar el “acelerón” en formación tecnológica que ha provocado meses de confinamiento y que ha permitido que personas “analfabetas digitales” manejen hoy con absoluta soltura las plataformas de videoconferencia.

“Hay que seguir por este camino porque no es el futuro, es el presente”, destaca Ruiz-Capillas para explicar a continuación que “la idea es ir acotando la problemática, una a una, para que a los propietarios con dificultades en el uso de las nuevas tecnologías les pueda ayudar algún familiar o vecino”.

Sobre el impulso a la rehabilitación de viviendas y actuaciones urbanas recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), un capítulo para el que Cantabria recibirá a partir del próximo mes cerca de 50 millones de euros de fondos europeos, Ruiz-Capillas espera que acelere la ansiada rehabilitación de un parque edificatorio en el que prácticamente dos de cada tres inmuebles de uso residencial tiene más de 50 años (el objetivo de este plan es rehabilitar medio millón de viviendas en España hasta 2023, cuando el ritmo actual apenas llega a las 30.000 anuales).

Desatasco de las reformas

“Habrá un desatasco de proyectos de rehabilitación que han estado parados durante los meses más duros de la pandemia, pero no creo que se produzca un aluvión porque la situación económica es complicada”, declara el representante de los administradores de fincas de Cantabria. “El momento económico no es bueno, aunque la oportunidad sí lo sea porque las subvenciones son muy golosas e incluso haya importante beneficios fiscales para animar a los ciudadanos a emprender reformas en sus casas”, subraya el presidente del CAFCA que, al igual que otros muchos administradores de fincas, ha podido comprobar a lo largo de estos meses las penurias económicas por las que atraviesan algunas familias. En este sentido, resalta que durante la pandemia estos profesionales se han solidarizado con las familias en dificultades y han aplazado la fecha del cobro de las cuotas comunitarias mensuales a la del cobro de los ERTE, que acostumbra a ser el día 10 de cada mes.

Además, explica que la rehabilitación “no suele estar en la agenda de las comunidades de propietarios”, que solo las acometen “por obligación o necesidad”.

“Esa es la realidad”, aclara Ruiz-Capillas, para quien hace falta fomentar una mayor cultura de ahorro energético. Así, asegura que su colectivo profesional se ha ofrecido a las administraciones para ser el “vehículo de transmisión” de ese mensaje sobre eficiencia energética y contribuir a que cale entre los vecinos.

“Los administradores de fincas estamos en una situación privilegiada de contacto directo con los ciudadanos”, incide convencido de que detrás de esa cercanía está la decisión de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Cantabria de contar “siempre” con el CAFCA para trasladar de primera mano toda la información sobre ayudas, subvenciones y planes regionales, así como de su participación activa en el Observatorio de la Vivienda de Cantabria. De otro lado, Ruiz-Capillas alude a la excesiva complejidad en la tramitación de las ayudas. “Es una utopía que los expedientes de subvenciones no sean farragosos. Lo son, lo han sido y lo seguirán siendo”, subraya aunque reconoce la voluntad de las administraciones de ir simplificando cada vez más estas tramitaciones y de impulsar la comunicación telemática que agilice la presentación de documentos.

Autoconsumo fotovoltaico

La autorización de las juntas telemáticas desbloquea uno de los obstáculos para las obras comunitarias, pero Ruiz-Capillas no espera que se produzca un aluvión.

El presidente de los administradores de fincas cántabros vuelve a aludir a la escasa cultura energética para justificar el aún incipiente uso de paneles solares en las comunidades de propietarios, una tecnología que podría instalarse en más de 30.000 edificios y cerca de 85.000 viviendas unifamiliares en Cantabria, según un reciente estudio de la compañía energética EDP. “Es verdad que existe un grandísimo potencial, pero hay que explicarlo porque la mayoría de las comunidades no son conscientes de ello. Además, contamos con la rémora de la obligación que impuso el Código Técnico de la Edificación a las nuevas construcciones de instalar paneles fotovoltaicos antes de que el sector y la propia técnica lo tuviera normalizado, lo que provocó que, en vez de ser una ayuda, se convirtiera en un problema”, aclara.

Si bien asume que esta situación ha levantado “cierta desconfianza” entre los propietarios, también asegura que “estamos a tiempo” de impulsar esta tecnología. A su juicio, en el mismo caso se encuentra la instalación de puntos de recarga de coches eléctricos en los garajes comunitarios. “Otro gran problema”, resalta para explicar que la creciente oferta de este tipo de vehículos va por delante de las infraestructuras, que hoy en día no están estandarizadas. “La ley sí está preparada, pero los edificios no”, enfatiza para censurar la instalación individual de puntos de recarga en los garajes. “La norma permite que el cableado de cada punto de recarga pueda pasar por los elementos comunes del edificio que crean convenientes. En un garaje de cinco coches, vale; pero en uno de 300 vehículos, con 300 puntos distintos, de otras tantas compañías eléctricas distintas, con 300 cables distintos… Puede ser un auténtico caos”, resume. Para evitarlo, el CAFCA aboga por instalaciones comunitarias y no individuales de este tipo de infraestructuras de recarga. “Pero para esto se necesitan ayudas, que las hay, pero son insuficientes”, razona.

Un año difícil

Al volver la vista atrás sobre lo ocurrido desde el inicio de la pandemia, Ruiz-Capillas no duda en afirmar que ha sido “el infierno de fin de semana”, en alusión a que las nuevas normativas solían publicarse los viernes o sábados, lo que obligaba a los administradores de fincas a tener que analizarlas y estudiarlas durante el fin de semana para poder trasladarlas el lunes a sus clientes. En este sentido, pese a que el Gobierno declaró desde el principio su actividad como “esencial”, asegura que el colectivo se ha sentido “totalmente abandonado” por parte de la Administración. “La palabra comunidades de propietarios no ha salido ni el Boletín Oficial de España ni en el de Cantabria hasta ya muy avanzada la pandemia e iniciada ya la desescalada. No fue hasta el 18 de junio de 2020 cuando aparece por primera vez en una norma para hacerlo, además, de una forma totalmente equivocada al equiparar las juntas de propietarios con la celebración de congresos y reuniones científicas”, explica. “Las comunidades de propietarios son un ámbito muy peculiar de enorme trascendencia económica para España y Cantabria que requería una legislación concreta”, concluye Ruiz-Capillas.

Pese a que el cierre de Estvdio puede hacer pensar otra cosa, el número de lectores no ha dejado de crecer y, aunque cada vez se compra más por Internet, también han aumentado las ventas y la valoración de la tienda tradicional como un eslabón fundamental dentro del ocio cultural. En Cantabria operan unas 25 librerías, a las que viene ahora a sumarse la Casa del Libro, vinculada al grupo Planeta. Unas y otras están convencidas del futuro del modelo tradicional de negocio, defienden la aportación de sus establecimientos como proveedores de cultura y coinciden en considerar que el confinamiento dio un impulso a la lectura y, pese a que favoreciera también la venta ‘online’, generó una sentimiento de pérdida que llevó a que las librerías volvieran a llenarse rápidamente tras su reapertura.

Cristina Bartolomé |  @criskyraJunio 2021

Hay futuro para las librerías. La pandemia resucitó el libro como un puerto seguro donde refugiarse de tormentas varias y en Cantabria el porcentaje de lectores pasó del 60% en 2019 al 61,9% en 2020. Además, también se compraron más libros en nuestro país y un 51,7% de los españoles adquirieron al menos un ejemplar en 2020, un 1,3% más que en 2019. Por otra parte, aunque el formato electrónico y la venta ‘online’ tuvieron durante el confinamiento su protagonismo, el papel no ha desaparecido y las librerías siguen siendo el lugar preferido para comprar libros. Una vez superadas las restricciones, la reapertura de estos templos de la cultura atrajo como un imán a los lectores que han vuelto a los orígenes. Nada se compara al placer de pasar las páginas o releer una frase. Aun así el sector conoce sus amenazas, la venta de libros por internet a través de algunas de sus conocidas plataformas es la más importante. Pero también lo pueden ser el libro electrónico, los audiolibros, las autoediciones y la caída de la venta institucional.

Un cliente, entre las estanterías de La Casa del Libro, la última librería en abrir en Santander.

En ese balance entre las amenazas y lo que indican los índices de lectura y venta, el cierre de Estvdio se situaría entre los argumentos que alientan las visiones más pesimistas, lo que a su vez se vio matizado por la rápida apertura de La Casa del Libro, precisamente ocupando uno de los espacios que ocupó hasta hace unos meses la histórica librería, que ha significado una importante novedad para un sector que, según los profesionales, no va a desaparecer.

En Cantabria hay cerca de 25 librerías. La mayoría de ellas, 16, forman parte de Libreros Asociados de Cantabria, LAC, la agrupación que preside Luis Lisaso, propietario de Librería Lisaso, en Renedo. El representante de esta asociación empresarial resume el año-pandemia como un periodo que “no ha sido catastrófico” para las librerías, y asegura que “más o menos” han podido mantener el nivel de ventas anterior a la crisis sanitaria, e incluso admite que habría espacio para hasta 30 o 35 librerías si el sector tuviera ayudas. Apoya su optimismo en que la sociedad cántabra es especialmente aficionada a leer: “Santander es una de las ciudades más lectoras”, afirma. Otra de las razones por las que la pandemia ha tenido un efecto menor en el sector, apunta Lisaso, es la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos “Vamos evolucionando, tenemos opciones y algunas ventajas. Creo que hay futuro, aunque tenemos que trabajar, eso sí”. 

Amenazas y oportunidades

Las librerías sufren, en parte, las mismas amenazas que el producto que venden, esto es, los libros tradicionales. Entre ellas, la competencia del libro electrónico. Sin embargo, según Lisaso, ese es un ‘boom’ que ya ha pasado. La proliferación de las pantallas en el confinamiento y durante la situación sanitaria generada por la covid podía parecer de no retorno –el porcentaje de lectores de libros en formato digital aumentó 1,2% con respecto a 2019– pero el presidente de los libreros quita importancia a ese dato: “Nuestros clientes lo siguen siendo y además hay gente que se está enganchando a leer. Lo que tratamos de hacer las librerías es fomentar la lectura con presentaciones, presencia de autores y muchas iniciativas”.

Curiosamente, el principal efecto que ha tenido el libro electrónico sobre las librerías no ha llegado por restarles ventas en la tienda, sino por su competencia a la hora de surtir a las bibliotecas públicas. Las librerías vienen nutriendo de ejemplares en papel a las bibliotecas, pero cada vez son más las peticiones y préstamos en versiones digitales o electrónicas. Según Luis Lisaso, les resulta muy difícil competir ahí ya que, por ejemplo, en los concursos para adjudicar el servicio se prima el número de empleados de la empresa: “A número mayor de trabajadores te gana cualquiera y es un problema gordísimo el que tenemos con la nueva licitación electrónica. Porque simplemente si nos compraran a nosotros desde las bibliotecas públicas ya daría para salvar muchas librerías”. Destaca además que, al adquirir los libros electrónicos de la forma que se está haciendo, ese dinero se va fuera de la región.

Los responsables de la Casa del Libro en la librería que acaban de abrir en Santander. Gerardo Mouron, director de la tienda cántabra, y Javier Arrevola, director general del grupo, son el primero y segundo por la derecha, respectivamente.

El otro gran problema para una librería física es la venta de libros a través de Internet, donde destacan sitios como Amazon. Para hacer frente a esta competidora a gran escala los libreros independientes, asociados en CEGAL, Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, han puesto en marcha un nuevo sito de venta online: “Hemos pegado un salto y hemos creado todostuslibros.com, con el historial de todos los libros que salen al mercado. Un sitio muy profesional que muestra la disponibilidad en las librerías, el lector encuentra todo nuestro stock y lo que está en su localidad”. Lisaso asegura que está funcionando bien, aunque apela a las ayudas para favorecer una iniciativa que defiende la competitividad de las empresas locales –“necesitamos un poco de subvenciones del estado”, señala– y matiza que, en todo caso, la venta ‘online’ es un complemento para las librerías físicas: “Porque si no, cerramos todos y vendemos por Internet”. Aun así valoran actualmente otras ofertas de nuevos sitios de venta de libros en la red que están surgiendo y de las que de momento prefiere no comentar. El caso es que la pandemia, dice, ha sido un acicate para buscar alternativas: “Ha hecho saltar lo que teníamos trabajado desde hace años, lo hemos acelerado”.

Otro asunto que les afecta, y que está directamente relacionado con la capacidad de las librerías tradicionales para competir con las grandes cadenas de venta por Internet, es la función de las empresas distribuidoras, eslabón fundamental en la llamada “cadena del libro”. El sistema de precio fijo por el que se venden los libros hace que, a diferencia de lo que sucede con otros artículos, la competencia de la venta electrónica no se base en vender más barato, sino en la amplitud del catálogo y en la capacidad para servir cualquier título en un plazo de tiempo breve. Es ahí donde entran en juego las distribuidoras, empresas que se sitúan entre el editor y el librero. Lisaso recalca que en España quedan 3 o 4 distribuidoras importantes, a las que habría que sumar pequeñas distribuidoras en cada región, una función que en Cantabria han venido ejerciendo marcas como Estvdio. Según el presidente de los libreros algunas distribuidoras “hicieron el monopolio y han ido cayendo” y basa su argumento en que “debían haber dado el paso al sistema online, las grandes que dieron el paso se han comido a las otras”.

Un oasis en el sector cultural

El cierre de Estvdio ha dejado a Gil como la gran cadena local de librerías, en una posición que todavía no tenía durante el cierre motivado por la pandemia pero desde la que ahora su directora, Paz Gil, llega a similares conclusiones a las apuntadas por Lisaso. Paz manifiesta sin rodeos que la pandemia ha sido positiva para el sector, que “sigue vivo” y que, dentro de la cultura, ha sido el más beneficiado, ya que desde la fase cero les dejaron abrir, y han podido vender ‘online’: “Hemos trabajado en los meses de confinamiento y ahora la gente se ha volcado en el libro, además ha vuelto al ejemplar en papel”. Como ejemplo menciona su establecimiento de la calle San Fernando: “Nos ha subido mucho el lector, le hemos recuperado y nuestra obligación es darle un servicio y que se quede. La respuesta de la gente ha sido excepcional”. Atribuye parte de este éxito al apoyo de las administraciones con iniciativas como los bonos cultura: “Han ayudado a los jóvenes a acercarse de nuevo a las librerías porque dentro del sector cultural éramos los que estábamos más abiertos, frente a cines, teatros y conciertos”. Tanto es así que alcanzaron el nivel de ventas anterior a la pandemia: “Con un esfuerzo muy grande y también por la venta online. No hemos tenido pérdidas en los meses que estuvimos cerrados y poder decir que hemos llegado al nivel de 2019 es muy importante”.

Además, reconoce Gil, el Ministerio de Cultura ha apoyado al sector: “Hizo un esfuerzo para que nos llegaran los ICOs, que fue un colchón para nosotros, porque tenía muy buenas condiciones”. También se acogieron a un ERTE, “pero como somos también papelería, que era un sector esencial, de los 30 trabajadores, dos nos quedamos trabajando y cuando empezamos a mover la web, para el 30 de mayo la mayoría ya estábamos trabajando”, recuerda.

Nuevo escenario

Luis Lisaso, presidente de Libreros Asociados de Cantabria.

Si la venta en Internet ha sido la tabla de salvación, ahora, con menos restricciones, la directora de Gil calcula que este canal de venta perderá protagonismo y remontará la venta física. Destaca también como positiva la irrupción de la plataforma todostuslibros.com, que puede dar servicio a públicos específicos, aunque asegura que nunca será un sustituto de la venta tradicional: “Para un lector es importantísimo ojear los libros, hablar con los libreros, conocer a los autores…”. Su conclusión es que “la gente ha vuelto al papel” y que se está dando un movimiento relativamente nuevo: “Los jóvenes han encontrado algo que les interesa. Te sorprendería la cantidad de gente joven que lee bien y de todo, también filosofía, ensayo…”

Y es en este contexto en el que aparece un nuevo actor, La Casa del Libro, y desparecen del centro de la capital de Cantabria las librerías de Estvdio, lo que vino siendo toda una referencia durante décadas. ¿Cómo puede influir este cambio?

Paz reconoce que cualquier establecimiento y más con la fortaleza de la cadena de librerías avalada por Planeta, es una fuerte competencia: “Pero cuanta más competencia mejor va todo. Nos vamos a complementar, lo importante es el lector. En realidad el buen aficionado visita todas las librerías y eso enriquece mucho, porque nosotros no podemos tenerlo todo”.

También hace una referencia a la desaparición de Estvdio del centro de la ciudad y asegura que le preocupa: “Es un grave problema para Santander, era una librería muy buena y tenía muchos clientes, daban un servicio para la ciudad. Es doloroso ver cómo desaparece una librería, es como la desaparición de los cines”. A esto añade que no necesariamente los clientes de la famosa tienda de Calvo Sotelo acudirán a la suya, aunque no niega que les pueda beneficiar: “Nos favorecerá, pero no en la medida que debería para la ciudad. El problema cuando desaparecen las librerías es la falta de diversidad. Estvdio vendía mucho libro técnico y ahora no hay ninguna que dé ese servicio, eso es peligroso para una ciudad. Si todos vendemos lo mismo, desapareceríamos”.

Uno de los problemas más recientes de las librerías independientes, enumera Paz Gil, es que no pueden vender libros electrónicos o ‘e-books’, entre otras razones porque muchos de los títulos no están digitalizados. De hecho, narra, se da la circunstancia de que hay bibliotecas que solicitan determinados ejemplares a pequeñas editoriales pero aún no existen en formato digital: “Son los grandes grupos editoriales quienes tienen más títulos y fundamentalmente lo lleva un grupo muy grande también del grupo Planeta”.

El caso es que cada vez hay más libro electrónico en las bibliotecas, un lamento en el que la voz de Paz Gil se une a la de Lisaso: “En pandemia han subido muchísimo y en este formato no pueden comprar a las librerías, que somos sus proveedores. Nosotros vivimos en gran medida de la venta institucional, es lo que más temo que va a desaparecer. Siguen comprando bastante pero es una amenaza de futuro, la oferta  además es mucho más barata”.

Mejoras en la cadena del libro

La librería es el último eslabón de la llamada cadena del libro, formada por los agentes del sector. De la venta de un libro, generalmente un 45% es para el editor, un 20% para el distribuidor y un 35% para el librero.  ¿Habría que introducir cambios ante la nueva situación? Paz considera que en general la cadena funciona bien, aunque matiza que hay que respetar la función de cada uno y aboga por que el editor edite bien y que se pague bien a los traductores, los maquetadores, que se corrijan los libros… “Y que se respete también la función del distribuidor, que hace la parte comercial y nos enseña las novedades a las librerías. A veces saltan a esta parte algunas editoriales y creo que no está bien”. Cuenta además que durante los meses de pandemia y confinamiento “los pequeños grupos y distribuidores se han portado bien, prorrateando pagos, no nos han pasado recibos cuando estábamos cerrados… negociamos siempre en positivo”.

Paz Gil, directora de Librería Gil, en el establecimiento de la plaza de Pombo, uno de los tres con los que cuenta la empresa en la capital de Cantabria.

Las palabras de la directora de la Librería Gil traslucen su admiración por el libro como elemento valioso de la tradición cultural. Por ello la opción de la autoedición que ofrecen plataformas digitales y algunas editoriales no le convence. El hecho es que crear una publicación en estas plataformas significa que su identidad, su ISBN, puede asimilarse a otro país, un detalle que puede pasar desapercibido: “Esas cosas el gobierno las debería proteger, porque la ley dice que tenemos unos derechos como libreros. A nosotros no nos hacen descuentos en Amazon por ser libreros y resulta que si compramos ese libro porque estamos obligados a dar ese servicio a una biblioteca o un cliente, ¿resulta que tiene un ISBN de otro país?”.

Otra de las razones para no congeniar con la autoedición es que rompe de algún modo la cadena, y deja fuera de juego a profesionales especializados: “La autoedición mueve mucho dinero, pero un libro es mucho más, es algo muy valioso. En las plataformas los libros se califican con estrellas, con comentarios para subir en el ránking… y eso no me parece bien, me parece peligroso… ¿Qué criterio seguimos? Algunos de esos libros autoeditados tienen hasta tienen faltas de ortografía”.

Tanto la autoedición como la venta de libros en grandes plataformas como Amazon ha venido a alterar el mercado de las librerías. Paz Gil compara la situación de España con la de Francia, donde el Gobierno le ha hecho frente para proteger a sus libreros exigiendo controles financieros y laborales.

El recién llegado

Javier Arrevola es el director general de La Casa del Libro. Tras las primeras semanas después de la apertura de la tienda en la calle Burgos, justo donde antes se encontraba Estvdio, expresa su confianza en un futuro “más que prometedor” viendo el “éxito” por la llegada de público y ventas hasta el momento. Esta cadena de librerías fue fundada por Espasa-Calpe en 1923 en Madrid y actualmente cuenta con más de 40 tiendas en España y una en México. Maneja un fondo de más de 1.000.000 libros y más de 700.000 eBooks. En 1996 puso en marcha su librería virtual, que en 2017 fue adquirida por la editorial Espasa, del Grupo Planeta.

Su llegada a Santander se pergeñó ya antes de la pandemia, cuando tomaron la iniciativa de ponerse en contacto con los propietarios, y retomaron las negociaciones cuando la situación sanitaria mejoró: “Hablamos con Estvdio, que prefería que el local en donde estaban lo ocupara otra librería”.

Reconoce que durante el confinamiento solo pudieron vender vía ‘online’: “Que no sustituye, ni mucho menos, la venta de las librerías, pero cuando se abrieron fue una explosión de venta de libro físico en todo el sector”. Arrevola encuentra lógica esta reacción: “El hábito de la lectura creció,  había más tiempo para estar en casa y se compraron más libros”, y cifra entre dos y tres veces más volumen de ventas en su plataforma de internet que antes de la pandemia. “Ahora ha disminuido, pero ha venido para quedarse” y clientes que no sabían comprar online pivotan con naturalidad entre uno y otro modo, “se mueven en eso que llamamos omnicanalidad”.

Por otro lado, la lectura en pantalla actualmente no es el grueso de su negocio, que valora en un 6% de las ventas y el 7% en el mercado: “Ha perdido cuota desde 2013, calcula, y asegura que “el rey sigue siendo el rey” en referencia al libro en papel, por lo que le augura una “larga vida”.

El hecho de ser una gran marca en el sector de las librerías y el segundo en la lista de ventas por Internet en España, no les libra de los costes del negocio y ve que cabrían más posibilidades para ampliar el margen de beneficios: “Soy librero y sé que vender libros en una tienda es cada vez es más caro, especialmente por los costes del alquiler en los mejores sitios de las ciudades, pagar a los equipos… Valoraríamos mucho que se hiciera un pequeño movimiento hacia el librero y evitar que se lo comiera Amazon. El librero tiene un valor social de prescripción hacia el lector”.  Por ello aboga por un mejor reparto de los márgenes: “Cuanto más apoyes a la librería más vendes, cuando más vendes, más ganamos todos. Si vender más significa que hay que sacrificar un pelín del resto y dar un poquito más de margen a los libreros, pues bienvenido sea”. Otra opción podría ser un IBI rebajado en el caso de los propietarios del local.

La visita a las librerías se ha convertido, tras el confinamiento, en una de las formas de acceso a la cultura que menos afectada se ha visto por las restricciones.

Entre las líneas de trabajo que prevé seguir La Casa del Libro en Cantabria está la venta institucional y, en cuanto a la oferta de libros técnicos que ofrecía la librería Estvdio, prevén trabajarla, aunque ven difícil llegar al nivel de especialización que tenía la histórica librería: “Nuestro modelo es más generalista, no tan orientado al libro de texto o técnico. A diferencia de Estvdio, que tendría cerca de 25.000 referencias, nosotros tenemos 50.000 y para alimentar un modelo así tenemos que ser mucho más generalistas y menos centrado en ese tipo de negocio. Aun así vamos a tratar de rellenar este hueco”.

Por su parte, Gerardo Mouron, director de la nueva tienda en la calle Burgos de la capital cántabra, destaca que la acogida ha superado sus expectativas, algo que relaciona con el lugar en el que se encuentra el establecimiento y que, pese al cambio de marca, “sigue apegado a la tradición que venía de antes, en un edificio singular y muy unido a la ciudad”. Lo que viene a aportar La Casa del Libro en Santander, dice su director, es un fondo muy amplio dirigido a todo tipo de público.

Mouron está convencido de que la venta de libros en papel no va a descender, aunque la realizada online aumentara entre un 10% y un 20% durante los pasados meses de pandemia. Dado el nuevo contexto, avanza que es la venta física la más importante y en lo que están trabajando más, convencido de que las librerías aportan la asesoría y el trato personalizado. En Santander, además, harán un esfuerzo por aumentar las referencias ligadas a Cantabria, para cubrir otro de esos huecos que dejan sus antecesores.

Los responsables de tres asesorías cántabras analizan el desempeño de sus despachos profesionales desde que hace algo más de un año se desatara esta crisis a la que en ningún caso se atreven a poner fecha de caducidad antes del finales de 2022. Meses, según conceden, de una carga “brutal” de trabajo bajo un aluvión de normas y decretos, muchos de ellos improvisados cuando no contradictorios. Valoran la fidelización de sus clientes, a los que reconocen haber prestado más servicios por lo mismo, y censuran por insuficientes y tardías las ayudas para tratar de socorrer a las empresas en dificultades. Consideran que aún se producirán cierres empresariales y que la recuperación económica será antes que la del empleo,al que auguran fuertes turbulencias con el final de los ERTE.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Mayo 2021

De súper caótico a excepcionalmente especial pasando por novedoso del que sacar algunas enseñanzas. Así caracterizan los responsables de tres asesorías y consultorías cántabras el espiral de trabajo en el que se han visto envueltos durante este largo año de pandemia. Los tres, sin excepción, coinciden en que sus despachos profesionales han tenido que hacer frente a una “ingente” carga de trabajo en unas condiciones especialmente difíciles, ya fuera por la imposición del teletrabajo, las restricciones de movilidad que han afectado a sus clientes o por el aluvión de normas y decretos al que se han enfrentado “un día sí y otro también”

“Ha habido un gran descontrol legislativo, informativo y sanitario. Y no sé en qué orden”, clama el economista y consejero de Cedenor Alfonso Pariza, que critica “la disparidad de opiniones y de toma de medidas” a lo largo de estos últimos doce meses. “En general, ha existido mucha contradicción, lo que ha hecho aún más complicada la labor de quienes teníamos que interpretarlo”, asegura.

En la misma línea se expresa el socio director del Grupo HFC Consultores, Ramón Cifrián, quien censura la maraña normativa muchas veces “improvisada” con la que han tenido que lidiar. “La tarea más difícil ha sido el análisis e interpretación de los decretos que se sucedían a toda velocidad”, resuelve.

Tampoco se aparta de este discurso su colega y uno de los gerentes de Gestisa, José Moreiras, para quien raro era el día en que no salía un decreto que modificaba al publicado el día anterior. “Teníamos que estar muy atentos por si aparecía algo nuevo sobre lo mismo. Entiendo que en aquellos primeros momentos no era fácil legislar, pero las modificaciones de las modificaciones eran muchas veces continuas”, aclara.

A este caos normativo, Pariza añade otros dos factores que, a su juicio, han contribuido a dificultar el trabajo. De un lado, alude tanto al cierre durante un largo periodo de las oficinas de las diferentes administraciones como al hecho de que, una vez abiertas, para cualquier gestión haya que pedir cita previa, que en ocasiones se eternizan en el tiempo. “Se ha perdido mucho de la agilidad de tantos años de conocimiento del funcionariado que a nosotros nos permitía manejarnos con mayor rapidez para solucionar los problemas de nuestros clientes”, afirma.

La tramitación de ERTE, de créditos ICO y la adapación a una normativa que cambiaba cada día ha multiplicado el trabajo en las asesorías durante el último año.

De otro, sostiene que esta crisis, que ha afectado a prácticamente todos los sectores productivos, ha generado “angustias financieras y problemas de pago y de tesorería” a algunos clientes que, al final, han terminado por verse reflejadas en los acuerdos profesionales que mantenían. “Tenemos una fidelización muy alta de clientes y por eso hemos seguido trabajando con ellos, pese a que en algunos casos hemos empezado a tener ciertas demoras en la atención de nuestras minutas”, concede antes de explicar que en su despacho han tenido casos de todo tipo, desde suspensiones de cuotas, hasta reducciones temporales que confían en recuperar en un futuro.

Esta situación también ha afectado al resto de despachos, tal y como reconoce Cifrián, quien igualmente cita a la elevada fidelidad de su clientela. “Son clientes de toda la vida a los que hemos tratado de ayudar mediante moratorias y fórmulas de aplazamiento de cuotas, pero a los que en muchos casos hemos hecho trabajos, sobre todo de tramitación de ayudas y subvenciones, que no les hemos facturado”, describe.

Su casuística es compartida por el gerente de Gestisa, que admite que a los clientes de los sectores más expuestos a la crisis les han prestado servicios que no han cobrado. “Más que renegociaciones de contratos o reducciones de cuotas, que algunas sí ha habido, aunque no muchas, lo que nos ha tocado es hacer más por lo mismo”, afirma.

Una vuelta de tuerca a su trabajo diario que los tres despachos han llevado a cabo con la misma plantilla y mayoritariamente de forma presencial, según confirman sus responsables.

“Hemos reutilizado nuestros recursos derivando personal de otras áreas para que apuntalaran el departamento laboral”, explica Moreiras. “Esta sobrecarga de trabajo ha puesto a prueba a todo el personal de la asesoría”, confiesa por su parte Cifrián, mientras que Pariza pone el ojo en las tensiones generadas por la avalancha de tramitaciones que han tenido que soportar durante todos estos meses: “No es lo mismo carga de trabajo que tensiones”, clarifica este economista para tratar de explicar lo que ha ocurrido en Cedenor. Así, afirma que toda la tramitación de los créditos ICO les ha reportado “muchísimo trabajo” no retribuido, mientras que los ERTE, que al principio de la pandemia también generaron enorme labor, han provocado después “mucha tensión” en su seguimiento “por la mala gestión del SEPE derivada en gran medida por la falta de personal”.

En este aspecto, el socio director de HFC Consultores conviene en que el embrollo no ha estado en la complejidad de los asuntos a realizar, sino en el elevadísimo número de solicitudes que tramitar. “El problema viene del volumen”, subraya.

De otro lado, Pariza resalta que su despacho aún mantiene “numerosas discusiones con las administraciones públicas por criterios de interpretación”. Así, asegura “que ningún otro año habían recibido tantas declaraciones paralelas del IRPF de 2020 por, según resalta, “cantidades muy pequeñas y sin tener en cuenta que la campaña de la renta del pasado año se llevó a cabo en unas condiciones heroicas”.

En lo que también coinciden estos tres asesores es en que la pandemia ha acelerado la digitalización de sus despachos y de muchos de sus clientes, aunque conceden que todavía hay algunos, sobre todo los más “tradicionales y de mayor edad”, que “siguen viniendo a traer los papeles a la asesoría”.

Alfonso Pariza, director de Cedenor.

Es lo que le sucede a Gestisa, donde su gerente admite que a gran parte de su clientela, integrada mayoritariamente por pequeñas empresas y comercios, aún le cuesta digitalizarse y prefieren mantener el trato directo son sus asesores.

Cifrián, por su parte, destaca que, aunque el perfil de sus clientes es igualmente el de una pyme, cada vez se comunican más por medios digitales. “Lo agradecen ellos y nosotros”, proclama al tiempo que concede que este proceso les ha permitido reducir las visitas a clientes y de clientes. La digitalización ha venido para quedarse en línea con lo que defiende nuestro país y el resto de Europa”, resume.

Ayudas insuficientes

A la hora de analizar y valorar las medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España para ayudar a empresas y autónomos a superar esta crisis, la crítica es prácticamente unánime. En este sentido, el consejero de Cedenor no duda en calificarlas de manifiestamente mejorables: “Han sido insuficientes y cuando han llegado, si es que han llegado, ha sido muy tarde”, recalca para criticar, a renglón seguido, el uso y destino de los créditos ICO. “El Gobierno ha puesto muchísimo dinero en avales ICO pero no ha hecho suficiente seguimiento de estos préstamos que los bancos han utilizado, en muchos ocasiones, para sanear los riegos con sus clientes cuando, obviamente, este no era el objetivo previsto por la normativa”.

“Escasas y extemporáneas”. Así las tilda por su parte Moreiras, quien igualmente considera que “han llegado bastante tarde y, en algunos casos, nunca”. “Si pretendes ayudar, ayuda cuando hay que ayudar porque hay trabajadores que no han cobrado el ERTE”, insiste este gestor experto en Sociedades que se declara a título personal “contrario” a las subvenciones.

De su lado, el socio de HFC Consultores, aunque reconoce que las cosas podrían haberse hecho de una forma más ordenada, prefiere quedarse con la parte positiva. “Gran parte del empresariado ha podido resistir gracias a los préstamos ICO y a la posibilidad de acogerse a los ERTE, dos balones de oxígeno que han permitido a las empresas sobrellevar esta pandemia”. Con todo, Cifrián también comparte que las ayudas directas no han funcionado bien. “Han llegado tarde, mal y nunca y han generado mucha confusión”, apunta para subrayar que la gestión de los dineros públicos “no han sido la que debiera”.

En cuanto a las aprobadas por el Ejecutivo regional o las administraciones locales, los tres resaltan que han mantenido parecido perfil a las estatales, aunque con “menos ceros”.

“Sus recursos son más limitados y han hecho lo que han podido”, opina Cifrián que, en cualquier caso, critica la tremenda burocracia en su gestión, incluida para la propia Sodercan, que a su juicio “no ha contado con el personal suficiente para poder agilizar su tramitación”.

Impacto en la economía

Sobre los efectos económicos de esta pandemia, tanto Pariza como Cifrián y Moreiras convienen en que la crisis ya se ha llevado a empresas por delante, especialmente en aquellos sectores que se han visto más afectados por las restricciones.

José Moreiras, socio y uno de los gerentes de Gestisa.

Así lo estima el primero de ellos, que expresa su preocupación por lo ocurrido con las empresas de ocio nocturno, cerrado a cal y canto, o del sector de la distribución, donde “la capilaridad es tremenda y alrededor del 50% de las plantillas están en ERTE”.

Pero no son los únicos. El consejero de Cedenor considera que el sector industrial también se ha visto muy afectado al igual que lo ha hecho el turismo hotelero, un gremio en el que augura la llegada a España “de grandes grupos empresariales para hacerse con paquetes de hostelería”.

Pese a que se registrarán aún más cierres, sostiene que la caída de negocio no será tan pronunciada porque “se sustituirán unos muertos por otros nacimientos” y el país y esta región “seguirán siendo potencias turísticas”.

Cifrián, por su parte, fía el impacto a lo que ocurra una vez concluya la actual moratoria que pesa sobre el deber de presentar concurso de acreedores, aunque advierte que los problemas que tienen algunas empresas “no se arreglan en tres meses”, lo que le hace prever que aumente la insolvencia empresarial. “Quiero ser optimista, pero el efecto de la ola económica todavía no lo hemos llegado a palpar. Viene con retardo y cuando llegue tendríamos que hacer todo lo posible para que las empresas que eran viables en 2019 lo sigan siendo en 2022. No nos podemos permitir que cierren. Si no, el cementerio de los concurso de acreedores va a ser demasiado grande”, previene.

El gerente de Gestisa, por su lado, confía en que no se cumplan algunas expectativas que apuntan a que entre el 20 y el 25% de las empresas van a caer o verse muy afectadas, un porcentaje que según explica incluso se incrementa hasta el 30% en el caso de Cantabria. “¿Cuál será finalmente el impacto? Dependerá del nivel de aguante de cada uno, aunque está claro que algunos pequeños negocios no volverán a abrir su puertas”, resuelve.

Sobre el empleo

Lo que sí teme Moreiras es que muchas empresas se vean abocadas, para evitar su cierre, a transformar los ERTE en ERE, lo que de producirse dispararía el desempleo.

Así lo valora también Pariza, quien aventura que una vez terminen los ERTE se destruirá entre el 15 y el 20% de ese empleo y que el país cerrará el ejercicio con más de 700.000 parados más. “Lo veo bastante feo de aquí a dos años”, puntualiza sobre la base de que España, a diferencia de otros países de su entorno, necesita crecer mucho para generar empleo. “Es un mal endémico del sistema productivo español”, advierte al tiempo que muestra su preocupación por “un nivel de endeudamiento público como nunca en España, a pesar de todo el dinero que está llegando de Europa”.

Cifrián, por su parte, abunda en esta idea y considera “que la recuperación económica avanzará a mayor ritmo que la del empleo”, que ya partía, además, de unos niveles que no eran nada buenos. “La contratación tardará más en recuperarse y será en buena parte diferente a la que conocemos”, enfatiza para explicar que determinadas habilidades y profesiones van a dejar de ser necesarias. “El ejemplo lo tenemos ya en los bancos y sus ajustes irán trascendiendo a otros sectores”, predice. Por eso, reclama la necesidad de poner el foco en la formación, “que es lo que nos va permitir generar y cubrir el empleo del futuro”.

Ramón Cifrián, socio director de HFC-Grupo Consultores.

En lo que estos tres asesores muestran más reservas es en poner fecha a la salida de esta crisis y la vuelta a los niveles de actividad económica precovid. Aunque con cautela, el socio director de HFC Consultores estima que este hecho no ocurrirá hasta finales de 2022. “Hace falta un año entero de cierta normalidad para hacer una lectura de qué empresas han aguantado”, avisa convencido, no obstante, de que a partir de este otoño “ya pegaremos un salto”.

“Es complicadísimo”, revela Moreiras, quien también calcula que habrá que esperar al menos un año y medio para volver a ser lo que éramos. “Ya no vamos a retroceder, pero la salida será muy suave y poco a poco”, sentencia.

El más cauto es Pariza, quien advierte de que en cualquier caso la recuperación “va ser muchísimo más lenta de lo que algunos nos quieren vender”. “Va a ver mucha asimetría en la salida de la crisis”, subraya sin querer aventurar plazos. “No me atrevo. Y el que lo haga es un temerario o le pagan por decirlo; o las dos cosas”, concluye con cierta socarronería.

Aunque se trata de una operación diseñada con carácter previo a la crisis sanitaria, la inauguración de los nuevos cines en el centro comercial Bahía Real sorprende por llegar en un momento en el que el modelo de negocio de las salas se ve cuestionado por las condiciones impuestas para la lucha contra la pandemia, y también por un cambio de usos y costumbres que se ha visto potenciado con el confinamiento y que favorece el visionado en casa. Pese a ello, tanto los recién llegados como quienes llevan más tiempo en el sector confían en que el público vuelva a las salas cuando pase la actual situación de emergencia sanitaria, aunque discrepan a la hora de valorar el alcance del impacto que tendrán las plataformas de ‘streaming’ en el futuro: mientras las grandes cadenas confían en encontrar formas de colaboración, los exhibidores independientes creen que el cambio en las reglas de juego será muy perjudicial para quienes buscan ofrecer un cine diferente.

Cristina Bartolomé |  @criskyraMayo 2021

Las salas de cine de Cantabria sufren el impacto de la pandemia y, al igual que en el resto de España, la taquilla en 2020 bajó aproximadamente hasta el 30% de lo que era, perdiendo un 72% de recaudación. En todo el país se recaudaron 171 millones de euros en 2020, lejos de los 624 millones de 2019, según FECE, la Federación de Cines de España. Pero los empresarios de la exhibición cinematográfica se niegan a tirar la toalla y se confían a las ganas de la gente de disfrutar de la gran pantalla después de tanta restricción. Tanto los grandes como los pequeños esperan tiempos mejores y confían en que se levanten algunas limitaciones que hasta ahora han reducido el aforo y la confianza de los aficionados. Ronda en el ambiente la opinión de que en verano podría comenzar la remontada, por eso hacen la travesía del desierto con alma de supervivientes, convencidos de que el cine de toda la vida no morirá, ya ha superado suficientes batallas demostrando que puede más una buena experiencia que mil pequeñas pantallas. La apertura de las nuevas salas de la cadena Ocine en el centro comercial Bahía Real son la mejor y más cercana muestra de esa confianza empresarial en el futuro de un espectáculo y modelo de negocio, el de la exhibición cinematográfica, al que se ha dado muchas veces por acabado pero que siempre ha terminado por encontrar la forma de salir adelante.

Con las nuevas aperturas, en Cantabria tienen presencia tres grandes cadenas de exhibición: Cinesa, en el centro comercial Bahía de Santander, UCC, en Peñacastillo, y la citada Ocine en el nuevo centro comercial de Camargo. Junto a ellas, y al margen de cines municipales y filmotecas, sobreviven el cine Los Ángeles y las salas Groucho, la últimas ubicadas en el centro urbano de Santander.

Ramón Biarnés, director general de Cinesa, calcula que la afluencia a sus salas está al 30% de la media de 2019, una caída que tiene que ver con las restricciones debidas a la pandemia y también, señala, a la ralentización de nuevos estrenos: “No ha  habido películas importantes hasta ahora, ya que las distribuidoras están esperando la vuelta a la normalidad para coger el ritmo habitual”, considera Biarnés, que incide en el que suyo es un tipo de negocio que cuando cierra no produce, lo que llevó a acogerse a un ERTE con motivo de la crisis sanitaria. Subraya que no han hecho despidos y que su intención es no hacerlo tampoco en el futuro, y que esto ha llevado a tener que reducir los costes “al máximo”. Sin embargo han podido solventar la situación gracias al “pulmón financiero” de la cadena, líder mundial de exhibición en palabras de Biarnés, que cuenta con 44 centros y 514 salas en nuestro país y que pertenece a Odeon Cinemas Group, el cual opera en España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia y Portugal, y que a su vez fue adquirida por AMC Theatres en 2016. No niega que la situación es “muy difícil”, pero sostiene que España es uno de los tres países de Europa en los que sus cines están abiertos, junto con Noruega y Portugal, aunque con restricciones, que a veces, señala, caen en la “inconsistencia”, porque “en algunos está permitido vender comida y en otro no”, por ejemplo.

Un futuro al que regresar

El director general de Cinesa se muestra muy seguro de que no desaparecerán las salas de exhibición cinematográfica: “La idea es esperar a que se levanten las restricciones y se vuelva a la antigua normalidad”.  En el caso de su cadena se han clausurado un par de cines por la finalización de los contratos de alquiler de locales: “Pero no es por la intención de cerrar cines o por no querer operar”. Calcula que este verano será un punto de inflexión porque se habrá avanzado en la vacunación, lo que le lleva a defender que no es el momento de pensar en hacer cambios: “Si en junio o julio la situación será casi normal, no vamos a hacer locuras ahora”.

Ramón Biarnés, director general de Cinesa, la cadena propietaria de los cines ubicados en el Centro Comercial Bahía de Santander, junto a El Corte Inglés.

Una de las amenazas de las salas de cine es la irrupción de las plataformas de streaming, que tanto predicamento han tenido en tiempos de confinamiento. El director general de Cinesa se muestra práctico y considera que han llegado para quedarse: “No las critico, durante la pandemia no ha habido otra forma de ver contenido” pero añade, eso no significa que vayan a sustituir el visionado en salas: “Estoy visitando los cines de España y pregunto a los clientes por qué van y me dicen que no tiene nada que ver una película vista en casa que vista en el cine”.

Pantalla grande, pantalla pequeña

Para Biarnés se abre una nueva etapa: “Coexistiremos, podemos hacer cosas juntos pero aún no ha habido tiempo de sentarse y ver qué podemos hacer. No es una guerra, es tema de un modelos de contenido, las plataformas ponen más énfasis en las series”. De hecho, incide, la mayoría de las distribuidoras no han usado las plataformas ‘online’ para estrenar, han esperado para cuando las pantallas estén activas, y recuerda que las grandes, como Disney o Warner, “son lo que son por lo que han hecho en el cine, no en las plataformas”.

De parecida opinión es Esteve Agustí, copropietario de la cadena Ocine, que acaba de abrir 9 salas en el Centro Comercial Bahía Real. Agustí es miembro del consejo de administración de la cadena, junto a su padre, Narcís Agustí y sus hermanos Jordi y Joan: “Viendo el historial del cine, no me cabe duda de que va a superar la crisis de la pandemia. La gente tiene muchas ganas de salir de sus casas y quiere ver una película en una pantalla grande, que es una toda una experiencia”. En referencia a las plataformas, Agustí también sostiene que “hay que convivir con ellas”, admite que la situación actual, con las dudas que puede haber sobre la seguridad, es diferente y que sí es cierto que les afecta “un poco”, pero considera que la gente quiere salir de casa, encontrarse con sus amigos, socializar después de estos meses de pandemia y restricciones. Por todo ello, concluye, “hay que ir al futuro”.

En relación con la falta de estrenos de los últimos meses, Agustí no cree que las grandes distribuidoras hayan abandonado las grandes pantallas, y ahora espera que en sus nueve salas recién inauguradas se vayan pasando las películas que han dejado en ‘stand by’ a causa de la pandemia.

Atrapa al espectador

Una apertura como la de Ocine, en un momento de crisis como el actual y con el condicionante de la covid-19 latente, puede verse como un salto en el vacío, aún más teniendo en cuenta que el paso se ha dado sin acuerdos previos con las distribuidoras, según asegura el directivo de la cadena, que por otro lado no tiene duda de que los cines seguirán contando con su apoyo: “Aunque también hayan estrenado en plataformas de streaming, nunca han dejado de apostar por las salas de cines, porque son muy conscientes de que no son lo mismo que el sistema home”.

Los hermanos Joan, Jordi y Esteve Agustí, propietarios de la cadena Ocine, fotografiados durante la presentación de las nuevas salas ubicadas en el Centro Comercial Bahía Real, de Camargo.

La estrategia de la empresa de exhibición cinematográfica Ocine, con su apuesta por ofrecer una experiencia diferente en sus salas, es consecuente con esa idea de marcar distancias con el visionado en casa. Nacida en la localidad catalana de Olot y con más de 78 años de historia, es el tercer operador más importante de España y el primero con capital enteramente nacional. Está presente en España y Francia y gestiona su actividad como empresa familiar en su tercera generación. En Cantabria ha basado su carta de presentación de cara al espectador en la palabra confort: la estrella de la película es la nueva butaca ‘Premium’, totalmente reclinable, con bandeja independiente en la que reposar un combinado con nombre de película y una fuente USB para recargar el móvil. Además, dos de sus salas incorporan sonido multidimensional, a lo que se añade proyectores láser de última generación. El objetivo es crear una experiencia cinematográfica combinando confort y tecnología, de ahí el concepto ‘premium’. Sus 9 salas albergan 1.003 butacas en total.

La llegada del nuevo exhibidor, y la suma de ese importante número de pantallas y butacas a la oferta cinematográfica de Cantabria, ha tenido un inevitable efecto en sus competidores. El director general de Cinesa, que cuenta con 1.800 butacas en sus cines cántabros, no oculta que la reciente apertura de las salas Ocine en Camargo les va a hacer “algo de pupa” pero no se amilana y asegura ver de forma positiva la situación: “La competición es buena, nos va obligar a ser más activos”, y cuenta con la experiencia de haber conservado a sus clientes habituales en otra ciudad donde la cadena de la familia Agustí abrió igualmente cerca de sus instalaciones: “La gente quería probar pero han vuelto a nuestras salas, a lo mejor hacemos algo que les gusta a los clientes”.

Ante la llegada de un nuevo operador, Biarnes apuesta por nuevas acciones que refuerzan la calidad de sus salas y servicio: “El cliente cántabro es exigente y nosotros queremos que vengan por la buena calidad que les ofrecemos”. Por otra parte, considera una ventaja pertenecer una cadena internacional por las experiencias de negocio que pueden replicar: “Somos una empresa muy activa y aprendemos de mercados internacionales. Si Ocine nos sorprende, nosotros les sorprenderemos a ellos” y cita sólo algunas acciones de una estrategia que prefiere no desgranar: incentivos de precio, productos nuevos en el bar, una nueva comunicación…  “En definitiva, un nuevo reto”, concluye.

Panorámica de una de las nuevas salas, con las butacas que quieren ser uno de los elementos diferenciadores de las salas que Ocine ha abierto en Cantabria.

Por su parte, la cadena Ocine, que cuenta con 24 cines y 35.000 butacas en España y Francia, respondió a la invitación del promotor del centro comercial a explorar la posibilidad de instalarse en Camargo y lo vio como una oportunidad de negocio, explica Esteve Agustí en relación con su llegada a Cantabria, y apunta que la recuperación de la inversión inicial de 5 millones de euros se dará, dependiendo de la afluencia, en “unos  años”. Entre las acciones comerciales la empresa habla de una promoción de apertura con precios de entrada rebajados, aunque luego serán un poco más caras que en otros cines, y una tarjeta de fidelización con ventajas y descuentos, así como el concepto de espacio para eventos corporativos y afterwork.

Agustí asume como un bache importante el generado por la pandemia, que sin embargo no ha impedido avanzar en el proyecto cántabro, ya diseñado antes de marzo de 2020, en sintonía con el del centro comercial. También, al igual que el director de Cinesa, prevé que la recuperación del ambiente en las salas de cine llegará en verano y apuesta por que poco a poco se vuelva a la normalidad. En cuanto a la programación, sugiere que podrá haber ciclos y pases puntuales, como óperas y conciertos. También podrían pasarse películas en versión original cuando esté todo en marcha,  “en 2 o 3 meses”.

El público fiel de las salas independientes

Tanto en el caso de Ocine como en el de Cinesa, al igual también que lo que sucede con UCC, el enclave comercial en el que se ubican los cines sirve de motor de atracción, y marca en gran medida el modelo de exhibición de estas cadenas. Al otro lado encontramos las pequeñas salas de exhibición independientes, que han sobrevivido a todo tipo de envites en los últimos años y que, aunque la pandemia y sus cierres les han afectado directamente, tienen su tabla de salvación en un público fiel que ve en estas salas una alternativa al cine más convencional, con propuestas a veces a contracorriente.

En el caso del Cine Los Ángeles, el último superviviente de las salas históricas de la capital cántabra, su propietario, Carlos Restegui, representa la segunda generación de un negocio familiar que nació en 1957. Califica lo sucedido con la pandemia como “un despropósito de circunstancias” cuando tuvieron que cerrar en marzo de 2020. Solo vislumbraron “un poco de luz” en julio, cuando pudieron reabrir, contando con la ventaja de que las multisalas de Peñacastillo y Cinesa estaban cerradas. “Teníamos ilusión y la esperanza de que la gente volviera, hicimos una programación buena, aunque el público tenía miedo de ir a un sitio cerrado, pero también quería salir. Aún así el verano fue malísimo, para el negocio fue fatal”, lamenta Restegui.

El hecho es que ahora está abierto y ha llegado hasta aquí con recursos propios y alguna ayuda al sector, aunque insuficiente: “Lo único que salió fue una ayuda del Gobierno cuando ya estábamos abiertos –que cuantifica en 8.000 euros–, aunque no para financiar los costes de la apertura sino para productos covid, y obligando a justificar los gastos. Sí nos beneficiamos, pero con eso no se hace nada, no es relevante para la vida del cine”. Las circunstancias le llevaron a solicitar un ERTE, pero pese a la reducción de gastos que ello supuso, el propietario del cine Los Ángeles admite que la situación sigue siendo muy complicada: “Con el dinero de la taquilla no llega, yo he pagado los gastos con mi dinero”.

En cuanto a la recaudación anual, Restegui calcula que se encuentra al 15 o 20% en comparación a los meses previos a la pandemia. La estrategia de supervivencia ahora pasa por contar solo con dos funciones diarias y seguir abiertos aun con aforo reducido, lo que significa 160 butacas de un total de 330. “Seguimos a flote porque tenemos un público fiel, empleados que aguantan y dinero ahorrado. Ha habido una caída tremenda, además nuestro público no es joven, pero estoy contento, igual soy de los que más público ha tenido en tiempos tan malos”.

Los Cines Groucho son la otra propuesta de titularidad privada de Santander. Por sus dos salas, con un total de 185 butacas, han pasado todo tipo de películas del cine independiente y de autor desde que abriera en 2004. Han sobrevivido, relata José Pinar, su propietario, por las ayudas institucionales del Ministerio y con el cheque resistencia de Sodercan y con el plan de ayuda del Ayuntamiento: “Esto nos ha permitido aguantar hasta enero, pero ahora la situación es la misma, aforo reducido y miedo”.

José Pinar, propietario de los cines Groucho.

A día de hoy es el único cine que permanece cerrado. Ha pasado una pandemia complicada: “Después del cierre en marzo de 2020, llegó la llamada desescalada, pero el verano fue difícil y la entrada era muy mala. A finales de este mes de marzo se reincorporaron todos, pero nosotros mantenemos el cierre y no sé por cuánto tiempo más, pero no tengo intención de abrir a corto plazo”, lamenta Pinar, que basa su decisión en la experiencia de lo sucedido en los últimos meses: “En la desescalada solo contamos con un 30% de espectadores y de recaudación. No voy a hacer la siguiente porque ya hemos visto que no funciona. Cuando estén las cosas bien abriré”. No obstante, no zanja el asunto de forma definitiva y deja la puerta abierta a una reapertura: “En principio la idea es seguir esperando un poco más, la temporada primavera-verano es la peor época, una opción podría ser reabrir el 1 de agosto, pero no quiero pillarme las manos”.

Un escenario complicado

El cine ‘on line’ ha alterado el circuito comercial del sector, las distribuidoras retrasaron los estrenos por el cierre de las salas y por tanto no había películas para exhibir. A ello se unió el boom de las plataformas. Todos estos factores, con los que los directivos de las grandes cadenas aseguran ser capaces de convivir, se ven de forma muy diferente por parte de los pequeños empresarios del sector. Restegui considera que todos estos cambios hacen mucho daño a la industria, porque trasladan la idea de que no hace falta que vayas a las salas para disfrutar del cine: “Nada va a ser como antes. Muchas empresas no van a reabrir, ni cines, ni cadenas de distribución. Las plataformas se han llevado una cuota de mercado que no hubieran conseguido en circunstancias normales y aguantar su impacto para una empresa familiar es muy difícil”. Aun así, rechaza que las plataformas vayan a ser el futuro del cine: “El cine ya ha superado muchas competencias, el problema es que ha habido muchos inconvenientes y se han tomado decisiones por gente que no conocía el sector”.

Pinar es muy expresivo al definir la irrupción de las plataformas de ‘streaming’ para ver películas –“han entrado como un elefante en una cacharrería”– y opina que el consumo en una pequeña pantalla es muy pobre en cuanto a imagen, y no es lo mismo que ir a una sala. Además. plantea sus dudas sobre si el público volverá a los cines como una de sus actividades habituales de ocio: “Ya veremos cómo se restituirá la cosa cuando se abra el espacio, no lo veo claro eso”.

De aquí… ¿a la eternidad?

“Las reglas están cambiando”, observa José Pinar al valorar la situación a la que se ha llegado tras la decisión de algunas grandes distribuidoras de estrenar en las plataformas ‘on line’, a lo que se suma que varias productoras decidieron no estrenar en las salas por miedo a no recaudar. Todo este nuevo escenario, señala, puede tener consecuencias de ahora en adelante: “Cuando volvamos a la normalidad, estos consumos van a ser muy perjudicados, ni los teatros ni miles de eventos van a tener la misma demanda. Esta pandemia y la gestión política han criminalizado muchas actividades. Veo difícil volver a niveles anteriores”. Para este empresario “la pandemia está condicionando todo, el mercado está un poco alterado, es un poco artificial”.

Carlos Restegui, propietario y gerente del cine Los Ángeles.

El dueño de los Groucho se refiere por ejemplo a que la falta de estrenos hace que algunas películas se vean en varios cines al mismo tiempo, y señala que incluso alguna distribuidora con la que operaba en exclusiva ahora exhibe sus películas también en otras salas: “No voy a ser la quinta copia de la misma película, no estoy aquí para un mercadeo sino para defender un cine distinto, una cinematografía que habitualmente no tiene acceso al mercado”.

Con respecto a la apertura de nuevas salas en centros comerciales, Pinar opina que Cantabria no necesita más pantallas, y prevé que va a quitar público al cine de la ciudad, aunque serán los grandes los que más van a competir entre ellos. “Todos estamos ya pasándolo mal desde antes de la pandemia y los que estamos en el centro estamos más fastidiados”, sentencia el propietario de los Groucho.

Restegui ve el futuro con otro color y percibe algún síntoma que puede beneficiar el negocio: “Cuando estábamos tan mal la gente no se atrevía a salir ni al súper. Ahora convivimos con las circunstancias”. Por otra parte, señala el propietario del cine Los Ángeles, la llegada de un nuevo operador no le afecta a él, dice, sino a otros cines grandes: “Ya he vivido la apertura de un Cinesa, de los Cines Bahía, hemos digerido la apertura de los Cines Valle Real… Cuando llegaron ya busqué la forma de continuar, abriendo 5 días. Hice los ajustes cuando tuve que hacerlos, con otra oferta de programación, que es lo que nos ha salvado. Tenemos otra forma de trabajar y los distribuidores ya saben lo que puedo hacer”.

El secreto, según Restegui, es mantenerse fiel a una forma de entender el negocio: “Nosotros amamos el cine y vamos a seguir, por el cine de toda la vida, lo que se entiende por cine. Contamos historias y disfrutamos con ellas. Y al público le tratamos como le hemos tratado toda la vida”.

Siete empresas de Cantabria han tomado parte en el proyecto industrial más ambicioso acometido por la construcción naval española, culminado en su primera etapa con la puesta a flote del submarino S-81, el primero de una serie que contará como mínimo con otras tres unidades en las que también han garantizado su participación. Con la construcción del sumergible, España se convierte en uno de los únicos diez países del mundo con capacidad para diseñar y construir este tipo de buques, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para atender encargos procedentes de otros países. Además de las oportunidades que ello supone para las empresas participantes, el altísimo nivel tecnológico y los requerimientos técnicos que exige un proyecto de estas características son un verdadero aval de la capacidad y competitividad de quienes han tomado parte en el programa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2021

Casi atendiendo a cualquier variable que pueda considerarse, pero singularmente si consideramos el alcance y la exigencia tecnológica del proyecto, la construcción de los submarinos de la serie S-80 que la Armada Española ha encargado a Navantia constituye el programa más ambicioso acometido nunca por la industria española. Con la puesta a flote del primero de los cuatro sumergibles de la serie, un acontecimiento celebrado el pasado 22 de abril en el astillero de Cartagena donde se construye el S-81, España se convierte en uno de los pocos países con capacidad para diseñar y construir buques de este tipo, haciéndolo además con tecnología propia y con unas prestaciones que convierten al ‘Isaac Peral’ –nombre con el que se le ha bautizado– en el submarino más avanzado del mundo entre los que utilizan propulsión distinta a la nuclear. La relación de proveedores con que ha contado Navantia para la construcción de la unidad botada en abril, y también para las que vendrán después, incluye una presencia mayoritaria de empresas españolas y, entre ellas, siete de Cantabria que, bien en sus propias instalaciones o bien trabajando en el astillero murciano, han fabricado e instalado componentes del sumergible. Una tarea esta que, más allá de las dimensiones de lo realizado por cada una –y en algunas la aportación ha sido de gran relevancia–, supone un incuestionable aval de la capacidad técnica de los participantes.

Aunque España ya había construido submarinos anteriormente, hasta ahora lo había hecho siempre con tecnología y licencias de otros países. Es el caso, por ejemplo, de los sumergibles de la clase Galerna –o serie S-70–, desarrollados por los astilleros franceses DCN y construidos por Bazán –la actual Navantia– en los años ochenta del pasado siglo. Es precisamente a esa serie a la que se viene a dar relevo con el programa S-80 –o clase Isaac Peral, por el nombre de su primera unidad– para el que el astillero público optó por hacer un desarrollo propio. La dificultad del empeño queda clara si tenemos en cuenta los obstáculos que han tenido que superarse y que han retrasado en una década la fecha prevista para la entrada en servicio de estos submarinos, obligando a la Armada a acometer una renovación completa de la última de las unidades de la vieja serie S-70 –lo que se conoce como gran carena– para prolongar su tiempo de servicio. El principal contratiempo en el desarrollo del programa S-80 fue el error detectado en 2012 –apenas un año ante de la fecha inicialmente prevista para la entrega– que obligó a recalcular las dimensiones de la nave y que en la práctica supuso la puesta en marcha de un nuevo programa, el que se conoce como S-80 Plus.

Navantia ha organizado la construcción del S-81 dividiendo el submarino en cuatro grandes secciones y adjudicando los trabajos a realizar en cada una de ellas a empresas diferentes. Enwesa ha sido la encargada de elaborar y montar las estructuras y montajes mecánicos de una de esas cuatro secciones.

El diseño, desarrollo y construcción de las cuatro unidades de la serie contempla una inversión de 3.900 millones de euros, una cantidad que según los cálculos de Navantia supone una aportación de en torno a 250 millones de euros anuales al PIB español. Además de lo que está cifra tiene de relevante en sí misma, la importancia del programa para la industria española se mide sobre todo en términos cualitativos, al haber contado con un importante número de empresas nacionales para su realización, con el uso de tecnologías de última generación, transferibles al ámbito civil. En total son unas 800 las empresas españolas las que han participado o están participando en la construcción de los submarinos de la clase Isaac Peral, de las que siete –Gamesa Electric, Ensa, Enwesa, Fernández Jove, Atecsol, Newtesol y la Fundación CTC– son de Cantabria.

Empresas cántabras

La relación de empresas cántabras participantes es representativa del perfil de proveedores habitual en construcción naval –metalurgia y calderería– pero lo es ante todo de la alta exigencia y capacitación tecnológica que requiere un proyecto de estas características. Buena parte de esas empresas, de hecho, son proveedoras habituales de la industria nuclear, un ámbito donde el nivel de exigencia es perfectamente comparable con el que requiere la construcción de un sumergible. La colaboración de esa parte del tejido industrial cántabro en el programa, y el retorno que esa participación tiene en términos económicos y estratégicos, es también representativa de la relevancia que el sector de defensa tiene como cliente.

“Un proyecto como el del submarino S-81 es básico para la industria española y ha podido demostrar las capacidades de las empresas españolas en un sector tan importante como la defensa”, resume David Peris, presidente del grupo de trabajo GT2 de Construcción Naval dentro del Clúster de la Industria de Defensa (CID). Creado en Cantabria en 2019, el clúster CID es el primero de estas características creado en España, con el fin precisamente de reforzar la participación tecnológica e industrial de las empresas españolas con el sector de la defensa. Peris, que destaca como un motivo de orgullo la participación de empresas cántabras en un proyecto como el del S-80, formen o no parte del clúster, está convencido de que este programa puede ser un punto de inflexión: “Este tipo de apuestas son las que se necesitan en una industria que esta pasando por tiempos difíciles y esta necesitada de grandes inversiones para que las empresas del sector puedan desarrollar todo su potencial y convertirse en un referente a nivel internacional”. El representante del clúster CID considera que haber tomado parte en un proyecto como este se convertirá en una “lanzadera” para quienes lo han hecho, que podrán exportar y aplicar muchos de los conocimientos que han desarrollado para este trabajo: “Hemos demostrado que sabemos hacerlo y lo hemos hecho bien”.

La instalación del motor en el S-81, en el astillero. El propulsor, de 3.500 caballos, es el encargado de mover al submarino mientras navega en inmersión.

La empresa cántabra que ha tenido probablemente una de las participaciones más importantes en el programa, y casi desde el inicio del mismo, ha sido Gamesa Electric, que cuando todavía era conocida como Cantarey Reinosa asumió el diseño y fabricación del motor eléctrico encargado de propulsar al submarino cuando navega bajo el agua. La capacidad para operar en inmersión –gracias a un sistema capaz de generar electricidad sin necesidad de utilizar los motores diesel y, por tanto, sin precisar aire para su funcionamiento– es una de las principales ventajas operativas del submarino diseñado por Navantia, que es capaz de permanecer hasta 30 días sumergido, una autonomía fuera del alcance de cualquier otro submarino no nuclear. En ese tiempo, la responsabilidad de mover la nave recae sobre el propulsor construido en Reinosa, un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes de 3.500 caballos. Cantarey entregó el primero de estos motores en 2010, a tiempo para la fecha inicialmente prevista para la entrada en servicio del S-81. Los posteriores cambios en el programa, que básicamente supusieron un aumento de la eslora de la nave, no afectaron en nada a la participación de la empresa cántabra en el proyecto ni al motor fabricado en lo que hoy es la fábrica cántabra de Gamesa Electric.

La participación del Grupo Fernández Jove en el programa S-80 se ha articulado a través de la empresa FJ I Integral Supply, que cuenta con una larga trayectoria de trabajo para el sector naval de Defensa. Dentro del programa S-80, FJ I Integral Supply ha sumnistrado sistemas de sellados fabricados por otra de las empresas del Grupo Fernández Jove, la firma Hawke Transit System. Concretamente el EMC (Electromagnetic Coupling), un sistema de sellado modular capaz de abarcar un amplio rango de cables o tuberías,  garantizando la integridad de las comunicaciones y los servicios electrónicos a bordo. Este sistema, explican desde la empresa cántabra, mitiga las señales  de ruido e interferencias a niveles que no afecten la operativa normal de los equipos eléctricos; además de estar certificado como barrera contra el fuego, agua, aire. “Para FJ I Integral Supply, esta colaboración supone un importante y ambicioso salto hacia nuevos tipos de buques, animándonos a seguir investigando y desarrollando nuevos proyectos I+D+i con el fin de seguir aportando productos novedosos a la Armada Española y al sector naval de defensa”.

Por las características de buena parte de los trabajos realizados en la construcción de los submarinos de la clase Isaac Peral –calderería de altos requerimientos y soldadura muy especializada– el proyecto tiene puntos de contacto con los habituales en el sector nuclear, lo que tiene su reflejo en la participación de las empresas cántabras del grupo Ensa –la propia Equipos Nucleares y su filial Enwesa– y de otras que trabajan habitualmente con estas, como la Fundación CTC.

El S-81 en la grada del astillero, durante su construcción.

La aportación de Enwesa al programa S-80 se cuenta entre las más relevantes dentro de las asumidas por empresas establecidas en Cantabria. El proyecto ademas tendrá continuidad en el tiempo al haberse confirmado ya su participación en la construcción del S-82 y el S-83, la segunda y tercera de las cuatro unidades que ha encargado la Armada Española. Al igual que en el caso de la empresa matriz Ensa, la especialización de Enwesa en el sector nuclear ha sido clave para haber logrado tomar parte en unos trabajos que requieren de una alta cualificación, capacidad técnica y garantía. De hecho, y debido igualmente a esa especialización de Enwesa en el ámbito nuclear, la colaboración de Enwesa con Navantia tiene un largo recorrido en el tiempo, al iniciarse ya en el año 2012. Destaca entre los trabajos realizados la participación en la gran carena del S-70, con la que se ha buscado mantener la operatividad de este submarino hasta la entrada en servicio de la nueva serie S-80.

En el caso del proyecto S-80 la participación de Enwesa se ha articulado en dos niveles. Por un lado, realizar el montaje mecánico y la soldadura de grandes estructuras en el propio astillero de Cartagena donde se ha construido el S-81 y donde se construyen también el resto de unidades de la serie; por otro, y en paralelo, suministrar equipos de altísimos requerimientos técnicos fabricados en Cantabria.

Para el trabajo en el astillero, Navantia ha organizado la construcción del S-81 dividiendo el submarino en cuatro grandes secciones y adjudicando los trabajos a realizar en cada una de ellas a empresas diferentes. Enwesa ha sido la encargada de elaborar y montar las estructuras y montajes mecánicos de una de esas cuatro secciones. Los requerimientos que plantea un buque de estas características muestran la relevancia de los trabajos de ingeniería realizados, que incluyen fabricación y montaje de tuberías y tanques, entre otras estructuras vitales para el funcionamiento de un submarino. Los equipos fabricados por Enwesa, en sus instalaciones de Heras, incluyen la fabricación de uno de los dos intercambiadores de calor del agua dulce/agua salada que equipan al S-81.

Enwesa está ya trabajando en la segunda de las unidades que se fabrican para la Armada Española y también ha conseguido ya la adjudicación para participar en la tercera unidad, el S-83. Esta línea de actividad supone la continuidad en la colaboración en el proyecto S-80 con una previsión inicial de trabajo para los próximos tres años.

Enmarcada dentro de su línea estratégica de ingeniería avanzada, la participación de la Fundación CTC en el programa S-80 está muy vinculada a la experiencia de este centro en la investigación de materiales, y relacionada a su vez con los trabajos asumidos por las empresas cántabras del grupo Ensa. Así, los analistas de CTC realizaron la verificación del cumplimiento de códigos de diseño por parte de los intercambiadores de agua del submarino S-81, construidos con aleaciones de cobre y de acero y destinados al sistema centralizado de refrigeración del submarino. CTC ha asumido además tareas de revisión y verificación de cargas y tensiones de otros materiales y elementos empleados en la construcción de la nave.

Atecsol es otra de las empresas cántabras que ha trabajado en el propio astillero donde se construyen los submarinos del programa S-80. En su caso, ha realizado recargues por soldadura con material anticorrosión mediante un sistema orbital automático, al tener que realizar los trabajos ‘in situ’ y sin poder rotar las piezas. El recargue por soldadura es un procedimiento por el cual se aplica un material sobre otro utilizando un proceso de arco eléctrico. El recubrimiento aplicado mediante este sistema por parte de Atecsol ha tenido como destino varios componentes para  los sistemas de estabilización y refrigeración del S-81.

La empresa cántabra, que en todo momento ha tratado directamente con Navantia, tiene contratada ya su participación en la construcción del S-82 y el S-83, en los que intervendrá a partir de este próximo verano y también durante el año que viene. Aunque Atecsol tiene una línea de trabajo relacionada con el sector naval, desde la empresa admiten que no es habitual realizar para este sector tareas con el nivel de exigencia que plantean las realizadas para Navantia en el S-81, semejantes a las que si realiza para el sector nuclear o petroquímico. En este caso concreto, estos componentes una vez recargados, son sometidos a ensayos por líquidos penetrantes y ultrasonidos para comprobar la calidad de la soldadura, con resultado de cero defectos.

David Peris, presidente del grupo de trabajo GT2 de Construcción Naval dentro del Clúster de la Industria de Defensa.

En total, la participación en la construcción de los tres submarinos sumará unas 800 horas de trabajo, una cifra notable pero que no da cuenta del alcance y complejidad técnica de lo realizado. Sí que está más cerca de hacerlo otra referencia: para el encargo de Navantia para el programa S-80, Atecsol ha desplazado a Cartagena una instalación de 150.000 € desarrollada por la propia empresa específicamente para este proyecto.

Dedicada como Atecsol al recargue de soldadura, y también al mecanizado e superficies y la fabricación de componentes, Newtesol ha hecho todos los pasos de casco del S-81, pasos de mamparos resistentes o partes fijas de pasos de estructuras resistentes, recargados con una aleación resistente a la corrosión de base níquel. También las tubuladas –para escape, ‘snorkel’ o medios de detección, entre otras– así como en otros componentes susceptibles de sufrir corrosión, como los de los tubos lanzatorpedos.

El acto de puesta a flote del S-81 –en realidad el bautismo y presentación del buque– está lejos de suponer el final de los trabajos a realizar en esa nave, a lo que habrá que sumar todo lo pendiente por hacer en el S-82 y S-83 –ya en construcción ambos– y en el S-84. La entrega del ‘Isaac Peral’  a la Armada está prevista para finales del año que viene, sucediéndose las del resto de unidades del programa S-80 hasta el año 2027. Pero el alcance del proyecto, y por tanto el impacto de este en la actividad de las empresas que participen, no acabaría ahí: el hecho de que Navantia se haya sumado al exclusivo club de quienes tienen capacidad para desarrollar sus propios sumergibles la sitúa en condiciones de pujar por contratos en todo el mundo. Navantia compite ya con otros cinco astilleros por la construcción de cinco submarinos con destino a la Marina india. Un contrato que, de conseguirse, garantizaría carga de trabajo para el astillero público español y también para un gran número de empresas de una gran capacitación técnica y una producción de gran valor añadido. Como las siete cántabras que ya lo han demostrado con su participación en la construcción del ‘Isaac Peral.

El teletrabajo y las nuevas formas de comunicación virtual han disparado los riesgos informáticos a los que se enfrentan las empresas y han multiplicado los ataques, con el secuestro de datos como delito más habitual. Las pymes están concentrando la mayor parte de los ataques, a los que ya se han enfrentado empresas cántabras de todos los sectores que rara vez han conseguido volver a tener acceso a su información en las mismas condiciones que antes de sufrir el bloqueo, aun habiendo hecho frente al pago del rescate. El error humano y la falta de concienciación son siempre vías de entrada para los problemas, pero la escasa inversión en prevención se apunta como la principal clave que explica el éxito de esta modalidad de ciberdelincuencia. “Uno se da cuenta de las dimensiones del problema cuando lo sufre”, lamentan los afectados.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Enero 2021

Siempre amenazantes pero difusos cuando son solo una posibilidad, aunque reales y con consecuencias difíciles de reparar cuando se concretan, los riesgos derivados del tráfico de datos por Internet nunca han sido tantos ni tan sofisticados como lo son ahora, estimulados en su número por el impulso que la pandemia ha dado a las nuevas formas de comunicación, y con el enorme botín en juego como principal acicate para que los ciberdelincuentes dediquen más recursos a mejorar sus ataques. Aunque todavía con un reflejo escaso en las estadísticas, el resultado de todo ello está siendo un aumento de los delitos cibernéticos que va a dejar pequeños los incrementos que ya venían registrándose en los últimos años. A ello hay que unir un cambio notable en el perfil de las víctimas que, en lo referido a las empresas, ha situado a las pymes bajo el punto de mira de las mafias, en una tendencia que –al igual que sucede en el número de delitos– era ya identificable en los informes que daban cuenta de la ciberdelincuencia antes de la crisis sanitaria, pero que se ha visto favorecida por las consecuencias de esta. También se ha producido un cambio en los procedimientos para llevar a cabo los ataques, y en la tipología de estos, con el secuestro de datos como delito más habitual y con los accesos remotos a las redes de las empresas como vía de entrada más utilizada por los delincuentes.

Además de colapsar el sistema sanitario y provocar decenas de miles de muertos, la pandemia del covid-19 dio un vuelco el pasado mes de marzo a la forma en que las empresas se relacionan con sus trabajadores y clientes, y lo hizo prácticamente de un día para otro. España, uno de los países europeos en los que menor uso se hacía del teletrabajo, pasó a tener a gran parte de su fuerza laboral efectuando sus tareas desde su domicilio, y conectándose con sus empresas a través de los mismos dispositivos domésticos empleados para otros usos. Pasaron a ser casi rutinarias las videoconferencias y las reuniones telemáticas, convirtiendo a empleados y directivos en usuarios habituales del amplio catálogo de software y aplicaciones existente para ello. Ese brusco cambio en el uso de las tecnologías de la comunicación por parte de las empresas ha tenido un impacto directo y fácilmente cuantificable en el tráfico de datos en tránsito por Internet, y otro por el momento mucho menos cuantificable, pero que los expertos estiman que alcanza cotas proporcionalmente equivalentes, en el número de ciberdelitos relacionados con ese ir y venir de información. Teniendo en cuenta que las estimaciones más prudentes cifran en un 40% el incremento en el tráfico de datos por Internet provocado por el confinamiento, y por más que ese dato se haya moderado con la relativa vuelta a la normalidad de los meses siguientes, en esos porcentajes habría que pensar a la hora de calibrar el crecimiento de los delitos cibernéticos este año, y en ese entorno se mueven, de hecho, las estimaciones recogidas en los estudios que han venido publicándose en los últimos meses.

La mayor parte de esos informes han sido realizados por empresas especializadas en ciberseguridad –esto es, proveedoras de soluciones para atajar el problema– muchas veces a partir de encuestas realizadas a responsables de ese mismo departamento en las empresas usuarios. Ambas circunstancias podían llevar a poner en cuestión los datos, bien por venir de una parte que podrá considerarse interesada en magnificar el problema, o bien por el sesgo hacia las grandes empresas que podría derivarse del perfil de los encuestados, pero lo cierto es que la coincidencia en las conclusiones, y su coherencia con las estadísticas oficiales, les otorgan una fiabilidad difícilmente cuestionable. También se ven respaldados por el continuo goteo de casos que están sufriendo empresas cántabras de todos los sectores y tamaños, que componen un catálogo lo suficientemente amplio de supuestos como para que sean pocos quienes, cuando se plantea esta cuestión, no mencionen algún ejemplo conocido de primera mano. De algunos, los que afectan a empresas de mayor tamaño, llega a tenerse noticia, aunque la mayoría se resuelven –o no– con la discreción que se reserva a los asuntos más desagradables.

Javier Carrión, director general de Sodercan, en una de las videoconferencias organizadas en los últimos meses.

Uno de los casos que trascendió en su día fue el que sufrió en junio de 2019 la empresa pública Cantur, que fue objeto de un asalto informático que bloqueó el acceso a miles de documentos. Javier Carrión, hoy director general de Sodercan, ocupaba ese mismo puesto en Cantur cuando se produjo el ciberataque, por lo que se remite a su experiencia personal cuando se le pregunta por el alcance del problema. Sodercan publicó el pasado mes de octubre una convocatoria de ayudas que contemplaba una línea de financiación específica para apoyar las inversiones de las empresas en materia de ciberseguridad, en el marco de las actuaciones a desarrollar en la mejora de la competitividad y la productividad en el nuevo escenario dibujado por la pandemia. Los 400.000 euros con que contaba la convocatoria se agotaron rápidamente, en un éxito que el director de Sodercan espera replicar en iniciativas similares que confía en poder acometer en los próximos meses: “Era la primera vez que poníamos en marcha este tipo de ayudas y ha sido un completo éxito, con peticiones que suman inversiones por valor de más de un millón de euros. Por desgracia no vamos a tener presupuesto para atender a toda esa demanda, pero repetiremos convocatorias como esta, sin duda”, asegura Javier Carrión, que cree que pese a esa buena acogida, y al grado de concienciación que refleja, hay todavía mucho trabajo por hacer: “Las pequeñas empresas siguen pensando que es un problema que afecta sobre todo a las grandes, cuando no es así en absoluto. Lo que sí es cierto es que las empresas grandes son más conscientes del coste que puede tener un ataque informático, pero el valor de los datos es igual en unas y otras. Eso es lo que sigue siendo necesario transmitir”.

El director de Sodercan recuerda la sensación de impotencia que le provocó el ciberataque sufrido cuando estaba al frente de Cantur, que supuso el secuestro de todos los datos de la empresa y la petición de un rescate para liberarlos, en lo que es una actuación típica de lo que se conoce como ‘malware’. Cantur se puso en manos de una empresa especializada para recuperar esa información, lográndolo en buena medida. “Pero no es un contrato barato, y las garantías de volver a la situación inicial no son completas, ni mucho menos. Es mucho más barato y más seguro invertir en prevención”. La línea de ayudas de Sodercan apoya actuaciones en materia de ciberseguridad que van desde la adaptación a estándares certificados en esta materia, hasta el control de los accesos remotos a la empresa, pasando por un enorme abanico de equipamientos y servicios que, por su amplitud y variedad da cuenta de lo complejo y transversal de las acciones a realizar para reducir riesgos y vulnerabilidades.

Las dimensiones del problema, y lo que puede hacerse para paliarlo, marcan el campo de actuación de las empresas que ofrecen instrumentos que protegen de cara a posibles ataques, en un servicio que es tanto de consultoría como de implantación de ‘hardware’ y ‘software’, y que en su configuración ideal incluye también acciones de formación para empleados y directivos. “La mayor parte de los problemas se producen por malas prácticas por parte del usuario”, asegura Luis Coria, director de Sistemas en Arcanos Itercom, que explica la labor que realiza su empresa a partir de una comparación muy gráfica: “Damos por hecho que alguien va a morder el anzuelo, y nuestro trabajo es conseguir cortar el sedal”. Los señuelos, señala, pueden llegar por correo electrónico, en forma de archivos adjuntos con reclamos que animan a abrirlos, en las descargas gratuitas que ofrece Internet o en webs para adultos, de apuestas o con contenidos que pueden tentar de alguna forma al usuario, como vales de ofertas o participación en promociones con premio: “La primera clave para evitar problemas es la formación, porque la mayor parte de los ataques se paran con sentido común”. El problema, apunta Luis Coria en una idea en la que también coinciden Javier Carrión y el resto de personas con las que se ha contactado para este reportaje, es que son muy pocos quienes están preparados para responder a una amenaza como esta: “En esto las empresas son más reactivas que proactivas: quien no ha sufrido incidentes no suele estar preocupado y no ha tomado las medias para evitarlo, por lo que, cuando llegan, ya es demasiado tarde para hacer nada”.

José Antonio Anievas, responsable técnico de Freelan Intelcom

José Antonio Anievas, responsable técnico de Freelan Intelcom, coincide en que hay muy poca cultura de seguridad por parte de las empresas, y ello pese a que cada vez hay mayor conocimiento, bien por propia experiencia –“una de cada tres empresas ha sufrido un ataque de mayor o menor gravedad”, señala– o por las noticias que llegan de otras empresas que han sufrido ataques. El problema, apunta, es que muchos creen estar protegidos cuando no es así: “Ya no vale con un antivirus o con tener una copia de seguridad en un disco externo, ya que esto es una ‘tormenta perfecta’ y, a quien le alcance y no tenga conciencia sobre qué hacer, puede ser peor el remedio que la enfermedad”.

Arcanos y Freelan son dos de las empresas que ofrecen servicios de seguridad para las redes de comunicación de las empresas, un concepto este último que ha cambiado de forma radical a consecuencia de los nuevos usos que de ellas se están haciendo a raíz de la pandemia y el confinamiento. La amenaza del ‘ransonware’, el secuestro de datos que todos los estudios recogen como el ciberdelito de moda, implica un acceso externo no autorizado, que implica prácticamente en todos los casos la colaboración involuntaria de algún usuario. Lo más habitual –al menos hasta que el teletrabajo cambió de alguna manera las reglas– era que ese acceso se produjera a través del correo electrónico, con un mensaje con archivo adjunto que se invita a abrir para gestionar el pago de una factura, seguir el estado de un envío postal o cualquier otra posibilidad que pueda entenderse como creíble por parte del destinatario. El archivo resulta no ser lo esperado, y con su apertura se ejecuta un programa que se extiende por la red interna y encripta todos los datos. Lo siguiente es la petición de un rescate, normalmente en bitcoins –la criptomoneda más extendida, que permite pagar sin dejar rastros– para liberar la información secuestrada.

Más allá del obvio consejo de no abrir ningún archivo de procedencia dudosa –algo no tan sencillo si tenemos en cuenta la creciente sofisticación de los mensajes– lo que ofrecen empresas como Arcanos o Freelan es poner una barrera entre la red interna de la empresa y el exterior. “Poner un guardia en esa frontera, que se encargará de controlar el tráfico en ambos sentidos”, explica gráficamente David de Andrés, gerente de Arcanos. La función de ese cortafuegos es básica, por cuanto es cada vez más difícil identificar los correos maliciosos: “Hemos tenido casos como el de un correo que aparecía firmado por el CEO de la empresa, y en el que se pedía una trasferencia imitando incluso expresiones habituales en los e-mails reales de este”.

José Antonio Anievas insiste en la importancia de la concienciación, y en la necesidad de hacer un análisis previo de deficiencias –en contraseñas, permisos para usuarios, etc– para, a partir de ahí, ir tomando decisiones: “Habrá que habilitar un sistema de copias de seguridad de la información de la empresa y si es posible otra en la nube privada. Finalmente, habrá que instalar una herramienta de protección en forma de ‘firewall’ de seguridad para la empresa, y de ‘endpoint’”.

La importancia de proteger el ‘end point’ –punto final, en traducción literal– es una de las principales novedades vinculadas a la extensión del teletrabajo y las nuevas formas de comunicación de la empresa con sus empleados, o con clientes y proveedores. “Las empresas pueden tener bien protegidos sus equipos y sus redes, pero el trabajador a distancia está accediendo a esa red desde su propio dispositivo, que puede ser un ‘smartphone’, una tablet o su propio ordenador, pero que casi en todos los casos son dispositivos de uso doméstico, ni protegidos, ni preparados para la labor que se está realizando con ellos. Eso supone una brecha de seguridad muy importante, y se ha convertido en una vía de acceso muy importante para los ciberdelincuentes”, explica Luis Coria. Es habitual, señala el responsable de Sistemas de Arcanos Intercom, que esos dispositivos de uso doméstico operen con sistemas operativos y programas obsoletos y no actualizados, y que no cuenten con ningún tipo de antivirus. “Nuestros equipos detectan esas vulnerabilidades y permiten replicar las condiciones de seguridad de la empresa en los dispositivos que se usen para acceder a su red”.

David Andrés y Luis Coria, director general y director de Sistemas de Arcanos Intercom, respectivamente.

En todos los sectores

Por las propias características de los ataques y la forma de transmitirlos, podría pensarse que el problema de la ciberseguridad afecta casi en exclusiva a empresas de servicios o, en todo caso, a los departamentos administrativos de las que operan en otros sectores. Eso, señalan quienes trabajan en esta materia, es solo parcialmente cierto, y lo es cada vez menos. La extensión de las tecnologías de la información y las comunicaciones al ámbito industrial –en lo que se conoce como Industria 4.0– ha extendido los riesgos a un ámbito donde, además, las consecuencias de un posible ataque pueden ser enormes. Una de las actuaciones a acometer para atajar ese problema, explica Luis Coria, pasa por segmentar las redes de las empresas, de manera que si algún departamento se ve afectado, no transmita el problema a los demás.

Las estadísticas oficiales que dan cuenta de la incidencia de los ciberdelitos en España –y que no recogen todavía datos correspondientes al año 2020– registraban ya el pasado año un aumento notable de los ataques informáticos y los accesos ilegales a redes de comunicaciones, cifrados en un 23,58 y un 19,48%, respectivamente, según la información que publica el Ministerio del Interior. Ese crecimiento fue mucho más acusado en el caso de Cantabria, lo que en buena medida refleja el cada vez mayor interés que despiertan la

s pymes como objetivo de este tipo de delitos: el número de accesos informáticos ilegales a empresas cántabras se incrementó un 80% entre 2018 y 2019, en tanto que los clasificados como ataques informáticos se doblaron en ese mismo periodo.
Uno de esos ataques fue el sufrido por una pyme industrial de la región, que vio secuestrados sus datos de contabilidad y paralizados sus programas de gestión después de que algún programa de encriptamiento encontrara la forma de colarse en su red: “Pensamos que lo hizo a través del correo electrónico, pero en realidad todavía no estamos seguros de cómo sucedió”, señala el gerente de la empresa. Aunque el bloqueo no alcanzó a la fabricación, lo cierto es que sin órdenes de producción y sin acceso al detalle de los pedidos, la actividad de la empresa se vio paralizada. No era la primera vez que sufrían un ataque de estas características, pero nunca antes había sido tan generalizado. Para solucionarlo se pusieron en manos de una empresa especializada, que cobró en torno 6.000 euros y consiguió recuperar la información: “A nosotros nos pasó una factura perfectamente legal, pero suponemos que lo que hizo es pagar el rescate”.
Fue una forma de salir del paso pero, asume la víctima del ataque de ‘ransomware’, en ningún caso una solución: “Hemos ido aprendiendo y, aunque los riesgos siempre existen, hemos puesto los medios para minimizarlos: contamos con dos firewalls, hemos dividido y duplicado servidores, renovado todo el cableado de la empresa… Y sobre todo hemos asumido que esta es una labor que no acaba nunca, reservando una partida de inversión todos los años”. Lo hecho hasta ahora, calcula, ha supuesto en torno a 15.000 euros de inversión, y quedarían cuanto menos otros 20.000 a acometer en los próximos meses para completar las actuaciones en marcha. “Es una inversión muy pequeña, si tenemos en cuenta lo que está en juego: si una empresa pierde los datos, lo pierde todo”.