Cantabria ha perdido un tercio de su flota pesquera en los últimos 25 años un periodo en el que las pesquerías tradicionales se han visto afectadas por la disminución de capturas, la presión regulatoria, el aumento de los costes y la falta de relevo generacional para las tripulaciones. Con todo, suponen la práctica totalidad de la actividad pesquera de la región y aportan un producto de alta calidad que es fundamental para la hostelería y la industria alimentaria.

Juan Carlos Arrondo | Julio 2026

El declive de las pesquerías tradicionales no se le escapa a nadie que durante los últimos años haya observado con cierta atención lo que ocurría en las dársenas de nuestra comunidad. Según el último censo publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la flota pesquera artesanal de Cantabria contaba en abril con 110 barcos en activo, de los cuales 58 han sido dados de alta desde 2001, periodo en el que causaron baja 112 embarcaciones. Es decir, en este cuarto de siglo han cesado su actividad casi el doble de los que se han incorporado a ella. Aunque a veces se tiende a vincular esta decadencia con problemas a corto plazo, como puede ser una mala costera o la subida del combustible, que efectivamente existen y tienen su importancia, no conviene olvidar obstáculos y dificultades más de fondo que ponen en riesgo su futuro y el de unas localidades que tienen en este sector no solo su pilar económico, sino también aquello que vertebra sus relaciones sociales y su legado cultural.

Laura García, profesora asociada de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo e investigadora en el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), advierte de que la pesca artesanal es un concepto que carece de una definición estándar. Así como en la Unión Europea se habla de ‘small scale fisheries’ –pesquerías a pequeña escala– para englobar a las flotas con embarcaciones de menos de 12 metros de eslora que no utilicen artes remolcadas, en España y Portugal la descripción es algo más difusa: “Hay ciertas características en común, como que suelen ser barcos relativamente pequeños, pero no hay un límite claro”. De hecho, algunos de los que encuadraríamos en este sector poseen mayores dimensiones, por lo que apunta algunas particularidades técnicas más: “Suelen hacer mareas de un día, tienen un poder de pesca pequeño o moderado, utilizan artes estáticas y su impacto potencial en el medio marino, en general, es menor”. Además, otro rasgo distintivo es que normalmente responden a estructuras de negocio muy básicas, pequeñas empresas familiares o autónomos.

Laura García, profesora asociada de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo e investigadora en el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. Foto: Nacho Cubero.

La mala situación de la pesca artesanal en Cantabria es prácticamente igual a la de las comunidades vecinas y apenas difiere de la del resto del litoral peninsular. Independientemente de las singularidades locales que pueda haber, en todos los puertos pesqueros se enfrentan a obstáculos parecidos. Laura García destaca como, por ejemplo, la subida del precio del combustible es un problema que ahora está afectándoles, y si bien sus mareas son de proximidad y el consumo es menor que el de la flota industrial, también lo es su capacidad financiera, por lo que el negocio se resiente: “Además, su profesión es ir a la mar, no son profesionales de la gestión. Son estructuras demasiado pequeñas y esto les limita, porque tienen poco margen de maniobra”. Esto se refleja nítidamente cuando se trata de cumplir la regulación a la que están sometidos: “Cada vez vemos más protestas por las exigencias crecientes de la normativa. A veces no tienen ni espacio a bordo para llevar el instrumental o los dispositivos obligatorios”.

Para la investigadora del Indurot de la Universidad de Oviedo, junto a este tipo de inconvenientes coyunturales hay otros obstáculos más estructurales, de fondo y difíciles de revertir a corto plazo: “Hay un problema muy importante con el cambio climático, que está modificando las reglas del juego muy rápidamente y es un enemigo invisible al que estos barcos no están pudiendo adaptarse con rapidez”. A pesar de que suelen pescar una cesta diversificada de especies y por las características de su faena no utilizan artes agresivas ni incurren en una sobreexplotación de los bancos, a veces incluso sujetos a planes de gestión, la realidad es que las capturas disminuyen: “Lo estamos viendo con la caballa: el recurso está, pero a una profundidad mayor de la que habitualmente ellos pescan a la cacea, o con líneas de mano, que es muy artesanal. Es un ejemplo claro, pero hay muchos más, desde el pulpo hasta el bonito, que cada vez se va más al norte, especies de las que son altamente dependientes”.

Otro problema estructural es el del envejecimiento de las tripulaciones, cuya edad media supera los 50 años, y que está agravado por muy bajas perspectivas de reemplazo. “Podemos decir que menos del 20% de los barcos –seguramente en algunos censos y comunidades autónomas incluso menos del 10%– tienen una esperanza de relevo y, salvo tripulantes extranjeros, no se encuentra quien quiera ir a la mar”, indica Laura García. Considera que opera una especie de barrera sociológica, incluso generacional, que crea cierta desafección: “Existe un capital humano que ha aprendido y transmitido el oficio de padres a hijos durante generaciones, que acumula un conocimiento tradicional muy arraigado, pero eso en el mundo de hoy no atrae y no hay esa vocación por la mar”. Tampoco ayuda la irregularidad de los ingresos, que supone un importante desincentivo al embarque: “Hay un sistema de retribución que es un reparto en el que si no se sale a la mar y no se pesca, no se gana. Esto supone una incertidumbre que para mucha gente actualmente no vale”.

Sector controlado

El pesquero es un sector sujeto a una exhaustiva normativa y para estos barcos artesanales suele resultar difícil cumplirla. En opinión de la profesora de la Universidad de Oviedo, nunca se les ha tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones regulatorias o de planificación marina que les afectan directamente, porque siempre han tenido una relativa invisibilidad, algo que subraya como una debilidad estructural: “Es un segmento menos estudiado, poco monitorizado, que no se sabía muy bien dónde pescaba porque no estaba obligado a llevar geolocalización a bordo. Esto les ha convertido en invisibles: estaban ahí, pero no se les ha considerado para nada y eso para mí es una vulnerabilidad”. Aboga por avanzar en su conocimiento y que las exigencias se flexibilicen a la realidad de embarcaciones que muchas veces no superan los dos tripulantes. Y que esa visibilidad sirva para demostrar qué días han podido salir a pescar, para delimitar las zonas que deben protegerse de otras actividades porque ahí están sus caladeros y, en suma, para defender mejor sus intereses.

A nivel nacional, su volumen de capturas está en torno al 10% del total de pesquerías y las flotas artesanales representan aproximadamente el 80% de los pesqueros españoles, aunque esa proporción en Cantabria es bastante mayor, elevándose al 97% de los barcos que se encontraban en activo en el último censo de abril. La investigadora del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio cree que hay un entramado económico y social que queda fuera de la valoración de estas cifras: “Es una actividad que vertebra socialmente y que fija población. Da soporte a otros sectores, como astilleros, conserveras, restauración o turismo, que influye en la cultura e incluso en el paisaje”. Su situación es delicada y no se augura un futuro halagüeño, por lo que si desapareciera, la pérdida sería irremplazable: “Se seguiría comiendo pescado, pero se perdería un patrimonio cultural único que forma parte de la razón de ser de los pueblos pesqueros y su vida en torno a la lonja y a unos productos de una calidad excelente”.

“El problema de la mar es la incertidumbre, que hoy saben lo que ganan y, si empiezan a fallar los recursos pesqueros, las especies a las que tradicionalmente se han dedicado y sobre las que tienen unos conocimientos, mañana no lo saben”. Laura García, investigadora.

En clave económica y basándose en sus investigaciones, Laura García resalta la capacidad tractora que tienen las pesquerías artesanales: “Son capaces de generar actividad y empleo a su alrededor en mayor medida e intensidad que las industriales porque son mucho más dependientes de la mano de obra y porque sus productos tienen más valor en primera venta. Esto le convierte en un sector altamente interesante y que no es sustituible. Perderíamos mucho con su desaparición”. Como contraste, se trata de un negocio con estructuras empresariales débiles, escaso músculo financiero y rentabilidad incierta: “El problema de la mar es la incertidumbre, que hoy saben lo que ganan y, si empiezan a fallar los recursos pesqueros, las especies a las que tradicionalmente se han dedicado y sobre las que tienen unos conocimientos, mañana no lo saben”. Además, tampoco se puede salir a faenar de cualquier manera, hoy los barcos tienen que ser modernos, seguros y bien dotados, pero un horizonte con más sombras que claros desalienta cualquier posibilidad de inversión.

Resiliencia frente al porvenir

A pesar de todas sus vulnerabilidades y de las amenazas que ponen en riesgo su futuro, la pesca artesanal siempre ha logrado sobrevivir a infinidad de adversidades. Mientras en algunas comunidades, como Asturias y en buena medida también Cantabria, la flota industrial prácticamente ha desaparecido, las artes menores y otras modalidades tradicionales van capeando las dificultades gracias a algunas de las fortalezas que las caracterizan. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tienen la capacidad de cambiar tres o cuatro veces al año los aparejos y equipos de pesca, poner y quitar nasas, palangres, trasmallos u otros según la costera o la especie a la que en cada momento van a buscar a sus caladeros. “Son embarcaciones altamente adaptativas, muy flexibles, rotan y alternan distintos oficios. Tienen un margen de adaptación a los cambios mucho mayor que un barco grande y esto es una ventaja porque les hace más resilientes”, señala la investigadora del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo.

Una segunda fortaleza es que poseen un conocimiento tradicional del oficio, que se traduce en la obtención de un producto de mejor calidad y, en consecuencia, de mayor valor en la lonja o en los restaurantes. “Saben pescar muy bien porque no pesca la tecnología, sino el pescador. Y se dedican a un producto más gourmet, por lo que son capaces de generar más valor añadido por kilo, que en algunas especies, como pueden ser la lubina o la merluza, es una diferencia bastante grande”, afirma Laura García, que añade una tercera potencialidad que conviene recalcar: “Al pescador moderno le permite conciliar mejor su vida profesional y familiar”. Mientras en los barcos grandes, donde cuentan con el atractivo de una estabilidad en los ingresos, los marineros pueden pasarse semanas en la mar, esto no ocurre en los artesanales, cuyas mareas son de un día: “Vuelven a mediodía y paran el fin de semana. Ese pescador llega a casa a las dos y por la tarde puede tener una vida relativamente normal”.

Participantes en el I Congreso Ibérico de Pesquerías Artesanales, celebrado en las caballerizas del Palacio de la Magdalena en abril. Foto: Nacho Cubero.

Reconociendo la dificultad de revertir unos problemas que en buena medida exceden la capacidad de cualquier política pesquera, cabe preguntarse si puede haber soluciones para que la pesca artesanal tenga un futuro mejor del que se atisba. “Sería positiva cualquier medida pública o de gestión que facilite el enrolamiento y buscar fórmulas de retribución y de estabilidad de los ingresos. Esforzarse por dignificar el oficio en la mar”, explica Laura García. Además, enfatiza en el cambio de mentalidad que habría de producirse en el consumidor, para que sepa valorar y pagar bien estos productos: “Es un tipo de pesca alineada con la conservación del medio marino y con una serie de externalidades sociales y culturales muy fuertes. Esto lo tienen que reconocer y premiar los consumidores, que es una de las vías más poderosas para hacer algo por ella”. Y también estima que, sobre todo en pesquerías muy locales, podrían explorarse fórmulas de cogestión, es decir, de participación en la gestión del recurso que explotan y llegar así a apreciarlo como algo suyo.

Las perspectivas no son positivas y cuesta augurar un buen porvenir a una actividad en la que parece que pesan más las debilidades que las fortalezas. Laura García, que el pasado abril ha participado en Santander en el I Congreso Ibérico de Pesquerías Artesanales junto a un centenar y medio de académicos de diversas especialidades, profesionales del sector y representantes de la Administración de España y Portugal, alerta sobre el peligro de caer en el catastrofismo y confía en que se logre salir adelante. Sostiene que un conocimiento científico cada vez mejor abre una puerta a la esperanza, pero especialmente apela a la experiencia pasada: “Si miramos con perspectiva histórica, vemos todo lo que han pasado estas flotas. Desde la motorización, han convivido con la gran pesca de altura, las crisis del petróleo o la competencia de sectores prósperos como la industria en los sesenta o setenta. Y han sobrevivido a todo. Siempre hemos tenido una pesca artesanal resistente y adaptativa que ha sabido encontrar su nicho y yo quiero pensar que puede seguir haciéndolo”.

La formación especializada impulsada por Sodercan y Playstation Talents ya ha propiciado la puesta en marcha de más de 50 proyectos de creación de juegos, mientras algunos alumnos ya se plantean crear empresas en la región pese a la debilidad del tejido empresarial actual. La creación y venta de juegos electrónicos generó una facturación de 2.408 millones de euros en España durante 2024, último año con datos, dando empleo a más de 11.000 personas en perfiles profesionales y formativos muy diferentes. Pese a estos datos, y al crecimiento que vienen registrando año tras año, es una actividad que en Cantabria mantiene un peso menor, algo que el director de Playstation Talents considera que no tiene que ver únicamente con el talento: “No se trata solo de desarrollar un buen producto, sino de saber comercializarlo”.

Ana Bringas | Julio 2026

Hay algo casi hipnótico en los videojuegos. Desde el sonido de las piezas del popular Tetris cuando encajan, hasta —en una versión mucho más moderna— el enganche por descubrir un nuevo capítulo de las innumerables sagas que reúnen a millones de adeptos en todo el mundo.

Es una industria en transformación. Los datos lo confirman y revelan que España es ya el tercer mayor mercado europeo de la industria del videojuego, con una facturación superior a 2.408 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento interanual del 3%. El sector da empleo a más de 11.000 personas de forma directa y a miles más de manera indirecta, además de integrar a profesionales procedentes de ámbitos culturales como la música, el diseño o la arquitectura. Es lo que se desprende, en resumen, del último anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), correspondiente al año 2024.

Además, cada vez más personas juegan. Su relevancia social queda más que patente al considerar que más de 22,1 millones de personas en España juegan a videojuegos habitualmente, un incremento del 10% frente a 2023. “Atrás queda la visión de los videojuegos como puro ocio, ya que conforman el espacio cultural de todos: somos el legado de lo que hemos leído, visto y jugado”, apunta el ministro de Cultura Ernest Urtasun en el citado informe.

Sin embargo, y pese a su alcance y prometedor futuro, algunos protagonistas del sector consideran que todavía queda mucho trabajo por hacer en la industria del videojuego en España, que en determinados ámbitos califican como incipiente por ser aún poco conocida. “Funciona como un tiro y hay mucho talento, pero no ha crecido el tejido de empresas”, valora Gonzalo Guirao, director del programa PlayStation Talents, quien recuerda que este diagnóstico no es nuevo. “Hace 25 años, cuando yo empecé en la industria, ya se decía que no había industria del videojuego en España”, explica. A su juicio, se trata de una percepción en parte engañosa: “No hay grandes industrias de casi nada; tenemos un modelo muy vinculado a los servicios. No es un problema exclusivo del videojuego, aunque es cierto que no existe todavía un tejido empresarial fuerte, en parte porque no ha habido grandes éxitos comerciales que permitan reinvertir”.

Alumnos y profesores del curso, en una visita realizada en febrero a las instalaciones de Playstation en Madrid.

En Cantabria, con el objetivo de abrirse un hueco en este mercado, Sodercan, en colaboración con la Universidad de Cantabria (UC) y PlayStation Talents, ha impulsado una iniciativa pionera: el curso de Industria del Videojuego PlayStation Talents, que ha finalizado ya con más de 50 proyectos desarrollados por sus alumnos, muchos de ellos publicados en plataformas internacionales como Ítch.io, con una amplia diversidad de géneros y formatos: videojuegos en 2D y 3D, proyectos móviles, experiencias online, así como propuestas narrativas, experimentales e innovadoras.

PlayStation Talents ha mantenido históricamente acuerdos con distintas instituciones para impulsar el desarrollo de talento en el sector. En el caso de Cantabria, según explica Guirao, la iniciativa partió del propio interés del Gobierno regional por fomentar esta industria.

El programa se ha estructurado como un curso completo de 29 créditos, orientado a que los alumnos conozcan de primera mano todas las fases del videojuego, tanto en su vertiente creativa como empresarial y desde un enfoque práctico. “No se trata solo de desarrollar un buen producto, sino de saber comercializarlo: marketing, venta… Lo interesante es vender los videojuegos; es tan importante como el propio desarrollo”, subraya.

Guirao pone el foco en la continuidad: “Si de esos 50 proyectos uno sigue adelante, ya es un éxito. Y no tiene por qué ser solo económico; puede ser en visibilidad, en usuarios o en descargas, incluso con un modelo gratuito”. “Eso puede animar a otros”, subraya, aunque insiste en que el recorrido de las iniciativas dependerá de un esfuerzo conjunto entre la Administración, la empresa privada y los propios alumnos: “Todos tienen que colaborar”. Sobre la calidad de los trabajos desarrollados, el director del programa destaca un nivel notable para tratarse de un entorno universitario. “No es muy diferente a videojuegos que llevamos mucho tiempo evaluando y publicando en PlayStation Talents”, afirma.

“Si de esos 50 proyectos uno sigue adelante, ya es un éxito. Y no tiene por qué ser solo económico; puede ser en visibilidad, en usuarios o en descargas, incluso con un modelo gratuito”. Gonzalo Guirao, director del programa PlayStation Talents.

En este contexto, el codirector del curso, Carlos Blanco, considera que la principal aportación de Cantabria a este sector pasa por el talento. A su juicio, iniciativas como esta pueden facilitar la creación de nuevas empresas y fomentar el emprendimiento en un ámbito en el que la ubicación física pierde peso. “Se puede trabajar desde cualquier parte y para cualquier parte; es lo que tiene el software: un mercado accesible”, señala.

Guirao también pone en valor las herramientas actuales, que han democratizado el acceso al desarrollo de videojuegos: “Hoy alguien puede ser diseñador, programador y artista al mismo tiempo, y eso simplifica mucho que pueda surgir un buen producto”.

Como ejemplo, menciona uno de los mayores éxitos independientes del sector: Stardew Valley. Desarrollado por una sola persona y con una estética aparentemente sencilla, se ha convertido en un fenómeno de ventas a nivel mundial, lo que, a su juicio, demuestra que proyectos nacidos en contextos como este curso pueden tener recorrido comercial.

En cuanto a las oportunidades laborales, Guirao subraya que muchos de los alumnos aún están finalizando sus estudios universitarios o ampliando su formación, pero considera que este tipo de programas abre distintas vías profesionales dentro del sector.

“Por un lado, se abre un camino orientado a dedicar tiempo y recursos a publicar un producto propio, es decir, a emprender. En este sector uno puede autopublicarse y es relativamente sencillo”, explica. Junto a esta vía, también señala la posibilidad de trabajar por cuenta ajena, aunque matiza que el tejido empresarial en España sigue siendo limitado: “No hay tantos estudios potentes; se pueden contar con los dedos de una mano”.

No obstante, apunta a un escenario cada vez más globalizado. “Sí hay mucha empresa internacional y, con el trabajo en remoto —que en este sector ya se utilizaba incluso antes de la pandemia—, es factible que muchos alumnos puedan seguir ligados al mundo del videojuego”. En este sentido, insiste en que lo determinante no es tanto el título como la capacidad práctica: “Tienen que demostrar que saben hacer videojuegos; por eso es tan importante el enfoque práctico del curso”. En resumen, concluye, hay opciones, más fuera de España que dentro, y más fuera de Cantabria que en la región, “pero las hay”, destaca

Los alumnos

El perfil de los alumnos que han participado en el curso es diverso, desde estudiantes de Ingeniería Informática hasta graduados en titulaciones específicas, como el Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Europea de Madrid. Todos ellos coinciden en valorar positivamente la experiencia, especialmente por su carácter práctico y su conexión con la industria.

Alicia Rubio y Asier Ortiz, ambos de 22 años y estudiantes de último curso de Ingeniería Informática en la Universidad de Cantabria, son un ejemplo de ello. Cuando conocieron la existencia del programa a través de sus profesores, decidieron adelantarse y desarrollar juntos un juego básico para adquirir conocimientos previos. Aficionados a los videojuegos desde hace años, los dos destacan la utilidad del curso. “Los profesores nos han enseñado mucho, pero además desarrollan videojuegos y tienen un contacto real con la industria”, explica Ortiz. Esa combinación, añade, es clave para desarrollar las propias capacidades: “Hace que termines con la sensación de que puedes enfrentarte a cualquier proyecto”.

Asier Ortiz, estudiante del curso. Foto: Nacho Cubero.

Ambos contemplan el sector como una posible salida profesional, aunque son conscientes de las dificultades. “Hay talento, pero no empresas”, lamenta Ortiz, quien, aun así, no descarta emprender en el futuro: “Podríamos crear una. Yo no lo descarto, aunque primero van los estudios”. En su caso, centrará su Trabajo de Fin de Grado en los videojuegos y continuará desarrollando su proyecto “por diversión”, aunque también lo contempla como una posible vía laboral.

Rubio, por su parte, destaca especialmente el valor del curso para construir un porfolio profesional. Aunque no continuará con el proyecto desarrollado durante la formación, sí tiene claro que seguirá creando otros propios: “Quiero explorar los videojuegos como una posible salida laboral, aunque crear una empresa da respeto. De momento, seguiré por diversión”.

En la misma línea, Lucía Muntean asegura que el curso ha superado con creces sus expectativas, destacando especialmente la cualificación del profesorado. Alumna del programa y actualmente becaria en la Consejería de Educación de Cantabria, cuenta con formación como técnica superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, por lo que, según explica, ya partía de una base previa. Aun así, valora que el curso haya sabido adaptarse a distintos perfiles: “Está planteado de forma que cada alumno pueda avanzar desde su nivel”, señala. Como sus compañeros, reconoce las dificultades que implica emprender en este sector, pero se muestra decidida a continuar desarrollando su proyecto, Auroris, iniciado durante la formación.

Alicia Rubio, quien ya ha completado el curso de desarrollo de videojuegos. Foto: Nacho Cubero.

El caso de Alejandro Aythami refleja el perfil de quienes aspiran a dar el salto al tejido empresarial del sector. Procedente de Madrid, se trasladó a Cantabria para cursar este programa tras graduarse en Desarrollo de Videojuegos en la Universidad Europea de Madrid. Con experiencia previa en la industria como becario, valora positivamente la formación recibida, especialmente por su orientación práctica y la posibilidad de desarrollar un porfolio propio, aunque señala que sería deseable reforzar contenidos en áreas como el 3D.

Más allá del aprendizaje técnico, Aythami pone el acento en el valor de los contactos generados durante el curso. “Ha sido una oportunidad muy buena para conectar con gente con intereses similares”, apunta. De hecho, no descarta dar el paso hacia el emprendimiento junto a algunos de sus compañeros. “Siempre he querido montar mi propia empresa, aunque da respeto”, reconoce. En su caso, ese objetivo podría incluso materializarse en Cantabria: si el proyecto avanza, se plantea instalarse en Santander y contribuir desde allí al desarrollo de un tejido empresarial vinculado al videojuego.

Impulso de las instituciones

El director del programa PlayStation Talents también introduce un factor clave en el desarrollo de la industria: el papel de las políticas públicas. Como ejemplo, menciona el caso de Canadá, que hace tres décadas se convirtió en un referente mundial. “Hace 30 años, Canadá pasó a ser una de las regiones con más estudios y ‘publishers’ fuera de los países donde había comenzado la industria. Todo porque el Gobierno promovió que las empresas se instalaran allí”, explica. A su juicio, España podría replicar ese modelo, aunque reconoce las dificultades: “Depende de un esfuerzo conjunto del Gobierno central y de las comunidades autónomas para generar un espacio reconocible a nivel internacional”. En el contexto actual, señala que algunas regiones están dando pasos en esa dirección, aunque con limitaciones presupuestarias: “Cataluña, Canarias, Madrid y Cantabria lo están haciendo bien, pero mientras el esfuerzo sea principalmente regional, es complicado competir”.

En este sentido, el director de Playstation Talents considera que el sector necesita un punto de inflexión que impulse la inversión. “Hace falta un gran éxito español que reactive el ecosistema”, afirma. Como referencia histórica, recuerda el caso de Commandos, la saga desarrollada por Pyro Studios a finales de los años noventa, que logró un notable reconocimiento internacional. Sin embargo, desde entonces, apunta, no ha habido un fenómeno de similar impacto que consolide definitivamente la industria en el país.

Al apóstrofe, Guirao valora positivamente esta primera experiencia y destaca el papel de este tipo de iniciativas para dinamizar el sector a nivel regional. “Estamos muy contentos con el resultado y, aparentemente, vamos a seguir con este proyecto muchos años más en Cantabria”, concluye.

Con una dilatada experiencia en el asesoramiento a empresas y particulares, Manuel Torreiro, el nuevo rostro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Cantabria, muestra en esta entrevista su preocupación por la creciente inseguridad jurídica y participa de la sensación de cierta voracidad recaudatoria por parte de la Administración. En su análisis, lamenta la pérdida del trato cercano con los funcionarios y aboga por un marco regulatorio propio que contribuya a poner en valor su profesión.

Manuel Casino | Junio 2026

Pregunta.– ¿Diría que vivimos una época de inseguridad jurídica en el ámbito tributario?

Respuesta.– Sí. Desde la asociación entendemos que hay una cierta inseguridad jurídica. Es más, y quizá motivado por ello, una de las iniciativas más recientes que hemos impulsado, entre otras cuestiones, ha sido el lanzamiento del Observatorio para la Derechos y Garantías de los Contribuyentes porque hemos visto una erosión de estas garantías en los últimos años, precisamente en parte por esta inseguridad jurídica. Sin duda, hay un exceso regulativo que, en cierta manera, hace que los cuerpos normativos se vean erosionados. Como yo entiendo el mundo jurídico tributario, existen unos cuerpos normativos que luego se van complementando y desarrollando. Pero este exceso de complementación o de desarrollo los complica, hace que pierdan su esencia y que los criterios para entenderlos cada vez sean más complejos. Y esto sin ninguna duda genera inseguridad jurídica. Y también, en parte, por la forma de aprobarse estos textos normativos, en el que parece que últimamente el poder Ejecutivo está sustituyendo al Legislativo.

P.– ¿Se abusa en demasía del decreto ley en materia impositiva?

R.– Sí. Se ha convertido en algo ordinario. Se han planteado, además, cuestiones de inconstitucionalidad de determinadas normas en las que se han obtenido sentencias favorables por ese exceso de uso del decreto ley.

P.– Desde su asociación defienden una simplificación drástica del sistema tributario en su conjunto y hacer las normas más claras. ¿Con la Iglesia hemos topado?

R.– Desde la asociación siempre defendemos la existencia de un sistema tributario justo y sostenible. En este contexto, el exceso de una regulación normativa no es compatible. Por eso sostenemos que el sistema tributario debería simplificarse. Creemos que hay determinados impuestos que deberían ser objeto de una revisión, principalmente los patrimoniales y los que están cedidos a las comunidades autónomas. Las leyes del impuesto de Sucesiones y de Patrimonio son muy antiguas.

P.– Cada vez se extiende más la percepción de que existe una voracidad recaudatoria por parte de Hacienda. ¿Hay motivos para pensar que es así?

R.– En nuestra opinión, creemos que los hay. Y son varios. Estamos viendo en los medios de comunicación que ahora estamos en máximos de recaudación de la Administración Tributaria. Hay un motivo que es la inflación, sin ninguna duda, pero el hecho de la no deflactación de las tarifas de los impuestos demuestra que sí hay una cierta voracidad recaudatoria. Por otro lado, está la intensificación de las campañas de control tributario, especialmente en lo que atañe al IRPF de autónomos o pequeños profesionales, que también contribuye a que se extienda esa idea. La cantidad de requerimientos que se reciben de la Administración se ha incrementado en los últimos años. Y es una constante. La justificación de los gastos por parte de los autónomos muchas veces es dificultosa. Y esa interpretación que hace la Administración tan finalista y tan estricta genera igualmente sensación de voracidad.

P.– ¿Encuentra sostenible que, en disputas fiscales, instituciones dependientes de Hacienda en muchas ocasiones no compartan los mismos criterios?

R.– Bueno. Esto quizá esto no lo he notado tanto. Al final, la Administración tiene un componente jerárquico que está alumbrado por unas directrices y que no está sujeta a la ley, que además es interpretable. Dentro de la Agencia Tributaria existe un organismo que depende de la Dirección General de Tributos que emite consultas interpretativas sobre cuestiones que los contribuyentes plantean y cuyas decisiones vinculan a la Administración. Y luego están los tribunales económicos administrativos donde el central también emite resoluciones que son vinculantes. La Administración tiene que respetar esos criterios interpretativos emanados por órganos del propio Ministerio. Hacienda siempre barre para casa y sus interpretaciones son favorables a sus intereses. Pero los tribunales en parte también corrigen determinados criterios o prácticas. Lo mismo ocurre con los tribunales de Justicia. De todas formas, llegar a una unicidad completa me parece imposible. Al final, el Derecho es interpretativo, no es una ciencia exacta. Creemos que a eso se podría llegar por la vía de la simplificación de las normas tributarias que reclamamos.

“La profesión específica de asesor fiscal no goza de un marco normativo propio como tienen otros profesionales colegiados o regulados”

P.– La profesión de asesor fiscal, ¿está lo suficientemente regulada y goza del necesario marco jurídico para poder desarrollar claramente su actividad?

R.– La profesión específica de asesor fiscal no goza de un marco normativo propio como tienen otros profesionales colegiados o regulados. Es una reclamación del sector que lleva muchos años encima de la mesa con la que se pretende garantizar que el asesor fiscal cuenta con unos conocimientos que se presumen básicos para poder ejercer su trabajo. El asesor fiscal no deja de ser un interlocutor o un intermediario entre el contribuyente y la Administración Tributaria. Cuando mejor y más esté formado el asesor, mejor y más productiva será esa relación. Desde Aedaf, además, abogamos por que el asesor fiscal ejerza un papel concienciador de lo que supone contribuir al sistema tributario.

P.– ¿Cree que la conciencia y responsabilidad fiscal ciudadana vive sus horas más bajas, que a este paso vamos camino de necesitar una nueva campaña como la de ‘Hacienda somos todos’ de principios de la democracia?

R.– Soy de la generación de los 80, y creo que hemos crecido con una conciencia tributaria y social relativamente alta. Quizá más alta que la de la generación de nuestros padres en la que existía cierta laxitud con los impuestos. Entonces había menos impuestos que suponían una menor carga impositiva. Creo que mi generación siempre ha estado más concienciada de que debemos ser partícipes del sistema tributario. Pero en los últimos años, esta voracidad recaudatoria de la que hablábamos antes y estas prácticas de la Administración que todos estamos notando en nuestro día a día, quizá está revirtiendo esa conciencia que habíamos venido ganando. ¿Qué estemos en las horas más bajas? Yo creo que no, pero sí que hay un cierto malestar o pesadumbre en muchos contribuyentes por la carga fiscal que soportan.

Manuel Torreiro, durante la entrevista. Foto: Nacho Cubero.

P.– Colegas suyos reclaman con insistencia la necesidad de contar con un canal de interlocución propio y directo con la Administración y los organismos públicos para agilizar trámites y aclarar o resolver dudas. ¿Lo comparte?

R.– Sí, lo comparto plenamente. Es algo que todos los profesionales venimos reclamando. Desde la pandemia para aquí se ha perdido el acceso a la Administración. Se ha perdido el contacto humano y ese trato más cercano con el funcionario. Sí hay profesionales que mantenemos relación con algunos funcionarios para poder acceder a determinados temas, pero la antigua conexión que existía antes de la pandemia no se ha vuelto a retomar. Y consideramos que recuperarla sería positivo para ambas partes.

P.– Otros lamentan que su trabajo se centra cada vez más en gestionar y menos en asesorar, que es realmente a lo que se deberían dedicar. ¿Hay que distinguir mejor la gestión del asesoramiento?

R.– Sí, creo que sí. Yo me considero más un asesor que un gestor. Entiendo que dentro del papel del asesor fiscal existen las dos vertientes: una parte mucho más de gestión, de documentación y de datos que luego se transmiten a la Administración Tributaria, una carga que por otra parte ha ido creciendo en los últimos años. No sé dónde acabará en el futuro con la integración de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pero desde luego esta carga ha crecido y mucho. De otro lado, siempre ha estado en cuestión hasta qué punto la parte de asesoramiento es valorada o apreciada por los contribuyentes. Contar con un marco regulatorio propio es indudable que también daría valor al asesoramiento. Es una culpa compartida. Hay contribuyentes muy cortoplacistas que lo que buscan es solucionar ya la gestión, y hay otros que lo que necesitan es planificar y lo que requieren es un asesoramiento que normalmente implica un medio o largo plazo.

P.– ¿Le preocupa el intrusismo?

R.– Bueno. Como no es una profesión regulada, el intrusismo está ahí. Si una persona se considera preparada y quiere hacer más parte de gestión que de asesoramiento… ¿Existe el intrusismo? Existe. Pero el ámbito del Derecho Tributario conlleva una elevada complejidad y para que haya intrusismo tiene que haber detrás un cierto conocimiento. Si no, se cae por su propio peso.

P.– En la relación con la Administración se imponen la relación telemática por encima de la personal. ¿La cita previa y el teletrabajo no ha hecho sino complicar la vida de los ciudadanos?

R.– Sí, sí. Hay contribuyentes que están obligados a una relación completamente telemática, como son las personas jurídicas y los profesionales. Luego está el ciudadano de a pie. Desde la asociación hemos recurrido la obligación de presentar la declaración de IRPF de manera exclusivamente de forma telemática y el Tribunal Supremo nos ha dado la razón. Hay determinadas bolsas de la población a las que les cuesta mucho dar este paso. La solución que ofrece la Agencia Tributaria a estas personas es que vayan a sus dependencias y allí se la hacen. Pero también es verdad que para las generaciones digitales esta relación telemática facilita muchas interacciones. A mí, en mi papel del día a día de abogado tributario, que está más vinculado al recurso y la reclamación, la gestión telemática de los expedientes me facilita mucho el trabajo. Pero no entiendo esa necesidad de que todo sea telemático. Creo que los dos mundos tienen que poder convivir.

“Hay muchos contribuyentes que prefieren conformarse con el acto administrativo de liquidación, aunque no estén de acuerdo, porque acudir al recurso tiene un coste, en primer lugar de asesoramiento para que defiendan en esa vía tus intereses de manera adecuada”

P.– ¿Se recurre y se reclama más que nunca?

R.– No. Se recurre y se reclama sin ninguna duda, pero los incentivos que existen para no hacerlo también pesan en la balanza. Hay muchos contribuyentes que prefieren conformarse con el acto administrativo de liquidación, aunque no estén de acuerdo, porque acudir al recurso tiene un coste, en primer lugar de asesoramiento para que defiendan en esa vía tus intereses de manera adecuada. Por otro lado, en muchos expedientes que van acompañados de la pertinente sanción, el hecho de no recurrir genera unas reducciones sobre la sanción a las que los contribuyentes prefieren acogerse. La garantía en la vía del recurso de obtener una resolución favorable no existe. Y luego está la jurisdicción ordinaria en la que, además, del coste del asesor, existe siempre la posibilidad de perder con una condena en costas, lo que todavía incrementa el coste del recurso.

P.– ¿Y cómo es su relación como colaboradores sociales con la Agencia Tributaria?

R.– Ha mejorado en algunas cuestiones, como pueden ser la gestión de expedientes y de documentación, pero se ha perdido esa cercanía que había en otros tiempos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los actos de comprobación que realiza la Administración son de gestión, que en todos los casos se resuelven por escrito. Y muchas veces el propio contribuyente te pregunta por qué no se puede hablar con el funcionario, porque no es lo mismo explicar determinadas cuestiones hablando las cosas que presentando un escrito.

P.– ¿Diría que los ciudadanos conocen en general sus derechos como contribuyentes?

R.– Hay todavía una labor didáctica pendiente. Y en esto, el Observatorio para los Derechos y Garantías de los Contribuyentes, creado en marzo, tiene la finalidad de examinar el grado de cumplimiento por parte de la Administración y de los poderes del Estado del respeto a los derechos de los contribuyentes y ciudadanos. Desde la asociación en Cantabria, por ejemplo, acabamos de tratar en una jornada formativa el tema de los derechos de los contribuyentes en la entrada y registro del domicilio constitucionalmente protegido.

P.– ¿Le preocupa el uso que Hacienda pueda hacer de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en cuanto a los derechos de los contribuyentes?

R.– Sí, efectivamente. La Administración, si no dispone ya, dispondrá de unos medios tecnológicos basados en la IA que sin duda pueden erosionar los derechos de los contribuyentes. Es decir, puede disponer de tal cantidad de información que nos veamos reducidos a meros números y comparsas. Esto es algo que nos preocupa mucho. Vemos que la Administración Tributaria está destinando recursos a formarse y adquirir programas, conocimientos y tecnologías que van en esa línea. Los asesores fiscales, por nuestra parte, también hemos dado ese paso y la propia Aedaf está a la vanguardia de la incorporación de las nuevas tecnologías. Creemos que la inteligencia artificial es una herramienta que va a acompañar al asesor y que ha venido para quedarse.

P.– ¿Cada vez hay menos fraude fiscal?

R.– La naturaleza humana siempre estará ahí pero, como le decía antes, las nuevas generaciones tienen más conciencia tributaria. El fraude fiscal se ha ido reduciendo tanto por esta mayor concienciación ciudadana como por el control de la Administración Tributaria. No sé ahora mismo las cifras, pero mi percepción es que se está reduciendo.

P.– La factura electrónica y el sistema Verifactu, cuya obligación el Gobierno ha retrasado como pronto al año que viene, ¿será un quebradero de cabeza para la mayoría de pymes y autónomos como auguran algunos?

R.– Es de nuevo un incremento del control por parte de la Administración Tributaria. En el País Vasco, donde ya está en vigor, parece que está funcionando. No sabemos si finalmente acabará incorporándose o no, pero adaptarse a ese sistema y hacer que funcione es una carga más para los administrados.

P.– ¿Cuál diría que es el mayor reto que tiene por delante su asociación?

R.– Son muchos los retos que la actual directiva está tratando de abordar. Desde el punto de vista interno, implementar nuevas tecnologías dentro de la asociación para que el asociado puede aprovechar todavía más toda la capacidad formativa y de documentación de la que disponemos. Y de manera externa, además de la IA, que es un reto al que la asociación y los asociados ya nos estamos enfrentando, está el reto de captación de talento joven. Queremos atraer jóvenes a la asociación. Hay asesores fiscales, pero quizá haya que impulsar el relevo generacional. El compromiso de la asociación es intentar captar nuevos asociados.

El diseño de las licitaciones por las que se gestionará el mayor espacio dedicado a la flota deportiva en Cantabria reparte la dársena actual en tres áreas distintas, en un planteamiento que busca el equilibrio entre el componente social y deportivo de la náutica de recreo y su condición de motor económico y polo de atracción para un turismo de alto poder adquisitivo. Si las licitaciones se cubren tal y como están concebidas, se sumarían en torno a 300 amarres a los hoy existentes, además de renovarse toda el área dedicada a varadero, con una inversión total que podría alcanzar los 40 millones de euros. El Club Náutico Marina del Cantábrico, concesionario del puerto deportivo hasta 2027, optará a la denominada Marina Este, donde tendrán espacio preferente los amarristas actuales.

José Ramón Esquiaga | Junio 2026

Por más que sea habitual incluirla entre las actividades reservadas a quienes cuentan con economías muy saneadas, basta darse un paseo por cualquiera de las zonas en las que amarran embarcaciones de recreo para confirmar que con ese concepto –el de barco dedicado al ocio– se describen realidades muy diferentes, que forzosamente se corresponden con perfiles de propietarios y con usos que convierten en imposible cualquier generalización. Esa diversidad, que en su forma más evidente se mide en los muchos metros de eslora que separan a un pequeño bote de los yates de mayor tamaño, puede servir también para explicar la forma en que la Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha diseñado el futuro de lo que hoy es el puerto deportivo de Marina del Cantábrico, cuya concesión caduca el 9 de julio de 2027 y para cuya renovación se ha optado por una triple licitación con la que se quiere dar respuesta a modelos de explotación que, a falta de que el resultado de la convocatoria confirme o no ese planteamiento, parten igualmente de visiones diferentes de la náutica deportiva.

Con una trayectoria que ha sido pródiga en episodios controvertidos, la que es la principal marina deportiva de Cantabria encontró una relativa estabilidad cuando el Club Deportivo Marina del Cantábrico asumió la gestión de la infraestructura, tras hacerse con la concesión en 2021, después de la quiebra y liquidación de la anterior concesionaria, Marina de Santander. Estabilidad relativa por cuanto el proceso fue posteriormente anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria –en una decisión que quedó sin efectos prácticos por el recurso presentado por la APS– y sobre todo porque lo cercano del final de la concesión abocaba a una provisionalidad incompatible con cualquier actuación de puesta al día de unas instalaciones que acusaban el casi medio siglo transcurrido desde su inauguración.

Aportar un marco estable que haga posible acometer las inversiones necesarias para la actualización de la infraestructura es el primer objetivo que se persigue con una triple licitación que, secundariamente, busca armonizar el componente sociodeportivo de la náutica de recreo con la condición que esta tiene de motor económico y de reclamo para un turismo de alto poder adquisitivo. Para alcanzar ese difícil equilibrio, la APS ha diseñado tres concesiones para la lámina de agua, la superficie en tierra y los servicios que hasta ahora se organizaban con solo una. Una de ellas será la destinada a la construcción, adecuación y explotación de una instalación para la varada, mantenimiento, reparación, construcción y puesta en seco de embarcaciones, asumiendo las taras que hoy realiza –con medios mucho más precarios que los que prevé la nueva licitación– la actual concesionaria. El puerto prevé además trasladar aquí el servicio de carro-varadero que hoy se presta en el Barrio Pesquero, lo que liberará ese espacio para la ciudad. Son 3.600 metros cuadrados de lámina de agua –destinados a muelles de espera y a las labores de izado y puesta a flote de las embarcaciones– y 30.200 metros cuadrados de superficie terrestre.

El esquema con el que la Autoridad Portuaria de Santander delimita las áreas correspondientes a cada una de las
futuras concesiones.

Las otras dos concesiones que salen ahora a concurso serán las destinadas propiamente a amarres, y a las que corresponde por tanto dar respuesta al que reiteradamente ha venido señalándose como principal condicionante –una oferta que no es capaz de cubrir la demanda potencial de puntos en los que atracar la flota, tanto la residente como la de paso– para el desarrollo de la náutica deportiva en Cantabria y, singularmente, en el área de la bahía de Santander, considerada especialmente propicia para este sector. Para ensanchar ese cuello de botella, y hacerlo sin inclinar la balanza hacia la orilla más elitista de la actividad, la APS ha dividido los 174.000 metros cuadrados de lámina de agua con que cuenta la dársena en dos zonas diferenciadas, que se licitarán por separado: una, a la que denomina Marina Oeste, de 85.000 metros cuadrados en un espacio hoy sin utilizar en su mayor parte; y otra, bautizada como Marina Este, con otros 89.000 metros cuadrados que se corresponden casi en su totalidad con la lámina de agua en la que se ubican los atraques de la actual concesión.

Condiciones diferentes, perfiles distintos

Con superficies muy similares, son las condiciones que se contemplan para ambas concesiones las que marcan las principales diferencias entre una y otra, y lo que presumiblemente establecerá perfiles muy diferentes entre los interesados en licitar por cada una de ellas. Quien se haga con la Marina Este –la que puede identificarse casi en su totalidad con la Marina del Cantábrico de hoy– deberá habilitar 850 amarres, de los que un 60%, como mínimo, deberá estar destinado a esloras iguales o menores a ocho metros; un 30%, como mínimo, a esloras entre 8 y 12 metros y un 10%, como máximo, a esloras entre doce y dieciocho metros. El reparto de esloras, que da preferencia a las que constituyen la mayoría de la flota de recreo con base en la bahía, aporta ya un primer indicio del papel que quiere darse a este espacio, destinado a facilitar la continuidad del uso actual. Este objetivo se recoge explícitamente en otra de las bases de la licitación, que obliga al futuro concesionario a dar preferencia a los actuales amarristas –entendiendo como tales a quienes ostenten esa condición durante al menos los seis meses anteriores al final de la actual concesión– a la hora de comercializar los atraques. Además, se obliga a que la totalidad de estos se destinen a embarcaciones de base, vetando por tanto la posibilidad de que el futuro concesionario pueda reservar amarres para la flota en tránsito o alquilarlos por temporada.

Las condiciones de la concesión de esta Marina Este se completan con las dos variables que, junto a la eslora y las condiciones de comercialización de los amarres, definirán la viabilidad de la explotación del puerto: la inversión y el precio máximo a cobrar a los futuros amarristas. Según establece el puerto, quien opte a la concesión deberá invertir entre 3,5 y 7,5 millones de euros en la renovación de las instalaciones, un mínimo y un máximo que se corresponderán con una mayor o menor puntuación en la valoración de la oferta. El precio máximo de comercialización establecido en las bases es de 0,5 euros multiplicados por día y por la eslora y manga –largo y ancho– del atraque, lo que daría como resultado una cantidad que oscilaría entre los 82.000 y los 263.000 euros –IVA aparte– para las esloras de entre 6 y 12 metros, superando el medio millón para las de más de 20 metros. Como referencia, y consideradas en pago anual, son cantidades comparables a las que contempla el diseño de tarifas del actual concesionario.

Si a la Marina Este le corresponde facilitar la continuidad de los usos del actual puerto deportivo –sea con el mismo concesionario o con quien le dispute la licitación– a la nueva Marina Oeste le compete dar respuesta a la demanda que puede quedar insuficientemente cubierta de esta manera: nuevos amarristas, ya sean de base o de temporada, y atraques para grandes esloras y flota en tránsito. En este caso no se establece un número fijo de amarres, que dependerán de la distribución de esloras que decida el futuro concesionario que, eso sí, estará obligado a que un 5% del total sean para embarcaciones de más de dieciocho metros de eslora, y un 10% se destinen a embarcaciones de tránsito. La inversión a acometer se sitúa entre los 10 y los 20 millones de euros –cantidades que dan lugar, respectivamente, a la mínima y máxima puntuación en el proceso de adjudicación–, en tanto que las tarifas máximas a cobrar a los amarristas se mueven entre los 8 y los 10 euros por día y metro cuadrado, en función de si se trata de embarcaciones con base en el puerto o en tránsito.

Barcos en la zona que se licitará como Marina Este. Al fondo, en tierra, la zona destinada a varadero y servicios, que también contará con una porción de lámina de agua para maniobras y pantalanes de espera. Forto: Nacho Cubero.

Al igual que sucede en el caso de la licitación de la Marina Este, en la puntuación se ponderará positivamente la rebaja sobre estos importes máximos, que en todo caso son notablemente superiores a los que se contemplan para los atraques de la parte del puerto con la que se busca dar continuidad al actual. Aunque la futura concesionaria es competente para fijar la distribución de espacios entre esloras y, por tanto, el número de atraques, la APS calcula que esta Marina Oeste podría ofertar en torno a 600 o 700.

Actual concesionaria

Por el momento, solo el Club Deportivo Marina del Cantábrico ha confirmado que acudirá a la licitación, en lo que será un intento de renovar la concesión que ahora ostenta. En términos prácticos, y de resolverse la licitación a su favor, eso supondría que los 850 socios deberán aportar la cantidad necesaria para afrontar la inversión que exige la APS, repartida en razón de la participación de cada cual, de lo que resultaría una media de unos 9.000 euros si la cuantía se mueve en el entorno de los 7,5 millones de euros que darían lugar a la máxima puntuación en el proceso de adjudicación. A partir de ahí, los pagos se limitarían a los gastos de luz y agua y a lo que el propio club cobrase a sus socios, como sucede actualmente. El escenario sería diferente en caso de que la licitación la ganase alguien ajeno a los actuales amarristas, que debería invertir con sus propios medios y comercializar posteriormente los atraques a la tarifa máxima recogida en las bases y dando preferencia a las embarcaciones que tienen ahora ahí su base.

David Muñoz, presidente del Club Deportivo Marina del Cantábrico recuerda que esta es una licitación abierta y no descarta tener que competir con otras ofertas, o que incluso sean estas las que consigan hacerse con la concesión. Con todo, considera muy improbable que con las condiciones en que está planteada la licitación de la Marina Este haya ninguna empresa interesada en hacerse con ella, sobre todo teniendo en cuenta que tiene la opción de hacerlo con números mucho más atractivos en la Marina Oeste. De haber algún interesado, augura, será un club sin ánimo de lucro, como el que él preside.

“Económicamente, nos hemos quitado un peso de encima, lo que no significa, eso quiero dejarlo claro, que vayan a darnos la concesión, hay que cumplir unos parámetros y puede haber algún otro club de España interesado en ella”. David Muñoz, Club Marina del Cantábrico.

“Estamos contentos con la forma en que la APS ha diseñado las concesiones, dividiéndolas en tres, porque para nosotros era absolutamente inviable optar a la totalidad. Económicamente, nos hemos quitado un peso de encima, lo que no significa, eso quiero dejarlo claro, que vayan a darnos la concesión, hay que cumplir unos parámetros y puede haber algún otro club de España interesado en ella”, advierte el presidente de Marina del Cantábrico, que en todo caso recuerda que la entidad que preside ha venido “haciendo los deberes”, saneando las cuentas, generando una reserva de fondos y planificando una reordenación de espacios que permita cumplir con lo que se pide en las condiciones de licitación.

El puerto actual cuenta con 1.200 atraques, entre los que se cuentan los de los cuatro pantalanes que se sitúan hoy en el espacio que corresponderá a la futura Marina Oeste, y a los que habrá que hacer sitio en el nuevo diseño de la concesión Este. David Muñoz no cree que vaya a haber ninguna complicación para hacerlo. “Nosotros somos 850 socios, el resto, hasta los cerca de 1.200 atraques, son tránsito, lista sexta, empresas, y según esta licitación no tienen cabida. Con eso, en los 90.000 metros cuadrados de lámina de agua que nos corresponderían entran los 850 atraques que pide el pliego, esperamos que incluso alguno más, pero los 850 con toda seguridad”, calcula el presidente del Club Marina del Cantábrico.

Al margen de lo que pueda deparar la resolución de las tres licitaciones, David Muñoz no tiene duda a la hora de calificar como muy positivo el diseño planteado para el que es el mayor espacio dedicado a la náutica deportiva en Cantabria. De todo el proceso debería resultar una inversión que, teniendo en cuenta el arco superior de lo recogido en las condiciones, rondaría los 40 millones de euros. Ello daría lugar a una renovación completa de las instalaciones actuales, una zona de varadero y actividades auxiliares con capacidad para dar respuesta a lo que hoy se reclama a instalaciones de estas características, y un aumento notable en el número de atraques, que pasarían de los 1.200 actuales a un número que rondaría los 1.500, dependiendo de cómo ordene el espacio quien se haga con la concesión de la Marina Oeste. “Pase lo que pase, vamos a tener 700 vecinos nuevos, y una empresa con interés y capacidad para invertir en generar una actividad que nos va a venir bien a todos”, recalca.

“Estábamos llegando al límite, con Puertochico lleno, Pedreña también completo y Marina del Cantábrico muy cerca de estarlo”. Jaime Piris, gerente de Yates y Cosas.

El incremento en el número de atraques incide sobre una cuestión estrechamente vinculada con el desarrollo de la náutica deportiva, tanto por su relación directa con el mercado de compraventa como por lo que puede aportar para incrementar la oferta de servicios de alquiler que hoy tienen una presencia mínima en la capital cántabra. “Estábamos llegando al límite, con Puertochico lleno, Pedreña también completo y Marina del Cantábrico muy cerca de estarlo”, admite Jaime Piris, gerente de Yates y Cosas, una de las principales empresas de la región dedicadas a la venta de embarcaciones y su reparación, además de prestar servicios asociados a su mantenimiento. Piris celebra unos planes de ampliación que, en lo que tiene que ver con el número de atraques, dan respuesta a uno de los factores que hoy afectan al proceso de venta de cualquier embarcación, condicionado por la posibilidad o no de disponer de un amarre adecuado para la eslora elegida. El gerente de Yates y Cosas, eso sí, continúa echando en falta que esas plazas para la flota deportiva se habiliten en lugares más cercanos al centro urbano santanderino, donde a su juicio se concentra la mayor demanda potencial.

Sobre el diseño del futuro de lo que hoy es Marina del Cantábrico, Jaime Piris coincide con David Muñoz a la hora de calificar como adecuada la triple licitación con la que se quiere dar respuesta a la variedad de usos del actual espacio. Considera también positivo el planteamiento de la futura zona industrial, aunque expresa dudas sobre la convivencia entre las flotas pesquera y deportiva a la que dará lugar el nuevo varadero que está previsto construir en la parte que da a la ría de Astillero.

La referencia de otros puertos, y su conocimiento de las necesidades de la flota deportiva en el entorno de la bahía, hace que tanto Jaime Piris como David Muñoz coincidan en mostrarse optimistas sobre las posibilidades de que las licitaciones de la Marina Oeste y el Varadero –las que exigen una mayor inversión– salgan adelante tal y como están concebidas. Cuestiones mencionadas reiteradamente al hablar de esta actividad, como el atractivo de la bahía de Santander y su condición especialmente adecuada para la práctica de la náutica de recreo durante todo el año, se suman a otras como la escasez de puntos de recalada para la flota en tránsito en el Cantábrico. También el tirón que el mercado registró tras la pandemia, que aun sin llegar a los niveles que se registraron en los años inmediatamente posteriores a aquella, ha mantenido esa tendencia desde entonces.

“La venta de barcos ha subido un 8% en el conjunto de España este último año. En Cantabria, como suele ser habitual, vamos algo por detrás de esas cifras, pero lo normal es que acabemos llegando ahí”, explica el gerente de Yates y Cosas, que en todo caso menciona la estabilidad como principal característica de un mercado que por el momento no se está viendo afectado por la complicada situación internacional. Es esa, en todo caso, una de las principales amenazas que penden sobre un sector directamente vinculado con el ocio y, como tal, objeto de un gasto que es siempre el primer candidato a recortes en cualquier ajuste de los presupuestos familiares.

La responsable de Migraciones de Cruz Roja en Cantabria, Sandra García, analiza la marcha en la región del proceso de regularización administrativa extraordinaria de migrantes abierto a mediados de abril por el Gobierno de España y desgrana las principales dificultades a las que se enfrentan las personas extranjeras para cumplir con todos los requisitos exigidos.

Manuel Casino | Junio 2026

«Es dotar de derechos a miles de personas que ya viven y muchos de ellos también trabajan entre nosotros”. Así define la responsable de Migraciones de Cruz Roja en Cantabria, Sandra García, el proceso extraordinario de regularización de migrantes abierto a mediados de abril por el Gobierno de España. García no duda en hacer una valoración positiva de los primeros días de este proceso que, asegura, se está desarrollando con bastante tranquilidad. “Las personas interesadas tienen en general una idea bastante clara de quién puede acogerse a este proceso y qué documentación y requisitos necesitan reunir”, explica antes de destacar que su organización ofrece desde hace semanas charlas informativas y orientativas con el apoyo de voluntarios para ayudarles a resolver las dudas que puedan surgir y explicarles todos los trámites a realizar, una labor que desarrollan en sus oficinas de Torrelavega, Castro Urdiales, Reinosa y Laredo, además de en su sede central de Santander.

“Vemos que muchos de ellos ya tienen los documentos necesarios y que simplemente están a la espera de que le asignen una cita previa para presentar su solicitud”, declara García para recordar a continuación que los interesados pueden formalizarla tanto de forma telemática como presencial, si bien en este segundo caso solo por las tardes, desde las 16 hasta las 19 horas, en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social y en las oficinas de Correos de Santander y Torrelavega.

En este sentido, aclara que son muy pocos los inmigrantes que eligen presentar su solicitud ‘online’ de forma propia y sin representante de por medio porque, para hacerlo, requieren un certificado digital, lo que exige a su vez tener un número de identidad de extranjero (NIE) y el pasaporte en vigor. “Quienes recurren a esta vía suelen ser principalmente solicitantes de protección internacional (asilo)”, subraya la responsable de esta institución humanitaria que emplea a 130 trabajadores en la región, cifra que se eleva hasta los 300 en verano con las contrataciones para vigilar las playas, y de la que participan alrededor de 2.500 voluntarios y 15.000 socios.

Más de 2.000 personas

Sea de un modo u otro, la responsable de Migraciones de Cruz Roja da por buena las cifras ofrecidas por la Delegación del Gobierno en Cantabria, que en los primeros días del proceso de regularización estimaba que unas 2.000 personas extranjeras que viven en la región podrán acogerse a esta regularización. “Sí, aunque probablemente finalmente sean algunas más porque, en términos globales, nosotros ya habíamos valorado una cifra más cercana a las 800.000 personas que al medio millón que se había apuntado en un principio”, puntualiza.

Lo que sí lamenta es el escaso plazo previsto, hasta el próximo 30 de junio, un periodo que, recuerda, es menor del que se barajaba inicialmente y que considera poco realista para dar cobertura a todas las solicitudes que se prevén, en su mayoría, según detalla, de personas que provienen de países latinoamericanos, fundamentalmente de Venezuela, Colombia, Perú, así como también de Mali.

Sandra García, responsable de Migraciones de Cruz Roja en Cantabria, ante la sede de la entidad en Santander. Foto: Nacho Cubero.

García no incluye este listado a las personas de Ucrania que han llegado a Cantabria escapando de la guerra en su país y que solicitan protección temporal, una figura exclusiva creada para estos ciudadanos europeos que no pueden acogerse a la protección internacional y a la que, según especifica, tampoco tienen derecho los apátridas. Según describe, la autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año, aunque dos meses antes la persona extranjera deberá solicitar la regularización ordinaria, para lo que tendrá que demostrar que al menos ha trabajado un mínimo de 91 días. En este sentido, también comparte un informe reciente de UGT, presentado a finales de 2025, en el que se señala que la construcción y el empleo doméstico, junto a la hostelería, el comercio y el transporte y almacenamiento, son los sectores donde la presencia migrante es más notable tanto en Cantabria como en el resto del país.

García advierte de que la compatibilidad de solicitar protección internacional y acogerse a la regularización extraordinaria es un tema complejo con interpretaciones jurídicas contrapuestas que actualmente está en manos del Tribunal Supremo. “A día de hoy sí lo son. Otra cosa es qué ocurrirá cuando se concedan las solicitudes”, admite. Para explicarlo, desgrana que el real decreto aprobado por el Gobierno contiene dos disposiciones transitorias: la veinte, para solicitantes de protección internacional; y la veintiuna, para personas extranjeras indocumentadas.

A la primera –protección internacional– pueden acogerse todas las personas que ya gocen de ella o a las que se les haya denegado últimamente, lo que, a su juicio, abre mucho el perfil de solicitantes, que puede ir desde inmigrantes que han trabajado en el pasado o que lo hacen actualmente con un permiso temporal. Además, quienes se acogen a esta vía no están obligados a presentar una oferta de trabajo, un requisito que sí se exige a quienes optan a la regularización extraordinaria.

Principales barreras

Con todo, García sostiene que la principal barrera que encuentran los solicitantes para reunir la documentación necesaria varía en función del país de procedencia o incluso también del ayuntamiento de residencia. Así, asegura que a algunos les resulta más complicado obtener el informe de vulnerabilidad –origen de las famosas y largas colas vistas en estos últimos días en otros lugares del país–, un documento necesario en caso de que la persona interesada no puede demostrar que ha trabajado con contrato por cuenta ajena o propia en España, o que tiene menores o mayores de edad con discapacidad a su cargo, que el de antecedentes penales. “Hay países en que conseguir este certificado es bastante sencillo y las embajadas lo están expidiendo con fluidez en un plazo de siete o diez días, como es Colombia, pero hay otros en que tardan más”, razona.

Para otros, en cambio, la mayor dificultad radica en demostrar que llevan los últimos cinco meses en España. Y para hacerlo, avisa de que no sirve el ticket del supermercado, y sí, por ejemplo, tener los suministros o la factura de teléfono a tu nombre, una cita médica o que los niños están escolarizados, en caso de tener menores a tu cargo, una relación en la que García también incluye haber recibido algún tipo de atención o ayuda por parte de Cruz Roja o haber realizado alguna formación, en cuyo caso esta institución humanitaria puede extenderle un justificante que sirva como prueba. “Pero si no se han preocupado de recopilarlo y guárdalo mes a mes, ahora les resulta complicado poder conseguirlo”, admite.

En otras ocasiones, relata que el mayor escollo descansa en contar con una oferta laboral, un aspecto que al Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones le preocupa que puede ser objeto de fraude, por lo que ya ha anticipado que va a vigilar que la oferta presentada, especialmente si se formaliza por muy pocas horas, no sea una simple entrevista de trabajo, sino un precontrato laboral que se pueda hacer efectivo una vez se comunique al interesado el inicio del procedimiento de regularización. “Pero esto es hoy. Mañana puede cambiar porque continuamente se están produciendo interpretaciones y aclaraciones sobre este real decreto”, advierte.

“Ha habido cuatro borradores y entre el primero, del mes de marzo, y el finalmente aprobado media un mundo. Por eso, no hemos podido informar hasta que se ha publicado el Real Decreto”. Sandra García, Cruz Roja de Cantabria

Sobre la descoordinación, improvisación y falta de planificación denunciada por los sindicatos, la responsable de Migraciones de Cruz Roja admite que esta normativa se ha activado al día siguiente de su publicación en Boletín Oficial del Estado, lo que apenas les ha dejado margen para estudiarlo y resolver dudas. “Ha habido cuatro borradores y entre el primero, del mes de marzo, y el finalmente aprobado media un mundo. Por eso, no hemos podido informar hasta que se ha publicado el Real Decreto”, clarifica.

Pese a ello, sostiene que la experiencia de estos primeros días avala que el sistema de citas a través de la web del ministerio es bastante sencillo y que funciona razonablemente bien. “Otra cosa es el teléfono habilitado –060–, que además no es gratuito”, explica.

La responsable de Cruz Roja sugiere, por otro lado, que es muy posible que el ministerio pueda solicitar documentación adicional. Así, avanza que una de las cuestiones que va tener que requerir “sí o sí” es el pago de la tasa de este proceso, que es de poco más de 38 euros. Pero para pagarla, el solicitante tiene que tener previamente asignado un NIE. “Sin este número, no se puede pagar, por lo que entiendo que se va a dar un NIE provisional”, previene. De hecho, asegura que ya se contempla que entre la documentación a presentar no se adjunte el certificado de antecedentes penales, pero sí que el interesado lo ha solicitado. “Y eso ya será un requerimiento”, observa.

En cuanto a la aceptación o no de la solicitud, Sandra García recuerda que ministerio tiene que resolver en tres meses. “El real decreto recoge que si en ese plazo no se ha recibido contestación, ésta se debe entender por denegada, pero nuestros servicios jurídicos estiman que sin respuesta no hay denegación. No soy jurista, pero entiendo que para cerrar el proceso se necesita una respuesta, sea positiva o negativa. Y va a ser difícil que se resuelva en menos de tres meses porque todos los expedientes, salvo el de regularización de menores, se han centralizado en una única oficina de extranjería”, pormenoriza.

El efecto llamada “no existe”

De otra parte, niega que la aprobación de este proceso favorezca el efecto llamada que auguran algunos partidos políticos. “El efecto llamada no existe. Yo nunca lo encuentro porque entiendo que si alguien está bien en su país no se aventura a empezar una nueva vida en otro del que no conoce nada. A veces pensamos por error que muchos inmigrantes, especialmente los latinos, comparten una cultura similar a la nuestra, pero la ruptura y el desarraigo están siempre ahí. Además, hay que acreditar que estás en España antes del 1 de enero de 2026. Si alguien llegase ahora, no va a poder acogerse a esta regularización de inmigrantes sin papeles”, la séptima que se lleva a cabo en España desde la primera de 1986 bajo el gobierno de Felipe González y más veinte años después de la anterior, según recuerda.

Más que fomentar el negocio de las mafias, al que también se apunta desde algunos sectores, la responsable de Cruz Roja alerta de la posibilidad de fraudes y estafas por parte de personas que prometen conseguir la documentación necesaria o agilizar la regularización. Y aunque no le consta que sea así, insiste en recomendar que toda la tramitación se realice a través de organismos y canales oficiales.

“Tanto la documentación como el registro son gratuitos y la solicitud de cita a través de la web del ministerio no es nada complicada, incluso aunque no hables mucho español. Además, vemos que en las charlas que ofrecemos –en las dos primeras semanas han atendido y prestado apoyo a unas doscientas personas inmigrantes, cifra que esperan doblar al final del proceso– las personas están queriendo recibir la información de primera mano. Y eso es bueno”, enfatiza.

Trabajadoras en uno de los cursos impartidos por el servicio de empleo de Cruz Roja de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

Finalmente, la responsable de Migraciones de Cruz Roja admite que sin residencia legal es “dificilísimo” encontrar trabajo en Cantabria. “Donde quizá haya más posibilidades en el servicio doméstico, pero sin documentación no es fácil mantenerse y vivir en la región. Tiene que haber una red de apoyo o haber estado ya regularizado con anterioridad”, afirma consciente de que, en las épocas de crisis económica, estas personas son las primeras en perder sus trabajos porque son las más vulnerables.

“En contra de lo que la gente piensa, no basta además solo con regularizar tu situación, sino que hay que mantenerla. Y si no estás trabajando de forma continuada es fácil volver a caer en la precariedad. A veces se les echa en cara que aceptan cualquier trabajo y sin condiciones, pero es que, de lo contrario, pierden la regularización”, describe para admitir, a continuación, que es un círculo vicioso: “Sin residencia, no tienes trabajo y, sin trabajar, e incluso haciéndolo, no puedes acceder a una vivienda en alquiler. Pero mantener el trabajo es sin duda lo más importante. Te abre las puertas”, resuelve. “Cuando termine, ya veremos cómo ha ido esta regularización, pero con los datos que tenemos a día de hoy nuestra valoración es positiva”, repite volviendo al comienzo. “Este es un proceso para personas que ya están aquí con nosotros, que ya habían trabajado o están trabajando, y a las que necesitamos”, concluye.

Aunque el autónomo y el comprador particular siguen siendo minoría entre quienes optan por un alquiler a largo plazo del automóvil como alternativa a la propiedad, ambos colectivos representan ya el 14,2% del total de coches que circulan bajo esa fórmula, un porcentaje que multiplica por seis el dato de hace una década y que sigue manteniendo un potencial de crecimiento significativo.

Ana Bringas | Junio 2026

Después de la vivienda, el coche es la mayor inversión que un ciudadano promedio realiza en su vida. Ambas son decisiones económicas importantes que implican un fuerte desembolso y un compromiso a largo plazo, lo que explica que, en un contexto de incertidumbre, cada vez más consumidores busquen alternativas más flexibles. Cambios tecnológicos, nuevas normativas medioambientales, restricciones en las ciudades, un mercado en transformación… Para muchos particulares, comprometerse a largo plazo con la compra de un coche ya no resulta una elección tan evidente como antes y, en este caldo de cultivo, el ‘renting’ ha ido ganando terreno como una alternativa a la compra, más allá del ámbito empresarial, donde ya era una opción muy utilizada.

Conviene matizar, no obstante, que en los registros estadísticos los particulares no aparecen de forma aislada, sino agrupados junto a los autónomos en una categoría diferenciada de las empresas. Precisamente este segmento –particulares y trabajadores por cuenta propia– se ha convertido en el gran revulsivo del mercado en los últimos años. Si en 2015 los usuarios en este epígrafe apenas representaban el 2,35% del parque total de ‘renting’ en España, a cierre de 2025 su peso se ha elevado hasta el 14,19%, aunque sigue siendo minoritario frente a los clientes profesionales.

Según José Martín Castro, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, el alquiler en general se ha consolidado en España como una alternativa “plenamente madura” frente a la compra tradicional de vehículos. Una prueba de ello, explica, es que el año pasado se cumplió el hito de superar el millón de vehículos en el parque, con crecimientos sostenidos en los últimos años de entre el 5% y 7% anual. La cifra duplica el registro de 2015 y, de hecho, a nivel nacional el ‘renting’ ya representa una de cada cuatro matriculaciones de vehículos en nuestro país, un porcentaje que aumenta a una de cada dos en el caso de las furgonetas.

José Martín Castro, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos. Foto: Nacho Cubero.

En Cantabria, este mercado continúa mostrando una evolución muy positiva en 2025, con un crecimiento del 9,85% del parque de vehículos, por encima de la media nacional que, como ya se ha citado, está entre el 5 y el 7%. “Este comportamiento refleja la consolidación del ‘renting’ como una solución de movilidad cada vez más atractiva en la región”, estima Castro. Es decir, Cantabria mantiene su peso dentro del mercado nacional, pero con un crecimiento superior a la media, lo que, tal y como prevé el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos anticipa un recorrido de expansión “muy relevante” en los próximos años.

Más allá de las empresas

Para Fermín González, responsable en Cantabria de la empresa Northgate Renting Flexible, el sector se ha ido expandiendo con el segmento de particulares y autónomos como “un gran dinamizador”. Los datos revelan un aumento del 5,94% en el número de usuarios que se suma a un crecimiento del parque automovilístico, lo que pone de manifiesto una base cada vez más amplia y diversificada de usuarios que “refuerza la estabilidad y el potencial de desarrollo del ‘renting’ en la comunidad” según Castro.

En ello coincide González, quien apunta que las estadísticas muestran cómo esta tipología de cliente apuesta cada vez más por el alquiler al buscar soluciones para su movilidad profesional o personal: “El ‘renting’ ha pasado de ser considerado un producto financiero para grandes flotas a convertirse en una solución de movilidad masiva”. En el caso de Northgate, la penetración entre autónomos, explica, está consolidada: “Nuestro ‘renting’ flexible es la mejor solución ante necesidades de movilidad cambiantes, permitiéndoles dimensionar sus vehículos o flotas a las necesidades de cada momento. Y esta flexibilidad es también atractiva para particulares que, bien por tener necesidades cambiantes o por un cambio en el concepto de adquisición del vehículo, prefieren acceder a un vehículo por meses”, explica González. El presidente de la Asociación Española de ‘renting’ de Vehículos sostiene a su vez que esta tendencia confirma que el modelo se adapta cada vez mejor a las necesidades reales del tejido productivo y de los usuarios particulares.

En total, a nivel nacional el modelo cuenta con más de 277.000 clientes de todo tipo, un dato que en los últimos diez años se ha multiplicado por cinco, con especial crecimiento de los autónomos y particulares. Tal y como explica Castro, el ‘renting’ ha dejado de ser una solución exclusivamente corporativa. “Los beneficios del modelo han permeado a todos los tipos de consumidor”, detalla y confirma que el alquiler a personas físicas –particulares y autónomos– ha sido el responsable del gran crecimiento del ‘renting’. En 2015, este tipo de usuarios representaba en ‘renting’ el 2,35% del total del parque en alquiler a largo plazo en España, y a cierre de 2025 este porcentaje se eleva más de seis veces por encima, hasta el 14,19%, lo que ha supuesto multiplicar por 12 el número de vehículos. De hecho, un 49,53% de los clientes de ‘renting’ ya son personas físicas, multiplicándose en los últimos diez años por más de trece.

Las causas

Este fenómeno responde a varios factores, por un lado, tanto Castro como González hablan de un cambio cultural: del concepto de propiedad se ha pasado al modelo de pago por uso. El ‘renting’ le permite al usuario tener una previsibilidad económica y funcionar con presupuestos familiares más cerrados, en los que la movilidad es una partida más, en el caso del ‘renting’ con todos los servicios incluidos: mantenimiento, seguro, impuestos… “El particular hoy se encuentra en una situación en la que la flexibilidad de un servicio como el nuestro se ajusta como un guante”, anota el responsable de Northgate. Otro motivo que podría justificar esta tendencia es que el alquiler permite disfrutar de la última tecnología sin tener que hacer grandes desembolsos económicos y sin asumir riesgos, para Castro algo fundamental en un contexto como el actual en el que existen grandes incertidumbres.

Fermín González, delegado de Northgate en Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

Por otro lado, las compañías de ‘renting’ han apostado por la incorporación de este tipo de cliente, ofreciendo procesos de contratación cada vez más sencillos, accesibles y digitalizados. “Poder disponer de un vehículo contratando por meses y sin permanencia elimina barreras: el cliente no asume compromisos a largo plazo, porque puede devolver el vehículo cuando quiera sin asumir penalizaciones, y disfruta del servicio a cambio de una cuota mensual con todo incluido. Con nuestro ‘renting’ flexible evita asumir una gran inversión comprando un activo que pierde valor cada día, o atarse en plazos a un ‘renting’ tradicional”, dice González.

“Desde el punto de vista del consumidor, el ‘renting’ resulta especialmente interesante cuando se busca tranquilidad y control del gasto; disponer de la última tecnología sin asumir riesgos de depreciación y disfrutar de la comodidad de tener todo incluido. El ‘renting’ es el servicio que mejor responde cuando se busca una movilidad sostenible en todos los aspectos”, subraya por su parte el presidente de la Asociación Española de ‘renting’ de Vehículos.

Con todo, el peso de los particulares sigue siendo minoritario, aunque con un gran potencial de crecimiento. “En el caso de Northgate, nuestro mayor peso lo siguen representando los clientes profesionales, que hace más de 45 años confían en nuestra modalidad flexible para configurar sus flotas”, apunta Fermìn González. Ante la pregunta de si estamos ante una moda o un cambio estructural, el responsable de Northgate descarta que se trate de algo pasajero, al representar ya una de cada cuatro matriculaciones en España: “Nosotros analizamos periódicamente la percepción del vehículo en propiedad por parte de los usuarios, y nuestro último estudio señaló que el 62,4% de los conductores no tiene en sus planes comprar un coche, mientras que el 34% considera que el vehículo en propiedad disminuirá en el futuro. Nuestro servicio está alineado con un nuevo estilo de vida, donde la flexibilidad cobra relevancia”.

En cuanto a las posibles limitaciones de optar por este modelo en lugar de la compra, Castro indica que es algo que depende de cada caso, aunque recomienda tener en cuenta aspectos como el número de kilómetros a realizar, para que el contrato se ajuste al máximo a las necesidades de movilidad y no haya ningún tipo de penalización. A esto, González añade un matiz de concepto: “Si el usuario lo interpreta como un inconveniente, hay que señalar que el vehículo no es de tu propiedad, sino que contratas su uso”.

Los mitos

Aunque cada vez menos, todavía persisten ideas erróneas o mitos sobre el ‘renting’: que es solo para empresas, que resulta más caro que comprar o que implica menos flexibilidad. Sin embargo estas y otras barreras comunicativas se reducen progresivamente.

En cierto modo, señala el representante de la Asociación Española de Renting, esta fórmula está ayudando a cambiar la relación de los ciudadanos con el automóvil, ya que el coche pasa de ser un bien en propiedad a convertirse en un servicio de movilidad integral. “Además, en la balanza decisoria cada vez pesan más conceptos como la sostenibilidad, la eficiencia y la comodidad, frente a otros más ligados a la apariencia o al estatus”, señala.

Los retos de este modelo son similares a los del conjunto de la movilidad. La electrificación, en la que el ‘renting’ ya ha sido pionero —con un 14% del parque electrificado, el más numeroso del sector—, es uno de ellos. El marco regulatorio también puede ser tanto una oportunidad como una barrera, según cómo las administraciones comprendan que este modelo no puede quedar discriminado, dado que se trata de una solución de movilidad cada vez más aceptada. Otra condición que puede influir positiva o negativamente es el contexto económico y social.

Varios de los modelos de la flota de Northgate. Foto: Nacho Cubero.

El futuro

Las perspectivas son para Castro “positivas” y pasan, en primer lugar, por mantener crecimientos sostenidos en todos los parámetros; y, en segunda instancia, por consolidarse como herramienta esencial para la descarbonización y el rejuvenecimiento del parque automovilístico. En este sentido, pone el foco en la edad media del parque español, que asciende a 14,6 años, mientras que el parque de turismos de ‘renting’ tiene una media de solo dos años. Finalmente, el presidente de la Asociación Española de Renting valora que el alquiler es la mejor respuesta a las necesidades de movilidad actuales, donde se demanda más previsibilidad, menos riesgo y mejor adaptación tecnológica, en un entorno en el que —como se ha comentado— existe una gran incertidumbre económica, regulatoria y tecnológica. En este punto, dice, el ‘renting’ ofrece soluciones “sencillas, transparentes y alineadas con la nueva movilidad: sostenible, segura, conectada y digital”, concluye.

El sector en general tiene una perspectiva optimista, y desde Northgate comparten esta previsión. “Nuestro crecimiento en flota está siendo constante, siempre acorde al ritmo de la demanda de nuestros clientes, y hace unos meses alcanzamos la cifra récord de 75.000 vehículos en nuestro país”, explica González. Señala que crecer en un segmento como el flexible requiere una fuerte especialización, que permita hacer frente al alto volumen de altas y bajas propio de este modelo de negocio. “Esta operativa es compleja, y lo podemos gestionar gracias a nuestra gran infraestructura, con 36 centros y 49 talleres propios. Hemos abierto seis centros en los últimos 18 meses y seguimos acompañando el crecimiento de flota con un incremento de nuestra capacidad operativa. Por eso esperamos afrontar nuevas aperturas este ejercicio, con la meta de alcanzar los 80.000 vehículos en flota”.

¿Puede sustituir a la compra tradicional? Fermín González afirma que ya lo está haciendo en ámbitos como el profesional, donde empresas y autónomos experimentan las ventajas de no tener una flota en propiedad, lo que aumenta la competitividad de sus negocios. Sin embargo, admite, el panorama es diferente entre particulares, donde se está afianzando progresivamente.

La entrada en servicio de la ampliación de la fábrica de paneles fibroyeso de Orejo libera a la empresa de los condicionantes que marcaba una capacidad productiva que hacía tiempo que se movía muy cerca de sus límites. Tras una inversión superior a los 150 millones de euros, cifra que la sitúa entre las mayores acometidas nunca por la multinacional propietaria, está previsto que la nueva línea genere 40 nuevos empleos en los próximos cuatro años, que se sumarán a los 121 trabajadores que hoy forman la plantilla de la factoría.

José Ramón Esquiaga | Junio 2026

Para cualquier observador ajeno que recorriera la planta de Fermacell en Orejo cuando esta fabricó su primer panel de fibroyeso, en mayo de 2013, pensar que aquella enorme nave solo parcialmente ocupada pueda llegar a quedarse pequeña entraba en la categoría de lo imposible. Esa perspectiva, sin embargo, empezó a verse más cercana apenas cuatro años después, cuando se implantó un quinto turno de trabajo para producir las 24 horas, siete días a la semana y durante todo el año, para convertirse en una realidad con la que la planta tuvo que convivir a partir de 2019, cuando fabricar más pasó a depender de una cada vez más complicada mejora en la productividad. Ensanchar ese cuello de botella, hasta hacerlo desaparecer, fue el objeto de la ampliación anunciada en mayo de 2023 que, cumpliendo los plazos adelantados entonces, ha permitido poner en marcha una nueva línea de producción que, además de liberar a la planta de los corsés que limitaban su capacidad de respuesta ante las demandas del mercado, ha situado a la fábrica entre las más modernas del mundo dentro de las dedicadas a la producción de paneles de fibroyeso para la construcción.

James Hardie, la multinacional propietaria de la planta que fabrica en Orejo bajo la marca Fermacell, ha invertido más de 150 millones de euros en la ampliación del espacio productivo y en la puesta en marcha de la nueva línea. Por su cuantía, la inversión no es solo una de las mayores realizadas nunca por cualquier industria cántabra, sino una de las actuaciones más relevantes de James Hardie en su historia. En cifras, supone añadir 11.000 metros cuadrados a la nave que hace algo más de una década parecía sobredimensionada, y sitúa a la filial española de la multinacional de origen australiano en disposición de ampliar su plantilla en 40 personas cuando la nueva línea fabrique a cinco turnos, algo que se prevé pueda suceder en un plazo de cuatro años. Para entonces se moverá en sus nuevos máximos, que permitirían duplicar la fabricación respecto a las cotas actuales, y elevar en la misma proporción la facturación, que se mueve hoy en el entorno de los 50 millones de euros.

Fabricados a partir de yeso calcinado y fibra de papel –este último procedente siempre del reciclaje– los paneles de fibroyeso son una alternativa al ladrillo que, en el catálogo de la factoría de Orejo –placas para construcciones de tabiques secos, placas para estructuras de madera y suelos para renovaciones y obra nueva–, se sitúa en el arco superior de prestaciones en aspectos como el aislamiento térmico y acústico, o la resistencia frente a golpes, a la humedad o el fuego. Estas características, junto a su adecuación a la construcción industrializada y la rapidez a la que dan lugar, sitúan al producto en línea con un mercado cada vez más sensible a todo lo relacionado con la sostenibilidad y la eficiencia. Además de incrementar la capacidad de producción, según explicaron los responsables de James Hardie en el acto de presentación de la ampliación, la nueva línea incrementa de forma notable el rendimiento y la consistencia del producto, dos factores cruciales para el segmento de la construcción industrializada en Europa, principal demandante de los sistemas de suelo, las placas de yeso para paredes y las soluciones prefabricadas que salen de Orejo.

Christian Claus, CEO y presidente de James Hardie Europe, en su intervención durante la inauguración de la planta. Foto: Nacho Cubero.

En lo geográfico, la producción de la filial española de James Hardie tiene como destino principal países como Francia, Suiza y Dinamarca, a los que se destina el 91% de lo que fabrica. La planta cántabra, que su propietario no duda en calificar como la la fábrica de placas de fibra de yeso más eficiente del mundo, aporta el 35% del total de la capacidad productiva con que cuenta James Hardie en Europa.

La inversión realizada por la multinacional en su planta cántabra es tanto un refuerzo como un aval a la trayectoria de la fábrica de Orejo. Desde que echara a andar con una plantilla de 30 trabajadores, la factoría de Orejo ha ido cubriendo etapas, en un crecimiento sostenido que llevó la cifra de empleados hasta los 60 en 2019, los 75 en 2021 o los 121 con los que cuenta actualmente. “Orejo se lo ha ganado”, resumió Christian Claus, principal ejecutivo de la multinacional en Europa, durante el acto de presentación de la inauguración, en el que destacó el alto rendimiento y la productividad de la fábrica cántabra a lo largo de su trayectoria.

“Tenemos con una planta moderna y sostenible que marca el estándar de las fábricas del futuro”, subrayó en el mismo acto Fernando Herrera, director de la fábrica, que destacó la flexibilidad y la calidad que ha caracterizado a Fermacell desde que iniciara su producción. En su intervención, Herrera se refirió especialmente a la labor de la plantilla de la empresa, y al compromiso de la empresa con el empleo local, una vinculación que se da desde que se inició la producción y que volverá a ponerse a prueba en próximas contrataciones: “Estos nuevos puestos de trabajo se cubrirán prioritariamente con personal de cercanía”, anunció.

El codirector del curso ‘Especialista Universitario en Guerra Electrónica’, Jesús Reyes, destaca el éxito de este título de postgrado de la Universidad de Cantabria promovido por el Clúster de la Industria de la Defensa (CID), que este año celebra su cuarta edición con la participación de 30 alumnos, y resalta el potencial del país en este ámbito tecnológico. Además señala que, en el contexto actual, en el que los pedidos a la industria española de defensa han aumentado de forma notable, los recursos humanos pueden convertirse en uno de los factores críticos para alcanzar los objetivos que se plantean.

Manuel Casino | Junio 2026

“En España somos punteros en guerra electrónica”. Así de rotundo se expresa Jesús Reyes, codirector del curso de ‘Especialista Universitario en Guerra Electrónica’, un título propio de postgrado de la Universidad de Cantabria promovido por el Clúster de la Industria de la Defensa (CID) que este año académico vive su cuarta edición. Para este experto, la guerra electrónica (electronic warfare, EW por sus siglas en inglés) se ha demostrado “esencial” para hacer frente a las crecientes tensiones internacionales y a la complejidad de los conflictos bélicos actuales que, según explica, se combaten simultáneamente en varios o en todos los dominios militares tradicionales –aéreo, terrestre, marítimo ciberespacial y espacial–, además de en una serie de ámbitos no militares –cultural, social, legal, económico y de infraestructuras, entre otros– que resultan, dice, “igualmente determinantes”.

“Más de hablar de dónde se libran ahora las guerras, si en el espacio o sobre el terreno, lo que cabría preguntarse es dónde se desarrollan las operaciones”, aclara este ingeniero de telecomunicaciones y exdirector de Guerra Electrónica en Indra para destacar el concepto de operaciones multidominio que impera hoy en el campo militar y poner en valor la oportunidad de esta iniciativa formativa que busca apoyar a la industria nacional de defensa contribuyendo a mejorar la formación de los nuevos profesionales que entran a trabajar en el sector y servir de complemento a oficiales de las Fuerzas Armadas (FAS) en su formación en EW. En su opinión, la obtención de este título que se imparte online –salvo las actividades prácticas– ofrece a quienes aún no han iniciado su carrera profesional, o a quienes trabajan fuera del sector de la defensa y aspiran a dar ese paso, un plus de formación que facilitará su incorporación en empresas que operan directamente en el ámbito de la defensa electrónica.

Jesús Reyes, quinto por la derecha en la primera fila, junto a alumnos del curso en una visita a las instalaciones del Centro Logístico de Armamento y Experimentación, en Madrid.

El curso ‘Especialista Universitario en Guerra Electrónica’ ofrece a estudiantes universitarios de postgrado y profesionales ya en ejercicio o que aún no han iniciado su trayectoria profesional, la formación específica que viene demandando la industria del sector con un enfoque muy práctico. El temario, impartido por seis profesores universitarios y otros tantos oficiales de las FAS, además de siete ingenieros con más de 20 años de experiencia en la materia, persigue un buen equilibrio entre las distintas áreas técnicas y operativas, de forma que el futuro especialista tenga, desde su primera toma de contacto, una visión global de la guerra electrónica.

Este curso “altamente especializado, profesionalmente muy demandado y de absoluta actualidad”, según resaltan sus promotores, consta de cinco asignaturas lectivas y una transversal que engloba las actividades prácticas y formativas complementarias. En total, más de 260 horas lectivas para un título de 26 créditos que aspiran a completar treinta alumnos, la mayoría procedentes del ámbito civil, salvo tres miembros de las Fuerzas Armadas becados por el CID, una entidad a la Reyes no duda en calificar como “el padre de la idea”.

Cruzado ya el ecuador de la presente edición e inmersos en la preparación de la que será su quinta convocatoria, su codirector destaca el éxito de este proyecto formativo. “No es algo habitual. Ha habido algunas otras iniciativas en este sentido antes que la nuestra, pero esta es la que más cuajado y la que ha tenido más amplitud porque es un curso que integra en su cuadro docente a la industria, a las Fuerzas Armadas (FAS) y al mundo académico. Y eso no es fácil. A veces te encuentras cursos que están muy sesgados hacia la academia u otros específicos que se imparten dentro del ámbito militar, pero no cuentan con la proyección exterior que tiene éste”, razona. Además, Reyes ahonda en que este tipo de cursos “no serían viables si la industria no los respaldara”, en alusión al apoyo prestado por cinco empresas tecnológicas del sector, todas ellas, al igual que la UC, pertenecientes al CID: Indra, Sener Aeroespacial y Defensa, Erzia Technologies, Celestia TTI y Acorde Technologies.

Larga experiencia

Sobre si quien controla el espectro electromagnético controla la guerra, este experto anticipa que no es sencillo dar una respuesta clara y concluyente, y prefiere, en este sentido, remitirse a un párrafo del documento Electromagnetic Spectrum Superiority Strategy, del Departamento de Defensa de EE UU, en el que se dice que el espectro electromagnético ‘no solo proporciona el tejido conectivo crítico que permite las operaciones en todos los dominios, sino que representa una costura natural y una vulnerabilidad crítica que afecta a las operaciones de la fuerza conjunta’. “En el ámbito de las operaciones electromagnéticas –desgrana– el objetivo esencial es emplear el espectro en nuestro favor: garantizar, por ejemplo, que nuestras comunicaciones funcionen con la calidad necesaria para sostener las operaciones y, al mismo tiempo, impedir que el adversario lo haga”. En este sentido, Reyes incide en que la industria española no solo tiene capacidad y desarrolla múltiples sistemas, sino que también exporta guerra electrónica.

Así, recuerda que el país “ya confió en que éramos capaces de desarrollar sistemas en este ámbito hace más de cuarenta años”. Una conjunción, según relata, “de confianza en lo que en aquel entonces era una industria embrionaria y también por parte de los dirigentes de esas empresas, que en ese momento apostaron por jóvenes recién titulados que empezábamos a trabajar en este campo, que nos ha permitido construir a lo largo de estas más de cuatro décadas una notoria capacidad en guerra electrónica”.

Buena parte de estos productos que se producen, precisa este experto, son para defensa de plataformas, sistemas fundamentales para su autoprotección. “Los barcos y aviones son los que más los utilizan, pero también las plataformas terrestres tienen que llevar en algunos casos sistemas de inhibición para defenderse de dispositivos explosivos improvisados y otros equipos más orientados al análisis del entorno electromagnético que hacen posible localizar fuentes de radiación electromagnética para mejorar la conciencia situacional”, desmenuza antes de explicar que “siempre debes conocer a tu adversario y tener muy presente que todo el mundo se observa para conseguir información de lo que tienes alrededor”.

Escuela de ingeniería de telecomunicación de la Universidad de Cantabria, de donde provienen buena parte de los alumnos del curso. Foto: Nacho Cubero.

Esta realidad no impide, sin embargo, que Reyes aluda a la falta de estabilidad presupuestaria de la que, dice, siempre se ha quejado la industria de defensa. Esta, y también otras industrias, recuerda, vivieron una situación “dramática” a partir de la crisis de 2008 y hasta 2015. “Durante ese periodo, hubo que coger las maletas e intentar conseguir mercado fuera de España para poder mantener la capacidad viva en defensa electrónica. Gracias en buena medida a esos contratos que se consiguieron en el extranjero se pudo mantener esa capacidad y que no se deshicieran los grupos de expertos de ingeniería que estaban trabajando dentro de esa área”, rememora.

Por ello, entiende que disponer de capacidad industrial es estratégico. “Si no la cuidas, y cuidarla significa asignarle una serie de tareas, de recursos y una orientación a largo plazo, puedes perderla”, observa.

Pero más allá de esta estabilidad presupuestaria y de una planificación y dimensión que permita una demanda sostenida en el tiempo y la asignación de los recursos necesarios, este experto considera igualmente fundamental contar con una especificación clara de las necesidades y capacidades que se quieren desarrollar para dotar a las Fuerzas Armadas de los equipos adecuados. “Sin esa definición –apunta– es igualmente muy difícil orientar el esfuerzo industrial”.

Además, defiende que, en el momento actual, en el que los pedidos a la industria española de defensa han aumentado de forma notable, los recursos humanos pueden convertirse en uno de los factores críticos para alcanzar los objetivos que se plantean. “Y no hablo solo de cantidad, sino, sobre todo, de calidad”, enfatiza para expresar su convencimiento de que es necesario contar con profesionales con una sólida formación de base, adquirida en las universidades y mediante la posterior especialización con programas y títulos específicos, como el de la UC que este ingeniero codirige.

Inversión en defensa

De otro lado, Reyes admite que España ha incrementado de forma significativa su gasto en defensa durante el pasado año, al pasar de algo más del 1 % del PIB al 2,1 %, que es el nivel de compromiso alcanzado de acuerdo con la información disponible. “Un aumento de casi un punto porcentual, con la previsión de que sea sostenido durante los próximos años, supone un reto para la industria española que tendrá que dimensionarse adecuadamente y responder en calidad y plazo a las entregas derivadas de los contratos que se están firmando”, aclara. En este contexto, considera que la actual industria española de defensa no compite, en general, en igualdad de condiciones que otros gigantes europeos del sector, como Rheinmetall, Leonardo o Thales, que “juegan en otra liga en términos de facturación”.

Una situación que el codirector de este curso asume que no es casual. “Durante décadas estas empresas han operado en países con presupuestos de defensa más elevados y se han beneficiado de políticas industriales que favorecieron la concentración de capacidades y la creación de campeones nacionales. Esa dimensión, además, les ha capacitado para acceder a mercados fuera de sus propios países”, revela. En España, por su parte, asegura que hay industria y talento, pero reitera históricamente ha habido un déficit de inversiones sostenidas y de una política industrial clara en materia de defensa. Por poner un ejemplo, ilustra que Indra tiene un volumen de negocio en defensa entre cinco y diez veces por debajo de las grandes europeas con las que deben competir y, al mismo tiempo, colaborar. Aun así, destaca que la industria española dispone de nichos de especialización muy sólidos en sistemas de mando y control, guerra electrónica, sensorización, ingeniería y construcción naval con Navantia, radar… “Es verdad que también tenemos bastante actividad en el sector aeronáutico, pero es a través de una empresa Airbus en la que la participación española es claramente minoritaria”, concede. Así las cosas, opina que el país cuenta con potencial suficiente, pero lo que falta es “una política de Estado que alinee objetivos industriales y capacidades militares con un compromiso de inversión firme y duradero”, resume.

“Ahora todo el mundo habla de la IA y cuando lo hace está pensando en ChatGPT, que es una IA generativa muy específica. Pero no es nuevo que sistemas militares utilicen este tipo de algorítmica”. Jesús Reyes, codirector del curso.

Finalmente, Reyes se refiere al papel que la inteligencia artificial (IA) puede desempeñar en guerra electrónica. “Parece que es algo que ha aparecido hace cuatro años con ChatGPT, cuando la realidad es que hay algoritmos asociados a la IA que nosotros ya venimos utilizando desde hace mucho tiempo. Concretamente, hace 30 años dirigía un grupo de desarrollo que abordó un clasificador de señales que utilizaba redes neuronales multicapa. Ahora mismo diría que estábamos utilizando IA, pero antes no lo llamábamos así. Eran algoritmos de los que se conoce como machine learning, es decir, aprendizaje automático”, clarifica. Según abunda, “ahora todo el mundo habla de la IA y cuando lo hace está pensando en ChatGPT, que es una IA generativa muy específica. Pero no es nuevo que sistemas militares utilicen este tipo de algorítmica”.

Lo que sí tiene claro es que la IA ha llegado para quedarse. Así, desarrolla que la inteligencia artificial es una tecnología trasversal a infinidad de actividades, con una “evidente conexión” con la robótica. “Veremos en qué queda la nueva IA generativa, aunque es evidente que desde el punto de vista de la defensa se va a utilizar; de hecho, se está empleando ya en los conflictos más recientes”, termina.

De acuerdo a lo que recoge el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, Cantabria necesitaría contar hoy con 820 plazas más para corregir el desequilibrio entre la oferta y demanda de servicios de atención a personas mayores en residencias, una brecha que el envejecimiento de la población y la falta de inversiones para abrir nuevos centros no hará sino ensanchar en los próximos años. Desde el sector se señala a la infrafinanciación y a la falta de planificación desde las administraciones públicas como principales razones para explicar las dificultades por las que pasa un modelo asistencial al que también se le reclaman cambios profundos para adaptarse a las nuevas realidades sociales.

Juan Carlos Arrondo | Junio 2026

El envejecimiento de la población española es un fenómeno cada vez más acusado en varias comunidades autónomas, entre las que se encuentra Cantabria, donde las personas mayores de 65 años han pasado de representar un 20% a casi el 25% del total de habitantes durante el último lustro. A 1 de enero de 2025, según el Censo Anual de Población del INE, 147.875 cántabros formaban parte de esa franja y, dentro de ella, 72.649 superaban los 75 años y 44.495 los 80. Estas cifras constituyen un reto en la gestión del sector de las residencias geriátricas, ya que la oferta para dar un servicio de calidad y en un entorno cercano a un número cada vez mayor de demandantes es actualmente insuficiente. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales –de acuerdo con los datos del último ‘Informe Mayores’ publicado por el Imserso– estima que al inicio de 2025 en España habría un déficit superior a las 96.000 plazas residenciales en todo el país y en torno a las 820 en nuestra región.

Estas cifras se obtienen a partir de una referencia técnica utilizada en el sector que recomienda un índice de cobertura de cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años. De acuerdo a este criterio, Cantabria, que contaba a la conclusión de 2024 –según el Imserso– con un total de 6.452 plazas, se situaría en una ratio aproximada del 4,4%. Para Rubén Otero, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia de Cantabria, aunque aparentemente se está cerca del objetivo, la situación real es que existe un problema que va más allá de una situación coyuntural: “No tenemos plazas libres y no vamos a poder dar esa cobertura del 5% en varios años porque apenas hay nada programado para que las haya. Llevo muchos años diciéndole a este gobierno y a los anteriores que hay que programar, que tenemos una población muy envejecida y si no pensamos lo que va a haber a futuro no vamos a tener plazas. No se ha ido programando”.

Con solo dos centros de titularidad pública, el modelo que se ha ido asentando en Cantabria es el de la cooperación entre la iniciativa empresarial, aportando alrededor del 95% de los centros de mayores, y la Administración, financiando el 71% de las más de seis mil plazas ofertadas. En este concepto se incluyen tanto las 325 que ofertan las residencias públicas, como las más de 4.200 concertadas y aquellas estrictamente privadas que el usuario elige y paga mediante una prestación vinculada al servicio. A Rubén Otero le parece una fórmula lógica y destaca cómo permite optimizar costes: “Tenemos plazas públicas que nos cuestan a 400 euros diarios cada una, mientras están pagando la concertada a algo más de 70 euros. La diferencia es un abismo”. Sin embargo, considera que para que esta colaboración funcione habría que apoyar a las empresas: “Es un sector que no percibe ninguna ayuda o subvención. La plaza se la conciertan al usuario y nosotros damos un servicio por el que nos paga la Administración y ese usuario, nada más”.

Rubén Otero, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia de Cantabria, Foto: Nacho Cubero.

Gustavo García, coordinador del informe de residencias de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, apunta también a la falta de planificación y, sin entrar al detalle de Cantabria, sino en general en toda España, cree que la escasez no solo es un problema de cantidad, sino también de ubicación: “Quizás faltan plazas en algunas localidades y sobran en otras. Muchas veces se han promovido residencias a golpe de promesa electoral de un alcalde y se han construido cien plazas en un pueblo cuando en esa zona con quince serían suficientes”. Un modelo mal planificado puede producir un exceso de concentración sobre todo en algunas áreas urbanas, como en nuestra comunidad serían las de Santander o Torrelavega, en detrimento de zonas rurales poco habitadas y por eso llama la atención sobre un criterio que debería ser decisivo en cualquier análisis: “Las residencias tienen que ser servicios de proximidad para las personas mayores, tienen que estar cerca de donde han vivido y donde lo hacen sus familiares y allegados”.

La mala o nula planificación se deja notar en un segundo elemento fundamental: la calidad de los centros. Gustavo García afirma que, en general, hay un parque residencial obsoleto: “Son residencias hechas con un modelo antiguo, del siglo XX. Hoy valoramos más la intimidad, queremos una habitación individual y quien no la tiene es porque no la puede pagar”. En su opinión, habría que evitar una masificación a la que contribuyen los grandes comedores y salas comunes para encaminarse hacia unidades de convivencia, lo cual supondría la necesidad de acometer reformas en las instalaciones: “Eso cuesta dinero y no todos están en condiciones de invertir, porque el sector residencial vive con unos márgenes muy limitados. Además, es una inversión que no aumenta el negocio, sino que lo reduce. Si donde hay habitaciones dobles las tienes que hacer individuales y donde hay un gran salón tienes que hacer cuatro o cinco más pequeños, el centro pierde capacidad. Estimamos que se perderían no menos del 25 o 30% de las plazas”.

En Cantabria, el tamaño medio de los centros geriátricos es de 95,7 plazas, superior a las 73,5 en el conjunto de España. Si bien sería recomendable, en aras de un servicio de mejor calidad, apostar por hacerlos, o reformarlos, a una escala menor y distribuir por el territorio más residencias de proximidad, lo cierto es que eso actualmente choca tanto con las posibilidades de inversión de buena parte de las empresas como de sus expectativas de rentabilidad. A modo de reflexión personal, como gerente de un grupo que opera en el sector de la dependencia y no como presidente de su patronal, Rubén Otero reconoce la dificultad que tiene equilibrar un modelo así con el interés legítimo del empresario por obtener algún beneficio: “Pienso que cuanto más pequeña sea una residencia es mejor para el usuario. Yo las haría de 30, de 20 o de 15 plazas, pero las hacemos de 60 porque es el número que nos permite, más o menos, estar en la franja de ser rentables”.

En 2025, el porcentaje de personas de Cantabria con más de 65 años fue del 25%, cinco puntos más que en 2020.

Los problemas financieros de las residencias llevan años enquistados y el sector no ve que se les dé una solución. Su principal reclamación es que el precio que la Administración paga por cada plaza concertada no cubre todos los costes que esta tiene. “Desde 2021 el IPC ha subido el 15,9% y a nosotros nos han subido el 3,1%. Es inviable”, señala el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia de Cantabria. Entiende que tanto este gobierno autonómico como otros anteriores han tomado buenas medidas, como ha sido la de garantizar anualmente las subidas del coste de personal, pero no ha sido así en el caso del aumento en otros gastos que repercuten en la calidad del servicio que se le ofrece al usuario: “Si no los suben, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a fin de mes? Lo que no podemos es apagar la calefacción o ahorrarlo en comida. Nosotros no queremos hacerles las cuentas, sino hablar y ver cómo solucionar las cosas”.

Otro de los obstáculos que lastra el crecimiento del sector residencial es la falta de personal de la que adolece. El exceso de cargas de trabajo, la baja remuneración y, dado que generalmente son mujeres incorporadas tarde al mercado laboral, las jubilaciones posteriores a los 67 años son circunstancias que no solo propician muchas bajas entre las personas empleadas, sino que además desincentivan que otras se incorporen a los puestos vacantes. “Nuestras trabajadoras cobran el salario mínimo interprofesional. Por el mismo trabajo en un hospital o en una residencia pública ganan 600 euros más al mes. Esto hay que arreglarlo, nos tendrían que pagar más”, subraya Rubén Otero, que estima en torno al 25% el aumento que sería necesario en las plantillas. Para Gustavo García es imprescindible la equiparación con el sector sanitario y también aboga por una subida salarial: “Hay una rotación de personal extraordinaria porque los sueldos son muy bajos y, por muy buenas que sean las instalaciones, esto va en perjuicio de la calidad”.

Entre las diversas normativas autonómicas, la de Cantabria es una de las que establece un modelo residencial más rígido. “Todas tienen que ser clónicas: la ubicación de las habitaciones, la anchura del pasillo para que puedan cruzarse dos camillas, etc. Esta rigidez impide la innovación”, indica Gustavo García y alerta de que eso condena especialmente a zonas rurales con población muy dispersa a no poder tener residencias pequeñas y que den un servicio de calidad y proximidad. Explica que en otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Aragón, ya hay en marcha experiencias más flexibles: “En Cuenca, por ejemplo, hay más de ochenta pueblos que tienen viviendas comunitarias. Ocho o diez viviendas juntas, puerta con puerta, con una persona pendiente de todas ellas, con servicios a la carta y no con modelos residenciales. Están funcionando incluso con costes más bajos que una residencia y, más allá de cualquier cálculo económico, evita la crueldad de que una persona de 90 años tenga que irse fuera de su entorno”.

Uno de los centros de titularidad privada que funciona en Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

El desarrollo de un modelo como el anterior suele venir de la mano de pequeñas empresas de la zona, con mucho apego al territorio, que gestionan y ofrecen varios servicios a la carta, incluido el transporte. Además de la reforma en las normativas autonómicas residenciales, como es el caso de la cántabra, que actualmente impiden este tipo de alternativas, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales propone una modificación en la regulación de los centros para que puedan ser plataformas para las iniciativas multiservicios que cubren las necesidades específicas de esas personas mayores. “Son modelos que habría que ensayar y promover, porque también van a fijar población. Esto en Cantabria, es fundamental”, resalta Gustavo García, que hace hincapié en la importancia de disponer de un ordenamiento legal flexible que permita la innovación: “Que la calidad no la marque un metro que mida esto o aquello, sino criterios para adaptarse a lo que la gente demanda, sobre todo en los pequeños municipios rurales”.

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas se comprometieron en 2023 con una estrategia de desinstitucionalización, es decir, favorecer la permanencia en su hogar de las personas en situación de dependencia. Esto podría contribuir a paliar la escasez de plazas residenciales, pero el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia de Cantabria sospecha que, en la práctica, más bien se traducirá en reducir el gasto que en transformar el modelo de cuidados: “Las personas mayores desean permanecer en su entorno y, de hecho, más del 95% lo hacen. Sin embargo, cuando ya no pueden vivir en su casa con seguridad y necesita atención continuada, el recurso adecuado es una residencia”. Para responder a la demanda real, calcula que la comunidad necesitará más de 1.500 plazas nuevas antes de 2035, pero las perspectivas no apuntan en esa dirección: “Una residencia tarda una media de dos años en construirse. Que yo sepa, no hay nada programado para abrir en 2026, en 2027 o en los primeros meses de 2028”.

Desde hace años hay estudios que revelan la escasez de camas residenciales y muchas voces, desde diferentes ámbitos, piden soluciones. Sin embargo, lejos de avanzar hacia ellas, hay un estancamiento. “Se reconoce que hay que tener esas plazas, pero no se hace nada para que se construyan”, lamenta Rubén Otero. Asegura que hay diferentes fórmulas para hacerlo y se remite al ejemplo de los concursos públicos de construcción y gestión que municipios como Madrid ya están llevando a cabo: “Nos podemos sentar con los gobiernos y explicárselas. Tiene que haber un acuerdo entre todos los partidos, gobierne quien gobierne, para trazar un mapa a diez o quince años de las residencias que hay que construir”. Además de la planificación, insiste en que es un sector en el que hay que invertir mucho más dinero y reclama dignificarlo: “Habría que hacer un pacto de Estado para regularlo, para que haya más trabajadores y cobren más, para que cada Administración y cada usuario paguen lo que les corresponde y se puedan solventar todos estos problemas”.

Una de las habitaciones en las que viven los alumnos residentes. Foto: Ana Bringas.

El centro, que abrió en 1983 y hoy acoge a una veintena de menores de entre 4 y 18 años, ha pasado de alojar a más de 100 niños a adaptarse a la nueva realidad demográfica y social. Concebido para evitar los desplazamientos diarios de los alumnos en un entorno caracterizado por la enorme dispersión de la población, hoy añade a esa función la de servir como herramienta de apoyo a las familias. Tanto en una función como en otra, es un recurso para fijar población en las zonas rurales que también sufre las consecuencias del problema contra el que se enfrenta.

Ana Bringas | Mayo 2026

El Valle de Soba está salpicado de núcleos de población aquí y allá. En total, son 27 pueblos repartidos a lo largo de un territorio muy amplio, de hecho, el valle es uno de los términos municipales más extensos de Cantabria, con 214,16 kilómetros cuadrados, solo por detrás de Valderredible (298,24 kilómetros cuadrados) y la Hermandad de Campoo de Suso (222,65). Una extensión que, sin embargo, contrasta con su escasa densidad de población: apenas 1.057 habitantes censados en 2024, según el Instituto Cántabro de Estadística.

Esta combinación de gran tamaño y escasez de habitantes ha supuesto históricamente un reto a la hora de garantizar servicios básicos. Con el paso de los años, la situación ha mejorado: carreteras más accesibles, mejores conexiones y unos inviernos menos duros —con menos nieve y, por tanto, menos aislamiento— han facilitado la vida en el valle. Pero hace décadas, desplazarse a diario hasta el colegio era, en muchos casos, inviable. Para dar respuesta a esa necesidad nació en enero de 1983 la Escuela Hogar de Soba, un recurso residencial anexo al centro educativo —que había comenzado su actividad unos meses antes, en septiembre de 1982—, pensado para acoger a los alumnos durante la semana, evitar largos trayectos diarios y, al mismo tiempo, facilitar la conciliación de las familias.

Con el paso del tiempo, y ante los cambios sociales y demográficos, el centro ha ido redefiniendo su función. Lo que en su origen respondía a un problema de accesibilidad, hoy se ha convertido también en un apoyo para familias con dificultades económicas o situaciones personales complejas, tanto del propio valle como de otros puntos. Además, sigue cumpliendo el rol de evitar el aislamiento de los menores dado que muchos de ellos viven en un entorno donde apenas hay otros niños.

Belén Pérez Pérez, directora de la Escuela Hogar de Soba. Foto: Ana Bringas.

En la actualidad, la Escuela Hogar de Soba acoge a una veintena de menores. Aproximadamente un tercio de ellos reside en el centro por situaciones de vulnerabilidad social o dificultades familiares. “Tenemos dos tipos de alumnos”, resume la directora del centro, Belén Pérez Pérez. Por un lado, explica, están los niños del propio valle, el perfil tradicional de la Escuela Hogar: menores que, debido a la distancia y a la dispersión geográfica, se quedan a vivir en el internado. Hoy, ese perfil ha evolucionado. En muchos casos, ya no se trata solo de una cuestión de kilómetros, sino de aislamiento social. En pueblos envejecidos y con muy pocos habitantes, los niños apenas tienen contacto con otros menores.

En este contexto, la Escuela Hogar se ha convertido también en un espacio de socialización. “Es un lugar de encuentro donde pueden convivir y acceder a actividades que, de otra forma, no tendrían a su alcance”, señala. Y es que las opciones más cercanas de ocio o actividades extraescolares se encuentran a unos 20 kilómetros, en Ramales de la Victoria. “Para quienes quieren seguir viviendo en el valle, hay que facilitar que puedan quedarse. En el fondo, es también una herramienta contra la despoblación”, apunta la directora.

El segundo grupo lo forman los alumnos derivados de Servicios Sociales, menores que llegan al centro por situaciones familiares complicadas. “Damos respuesta a problemas de conciliación, evitamos el absentismo y tratamos de paliar la vulnerabilidad de algunas familias”, explican desde el equipo educativo. Todos los alumnos residentes en el centro, sean de uno u otro perfil, cuentan con una beca que cubre los gastos de estancia.

Cambio en el perfil de los alumnos

La evolución del perfil del alumnado es uno de los cambios más significativos que ha experimentado la Escuela Hogar en las últimas décadas. Ana Teresa Pérez Rivero, directora del centro entre 1996 y 2025 —aunque vinculada a él desde 1991—, recuerda bien esa transformación. “La incorporación de niños por motivos de exclusión empezó hace unos 20 años”, explica, aunque entonces no todos ellos llegaban por mediación de Servicios Sociales. Así, la entrada de menores derivados por la Administración supuso un punto de inflexión. Óscar Zorrilla, monitor de la Escuela Hogar, explica que ahora que los casos de este tipo pasan por Servicios Sociales el acceso al recurso está más regulado: “Hay un proceso de valoración; se solicitan informes y no cualquiera puede entrar”, dice.

A medio camino entre el hogar familiar y un recurso de protección más intensivo, la Escuela Hogar ocupa un lugar difícil de sustituir. “El siguiente paso sería un piso tutelado, pero aquí no existen recursos de ese tipo”, señala la directora. A diferencia de otros modelos, los menores regresan a sus casas los fines de semana. El objetivo, subrayan, no es sustituir a la familia sino apoyarla. “Se trabaja para estructurar esos entornos familiares y que los niños puedan seguir vinculados a ellos”.

Además, esta medida favorece la continuidad del centro y la realidad es que desde que se incluyen niños vulnerables el número de usuarios se mantiene. “El primer año que estuve había 54 niños, todos de Primaria. Entonces era Educación General Básica (EGB) hasta octavo y no había Educación Infantil, porque no era obligatoria. Muchas familias no escolarizaban a sus hijos en esas edades porque no podían acceder a la Escuela Hogar”, recuerda Pérez Rivero. Con el tiempo, el recurso se amplió para incluir también a los más pequeños.

Celebración del año nuevo en 1996, cuando el número de estudiantes era mucho mayor que en la actualidad. Foto: Escuela Hogar.

En sus inicios, la magnitud del centro era mucho mayor. Cuando abrió, en enero de 1983, la Escuela Hogar llegó a acoger a más de un centenar de alumnos, prácticamente la mitad del alumnado del colegio. Las habitaciones estaban equipadas con literas de tres alturas y el equipo educativo era, en consecuencia, más numeroso. Hoy, el colegio cuenta con 43 alumnos y la Escuela Hogar con 19, en gran parte gracias a la incorporación de menores procedentes de fuera del valle.

La exdirectora detalla que el cambio más evidente se percibe en el día a día. “Antes estaban ocupadas todas las plantas y habitaciones. Había tres grupos de estudio por edades, muchos talleres y más personal”, explica. En aquel momento, el equipo estaba formado por cinco o seis profesionales que se organizaban en turnos de tres; hoy, la atención está a cargo de tres personas y diariamente recae en una profesora y un monitor por turno.

La transformación demográfica también ha dejado huella. “Las familias eran mucho más numerosas, con cuatro, cinco o incluso seis hijos. Ahora, lo habitual es uno o dos. En el valle ya no hay familias tan grandes”, señala. Además, destaca, hace 30 años, delegaban completamente: “No había móviles y, en muchos casos, ni siquiera teléfono en casa, solo uno en el pueblo. Si un niño se ponía enfermo, llamábamos al teléfono público”, recuerda. En muchas ocasiones, era el propio personal del centro quien se encargaba de llevar a los menores al médico. “Los medicamentos los traía desde la farmacia el panadero, en su ruta de reparto”, rememora.

Aunque hoy en día existen recursos similares en Cantabria, como los de Potes o Heras, estos están orientados principalmente a alumnado de Formación Profesional. El de Soba, sin embargo, mantiene un perfil distinto: acoge a estudiantes desde Educación Infantil hasta Secundaria Obligatoria. La estancia está permitida durante toda la etapa educativa —incluida Infantil, pese a no ser obligatoria— y hasta un máximo de 18 años. Actualmente, conviven en el centro niños de entre 4 y 18 años.

El día a día

La vida diaria en la Escuela Hogar arranca temprano. A las 7:30 comienza la jornada para los mayores, que se levantan, se asean y se preparan para coger el autobús hacia el instituto de Ramales, el Centro de Educación Obligatoria (CEO) Príncipe de Asturias. “Como en cualquier casa”, resume la directora del centro, Belén Pérez Pérez. Un par de horas después, a las 9:00, es el turno de los más pequeños. Para despertarlos, las educadoras recurren a lo que describen como una tradición ya consolidada: música a todo volumen a través de los altavoces del edificio. Tras el desayuno y los preparativos, entran al colegio a las 10:00. Durante la jornada lectiva, que se extiende hasta las 16:30, los menores permanecen en el centro educativo, aunque siempre hay personal de la Escuela Hogar de guardia por si fuera necesario.

Por la tarde, cuando los mayores regresan alrededor de las 16:00, comienza la vida en la residencia. “No es una actividad lectiva como tal, porque no es educación reglada, sino un sustituto de la familia”, explica Pérez Pérez. En términos más técnicos, el trabajo se centra en la adquisición de hábitos de higiene, salud y alimentación, además de establecer tiempos estructurados para el estudio —diferenciados entre Primaria y Secundaria—.

El resto del tiempo se reparte entre ocio y convivencia. “Fomentamos mucho la lectura para reducir un poco el uso de la tecnología; la utilizamos solo cuando es imprescindible”, señala la directora. No hay una programación rígida de talleres: también se reserva espacio para el juego libre y el descanso. Tras las duchas y la cena, el día termina con un rato tranquilo, a menudo acompañado de lectura, antes de irse a dormir.

Ana Teresa Pérez Rivero, directora de la Escuela entre 1996 y 2025. Foto: Ana Bringas.

Más allá de la rutina, el centro cumple la función de acompañamiento emocional. “Hacemos mucha gestión emocional con ellos, hablamos mucho porque lo necesitan”, señala Pérez Pérez. “Hay que normalizar la estancia de los niños aquí. Somos como una familia”. Con esta idea resume la directora la filosofía de la Escuela Hogar. Un espacio donde el objetivo es que los menores se sientan acompañados y seguros. En esa línea, Ana Teresa Pérez Rivero califica de “aspecto clave” la tranquilidad de las familias. “Es fundamental que sepan que sus hijos están bien”.

La relación del centro con el entorno hunde sus raíces en generaciones y generaciones de alumnos del valle. Muchas de las familias que hoy llevan a sus hijos al centro pasaron antes por sus habitaciones. “Saben cómo funciona y confían en el recurso”, explican. Esa confianza se extiende también a la convivencia: la integración de los menores procedentes de fuera del valle es, según el equipo educativo, uno de los pilares del día a día. “Son niños que, en muchos casos, llegan con carencias emocionales o educativas, pero aquí encuentran un entorno de acogida. Los demás los aceptan y se crea una familia”, apunta Pérez Pérez.

El descenso en el número de niños es una realidad, no solo en la Escuela Hogar o el valle, sino en la comunidad autónoma cántabra en general. Aun así, desde la Consejería de Educación del Gobierno regional aseguran que no existe intención de cerrar el centro. En este punto, la directora subraya la función que sigue cumpliendo este recurso a medio camino entre lo social y lo educativo: “Hay pocos niños, pero la necesidad sigue ahí. Es importante para las familias con dificultades, pero también para fomentar la relación entre los niños, más allá del ámbito escolar”.

Con ese objetivo, el centro ha comenzado a abrirse más al entorno. “Este año hemos empezado a organizar actividades abiertas a todo el valle, para que sea también un lugar de encuentro”, explica Pérez Pérez. Juegos de mesa durante las tardes o próximas charlas científicas con motivo del eclipse previsto para agosto forman parte de esta iniciativa. “No podemos abarcar toda la oferta cultural que sería deseable, pero sí aportar pequeñas propuestas. La acogida está siendo muy buena”.

Pérez Rivero recuerda que la caída del número de usuarios ha sido progresiva y acorde a la evolución demográfica. En los últimos años, la cifra se ha mantenido estable en torno a una veintena de internos. “Tener 20 niños en la Escuela Hogar es casi un lujo si tenemos en cuenta que en el colegio hay 43”, apunta. En los últimos 15 años, el máximo ha sido de 25.

Otros usos

La relación entre la Escuela Hogar y el colegio es estrecha. Aunque son centros distintos, comparten espacios y se adaptan a las necesidades del momento. El edificio de la residencia, anexo al centro educativo, cuenta con una veintena de habitaciones distribuidas en dos plantas y diferentes espacios comunes, como zonas de juego con ordenadores, billar y futbolín, además de un salón amplio y varias salas más pequeñas. Actualmente, por ejemplo, una de esas habitaciones se utiliza para que los alumnos más pequeños —algunos desde un año de edad— puedan dormir la siesta durante la jornada escolar. “Son espacios diferentes, pero se utilizan de forma indistinta cuando es necesario”, explica la directora. A lo largo de los años, distintas estancias han cambiado de función: una sala de la Escuela Hogar fue durante un tiempo el aula de informática del colegio, mientras que el salón de actos de la residencia se emplea para charlas y actividades. A su vez, los internos utilizan instalaciones del centro educativo, como la biblioteca. Así, la capacidad de adaptación ha sido una constante en la historia de la Escuela Hogar. “Siempre nos hemos ajustado al número de niños que había”, recuerda Pérez Rivero. Incluso en momentos de baja ocupación, el centro ha continuado abierto para dar respuesta a las necesidades de la Consejería.

En algunos periodos, esa adaptación ha implicado diversificar su uso. Durante años, por ejemplo, el centro acogió estancias de educación ambiental dirigidas a colegios de Cantabria. Grupos de alumnos pasaban varios días en Soba —de miércoles a viernes— para conocer el entorno natural del valle. “Nosotros utilizábamos una planta y ellos otra”, explica. El programa era gratuito, salvo el transporte, y permitía dar vida a unas instalaciones infrautilizadas.

“La demanda ha cambiado mucho, desde aquellos más de 100 niños hasta los 20 actuales. Pero siempre hemos intentado mantener la Escuela Hogar haciendo todo lo que estaba en nuestra mano: incorporando Infantil, Secundaria… lo que hiciera falta para continuar con la labor”, señala. Y lo cierto es que ese esfuerzo se refleja en el día a día del centro, aún lleno de actividad. “Aunque hubiera diez niños, la Escuela Hogar tiene que mantenerse por lo que aporta”, concluye la actual directora.