A punto de cumplir 25 años, el centro tecnológico CTC es una de las puntas de lanza de la innovación en Cantabria. Con una actividad sostenida sobre dos líneas de negocio (los proyectos encargados por empresas y los concursos de concurrencia competitiva), el centro combina proyectos de innovación para compañías como ArcelorMittal o Hempel con iniciativas del ámbito público, como un segundo contrato con la Agencia Espacial Europea o el programa Futcan para llevar a la industria cántabra al siguiente nivel tecnológico.

Francisco Rouco | Marzo 2024

Cantabria puede presumir de contar con un conjunto de centros de innovación que son reconocidos en el resto del país y más allá de nuestras fronteras. Sucede con el centro tecnológico CTC, dedicado desde hace 24 años al desarrollo de soluciones y proyectos tecnológicos para mejorar la competitividad de las empresas y sus posibilidades de expansión en los mercados internacionales. Con la mayoría de sus laboratorios situados en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan) y un equipo formado por una treintena de personas, el CTC ha sabido adaptarse a las peticiones de sectores tan dispares como la exploración espacial, la fabricación textil, el tráfico marítimo, la siderurgia, la energía eólica offshore o la automoción eléctrica, entre otros.

“Cada vez son más las empresas que contemplan la innovación dentro de sus estrategias de negocio”, explica Beatriz Sancristobal Marcano, directora del centro, que añade que la inversión en i+d+I conlleva resultados a medio y largo plazo, no inmediatos –“debemos insistir en ello”–, pero que, cuando llegan, contribuyen a que las empresas mejoren su competitividad, afiancen su posición en el mercado e incluso crezcan.

El CTC está especializado en tres áreas de investigación: (1) materiales avanzados, (2) navegación y robótica y (3) industria y energía, aunque muchas de sus aplicaciones son transversales. Respecto a los materiales avanzados, la principal línea de investigación se centra en los compuestos a escala nanométrica (la millonésima parte de un milímetro) y cómo se pueden aprovechar las propiedades de los que ya están en el mercado. Ejemplo de ello es Nanocult, un proyecto auspiciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos Next Generation y dirigido a mejorar la conservación del patrimonio cultural mediante recubrimientos enriquecidos con nanopartículas que protegen las obras de las severidades del entorno.

El Marine Corrosion Test Site se encuentra en los acantilados del Bocal. Foto: CTC.

Pero si hablamos de un entorno hostil y desgastante para los materiales a cualquier escala de tamaño, ese es el mar. Al estudio de sus riesgos está dedicado uno de los proyectos más ambiciosos del CTC: la colaboración, por segunda vez, con Hempel, el líder mundial en la fabricación de pinturas para los sectores industrial y naval, que quiere probar la resistencia de sus nuevos productos frente a la corrosión en un entorno real. Y si ambicioso es el proyecto, no es menos singular el laboratorio donde desarrollarlo: el Marine Corrosion Test Site El Bocal, una pared de 10 metros sobre el mar situada en la costa cercana a Santander. En este acantilado, que es una obra conjunta entre el CTC y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), se exponen los materiales a las inclemencias del mar en todos los escenarios posibles: bajo el agua, en zona mareal, en salpicadura (donde golpean las olas) y sobre el agua (donde no alcanzan las olas pero sí el spray salino). Allí se colocan probetas con pinturas, recubrimientos, cables, trozos de cadena e incluso vigas, y se comprueba cómo se degradan los materiales durante al menos un año, para que pasen todas las estaciones.

Aunque la corrosión no solo prolifera en el entorno marino, también tierra adentro. Dentro de esta misma área de industria y energía sobresale el proyecto recientemente culminado con ArcelorMittal para desarrollar un modelo predictivo que adelanta cuándo y cómo aparecerá la corrosión en las tuberías de los sistemas de refrigeración de las plantas industriales. Gracias al modelo ideado por el CTC, es posible prever los daños en estas instalaciones con una antelación de siete días, lo que le permite a la primera siderúrgica mundial solucionar el problema antes de que las tuberías sufran ningún daño.

Este campo del mantenimiento predictivo arroja aplicaciones en varias de las líneas de investigación del CTC. También podemos verlo en los gemelos digitales, cuya virtualización de objetos físicos como motores, calderas y otras instalaciones críticas para la industria facilita someterlos a distintos escenarios de riesgo para ver su comportamiento y extraer datos, todo ello sin poner en peligro la maquinaria real. O también en los robots que cumplen funciones de inspectores autónomos y recopilan información a partir de cámaras y sensores que nutren los modelos predictivos que ponen fecha a posibles fallos y problemas.

”Una de nuestras filosofías es que no limitamos los sectores que trabajamos, porque una solución para el sector del plástico se puede aplicar al sector textil si la parte de producción es común”, explica la directora del centro tecnológico.

De iniciativa pública regional a centro privado con presencia en Europa

El CTC nació en 2000 en el ámbito público y enfocado a la automoción, en 2008 pasó a considerarse centro tecnológico por el Ministerio de Economía y Competitividad, ya con unas cuantas áreas de investigación más, como la ingeniería nuclear y la aeroespacial, y en 2011 se privatizó. Hoy su modelo de negocio se basa en dos pilares: dar solución a los retos de investigación e innovación que plantean las empresas y optar a proyectos regionales, nacionales y europeos bajo concurrencia competitiva, ya sea en solitario o formando parte de conglomerados público-privados.

En su andadura por Europa, el CTC ha logrado varios hitos. Uno de los principales fue el proyecto Life H2OLock, dirigido a reducir la evaporación del agua en balsas agrícolas utilizando módulos flotantes (parecidos a caparazones de tortugas grandes) y paneles fotovoltaicos para generar energía. Hoy se está desarrollando en Murcia. Otro ejemplo más reciente es el segundo contrato firmado con la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es acortar el tiempo de habilitación que deben pasar las baterías que acompañarán a las misiones espaciales. Hasta ahora, este periodo de habilitación es de dos años; el objetivo del CTC es comprimir las pruebas para que se puedan obtener los mismos resultados pero en menos tiempo, no más de seis meses.

Para Beatriz Sancristobal Marcano, directora del centro tecnológico cántabro, “los proyectos europeos suelen ser ambiciosos y sirven para posicionarte y acreditar tu capacidad para desarrollar proyectos y entornos de colaboración. A veces son retos que pueden parecer desfasados en el tiempo, porque a nivel europeo se piden desarrollos que las empresas no necesitan hoy, pero que sí lo harán dentro de un tiempo, y alguien tiene que hacerlos”.

Beatriz Sancristobal Marcano, directora del CTC. Foto: Nacho Cubero.

Aproximadamente el 70 % de los proyectos en los que participa el centro tecnológico CTC se reparten entre instituciones y empresas españolas (la mayoría) y europeas. El 30 % restante nace en la región, pero desde el CTC apuntan que en muchos de los proyectos nacionales se intenta formar un consorcio con empresas cántabras. “Por eso es importante que las empresas de aquí nos conozcan y nos cuenten qué están haciendo para que, si surge la oportunidad, les podamos proponer ir juntos”, explica Beatriz, que recuerda que se siguió esta misma estrategia para una iniciativa amparada en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico y relacionado con la conectividad y localización de esta clase de vehículos.

Pese a no ser mayoría, también hay proyectos regionales en marcha, como el Futcan, una iniciativa para modernizar la fabricación industrial cántabra a partir de tres tecnologías que en el CTC conocen bien: los gemelos digitales, los recubrimientos con nanomateriales y los algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los controles de calidad y propulsar el mantenimiento preventivo. El plan tiene una duración de tres años y un presupuesto de 896.000 euros.

2024, un año con enormes expectativas

Para la directora del CTC, en los últimos años el centro ha hecho un esfuerzo por subir al siguiente escalón. Ha mejorado la especialización de sus equipos, reforzado su red de colaboradores y ampliado su capacidad para desarrollar proyectos nacionales y europeos. Todo ello en un entorno con sus propias dificultades intrínsecas. “El tiempo de maduración de nuestros proyectos es largo, porque desde que comienza la idea hasta que se materializa pueden pasar 10 o 12 meses, y eso hace que buscar financiación sea complicado para los proyectos que tienen más riesgo. O también puede suceder que tengas que esperar porque necesites que haya planes a nivel regional, nacional y europeo para poder llevar a cabo las investigaciones”.

Pese a todo, Beatriz Sancristobal señala que todos esos esfuerzos por mejorar se han materializado en 2024: “Hemos conseguido romper algunas barreras, incrementar el negocio y que las empresas nos vean como su socio tecnológico. 2024 va a ser un año de pleno crecimiento, con cifras de incremento del negocio por encima del 40 % y el reto de retener y sumar talento, algo que sabemos que será complicado al estar en un entorno tecnológico”.

La directora del CTC, junto al resto de mujeres que trabajan en el centro tecnológico cántabro. Foto: CTC.

Solo en 2024, el CTC se plantea superar los 2 millones de euros de facturación, lo que supondría una mejora del 42 % respecto a la cifra de 2023, que rozó los 1,4 millones de euros. En cuanto al talento, el objetivo es sumar a ocho o 10 personas más, con lo que el centro incrementaría su equipo por encima del 25 %. “Tenemos mucho que ofrecer a quien quiera tener una carrera en innovación en Cantabria: tenemos proyectos interesantes, ofrecemos un desarrollo profesional completo y compaginamos la parte profesional con la formativa. Contamos con varios doctorandos y personas que están haciendo un máster”, explica Beatriz. “Buscamos gente que se sienta a gusto trabajando aquí y que sea proactiva, ya que vivimos de ser capaces de proponer proyectos nuevos y de que las empresas los vean. Y ahí las personas son clave”.

Preguntada por qué vendrá después y cómo será el año 2025, el de los 25 años de actividad del centro tecnológico CTC, su directora responde que seguirá la misma tónica, porque la ambición de 2024 se extenderá también un año más. “El plan estratégico que nos hemos marcado es que estos dos años van a ser muy intensos para luego volver a asentarnos. No es fácil crecer en personas y en negocio, y eso tendremos que mantenerlo”.

Cantabria encadenó en 2023 un segundo año de crecimiento de la proporción de quienes realizan toda o parte de la jornada desde su domicilio, lo que supone acercarse a las cifras a las que se llegó durante la crisis sanitaria. Pese al repunte, y a situarse entre las comunidades autónomas en las que más se ha incrementado el dato, el teletrabajo en Cantabria sigue por debajo de la media española.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2024

Tras el impulso obligado en tiempos de confinamiento, y después del brusco frenazo y vuelta atrás una vez recuperada la normalidad, el teletrabajo en Cantabria ha encadenado dos años de crecimiento que han servido para acercar las cifras a las que se alcanzaron el año de la pandemia. Según recoge el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, un estudio realizado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, un 10,4% de los trabajadores cántabros realizaron su labor a distancia ocasionalmente o más de la mitad de los días durante el año pasado, una proporción que se sitúa algo más de un punto porcentual por encima de la registrada en 2022 y que es casi dos más alta que la de 2021.

Con la referencia que aportan anteriores ediciones del mismo estudio, los datos del último año confirman a Cantabria como una de las comunidades autónomas en las que en mayor proporción se ha recuperado esta forma de trabajar después del bajón pospandémico –fue en la que más creció en 2022, y ha estado cerca de serlo también el pasado año–, lo que en todo caso no ha sido suficiente ni para llegar a la media española, ni para volver a la proporción de teletrabajadores a las que se llegó en 2020. Aquel año, en el que está modalidad se convirtió en obligada para muchos trabajadores y empresas durante buena parte del ejercicio, en Cantabria fueron un 11,1% quienes teletrabajaron.

Aunque no faltó entonces quien consideró el trabajo a distancia como una oportunidad para que regiones como Cantabria atrajeran a empleados de empresas de las grandes ciudades, lo cierto es que siguen siendo las comunidades autónomas con grandes concentraciones urbanas las que copan los primeros puestos en el ranking de penetración del teletrabajo, con Madrid en el primer lugar de forma muy destacada.

Más en las grandes concentraciones urbanas

Con todo, lo más significativo es que la evolución de las cifras desde 2019 ha ido en sentido contrario al que esperaban quienes pronosticaban que el teletrabajo desplazaría población desde las grandes ciudades a zonas menos pobladas. En la relación de comunidades autónomas en las que más se utilizaba el trabajo a distancia en 2019 era Galicia quien aparecía en lo más alto del listado, con un 10,3% de personas que efectuaban su labor fuera del centro de trabajo. El segundo puesto era para Extremadura, con un 10,2%, en tanto que Madrid se situaba apenas una décima por encima de la media española –entones en el 7,9%– en un discreto séptimo puesto. Desde entonces no solo ha escalado hasta el primero, sino que lo ha hecho superando el 20% de teletrabajadores.

Los autores del estudio apuntan a otro dato para destacar cómo el teletrabajo se concentra en Madrid y Cataluña: la primera alberga al 15,8% del total de ocupados, pero concentra al 26,3% de todos los teletrabajadores del país, en tanto que Cataluña, con el 17,5% de los ocupados de España, tiene el 19,1% de todos sus teletrabajadores. Así, entre ambas autonomías suman el 33,3% de todos los ocupados, pero alcanzan al 45,4% del colectivo de teletrabajadores españoles.

A pesar de esa tendencia general que favorece a las grandes concentraciones urbanas, y aunque sin llegar todavía a los datos de la pandemia, Cantabria sí ha conseguido situarse claramente por encima de la incidencia que el teletrabajo tenía el año anterior al Covid –un 7,5%–, pero lo cierto es que lo ha hecho alejándose de la media española y desmintiendo, por tanto, el atractivo que se le suponía como lugar desde el que emplearse a distancia.

El teletrabajo se utiliza más en las regiones con una economía más dinámica y no en las que, en principio, ofrecerían mejores condiciones en términos de calidad de vida o coste de la vivienda

Si nos fijamos en las regiones limítrofes, el estudio de Adecco vuelve a confirmar que el trabajo a distancia se utiliza más en las regiones con una economía más dinámica y no en las que, en principio, ofrecerían mejores condiciones en términos de calidad de vida o coste de la vivienda. Así, el País Vasco encadena siete trimestres consecutivos de incrementos y se sitúa a un paso de alcanzar la media nacional. Asturias, en cambio, es una de las tres comunidades autónomas, junto a Galicia y Canarias, en las que la incidencia del teletrabajo descendió en el cuatro trimestre del año pasado. Castilla y León, aunque sí registró un incremento en el porcentaje de quienes traban desde su domicilio, descendió varios puestos en el ranking que mide esa variable en las distintas comunidades autónomas.

La recuperación del teletrabajo en España no ha servido, sin embargo, para estrechar la brecha que nos separa del resto de Europa en esta modalidad de empleo. De hecho, la distancia con la media del conjunto de países de la UE aumentó en 2023, situándose en los 10,5 puntos porcentuales, dos más de los que había al finalizar 2022. Según estos datos, en Europa casi uno de cada cuatro trabajadores –el 24,1%– desarrollan la totalidad o parte de su jornada fuera del centro de trabajo, frente al 13,6% que lo hacen en España.

El consejero delegado y director general de Cantur, Luis Martínez Abad, reivindica el papel fundamental que esta empresa pública representa para la economía de Cantabria y asume la tarea de dar a conocer qué es y cómo se gestiona esta entidad que el pasado año ingresó 43,1 millones de euros, de los que cerca de 27,5 millones procedieron de la explotación de sus instalaciones turísticas. Entre sus retos, desestacionalizar y descentralizar el turismo, atraer más turistas internacionales y generar nuevos atractivos que contribuyan a superar los más de 1,06 millones de visitantes alcanzados en 2023.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Abril 2024

«Cantur factura dos millones de euros más que el Puerto de Santander”. De esta manera tan gráfica, su consejero delegado y director general, Luis Martínez Abad, quiere poner el acento en el importante peso específico que esta empresa pública creada en 1969 tiene para la economía regional, un aspecto que, lamenta, no acaba de comprenderse del todo: “En general, los ciudadanos no conocen lo que es Cantur ni cómo se gestiona. No solo son sus instalaciones repartidas por diferentes comarcas, sino también somos la imagen de Cantabria y los encargados de promocionar el turismo”, insiste en resaltar antes de facilitar las principales cifras económicas obtenidas por la sociedad en 2023.

Según estos datos, el conglomerado de instalaciones turísticas, hoteleras y hosteleras, junto a las 11 oficinas de turismo en las localidades de mayor afluencia de la región que conforman Cantur, ingresó el pasado año 43,1 millones de euros, de los que cerca de 27,5 millones procedieron de la explotación de sus establecimientos y los 15,6 restantes, del Gobierno de Cantabria en concepto de transferencias para atender las actividades de promoción, una partida esta última que ya anuncia que se mantendrá invariable durante este ejercicio. En total, 43,1 millones de euros que su máximo responsable espera que se conviertan en 44,5 millones en 2024 gracias a un incremento del 5,7% en los ingresos correspondientes a los negocios propios, que prevé que alcancen los 29 millones.

En su resumen del ejercicio, Martínez Abad detalla que la empresa contó el pasado ejercicio con una plantilla media de 481 trabajadores –343 fijos y 138 eventuales–, una nómina que admite que podrá aumentar una vez concluya la relación de puestos de trabajo que permita conocer cuáles son las necesidades reales de personal y, sobre todo, una vez entren en funcionamiento las nuevas instalaciones y servicios recogidos en el plan de inversiones de 60 millones de euros en instalaciones turísticas públicas para esta legislatura, anunciado recientemente por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, entre las que destaca la creación de un teleférico en Vega de Pas.

En este ámbito, Martínez Abad resalta el trabajo indirecto que genera la actividad de Cantur en las diferentes comarcas de Cantabria, un aspecto que reconoce que es difícil de cuantificar, pero que justifica con un dato: “De los 25 millones de euros que este año destinaremos a compras de mercancías y servicios, 21 millones corresponden a proveedores de la región”. Una apuesta por lo local que, según recalca, contribuye de manera decidida a la descentralización del turismo, uno de los tres objetivos que persigue Cantur junto con la desestacionalización y la captación de más turistas internacionales.

Cabárceno recibió en 2023 669.000 visitantes, un 3,7% más que en 2022 y todo un nuevo récord en la historia de este parque

En cuanto al número de visitantes que recibieron en 2023 las cinco instalaciones de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística actualmente en explotación –campos de golf de Abra de Pas y Nestares, Estación de esquí de Alto Campoo, Teleférico de Fuente Dé y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno–, la cifra se eleva hasta las 1.066.319 personas, un 2,5% más que en 2022. Se trata, según detalla el director financiero de Cantur, Santiago Gutiérrez, de una evolución positiva en todos los casos, salvo en el del Teleférico de Fuente Dé, que obtuvo un 7,9% menos de usuarios debido a la adversa climatología y a los cierres obligados por averías o para su mantenimiento, y un ligero descenso del 2% en el campo de golf de Abra de Pas.

Del otro lado, destaca el aumento de golfistas en el campo de Nestares (un 7,6% más), los cerca de 116.000 esquiadores que recibió Alto Campoo en la temporada 2022-23, lo que representa un incremento del 8,5% con relación al periodo anterior y una cifra que no se alcanzaba desde 2009; y los más de 669.000 visitantes que registró Cabárceno, un 3,7% más que en 2022 y todo un nuevo récord en la historia de este parque.

“Creo que ha sido un ejercicio exitoso en cuanto a número de visitantes”, recapitula por su parte Martínez Abad, quien espera seguir sumando también este año. “No sé si podremos incrementar el número de visitantes porque a veces todo tiene un límite, pero nuestro propósito, sobre todo de cara a esta legislatura, pasa por modernizar y poner al día las instalaciones y generar nuevos atractivos”, subraya.

La joya de la corona de Cantur

Turistas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que aporta el mayor volumen de ingresos y número de visitantes entre todas las que gestiona Cantur. Foto: Nacho Cubero

Al ir al detalle, Martínez Abad admite que Cabárceno es la joya de la corona. No en vano, los datos reflejan que esta instalación que acoge a más de 120 especies de animales de los cinco continentes recaudó más de 17,1 millones de euros en 2023, lo que supone el 63% del total de ingresos anuales provenientes de la explotación de las instalaciones de Cantur. “Es uno de los mejores parques a nivel internacional y pretendemos que lo siga siendo aún más”, avanza el consejero delegado refiriéndose a las nuevas inversiones que prevén llevar a cabo en esta instalación asentada sobre una antigua explotación minera y que aparece surcada por más de 20 kilómetros de carreteras.

Entre ellas, el director general anota la mejora del recinto de elefantes, con un presupuesto este año de 4 millones de euros, así como la del reptilario, que además albergará un nuevo ‘cocodrilario’ para hacer de este espacio, dice, “la mejor instalación de Europa” antes de que termine la legislatura. “Lo que pretendemos crear no es solo un ‘cocodrilario’ para visitar, sino un centro de referencia en el que se trabaje en la reproducción y vida de este animal”, enfatiza sobre estas nuevas dependencias que supondrán un desembolso estimado de cerca de 5 millones de euros. Martínez Abad completa la lista de inversiones en Cabárceno con los trabajos del cierre perimetral de la instalación ya en marcha, la mejora de accesos y saneamientos y el cambio de la cartelería del parque, una actuación que rondará los 180.000 euros de presupuesto.

Sobre el menor protagonismo del resto de instalaciones, el consejero delegado de la empresa asegura que “aquí no hay cenicientas”, en referencia a la estación invernal de Alto Campoo que acaba de reabrir sus puertas tras muchas semanas cerradas ante la ausencia de nieve. “Cuando nieva en noviembre es una auténtica maravilla, pero si lo hace en enero, entonces hacemos lo que podemos”, tercia el director financiero, quien sostiene que se trata de un tema cíclico. “Hemos tenido temporadas de 142 días de apertura como fue la de 2007-08 y otras de apenas veinte, pero hay que saber convivir con ello”. En cualquier caso, Gutiérrez resalta el alcance, por todo lo que conlleva, del ingreso unitario de la nieve. “No es lo mismo ir a esquiar a Alto Campoo que ir al teleférico de Fuente Dé. Pero bueno, no damos la temporada por perdida porque todavía queda Semana Santa, que es muy importante. Hay que aguantar unas semanas y vamos a ver qué ocurre. Con un metro de nieve, y si no hay viento sur, llegamos”, concede esperanzado.

Martínez Abad, por su parte, aclara que en la actualidad trabajan en adecuar la instalación para que genere retornos y visitas fuera de la temporada de nieve, un propósito que incluye rutas de senderismo, ciclismo y otras actividades actualmente en estudio. Además de acondicionar el hotel de la Corza Blanca, también avanza que la empresa baraja otras posibilidades ligadas incluso al campo de regatas que se proyecta en el Pantano del Ebro.

El potencial de Fuente Dé

El Teleférico de Fuente Dé, la infraestructura a la que el director de Cantur otorga un mayor potencial. Foto: Nacho Cubero

Cuestionado sobre cuál es la instalación con mayor potencial de crecimiento, el director general no duda en señalar al teleférico de Fuente Dé. “Tiene mucho margen de mejora”, admite con la vista puesta en una remodelación de las instalaciones que, asegura, prácticamente hará que sea un teleférico nuevo: “En 2007 la legislación nos obligó a reducir de 28 a 20 pasajeros la capacidad de las cabinas. Ahora pretendemos aumentarla hasta 40”, revela sobre este proyecto que también contempla incrementar la velocidad de la maquinaria y que, con una duración estimada de entre ocho y diez meses, se ejecutará en dos fases aprovechando la temporada baja.

Por otra parte, Martínez Abad no ve ningún inconveniente en su nombramiento como consejero delegado y director general, lo que por primera vez permite a una sola persona acaparar todo el poder en esta empresa pública. “Creo que es bueno y así evitas bicefalias. Personalmente lo veo como un reto. Obviamente conlleva una carga de trabajo muy importante, pero es cuestión de saber apoyarse en las personas que te rodean. Afortunadamente, Cantur cuenta con un equipo maravilloso que conoce la empresa. Si les dejas trabajar, todo resulta mucho más fácil”, aclara.

Asimismo, asegura que desde que asumió estos cargos la mejora de la gestión se ha convertido en una de sus prioridades. “El equipo humano es fantástico pero no siempre ha dispuesto de los medios y servicios necesarios para llevar a cabo su trabajo”, explica para señalar a continuación otro de sus objetivos: la transparencia en los procesos de contratación, hasta ahora habitual campo de batalla por las reiteradas críticas que la empresa ha venido recibiendo en los últimos años por supuestas irregularidades en las convocatorias de puestos de trabajo y bolsas de empleo. “No puedo hablar de lo que no me corresponde, pero acabamos de incorporar una directora de recursos humanos y estamos dotando a este departamento de la infraestructura suficiente para que pueda realizar adecuadamente su trabajo. Además, estamos trabajando con el comité de empresa para resolver todos los temas que estaban judicializados previos a mi llegada”, explica.

En este sentido, Martínez Abad destaca la “absoluta” colaboración de los representantes de los trabajadores. “Hay una línea de trabajo muy definida con ellos y parece que las cosas fluyen. Hay mucho por hacer y bastantes cosas que poner en orden, pero de momento estoy satisfecho. Obviamente, nuestro objetivo es que todo tenga la transparencia con la que venimos trabajando en todo. Acabamos de publicar en el portal de transparencia el plan anual de contratación, algo que no se había hecho nunca, y también las cuentas anuales. Es decir, la transparencia es y debe ser absoluta”, sentencia.

«La Semana Santa, si es buena, te puede generar 1 millón de euros de ingresos; y si es mala, quedarse solo en 100.000 euros». Luis Martínez Abad, de Cantur.

Pese a sus esfuerzos en mejorar la gestión, el consejero delegado de Cantur advierte de que esta depende mucho de factores que en ocasiones noes posible controlar: “Por mucho que modernicemos las instalaciones, es evidente que si no nieva se hace complicado mejorar los resultados de años anteriores”, puntualiza. “Hay épocas que marcan mucho la cuenta de resultados”, añade el director financiero. “Por ejemplo, la Semana Santa, si es buena, te puede generar 1 millón de euros de ingresos; y si es mala, quedarse solo en 100.000 euros. Y lo mismo ocurre con el puente de la Constitución, el del Primero de Mayo o los carnavales para la estación de Alto Campoo, que este año ha estado cerrada”.

“Al margen de la temporada estival, que en 2023 hemos conseguido alargar gracias a la climatología hasta mediados de octubre, hay cuatro o cinco periodos al año que son fundamentales. Veinte días generan el 20% de los ingresos de la empresa”, resuelve Gutiérrez.

Con todo, Martínez Abad sostiene que la empresa ha empezado este ejercicio sin sobresaltos importantes: “Enero se ha cerrado prácticamente igual que el pasado año, y febrero seguramente sea un poco peor por la falta de nieve, aunque los ingresos por pases de temporada han superado a los obtenidos en 2023”, especifica. De cara al futuro, su máximo responsable adelanta, sin querer dar más explicaciones, “sorpresas muy interesantes en materia promocional”, e insiste en que su objetivo es que las personas conozcan lo que es Cantur: “No se sabe ni se identifica todo lo que es y representa esta empresa. Cantabria no puede vivir sin Cantur”.

Hace 25 años llegaba a los quioscos el primer número de ‘Cantabria Negocios’, un hecho que se producía en los albores de Internet y cuando ya se adivinaban notables cambios en los formatos y los contenidos de los medios de comunicación. Además de las poco imaginativas apelaciones a la sorpresa por el tiempo pasado y la manera en que ha podido cambiarnos, la celebración del aniversario da pie a repasar el último cuarto de siglo de la economía regional y también, aunque cueste tomar distancia para ello, la pequeña historia de una revista nacida a contracorriente.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Febrero 2024

Por más que las hemerotecas siempre estén más que dispuestas a confirmar lo rápido e inclemente del paso del tiempo, es en los aniversarios donde ese echar la vista atrás se convierte en algo poco menos que obligado, más aún cuando la efeméride alcanza una de esas cifras proclives a la conmemoración. El cuarto de siglo que alcanza Cantabria Negocios con el ejemplar de este mes de febrero aporta una de esas circunstancias que anima a volver la vista al camino recorrido para hacer una mínima reflexión sobre la forma en que se ha llegado hasta aquí y el horizonte al que nos dirigimos. En una publicación que tiene a las empresas y la economía como ejes de sus contenidos, esa labor implica cuanto menos dos miradas: una hacia aquello que en este tiempo ha venido siendo objeto de nuestro interés, y el de nuestros lectores, y otra que se detenga en la propia historia de una publicación que nació en un momento en el que ya se auguraban cambios en el mercado que no parecían especialmente propicios para esa aventura.

En febrero de 1999, cuando el primer número de esta revista llegó a los quioscos, estos seguían siendo el principal punto de acceso a la información escrita, y los medios impresos el soporte casi único para esos contenidos. Pero Internet se mencionaba ya como el espacio donde en el futuro se encontrarían periodistas y lectores, en lo que se adivinaba como un fenómeno que daría un vuelco a todo lo conocido. En realidad esas previsiones, hechas cuando todavía la mayor parte de la población española no se había conectado a la red, se quedarían cortas al medir el alcance de los cambios que estaban por venir.

Fundada por el economista Eduardo Zúñiga, la revista Cantabria Negocios nació como un medio puramente analógico, sin versión digital y con una redacción en la que la conexión a Internet llegó solo a partir del tercer número. Ambas circunstancias eran comunes todavía en aquel momento y la primera, la puesta en marcha de proyectos informativos sin versión digital, todavía siguió siéndolo durante un tiempo en los albores del nuevo siglo. En todo caso, en pocos sectores el impacto de Internet ha sido mayor que en el de los medios de comunicación, a los que los cambios han tocado tanto en lo referente a formatos y contenidos como a la propia esencia del modelo de negocio. Un poco como consecuencia de todo ello, y en buena parte como parapeto frente a la incertidumbre, en el cuarto de siglo de existencia de esta revista ha habido tiempo de asistir al auge y caída de la prensa gratuita o las televisiones locales, medios a los que se adjudicaba un enorme potencial de crecimiento y que llegaron a captar millonarias inversiones por parte de los grandes grupos de comunicación, para caer después en el olvido. Cantabria Negocios ha dado cuenta de todo ello en sus páginas, y no ha sido inmune a la profunda transformación vivida por el sector.

Cantabria Negocios nació como un medio puramente analógico, sin versión digital y con una redacción en la que la conexión a Internet llegó solo a partir del tercer número.

En la oficina de la santanderina calle de Juan de Herrera que acogió a la revista hasta el año 2013, se dio forma a un primer número que llevó en su portada a Eduardo Rodríguez Rovira, probablemente el cántabro que ha alcanzado mayores responsabilidades en la dirección de empresas farmacéuticas, que compartía protagonismo con Emilio Botín y el análisis de la fusión entre el Santander y el Central Hispano. Esa combinación entre la cobertura de los grandes acontecimientos y la atención a las personas y empresas que, desde un plano más discreto, son verdaderos protagonistas en el acontecer económico fue uno de los objetivos fundacionales de la revista, y una de las señas de identidad que ha mantenido hasta nuestros días.

Más allá de ese compromiso con los contenidos, lo cierto es que la transformación a la que se aludía párrafos atrás es perceptible en casi cualquier aspecto en que se detenga el análisis, desde los que pueden considerarse menores –diferente tipografía, maquetación y logotipo a los actuales– hasta otros que tienen que ver más directamente con lo que hacemos: no existen hoy buena parte de las empresas de las que se hablaba en aquella primera revista, ya sea por circunstancias del mercado o por haber protagonizado fusiones o cambios de propietario, y otro tanto puede decirse de buena parte de los anunciantes. Curiosamente, y por completar el repaso a los contenidos de aquel número fundacional, el Santander y Eduardo Rodríguez Rovira siguen siendo hoy dignos de la atención informativa de entonces, convertido aquel en una entidad financiera con presencia internacional y con el empresario, hoy presidente de honor de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, dando voz a un colectivo de relevancia creciente.

Portada del primer número de Cantabria Negocios, que llegó a los quioscos en febrero de 1999.

Como cualquier otra empresa que haya transitado por las últimas dos décadas y media, Cantabria Negocios ha sobrevivido a las sucesivas crisis económicas que han marcado este periodo: la primera, la de las ‘puntocom’, pasó casi sin dejar rastro, algo que no puede decirse de la que vino después, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera posterior que, como en tantas otras empresas, puso en jaque su supervivencia. La última de las crisis globales por las que ha pasado, la de la pandemia, alcanzó a la revista en un momento especialmente delicado, poniendo a prueba lo atinado o no de alguna de las estrategias tomadas hasta entonces y, singularmente, las que sirvieron para enfrentar las consecuencias de gran recesión de 2008.

En aquel momento, cuando los efectos de la crisis financiera se dejaron notar especialmente en el mercado publicitario, Cantabria Negocios contaba ya con una versión digital, tanto de la revista como del ‘Directorio Empresarial’ que edita desde el año 2005, pero no fue ahí donde se asentaron las bases para buscar nuevos mercados. La puesta en marcha de un servicio de elaboración de páginas web y el comienzo de la realización de contenidos en vídeo, cierto que de forma muy incipiente en ambos casos, supusieron el inicio de una estrategia diversificadora que rendiría sus principales frutos años más tarde y, singularmente, tras la vuelta a la normalidad después del estado de alarma sanitaria de 2020.

El parón del confinamiento se produjo apenas unos meses después de otro de esos hitos que han marcado la trayectoria de la revista: el relevo en la empresa editora. Tras la jubilación de Eduardo Zúñiga, fundador y primer director de la publicación, los trabajadores de Cantabria Negocios crearon una sociedad laboral, Maremagno Comunicación SLL, para darle continuidad y potenciar las líneas de negocio con las que se quería diversificar mercados. Pero curiosamente fue la publicación impresa, elaborada en teletrabajo desde los propios domicilios, a la que le cupo la responsabilidad de sostener la actividad de la empresa durante los casi tres meses en los que el resto de departamentos vieron prácticamente paralizado su funcionamiento. Aun con todas las incertidumbres y con las dificultades que hubo que afrontar para sacar adelante esos números, el trabajo de esos días confirmó la vigencia del compromiso de esta revista con sus lectores. Porque, cuanto menos en lo que tiene que ver con esto, 25 años no son nada.

El tráfico de dispositivos aéreos no tripulados no ha dejado de crecer en los últimos años, y se espera que lo haga aún más en los venideros, cuando los drones empiecen a ser utilizados para tareas que todavía no realizan, pero para las que estarán capacitados, como el reparto. El grupo Pegaso, unidad de la Guardia Civil a la que compete la comprobación de permisos de vuelo y verificación del uso correcto de los aparatos en la mayor parte del territorio de Cantabria, ha atendido cerca de 1.200 operaciones de drones en la región a lo largo de 2023. Pese a la cuantía de las sanciones y la gravedad que puede tener un posible accidente, advierten, siguen siendo habituales los incumplimientos, a veces por desconocimiento de la normativa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Febrero 2024

El pasado 9 de diciembre un vehículo aéreo no tripulado, lo que se conoce popularmente como dron, se estrelló en lo más alto del árbol de navidad de Cartes, que pudo así añadir una singularidad más a su condición de mayor entre los adornos de este tipo levantados en toda Europa. El aparato volaba sin permiso sobre las cabezas de los cientos de personas que en ese momento se encontraban en el lugar. En una situación potencialmente más grave, otro de estos dispositivos interfirió hace algunos meses la maniobra del helicóptero del ‘112’, en la que ha sido una de las incidencias más peligrosas provocadas por un dron en Cantabria. Ambos sucesos motivaron la intervención del grupo Pegaso, la unidad de la Guardia Civil encargada de vigilar el espacio aéreo en la mayor parte de la región –estarían excluidas las áreas urbanas de los municipios de Torrelavega y Santander, que corresponden a la Policía Nacional– y de remitir a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) la información para la posterior sanción, que puede ser de un mínimo de 4.500 euros en el caso de Cartes, y alcanzar cifras mareantes para el operador del dron que afectó al vuelo del servicio de emergencias.

El equipo Pegaso atendió en 2023 unas 1.200 operaciones con drones en el territorio que es de su competencia, la mayor parte de ellas dentro de las tareas de control y verificación de vuelos que pueden considerarse rutinarias dentro de su trabajo, y que no suelen dar lugar a sanción alguna. “Los vuelos suelen realizarlos operadores que conocen su trabajo y que por tanto cumplen la normativa, y son muchos más quienes vuelan con todo en regla que quienes infringen la norma, pero sigue habiendo incumplimientos”, resume Eugenio Hoya, responsable de la unidad de Pegaso con base en Cantabria, habituado pese a todo a que siga habiendo quien dice no saber que necesita autorizaciones o permisos para hacer volar uno de estos aparatos: “Pero la ley obliga a todos, a quienes la conocen y a quienes no, y las sanciones pueden ser muy elevadas”, advierte.

La Guardia Civil creó el equipo Pegaso en 2016, inicialmente con una unidad en Madrid y extendiéndolo a partir de 2019 a todas las provincias españolas. Aunque su labor se extiende a la vigilancia y control de todo el espacio aéreo, lo que implica tanto la aviación comercial y ligera, como aeródromos o campos de vuelo, en una región como Cantabria la mayor parte de su actividad tiene que ver con los drones.

Trabajos de control de permisos y documentación sobre el terreno.

En lo que sería una jornada habitual en la base del grupo en el aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, explica el responsable de la unidad cántabra de Pegaso, los agentes revisan el correo electrónico y la aplicación que utilizan para que los operadores comuniquen vuelos y tramiten las autorizaciones. También por vía electrónica se solicita toda la información y documentos que puedan faltar: dueño y piloto del dron, que pueden no coincidir, datos del aparato, seguros… “Intentamos con ello evitar molestar al piloto el día del vuelo, aunque lógicamente también podemos desplazarnos y hacer las comprobaciones sobre el terreno”.

También fuera de la oficina, pero sin salirse de las labores habituales del grupo, se hace el trabajo de vigilancia en zonas especialmente concurridas –las playas en verano, o el Cartes navideño de este último diciembre– o allí donde se haya tenido noticia de un vuelo del que no se tuviera conocimiento previo. A todo lo anterior habría que sumar actuaciones más puntuales, como las que se realizan para dar cobertura de seguridad ante la visita de una autoridad, por ejemplo. La unidad, que opera sus propios drones, cuenta con medios y dispositivos para tomar el control de cualquier aparato no tripulado que vuele de forma irregular para, dependiendo de las circunstancias, obligarlo a tomar tierra.

Pese a que sigue habiendo quien los vende como un juguete, y compradores que los consideran como tal, los drones son aparatos cuya tenencia y uso están muy regulados, incluso en aquellos que por su bajo peso no precisan de ninguna titulación para su piloto. “Es cierto que muchos de los incumplimientos son con drones de menos de 250 gramos, que es verdad que pueden ser operados sin título, pero ello no significa que puedan volar por cualquier sitio”, advierte el responsable de la unidad cántabra del equipo Pegaso, que recuerda que tan solo con las restricciones a las que obliga el espacio aéreo del aeropuerto ya es imposible volar sin permisos especiales sobre la ciudad de Santander y en un área que se extendería hasta Suances o Hazas de Cesto. A ese espacio, denominado CTR por las siglas de Controlled Traffic Region, hay que sumar las limitaciones para volar sobre concentraciones de edificios, zonas de especial protección para las aves (ZEPA) o la prohibición de hacerlo en cualquier punto del parque nacional de Picos de Europa.

Miembros de la unidad Pegaso que opera en Cantabria.

No solo ‘in situ’

Para detectar y denunciar vuelos en zonas vedadas para ello, advierte Eugenio Hoya, no es imprescindible sorprender al infractor en el momento, sino que puede hacerse tras tener constancia de ello por las fotografías o vídeos tomados durante el vuelo, y subidas después a Internet. Una parte del trabajo del equipo Pegaso es, de hecho, rastrear páginas web y redes sociales en busca de un material que es en sí mismo una prueba y que daría pie a requerir al operador la información y los permisos del vuelo que sirvió para tomar las imágenes o, en su caso, tramitar la denuncia correspondiente. Teniendo en cuenta que hoy por hoy el principal uso de los drones es la toma de fotos y vídeos, y que quien lo hace suele tener el impulso de enseñarlos, es relativamente habitual que el infractor se ponga en evidencia al compartir ese contenido.

El desarrollo de la tecnología y las propias previsiones que manejan las administraciones encargadas de gestionar el espacio aéreo apuntan hacia un aumento exponencial de los usos de los drones, y en consecuencia también de las labores de control y vigilancia de las operaciones de vuelo. Teniendo en cuenta la actual carga de trabajo y la carga burocrática que implica cada operación, el riesgo de que ello derive en un cierto colapso del sistema es evidente. Con todo, se apunta desde Pegaso, la misma tecnología que hace posible los vuelos y las nuevas aplicaciones de los drones dotará también de herramientas a los encargados de vigilarlos.

Hoy en día, los agentes desplazados sobre el terreno ya pueden detectar cualquier dispositivo en vuelo en kilómetros a la redonda, registrando todos los datos del aparato y de quien lo opera. También existen medios fijos de detección y neutralización de drones en torno a determinadas instalaciones –los tienen, por ejemplo, los estadios de los equipos que compiten en la Liga de Fútbol Profesional, como los Campos de Sport del Sardinero–, una tecnología que en Madrid cubre ya la práctica totalidad del espacio urbano: “Eso acabará extendiéndose a todo el territorio, porque el incremento que esperamos en los vuelos es exponencial”, pronostica el responsable de la unidad de Pegaso de Cantabria.

Los planes para poner en marcha una planta productora de hidrógeno verde en los terrenos de Sniace movilizarían la mayor inversión privada realizada nunca en Cantabria y convertirían a la región en una de las principales proveedoras del que se considera como una de las principales alternativas a los combustibles fósiles. La compleja tramitación administrativa, la adecuación de los terrenos y la financiación dibujan los principales condicionantes para sacar adelante la iniciativa conjunta de RIC Energy y la empresa cántabra Copsesa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Enero 2024

Además de mantener una posición central en las actuaciones contra el cambio climático, la sustitución de los combustibles fósiles sitúa a la energía en disposición de jugar un papel económico muy diferente, por alcance y dimensiones, al que le ha correspondido en los países europeos durante la larga etapa de reinado del petróleo. El proyecto presentado este pasado diciembre en los abandonados terrenos de la antigua Sniace, sobre los que se plantea construir una planta productora de hidrógeno verde, es buena muestra de lo que puede aportar ese proceso de transformación energética, capaz también de impulsar un relevo industrial que quedaba simbólicamente subrayado en el propio escenario elegido para la actuación.

Con cifras que la convertirían en la mayor inversión privada acometida nunca en Cantabria, la actuación que debería dar lugar a la planta que promueven conjuntamente RIC Energy y Copsesa es también ilustrativa de las enormes dificultades financieras y administrativas a las que se enfrenta una iniciativa de este calado. De acuerdo con la mejor de las previsiones que manejan sus promotores, el inicio de las obras de construcción de la planta no sería antes de 2026, con la idea de comenzar a producir en la segunda mitad del año siguiente o, más probablemente, ya en 2028. Antes de la primera de esa fecha tendrían que haberse superado los desafíos que condicionan que el proyecto llegue a ser una realidad, y que José Luis Moya, CEO de RIC Energy, citó en el acto de presentación agrupándolos en tres grandes categorías: administrativos, técnicos y financieros.

Los promotores de Besaya H2, nombre con el que se ha bautizado el proyecto, prevén que la puesta en marcha de la planta movilice una inversión de 850 millones de euros para la construcción y puesta en marcha de una planta que fabricará hidrógeno y derivados a partir de una potencia de electrolisis de 500 MW. Esta última cifra situaría a la planta entre las mayores proyectadas en España y también entre las mayores que está previsto que funcionen en el conjunto de España. Como referencia, y de acuerdo a los datos desgranados durante la presentación, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el gobierno central prevé que la potencia instalada para generar hidrógeno verde sea de 10 GW en 2030, por lo que, si para esa fecha está operativa, la planta cántabra aportaría el 5 % de esa capacidad, y ello sin contar la posibilidad de doblar su potencia, algo igualmente contemplado en los planes de sus promotores.

Una ubicación idónea

La planta, que se levantaría sobre las 70 hectáreas de terrenos de la antigua Sniace adjudicados a Copsesa y RIC Energy en el proceso de liquidación de la histórica empresa, generaría unos 250 puestos de trabajo una vez en funcionamiento. Los terrenos de la vieja Sniace, en los términos municipales de Torrelavega y Santillana del Mar, son el gran elemento impulsor de la iniciativa y también, paradójicamente, uno de los principales condicionantes para su puesta en marcha. La descontaminación y achatarramiento de las instalaciones se cuentan entre los desafíos técnicos que superar para la puesta en marcha del proyecto, algo que para los promotores tiene la incertidumbre añadida de ser etapas que no dependen de ellos. Como tampoco lo es el cierre de la Autorización Ambiental Integrada con la que funcionaba Sniace, que entraría ya en el capítulo de las cuestiones administrativas que superar antes de poner la primera piedra de la futura planta.

Aun con todos esos inconvenientes, las características y ubicación de los terrenos donde se levantará la planta han sido decisivos para dar forma a un proyecto que, según destacó el CEO de RIC Energy, difícilmente podría realizarse en cualquier otro lugar: la disponibilidad de agua, las infraestructuras o la proximidad al Puerto de Santander, y la propia tradición industrial de la comarca, aportaron argumentos decisivos para dar forma al proyecto ahora presentado y situarlo en los terrenos de la antigua Sniace.

Una planta productora de hidrógeno verde funciona mediante energía eléctrica de fuentes renovables, que se emplea para, mediante electrolisis, generar hidrógeno y derivados –amoniaco, básicamente– a partir de agua. Con ellos, e invirtiendo el proceso, es posible generar electricidad para, por ejemplo, mover un vehículo sin más emisiones que el propio vapor de agua resultante. Relativamente sencillo de transportar y almacenar, y con una capacidad de generación de energía que garantizaría rendimientos comparables a las que hoy tienen los combustibles fósiles, el hidrógeno así producido sería una alternativa a estos y un vector energético clave para la descarbonización de la economía.

La inversión supera los 850 millones de euros para la construcción y puesta en marcha de una planta que fabricará hidrógeno y derivados a partir de una potencia de electrolisis de 500 MW

Pese a las muchas incertidumbres que todavía existen sobre el futuro que deparará la proyectada transformación energética, no parece que la demanda de hidrógeno y derivados vaya a ser una de ellas. Aun con los planes en marcha para la construcción de plantas productoras, y los que deberán todavía presentarse para alcanzar las previsiones del PNIEC elaborado por el Gobierno, no será rápido alcanzar un nivel de producción capaz de dar respuesta a la demanda. Con todo, y como destacaron José Domingo San Emeterio, presidente de Copsesa, y José Luis Moya en una entrevista publicada por ‘El Diario Montañés’ días después de la presentación del proyecto, llegar lo antes posible a ese mercado puede ser un factor decisivo para la competitividad de la futura fábrica de hidrógeno torrelaveguense.

Es ahí donde entran en juego los desafíos técnicos, administrativos y financieros que mencionaba el CEO de RIC Energy en la presentación de Besaya H2. De los tres, probablemente sea el segundo de ellos el que en mayor medida puede afectar a los plazos. Además de las administraciones local, regional y nacional, el proyecto implica tratar con organismos como la Confederación Hidrográfica o Red Eléctrica. Pocas referencias llevan a pensar que eso vaya a ser sencillo de resolver, y ninguna que vaya a ser rápido.

El autoconsumo solar parece haber dejado atrás sus años dorados para afrontar un periodo de cierta desaceleración, especialmente en el ámbito residencial, donde las instalaciones nuevas se reducen prácticamente a viviendas unifamiliares. Pese a la fuerte caída del coste de las instalaciones solares, que han bajado cerca del 30% en el último año, los principales actores del sector coinciden en atribuir este parón a que el precio de la electricidad ha dejado de ser una preocupación para los hogares, por lo que destacan que el principal nicho de mercado está hoy en las empresas e industrias.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Enero 2024

El autoconsumo solar pierde fuelle. Tras vivir un auténtico ‘boom’ a principios de esta década, especialmente en 2022, cuando se alcanzó la cifra mágica de los 2.649 MW de potencia de nuevas instalaciones –de los que el 39% (1.024 MW) se instalaron en hogares y el 61% restante en instalaciones industriales–, según destaca la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en su último informe anual del sector, la demanda de instalaciones solares experimentó el pasado año un bajón importante que esta asociación achaca a que los hogares ya no tienen la percepción de precios altos de la electricidad.

Una opinión que también es compartida por el responsable y socio de Neo Multihogar, Borja Saiz, empresa distribuidora de Endesa en Cantabria y Burgos, para quien el autoconsumo ha caído en la misma proporción que lo ha hecho el coste de la energía. “Empezamos muy bien 2023, pero se ha parado con el pasos de los meses y el descenso de los precios de la luz”, concede. Y es que, según detalla, de lo que se trata finalmente es de generar tu propia electricidad: “Cuando la energía estaba a 33 céntimos de euro el kilovatio, los consumidores buscaban alternativas para reducir sus facturas energéticas. Ahora, sin embargo, está a 16 céntimos, a 14… Y si el precio de la electricidad está a estos niveles, el retorno de la inversión para uso residencial se alarga por encima de los diez años. El precio, como en casi todo, no deja de ser la base de este negocio”, explica.

Pese a ello, Engel Energy, empresa especializada en instalaciones fotovoltaicas, calcula que ya existen más de 200.000 instalaciones residenciales de autoconsumo solar en España que, junto con los autoconsumos industriales, suman un total de 5,5 GW de potencia fotovoltaica instalada, una cifra nada desdeñable pero aún lejos del objetivo fijado por el Gobierno en el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de llegar a los 19 GW en 2030.

En este sentido, Saiz sostiene que el principal nicho de mercado del autoconsumo solar está en las empresas. “La rentabilidad aumenta en el caso de naves e instalaciones industriales, que tienen un gran demanda de electricidad y en las que, además, el horario del sol coincide con el de mayor consumo, una circunstancia que no está siempre tan clara en el caso residencial, donde muchas veces este consumo se concentra cuando no luce el sol”, matiza.

Viviendas unifamiliares

En el ámbito doméstico, el titular de Neo Multihogar circunscribe la práctica totalidad de la demanda a las viviendas unifamiliares, por cuanto entiende que el autoconsumo en edificios comunitarios es “muy complicado” de atender tanto por la gestión con los vecinos como por la disponibilidad de las cubiertas. “Los tejados no estaban pensados para acoger instalaciones fotovoltaicas. Están llenos de sombras, luceras, antenas, chimeneas… y caben muy pocas placas y muy dispersas. No hay espacio bueno y suficiente que haga rentable la inversión para la comunidad de propietarios. Y si lo hay, siempre es para atender los consumos eléctricos comunitarios (ascensor, luz de los espacios comunes, puerta del garaje…), rara vez para el aprovechamiento individual de los vecinos”, aclara.

Alberto Ruiz-Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria. Foto: Nacho Cubero

De igual parecer es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (Cafca), Alberto Ruiz-Capillas, quien admite que apenas hay solicitudes por parte de las comunidades. “Hace años hubo un tiempo en que los vecinos sí demandaban información sobre este tipo de instalaciones, pero finalmente no se llevaban a cabo”, razona antes de compartir con Saiz que los tejados de los edificios cántabros, generalmente a dos aguas, no son precisamente los ideales para instalar placas solares.

Aunque los fondos Next Generation establecen importantes subvenciones en función de los ahorros energéticos conseguidos, Alberto Ruiz Capillas explica que las comunidades de propietarios han preferido destinar sus inversiones a obras de rehabilitación de la envolvente, antes que a instalar sistemas fotovoltaicos.

De otro lado, el responsable de la empresa distribuidora de Endesa en Cantabria considera que ahora mismo las prioridades de los hogares son otras y que el interés por instalar paneles solares sobre sus tejados ha dado paso a la preocupación por la subida de la cesta de la compra. “No hace mucho había colas de personas para cambiarse de operador eléctrico o para preguntar cómo podían reducir su factura eléctrica. Ahora, en cambio, el precio de la energía ya no se comenta. De lo que se habla es del precio de los alimentos”, subraya.

En su opinión, que la energía haya dejado de ser un tema preocupante a algo residual tiene consecuencias que no siempre son positivas: “Puede que sea muy bueno para los consumidores, pero no cabe duda de que resulta muy negativo para la expansión de las energías renovables, en especial de la solar fotovoltaica”. Con todo, Saiz reconoce que el autoconsumo “aún sí despierta interés” entre las personas “con un poder adquisitivo medio-alto y una destacada sensibilidad por el medio ambiente”.

Más allá, Borja Saiz estima que el autoconsumo solar tiene especial sentido cuando el consumidor cambia de sistema de calefacción y pasa del gas a la aerotermia (bomba de calor). Según detalla, este sistema que, a través del ciclo termodinámico, recoge la energía del aire a través de una unidad exterior y la transforma en energía calorífica, está funcionando muchas horas al día y consumiendo electricidad: “Si instalara placas solares, parte de ese consumo de luz podría ser atendido por éstas, aunque sea en invierno. Entonces sí salen bien los números”, enfatiza.

El papel de la Administración

Con los datos en la mano, este ingeniero industrial conviene en que el autoconsumo solar todavía tiene un potencial de desarrollo enorme. “Queda muchísimo por hacer porque la inversión es interesante y consistente. Aunque se trata de una tramitación compleja, sin duda ayudaría que las subvenciones se gestionaran y entregaran en menor tiempo, pero para ello la Administración debería reforzar sus plantillas”, apunta.

A su juicio, todo depende de la apuesta del Gobierno: “Alemania, por ejemplo, tiene menos horas de sol que Cantabria y cuenta con bastantes más instalaciones solares”. Por eso, reclama que las subvenciones públicas sean más “a medida” y en función del territorio porque, según asegura, el 100% de las instalaciones que se solicitan en Cantabria van ligadas a contar con subvención. “Es evidente que a un cliente de Córdoba la inversión le resulta más rentable que a uno de Santander. Por eso, si se potenciara más la subvención, los consumidores cántabros sí tendrían mayor interés por las placas solares. Pero eso es ya un futurible”, acepta.

Borja Saiz, responsable y socio de Neo Multihogar. Foto: Nacho Cubero

En este sentido, el responsable de Neo Multihogar insiste en que no es necesario ser muy imaginativo para ver cómo puede favorecerse el uso de esta energía: “No hemos inventado la rueda. ¿Cuándo se disparó el consumo de móviles en España? Cuando se regalaba el terminal. En dos años, el 80% de la población española tenía un teléfono móvil. No se trata de regalar las placas solares, que cuestan bastante más, pero cuando un país apuesta por algo…”, apunta Saiz, que considera que por esa vía podría salvarse el principal obstáculo que ve para la expansión del autoconsumo: “En una instalación que cuesta rentabilizarla unos años, importa más la subvención que las posibilidades de financiación y que las facilidades de instalación, las otras dos cuestiones que más pesan a la hora de decantarse por esta energía renovable”, explica.

Coste de las instalaciones

A favor de esta energía renovable juega, además, la caída del coste de las instalaciones solares que, según fuentes del sector, ha bajado entre un 20% y un 30% desde el año pasado, de tal forma que hoy en día se pueden encontrar en el mercado paneles solares con un precio que puede oscilar entre los 50 y 400 euros por unidad, dependiendo de la marca del fabricante, la tipología, el tamaño y la potencia.

“Las placas solares y sus equipos son ya muy eficientes en precios”, corrobora Saiz, quien, desde el punto de vista técnico, apuesta por instalar estos sistemas con baterías para almacenar la energía porque “el sol luce de día y la luz se consume de noche”: “Una instalación con baterías es lo óptimo, pero cuestan dinero, aunque están muy subvencionadas, en algunos casos casi al 100%”, puntualiza.

Según sus cálculos, una instalación de autoconsumo de 3KW y diez paneles solares, el mínimo recomendado para una vivienda, ronda los 6.600 euros, cantidad que sube hasta los 10.600 –4.000 euros más– si se acompaña de baterías. “El problema estriba en que solo están subvencionadas las primeras baterías”, lo que complica los números porque, explica, mientras que la vida útil de una instalación y de las placas solares puede alcanzar los treinta años, la de las baterías es mucho más corta, y a los cinco o seis años habría que cambiarlas.

Batería virtual

Sobre el desarrollo de la batería virtual, el responsable de este punto de servicio de Endesa destaca que no se trata de una cuestión técnica, sino de un producto comercial que ofrecen cada vez mayor número de compañías. En este sentido, explica que los consumidores, por ley, no pueden vender toda la energía excedentaria que producen. “No puedes poner una fábrica de luz en tu casa. Solo puedes vender tantos kilovatios como los que has consumido en ese mes”. En este caso, la comercializadora te ‘compra’ ese excedente que no puedes vender y te lo ‘guarda’ en un monedero –la batería virtual– para que en invierno o en épocas de baja producción puedas recurrir a ese dinero, que ya no es energía.

“Lo sustancial es que se están tomando iniciativas para tratar de mejorar la rentabilidad de la inversión, ya sea incrementando las subvenciones o el precio al que se compra el excedente de energía”. Borja Saiz, Neo Multihogar

De lo que se trata en definitiva, detalla Saiz, es de un acuerdo financiero entre el propietario de la instalación fotovoltaica y la compañía comercializadora que permite ‘almacenar’ la energía generada por la instalación solar sin tener que utilizar baterías físicas. “De este modo, se mejora la rentabilidad de la inversión y las placas solares nunca estas ociosas”, indica el responsable y socio de Neo Multihogar, quien recuerda que la normativa sobre las instalaciones de autoconsumo establece que, para obtener las ayudas previstas en el sector residencial, el consumo anual de energía por parte del consumidor o consumidores asociados a la instalación debe ser igual o mayor al 80% de la energía anual generada por ésta. “Lo sustancial es que se están tomando iniciativas para tratar de mejorar la rentabilidad de la inversión, ya sea incrementando las subvenciones o el precio al que se compra el excedente de energía”, resume.

Por otra parte, este experto alude a la falta de obra en el sector, un problema que atribuye en gran medida a la elevada competencia que presiona los precios hacia abajo. “Mi precio de instalación lo tengo que bajar y entonces no resulta fácil encontrar electricistas o instaladores que quieran instalar fotovoltaica porque tiene trabajo de sobra sin tener que subirse a tejados, que es más complicado y peligroso. Si quiero que lo hagan, les tengo que pagar bien y a mí se me complica la vida”, describe. Además, recapitula que lo más caro no son los paneles solares –“un panel estándar de 2×1 metro lo puedes comprar por en torno a los 100 euros”, estima–, sino la instalación. “La gente multiplica el número de paneles por su coste y se cree que ya tiene hecha la inversión. Si echas cuentas, de los poco más de 1.000 euros que pueden costar diez paneles, hasta los más de 6.000 euros que cuesta la instalación median diversos materiales, algunos como el cobre nada baratos; bastantes horas de trabajo y mucha dificultad”, subraya. “De momento, el autoconsumo solar es para empresas e industrias. Ya llegaremos al residencial”, cierra.

Los informes sobre absentismo laboral abren a menudo la discusión sobre la dimensión real de este asunto que preocupa por igual a empresarios y sindicatos y sobre el que ambas partes coinciden en la necesidad de articular medidas y soluciones para tratar de mitigarlo. Pero mientras que la patronal destaca el elevado coste económico que representa para las empresas y su competitividad, los sindicatos denuncian la visión distorsionada que ofrecen estos estudios de un problema que consideran mucho más complejo y cuya interpretación, según sostienen, tampoco genera consenso.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Enero 2024

El absentismo laboral viene ocupando desde hace tiempo titulares y espacios en los medios de comunicación en los que, de forma casi generalizada, se alerta de su constante crecimiento y del elevado coste que representa para las empresas y su competitividad. Así lo pone de manifiesto un reciente informe sobre este problema elaborado con datos de la EPA por Randstad, empresa especializada en talento y recursos humanos, en el que se resalta que Cantabria lideró, junto al País Vasco y Canarias, el absentismo laboral en España durante el segundo trimestre de 2023. En concreto, este estudio recalca que la comunidad cántabra registró en ese periodo la tercera mayor tasa con un 7,2% de las horas pactadas, un punto por encima de la media nacional.

Asimismo, el V Observatorio sobre Absentismo Laboral Mutua Montañesa, presentado a finales del pasado mes de octubre, destacaba que la ausencia de los trabajadores de sus puestos de trabajo supuso a las empresas cántabras un coste de 383 millones de euros durante los primeros ocho meses de 2023, un 5,9% más que en mismo periodo del año anterior.

El empeoramiento de los datos de absentismo laboral en Cantabria se produce en un contexto general de mejora de la calidad de los contratos y menor temporalidad que, en principio, debería haber provocado los efectos contrarios.

La directora general de CEOE-Cepyme Cantabria, Isabel Cuesta, aclara que la región ya venía arrastrando desde hace algún tiempo esta alta tasa de absentismo que ahora “se ha acentuado” con la pandemia, si bien precisa que sus causas son difíciles de explicar en todo su alcance, ya que no existe un solo motivo que lo justifique. Además de explicar que cada sector tiene sus propias “peculiaridades”, Cuesta sostiene que una buena parte de la “culpa” de esta situación descanse muy posiblemente “en los ingentes recursos sanitarios y humanos que fueron necesarios para atender la pandemia y las secuelas sociosanitarias que aún arrastramos”, un argumento al que suma el “significativo” incremento de las bajas relacionadas con la salud mental que, según subraya, ha crecido mucho en los últimos tiempos.

Fotografía de Isabel Cuesta, directora general de CEOE-Cepyme de Cantabria

Isabel Cuesta, directora general de CEOE-Cepyme de Cantabria. Foto: Nacho Cubero

Este empeoramiento de los datos de absentismo laboral en Cantabria se produce, además, en un contexto general de mejora de la calidad de los contratos y menor temporalidad que, en principio, debería haber provocado los efectos contrarios. La directora general de la patronal cántabra no cree, sin embargo, que exista en este sentido una relación causa-efecto. “La reforma laboral ha cambiado la denominación de algunas formas de contratación, pero no parece que haya tenido un efecto tan significativo en la estabilidad de la contratación”. Es más, detalla que Cantabria no supera el 30% de contratos indefinidos desde hace varios meses, alrededor de quince puntos por debajo de la media de España. “Quizá este hecho también ayude a entender el porqué de esta situación en nuestra comunidad autónoma”, enfatiza.

De su lado, el secretario de Acción Sindical de UGT-Cantabria, Valentín Fernández, quita validez a este tipo de informes ya que, en su opinión, no dejan de presentar una imagen “interesada y sesgada” del absentismo laboral, dado que a su juicio no se analizan realmente los factores que están detrás de este problema: “Si ves los datos que ofrecen estos estudios, se trata de una especie de cajón de sastre en el que se recogen diferentes contingencias que se entienden que en sí son absentismo, cuando en realidad se trata de un término muy controvertido sobre el que, en muchas ocasiones, ni las partes implicadas nos ponemos de acuerdo qué se debe entender como tal y qué, principalmente, obedece a bajas por enfermedades comunes”, razona.

Fernández insiste en que detrás de estos datos está un “cierto interés” de las entidades colaboradoras del sistema público de salud, fundamentalmente las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que desde hace años vienen promoviendo un cambio legislativo para poder gestionar las contingencias comunes. “No voy a negar la mayor y puede que haya casos aislados de trabajadores que no acuden a su puesto porque no quieren. Siempre los ha habido, pero la excepción no hace la regla”, recalca el representante de UGT. “Podemos entender la preocupación empresarial por este asunto, pero lo que no vamos a compartir es que se llame absentismo a la enfermedad o que se alimente el fantasma del fraude entre la población laboral”, enfatiza antes de recordar que la incapacidad temporal no depende de la voluntad del trabajador: “Obedece a la decisión de un facultativo de atención primaria según criterios profesionales”.

Valentín Fernández defiende que si de la ecuación se eliminaran las bajas por enfermedad común, las horas no trabajadas por vacaciones, los permisos por maternidad o paternidad, la compensación por horas extraordinarias y otras ausencias justificadas, el resultado que reflejarían las estadísticas sería muy diferente: “El absentismo ‘real’ no tiene en ningún caso la envergadura que los empresarios pretenden denunciar ni, por tanto, es un grave problema económico para el país”.

Dicho esto, aboga por analizar desde un punto de vista preventivo las nuevas realidades del trabajo. “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se encuentra muy ligada al absentismo laboral, supuso un antes y un después de su entrada en vigor en 1995. Sin embargo, desde entonces el mundo del trabajo ha cambiado significativamente con la digitalización de los procesos productivos, el teletrabajo, la introducción de la inteligencia artificial, la conectividad permanente de las personas trabajadoras o el control y monitorización de sus tareas, lo que sin duda obliga a su actualización”, argumenta.

Aunque admite que esta norma ha funcionado razonablemente bien en el ámbito empresarial, Fernández sostiene que tras el Covid ha existido una “cierta relajación en la cultura preventiva de las empresas que de nuevo hay que implantar”. Porque, según explica, al calor de estas nuevas modalidades de trabajo han surgido también nuevos riesgos psicosociales de origen laboral –estrés, carga mental…– que tiene un “gran impacto” entre la población trabajadora y que, en su opinión, “no están siendo gestionados adecuadamente por las empresas”.

Por eso, reclama dar a la prevención de riesgos psicosociales, a lo que se refiere como “la nueva pandemia del mundo del trabajo”, la importancia que realmente se merece. “En estos casos, las empresas deben ser conscientes de que tienen un problema y hacer una evaluación de este tipo de riesgos para, una vez realizada, adoptar las medidas de carácter preventivo que sean necesarias y verificar con posterioridad si han sido o no las adecuadas, comprobando si los índices de absentismo se han visto reducidos”. Si se hiciera correctamente, señala, se generaría un buen clima laboral y un adecuado desarrollo profesional, concede apuntando directamente al “papel fundamental” que en este sentido desempeñan los departamentos de recursos humanos de las empresas.

Fotografía de Valentín Fernández, secretario de Acción Sindical de UGT de Cantabria

Valentín Fernández, secretario de Acción Sindical de UGT de Cantabria. Foto: Nacho Cubero

De su parte, la directora general de CEOE-Cepyme Cantabria estima que el incremento de la enfermedad común, que según el V Observatorio Sobre Absentismo Laboral Mutua Montañesa ha crecido cerca del 60% con relación a 2019 –el último año anterior a la pandemia– hasta representar en la actualidad más del 85% de las jornadas perdidas por parte los trabajadores, no se debe a una “mala salud” de los trabajadores en la región. “No creo que sea un asunto de salud, sino más bien de gestión, singularmente de las bajas laborales. Durante la pandemia se dio un paso para abordar estos asuntos de una forma más eficaz y rápida, pero no acabamos de coger la velocidad necesaria”, admite.

En este sentido, Cuesta considera que la colaboración publico-privada a través de las mutuas laborales y organismos similares podría ser una “muy buena opción” para agilizar todo el proceso: “Sé que el nuevo Gobierno de Cantabria está dando pasos en esta dirección. De hecho, recientemente hemos constituido conjuntamente con el Ejecutivo cántabro, el INSS y las mutuas una mesa de trabajo sobre absentismo en la que se ha demostrado la máxima disposición de todas las partes a colaborar y aportar soluciones eficaces”, precisa.

Una iniciativa sobre la que Fernández muestra su rechazo más frontal. “Podemos entender la preocupación de estas empresas –del sector de la automoción, según asegura– para tratar de dar solución al elevado nivel de absentismo laboral por incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes (ITCC) que soportan. Pero no se puede dejar al margen a los trabajadores porque, por encima de todo, está el derecho de los trabajadores a la salud”, afirma antes de reclamar que cualquier análisis sobre esta materia se haga en el marco del Diálogo Social. “El absentismo requiere de un debate profundo en el que todas las partes deben poner sobre la mesa sus preocupaciones y soluciones. Pero la Administración debe contar con todos los agentes sociales implicados en este proceso, no solamente con alguno de ellos”, reivindica el representante de UGT.

La patronal y este sindicato difieren también sobre si las obligaciones burocráticas prolongan innecesariamente los procesos de baja laboral. Así, la patronal aprecia que, al igual que en otros los ámbitos de la administración, también es preciso simplificar la burocracia en la gestión sanitaria. “Esta es una de las claves para la mejora de la competitividad de Cantabria, para la atracción de inversiones y para el cambio de modelo productivo de la región, y así se lo hemos expresado al nuevo Gobierno regional en diferentes ocasiones”, aclara su directora general, quien, por otro lado, vería con “buenos ojos” que las mutuas prestasen asistencia médica y emitiesen las altas en las veinte patologías traumatológicas más frecuentes, un posibilidad que, según el informe sobre absentismo laboral por ITCC en Cantabria elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), permitiría un ahorro total superior a los 26 millones de euros.

Por su parte, el sindicalista de UGT entiende que no es una cuestión de más o menos burocracia ya que, de hecho, desde el pasado 1 de abril el trabajador ya no tiene que entregar el parte de baja médica o incapacidad temporal a su empresa, sino que las comunicaciones se hacen ya por vía telemática entre las Administraciones y dicha empresa. “El problema es más de fondo. Hay que hacer una labor de base y analizar en detalle el porqué y las causalidades de las bajas laborales”, indica Fernández, que demanda abordar y poner en el centro del debate otras cuestiones que no siempre se tienen en cuenta: “Como los excesos de jornada, en muchas ocasiones no retribuidos; la falta de desarrollo profesional, el escaso reconocimiento y la inseguridad laboral” u otros factores, entre los que cita “el envejecimiento de las población trabajadora y los cambios climáticos que venimos soportando desde hace años”.

En lo que sí coinciden empresarios y sindicatos es en la necesidad de reducir las la listas de espera de la sanidad pública, toda vez que reconocen que hay muchas situaciones de baja laboral que están en espera de una prueba diagnóstica o de una consulta especializada.

Sindicatos y patronal coinciden en la necesidad de reducir las la listas de espera de la sanidad pública, toda vez que reconocen que hay muchas situaciones de baja laboral que están en espera de una prueba diagnóstica o de una consulta especializada.

“Hay una bolsa de casos que tiene que ver con las enormes listas de espera que soportamos”, asegura Pilar Cuesta, que entiende que todo lo que se pueda agilizar en este aspecto será de ayuda. A su juicio, se trata de uno de los mayores retos del Gobierno regional para esta legislatura que está comenzando.

Fernández, por su parte, se remite en este asunto al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado el pasado 10 de marzo por sindicatos y patronal. Según resalta, este acuerdo insta, en su capítulo VII, a aprovechar los recursos de las mutuas colaboradoras de la seguridad y salud, que posibiliten reducir los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de la salud, así como reducir las listas de espera en el sistema público. Al respecto, el secretario de Acción Sindical de UGT subraya que este mejor aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social no modifica “en modo alguno” las actuales competencias del Servicio Cántabro de Salud en los procesos de alta, baja y seguimiento de la incapacidad laboral: “Siguen igual, tan solo abre la posibilidad de utilizar los servicios de rehabilitación de las mutuas para tratar algunas incapacidades temporales por contingencias comunes de origen traumatológico, siempre bajo deseo del trabajador y con el permiso del médico de Atención Primaria”.

Precisamente, para tratar de mejorar la gestión de las ITCC, la directora general de CEOE-Cepyme Cantabria señala tres medidas: refuerzo y mejora de la atención primaria; simplificación burocrática con gestión directa entre empresas y sector sanitario; y colaboración publico-privada en la gestión de los casos comunes para desembolsar y agilizar la bajas y descienda el absentismo.

El secretario de Acción Sindical de UGT, por su parte, insiste en poner el acento en la salud del trabajador, que recalca debe estar en el centro del debate, y en poner en tela de juicio los informes aludidos sobre absentismo laboral. “Una cosa son los datos, pero detrás hay toda una casuística que no analizan. Habrá que hacerlo, pero contando con todos los agentes sociales. Para eso está el diálogo social”, concluye.

Por cada coche nuevo se han vendido 3,3 usados en lo que va de año en Cantabria, muy por encima de la media nacional, que es de 1,9. El mercado de vehículos de ocasión, marcado por el incremento de precios, terminará 2023 con unas ventas levemente inferiores a las del ejercicio anterior, según las previsiones del sector, que reclama incentivos para rebajar la antigüedad media de este tipo de vehículos, donde cerca de la mitad de las unidades vendidas hasta agosto tiene más de quince años.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Octubre 2023

Comprar un vehículo de ocasión (VO) nunca había sido tan caro en España, aunque no en Cantabria, que cuenta con el precio medio de oferta más bajo de todas las comunidades autónomas. Así lo recoge el último barómetro de coches.net, el marketplace experto en movilidad líder en España que, con datos referidos al pasado mes de agosto, sitúa por primera vez el precio medio por encima de los 20.000 euros (20.566 €), si bien en Cantabria el desembolso para hacerse con un coche de segunda mano no llega de media a los 18.000 euros (17.852 €). Este récord histórico no ha impedido, sin embargo, que las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano acumulen en los ocho primeros meses del año una subida del 2,6% con relación al mismo periodo de 2022, hasta alcanzar las 1.237.670 unidades, según datos de un reciente estudio elaborado por la consultora MSI para las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes), y Faconauto (concesionarios).

En Cantabria, por el contrario, el mercado de VO ha mostrado un menor dinamismo y se aleja también de la tendencia nacional al registrar hasta agosto unas ventas totales de 14.409 unidades, lo que representa una caída del 0,9% frente a igual periodo del ejercicio anterior, en el que se vendieron 14.545 coches. Esta diferencia de comportamiento del mercado en Cantabria y en el resto de España también se refleja en la comparativa con las ventas de vehículos nuevos. Si en lo que va de año en el conjunto nacional por cada vehículo nuevo se han vendido 1,9 de ocasión, este ratio sube al 3,3 en el caso de Cantabria.

La escalada en los precios de los vehículos nuevos ha llevado a que crezca la demanda de usados, pero también ha elevado la cotización de estos. En la foto, la exposición de Autos Raúl en sus instalaciones de El Campón, en Peñacastillo.

Para Raúl Azcona, de Autos Raúl, uno de las empresas de compraventa de vehículos de segunda mano con sede en Santander, el incremento medio de los precios de los coches VO descansa, en gran medida, en el aumento del precio de los nuevos, “que tira del precio del resto de vehículos”: “Este aumento del coste, junto con un contexto económico marcado por la inflación y la subida de tipos de interés, hace que el coche nuevo no sea accesible para muchas personas, que se ven obligadas a comprar un vehículo usado. Y a mayor demanda de coches más baratos, mayores precios”, explica. Además, Azcona justifica que el ratio de compra de coches de ocasión por cada coche nuevo en Cantabria supere con creces al registrado en el conjunto del país en el hecho de la región sea una de las más envejecidas de España. “Muchos pensionistas, pero también los jóvenes, con un poder adquisitivo más bajo, no pueden acceder a las condiciones de financiación o de renting que les proponen en el vehículo nuevo. Si no pueden pagar esas cuotas, es lógico que busquen opciones más asequibles”, concede.

Pero que el vehículo de ocasión se haya convertido en la primera opción de compra para ocho de cada diez conductores, según datos del estudio ‘Tendencia de compra de un vehículo en 2023’ dado a conocer en junio pasado, no solo es cuestión de precio. También juega a su favor, destacan los expertos, la disponibilidad inmediata –en la actualidad el plazo medio de entrega de un vehículo nuevo puede llegar a ser de hasta ocho meses, en función de la marca y el modelo– y la relación calidad-precio. A estas dos motivaciones, el propietario de Autos Raúl añade la mayor pérdida de valor de los coches nuevos una vez salen del concesionario. “Ahora los VO se presentan como una mejor inversión. Se estima que los coches nuevos pierden alrededor del 50% de su valor a los cuatro años de su compra. Y aunque en el caso de los usados este porcentaje puede llegar a ser similar, no es lo mismo perder el 50% de 40.000 euros que de 5.000 euros”, reflexiona. Para este joven empresario, que asegura vender una media de entre 150 y 180 coches de segunda mano al año, con precios que oscilan entre los 4.000 y los 16.000 euros, la sensible diferencia del precio medio de oferta de VO en Cantabria con el resto del país (17.852€ frente a 20.566€), se debe al diferente perfil de vehículo que se demanda en la región. “Si en otras comunidades como el País Vasco, donde también hemos trabajado, se demanda vehículos de más alta gama y marcas premium, aquí en Cantabria se busca más utilitarios y de ciudad, un sector que obviamente resulta más económico”, precisa.

Por tramos de edad

Por franjas de edad, los vehículos de más de diez años de antigüedad siguen siendo de largo los más vendidos en Cantabria, al igual que ocurre en el resto de España, donde acumulan más del 66% del total de ventas registradas hasta agosto, según los datos facilitados por Gasvam. De hecho, el mayor número de ventas se concentra en el tramo de más de quince años, con 6.595 unidades, lo que supone que más de cuatro de cada diez VO vendidos en la región supera esa edad. Pese a ello, el peso de estos modelos más antiguos empieza a dar muestras de cierto agotamiento (las ventas de VO con entre diez y quince años han descendido un 18,8% en lo que va de año, si bien las de los modelos de más de quince ha crecido en un 5,5%) en favor de vehículos de menor edad.

Así, los modelos de entre cinco y diez años de antigüedad son, con 2.132 unidades, los que registran un mayor crecimiento durante los ocho primeros meses del año en Cantabria (15,2%), aunque los seminuevos de entre uno y cinco años ha perdido cierto protagonismo con relación al pasado año, al descender un 4,2%. De este modo, Cantabria se separa una ves más de la tendencia seguida en el resto del país, donde las ventas de VO de este tramo, especialmente en el caso de los vehículo de entre uno y tres años, están tirando del mercado con un incremento acumulado hasta agosto de casi el 12%.

Incentivos para una movilidad más eficiente

En este sentido, el citado estudio sobre tendencias de compra pone de manifiesto que el mercado de segunda mano puede convertirse en una palanca de rejuvenecimiento del parque móvil español, cuya media se sitúa en los 14 años, y ayudar al cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Pero para ello, alertan desde Ganvam, sería oportuno que se pusieran en marcha medidas que dinamizaran la demanda de VO seminuevos lo que, a su juicio, contribuiría a retirar de la circulación los coches más antiguos y contaminantes y a facilitar, además, que las familias con menor renta disponible tengan acceso a vehículos eficientes. De hecho, ese informe refleja que el 71% de los potenciales compradores estaría dispuesto a renovar su vehículo si existiera un plan de incentivos que apoyara la compra de usados de menos de cinco años.

Raúl Azcona, a la izquierda, y su hermano Pablo, gerente y vendedor, respectivamente, de Autos Raúl, una de las empresas de compraventa de vehículos más veterana entre las que operan en Cantabria.

Una petición que también es compartida por Azcona, quien reclama la necesidad de articular ayudas al sector. “Desde luego que hacen falta. En muchos otros ámbitos sociales el Gobierno fomenta a las clases más desfavorecidas pero, en cambio, en el caso de los vehículos se favorece la compra de vehículos nuevos y eléctricos. La verdad es que no tiene mucho sentido, porque el que puede pagar este tipo de vehículos probablemente no necesita esa ayudas. El que de verdad la necesita es el que tiene un menor poder adquisitivo y desea acceder a un coche de menos de cinco años”, subraya.

Mercado cambiante

El titular de esta empresa de compraventa reconoce que en la actualidad el mercado es “muy cambiante” y que, a diferencia de anteriores ejercicios, no existe un periodo concreto del año que concentre más ventas. “Los porcentajes pueden variar mucho de un mes a otro porque ahora el coche no se compra por gusto, sino por necesidad”. Con todo, confía en que el mercado se mantenga estable de aquí a fin de año y que su facturación no variará mucho con relación a 2022. “Va ser un año normal”, augura.

Un vaticinio que también es compartido por Ganvam, que prevé que las ventas de turismos y todoterrenos de VO en Cantabria alcance las 22.185 unidades en 2023, lo que supondría un leve descenso del 1,9% con relación al ejercicio anterior, en el que se vendieron 22.609 vehículos. De cara al próximo año, las previsiones de esta patronal apuntan a un crecimiento del 3,9% hasta alcanzar las 23.040 unidades vendidas, aún lejos de las 24.864 que se contabilizaron en 2021, donde los usados vivieron un auténtico ‘boom’ por la crisis de los microchips y la escasez de vehículo nuevo.

Canales de ventas

En cuanto a los canales de ventas, el estudio de MSI para Ganvam y Faconauto destaca que la venta entre particulares sigue siendo la opción preferida por adquirir un VO en Cantabria. Hasta agosto, así se han comprado 10.900 coches usados, lo que supone que más de siete de cada diez conductores han utilizado esta fórmula. A bastante distancia, aparecen las empresas de compraventa –como Autos Raúl– que acumulan 1.899 unidades vendidas, prácticamente las mismas que en igual periodo del pasado año en que vendieron 17 coches más. Sin llegar las 1.000 unidades le siguen los canales de ‘renting’, importación y alquiladores, que presentan un comportamiento desigual con relación al pasado ejercicio. Así, mientras que las empresas de ‘renting’ y alquiladores, acumulan incrementos del 19,3% y del 0,6%, respectivamente, las ventas de vehículos de ocasión de importación han caído un 14,6%. En este asunto, Azcona resalta la creciente competencia de los concesionarios y de las empresas de ‘renting’: “Han encontrado un oportunidad de negocio en el mercado de VO y ahora también venden este tipo de vehículos que antes directamente nos pasaban a los compraventa”.

Por fuente de energía, la propulsión mayoritaria en el mercado de segunda mano continúa siendo el diésel, con más de la mitad de las ventas totales en España (56,2%) y también en Cantabria (62,8%), seguido de los motores de gasolina (36,8% de media nacional y cuatro puntos menos en Cantabria) y con un residual, aunque creciente porcentaje para las propulsiones alternativas (7% en el conjunto del país y un 5,1% en la región).

El responsable de Autos Raúl corrobora este dominio del diésel, si bien matiza que últimamente los clientes no llegan con la ideas tan claras: “Ahora no tiene que ser diésel sí o sí. Pueden cambiar de opinión”, aclara. Con todo, sostiene que el precio sigue siendo el criterio que más pesa a la hora de comprar un VO, por encima del consumo, de la seguridad o de otros factores. “Antes es posible que se tuviera más en cuenta el tamaño y otras necesidades, que ahora han quedado claramente en segundo plano si no entran dentro del precio”, enfatiza. Además, afirma que hay que tener en cuenta que la subida de precios ha desplazado hacia arriba la horquilla de compra. “Quien hace tres o cuatro años adquiría un coche de 3.000 euros, hoy en día se ve obligado a desembolsar el doble porque no hay coches de ese precio. Por eso ahora muchos conductores compran el coche que pueden, no el que quieren”, sentencia.

Con tecnologías diferentes, con variadas fórmulas de colaboración público-privada y con el impulso de las ayudas de las distintas administraciones, las conexiones de banda ancha han ido extendiéndose a las zonas rurales de Cantabria, pero todavía hay lugares donde no es posible una transferencia de datos a velocidades mayores a 50 megabites por segundo. Romper las últimas barreras que impiden salvar la ‘brecha digital’ entre lo urbano y lo rural es el objetivo del programa ‘Conecta35’, que utiliza el satélite como herramienta para llegar a zonas donde no hay otras opciones y a las que no es probable que llegue la fibra. Atraer población y empresas a los pueblos, o cuanto menos evitar el éxodo de las que ya existen, es el objetivo.

Cristina Bartolomé |  @criskyraOctubre 2023

El medio rural viene reclamando en las últimas décadas una conexión a Internet que facilite la vida diaria de la población, la instalación y permanencia de las empresas y evite el despoblamiento. Ahora, la cobertura, ya sea mediante una tecnología u otra, se encuentra en torno al 95% del territorio de Cantabria, aunque existen aún zonas rurales que viven en la ‘brecha digital’, especialmente los núcleos de población poco accesibles y con pocos habitantes.

La dificultad que presenta la orografía de Cantabria es el obstáculo más destacado para que llegue la conexión a la red, pero varias empresas tecnológicas han decidido apostar por ello y se encara ahora la última fase tras años de iniciativas público-privadas que han dado resultado. Así lo reconoce Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo y presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. Asegura que en su municipio la cobertura alcanza el 100% del territorio y sostiene que casi toda la región cuenta ya con algún tipo de cobertura, especialmente de banda ancha, por cable de fibra óptica, o por satélite, con la que también cuenta Arredondo. Valora su importancia para las zonas rurales: “Sobre todo para los niños en edad escolar y los estudiantes, porque pueden trabajar desde casa, y también para quienes teletrabajan, esto se vio claramente durante la pandemia”.

Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo y presidente de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, a la izquierda, junto al director de Adamo en Cantabria, David Llano, con quien posa con motivo de la llegada de la banda ancha a su municipio.

Aunque la utilidad en este caso está clara, Carrascal admite que no ha sido la panacea que se esperaba para dar la vuelta al problema de desplobación: “Pensábamos que iba a atraer más gente al mundo rural, pero de momento ha sido muy poca gente, aunque supongo que ha favorecido el establecimiento de empresas en zonas rurales en general, porque gracias a Internet pueden funcionar mejor. Algunas empresas han venido, pero en general ha favorecido a las empresas que estaban ya asentados en el mundo rural, les ha venido muy bien”.

Esto ha generado uno de los efectos más esperados: “Ha frenado bastante el despoblamiento y que la gente se trasladara a otros lugares”, asegura. Además, Leoncio valora el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno regional para favorecer la implantación de Internet en el medio rural: “Ha sido gracias al Gobierno regional, sobre todo la Consejería de Industria, que lleva haciendo estos años de atrás un esfuerzo impresionante. Yo diría que ha sido un éxito total”.

Fibra óptica y satélite: distintas tecnologías, un objetivo

Por parte de las empresas tecnológicas, Adamo es la que ha realizado una mayor implantación, con presencia en 95 de los 102 municipios de Cantabria.  La conexión que ofrece es de fibra óptica y cerca de 250.000 hogares están conectados con su tecnología. Precisamente las zonas rurales fueron desde 2017 su principal objetivo, ya que las urbanas estaban ampliamente cubiertas, reconocen desde este operador de telecomunicaciones. Uno de los últimos municipios que cuentan con su fibra óptica es San Miguel de Agüayo, sus solo 150 habitantes ya pueden navegar por Internet con banda ancha de esta tecnología desde hace unas semanas.

David Llano es el director general en Cantabria: “Nos centramos en el área rural porque es donde hay mayor necesidad y donde aportamos un valor. Tenemos el objetivo de llegar a todos los municipios, incluso a aquellos geográficamente más complicados. Es verdad que el ritmo de trabajo no se ve tanto como el anterior, cuando actuamos en municipios más densos, ahora llegamos a otros más pequeños, pero el trabajo al final es el mismo, llevar cable hasta allí, salvando las condiciones orográficas”. Adamo plantea seguir con su expansión y llegar al total de los municipios en el primer trimestre de 2024. Aunque esto no signifique necesariamente tener presencia en todos los núcleos de población: tienen previsto llegar donde técnicamente sea posible.

Para vencer los obstáculos de la orografía cántabra este operador de telecomunicaciones se ha venido apoyando en la población y empresas locales: “Todos los ‘partners’ o las diferentes empresas que están trabajando en el despliegue de la fibra óptica son de aquí. Con ellos hemos trabajado desde la fase de ingeniería y toma de datos en campo, hasta la fase de ejecución, creando una infraestructura nueva, para lo cual nos apoyamos en las infraestructuras públicas, como el alumbrado público o infraestructuras de la distribuidora eléctrica, con la cual tenemos un convenio firmado para utilizar sus infraestructuras de baja tensión”.

Dentro de los núcleos de población es más fácil, explica, y lo más complicado es ir uniendo un pueblo con otro. Para ello, trabajar con gente local que conoce el terreno ha sido muy importante y ha facilitado mucho el trabajo de este operador: “Por ejemplo, descubrimos caminos que dejaron de utilizarse y a través de ellos los recuperamos y vamos creando una infraestructura nueva, procurando respetar el medio ambiente y, donde es posible canalizar la red y crear una organización nueva, nos esforzamos en que nazca ya siendo segura y no esté sujeta a las inclemencias meteorológicas”.

De entre los trabajos más complicados recuerda los realizados en el Desfiladero de la Hermida, que además coincidieron con la pandemia: “Teníamos que avanzar por caminos donde no pasaba el camión. Nuestros técnicos iban tirando de los postes, como cuando se hizo el despliegue de la luz eléctrica, fue un trabajo muy tedioso y complicado, pero estamos súper orgullosos porque no era nada fácil”. Otro de los hitos ha sido establecerse en la zona sur de Cantabria: “Seguimos creciendo en municipios tan extensos como Valderredible, donde el obstáculo más claro es la dispersión de los núcleos de población y su pequeña dimensión, porque hay pueblos con 5 casas de las cuales hay habitadas 2, por ejemplo. Es muy complicado, pero ahí estamos, es donde aportamos valor. El reto más reciente ha sido llegar a Los Tojos”.

Los responsables de Conéctate 35, tras la presentación del programa en la sede de CEOE-Cepyme de Cantabria, en Santander, el pasado mes de septiembre.

Visto el panorama la pregunta es si el despliegue es rentable para una empresa de telecomunicaciones, obligada a acometer complejas actuaciones y fuertes inversiones para llegar a un reducido número de potenciales clientes. En este sentido David Llano defiende que Adamo es “un poco diferente” a otros operadores nacionales. Admite que la vocación rural está bien, pero lógicamente es mucho más caro y el retorno es a largo plazo, circunstancias que convierten en clave el respaldo que aporta su pertenencia al fondo de inversión de infraestructuras francés Ardian: “Si un operador tradicional busca un retorno de inversión a 3 o 4 años, nosotros proyectamos un retorno a más largo plazo, no es que el despliegue sea deficitario, ni mucho menos, pero la visión que tenemos es retornar esa inversión a más largo plazo. Al final, el hecho de ser el único operador que llega a estos núcleos rurales implica que esa población va a ser cliente, y recuperamos la inversión”. Otro de los pilares económicos ha sido la colaboración público-privada: “Hay planes del ministerio de los tres últimos años que vienen de los fondos Next Generation que ayudan a paliar un poquito el coste. No cubren el coste total pero ayudan a reducir el esfuerzo y nos permite seguir”.

Llano resume que en datos económicos, cuando comenzaron el despliegue en 2017 tenían previstos 40 millones de inversión, y al cierre de 2021 estaban en 61 millones: “Por cada euro que recibimos de subvenciones, hablando globalmente, nosotros aportamos otros 2. Con esos 3 euros conseguimos llegar. Fuimos los adjudicatarios de los programas de 2021 y de 2022 y a día de hoy estamos en ejecución de una de las convocatorias, tienen un plazo de dos años, por lo que el primero está a punto de concluir y el segundo concluirá a finales de 2024. Nos gustaría no agotar ese plazo”.

Añade que recientemente ha salido otra convocatoria relativa al despliegue de puntos para antenas, el plan ligado al 5G, pero señala que  para que esa tecnología llegue fuera de los núcleos urbanos hay que multiplicar el número de antenas existentes y a esas antenas hay que dotarlas de una conexión en fibra óptica. “Fuimos adjudicatarios de una parte del proyecto de Cantabria. Iremos  acometiéndolo al mismo tiempo, en cuanto vayamos agilizando los programas anteriores y se vayan preparando esos puntos de acceso, para que luego la empresa que decidan pueda montar sus antenas para que el 5G sea una realidad en el núcleo rural”. Sin embargo, añade que el negocio de Adamo va directamente ligado a la fibra óptica, al servicio de Internet sobre servicios fijos y todo lo que de él depende, es decir, la telefonía fija y la televisión –a día de hoy localidades de Cantabria sin señal de TDT–: “Pero es verdad que la telefonía móvil, las antenas de telefonía móvil, es algo que no es nuestro negocio a día de hoy, aunque hay que ir preparándose para el futuro”.

Ha habido también fondos públicos destinados a facilitar el acceso rápido a Internet en zonas rurales a través de algunos programas del Gobierno regional, si bien no eran fondos directos para el despliegue de fibra óptica, sino para el despliegue de banda ancha, matiza el directivo de Adamo. “Estos fondos los gestionaban los ayuntamientos y eran para crear infraestructuras. Algunos ayuntamientos se sumaron, implantando infraestructuras como una torre para algún servicio que no era de fibra óptica, y hubo otros con los cuales colaboramos y gracias a eso se hicieron canalizaciones que pagaron los ayuntamientos y que utilizamos y les alquilamos para poder llegar con la fibra”.

Las alternativas para llevar la banda ancha allí donde todavía no ha llegado cuentan desde septiembre con una nueva opción: el programa Conéctate35, que ofrece la posibilidad de contratar una conexión a través del satélite de Hispasat. Es parte de las inversiones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Miguel Ángel García Argüelles, es gerente de proyectos de Hispasat y concreta que el objetivo del programa y de esa aportación de fondos públicos es garantizar un acceso a Internet de 100Mbps (megabytes por segundo) a cualquier habitante, municipio, PYME, autónomo u organización sin ánimo de lucro, con independencia del lugar donde tengan su residencia. El requisito previo para acceder a este programa, que busca con ello no entrar en competencia con los operadores existentes, es que no tengan ya una cobertura de conexión con tecnología terrestre fija a una velocidad mínima de transmisión de 50 Mbps en sentido descendente.  Para obtener la subvención que se concede, el inmueble de que se trate debe estar situado en una zona elegible: los interesados pueden confirmar si su entorno geográfico lo es en la web conectate35.es.

La finalidad de Conéctate35, explica Argüelles, no es tanto la rentabilidad como evitar que aumente la brecha digital. En la actualidad, asegura, la no conexión a Internet es una fuente de desigualdad social, supone menores oportunidades para la educación, mayores dificultades para acceder a servicios sanitarios y para hacer gestiones con las entidades financieras o con la Administración. Lo importante, además de dar señal al territorio, resume, es “transformar lo que hay porque hay señal”, lo que se traduce en facilitar el desarrollo del territorio, la atracción de talento y en “la creación de riqueza para Cantabria”. Este es el motivo por el cual la presidenta de Cantabria María Jesús Sáenz de Buruaga se mostró, asegura, muy interesada en el proyecto. Lo realmente importante, subraya García Argüelles, es que los ciudadanos de los territorios más apartados estén cuanto antes conectados a la red con calidad “para que tengan acceso a las mismas oportunidades que quienes viven en la ciudad”.

El director de proyectos de Hispasat explica cómo funciona la conexión que ofrecen usando un símil: el satélite actúa como un espejo, refleja la señal y la transmite de forma global por el territorio. En el caso de contratar el servicio, la conexión sería inmediata, explica, porque los satélites ya están operativos y cubren todo el territorio nacional. La instalación debe ser realizada por un instalador de telecomunicaciones que colabore con el operador minorista, este último presta el servicio al usuario y se encarga de gestionar estas ayudas. El precio final que paga el ciudadano es de 35 euros al mes, IVA incluido y tan solo necesita instalar una antena receptora y un router similar al que se usa con la fibra. Tanto la antena como el router están subvencionados por el programa, así como la instalación.

Rubén García Colsa, profesional independiente que trabaja desde Campoo de Suso

Según García Argüelles una de las ventajas es la inmediatez. La velocidad que proporciona es de 100 Mbps y el año que viene será de 200 Mbps “y la calidad y prestaciones de la conexión son similares a las de otras tecnologías, excepto para los juegos online”. Las virtudes parecen claras, aunque el director de proyectos de Hispasat aclara que esta no es una batalla entre tecnologías: “Se trata de soluciones complementarias; se puede disponer de conexión vía satélite hasta que se desarrolle la fibra”.  De cualquier forma, matiza que habrá lugares para los que el satélite será la única opción. “No podemos llevarnos a engaño… la orografía de la comunidad hace muy complicado que otras tecnologías lleguen hasta el último rincón del territorio”.

Conexión a Internet: pasaporte al futuro

Jesús Prellezo es propietario del Hotel Remoña, en Espinama, municipio de Camaleño, en la comarca de Liébana. En su caso la conexión a internet es por fibra óptica. Cuenta que entre 2021 y 2022 hicieron obras de mejora en su zona de la comunicación digital: “Desde entonces no dudamos en cambiar nuestros módems, repetidores, instalaciones de fibra óptica… Y la verdad que ha sido todo un acierto. Somos los primeros que sufríamos la lentitud de la conexión, los continuos cortes… porque vivimos aquí. Y por consiguiente, también lo sufría el cliente. Esta inversión tecnológica ha paliado una gran inquietud empresarial que tenía”.

Su permanencia en la zona se ha basado en las posibilidades de trabajar online: “Desde clientes que se pueden permitir pernoctar más días porque les permite desarrollar su trabajo, hasta personas que han venido a quedarse en la comarca por el mismo motivo. Conozco casos en los que la herramienta principal para poder vivir aquí es una buena conexión. Incluso más importante que el ordenador. Ya con los smartphones gestionamos muchas cosas…”, resume. Y no solo para su negocio, sino para los de su entorno. Jesús asegura que ha frenado el éxodo y ha animado la llegada de nuevos profesionales: “Personas que trabajan las redes sociales, negocios de hostelería… Ya hay personas que viven como autónomas con la gestión de estas herramientas. También está el caso de emprendedores que trabajan con productos locales o servicios de proximidad, a este colectivo se les abre una puerta para promocionar sus productos o servicios, además de crear sinergias con otros emprendedores, potenciales clientes, o instituciones”.

Otro de los sectores que se benefician de la mejora de las telecomunicaciones ha sido la ganadería: “Gracias a una conexión satisfactoria, tienen la oportunidad de geolocalizar su ganado, sobre todo cuando están en zonas de difícil acceso o hay previsión de mal tiempo. Esto proporciona calidad de vida y es un gran paso”. Por otro lado, dado al alto porcentaje de población mayor, sirve para la mejora de los servicios de ayuda a domicilio y el cuidado de dependientes. “Pueden tener mejor comunicación con sus familiares, los servicios de teleasistencia pueden ofrecer mejores prestaciones y pueden mejorar su sus servicios”.

Rubén García Colsa es emprendedor y está radicado en La Población, en Campoo de Yuso, a orillas del embalse del Ebro. También cuenta con fibra óptica. Está convencido de que una conexión de alta velocidad es imprescindible si se quiere ser competitivo pero, en su sector, lo es todo: “Uno de mis servicios es editar podcasts y vídeos y si la conexión no es buena descargar y publicar ese tipo de material sería una labor imposible. Antes de contar una conexión en condiciones dejaba el ordenador trabajando por la noche, lo que me obligaba a sobre planificar mi trabajo”.

Con una conexión de calidad, tampoco prevé que sea necesario cambiar de ubicación, porque trabajar en remoto le permite tener la vida profesional y familiar que quiere. “Partir en igualdad de condiciones respecto de otros profesionales ha hecho que la posibilidad de estar aquí dependa de mi capacidad y no de mis circunstancias”. Y subraya que una conexión de calidad tiene la misma importancia que tenía la luz, el agua y la carretera para las generaciones anteriores: “No es una cuestión a tener en cuenta, es que es imprescindible, cuando no obligatoria”.

El cambio que ha supuesto una red fiable ha hecho, asegura, que desarrolladores web y gente del marketing que ni siquiera se planteaban trabajar desde los pueblos, o gente que está enamorada de esta tierra pero veía imposible vivir en el interior de Cantabria, se hayan quedado. Considera que no es el único factor para evitar el éxodo rural, pero sí uno de los más importantes: “Está al nivel de la educación, la sanidad y la vivienda. Para los modelos actuales es el equivalente a tener una nave en un polígono industrial, un horno en una panadería, o el símil que se quiera buscar. Si no tienes un local no puedes abrir una tienda, si no tienes conexión a internet no puedes trabajar, es así de rotundo”.