Pegaso, la unidad de la Guardia Civil que vigila el cielo

El tráfico de dispositivos aéreos no tripulados no ha dejado de crecer en los últimos años, y se espera que lo haga aún más en los venideros, cuando los drones empiecen a ser utilizados para tareas que todavía no realizan, pero para las que estarán capacitados, como el reparto. El grupo Pegaso, unidad de la Guardia Civil a la que compete la comprobación de permisos de vuelo y verificación del uso correcto de los aparatos en la mayor parte del territorio de Cantabria, ha atendido cerca de 1.200 operaciones de drones en la región a lo largo de 2023. Pese a la cuantía de las sanciones y la gravedad que puede tener un posible accidente, advierten, siguen siendo habituales los incumplimientos, a veces por desconocimiento de la normativa.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Febrero 2024

El pasado 9 de diciembre un vehículo aéreo no tripulado, lo que se conoce popularmente como dron, se estrelló en lo más alto del árbol de navidad de Cartes, que pudo así añadir una singularidad más a su condición de mayor entre los adornos de este tipo levantados en toda Europa. El aparato volaba sin permiso sobre las cabezas de los cientos de personas que en ese momento se encontraban en el lugar. En una situación potencialmente más grave, otro de estos dispositivos interfirió hace algunos meses la maniobra del helicóptero del ‘112’, en la que ha sido una de las incidencias más peligrosas provocadas por un dron en Cantabria. Ambos sucesos motivaron la intervención del grupo Pegaso, la unidad de la Guardia Civil encargada de vigilar el espacio aéreo en la mayor parte de la región –estarían excluidas las áreas urbanas de los municipios de Torrelavega y Santander, que corresponden a la Policía Nacional– y de remitir a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) la información para la posterior sanción, que puede ser de un mínimo de 4.500 euros en el caso de Cartes, y alcanzar cifras mareantes para el operador del dron que afectó al vuelo del servicio de emergencias.

El equipo Pegaso atendió en 2023 unas 1.200 operaciones con drones en el territorio que es de su competencia, la mayor parte de ellas dentro de las tareas de control y verificación de vuelos que pueden considerarse rutinarias dentro de su trabajo, y que no suelen dar lugar a sanción alguna. “Los vuelos suelen realizarlos operadores que conocen su trabajo y que por tanto cumplen la normativa, y son muchos más quienes vuelan con todo en regla que quienes infringen la norma, pero sigue habiendo incumplimientos”, resume Eugenio Hoya, responsable de la unidad de Pegaso con base en Cantabria, habituado pese a todo a que siga habiendo quien dice no saber que necesita autorizaciones o permisos para hacer volar uno de estos aparatos: “Pero la ley obliga a todos, a quienes la conocen y a quienes no, y las sanciones pueden ser muy elevadas”, advierte.

La Guardia Civil creó el equipo Pegaso en 2016, inicialmente con una unidad en Madrid y extendiéndolo a partir de 2019 a todas las provincias españolas. Aunque su labor se extiende a la vigilancia y control de todo el espacio aéreo, lo que implica tanto la aviación comercial y ligera, como aeródromos o campos de vuelo, en una región como Cantabria la mayor parte de su actividad tiene que ver con los drones.

Trabajos de control de permisos y documentación sobre el terreno.

En lo que sería una jornada habitual en la base del grupo en el aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, explica el responsable de la unidad cántabra de Pegaso, los agentes revisan el correo electrónico y la aplicación que utilizan para que los operadores comuniquen vuelos y tramiten las autorizaciones. También por vía electrónica se solicita toda la información y documentos que puedan faltar: dueño y piloto del dron, que pueden no coincidir, datos del aparato, seguros… “Intentamos con ello evitar molestar al piloto el día del vuelo, aunque lógicamente también podemos desplazarnos y hacer las comprobaciones sobre el terreno”.

También fuera de la oficina, pero sin salirse de las labores habituales del grupo, se hace el trabajo de vigilancia en zonas especialmente concurridas –las playas en verano, o el Cartes navideño de este último diciembre– o allí donde se haya tenido noticia de un vuelo del que no se tuviera conocimiento previo. A todo lo anterior habría que sumar actuaciones más puntuales, como las que se realizan para dar cobertura de seguridad ante la visita de una autoridad, por ejemplo. La unidad, que opera sus propios drones, cuenta con medios y dispositivos para tomar el control de cualquier aparato no tripulado que vuele de forma irregular para, dependiendo de las circunstancias, obligarlo a tomar tierra.

Pese a que sigue habiendo quien los vende como un juguete, y compradores que los consideran como tal, los drones son aparatos cuya tenencia y uso están muy regulados, incluso en aquellos que por su bajo peso no precisan de ninguna titulación para su piloto. “Es cierto que muchos de los incumplimientos son con drones de menos de 250 gramos, que es verdad que pueden ser operados sin título, pero ello no significa que puedan volar por cualquier sitio”, advierte el responsable de la unidad cántabra del equipo Pegaso, que recuerda que tan solo con las restricciones a las que obliga el espacio aéreo del aeropuerto ya es imposible volar sin permisos especiales sobre la ciudad de Santander y en un área que se extendería hasta Suances o Hazas de Cesto. A ese espacio, denominado CTR por las siglas de Controlled Traffic Region, hay que sumar las limitaciones para volar sobre concentraciones de edificios, zonas de especial protección para las aves (ZEPA) o la prohibición de hacerlo en cualquier punto del parque nacional de Picos de Europa.

Miembros de la unidad Pegaso que opera en Cantabria.

No solo ‘in situ’

Para detectar y denunciar vuelos en zonas vedadas para ello, advierte Eugenio Hoya, no es imprescindible sorprender al infractor en el momento, sino que puede hacerse tras tener constancia de ello por las fotografías o vídeos tomados durante el vuelo, y subidas después a Internet. Una parte del trabajo del equipo Pegaso es, de hecho, rastrear páginas web y redes sociales en busca de un material que es en sí mismo una prueba y que daría pie a requerir al operador la información y los permisos del vuelo que sirvió para tomar las imágenes o, en su caso, tramitar la denuncia correspondiente. Teniendo en cuenta que hoy por hoy el principal uso de los drones es la toma de fotos y vídeos, y que quien lo hace suele tener el impulso de enseñarlos, es relativamente habitual que el infractor se ponga en evidencia al compartir ese contenido.

El desarrollo de la tecnología y las propias previsiones que manejan las administraciones encargadas de gestionar el espacio aéreo apuntan hacia un aumento exponencial de los usos de los drones, y en consecuencia también de las labores de control y vigilancia de las operaciones de vuelo. Teniendo en cuenta la actual carga de trabajo y la carga burocrática que implica cada operación, el riesgo de que ello derive en un cierto colapso del sistema es evidente. Con todo, se apunta desde Pegaso, la misma tecnología que hace posible los vuelos y las nuevas aplicaciones de los drones dotará también de herramientas a los encargados de vigilarlos.

Hoy en día, los agentes desplazados sobre el terreno ya pueden detectar cualquier dispositivo en vuelo en kilómetros a la redonda, registrando todos los datos del aparato y de quien lo opera. También existen medios fijos de detección y neutralización de drones en torno a determinadas instalaciones –los tienen, por ejemplo, los estadios de los equipos que compiten en la Liga de Fútbol Profesional, como los Campos de Sport del Sardinero–, una tecnología que en Madrid cubre ya la práctica totalidad del espacio urbano: “Eso acabará extendiéndose a todo el territorio, porque el incremento que esperamos en los vuelos es exponencial”, pronostica el responsable de la unidad de Pegaso de Cantabria.