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Las ayudas para comprar barco no encuentran destino

En una década ha desaparecido prácticamente un tercio de los pescadores españoles. De las 35.076 personas que pescaban en 2010, quedan 24.522. Y las previsiones no son buenas. Para frenar esta tendencia surgió en 2014 un plan europeo de ayudas dirigido a jóvenes para la compra de su primer barco. Su aplicación en Cantabria, que empezó con dos años de retraso y finalizó este año, obtuvo un balance discreto: seis personas se beneficiaron de estas ayudas y el 81 % del presupuesto quedó sin gastar. Es la referencia más cercana de una crisis de la actividad que en la región tiene algunas particularidades significativas, como el crecimiento en el número de barcos dedicados a las artes menores, precisamente los que son objeto de las ayudas que no se cubren. Una paradoja que se explica con otra: la llegada de embarcaciones y pescadores de fuera de la región.

Francisco Rouco | @FranRouco | Enero 2023

“Vengo de una familia de pescadores. Mi padre, ahora jubilado, fue patrón de barco, y es lo que he visto en casa siempre. Pescar es lo único que me gusta y me apasiona”, afirma Borja Laza, el único beneficiario en 2021 de las ayudas a la compra del primer barco para pescadores jóvenes. Laza, que tiene 35 años y vive en Castro Urdiales, usó la subvención para comprar el barco ‘Romu’, de 8 metros de eslora, que fue rebautizado como ‘Siempre Martín’, por su hijo. “La ayuda fue uno de los incentivos para lanzarme”, admite.

El objetivo de estas ayudas era impulsar la adquisición de barcos de menos de 24 metros de eslora y de entre cinco y 30 años de antigüedad. Las ayudas estaban dirigidas a pescadores menores de 40 años y con domicilio fiscal en Cantabria. Entre los requisitos figuraban haber trabajado al menos cinco años como pescadores o disponer del título de Patrón local de pesca (para barcos de menos de 12 metros de eslora) o de Patrón costero polivalente (para barcos de entre 13 y 24 metros de eslora).

Borja Laza, en Castro Urdiales a bordo del ‘Siempre Martín’, la embarcación que adquirió con las ayuda a la compra del primer barco para pescadores jóvenes, de la que fue el único beneficiario en 2021.

Las ayudas a jóvenes pescadores para la compra del primer barco están cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (2014-2020), que aporta el 75 % de los fondos, y el Gobierno cántabro, que completa el 25 % restante. Desde las primeras ayudas otorgadas, en 2016, hasta las últimas, en 2022, las cuantías han ido reduciéndose. En 2016, el presupuesto total de la ayuda fue de 225.000 euros. Tras un parón en 2017 y 2018, las ayudas regresaron en 2019 con un presupuesto menor, de 200.000 euros, y aún bajaron más, a 100.000 euros, en las convocatorias de los tres años siguientes. En ninguno de los casos se agotaron las cantidades máximas: la convocatoria de 2020 fue la que más dinero concedió, con el 51% del presupuesto, seguida de 2016 (22%), 2022 (12,5%) y los años 2019 y 2021 (ambos con el 10%). De los 750.000 euros que podrían haberse entregado, se facilitaron 143.000, el 19%.

“Nadie quiere ir a la mar a no ser que lo hayas mamado desde pequeño”, dice Laza, que justifica así la falta de seguimiento de estas subvenciones dirigidas a rejuvenecer el plantel de pescadores. En su opinión, estas convocatorias tendrían más éxito si se retocaran algunos requisitos, como haber trabajado cinco años como mínimo como pescador, y se sumarán otros incentivos, como ampliar la financiación del gasoil. Pero por encima de estas propuestas, la razón que explica el poco atractivo de la subvención es una visión nada optimista de la profesión: “El presente del sector lo veo muy mal, hay menos capturas y las cosas cada vez están más caras”, explica Laza. “El futuro está muy negro. En 10 años no va a quedar ningún barco de bajura”.

La pesca artesanal, una actividad mayoritaria en España

Por la cuantía de la ayuda, los títulos requeridos y las dimensiones de los barcos, estas subvenciones apuntan a un tipo de pescador muy concreto: un pescador que quiera una embarcación pequeña de segunda mano para faenar cerca de la costa. En el caso de Borja Laza, la ayuda ascendió a 10.000 euros de los 40.000 que necesitaba para su barco. A bordo del ‘Siempre Martín’, parte de domingo a viernes para pescar lubina y congrio. “Salimos a echar los aparejos el domingo a las 16:00 y acabamos de largar a las 20:00, ya que tiramos 1.500 anzuelos en diferentes zonas. A la mañana siguiente, salimos a recoger a las 4:30 o 5:00 dependiendo de la zona donde estemos trabajando. Acabamos de levantar los aparejos a las 15:00 o las 16:00 o incluso nos da la noche”, explica Laza. La técnica que utiliza es el palangre, una línea de anzuelos que queda suspendida bajo el agua. Aunque el aparejo esté sumergido, se identifica desde la superficie con señalizaciones y boyas, lo que no impide que a veces lo rompan los barcos o los veleros –“nos tienen fritos, salen a navegar y no se fijan en lo que tienen a proa”–. “Sólo utilizamos la pesca con anzuelo. Creo que es la más selectiva de todos los artes”, subraya el pescador.

La pesca tradicional integra las llamadas artes menores. Entre estas modalidades de pesca se encuentran el palangre, la pesca con anzuelo, las artes de enmalle –sistema parecido al del palangre solo que no cuelgan anzuelos sino redes en las que se atoran los peces– y las nasas o cestas. Todas estas artes tienen en común que la atracción de los pescados es pasiva: es el pez el que pica, se enreda en un aparejo fijo o queda atrapado en el ingenio pesquero. Los barcos de artes menores suelen rondar los 10 metros de eslora.

César Nates, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, en el centro de formación náutico pesquera de Santander, donde no se imparte la titulación de patrón, carencia que se corregirá con la apertura del centro que se construye en Laredo.

En España, la pesca de artes menores es la actividad predominante por número de barcos. Históricamente, alrededor de tres de cada cuatro barcos españoles han practicado las artes menores. En 2022, de los 8.665 barcos que están activos, 6.767 se dedican a esta modalidad de pesca, el 78,1 %. En 2012, las cifras eran mayores: faenaban 10.116 barcos en total y 7.782 desarrollaban las artes menores. En una década se ha perdido el 14,3 % de la flota y el 13,1 % de los barcos de pesca artesanal.

Menos pescadores, pero más barcos de artes menores

La importancia de las artes menores en Cantabria también es mayoritaria, aunque la región tiene su propia personalidad. De los 129 barcos en activo que hay ahora mismo en la región, 75 son de artes menores, el 61,5%. Le sigue el cerco, la técnica que consiste en lanzar una red para rodear bancos de peces. Hay 33 barcos cerqueros, el 25,6 % de la flota cántabra, cuando la media nacional suele rondar el 6%. También son diferentes las cifras retroactivas. En 2012 el número de barcos en total era de 139, de los cuales se dedicaban a las artes menores 62. El balance es sorprendente: en una década se ha perdido el 7,2% de la flota cántabra, pero el número de barcos que practican las artes menores ha aumentado un 20,9%.

“Con el cerco sí te puedes ganar bien la vida, pero el sector de las artes menores es complicado”, dice César Nates, presidente de la Federación de Cofradías de pescadores de Cantabria. Nates entiende por qué las ayudas para la compra del primer barco para jóvenes no despiertan más interés. Para empezar, sus capturas están limitadas a las especies que pasan a pocas millas de la costa. Al contrario que los grandes barcos, las embarcaciones que trabajan artes menores no pueden adentrarse cuanto quieran en el mar, con lo que dependen de las rutas de los peces y de su calendario. Esta limitación se recrudece con los TAC o Totales Admisibles de Capturas, que marcan el número máximo de ejemplares que se pueden capturar de algunas especies animales. Aunque las artes menores tienen reservados sus propios cupos, pues no podrían competir con la capacidad de pesca de los grandes barcos de arrastre y de cerco, la forma en que se reparten estos cupos supone un problema para los pescadores locales, porque barcos de otras comunidades autónomas pueden acceder al stock local. Para conseguirlo, basta con cambiar el puerto base a uno cántabro y ya se puede pescar en estas costas. Esta normativa, en marcha desde 2015, ha provocado, según Nates, un “efecto llamada” de barcos de otros lugares que pescan en las costas cántabras lo que no tienen en las suyas. De ahí esa estridencia estadística de las artes menores en Cantabria: el sector decrece, pero hoy hay un 20,9% más de barcos que practican artes menores que hace una década.

Guillermo Blanco, consejero de Pesca, en su despacho

¿Cómo se explica que, pese a este entusiasmo por la pesca artesanal en Cantabria, haya habido un seguimiento tan pobre de las ayudas para comprar un barco? ¿No tendrían que haberse agotado en vez de quedar sin gastar ocho de cada 10 euros? Para César Nates hay tres razones principales: primera, las ayudas, aunque bienvenidas, se quedaron cortas –“¿por qué no financiar el 50% del barco?”, se pregunta–; segunda, muchas embarcaciones con puerto base en Cantabria no son de personas con domicilio fiscal aquí y, por tanto, no pueden solicitar la ayuda; y tercera razón, faltan patrones.

Sin tiempo ni oportunidad para ser patrones

“No hay jóvenes con vocación que estén titulados, porque quienes pueden beneficiarse de estas ayudas llevan muchos años embarcados y no han podido sacar la titulación”, explica Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Tal y como estaba redactada la ayuda para la compra del primer barco, era posible solicitarla sin tener un título de patrón, pues bastaba con haber sido marinero pescador durante cinco años. Sin embargo, el público al que se dirigían estas ayudas eran personas que querían vivir del mar y hacerlo con su propio barco. Es decir, ser al mismo tiempo armador (dueño), patrón y pescador. Y en casos así, tener el título de patrón es obligatorio.

La falta de patrones es una tradición en Cantabria, y no es un problema menor: “Lo primero que tiene que haber son titulados, porque puedes tener marineros, pero sin patrón no se despacha el barco”, dice Nates. Hay ocho títulos profesionales de pesca en España, de los cuales cuatro están relacionados con ser patrón de barco. Dos de estos títulos requieren de formación profesional (FP): el de patrón de altura, que precisa del título de Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura, y el de patrón de litoral, que necesita del título de Técnico de Navegación y Pesca de Litoral. Ahora mismo, ninguno de estos títulos se imparte en Cantabria. Para cursar estos estudios hay que desplazarse o bien a Asturias (donde hay 18 matriculaciones para pesca litoral y 52 para pesca de altura) o al País Vasco (con 60 en litoral y 129 en altura). Pero las dificultades para los pescadores que aspiran a ser patrones no acaba ahí. Al incordio del desplazamiento hay que sumar que el calendario de la FP se solapa con el de la actividad pesquera: el curso escolar transcurre de septiembre a julio; la actividad pesquera se interrumpe en septiembre, pero se retoma en marzo. “Si querías estudiar para ser patrón, tenías que pedirte la baja –explica el presidente de la Federación de Cofradías de pescadores de Cantabria– con lo que perdías la antigüedad, no tenías derecho a paro y te quedabas sin sustento los meses que estuvieras estudiando”.

Un barco de cerco de la flota santanderina, maniobrando frente a la lonja en la dársena de Barrio Pesquero. Los barcos de cerco constituyen una cuarta parte del total de la flota cántabra, pero su número no ha dejado de reducirse en la última década.

Nates habla en pasado por dos razones. Primero, porque el año que viene abrirá sus puertas la Escuela de FP Náutica Pesquera de Laredo, donde empezarán a impartirse los dos grados de FP ya comentados. Sin embargo, esto no soluciona el problema de la falta de tiempo de los pescadores para cursar sus estudios. Aquí es donde entra la segunda razón por la que Nates habla en pasado. Desde hace un año hay que sumar dos nuevas posibilidades, al menos en Cantabria, para conseguir un título de patrón: el curso de patrón de barco local y el de patrón costero polivalente, justo los que pedían las ayudas para la compra del primer barco. Para conseguir estos títulos hay que asistir a clases durante tres meses y superar varios exámenes. “Estos cursos se dirigen a aquellos que puedan compensar con experiencia la falta de un título”, explica el consejero Blanco. “Se trabaja a marchas forzadas entre noviembre y febrero para superar módulos acumulables. En un año puedes obtener el título de patrón local y de ahí seguir al de patrón costero polivalente”.

Con estos cursos se prevé aumentar el número de patrones de barcos cántabros. Un esfuerzo por la formación no reglada que fue reforzada en febrero de este año con la creación de cursos de corta duración para habilitar a los patrones costeros polivalentes de los conocimientos necesarios para ejercer como patrones de litoral, que permiten llevar barcos más grandes y pescar más lejos de la costa. Quizá así, con más patrones, las futuras ayudas para la compra del primer barco despierten más interés que las de las últimas convocatorias.

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Oportunidad nuclear

La crisis energética provocada por la invasión de Ucrania y las necesidades de reducir la dependencia del exterior han vuelto a situar a la nuclear en el centro del debate y, por primera vez en mucho tiempo, liberada de buena parte de las percepciones negativas que suelen acompañarla. El anuncio de los planes para construir nuevas centrales, buena parte de ellas en la vecina Francia, supone poner sobre la mesa una ingente inversión a desarrollar a lo largo de más de una década, lo que supondrá poner en el mercado contratos para una industria auxiliar que cuenta con notable representación en Cantabria y, en gran parte de esos proveedores, con la experiencia que aportan los años de trabajo para Equipos Nucleares. A la carga de trabajo relacionada con la puesta en marcha de nuevas centrales hay que unir la que supone el mantenimiento de las existentes y el desmantelamiento de las que agotan su vida útil, tareas todas ellas con un enorme potencial para generar actividad industrial de alto valor añadido.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Diciembre 2022

Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear, hizo explícita la idea durante su intervención en un curso de la UIMP el pasado agosto: por primera vez en muchos años se contemplan los aspectos positivos de la energía producido por la fisión del átomo. La fiabilidad en el suministro, las pocas fluctuaciones en el precio o la estabilidad en el suministro del combustible, explicaba en su intervención, ganan peso en un debate que, admitía, había venido poniendo el foco en los aspectos más controvertidos. En ningún otro ámbito económico la percepción social tiene la importancia estratégica que alcanza en el sector nuclear, refractario como pocos a los vaivenes políticos y obligado a contemplar plazos muy largos para amortizar las cuantiosas inversiones que implica la puesta en marcha de cualquier proyecto.  De hecho, ese marco más o menos intangible al que hacían referencia las palabras del presidente del Foro Nuclear español tenía ya el refrendo de iniciativas concretas que permiten hablar del recuperado protagonismo que el sector está teniendo dentro de las políticas energéticas globales, con Francia de nuevo como principal impulsor dentro de la Unión Europea. Por más que nada de lo anterior haya tenido repercusión alguna en el ámbito más cercano, en el que nada indica que vaya a ponerse en cuestión el actual programa de cierre de centrales, las inversiones anunciadas, e incluso el desmantelamiento de las centrales que dejen de funcionar, cotiza en el campo de las oportunidades para una industria auxiliar que cuenta en Cantabria con una nutrida representación, y que podría tener ahí una de los motores para la reindustrialización que dibujan los planes con los que Europa quiere hacer frente a la crisis pandémica y a la provocada después por la invasión rusa de Ucrania.

Operarios de la empresa cántabra Enwesa en tareas de mantenimiento en la central de Trillo

En Cantabria tiene su sede el único clúster que agrupa en España a empresas con una actividad que, en mayor o menor medida, se  vincula directamente con el sector nuclear. Creado en torno a Equipos Nucleares SA, empresa pública situada en los escalones más altos de la pirámide de proveedores del sector, el Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria (CINC) cuenta con una veintena de miembros que suman unos 200 millones de euros de facturación anual conjunta y dan trabajo a unas 1.500 personas. El perfil de los socios, que es también una muestra del catálogo de productos y servicios que demanda el sector, incluye fabricantes de equipos y componentes, centros tecnológicos y proveedores de servicios, además de la Universidad de Cantabria e incluso al operador de una instalación nuclear, la empresa Nuclenor, propietaria de la central de Santa María de Garoña. “Tenemos un perfil de industrias muy heterogéneo y altamente complementario y cooperativo. Entre nuestros socios contamos con grandes empresas, pymes y micropymes, todas asentadas en Cantabria”, resume María Vega, presidenta del clúster cántabro, que destaca varios puntos en común en todas ellas: “Cuentan con una gran capacidad de actuación, un importante valor añadido tecnológico y mucho potencial competitivo en el mercado nuclear”.

En su repaso a los proveedores cántabros del sector nuclear, la presidenta del CINC hace hincapié en el nivel de conocimiento y experiencia de las empresas del clúster. En ambas circunstancias –la competencia técnica y la referencia de los trabajos ya realizados– resulta decisiva la aportación de Ensa, no solo como impulsora de un parque de proveedores notable en número y capacidad de respuesta, sino por su posición dentro del mercado nuclear global. La empresa pública es proveedora directa de las ingenierías que construyen las centrales nucleares, incluso se sitúa algo más arriba en el escalafón en algunos proyectos que puede desarrollar con ingeniería propia. La fábrica de Maliaño, de hecho, pertenece a un club muy exclusivo, con no más de ocho plantas en todo el mundo con capacidad para competir con ella por los contratos que genera el mantenimiento y la construcción de centrales, solo otras dos de ellas en

María Vega, presidenta del Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria (CINC)

Europa. Esa posición ha hecho que la empresa participe en proyectos nucleares prácticamente desde los años en los que esta tecnología comenzó a desarrollarse, lo que a su vez ha dado lugar a que un número significativo de proveedores –muchos de ellos cántabros– haya acumulado una experiencia similar en ese tiempo. “El tejido industrial cántabro participa activamente en proyectos muy importantes”, recalca María Vega, que destaca la relevancia de algunos de estos contratos: “Abarcan desde nuestra presencia en las actuales plantas de producción (centrales nucleares de fisión) hasta actuaciones en las grandes instalaciones científicas de estudio de la fusión como ITER en Francia, fuentes de espaliacion, aplicaciones sanitarias en materia radiológica o aquellas destinadas al estudio de materiales especiales”.

Es desde esa posición desde la que la industria cántabra puede afrontar las oportunidades derivadas del renovado interés que lo nuclear despierta en las políticas energéticas, tanto dentro como fuera de Europa. Primero la crisis sanitaria y después ­–y sobre todo– la guerra de Ucrania han llevado a que vuelva a contemplarse esta energía como principal respaldo a las renovables, evitando así la dependencia de los combustibles fósiles importados desde fuera de la UE –con las implicaciones geopolíticas y el efecto sobre los precios que eso supone–, y cuyo uso implica además un nivel de emisiones de carbono incompatible con la lucha contra el cambio climático. “Nos encontramos en un momento singular con grandes perspectivas de interesantes oportunidades de negocio”, admite la presidenta del CINC.

Oportunidades

Con más rotundidad, si cabe, se expresa Fabien Berrier, un ingeniero francés asentado hace años en Cantabria, donde ha trabajado en proyectos vinculados con lo nuclear en empresas como Newtesol o la propia Ensa. En 2019 fundó Fabe Business Development, una consultora con sede en Torrelavega que trabaja captando proyectos de las ingenierías que trabajan para el sector nuclear en Francia, con el objetivo de encontrar empresas españolas que participen en su fabricación. “El volumen de proyectos que van a salir al mercado en los próximos años va a saturar la capacidad de fabricación que existe hoy en día, y la industria española, y la cántabra en participar, está magníficamente posicionada para aprovechar las oportunidades que van a generarse”, asegura. A Fabien Berrier le basta remitirse al programa nuclear francés para esbozar, en cifras, las dimensiones del desafío: el país vecino ha anunciado la construcción de seis nuevos reactores de última generación de aquí a 2035, lo que por sí solo podría movilizar una inversión de entre 24.000 y 30.000 millones de euros. Pero el programa anunciado por el presidente Macron no

Fabien Berrier, director de Fabe Business Development, una consultora con sede en Torrelavega que trabaja captando proyectos de las ingenierías que trabajan para el sector nuclear en Francia, con el objetivo de encontrar empresas españolas que participen en su fabricación.

descarta que el número de nuevas centrales se amplíe hasta las 14, lo que multiplicaría la inversión en una proporción equivalente. A esto habría que añadir los proyectos que generará la ya anunciada prolongación de la vida útil de los reactores existentes –los 56 franceses, pero también los tres belgas y probablemente los tres alemanas– que implicará igualmente inversiones de una cuantía sin parangón en cualquier otra industria, y todo ello sin salir de la UE: “Va a producirse un cuello de botella, porque a la construcción de nuevas centrales se une el final de la vida útil de las existentes, que comenzaron a funcionar en los años setenta y ochenta y cuyo cierre quiere ahora evitarse invirtiendo en su actualización”. La carga de trabajo que va a suponer todo esto, destaca el ingeniero francés, es enorme: “De hecho ya hay ingenierías que están reservando capacidades en los proveedores para poder hacerle frente”.

Ante ese previsible ‘shock’ de oferta, y la subida de precios que puede esperarse, la industria cántabra de proveedores se encontraría especialmente bien posicionada, y no solo por la proximidad geográfica con Francia. Por un lado, está la trayectoria vinculada a Ensa y a la labor del CINC, entre cuyos objetivos, destaca su presidenta, está la identificación de las fortalezas de las empresas asociadas y promover la agrupación y cooperación del tejido industrial para desarrollar y poner a disposición del cliente la solución al reto o necesidad que plantee. Pero es que además, destaca por su parte Fabien Berrier, la industria española tiene hoy unos mejores argumentos competitivos que la francesa, y también una mayor capacidad de producción. Un fenómeno este que, explica el director de Fabe Business Development, se debe a la confluencia de elementos vinculados con la coyuntura internacional con otros de naturaleza puramente biológica: “El accidente nuclear de Fukushima

Andrés García Fuentes, director técnico comercial de Santander Global Metal, agrupación de interés económico de la que forman parte seis empresas metalúrgicas cántabras.

coincidió con el relevo generacional en las industrias que habían participado en el desarrollo del programa nuclear de los setenta y ochenta. Esto, unido a las dudas que se plantearon sobre el futuro de la energía nuclear, hizo que estas empresas reorientaran su actividad hacia otros sectores”, relata Berrier, que destaca que con ello se perdió volumen de producción y parte del nivel de especialización que precisa un sector como este: “Ha habido categorías de producto para las que ha quedado prácticamente solo un par de proveedores, como en puertas blindadas o en la fabricación de puentes grúa específicos para nucleares. Pero el problema es generalizado e implica que los precios se hayan disparado y que se hayan alargado también los plazos de respuesta”. En paralelo a esa pérdida de competitividad del parque de proveedores del país vecino, en España seguía existiendo un sector industrial con experiencia en el sector o con capacidad para adaptarse a los requerimientos del sector, y ello con una flexibilidad mucho mayor que la que existe en el país vecino y con un coste que Berrier calcula que es un 30 por ciento inferior: “Todo esto hace que para las ingenierías que construyen las centrales en Francia sea muy interesante contar con proveedores españoles”, señala.

El catálogo de productos susceptibles de ser objeto de demanda por parte del sector nuclear está siempre conformado por series pequeñas, de imposible automatización y con elevados requerimientos técnicos, características que lo ponen relativamente a salvo de la competencia asiática y hacen particularmente interesante la ventaja competitiva que aportan los menores costes laborales españoles. A ello hay que unir, en el caso de Cantabria, la existencia de un potente sector metalúrgico y una sólida tradición industrial, incluso fuera de la nómina de proveedores de Ensa: “Tenemos la falsa percepción de que vivimos del turismo, cuando la industria aporta mucho más al PIB de Cantabria, y también más de lo que aporta la industria al conjunto del PIB español. Somos una región industrial, aunque a veces lo olvidemos”, recalca Fabien Berrier, que considera que en la región hay empresas con capacidad para optar directamente a los proyectos de las ingenierías nucleares francesas.

Secador primario para un generador de vapor de una central nuclear, en las instalaciones de la empresa cántabra Newtesol.

Santander Global Metal (SGM) es una agrupación de interés económico (AIE) que reúne a seis empresas metalúrgicas cántabras que trabajan habitualmente para los sectores de energía, industria, construcción y transporte, en proyectos complejos que integran ingeniería, construcción mecánica, soldadura especializada y montajes industriales. En el ámbito energético, su principal campo de actuación está hoy en el área de las renovables o el ‘oil &gas’, pero lo nuclear es un área de negocio con capacidad para tener un peso creciente en su cartera, dado el perfil de sus componentes. “SGM está en condiciones de brindar una amplia variedad de servicios, que abarcan los distintos procesos requeridos por el sector nuclear: ingeniería, acopio de materiales, mecanizados de precisión de grandes dimensiones, construcción mecánica, procesos especializados de soldadura y recargue, calderería mecanizada, recubrimientos electrolíticos y fabricación y montaje de tuberías”, repasa Andrés García Fuentes, director técnico comercial de esta AIE, cuya facturación vinculada al sector nuclear se mueve hoy en el entorno del 3,5% del total.

Por encima de lo que cuantitativamente pueda aportar hoy el trabajo para este sector, la oportunidad que puede suponer la reactivación de lo nuclear en el mundo, y particularmente lo que pueden suponer los planes franceses, abre un abanico de opciones que García Fuentes considera especialmente ajustadas a lo que oferta SGM: “El objetivo de internacionalización del grupo se alinea con la participación en proyectos de valor agregado desarrollados en Europa, con Francia entre los primeros destinos de interés para SGM, por lo que el beneficio puede ser notable si efectivamente se consolida la construcción de los nuevos reactores anunciados”.

Fortalezas y debilidades

En línea con lo expresado por María Vega y Fabien Berrier, Andrés García Fuentes destaca que las principales fortalezas de la industria cántabra para optar a proyectos dentro de este sector tienen que ver con la experiencia acumulada en trabajos previos: “Estar familiarizados con los estándares y altos requerimientos del sector nuclear representa una gran ventaja, en cuanto a los puntos de mejora, la exigencia de plazos ajustados podría originar solape con el resto de actividades y proyectos en marcha para otros sectores, que deben ser preidentificados para evitar dilaciones”, advierte.

Con todo, y por encima de cualquier otra circunstancia, la principal debilidad con la que lidian las industrias cántabras que operan en el ámbito nuclear tiene que ver con la escasez de trabajadores en los oficios más demandados, sobre todo soldadores y caldereros. Un problema común a todo el sector secundario cántabro pero que se agrava en el caso nuclear debido a sus especiales circunstancias: “Hay que asumir que tradicionalmente, y por cuestiones de imagen, no ha sido un sector especialmente atractivo”, admite Fabien Berrier, que en todo caso concede a esa circunstancia una importancia menor dentro del problema, al que otorga una dimensión de más calado, y también de resolución más complicada: “Hoy los jóvenes ni siquiera conocen lo que es un soldador o un calderero, y sobre todo no saben las posibilidades de desarrollo profesional que hay en esos trabajos”, asegura. Con ello, señala, se reduce el número de estudiantes que optan por cursar formación profesional en estas especialidades lo que, unido a lo que considera una mala adecuación de la oferta formativa a lo que demandan las empresas, plantea un enredo de muy complicado desenlace.

“La captación y retención del talento actualmente es un serio problema para el crecimiento de la industria cántabra en un sector como el nuestro”, confirma por su parte María Vega, que apunta algunas líneas de trabajo puestas en marcha por el clúster que preside para intentar paliarlo: “Desde cambiar la perspectiva de oportunidades del sector y hacerlo atractivo a los más jó́venes, hasta promover las oportunidades laborales una vez terminada su formación, ya sea técnica profesional o superior universitaria, pasando por lograr una mayor aportación empresarial en los planes de estudios”.

Trabajadores de Ensa posan ante la tapa de vasija de un reactor fabricado en la planta de Maliaño, con destino a una central estadounidense, en junio de 2019.

Fabien Berrier lamenta que ya hoy las empresas pierden oportunidades de crecimiento debido a las dificultades para acceder a la mano de obra necesaria –«prácticamente todas las empresas con las que hablo me dicen que podrían doblar o triplicar su actividad si contasen con trabajadores para ello”, dice–  pero sobre todo teme los efectos que esto va a tener de aquí a unos pocos años. Como en el caso de la pérdida de tejido industrial en Francia debido al relevo generacional, de nuevo se remite a la referencia del país vecino para adelantar el escenario al que se enfrentará España en un futuro próximo: “Allí el problema va por delante, porque los profesionales de esos gremios ya se han jubilado. En España va a pasar lo mismo, pero todavía estaríamos a tiempo de prepararnos para ello, aunque ya vamos muy justos”, advierte.

Que un soldador alcance la competencia y destrezas que requiere el sector nuclear, explica el director de Fabe Business Development, requiere de no menos de dos años una vez completados sus estudios, y de cinco o seis para alcanzar la excelencia. A partir de ahí, asegura, al trabajador se le abrirían una perspectivas de enorme atractivo, tanto por los retos profesionales que podría afrontar como por la remuneración que se paga en el sector. Dar a conocer esta realidad a los alumnos que deben decidir hacia dónde orientar sus estudios sería una de las líneas de actuación para afrontar la escasez de trabajadores actual y la que se espera a medio y largo plazo. Otra sería actuar sobre la oferta formativa, algo que –teme Fabien Berrier– difícilmente tendrá efectos el corto espacio de tiempo con que se cuenta, teniendo en cuenta los plazos con los que se maneja la administración.  “Si la formación reglada no da una respuesta, la solución podría ser que las propias empresas pusieran en marcha planes formativos a medida. En este sector las certificaciones son más importantes que los títulos, y ahí la iniciativa privada puede poner en marcha iniciativas con resultados rápidos y a la medida de lo que necesita el sector”, concluye el ingeniero francés.

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Walacar y Walamove fijan su base en Cantabria

Santander acoge la sede operativa de un proyecto que busca explorar todas las posibilidades del renting de vehículos para cubrir cualquier demanda en el ámbito de la movilidad, tanto para particulares como para empresas. Vinculada accionarialmente con el grupo Palausa, que cuenta en la región con los concesionarios Autopalas y Ramón González, la nueva empresa opera de forma completamente independiente y prevé hacer valer las ventajas de su condición local para hacer frente a las multinacionales, tanto en Cantabria como en las provincias a las que tiene previsto extender su actividad en los próximos meses, primero mediante delegaciones propias y luego a través de una máster franquicia. Un crecimiento que se gestionará desde Cantabria, donde trabajan ya siete personas.

Como sucede en otras sectores en plena transformación, en el de la movilidad se suceden las iniciativas que buscan atender a un mercado al que difícilmente puede darse respuesta ya con los estandarizados catálogos habituales hasta no hace tanto. Una de las últimas concede a Cantabria la condición de base sobre la que asentar un proyecto al que sus promotores conceden un notable potencial de crecimiento: el ‘renting’ de vehículos que, a través de las marcas Walacar y Walamove, busca cubrir el cada vez más amplio y diverso abanico de necesidades que pueden presentárseles a los usuarios, sean estos particulares o empresas. Desde una perspectiva más tradicional en el caso de Walacar, y con Walamove en condiciones de completar la oferta con prácticamente cualquier fórmula que pueda plantearse, la empresa dio sus primeros pasos hace un año, con la habilitación de una sede comercial en el polígono de Parayas, en Santander, para, ya a partir de este pasado mes de enero, estar en condiciones de atender a clientes cántabros en ‘rent a car’ y suscripciones, y a los de cualquier punto de España en el servicio de renting de largo plazo. Desde Cantabria se tutelará además la expansión del proyecto, de acuerdo a unos planes que a corto plazo contemplan tener presencia en prácticamente todas las provincias del norte de España mediante oficinas propias, para posteriormente continuar creciendo como máster franquicia.

Los antecedentes del proyecto que hoy se dirige desde Cantabria hay que buscarlos en Palencia, y en la empresa con la que el grupo Palausa –propietario de concesionarios de varias marcas de automoción en Castilla y León, y también en Cantabria– ofrecía renting a largo plazo, un servicio habitual en las empresas de venta de vehículos con el que se busca tanto ampliar las opciones que se ofrecen al cliente como generar sinergias con el resto de actividades del concesionario. En 2020 el grupo decide ampliar los objetivos de la empresa, otorgándole entidad propia para a partir de ahí configurar una oferta desvinculada de la actividad de venta y con capacidad para ampliar el catálogo más allá del renting a largo plazo. Para dirigir el proyecto, los responsables de Palausa pensaron en José Antonio Arderius, un profesional cántabro con una larga trayectoria en el sector de la automoción que en ese momento trabajaba en Vitoria: “Solo puse dos condiciones para aceptar: había que buscar una nueva denominación comercial para la empresa, y la sede tenía que estar en Cantabria”, explica Arderius, ya en las oficinas de la avenida de Parayas, en Santander, donde desde junio de 2021 dirige Walacar y Walamove, los nombres bajo los que ahora opera Pisuerga Renting.

Oficina de Walacar-Walamove en Santander. En la sede cántabra de la empresa trabajan siete personas.

En la sede cántabra de Walacar y Walamove trabajan actualmente siete personas, que gestionan una flota de un centenar de vehículos, todos ellos destinados al alquiler a corto plazo y las suscripciones. El renting tradicional a largo plazo, que permite disfrutar de un vehículo a cambio de una cuota mensual, se gestiona casi en su totalidad digitalmente, por lo que tiene unos requerimientos de personal y de espacio menores. El cliente –particular o empresa– contrata el servicio, para periodos que van desde los 24 a los 60 meses, y un conductor se lo entrega en cualquier punto de España. En el caso del alquiler a corto plazo o las suscripciones –un producto a medio camino con el renting, que permite contratar en periodos más cortos de los que oferta ese servicio, pero a precios más ajustados que en los contratos por horas o días– la recogida y entrega del  vehículo se realiza en las instalaciones, un vínculo con el entorno más cercano al que la empresa da también una relevancia estratégica: “El cliente de Walamove es local y turístico, y consideramos que es clave ofrecerle una atención cercana y personalizada, que se adapte a cada caso”, recalca José Antonio Arderius.

Tanto por la vinculación entre las delegaciones y el mercado local, como por el potencial que se concede al producto, los planes de crecimiento de la empresa conceden el máximo protagonismo a Walamove, la marca que identifica el alquiler a corto plazo y el amplísimo abanico de servicios con los que quieren cubrirse las necesidades asociadas a las nuevas formas de movilidad. Como marco, señala el director de la empresa, están la transformación que se está dando en la relación que el usuario tiene con su vehículo: “La pandemia ha acelerado un cambio de paradigma brutal, que ha llevado a que se interioricen las ventajas del pago por uso”, explica José Antonio Arderius que, aunque admite que esa tendencia está llegando al automóvil con más dificultad que a otros productos, considera que hay factores que permiten augurar una demanda creciente de los servicios que ofrece su empresa: “La mayor parte de los automóviles pasan la mayor parte del tiempo aparcados, y ante eso hay cada vez más personas conscientes de que la compra no es la mejor opción para resolver sus necesidades de movilidad”.

Ofrecer alternativas a la propiedad ha sido el principal objeto de negocio del renting tradicional, un servicio de uso relativamente habitual en las empresas pero mucho menos utilizado por los particulares. Aunque tanto el cambio de paradigma que menciona Arderius como las propias circunstancias económicas están favoreciendo también que exista una mayor demanda de este producto, el director de Walacar y Walamove considera que el principal potencial de crecimiento corresponde a las nuevas formas de alquiler, más capacitadas para adaptarse a cualquier tipo de pago por uso: por temporadas, por días e incluso por horas o por trayecto. Son fórmulas, explica, que permiten la máxima flexibilidad, que ponen al usuario a salvo de incertidumbres, sabiendo que en cada momento podrá contar con el vehículo adecuado a lo que necesita: “El coche que usas cada día puede no ser el más adecuado para un viaje largo en vacaciones, o el que compras hoy puede tener mañana problemas para acceder a determinadas ciudades por las restricciones legales. El pago por uso te pone a salvo de todo eso, y evita que puedas verte atrapado por la inversión de 20.000 o 30.000 euros que cuesta la adquisición de un vehículo”.

Para atender ese mercado en expansión, y para hacer frente a la competencia de las grandes empresas –muchas veces multinacionales– que operan en él, la doble oferta de Walacar/Walamove se apoya en argumentos como la cercanía, la claridad de la oferta y la agilidad en el servicio: “En otras empresas los precios cambian cada día, de manera que hoy puedes pagar el doble de lo que pagarías mañana, nosotros en cambio tenemos tarifas estables y transparentes, en las que por ejemplo incluimos el seguro a todo riesgo y la asistencia”, detalla José Antonio Arderius, que recalca además la importancia que dan al trato directo y al conocimiento del cliente local: “Para nosotros es básico, de ahí que en la expansión de Walamove contemplemos siempre contar con bases físicas en los lugares donde ofrezcamos nuestros servicios, y gestionadas con profesionales que conozcan perfectamente el entorno en el que trabajan”.

Un ejemplo de esa vinculación con lo más cercano es el acuerdo alcanzado con Armoni Car, empresa cántabra que ofrece servicios del alquiler de vehículos con conductor y que, a resultas del convenio firmado hará el traslado de los clientes de Walamove entre el aeropuerto y la base de esta, para la recogida del vehículo y para tomar su vuelo tras entregarlo.

La empresa tiene su oficina en la planta superior de Autopalas, uno de los dos concesionarios –el otro es el torrelaveguense Ramón González y Hermanos– con que cuenta el grupo Palausa en Cantabria. Pese a esta circunstancia, y a la vinculación accionarial, Arderius destaca que Walacar/Walamove opera de forma independiente del grupo, defendiendo su propia cuenta de resultados y con autonomía estratégica. En términos de comercialización, la contratación del servicio se realiza actualmente a través de teléfono y web, aunque está ya muy avanzado el desarrollo de una app móvil que, además de facilitar esa contratación, permitirá explorar todas las potencialidades del pago por uso. “El renting tradicional tiene todavía margen para crecer, pero donde esperamos que se produzcan los crecimientos más importantes es en el pago por uso, por todo lo que puede ofrecer. Walamove es el futuro”, concluye José Antonio Arderius.

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El lento retorno de la VPO

Después de dos años en los que no se produjo ni una sola incorporación al parque de viviendas protegidas de Cantabria, en 2020 y 2021 se han vuelto a entregar pisos alternativos a los del mercado libre en la región: 32 y 96 respectivamente, cifras muy modestas si las comparamos con las que se registraban hace una década, pero que tienen la virtud de romper una tendencia que apuntaba a la desaparición de esta categoría.

Son el principal recurso público para cumplir con el derecho constitucional a una vivienda digna pero también, y a tenor de las cifras, una excepción dentro de un mercado inmobiliario que parece haberles dado la espalda tanto desde el lado de la demanda como, sobre todo, desde el de la oferta. Las viviendas con algún grado de protección, las VPO según las iniciales con las que siguen siendo mayoritariamente conocidas, se promovieron en cantidades notables en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la crisis de 2008, para dejar progresivamente de hacerse en los siguientes hasta moverse en cifras residuales al final de la pasada década. Siempre una excepción dentro del mercado inmobiliario, las viviendas alternativas al mercado libre han registrado un tímido repunte en los dos últimos años.

Obras de construcción de las VPO que promueve la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander en la calle Alta, y que serán las próximas en incorporarse al parque cántabro de viviendas protegidas.

Cantabria no formalizó ni una sola calificación definitiva de VPO –el trámite administrativo por el que se confirma la condición protegida de una vivienda terminada– en los años 2018 y 2019, después de haberlo hecho solo con una veintena en 2017. Este último fue también el año en el que este dato tocó fondo en el conjunto de comunidades autónomas, con únicamente 4.938 VPO calificadas como tales en toda España. La estadística española empezó a remontar entonces, pero para que la de Cantabria hiciera lo mismo hubo que esperar a 2020, cuando se entregaron las primeras viviendas protegidas en dos años.

Desde entonces han sido 128 las viviendas que se han incorporado al parque de VPO de la región, a razón de 32 en 2020 y 96 en 2021. Todavía sin aparecer en las estadísticas estarían las 120 entregadas este año en San Román de la Llanilla, en Santander.

El final de las ayudas a la construcción, la pérdida de atractivo del precio y las dificultades de financiación están detrás de la pérdida de interés por la VPO, tanto por parte de los promotores como de los compradores, que encontraban un similar nivel de dificultad para acceder a estas viviendas del que se sufría en el mercado libre. Alguno de estos elementos están en pleno proceso de cambio, pero el principal, la disponibilidad de recursos públicos para facilitar la promoción de estas viviendas sigue siendo una incógnita.

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Ecolabora traza el círculo del reciclaje textil

La apertura en Torrelavega de la segunda tienda de Koopera Store en Cantabria refuerza la visibilidad del proyecto de economía social de Cáritas, que gestiona la recogida de ropa usada, su clasificación y recuperación y su vuelta al mercado a través de los dos establecimientos con que ahora cuenta en la región. Fundada en 2012, Ecolabora Cantabria SLU es una empresa de inserción social que da trabajo a 15 personas y que facturó el año pasado 521.000 euros, la mayor parte de ellos procedentes de la venta de las prendas recicladas. Tras el parón registrado el año de la pandemia y la vuelta a los beneficios el pasado ejercicio, los objetivos que manejan sus responsables pasan por mejorar las estructuras productivas y de inserción, tanto en el apartado de comercialización como incorporando tecnología a los sistemas de recogida y gestión, una actuación esta última que a corto plazo supondrá la instalación de sensores en los 178 contenedores con que cuenta en la región para optimizar rutas y costes.

Cristina Bartolomé |  @criskyra | Junio 2021

Transformar los roperos tradicionales de Cáritas en una empresa socialmente responsable y exitosa es posible. La entidad de acción caritativa y social ha abierto una nueva ‘Koopera Store’ en Torrelavega que, junto a la ya existente en Santander, se convierte en la segunda tienda del proyecto empresarial textil Ecolabora Cantabria SLU, la sociedad mercantil que creó la entidad benéfica en 2012. No es un mero negocio de ropa de segunda mano, sino parte de un proyecto de inserción laboral sustentado en los conceptos de consumo responsable, cuidado del planeta y responsabilidad social, con el convencimiento de que las cosas se pueden hacer de manera diferente. El proyecto da continuidad de forma más profesional a la actividad que ya venía desarrollando durante décadas: la reutilización de la ropa para personas con necesidades. Su apuesta incluye la creación de empleos para personas en situación de vulnerabilidad y ofrece ropa gratuita o a precios muy económicos, respetando la capacidad de elección de las personas vulnerables, con el objetivo de reforzar así su autoestima.

La tienda de Koopera Store en Santander. El comercio es el último paso en la economía circular que persigue el proyecto Ecolabora, en el que se unen los objetivos medioambientales con los sociales y de empleo.

Francisco Manuel Sierra Gutiérrez, gerente de Ecolabora Cantabria, recuerda que el proyecto fue pionero en la región, realizando una recogida selectiva del residuo textil y creando empleo de inserción. Por ello lo define como una iniciativa que genera conciencia social: “Porque es una forma de negocio diferente, que sitúa a la persona en el centro de su acción, formándola desde el propio puesto de trabajo con todas las garantías legales de un empleo digno, en el que se elabora y consensua entre el propio trabajador y el educador social un itinerario de inserción sociolaboral con carácter anual y por un periodo no superior a tres años”. También forman parte de este círculo virtuoso, asegura, quienes entregan las prendas en los contenedores instalados en diferentes puntos de la región –que favorecen, dice, un “reciclaje responsable”– e igualmente lo hacen los clientes de las tiendas Koopera Store que, por sus circunstancias económicas o sociales, no pueden acceder a la compra de ropa y calzado nuevos: “Nosotros le ofrecemos un producto de calidad reutilizado, en un entorno normalizado”.

Un negocio diferente

Teniendo en cuenta que se trata de una empresa de inserción con un claro objetivo social, cabe preguntarse si, como cualquier otra, persigue obtener beneficios. Francisco matiza que la rentabilidad de este tipo de negocios se basa en parámetros que difieren de un negocio empresarial al uso, de manera que prima la rentabilidad social y ecológica sobre los beneficios económicos: “Es un negocio rentable en la medida en que nos permite mantener y generar nuevos puestos de trabajo. Si la rentabilidad la medimos en el reparto de beneficios, no es una empresa rentable, porque el reparto de beneficios no se produce”, explica Francisco, aunque, añade “es cierto que sin la generación de ingresos el proyecto no sería sostenible, como cualquier empresa”.  Según el gerente de Ecolabora Cantabria, actualmente el resultado económico es positivo gracias a que la sociedad cada vez está más sensibilizada con el reciclaje de los residuos, en este caso del textil, y con un consumo responsable. En esta transformación tienen un lugar importante las propias tiendas Koopera Store: “Son la herramienta que transforma, a través de los ingresos generados por la venta de ropa, la sensibilidad social”.

La clave entonces está en el destino del retorno económico, y este no es otro que la propia creación de empleos: “Cuando se generan excedentes netos positivos, como es el caso del ejercicio 2021, al menos el 80% de éstos son destinados a la mejora o ampliación de las estructuras productivas y de inserción, sin realizar en ningún caso reparto entre los socios. Así lo establece la Ley 44/2007, de Empresas de Inserción y los propios Estatutos Sociales”.

Beneficios al alza

Las cuentas de 2021 arrojaron un saldo positivo de 37.517 euros, un resultado que viene a compensar el balance económico negativo del año anterior, cuando las cuentas se vieron afectadas por la pandemia. La tienda Koopera Store de Santander estuvo cerrada por el confinamiento, con lo que ello supuso en las ventas. “Después, como al resto de sectores, nos costó un poco remontar”, explica el gerente de Ecolabora Cantabria.

Francisco Manuel Sierra Gutiérrez, gerente de Ecolabora Cantabria.

En cuanto a los datos de 2020, el instrumento para la inserción social a través del empleo de Cáritas Diocesana de Santander tuvo el año de la pandemia unos ingresos totales de 521.613 euros. La mayor parte, 454.220, procedentes de las ventas realizadas, 47.917 euros corresponden a subvenciones y 19.475 euros se obtuvieron por servicios prestados. El saldo arrojó 19.229 euros en negativo. La inversión por parte de Ecolabora Cantabria fue de 540.842 euros. Destinados a personal fueron 258.471 y 282.371 en el desarrollo de la propia actividad.

Actualmente, Ecolabora Cantabria SLU tiene una plantilla de quince trabajadores, de los cuales el 60% son empleos de inserción. Los perfiles profesionales se corresponden con dependientes, auxiliares de dependiente, mozos de almacén y conductores. Además, se cuenta en los puestos de estructura con un responsable de servicio, un educador y un conductor. Los empleos se generan en función del volumen de recogida, del tratamiento del residuo y de las ventas de la ropa reutilizada a través de las tiendas. “En la medida en que los volúmenes de las diferentes líneas de trabajo aumenten, porque la sociedad esté más sensibilizada, se crearán nuevos puestos que den respuesta a esa necesidad”, prevé el gerente de esta empresa de inserción.

Los criterios para incorporar trabajadores se basan en la propia ley de Empresas de Inserción, que establece que a partir del cuarto año de actividad al menos el 50% de los trabajadores han de estar inmersos en procesos de inserción. Quienes se incorporan a la plantilla deben ser personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los servicios públicos de empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, una situación que ha de ser avalada por un informe técnico de los servicios sociales competentes en la materia.

Proyectos a la vista

La nueva tienda en Torrelavega, la segunda en la región, ha supuesto un esfuerzo para Ecolabora Cantabria, admite Francisco Sierra,  que señala que será necesario evaluar su desarrollo antes de pensar en nuevas aperturas. Pero trabajar en la inserción de personas de difícil empleabilidad  significa no bajar la guardia y el gerente de Ecolabora avanza que, a corto plazo, el reto será el I+D: “Esta es una empresa abierta a la evolución, tanto tecnológica como comercial”. En ese marco, Ecolabora tiene previsto instalar sensores en los ciento setenta y ocho contenedores ubicados en la comunidad autónoma, con el objetivo de optimizar rutas y costes: “El poder controlar el llenado de los contenedores desde una aplicación informática va a suponer un gran avance cualitativo y cuantitativo en cuanto a una parte de la gestión del residuo textil”.

Probablemente por la influencia del sector de la moda, la compra de ropa de forma recurrente para adecuar la forma de vestir a las tendencias de cada momento ha generado el surgimiento de tiendas y sistemas ‘on line’ de venta de prendas de segunda mano. Pero al tiempo flota en el ambiente una concienciación social sobre las necesidades de personas y familias con dificultades económicas para quienes vestirse a tono con las pasarelas no es precisamente la primera preocupación. “Estamos avanzando en la aceptación de nuevas formas de generar recursos para familias con necesidades. Nos queda mucho camino por recorrer, pero también llevamos mucho camino recorrido si miramos hacia atrás, y Ecolabora Cantabria es ejemplo de ello”, señala el gerente de de la empresa, que recuerda que la sociedad puede colaborar siendo parte del proyecto: “Se es parte del mismo creyendo en él, creyendo en las oportunidades para personas que viven en contextos bastante complicados. Se colabora reciclando ropa, comprando ropa de segunda mano”.

Hitos de un proyecto que cumple una década

Ecolabora nace en el año 2012. Caritas Diocesana de Santander decide dar un impulso empresarial a una actividad voluntaria en los roperos de las parroquias, con un triple objetivo: -Gestionar de manera eco-responsable las donaciones de ropa. -Generar empleo para personas de difícil empleabilidad. -Normalizar la entrega de la ropa facilitando la autonomía y la libertad de elección de las personas. Se dotó al proyecto de una estructura jurídica y organizativa, Ecolabora Cantabria SL, la primera empresa de inserción en Cantabria, regulada por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, con tres líneas de trabajo: -La recogida de residuo textil en contenedores ubicados en más de cuarenta y cuatro municipios. -La clasificación del residuo textil y su preparación para la reutilización en la planta ubicada en Heras. -La reutilización a través de las ventas generadas en las tiendas de la calle Cádiz, 9 (Santander) y calle José María Pereda, 23 (Torrelavega). Cuando se constituyó Ecolabora Cantabria, contó con dos socios, la red Social Koopera, que aportó su experiencia de veinte años en la gestión de residuo textil, y Cáritas Diocesana de Santander. La estructura empresarial ha cambiado. Actualmente, Ecolabora es exclusivamente de Cáritas Diocesana de Santander y Red Social Koopera ya no es socio. La razón, explica el gerente de Ecolabora Cantabria, es que desde Cáritas Española se ha impulsado una gran iniciativa que es Moda re-, que aglutina todos los proyectos liderados por Cáritas Española: “Moda re- ha aglutinado todos estos proyectos creando un gran proyecto de referencia de la clasificación del residuo textil y la generación de empleo de inserción desde iniciativas de economía social”. Que Caritas sea ahora el socio único, añade, no significa que trabaje el solitario: “Tanto Ecolabora, como Red Social Koopera, como otros proyectos, forman parte de Moda re- y para poner en marcha las tiendas hay servicios que se prestan desde la cooperativa Moda re- a todos sus socios cooperativistas, y quien lo presta en Cantabria es Red Social Koopera, como miembro de Moda Re”.

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Atecsol se traslada para impulsar su crecimiento

La empresa cántabra, dedicada a la fabricación de equipos industriales y al recargue por soldadura, se muda a unas nuevas instalaciones que amplían la capacidad para acoger proyectos de mayores dimensiones y permiten habilitar un área limpia para trabajar con materiales especiales. La operación ha incluido además la adquisición de medios y la incorporación de profesionales y personal técnico para dar un nuevo impulso a la fabricación de intercambiadores de calor, una línea en la que la empresa ya había trabajado anteriormente pero que ahora ganará protagonismo como punta de lanza para continuar creciendo en los mercados exteriores. Con una actividad muy diversificada en productos, clientes y sectores, Atecsol ha conseguido mantener un crecimiento sostenido en su volumen de negocio pese a las consecuencias que la crisis sanitaria ha tenido en los mercados y en el coste de las materias primas.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2022

Apenas cinco años después de su anterior traslado, y por motivos similares a los que motivaron aquel, Atecsol culminó el pasado mes de febrero una nueva mudanza con la que busca liberarse de la falta de espacio que encorsetaba su crecimiento. Si en 2016 el cambio fue de Gajano a Trascueto, en esta ocasión el viaje ha sido más corto, con destino dentro del mismo polígono camargués, pero el salto en cuanto a espacio y capacidades ha sido mucho mayor de lo que fue entonces, abriendo un abanico de posibilidades que da pie a hablar de la apertura de una nueva etapa dentro de la empresa.

Enrique Abad, director gerente de Atecsol.

Las nuevas instalaciones de Atecsol, separadas apenas unos cientos de metros de las que ocupaba anteriormente, cuentan con más de 4.000 metros cuadrados de superficie, lo que supone sumar casi un 60% a las dimensiones que tenían las antiguas. Siendo esto notable, la principal ventaja tendría que ver no tanto con lo cuantitativo sino con la disposición y posibilidades que ofrece la nueva ubicación, distribuida en dos naves perfectamente equipadas y con una distribución y organización de espacios y trabajos perfectamente adecuada a las necesidades de la empresa. “Lo que había aquí anteriormente era una empresa de calderería, como nosotros, y eso es una gran ventaja”, resume Enrique Abad, gerente de Atecsol.

Atecsol Welding Aplications, la denominación comercial con la que opera la empresa, cuenta con dos áreas de negocio que, aunque muchas veces complementarias, son perfectamente diferenciables en términos estratégicos y de producto: la fabricación de equipos industriales –la calderería propiamente dicha– y el recargue por soldadura. Las nuevas instalaciones permiten habilitar espacios distintos parapara cada una de ellas y, en el caso de la dedicada al recargue, con un área limpia que mejora la capacidad de la empresa para trabajar con materiales especiales y le permite subir varios escalones en un mercado caracterizado por sus altos niveles de exigencia. En este área de negocio las principales ventajas del traslado tienen que ver con esa optimización de espacios, y no tanto con un aumento de capacidad que, a diferencia de lo que sucedía en el área de fabricación, no se veía comprometida en las antiguas instalaciones. En esta última sí que son evidentes las ventajas de contar con más espacio, un elemento este que es fundamental para poder optar a trabajos de más envergadura, entendido este concepto en todas sus acepciones: “Allí estábamos limitados a unos 15 o 18 metros, aquí podemos hacer equipos de hasta 30 metros de longitud”, explica Enrique Abad, que recuerda los problemas que tuvieron en las anteriores instalaciones para conseguir sacar alguno de los equipos que fabricaron: “Ahora mismo tenemos un equipo que vamos a poder terminar aquí, y que no hubiéramos podido hacer en la otra nave”.

A las ventajas que aportan las mayores dimensiones, o a las que tienen que ver con la organización de espacios y del trabajo en fábrica, hay que unir otras de carácter estratégico, relacionadas con las posibilidades de llegar a nuevos mercados y clientes. La más clara, y la que tiene una relación más directa con el traslado, es la posibilidad de potenciar la línea de fabricación de intercambiadores de calor, un producto que no es desconocido para Atecsol pero que hasta ahora tenía un peso reducido en su catálogo. El traslado a las nuevas naves ha incluido, además de la mayor superficie y la mejora de equipamientos, la incorporación de cinco trabajadores de Kelvion Thermal Solutions, la empresa que utilizaba esas instalaciones hasta que cesó su actividad, y que tenía precisamente en los intercambiadores de calor el núcleo de su negocio. “Hemos contratado técnicos y personal de planta de la antigua empresa, y eso nos va a permitir potencial esa línea de producto, que era residual para nosotros. No puede decirse que sea una línea nueva, pero casi”, explica el gerente de Atecsol, que considera que con ello se abren nuevas oportunidades para potencial la presencia de la empresa en el mercado internacional y en el sector nuclear: “Nos va a permitir poner el foco en este producto para atender mercados en los que hasta ahora no estábamos”.

El área de fabricación de Atecsol realiza trabajos para el sector químico y petroquímico, en los que su presencia está muy asentada y donde los intercambiadores de calor abrirán nuevas posibilidades para reforzar esos vínculos. Los responsables de la empresa esperan además que surjan oportunidades en clientes vinculados a la energía renovable, el hidrógeno o el sector nuclear, en las que el aumento de capacidad que ofrecen las nuevas instalaciones, unida a la ampliación del catálogo con la nueva línea de intercambiadores, mejorará las posibilidades de Atecsol para competir por proyectos a los que antes no tenía posibilidades de acceder.

Atendiendo a su aportación al volumen de negocio, la línea de fabricación sería, como mucho, la principal de las dos entre las que se reparte la actividad de Atecsol, si bien las características del recargue por soldadura hacen que su peso estratégico se sitúa muy por encima de ese 30% en el que aproximadamente se mide la proporción de facturación que llega por esta vía. El recargue por soldadura es un procedimiento por el cual se aplica un recubrimiento anticorrosivo sobre una pieza, normalmente de acero al carbono o acero aleado. Se trata de un procedimiento muy técnico que obliga a homologar procedimientos distintos para cada combinación de materiales, y acreditar cada uno de ellos. Como referencia, explica Enrique Abad, Atecsol cuenta con 350 procedimientos homologados, una cifra que si atendemos a lo invertido en cualificación para cada uno de ellos, sumaría unos 500.000 euros, según los cálculos que realiza el director de Atecsol: “Esto nos genera una clara diferenciación cuando salimos al mercado. Abarcamos prácticamente todos los materiales, incluidos algunos tan complejos y específicos como el titanio o el zirconio”, explica.

Trabajos de recargue por soldadura, en el área dedicado a ello en las nuevas instalaciones de Atecsol

Aunque el área de recargue por soldadura no tenía ningún problema de espacio en las antiguas instalaciones, el traslado también ha supuesto una clara mejora para esta línea de negocio. La distribución de la nueva sede en dos naves distintas permite dedicar una de ellas –de 600 metros cuadrados– en exclusiva para el recargue por soldadura. Esta segunda nave también alberga un área limpia para trabajos en acero inoxidable y ‘exóticos’ : “Nos da un plus, no es habitual que empresas de calderería tengan una zona exclusiva para trabajar estos materiales especiales, con la garantía que ello aporta para atender a un mercado que es muy exigente en términos de garantía”, destaca el director de Atecsol.

Las nuevas instalaciones, que han supuesto una fuerte inversión en infraestrcutura y medios –la mayor entre las que ha acometido la empresa en su historia– se convierten así en la base sobre la que la empresa espera asentar una estrategia de crecimiento que contempla tanto un incremento en los sectores en los que ya está presente como, sobre todo, encontrar nuevos clientes para proyectos donde hasta ahora no había posibilidad de entrar. Por las características del producto y de los mercados a los que atiende, Atecsol es especialmente competitiva allí donde existen altos requerimientos y es posible entrar con productos de mucho valor añadido. Es un perfil en el que encajan perfectamente sectores como el químico y el petroquímico, donde la empresa cántabra tiene ya una sólida presencia, y también aquellos donde detecta un mayor potencial de desarrollo, como las renovables, el hidrógeno o los biocombustibles: “Son muy interesantes por las oportunidades que ofrecen, y también porque lo que demandan se ajusta perfectamente al tipo de empresas que somos, porque en sus proyectos se conjugan la fabricación de equipos de intercambio de calor y los recargues. Esos serían los contratos estrella”, explica el director de Atecsol, que destaca que se trata de actividades que además permitirán dar un renovado impulso a la internacionalización de la empresa.

Además de los efectos sobre la demanda, las cadenas de suministro y, en general, sobre la situación económica, los dos últimos años han supuesto una paralización de los esfuerzos comerciales, algo que la empresa cántabra espera retomar si las nuevas incertidumbres provocadas por la situación internacional no lo impiden. En esa tarea, y al calor de lo que aportan las nuevas instalaciones y la ampliación del catálogo de producto, Atecsol pone el punto de mira en el mercado exterior: “Llevamos muchos años trabajando en Europa, pero ahora tenemos la oportunidad de dar un nuevo salto para el que no vamos a circunscribir la labor comercial a España, nuestro objetivo es crecer fuera”, asegura Enrique Abad, que aunque prevé que los principales esfuerzos se concentrarán en el viejo continente, considera que igualmente habrá posibilidades de acceder a proyectos en otras zonas geográficas desde las que ya han recibido consultas, en concreto en países como Sudáfrica y Nueva Zelanda.

Tanto en fabricación como en recargue por soldadura, Atecsol compite en mercados en los que el precio es un factor clave para hacerse con los proyectos, pero no el único ni el prioritario: “Antes de que puedas llegar a presentar una oferta tienes que demostrar tu capacidad técnica, que tienes el conocimiento y el ‘know how’ necesario. ¿Cómo? Con certificaciones, presentando una lista de los proyectos en los que has participado… Los clientes además requieren auditorías, inspecciones… Todo eso va por delante del precio”, destaca el director de Atecsol, que admite que todos esos factores reducen notablemente el número de potenciales competidores, entre los que no es previsible encontrarse con recién llegados que presenten ofertas a la baja: “Eso implica que nuestros precios sean más altos que los de una industria más básica, pero también son más altos nuestros costes. Al final somos competitivos porque tenemos la capacitación necesaria y unos costes controlados”.

Aun con los condicionantes que las anteriores instalaciones suponían para el crecimiento, y pese a las consecuencias de la crisis sanitaria, Atecsol ha venido registrando incrementos sostenidos en su cifra de negocio durante los últimos cinco años, hasta cerrar 2021 en el entorno de los cinco millones de euros. Esta evolución se ha producido en un entorno no especialmente favorable, en el que el aumento del precio del acero, y en menor medida el de la energía, han condicionado la actividad, pero no han conseguido frenar una tendencia que, según el director de la empresa, es resultado de una trayectoria que viene de muy atrás en el tiempo: “Estamos recogiendo lo que hemos sembrado. La claves es la diversificación sectorial, de producto, de clientes y la apertura constante a nuevos mercados”. Esto, admite, implica una gran complejidad de gestión y el empleo de unos recursos técnicos que van más allá de lo que correspondería a una empresa de fabricación, con el consiguiente estrechamiento de márgenes. “A cambio, con todo eso tienes un pequeño colchón, que hace que cuando un sector falle, otro lo compense. Eso es lo que ha sucedido estos dos últimos años”, explica el director de Atecsol.

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El laberinto del coche eléctrico

A falta de desarrollar otras tecnologías, el fomento de la movilidad con vehículos sin emisiones tiene a los automóviles movidos por electricidad como únicos actores de un reto que choca con el obstáculo de su precio, su limitada autonomía y la todavía escasa red de puntos de recarga. Un Real Decreto del pasado mes de diciembre incide sobre este último punto al establecer la obligatoriedad de montar postes para la carga en todos los edificios de uso no residencial que cuenten con más de veinte plazas de aparcamiento, ya sea en su interior o en un espacio exterior acotado. La norma, que afectaría a edificios de la administración pero también a centros comerciales, hoteles o fábricas, marca como plazo máximo para hacerlo el 1 de enero de 2023. Aunque ya hay iniciativas en marcha y existen fórmulas variadas para financiar las instalaciones, incluso a coste cero, quienes trabajan en estos proyectos creen que sera my complicado porder cumplir esos plazos.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2022

Como en otros ámbitos en los que las tecnologías emergentes compiten con otras que han madurado a lo largo de décadas, se diría que los vehículos eléctricos combaten en una guerra que tienen perdida de antemano. Incluso con la aportación de las ayudas públicas, su precio de adquisición sigue por encima de los modelos equivalentes que utilizan combustibles fósiles, su autonomía compromete las condiciones de uso en desplazamientos largos y, unido a todo ello, la red de puntos de recarga continúa siendo escasa y obliga a planificar al detalle cualquier viaje que se salga de las rutas conocidas, pues habrá que prever dónde detenerse durante los muchos minutos que, en el mejor de los casos, tendrá que estar enchufado el vehículo. Frente a esto se contrapone el argumento de la sostenibilidad, las cero emisiones mientras circulas y las ventajas a las que ello da lugar cuando se trata de acceder a centros urbanos donde cada vez estarán más limitadas las posibilidades de moverse en coches con motores de combustión, sin olvidar la conciencia medioambiental de cada cual. De lo anterior, y a un ritmo lento pero con tendencia a acelerarse, está surgiendo un mercado que empieza a captar la atención de los fabricantes y también, cada vez en mayor medida, de las empresas energéticas, las principales interesadas en ampliar la red y preparar un escenario en el que tendrán que buscar un relevo a los hidrocarburos en los que hoy siguen basando buena parte de su negocio.

Un coche eléctrico repostando en uno de los postes de recarga instalados en la vía pública, en este caso en una calle de Santander.

La extensión de la red de postes de recarga para vehículos eléctricos es también el objetivo del Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre que, junto a otras medidas que buscan facilitar las condiciones de uso de los coches eléctricos, en su artículo 4 establece que los edificios de uso distinto al residencial que cuenten con más de 40 plazas de aparcamiento –20 si se trata de un edificio público– deberán contar con puntos para cargar estos vehículos, así como también deberán contar con ellos los estacionamientos existentes no adscritos a edificios. En esas categorías entraría cualquier edificio de la administración pero también, y por ejemplo, centros comerciales, hoteles, hospitales o fábricas, siempre que cuenten con zonas de estacionamiento, en su interior o en una zona adscrita a los mismos, que superen el número de plazas a que hace referencia el decreto. En los edificios que tengan como titular al Estado o a organismos públicos dependientes de este, deberá montarse un poste de recarga por cada 40 plazas de estacionamiento, y cada 20 plazas en el resto de casos. El plazo para cumplir con esta obligación expira con el año en curso, de manera que el 1 de enero de 2023 deberían estar operativas las nuevas estaciones de recarga a las que dará lugar la nueva normativa, algo que quienes están habituados a trabajar con estos proyectos consideran muy difícil de conseguir.

“Son proyectos que llevan su tiempo, seis meses en el mejor de los casos, y más si el montaje de la estación de recarga implica obra civil, que suele ser algo habitual”, explica Pablo Casado, ingeniero de Energy Watch, consultoría energética cántabra que ha desarrollado el proyecto técnico para montar varias instalaciones de este tipo. Como en otras normativas que se han aprobado anteriormente para poner en marcha iniciativas que tienen que ver con el sector eléctrico, Casado está convencido de que habrá prórrogas para alargar el plazo, ante la imposibilidad de cumplir con el que inicialmente contempla el real decreto: “Pero siempre es conveniente no dejar las cosas para última hora, porque lo que es seguro es que hay una voluntad tanto por parte de la Administración como de las empresas energéticas para fomentar la movilidad eléctrica, y eso ofrece oportunidades tanto para quien está obligado a montar un poste de recarga como a quien quiera hacerlo porque considera que tiene una buena ubicación para ello”.

El objetivo de la norma publicada el pasado mes de diciembre es romper  el círculo vicioso que supone uno de los principales lastres para el mercado de los vehículos movidos por electricidad: la red de puntos de recarga no crece porque el número de potenciales usuarios es pequeño, y se venden pocos coches porque hay pocos lugares donde llenar sus baterías, más allá del que pueda habilitarse en el propio domicilio. Encontrar una forma de resolver ese enredo es también el objetivo de las empresas petroleras, que necesitan posicionarse de cara a un futuro en el que la demanda de los combustibles tradicionales será muy inferior a la actual. De esa coincidencia entre lo que persigue la legislación y lo que contemplan las estrategias empresariales surgen ya algunas oportunidades que pueden favorecer la entrada en funcionamiento de nuevos puntos de carga, incluso a coste cero para los propietarios del lugar donde se instalen.

 

Energy Watch ha elaborado los proyectos técnicos para la instalación de postes de carga en hoteles y parkings de uso público, y trabaja actualmente en el desarrollo de otros en edificios de la administración y hospitales. Lo que se valora ahí, explica Pablo Casado, es todo lo que tiene que ver con la viabilidad de la instalación, poniendo sobre la mesa factores como los requerimientos que puede implicar en lo referente a la obra civil o a las redes de suministro de la energía, la demanda esperada por parte de los potenciales usuarios, el número de postes o la potencia de carga de cada uno, y casando todos esos elementos con el interés del tecnólogo –normalmente una empresa energética– que en último término es quien se hará cargo de montar la estación de recarga.

La fórmula que puede resultar de ello es tan variada como puede serlo cada caso, pero lo más común es que pueda resolverse sin que el propietario del estacionamiento tenga que asumir ningún desembolso: “Lo habitual es que quien instala el punto de recarga es asumir todo el coste de instalación a cambio de que se le ceda el uso y explotación del mismo durante un número determinado de años”, explica el ingeniero de Energy Watch, que con la referencia de los proyectos en los que ha trabajado, siempre con Totalenergies como tecnólogo, calcula que doce años suele ser el plazo más utilizado en esos acuerdos. “Pero dependiendo de cada caso las condiciones pueden ser otras, incluso llegando a contemplar la cesión de parte del beneficio de las recargas al propietario de la instalación, si esta está ubicada en un lugar especialmente interesante, por ser de paso para muchos vehículos”.

Con independencia de la fórmula elegida, Pablo Casado admite que, hoy por hoy, los postes de recarga no van a ser una gran fuente de ingresos para ninguna de las partes. Las cifras que manejaba el Gobierno, recuerda, calculaban que el 2% del parque español de vehículos actual sería eléctrico, un porcentaje que está muy lejos de alcanzarse. A ello hay que unir que la mayor parte de quienes utilizan un vehículo eléctrico lo hacen para desplazamientos cortos, normalmente entre el trabajo y el domicilio, y hacen las recargas en su casa, donde el precio es más barato. En estas circunstancias, señala el ingeniero de Energy Watch, la rentabilidad de los postes hay que medirla en términos distintos a los económicos: “Para la empresa o la administración propietario del aparcamiento donde se instala supone cumplir la norma, por supuesto, pero también demostrar el compromiso con la movilidad sostenible y el medio ambiente. A la energética, por su parte, le permite extender los puntos donde dar servicio a sus clientes, aunque ahora estos no sean muchos”.

Pablo Casado, ingeniero de la consultora Energy Watch, en uno de los puntos de recarga instalados en el Hotel Torresport, donde la empresa cántabra ha hecho el estudio técnico para ello.

En el caso de los aparcamientos en edificios de la administración pública, la instalación mediante el mecanismo de cesión de la explotación del poste puede chocar con la normativa que regula los contratos de cualquier organismo público, aunque desde Energy Watch se confía en que pueda habilitarse una fórmula para ello. En ausencia de esta, siempre quedaría la opción de recurrir a un sistema convencional, en el que se licite la instalación y se adjudique a la mejor oferta. Esa es también la posibilidad a la que puede recurrir cualquier empresa privada o particular, aunque el coste y la difícil amortización del mismo serían importantes obstáculos a salvar.

Según los cálculos que realizan los responsables de la consultoría energética cántabra, el precio de un poste de recarga puede moverse entre los 1.000 euros que puede costar uno con  la potencia de carga más baja, los 3.500 de las potencias intermedias y los 18.000 de los de carga ultrarápida, en principio destinados únicamente a las llamadas electrolineras. Por debajo de esas cifras estarían los cargadores domésticos, a instalar en el propio garaje y concebidos para cargar durante toda la noche. “Hecha la ley, hecha la trampa, es verdad que estamos viendo que hay empresas que optan por instalar un punto de recarga de estas características en sus aparcamientos, por ejemplo en centros comerciales”. Con ello, admite Pablo Casado, cumplen la norma, pero la utilidad práctica de esa instalación sería muy escasa: “En el tiempo que puede estar enchufado el vehículo de un cliente el nivel de recarga que se consigue es mínimo, aunque es cierto que quien opta por este sistema suele ofrecer la energía de forma gratuita”.

Dentro del laberinto que supone la generalización del coche eléctrico como alternativa, la forma de pago es otro de las cuestiones a resolver, lo que pasaría por unificar los diferentes sistemas que se emplean para ello, siempre con el teléfono móvil como instrumento. Cada operador cuenta actualmente con su propia ‘app’, algo que obliga al usuario a descargarse la de todos si quiere planificar un desplazamiento largo. Con alguna plataforma que ya ha conseguido integrar varios sistemas, este parece un reto menor en comparación con el que tiene que ver con la red de recarga, la infraestructura definitiva para que la movilidad del futuro sea también competitiva frente a los vehículos y combustibles que se emplean en el presente.

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La nueva IGP para la carne se atasca en Bruselas

Pasado un año desde que se remitiera la documentación, la ampliación de la indicación geográfica protegida ‘Carne de Cantabria’ se ve frenada por la petición de aclaraciones sobre las condiciones del pliego, al que se pide una mejor definición en las características específicas del producto y en su diferenciación con el de las mismas razas en otros lugares de Europa. Además del trastorno que ese retraso puede producir entre los ganaderos afectados, que ven condicionadas sus posibilidades de lograr un mejor precio, la actuación de los funcionarios europeos refleja la relevancia que se da a las marcas protegidas y el celo con el que Europa vigila la ampliación del catálogo actual.

Cristina Bartolomé |  @criskyra | Abril 2022

Hace casi año que los ganaderos de Cantabria esperaban abrir una nueva etapa en la venta de carne, con la culminación del proceso abierto entonces para la inclusión de cuatro nuevas razas cárnicas en el sello de calidad IGP Carne de Cantabria. Habían hecho los deberes: cumplían las exigencias de la marca en cuanto a cuidado de las reses y calidad de la carne y la expectativa era alta: se incluirían unas 200 explotaciones cántabras en la marca, y con ello esperaban poder aumentar los precios y las ventas, ayudando a los ganaderos de razas cárnicas a salir del atolladero que significa no cubrir los gastos de explotación con el precio del kilo de carne. Todo estaba dispuesto además en cuanto a los trámites administrativos, y tras la aprobación de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el destino final de los nuevos pliegos era Bruselas, que debía dar el visto bueno final. Y allí siguen los papeles.

Según relata Lorenzo González, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Razas Cárnicas de Cantabria, Bruselas pidió unas aclaraciones sobre las condiciones de la marca: “Un día antes de que venciera el plazo de tres meses en el que, si hay silencio administrativo, se da por aprobado el asunto. Esto fue el pasado mes de diciembre. Esas aclaraciones se contestaron en una semana desde la consejería. Cuando pase el nuevo plazo, volveremos a llamar a Bruselas a ver cómo está este expediente”. Guillermo Blanco consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sigue mostrándose optimista en relación con la ampliación de la IGP –“Lo importante es que hemos hecho lo que teníamos que hacer”, asegura– y se remite al estudio de la Universidad de Zaragoza que en su día se realizó para justificar la ampliación de razas a incluir en la indicación: “Los resultados de este estudio se remitieron a la Comisión Europea, quien independientemente del tiempo, nos ha contestado en plazo. Lo que sí puedo decir es que en 10 días hemos tratado, con ayuda de la citada Universidad, de resolver las aclaraciones planteadas”.

Lorenzo González, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Razas Cárnicas de Cantabria

La noticia, que vino a ralentizar los planes, cayó como un jarro de agua fría entre los productores, ya que esperaban luz verde sin más sorpresas: “Contábamos los días”, recuerda el presidente de la Federación de Asociaciones de Razas Cárnicas de Cantabria ¿Podemos pensar que la respuesta de  Bruselas indique una posición contraria a la ampliación? Lorenzo González descarta esta interpretación, basándose en que las aclaraciones pedidas por la autoridad europea no son de gran enjundia y no se refieren a la parte nuclear del nuevo pliego de condiciones de la IGP Carne de Cantabria: “No pienso que haya un interés en contra, de ser así las aclaraciones no hubieran sido tan sencillas, no son como para decir ‘se nos cae el pliego’”. El caso es que el asunto sigue en Bruselas, pendiente de unas alegaciones para las que se esperaba una respuesta a finales de febrero que finalmente no llegó en ese plazo.

En concreto, y de acuerdo con el Reglamento (UE) Nº1151/2012, los puntos objeto de mejora, según la Consejería de Ganadería, fueron sobre la descripción del producto, que de acuerdo al dictamen de los funcionarios europeos debe definirse con más precisión y centrarse en las características específicas del producto objeto de protección.  Y esta descripción debe indicar con rigor cómo la ‘Carne de Cantabria’ se distingue de los mismos tipos de razas criadas en otras partes de Europa.  Así mismo, la Comisión Europea ha pedido que debiera mejorarse la sección ‘Vínculo con la zona geográfica’, que es un elemento crucial del documento único. En particular, se pide indicar claramente sobre qué factor se basa el vínculo causal explicando con exactitud el factor indicado, que puede ser reputación, cualidad concreta u otra característica del producto.

Para el consejero, este trámite debe entenderse no como un retraso, sino más bien, como indicativo de la importancia que hay que darle al significado de lo que representa una IGP: “Todos tenemos la responsabilidad, Bruselas y nosotros, de velar por unos productos que respondan a una realidad tangible, que dé respuesta a unos consumidores que cada vez exigen una trazabilidad y unas garantías de acuerdo con lo que rigen sus respectivos reglamentos”.

Aún sin fecha

La ampliación de la IGP ‘Carne de Cantabria’ acogería la inclusión de las razas pirenaica, charolesa, blonda de Aquitania y fleckvieh, lo que supone que más de 10.000 reses podrían comercializarse bajo la marca que ya acoge a las razas tudanca, monchina, asturiana de los valles, asturiana de la montaña, parda de montaña y limusina. Además, el pliego incluía algunas mejoras en el pliego anterior, “que estaba obsoleto”, según señala Lorenzo González. Después de todo este trabajo, el presidente de las asociaciones ganaderas de razas cárnicas, no pierde la esperanza: “Esperemos que Bruselas se muestre positiva”. En todo este proceso destaca que la consejería de Ganadería de Cantabria se volcó en una ampliación que considera que va a ser muy positiva para los productores cárnicos de la región. “Seguimos en reuniones para ver si esto avanza, la última fue en diciembre y en estos días pediremos reunirnos para ver cuál es el siguiente paso”, señalaba en febrero

“De momento no ha habido novedades, aunque confiamos en que la respuesta europea se produzca en el menor plazo posible”, asegura Blanco, quien recuerda que el interlocutor es el Ministerio, y que esta cuestión y su resolución en estos momentos no tiene un plazo máximo para resolverse, al tiempo que  apunta que la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada la (Mecocadi), de la que forma parte la consejería, informa en su reunión trimestral de las decisiones de la Comisión. Concluye, por otra parte, que tan pronto como se publique la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), se podría poner en venta la carne de las nuevas razas bajo la marca IGP Carne de Cantabria.

Precios insuficientes

Las consecuencias de todo este largo y lento proceso son que los doscientos ganaderos que podrían trabajar bajo el amparo de la IGP, siguen como estaban: “En terreno de nadie, y con un precio más bajo de la carne que el que se comercializa con la IGP”, lamenta el presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Razas Cárnicas de Cantabria. La carne que se comercializa bajo la marca Carne de Cantabria ha subido el precio entre un 3 y un 4%, aunque Lorenzo González, que explota una ganadería de casi 300 reses, matiza esta subida y la pone en relación con la que han experimentando los costes: “El precio de producción es el triple porque ha subido el pienso un 50%, la luz… todos los costes han subido”. Es la misma tesitura que viven y padecen los ganaderos de vacas de producción láctea: los costes de producción no se compensan con el precio del litro de leche en los supermercados.

La inclusión de las nuevas reses en la marca de calidad significaría una clara mejora económica para los ganaderos. Según las previsiones que manejaban hace unos meses, pasarían de cobrar 3 euros el kilo de carne a 4,20 euros, eso sin la actualización de precios tras la subida de los costes. Ese euro y veinte céntimos significa que la producción salga rentable, ya que, si no se alcanza, no se recupera lo que ceban los animales. Como ejemplo, de un ternero tudanco cebado, que podría producir unos 162 kilos de carne, podrían obtenerse casi 200 euros o más de beneficio.

Las previsiones de mejora de la rentabilidad, sin embargo, podrían verse alteradas por las consecuencias de la situación en Ucrania. El consejero Guillermo Blanco reconoce que el margen de beneficio que ya venían percibiendo los ganaderos, es mínimo: “Los ganaderos son conscientes de que su producto es esencial y no podrán repercutirlo todo sobre los consumidores. Esta es la razón principal por la que tenemos que estar presentes y caminar de la mano del sector compensando esas pérdidas”. Confía en que la nueva situación sea coyuntural: “Aunque tendremos que estar a su altura. Seguiremos vigilantes y estaremos disponibles para seguir apoyando al sector cárnico en esta dura crisis, al igual que haremos con el resto del sector primario y la industria de la alimentación que tanto bien han hecho históricamente a nuestra región”.

Macrogranjas inexistentes

Si la carne de Cantabria puede ostentar un sello de calidad, una IGP que garantiza unos estándares de cuidado del animal y de calidad de la carne, es porque cuenta con explotaciones adecuadas. A renglón seguido de la reciente controversia en torno a las llamadas macrogranjas, Lorenzo González aclara con determinación que en Cantabria no existen explotaciones de este tipo: “Se está confundiendo la velocidad con el tocino, aquí no hay macrogranjas. Los terneros que se crían, en modo extensivo o no, van a cebaderos, si no se defiende ese final de la cadena alimentaria, apaga y vámonos, a quién vamos a vender la carne”.  Lorenzo defiende los modos de producción y el cuidado de los animales en las explotaciones agroganaderas de Cantabria, donde los animales gozan del necesario confort que se traduce en medidas como la llamada cama caliente y otros cuidados: “Es impresionante cómo están. En Cantabria no puedes meterte con esas cosas cuando no son ciertas”.

Lorenzo González sí ve que en esas críticas sobre las llamadas macrogranjas puede haber otro interés: “No acabo de entender esto, están intentado que la gente no coma carne para vender carne de plástico, no se dan cuenta del daño que van a hacer a la economía y los trabajos que se van a destruir” y plantea qué situaciones se darían en algunas, como la suya propia, en la que hay 300 reses. “Hablan de limitar a 150, ¿qué tengo que hacer?, ¿quieren limitar mi producción?, y ¿qué hago con las personas que trabajan ahí, los despido?”.

“Los pequeños, juntos, somos como la mayor empresa del mundo”, asegura en defensa de los ganaderos. Su cálculo es tan sencillo como contundente: “Yo genero tres puestos de trabajo; en cada ganadería, de media, hay un puesto de trabajo y al final son 5.000 o 6.000 trabajadores en las explotaciones de carne y de leche”.

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El ‘kit digital’ pone a prueba las ayudas de Europa

Aunque los fondos de recuperación y resilencia ya se han utilizado en programas relacionados con la eficiencia energética en edificios o con la movilidad, la ayuda al mantenimiento del empleo en micropymes y el llamado ‘kit digital’ son los primeros programas en los que su uso supondrá aportaciones directas a las cuentas de las empresas. Será también la primera vez que se pondrá a prueba el funcionamiento de los mecanismos para promocionar, gestionar, controlar y hacer efectivas las ayudas, con el reto de cumplir uno de los principales objetivos con los que se han diseñada los fondos europeos: que el dinero llegue rápidamente a la economía real. El ‘kit digital’, que cuenta con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros y un millón de empresas potencialmente beneficiarias, publicó en marzo su primera convocatoria, que sirvió como auténtica piedra de toque para calibrar el funcionamiento de todo el sistema. Destinada a empresas de entre 10 y 50 trabajadores, la ayuda se agotó rápidamente, algo que puede repetirse en las convocatorias de los próxios meses, destinadas a las empresas más pequeñas y a los autónomos.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2022

El fogonazo de las grandes cifras, y el anuncio de los proyectos a los que pueden dar lugar, deja un amplio espacio de sombra donde, lejos del ruido mediático y fuera del foco del interés político, se mueven quienes más directamente viven las incertidumbres del mercado y de los que depende, en último término, la toma de decisiones para hacerles frente en las mejores condiciones. Con las millonarias inversiones en juego en La Pasiega y el Mupac –por mencionar dos de los que no han pasado el filtro europeo– o en Solvay y la Central de San Miguel de Aguayo –si nos referimos a alguno de los que está pendiente de esa aprobación– podría discutirse la relevancia de aportaciones de entre 2.000 y 12.000 euros destinadas a financiar actuaciones con presupuestos no mucho mayores de esa cantidad, pero es precisamente ahí donde los fondos europeos para la recuperación van a poner a prueba su capacidad para cumplir con los objetivos para los que han sido diseñados. También es ahí, en la capilaridad de las aportaciones destinadas a pymes y autónomos, donde tendrá su verdadera piedra de toque todo el mecanismo diseñado por la UE para hacer llegar esos incentivos a la economía real, garantizando que todo se haga conforme a los fines para los que se ha diseñado este mecanismo pero, al tiempo, evitando que la carga burocrática de todo el proceso frene la puesta en marcha de proyectos o, en lo que sería el principal riesgo, queden sin emplearse recursos por falta de actuaciones susceptibles de optar a estas ayudas. Aunque habrá nuevas oportunidades para hacerlo, la apertura del primer plazo para presentar solicitudes al llamado ‘kit digital’, el pasado 15 de marzo, ha dado una primera oportunidad para calibrar el funcionamiento del sistema, que tiene en ese programa el desafío de distribuir 3.067 millones de euros entre un millón de potenciales beneficiarios, y conseguirlo en un plazo de menos de tres años.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, junto al director general de Trabajo, Gustavo García, en la jornada celebrada en la Cámara de Comercio para dar a conocer el programa de ayudas de su departamento, que supone la primera línea de incentivos europeos directamente destinada a pymes.

El compromiso de la UE para aportar financiación que contribuya a la transformación económica en la era postcovid ha supuesto ya inyecciones de capital en programas como los destinados a la mejora de la eficiencia energética de los edificios o los planes para la renovación de la flota de vehículos, pero con el kit digital será la primera vez que estas aportaciones vayan directamente a financiar la adquisición de productos y servicios por parte de las empresas, con el consiguiente impacto en el mercado tanto en la parte de quienes ofertan como en la de quienes los demandan.  La diferencia es relevante por cuanto se pondrán en juego aquí alguna de las características que definen el funcionamiento de todo el sistema, y que marcan distancias con otras convocatorias. Entre estas, probablemente la más significativa sea la referidos a la forma de seleccionar los beneficiarios, que no será a partir de un baremos que puntúe determinados criterios, sino por lo que se conoce como concurrencia no competitiva: esto es, las cantidades se repartirán siguiendo el orden de llegada de las solicitudes, entre las empresas y proyectos que cumplan los criterios para ello y hasta que se agoten los fondos de cada partida. Se busca con ello dar la máxima agilidad a todo el proceso, que el dinero llegue rápidamente a sus destinatarios y que las empresas acometan cuanto antes las inversiones que deberían contribuir a la mejora de su competitividad y al tránsito a una economía más digitalizada y sostenible.

Como prólogo al ‘kit digital’, y manejando claves muy similares a este en cuanto a su sistema de gestión, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria abrió una línea de ayudas para el mantenimiento del empleo y la continuidad de la actividad de autónomos y micropymes que se enmarca también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La expectación generada por esta iniciativa, que aportará a quienes resulten beneficiarios de la misma una cantidad de 5.000 euros, ha llevado a que se contasen por cientos los asistentes que, de forma presencial o virtual, tomaron parte en la jornada organizada por la Cámara de Comercio de Cantabria para dar a conocer el programa, celebrada el 31 de enero y que tuvo una segunda edición días más tarde para resolver las dudas planteadas.

Con un planteamiento que plantea ayudar al mantenimiento del empleo favoreciendo las inversiones en transformación digital y en sostenibilidad, la ayuda diseñada por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y gestionada por la Dirección General de Trabajo tiene un cierto componente híbrido, una característica que ha sido la principal fuente de dudas y motivo para gran parte de las consultas realizadas por los asistentes a la doble jornada de la Cámara de Comercio. A diferencia de convocatorias anteriores con el mismo objetivo –el mantenimiento del empleo–, en el que el criterio de concesión es que, tras un determinado periodo de tiempo, la empresa beneficiaria tuviera un número de trabajadores igual o superior al del momento de solicitar la ayuda, aquí a esta condición se une la puesta en marcha de un plan que contribuya a avanzar en la digitalización o en la sostenibilidad de la actividad.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 5,2 millones de euros –4,4 a utilizar este año, y 821.000 el que viene–, está dirigida a micropymes y autónomos, además de a sociedades laborales, lo que abre un enorme campo de posibles destinatarios. Según los cálculos de la consejería, pueden optar a esta línea de ayudas las 13.500 empresas de menos de 10 trabajadores que existen en Cantabria, además las 200 sociedades laborales y cooperativas y los 42.000 autónomos de la región. Teniendo en cuenta el presupuesto y la cuantía de lo que se aportará –los 5.000 euros por empresa o autónomo– los fondos alcanzarán para poco más de un millar de perceptores, lo que invita a pensar que esta línea de ayudas se agotará rápidamente.

Francisco Javier Dueñas, responsable de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cantabria.

Quienes aspiran a estos fondos deberán haber presentado, antes del cierre del plazo, un plan con las actuaciones a acometer y una explicación de la forma en que estas pueden contribuir al mantenimiento del empleo. Al tratarse de concurrencia no competitiva, estos planes no serán objeto de una puntuación de la que dependa quienes reciban o no las ayudas, ni tendrá tampoco valor para descartar a nadie, si bien desde la Dirección General de Trabajo se puede requerir al solicitante que subsane errores en el documento presentado. En la práctica, esto último puede afectar directamente a las posibilidades de acceder a la ayuda, dado que la solicitud a corregir pasaría a la última posición entre los peticionarios y vería muy mermadas así sus opciones de conseguirlo. “Lo que nos ha trasladado desde la consejería es que los planes deben ser muy concretos, con un detalle claro de lo que va a hacerse, cuándo cómo y con quien, y valorando especialmente que incluya acciones formativas para los trabajadores, esas serían las claves para que se dé curso a la solicitud”, explica Francisco Javier Dueñas, responsable de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cantabria, que recomienda seguir esas indicaciones y evitar generalidades e incongruencias: “El programa no dice en qué te tienes que gastar los 5.000 euros de la ayuda, pero conviene ser coherente, no sería lógico presentar un plan que prevea un gasto de 100 euros”.

La Cámara de Comercio, como CEOE-Cepyme de Cantabria, es una de las sedes que tiene en la región el programa Acelera Pyme, la iniciativa a través de la que Red.es canaliza las acciones encaminadas a la transformación digital de las pymes. A diferencia de lo que sucede en el caso de las ayudas gestionadas por la Dirección General de Trabajo, donde la Cámara ha jugado solo un papel de colaborador en la difusión de la iniciativa, en el caso del kit digital le ha correspondido tanto el papel de dar a conocer el programa como, una vez este se ponga en marcha, la verificación de toda la documentación necesaria para que los bonos lleguen a las empresas. Muy por delante de la referencia que pueda ofrecer el programa de ayudas de la Dirección General de Trabajo, el del ‘kit digital’ va a suponer una auténtica prueba de fuego para valorar la capacidad de los fondos europeos para llegar a las empresas más pequeñas, aquellas que, por no contar ni con los medios ni con la experiencia necesaria para moverse por los laberintos burocráticos de la Administración, corren un mayor riesgo de no quedarse fuera de un mecanismo en principio especialmente concebido para ellas.

A pesar de que el proceso se ha concebido teniendo en cuenta esta circunstancia, el acceso a los bonos a los que da lugar el programa no está exento de complejidad y, de hecho, en el momento de hacerse pública la convocatoria –el 28 de febrero– estaban todavía sin resolver incógnitas importantes, a pesar de quedar por delante solo 15 días hasta la fecha en que se abría la posibilidad de presentar las primeros contratos susceptibles de recibir la ayuda. La principal de esas cuestiones pendientes es la que tiene que ver con las empresas que podrán prestar los servicios para los que se conceden las aportaciones, a las que se define como agentes digitalizadores.

Agentes digitalizadores

Para tener esa condición es necesario cumplimentar la solicitud correspondiente y tener las condiciones que el programa establece para ello, entre ellas contar con una trayectoria mínima en el mercado, acreditando una facturación que sume al menos 100.000 euros en los dos últimos años, o 50.000 en el último, en productos o servicios como los que ahora subvenciona el ‘kit digital’. Aunque no hay datos oficiales, la información con que cuenta el responsable de la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio es que se habían tramitado 5.000 solicitudes para ser agente digitalizador en toda España. El proceso de nuevas altas como agentes digitalizadores no tiene un plazo de cierre, por lo que con independencia de los plazos de las convocatorias de ayudas, siempre estará abierto para cualquier empresa que cumpla las condiciones.

En lo que se refiere a los plazos de las ayudas, la convocatoria abierta el 15 de marzo se corresponde con el primer segmento de los tres que contempla el ‘kit digital’, el referido a las empresas de entre 10 y 50 trabajadores, las mayores entre las beneficiarias potenciales del programa. Posteriormente se convocarán las correspondientes a quienes cuentan entre 3 y 10 –previsto en principio para el próximo mes de junio– y, finalmente, las destinadas a autónomos y empresa entre 1 y 3 trabajadores, cuya convocatoria se espera para septiembre. “Entiendo que se ha optado por empezar por el segmento de empresas de más tamaño porque el número de potenciales beneficiarios es menor, con lo que es más sencillo ir probando el funcionamiento del sistema”, señala el responsable de la oficina de Acelera Pyme de la Cámara de Comercio.

Funcionamiento

Las ayudas del ‘kit digital’ se organizan a partir de un mecanismo que contempla la concesión de un bono con el que se pueden pagarse las inversiones en soluciones de digitalización, según un catálogo ya definido: presencia en Internet, comercio electrónico, redes sociales, gestión de clientes, ‘business inteligent’ y analítica, oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras y digitalización. Los detalles, y las actuaciones concretas subvencionables en cada una de esas categorías, pueden consultarse en la web de Acelera Pyme. Esos servicios podrán contratarse solo con alguno de los agentes digitalizadores que hayan sido admitidos como tal, probablemente a través de un ‘market place’ –una web donde puedan cruzarse oferta y demanda– que está todavía pendiente de definir. El digitalizador facturará su trabajo por el importe que corresponda, y el beneficiario solo tendrá que abonar el IVA y la parte de la factura que no cubra el bono. El importe de ese bono lo cobrará directamente el agente digitalizador, entre un 60 y un 80% –dependiendo de la solución­– a la firma del contrato y el resto a la finalización de los trabajos.

El presupuesto destinado a este primer segmento es de 500 millones de euros, que se repartirán a razón de un bono de 12.000 euros por empresa. Dependiendo de la solución, el beneficiario podrá destinar entre 2.000 y 6.000 euros del importe del bono para financiarlo. Si la solución tiene un coste mayor, la diferencia correrá de su cuenta. En Cantabria existen unas 1.300 empresas de entre 10 y 50 trabajadores, una cifra de la que habría que restar aquellas con una antigüedad menor de seis meses, a las que no se da la opción de acceder a las ayudas. Con seis meses de plazo para presentar la solicitud, y con unos 40.000 bonos a repartir entre más de 70.000 empresas en toda España, la incógnita en las semanas previas a la convocatoría era si los fondos se agotarían o si, por el contrario, lo complejo de la tramitación alargaría todo el proceso, con el riesgo incluso de que se perdieran las ayudas. La tercera posibilidad era que la cantidad presupuestada se quedara muy por debajo de las solicitudes de las empresas, y eso ha sido finalmente lo sucedido: la cantidad destinada a este primer segmento se agoto en unas pocas horas. Francisco Javier Dueñas admite que es más difícil hacer previsiones sobre lo que puede suceder en las convocatorias destinadas a empresas más pequeñas y, sobre todo, a micropymes y autónomos: “Ahí quedarán 2.500 millones de euros, que es mucho dinero, aunque también el número de potenciales beneficiarios es muy alto. S hacemos la división, sí podemos pensar que no va a llegar, pero no es fácil saber cuántas micropymes y autónomos solicitarán la ayuda”.

Además de tener una base para valorar la dotación presupuestaria del ‘kit digital’, cuando se abran las convocatorias a los siguientes segmentos –con bono de 6.000 euros para las empresas de entre 3 y 10 trabajadores, y de 2.000 las de entre 1 y 3 y autónomos– ya se habrá puesto a prueba el funcionamiento del sistema en lo correspondiente a tramitación, control y abono de las cantidades a sus beneficiarios. La mayor parte de esa labor la ejercerán las cámaras de comercio, pero Francisco Javier Dueñas no teme que se produzcan atascos: “Todo el proceso va a estar muy digitalizado, con lo que nos corresponderá solo un trabajo de verificación que no creemos que vaya a colapsarnos. Como referencia, aquí hemos gestionado las campañas de bonos al comercio que suponían tramitar la documentación de 800 comerciantes, cada 15 días y durante dos meses. Con el ‘kit digital’ no nos vamos a mover en esas cifras”.

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Las imposibles macrogranjas de Cantabria

La polémica abierta por el ministro Garzón en torno a las macrogranjas ha dejado al descubierto la realidad de un sector ganadero en el que junto a grandes explotaciones con miles de animales conviven otras muchas de pequeñas dimensiones, generalmente familiares y asociadas al territorio. Una dicotomía entre ganado vacuno intensivo y extensivo que el Gobierno pretende ahora ordenar mediante un Real Decreto que actualmente negocia con todas las partes implicadas. En juego no está solo el tamaño de las ganaderías, sino la supervivencia de un modelo que Cantabria defiende que descanse claramente sobre la segunda opción.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Febrero 2022

La polémica desatada con las macrogranjas a principios de año por el ministro Garzón ha abierto un amplio debate nacional sobre cuál es el paradigma ganadero que defiende cada comunidad autónoma. Así, frente a este modelo intensivo criticado por su indudable impacto medioambiental se han alzado numerosas voces que apuestan por una ganadería tradicional, extensiva, familiar y ligada al territorio. Es el caso de Cantabria, donde tanto el Ejecutivo regional como las principales asociaciones del sector coinciden en que el único modelo posible es el extensivo. Así lo asegura el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, para quien Cantabria ha sido y es “una región de vacas”. Frente a las críticas vertidas por el ministro de Consumo en las que, según advierte, “minusvaloró la carne que se produce en España y trató de diferenciarla en dos categorías”, Blanco insiste en su defensa del sector primario en general, al que atribuye cerca del 23% de la producción industrial de la región, y de la cabaña ganadera en particular. “Nosotros apostamos por el ganado extensivo y asociado al territorio. Así lo llevamos haciendo desde hace tiempo y así lo hemos defendido, junto al resto de comunidades de la cornisa cantábrica, ante la elaboración de los planes estratégicos de la Política Agraria Común (PAC)”, aclara. “Fue un error grave”, apostilla el titular de Ganadería, que se reafirma en su defensa del sector ante unas palabras “dichas con falta de rigor por un ministro de España en el exterior. Eso hace daño y si realmente lo que perseguía era potenciar un sector productivo en extensivo, que lo haga con una ley y no devaluando la actividad ganadera fuera de nuestras fronteras”, zanjó.

Guillermo Blanco, consejero de Ganadería, en su despacho, durante la conversación mantenida con esta revista.

En cualquier caso, Blanco resuelve que en Cantabria no existen macrogranjas. “No hay ninguna, ni tampoco hemos recibido solicitudes en este sentido”, precisa antes de expresar su convencimiento de que en la región, donde existen actualmente un total de 4.388 explotaciones de ganado vacuno perceptoras de la PAC, de las que 3.415 corresponden a vacuno de carne y las 973 restantes a vacuno de leche, no pueden darse este tipo de instalaciones porque, según matiza, “la ley de protección ambiental inhabilitaría seguramente cualquier posibilidad de llevarla a cabo”.

En parecidos términos se expresa el secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (Ugam-Coag), Gaspar Anabitarte, quien estos días participa como responsable del sector lácteo de este sindicato ganadero a nivel nacional en las negociaciones del futuro Real Decreto de ordenación del sector vacuno al que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) pretende dar luz verde antes de que finalice este primer semestre de año.

Ordenación del vacuno

Según anticipa, el MAPA ha planteado en la última reunión celebrada a finales de enero un modelo de sector con un límite máximo de 850 vacas por explotación. Por debajo de esa cifra, Agricultura propone otras tres categorías: explotaciones de menos de 20 vacas; de entre 20 y 180 animales; y de más de esta cifra y menos de 850, a las que irían asociadas diferentes exigencias ambientales moduladas de menos a más en función de su impacto y trascendencia. Obviamente, según recalca Anabitarte, en España existen ya muchas explotaciones por encima de ese límite a las que la nueva normativa no podría tocar, pero sí reducir mucho su margen de maniobra al señalarles como responsables de los principales problemas en materia medioambiental o de sanidad y bienestar animal.

A juicio del secretario general de UGAM, sindicato mayoritario en Cantabria, “la piedra angular” de esta negociación está en el tamaño que finalmente puedan tener las explotaciones. “No todas las partes piensan lo mismo –puntualiza en referencia a la industria–, pero nosotros defendemos que el límite se establezca en 180 vacas por explotación”, un número que, según anuncia, en la actualidad apenas superan 65 explotaciones en Cantabria, aunque ninguna como para recibir el apelativo de macrogranja o, según prefiere denominar, macroexplotación. De hecho, la media de animales por explotación en la región fluctúa entre las 40, en el caso de las dedicadas a carne, y las 57 en las de vacuno de leche, que en este último caso es la cifra más baja de toda España, donde la media ronda las 71 vacas por explotación.

Prospere o no su propuesta, destaca de que el Gobierno de Cantabria tiene competencias para bajar ese límite máximo de 850 cabezas de vacuno que plantea el ministerio. “Lo que no sé es si tendrá la valentía”, explica Anabitarte antes de insistir en su petición formulada al Ejecutivo cántabro de fijar el máximo en 180 vacas, aunque reconoce su disposición a modificar algo esta cifra en función de la base territorial.

En este sentido, explica que ya ha traslado a los responsables de la Consejería de Desarrollo Rural y Ganadería la necesidad de que Cantabria cuente con legislación propia, una aspiración que, de momento, asume que tendrá que esperar al menos hasta que se apruebe este plan de ordenación del sector vacuno a nivel nacional.

El enemigo, dentro del sector

Con todo, este dirigente sindical y ganadero de leche ecológica advierte que detrás de todo esto hay un problema de fondo todavía de mayor calado para la supervivencia del sector. “Es verdad que el ganadero se siente absolutamente maltratado y que la ganadería, tal y como hoy la conocemos, se está perdiendo. Pero lo que no se acaba de identificar es al agresor, que para mí lo tenemos dentro”, explica antes de ponerle nombre y apellidos al culpable: el capital riesgo foráneo: “En el sector agrario español está entrando capital a mansalva que está alterando el sector y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país en el futuro”.

Gaspar Anabitarte asegura que cuando una empresa quiere instalar una granja con decenas de miles vacas –la cooperativa Valle de Odieta promueve un proyecto en Soria con 23.500 vacas, lo que le convertiría en la mayor instalación de Europa, y ya explota una macrogranja en Caparroso (Navarra) con 4.700 vacas en ordeño que producen 160.000 litros diarios de leche–, está echando a la calle a miles de ganaderos, también de Cantabria: porque el mercado es el que es y no da más de sí, dice. “A nosotros, a diferencia de la industria, que se lleva mucho mejor con las macrogranjas que con los ganaderos de San Roque de Riomiera, nos interesa un campo con muchos ganaderos”, continúa Anabitarte, quien no oculta su temor a que el sector del vacuno de leche en Cantabria acabe a medio plazo con no más de medio millar de explotaciones, o incluso por debajo. Así, reconoce que en la región están aumentando las explotaciones de carne y descendiendo las de leche, y que existe además un trasvase de estas últimas a las primeras. “En la ganadería de leche el factor más determinante no es la rentabilidad de la explotación, sino la esclavitud que conlleva”, un problema que, asegura, no afecta tanto al vacuno de carne donde existen muchos ganaderos mixtos.

Sea como fuere, el secretario general de Ugam-Coag reitera su apuesta por implantar un techo de no más de 180 vacas por explotación, incluso para cebaderos, profesional y que ayude a controlar la competencia que se está generando por parte de ese capital que viene de fuera del sector; que contribuya a la redistribución de la riqueza y al asentamiento de la población en el medio rural; que no genere problemas ambientales importantes, que cuente con una base territorial aceptable para poder gestionar el estiércol y los purines; y que proponga un grado de bienestar animal excelente porque las vacas salen muy habitualmente al pasto. “Este sí es un modelo virtuoso y no el de las macro explotaciones”, resume.   

Pese a ello, concede que en estos momentos, en los que los costes de producción superan al precio de la leche, el negocio no es rentable. “Llevo más de cuarenta años en el sector y épocas brillantes en las que se haya ganado dinero habré vivido tres o cuatro, y no duraron precisamente mucho tiempo. Pero ahora mismo el vacuno de leche, tal como está, es inviable y está en claro riesgo de quedarse en algo testimonial”, advierte contrariado porque, según sostiene, “en Cantabria no se toma leche de Cantabria”.

Defender la leche de Cantabria

Gaspar Anabitarte, secretario general de Ugam-Coag, en su explotación de ganado ecológico.

“El consumo de lácteos de Cantabria no llegará ni al 50% del total. Es más, la marca que más se consume en la región es asturiana, y menos mal que la marca blanca de Mercadona se está elaborando en Renedo con leche de Cantabria y levanta un poco el pabellón. Pero yo no concibo que en La Rioja se tomara mayoritariamente vino de la Ribera del Duero”, censura antes de ofrecer un dato elocuente: “Cantabria era, con una producción de 540.000 millones de litros de leche anuales, la cuarta comunidad productora de leche, tras Galicia, Castilla y León y Asturias. Ahora, con unos 440.000 millones de litros, nos ha superado Cataluña y Andalucía y ya somos la sexta”. Sobre esta realidad, Anabitarte asume que el sector también tiene su parte de culpa. “Deberíamos haber sabido trasladar mejor nuestros mensajes y concienciar más al consumidor, pero la verdad es que no hemos sabido defender nuestra leche”, admite.

En este punto, el secretario general de Ugam alude a las movilizaciones que el sector inició a finales del pasado verano y que aún mantiene para dignificar el precio de la leche. “Cuando empezamos en agosto, el consumidor pagaba el litro de marca blanca de leche a 0,58 euros; hoy, se paga a 0,65 o 0,66 euros y aspiramos a que llegue a 0,70, un precio a partir del cual estimamos que se puede pagar razonablemente bien a todos los actores de la cadena”. Lo que ocurre, lamenta Anabitarte, es que esos siete céntimos adicionales los ha ganado la distribución, pero no se han trasladado a los productores, que siguen vendiendo el litro a un precio que oscila entre los 0,34 y 0,38 euros. “Si siguen vendiendo a pérdidas, esto no lo arreglan ni las ayudas de la PAC”, enfatiza.

Ley de la Cadena Alimentaria

En este sentido, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se remite a la reciente modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que básicamente establece el pago de cada actor al anterior eslabón de la cadena –la distribución a la industria, y ésta al productor– de como mínimo el coste de producción, una labor que, resalta, compete garantizar a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) dependiente del Ministerio de Agricultura. “Lo que hace falta es que se cumpla”, explica Blanco, quien admite que su departamento, además de instar a la AICA a que así se haga, también dispone de “pequeños” mecanismos de control, aunque con una capacidad de actuación “muy limitada” porque, según explica, para poder hacerlo es necesario que los tres eslabones tengan su razón social en Cantabria, algo no muy habitual en un mercado “absolutamente nacional” como el de la leche.

En esta línea, el consejero de Desarrollo Rural asume que el principal escollo es hacer atractivas económicamente las explotaciones, por lo que considera igualmente “esencial” que se valore la leche y se pague al productor por lo que realmente cuesta producirla. “El precio de la leche se mantiene prácticamente igual desde hace mucho tiempo, pero no así los costes de producción. El ganadero quiere vivir de lo que produce y no de las subvenciones. Pero, por desgracia, ahora mismo con los precios de los imputs disparados muchas explotaciones no pueden vivir ni con las subvenciones. Por eso, y aunque confío en que se trate de un problema coyuntural, esta reivindicación de un precio justo es más necesaria que nunca”, afirma.

“Ser ganadero exige vocación, inquietud y pasión. Y aquí se entiende al sector. De hecho, gran parte de la historia de Cantabria se escribe con leche. De ahí que lo rural nunca pueda ser una moda. Es una necesidad y un reto para el presente. Por eso todas las administraciones se van a volcar en ayudarles”, aclara el consejero de Desarrollo Rural, quien apunta que las ganaderías, lejos de ser las grandes emisoras de gases de efecto invernadero, son las grandes benefactoras del medio ambiente.  “Es más, si no hubiera animales que pacieran el campo y ganaderos que lo segaran, el territorio no estaría como está y Cantabria sería un matorral, monte bajo. Gracias a ellos, somos un pulmón verde”, subraya.

Por su parte, para tratar de superar esta situación Gaspar Anabitarte reclama que la PAC vuelva a regular los mercados porque los productores están asumiendo “unos riesgos tremendos ante un previsible escenario de tensiones gigantescas en la alimentación mundial provocadas por el cambio climático”. De lo contrario, el secretario general de Ugam-Coag alerta de que Cantabria se pueda quedar en el futuro solo con vacas de carne, un sector al que, según analiza, España se lanzó hace años animada por la demanda de los mercados árabes, especialmente de los países del Mediterráneo. “Aquí en Cantabria hacemos poquita carne y nuestros principales mercados son los terneros para cebaderos de fuera de la región o para vender en vivo a Libia, Líbano, Egipto o Turquía, principalmente. Estos mercados están bien, pero dependemos de unos pocos importadores que son los que realmente se hacen ricos. Por eso es necesario tener controladas las cosas, y eso le corresponde al Gobierno de España. El Ejecutivo no tiene que tutelar; tiene que gobernar. Y esperemos que este real decreto ponga orden en el sector del vacuno”, concluye.

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