Los informes sobre absentismo laboral abren a menudo la discusión sobre la dimensión real de este asunto que preocupa por igual a empresarios y sindicatos y sobre el que ambas partes coinciden en la necesidad de articular medidas y soluciones para tratar de mitigarlo. Pero mientras que la patronal destaca el elevado coste económico que representa para las empresas y su competitividad, los sindicatos denuncian la visión distorsionada que ofrecen estos estudios de un problema que consideran mucho más complejo y cuya interpretación, según sostienen, tampoco genera consenso.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Enero 2024

El absentismo laboral viene ocupando desde hace tiempo titulares y espacios en los medios de comunicación en los que, de forma casi generalizada, se alerta de su constante crecimiento y del elevado coste que representa para las empresas y su competitividad. Así lo pone de manifiesto un reciente informe sobre este problema elaborado con datos de la EPA por Randstad, empresa especializada en talento y recursos humanos, en el que se resalta que Cantabria lideró, junto al País Vasco y Canarias, el absentismo laboral en España durante el segundo trimestre de 2023. En concreto, este estudio recalca que la comunidad cántabra registró en ese periodo la tercera mayor tasa con un 7,2% de las horas pactadas, un punto por encima de la media nacional.

Asimismo, el V Observatorio sobre Absentismo Laboral Mutua Montañesa, presentado a finales del pasado mes de octubre, destacaba que la ausencia de los trabajadores de sus puestos de trabajo supuso a las empresas cántabras un coste de 383 millones de euros durante los primeros ocho meses de 2023, un 5,9% más que en mismo periodo del año anterior.

El empeoramiento de los datos de absentismo laboral en Cantabria se produce en un contexto general de mejora de la calidad de los contratos y menor temporalidad que, en principio, debería haber provocado los efectos contrarios.

La directora general de CEOE-Cepyme Cantabria, Isabel Cuesta, aclara que la región ya venía arrastrando desde hace algún tiempo esta alta tasa de absentismo que ahora “se ha acentuado” con la pandemia, si bien precisa que sus causas son difíciles de explicar en todo su alcance, ya que no existe un solo motivo que lo justifique. Además de explicar que cada sector tiene sus propias “peculiaridades”, Cuesta sostiene que una buena parte de la “culpa” de esta situación descanse muy posiblemente “en los ingentes recursos sanitarios y humanos que fueron necesarios para atender la pandemia y las secuelas sociosanitarias que aún arrastramos”, un argumento al que suma el “significativo” incremento de las bajas relacionadas con la salud mental que, según subraya, ha crecido mucho en los últimos tiempos.

Fotografía de Isabel Cuesta, directora general de CEOE-Cepyme de Cantabria

Isabel Cuesta, directora general de CEOE-Cepyme de Cantabria. Foto: Nacho Cubero

Este empeoramiento de los datos de absentismo laboral en Cantabria se produce, además, en un contexto general de mejora de la calidad de los contratos y menor temporalidad que, en principio, debería haber provocado los efectos contrarios. La directora general de la patronal cántabra no cree, sin embargo, que exista en este sentido una relación causa-efecto. “La reforma laboral ha cambiado la denominación de algunas formas de contratación, pero no parece que haya tenido un efecto tan significativo en la estabilidad de la contratación”. Es más, detalla que Cantabria no supera el 30% de contratos indefinidos desde hace varios meses, alrededor de quince puntos por debajo de la media de España. “Quizá este hecho también ayude a entender el porqué de esta situación en nuestra comunidad autónoma”, enfatiza.

De su lado, el secretario de Acción Sindical de UGT-Cantabria, Valentín Fernández, quita validez a este tipo de informes ya que, en su opinión, no dejan de presentar una imagen “interesada y sesgada” del absentismo laboral, dado que a su juicio no se analizan realmente los factores que están detrás de este problema: “Si ves los datos que ofrecen estos estudios, se trata de una especie de cajón de sastre en el que se recogen diferentes contingencias que se entienden que en sí son absentismo, cuando en realidad se trata de un término muy controvertido sobre el que, en muchas ocasiones, ni las partes implicadas nos ponemos de acuerdo qué se debe entender como tal y qué, principalmente, obedece a bajas por enfermedades comunes”, razona.

Fernández insiste en que detrás de estos datos está un “cierto interés” de las entidades colaboradoras del sistema público de salud, fundamentalmente las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que desde hace años vienen promoviendo un cambio legislativo para poder gestionar las contingencias comunes. “No voy a negar la mayor y puede que haya casos aislados de trabajadores que no acuden a su puesto porque no quieren. Siempre los ha habido, pero la excepción no hace la regla”, recalca el representante de UGT. “Podemos entender la preocupación empresarial por este asunto, pero lo que no vamos a compartir es que se llame absentismo a la enfermedad o que se alimente el fantasma del fraude entre la población laboral”, enfatiza antes de recordar que la incapacidad temporal no depende de la voluntad del trabajador: “Obedece a la decisión de un facultativo de atención primaria según criterios profesionales”.

Valentín Fernández defiende que si de la ecuación se eliminaran las bajas por enfermedad común, las horas no trabajadas por vacaciones, los permisos por maternidad o paternidad, la compensación por horas extraordinarias y otras ausencias justificadas, el resultado que reflejarían las estadísticas sería muy diferente: “El absentismo ‘real’ no tiene en ningún caso la envergadura que los empresarios pretenden denunciar ni, por tanto, es un grave problema económico para el país”.

Dicho esto, aboga por analizar desde un punto de vista preventivo las nuevas realidades del trabajo. “La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se encuentra muy ligada al absentismo laboral, supuso un antes y un después de su entrada en vigor en 1995. Sin embargo, desde entonces el mundo del trabajo ha cambiado significativamente con la digitalización de los procesos productivos, el teletrabajo, la introducción de la inteligencia artificial, la conectividad permanente de las personas trabajadoras o el control y monitorización de sus tareas, lo que sin duda obliga a su actualización”, argumenta.

Aunque admite que esta norma ha funcionado razonablemente bien en el ámbito empresarial, Fernández sostiene que tras el Covid ha existido una “cierta relajación en la cultura preventiva de las empresas que de nuevo hay que implantar”. Porque, según explica, al calor de estas nuevas modalidades de trabajo han surgido también nuevos riesgos psicosociales de origen laboral –estrés, carga mental…– que tiene un “gran impacto” entre la población trabajadora y que, en su opinión, “no están siendo gestionados adecuadamente por las empresas”.

Por eso, reclama dar a la prevención de riesgos psicosociales, a lo que se refiere como “la nueva pandemia del mundo del trabajo”, la importancia que realmente se merece. “En estos casos, las empresas deben ser conscientes de que tienen un problema y hacer una evaluación de este tipo de riesgos para, una vez realizada, adoptar las medidas de carácter preventivo que sean necesarias y verificar con posterioridad si han sido o no las adecuadas, comprobando si los índices de absentismo se han visto reducidos”. Si se hiciera correctamente, señala, se generaría un buen clima laboral y un adecuado desarrollo profesional, concede apuntando directamente al “papel fundamental” que en este sentido desempeñan los departamentos de recursos humanos de las empresas.

Fotografía de Valentín Fernández, secretario de Acción Sindical de UGT de Cantabria

Valentín Fernández, secretario de Acción Sindical de UGT de Cantabria. Foto: Nacho Cubero

De su parte, la directora general de CEOE-Cepyme Cantabria estima que el incremento de la enfermedad común, que según el V Observatorio Sobre Absentismo Laboral Mutua Montañesa ha crecido cerca del 60% con relación a 2019 –el último año anterior a la pandemia– hasta representar en la actualidad más del 85% de las jornadas perdidas por parte los trabajadores, no se debe a una “mala salud” de los trabajadores en la región. “No creo que sea un asunto de salud, sino más bien de gestión, singularmente de las bajas laborales. Durante la pandemia se dio un paso para abordar estos asuntos de una forma más eficaz y rápida, pero no acabamos de coger la velocidad necesaria”, admite.

En este sentido, Cuesta considera que la colaboración publico-privada a través de las mutuas laborales y organismos similares podría ser una “muy buena opción” para agilizar todo el proceso: “Sé que el nuevo Gobierno de Cantabria está dando pasos en esta dirección. De hecho, recientemente hemos constituido conjuntamente con el Ejecutivo cántabro, el INSS y las mutuas una mesa de trabajo sobre absentismo en la que se ha demostrado la máxima disposición de todas las partes a colaborar y aportar soluciones eficaces”, precisa.

Una iniciativa sobre la que Fernández muestra su rechazo más frontal. “Podemos entender la preocupación de estas empresas –del sector de la automoción, según asegura– para tratar de dar solución al elevado nivel de absentismo laboral por incapacidades temporales derivadas de contingencias comunes (ITCC) que soportan. Pero no se puede dejar al margen a los trabajadores porque, por encima de todo, está el derecho de los trabajadores a la salud”, afirma antes de reclamar que cualquier análisis sobre esta materia se haga en el marco del Diálogo Social. “El absentismo requiere de un debate profundo en el que todas las partes deben poner sobre la mesa sus preocupaciones y soluciones. Pero la Administración debe contar con todos los agentes sociales implicados en este proceso, no solamente con alguno de ellos”, reivindica el representante de UGT.

La patronal y este sindicato difieren también sobre si las obligaciones burocráticas prolongan innecesariamente los procesos de baja laboral. Así, la patronal aprecia que, al igual que en otros los ámbitos de la administración, también es preciso simplificar la burocracia en la gestión sanitaria. “Esta es una de las claves para la mejora de la competitividad de Cantabria, para la atracción de inversiones y para el cambio de modelo productivo de la región, y así se lo hemos expresado al nuevo Gobierno regional en diferentes ocasiones”, aclara su directora general, quien, por otro lado, vería con “buenos ojos” que las mutuas prestasen asistencia médica y emitiesen las altas en las veinte patologías traumatológicas más frecuentes, un posibilidad que, según el informe sobre absentismo laboral por ITCC en Cantabria elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), permitiría un ahorro total superior a los 26 millones de euros.

Por su parte, el sindicalista de UGT entiende que no es una cuestión de más o menos burocracia ya que, de hecho, desde el pasado 1 de abril el trabajador ya no tiene que entregar el parte de baja médica o incapacidad temporal a su empresa, sino que las comunicaciones se hacen ya por vía telemática entre las Administraciones y dicha empresa. “El problema es más de fondo. Hay que hacer una labor de base y analizar en detalle el porqué y las causalidades de las bajas laborales”, indica Fernández, que demanda abordar y poner en el centro del debate otras cuestiones que no siempre se tienen en cuenta: “Como los excesos de jornada, en muchas ocasiones no retribuidos; la falta de desarrollo profesional, el escaso reconocimiento y la inseguridad laboral” u otros factores, entre los que cita “el envejecimiento de las población trabajadora y los cambios climáticos que venimos soportando desde hace años”.

En lo que sí coinciden empresarios y sindicatos es en la necesidad de reducir las la listas de espera de la sanidad pública, toda vez que reconocen que hay muchas situaciones de baja laboral que están en espera de una prueba diagnóstica o de una consulta especializada.

Sindicatos y patronal coinciden en la necesidad de reducir las la listas de espera de la sanidad pública, toda vez que reconocen que hay muchas situaciones de baja laboral que están en espera de una prueba diagnóstica o de una consulta especializada.

“Hay una bolsa de casos que tiene que ver con las enormes listas de espera que soportamos”, asegura Pilar Cuesta, que entiende que todo lo que se pueda agilizar en este aspecto será de ayuda. A su juicio, se trata de uno de los mayores retos del Gobierno regional para esta legislatura que está comenzando.

Fernández, por su parte, se remite en este asunto al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado el pasado 10 de marzo por sindicatos y patronal. Según resalta, este acuerdo insta, en su capítulo VII, a aprovechar los recursos de las mutuas colaboradoras de la seguridad y salud, que posibiliten reducir los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de la salud, así como reducir las listas de espera en el sistema público. Al respecto, el secretario de Acción Sindical de UGT subraya que este mejor aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social no modifica “en modo alguno” las actuales competencias del Servicio Cántabro de Salud en los procesos de alta, baja y seguimiento de la incapacidad laboral: “Siguen igual, tan solo abre la posibilidad de utilizar los servicios de rehabilitación de las mutuas para tratar algunas incapacidades temporales por contingencias comunes de origen traumatológico, siempre bajo deseo del trabajador y con el permiso del médico de Atención Primaria”.

Precisamente, para tratar de mejorar la gestión de las ITCC, la directora general de CEOE-Cepyme Cantabria señala tres medidas: refuerzo y mejora de la atención primaria; simplificación burocrática con gestión directa entre empresas y sector sanitario; y colaboración publico-privada en la gestión de los casos comunes para desembolsar y agilizar la bajas y descienda el absentismo.

El secretario de Acción Sindical de UGT, por su parte, insiste en poner el acento en la salud del trabajador, que recalca debe estar en el centro del debate, y en poner en tela de juicio los informes aludidos sobre absentismo laboral. “Una cosa son los datos, pero detrás hay toda una casuística que no analizan. Habrá que hacerlo, pero contando con todos los agentes sociales. Para eso está el diálogo social”, concluye.

El tercer cambio de propiedad desde la declaración del concurso de acreedores sitúa a la sociedad anónima deportiva ante un escenario completamente diferente del que ha marcado su funcionamiento durante la última década. Por primera vez desde entonces, la operación se ha concretado con el equipo jugando en categoría profesional y después de cerrar un ejercicio con beneficios millonarios. Todavía con el lastre que suponen los casi cuatro millones de euros de deuda concursal pendiente, con un pasivo total cercano a los 25 millones y tras jugar siete de los diez últimos años en la tercera categoría del fútbol español, el retorno a la Liga de Fútbol Profesional ha confirmado con números las opciones de viabilidad del club y fijado las bases sobre las que los nuevos gestores han planteado sus objetivos: notablemente ambiciosos en lo deportivo y en lo económico en el largo plazo, pero prudentes para el futuro más cercano.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Octubre 2023 Fotos de Nacho Cubero

En un club con la trayectoria del Racing, larga en el tiempo y con tendencia a lo insólito, para bien y para mal, no son muchos los acontecimientos que merezcan calificarse de extraordinarios. Al margen de improbables títulos deportivos, pocos tendrían esa condición novedosa en lo que tiene que ver con la competición, pero tampoco en lo referente a la economía hay demasiadas opciones para transitar por caminos diferentes a los conocidos, y menos aún haciéndolo con perspectivas favorables. Aun con esa abundancia de antecedentes, el último movimiento corporativo vivido por la sociedad anónima deportiva se ha producido en circunstancias tan diferentes a las vividas en otros momentos que dibujan un escenario que bien puede considerarse inédito, y ello pese a tratarse del tercer cambio de propiedad en la última década y a que de él haya resultado la vuelta a la presidencia de quien la ocupó hasta hace solo seis años. La enorme distancia recorrida desde entonces, concretada en lo deportivo con la primera permanencia en categoría profesional desde el descenso a segunda en 2012, da argumentos para considerar que con la compra del paquete mayoritario de acciones por parte de Sebman –la sociedad constituida al efecto por el cántabro Manuel Higuera y el hispanoargentino Sebastian Ceria– se cierra una etapa de provisionalidad en la gestión del club.

Manuel Higuera y Sebastián Ceria, propietarios de Sebman, la sociedad accionista mayoritaria del Racing, junto a los profesionales que se han incorporado a la nueva estructura del club: Felipe Llamazares, nuevo director general, Roberto González, director de Comunicación y portavoz, y Pablo Ruiz, director de Marketing.

Manuel Higuera, el presidente que retoma el cargo en una segunda etapa muy diferente de la anterior, admite que pueda hacerse esa lectura, aunque considera que ya con último propiedad el club había alcanzado una estabilidad que permitía hacerlo: “Sí hubo un momento que era claramente  de transición, cuando nosotros cogimos el club tras la época oscura de la administración desleal, pero con la llegada de Pitma esa provisionalidad ya era más relativa, aunque es cierto que yo siempre tuve la impresión de que estaban de paso”, admite el máximo mandatario racinguista, que asegura que la principal diferencia entre el anterior accionista mayoritario y Sebman tiene que ver con la naturaleza de la operación: “Ellos llegaron en un momento muy complicado y con su aportación garantizaron la supervivencia del Racing, todo con una visión empresaria legítima que implicaba rentabilizar la  inversión. Si dentro de 10 o 15 años nosotros vendemos, también querríamos recuperar el dinero, porque esperamos estar en primera y haber puesto en valor al club, pero la nuestra no es una inversión mercantil”.

La convulsa etapa racinguista que puede darse ahora por cerrada arranca con la declaración del concurso de acreedores en 2011, coincidiendo con la fantasmal presencia de Ali Sayed como máximo accionista y con Francisco Pernía, primero, y Ángel Iglesias, después, como presidentes. Aquella insolvencia fue declarada posteriormente como culpable, y como desleal la gestión de Pernía e Iglesias, que dejó a la sociedad con una deuda de 34 millones de euros y con las cuentas embargadas por Hacienda. A esto siguieron las etapas que Manuel Higuera califica sin ambages como transitorias, primero con una gestora que tras la intervención judicial sustituyó al Consejo de Administración que respaldaba Sayed, y después con él mismo como presidente tras una ampliación de capital cerrada al límite y que dejó la propiedad en manos de más de 10.000 pequeños accionistas. Aunque aquello convirtió al Racing en uno de las sociedades anónimas deportivas con un mayor número de propietarios –algo que aún hoy el presidente del club considera como uno de sus mayores activos– el club funcionó a partir de ahí con una precariedad financiera que se hizo insostenible al frustrarse el ascenso a liga profesional en 2017 y desdecirse el Gobierno de Cantabria del acuerdo de patrocinio que hubiera hecho posible afrontar la deuda con Hacienda. Se produjo entonces la llegada de Pitma –en realidad de sus propietarios, Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, que canalizaron su participación en el Racing a través de dos sociedades sin vinculación formal con el grupo– que aportó fondos en forma de acciones, capitalización de deuda y, sobre todo, préstamos, que permitieron la supervivencia del club y la llegada al momento actual.

Ejercicio con beneficios y venta con plusvalías

El Racing cerró el último ejercicio con un beneficio de algo más de dos millones de euros, cumpliendo casi exactamente lo previso en el presupuesto aprobado doce meses antes. Esto último es relativamente habitual desde que la Liga de Fútbol Profesional impusiese su control financiero, pero cerrar una temporada con beneficios millonarios es una circunstancia absolutamente excepcional en el caso del Racing, y única si tenemos en cuenta solo lo acontecido desde la declaración del concurso de acreedores. Esos números aportan la primera de las singularidades en las que se ha producido el cambio de manos en la propiedad del club. Una segunda, de la que no es posible encontrar ningún antecedente, tiene que ver con la propia operación: por vez primera en la historia de la sociedad anónima deportiva, la venta se ha producido con plusvalías, convirtiendo a Alfredo Pérez y Pedro Ortiz en los primeros inversores que ganan dinero tras su paso por el club, o cuanto menos los primeros que lo hacen sin necesidad de recurrir a las oscuras contraprestaciones o a los negocios paralelos tan habituales en el negocio futbolístico.

Pablo Norberto Ruiz, nuevo director de Marketing del Racing, en la tienda oficial del club, en los bajos de los Campos de Sport del Sardinero.

Aunque los términos de la operación no se han hecho públicos, el importe de la venta del 75% de las acciones que controlaban los propietarios de Pitma se movería en el entorno de los 30 millones de euros, una cantidad que incluye los cerca de 23 millones de euros que el Racing adeudaba a quien fuera su máximo accionista hasta el pasado mes de julio. Alfredo Pérez y Pedro Ortiz habían alcanzado tal condición al capitalizar una deuda de 1,2 millones de euros de un préstamo ya vencido y hacerse con el 100% de Inmoarrabi –rebautizada posteriormente como Retlaw– empresa guipuzcoana que controlaba el 20% de las acciones del Racing tras invertir 800.000 euros en la ampliación de capital de 2015. En total, el valor nominal del 75% de las acciones ahora vendidas se movía en el entorno de los 4,5 millones de euros, con lo que la operación habría dejado una plusvalía de unos 3 millones de euros, a lo que habría que sumar los intereses cobrados por los préstamos al club y el importe de las ventas cruzadas con otras empresas del grupo.

No hay nada parecido a esto último –negocio con otras empresas vinculadas o préstamos del accionista– en los planes de Sebman para el Racing, que también marcan distancias con la gestión anterior en lo tocante a la financiación, una cuestión esta de mucho más alcance en términos estratégicos. Las empresas de Alfredo Pérez y Pedro Ortiz –la propia Retlaw y Management and Professional Sports Development SL– han venido siendo estos años la única fuente de financiación del club, prestando dinero tanto para hacer frente a la deuda con Hacienda y los pagos del concurso de acreedores como para afrontar gastos corrientes. Una situación esta con la que Manuel Higuera y Sebastián Ceria dicen sentirse incómodos –“no es sana, ni transparente”, asegura el presidente– y que confían en atajar por una doble vía: generando ingresos que eviten la generación de nueva deuda y externalizando parte de la actual. A estas habría que añadir una tercera, ya llevada a la práctica en una de las primeras decisiones tomadas por los nuevos administradores: capitalizar una parte de los préstamos que Sebman se subrogó tras la compra, en concreto cinco millones de euros correspondientes a la antigua deuda con Retlaw, la contratada a un mayor interés.

Durante su comparecencia ante los accionistas en la junta celebrada el pasado 24 de septiembre, Manuel Higuera admitió que la opción de externalizar deuda, que pasaría por conseguir que una entidad financiera asumiera alguno de los préstamos en vigor con las mismas condiciones actuales, es una posibilidad todavía no explorada. Actualmente la deuda del Racing con sus nuevos propietarios, una vez restada la parte que acaba de capitalizarse, es de 19,3 millones de euros. Teniendo en cuenta que durante el presente ejercicio habrá que afrontar el pago de 1,7 millones de euros correspondientes a la deuda concursal, el  objetivo de que esa cantidad no se incremente no va a ser ni mucho menos sencillo de alcanzar. Más realista parece el fin que subyace en ese propósito: que la sociedad anónima deportiva sea capaz de generar recursos para afrontar sus pagos corrientes.

Presupuesto

El presupuesto del Racing para la presente temporada –que coincide con el ejercicio en las sociedades anónimas deportivas– prevé una cifra de negocio de 11,9 millones de euros, que permitiría cerrar las cuentas con un resultado positivo de algo más de medio millón de euros. En esas previsiones, realizadas de acuerdo a los criterios de la Liga de Fútbol Profesional y validadas por esta, se contempla algo más de un millón de euros por traspasos de futbolistas, una partida siempre de difícil pronóstico pero que en un club como el Racing ha servido tradicionalmente para equilibrar los presupuestos o, en los años más afortunados, cerrarlos con beneficios que parecen imposibles de alcanzar por otros medios. Ese fue, de hecho, el caso del último, el cerrado el pasado 30 de junio, en el que los cinco millones de euros recibidos por el traspaso de Pablo Torre al Fútbol Club Barcelona fueron clave para acabar la temporada con beneficios.

El periodista Roberto González, después de tres décadas cubriendo la información del club, se ha incorporado a su organigrama como director de Comunicación.

Por más que en el presupuesto actual los hipotéticos traspasos estén llamados a cumplir idéntica función, los nuevos gestores racinguistas confían en evitar los números rojos incluso si no se cierra ninguna operación de venta de futbolistas. A diferencia de lo que sucedía en otros tiempos, cuando los clubes podían ser casi tan imaginativos como quisieran a la hora de elaborar sus presupuestos, ahora la LFP debe dar por buenas las previsiones de ingresos y gastos, en un juicio basado en gran parte en los antecedentes. Eso explica que los actuales gestores del club consideren que las cantidades que se contemplan en alguno de los capítulos de ingresos puedan verse ampliamente superadas al final de la temporada, lo que permitiría equilibrar las cuentas o incluso cerrarlas en positivo aun sin la aportación de ningún traspaso de futbolistas. Las previsiones de los nuevos accionistas, apenas esbozadas en el presupuesto aprobado por la liga, recogen alguna de las principales líneas de actuación con las que quieren guiar su gestión, marcada por la búsqueda de ingresos para que la viabilidad del club deje de depender en exclusiva de los avatares de la competición. “Queremos hacer una gestión moderna y profesional que nos lleve a tener un club saneado y autosuficiente, con capacidad para invertir en momentos determinados”, resume Manuel Higuera, que insiste en que para ello es imprescindible un cambio de modelo: “Somos una sociedad anónima deportiva y es inevitable que tengamos una vinculación con los resultados deportivos, pero lo que queremos es que estos no sean tan estructurales como lo son ahora”.

Actualmente la mitad de la cifra de negocio del Racing proviene de los derechos de las transmisiones televisivas, una cantidad que cada año se calcula atendiendo a variables como la posición clasificatoria o el número de suscriptores, y que merma hasta casi desaparecer en caso de descenso de categoría. Abonos y taquillas, los capítulos que completan la mayor parte de los ingresos, dependen igualmente de la competición y de la situación deportiva, por más que lo hagan en menor medida que los derechos de televisión. La publicidad y las ventas de la tienda, que hoy tienen un peso menor en las cuentas, serían también las líneas con mayor potencial de crecimiento, tanto respecto a la situación de años pasados como en relación a la previsión que contempla el actual presupuesto.

La tienda: un filón hasta ahora desaprovechado

El caso de la tienda es probablemente el que en mayor medida da cuenta del cambio de modelo de gestión en el club. Durante las dos últimas temporadas el Racing había cedido su explotación a una empresa del grupo Pitma, dentro del modelo de venta cruzada habitual en este conglomerado empresarial y a cambio de solo 35.000 euros. Esta temporada, una vez recuperada la gestión, el club prevé que el punto de venta oficial de camisetas y ‘merchandising’ que se situado en los bajos del estadio del Sardinero aporte 300.000 euros de beneficio, y ello pese a la escasa oferta de producto actual. “La tienda está bien en ubicación y espacio, pero tiene un déficit clarísimo en ‘merchandising’”, señala Roberto González, director de Comunicación del Racing, que destaca que son precisamente esos productos –ropa distinta a la deportiva, artículos de regalo, complementos…– la que puede generar ingresos recurrentes durante todo el año, a diferencia de las ventas de camisetas, que tienen un componente más cíclico. “Ahí tenemos que crecer”, recalca.

Roberto González, periodista con más de treinta años de experiencia cubriendo la información deportiva en Cantabria, es una de las incorporaciones al organigrama diseñado por los nuevos gestores. Otra es la del argentino Pablo Norberto Ruiz como director de Marketing, un cargo desde el que tendrá una responsabilidad directa en esa búsqueda de nuevas fuentes desde las que alimentar la cifra de negocio. Procedente del Racing de Avellaneda, un club de mayores dimensiones a su homónimo santanderino y con una proyección nacional que tampoco se da en el caso del equipo cántabro, Ruiz es un profesional extraordinariamente valorado, responsable de campañas de enorme repercusión en Argentina. “Es un tipo brillante, que propone cosas constantemente. Nos va a ayudar a hacer al Racing más grande”, augura el portavoz del club.

Directivos del Racing posan en El Sardinero con algunos de los patrocinadores del club, tras una reunión celebrada el pasado 27 de septiembre.

En relación con la necesidad de aumentar la oferta de producto en la tienda, al Racing se le plantea la disyuntiva de hacerlo con sus propios medios o de la mano de un especialista en ‘merchandising’, o bien a través de alguna fórmula mixta. Por lo pronto, un primer acuerdo con la cántabra Teiba parece inclinar la balanza hacia la segunda de las opciones. En el club también se espera que Austral mejore su capacidad de suministro de camisetas y prendas deportivas, ante los problemas puntuales de desabastecimiento en tallas y modelos que se han producido en determinados momentos.

Con todo y con ser importante, los de la tienda o los procedentes de patrocinios serían solo una parte de los ingresos distintos a los convencionales que se plantea potenciar el club, si bien sí serían los que más posibilidades tienen de activarse en plazos cortos. Con un horizonte temporal más lejano, Manuel Higuera confía en la aportación que pueda llegar de fórmulas más inusuales: “Tenemos que ser imaginativos para buscar recursos no típicos, por ejemplo a través de participación en sociedades, allí donde veamos que hay capacidad para generar negocio y la inversión sea controlable. Estamos en una fase muy inicial y tenemos que pensarlo y darle forma, pero hay que tenerlo como objetivo”.

Esa búsqueda de ingresos no directamente relacionados con la actividad deportiva está estrechamente vinculada con otra de las ideas en las que insiste el presidente del Racing: convertir a la sociedad anónima deportiva en una empresa con capacidad para hacer inversiones y dotarse de patrimonio: “No podemos seguir como hasta ahora, con el socio mayoritario aportando dos millones cada temporada, y no porque los accionistas no tengamos capacidad para hacerlo, sino porque eso no tiene sentido y hace imposible crecer”, señala.

En un club como el Racing, cuya mera supervivencia ha estado en cuestión hasta fechas muy cercanas, la posibilidad de dotarse de patrimonio puede parecer más utópica que ambiciosa, más aún si se consideran alguna de las actuaciones que se están contemplando, pero Manuel Higuera está convencido de que habrá fórmulas para hacerlo siempre que la empresa consiga atajar los déficits recurrentes que hasta ahora han caracterizado su funcionamiento. Con una acuciante necesidad de espacio en las instalaciones donde entrena el equipo, la idea de patrimonializar al club podía concretarse en la construcción de una ciudad deportiva con capacidad para dar cabida a la actividad que hoy se desarrolla en La Albericia y acoger también al Racing femenino, una categoría en la que actualmente el club carece de cualquier estructura. “Tendremos que pensar dónde y tendremos que pensar cómo, pero no nos podemos quedar como estamos”, concluye el presidente racinguista.

La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) de Cantabria y el grupo empresarial Siecsa ponen en marcha una experiencia pionera para tratar de incorporar al sector a quince personas desempleadas menores de 30 años a los que ofrecen un contrato laboral de doce meses en los que alternarán la formación en oficios con un empleo en esta empresa constructora. La iniciativa busca paliar la escasez de profesionales que sufre el sector y permitir el relevo generacional en unos gremios muy envejecidos.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Octubre 2023 Fotos de Nacho Cubero

Los jóvenes ya no quieren ir a la obra. Así lo sostiene la Conferencia Nacional de la Construcción (CNC) y lo corroboran la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) de Cantabria y el grupo empresarial de edificación y obra civil Siecsa, que acaban de poner en marcha una iniciativa conjunta para tratar de incorporar jóvenes al sector a través de contratos de formación en alternancia con el empleo. La patronal de ladrillo lleva tiempo alertando de la falta de mano de obra y la ausencia de relevo generacional en un sector cada vez más envejecido. Según sus cálculos, sólo el 9% de los trabajadores de la construcción tiene menos de 29 años y apenas 1.600 alumnos terminan al año una Formación Profesional (FP) relacionada con esta actividad profesional.

Jóvenes atendiendo las explicaciones en una clase práctica de uno de los cursos impartidos por la Fundación Laboral de la Construcción. Facilitar el relevo generacional y la incorporación de las mujeres a la profesión son dos de los objetivos que persigue esta entidad, y que quieren potenciarse ahora con el acuerdo firmado con Siecsa.

El problema, explican, descansa en múltiples factores, pero sobre todo en el desprestigio que la profesión arrastra tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, que expulsó a miles de trabajadores del mercado laboral obligándoles a reciclarse y que ahora no quieren volver a subirse al andamio. La situación se ve además agravada por la escasa incorporación de la mujer a un sector tradicionalmente muy masculinizado. Aunque la automatización de procesos y el uso de las nuevas tecnologías ha aliviado la penosidad de muchas tareas manuales y aumentado el número de trabajadoras en perfiles más técnicos y cualificados, lo cierto es que las mujeres tan solo suponen el 11% de los 1,4 millones de empleados que actualmente trabajan en la construcción, según las cifras aportadas por la CNC.

Tanto el gerente de la FLC de Cantabria, José Antonio Valcárcel, como el presidente del Grupo Siecsa, Juan de Miguel, comparten esta radiografía del sector y expresan su esperanza en que este proyecto dual que ambas entidades lideran contribuya a ver un poco la luz al final del túnel. Valcárcel reconoce que la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria ha explorado diferentes alternativas e iniciativas antes de proponer esta solución, pero lo cierto, dice, es que está costando que el sector resulte atractivo para los jóvenes. Por eso, confía en que esta experiencia pionera en Cantabria despierte el interés de jóvenes desempleados menores de 30 años y sin formación previa que quieran labrarse un futuro en la construcción. De esta iniciativa, que mantiene abierto hasta el 8 de octubre el plazo para presentar solicitudes, se podrán beneficiar hasta quince personas, que durante doce meses dedicarán el 65% del horario a trabajar bajo la supervisión de un tutor y el 35% a formarse en perfiles muy demandados: encofradores, albañiles, carpinteros y tuberos.

“Es una excelente oportunidad para obtener una formación acreditada en ocupaciones muy demandadas por el sector y, al mismo tiempo, adquirir experiencia laboral en la empresa Siecsa durante un año, remunerada y con cobertura social”, explica el gerente de esta entidad paritaria, integrada por los agentes sociales del sector, que el año pasado formó en la región a más de 3.000 profesionales e impartió más de 300.000 horas lectivas en más de 400 cursos.

José Antonio Valcárcel, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de Cantabria

En la misma línea, De Miguel admite que la construcción arrastra desde hace tiempo esta falta de personal “en casi cualquier perfil profesional”, que cifra en unos 2.500 trabajadores en Cantabria para cubrir las necesidades del sector. “El problema, lejos de resolverse, se ha agudizado y ya no sabemos cómo resolverlo”, aclara el presidente de este grupo empresarial con sede en Torrelavega que da empleo a 340 trabajadores, 190 de ellos en la construcción. “Hemos tratado de incorporar trabajadores extranjeros, pero también es complicado por el exceso de burocracia que existe en España. Vamos a ver si con este proyecto, que me parece muy atractivo, somos capaces de que los jóvenes se interesen por el sector”, resuelve no sin cierta cautela. La directora de Recursos Humanos de Siecsa, Ana Mier, confirma el escaso interés de los jóvenes por incorporarse a la construcción. “La edad media de las plantillas ya va siendo muy alta, por encima de los 50 años. De hecho, los últimos ocho candidatos que he entrevistado tenían entre 58 y 63 años”, advierte. De Miguel coincide en que la incorporación de la mujer podría aliviar esta situación, al menos en los perfiles más técnicos y menos manuales, aunque lo ve muy complicado. “A pesar de que el sector se ha modernizado, la realidad es muchas veces bien distinta. Buscamos trabajadoras en los servicios públicos de empleo y no encontramos mujeres, salvo para tareas administrativas o de oficina”, lamenta.

Valcárcel, por su parte, no da la batalla por perdida y reclama hacer un llamamiento para que las mujeres conozcan que también para ellas hay una oportunidad laboral en el sector de la construcción. “El sector ha evolucionado con el uso de las tecnologías y no tiene nada que ver con esa imagen ligada a la carretilla y el ladrillo que teníamos hace años. Aunque en muchas ocasiones sigue siendo un trabajo al aire libre, ya no es tan duro ni físico”, concede el gerente de esta fundación con once trabajadores en plantilla y un presupuesto que este año ronda los dos millones de euros.

Hacia la industrialización del sector

Lo que ambos no tienen duda es que la construcción avanza hacia su industrialización. “La tendencia en los próximos años, siempre que sea posible, es construir cada vez más en fábrica y montar en la obra”, asegura el presidente de Siecsa. “Hablamos de un sector cada vez más moderno que ya realiza parte de su actividad en naves productivas para luego llevar a cabo el montaje en las propias obras”, coincide en destacar Valcárcel. “Otra forma de hacer” que para el gerente de la FLC de Cantabria también se apoya en la sostenibilidad y la digitalización. “Hoy –recalca–, predominan el uso de nuevos materiales, los criterios de eficiencia energética y los avances en el campo del modelado de información en la construcción (BIM, por sus siglas en inglés), razona.

Sobre este último aspecto, destaca su carácter de “modelo digital compartido” entre todos actores que participan en el proceso constructivo. Se trata de un método de manejo sencillo para la generación y gestión de datos de la obra que permite reducir tiempo y recursos en su diseño y construcción. “Es un documento vivo, fundamentado en la colaboración interdisciplinar, que deben conocer los responsables de la oficina técnica para dar traslado igualmente a jefes de obra y encargados con el fin de facilitar el intercambio de datos sobre cualquier modificación que se lleve a cabo durante el ciclo de vida del proyecto”, detalla.

Principales retos

De cara al futuro, De Miguel insiste en que el principal reto del sector pasa por la falta de mano de obra. “Tras las últimas turbulencias, parece que los precios de las materias primas se han estabilizado, aunque sea en un entorno de precios altos. Y lo mismo ocurre con el coste de la energía. Por eso, cuando nos presentamos a un concurso, ya sabemos a qué nos enfrentamos en uno y otro caso. El problema está en el personal. Y eso lo explotan las subcontratas, que tiran hacia arriba de los precios. Si los salarios del sector se han incrementado en un 3 o 4%, hasta llegar al 10% en tres años, la realidad es que, a precios unitarios, la mano de obra ha subido un 30%. Es una situación muy difícil de gestionar, sobre todo en el sector de la vivienda nueva o de la rehabilitación, muy intensivo en mano de obra, y en el que el número de trabajadores de las subcontratas es mayor que el de la propia plantilla de la empresa”, argumenta.

Aun con reservas, el presidente de Siecsa estima que este año será “un poco mejor que el pasado” pese a que, según subraya, desde el pasado mes de febrero, cuando se destapó la trama de corrupción e irregularidades en los contratos públicos en Cantabria, “no se ha vuelto a hacer una adjudicación de obra pública”. En su opinión, el precio con el que se concurre a un concurso público ha dejado de ser lo más importante: “El problema ahora es decidir si presentarse o no porque no sabes si tendrás mano de obra suficiente para realizar la obra”, sentencia contrariado.

Un año y medio después de su aprobación, esta prestación gestionada por la Seguridad Social se encuentra aún muy lejos de cumplir su función de salvavidas de las personas más necesitadas. La Red Cántabra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social advierte del importante deterioro de la mayoría de los indicadores de renta en la región durante el pasado año, donde casi una de cuatro personas vive en riesgo de pobreza; echa de menos una mayor coordinación entre las administraciones públicas, reclama la activación de los ascensores sociales y reivindica la apertura de mayores cauces de participación para las organizaciones del Tercer Sector.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Diciembre 2021

El ingreso mínimo vital (IMV) es «una idea muy buena y tiene buen color. Pero aún le falta recorrido para ver si flota”. Así valora el tesorero de la Red Cántabra de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria), Jesús Castanedo, esta renta aprobada por el Gobierno de España en junio de 2020 para tratar de paliar las penurias económicas y sociales que por aquel entonces ya apretaban a miles de familias por culpa de la pandemia. Casi un año y medio después, su aplicación está muy lejos de cumplir los objetivos de cobertura declarados, y no por falta de dinero. Según los últimos datos disponibles a nivel nacional, apenas se ha gastado la mitad de los 2.728 millones de euros asignados a la Seguridad Social para el pago de esta prestación. Y el propio Gobierno reconoce que el IMV había llegado hasta septiembre pasado a 337.000 hogares (unas 800.000 personas), lo que representa algo menos del 40% de la previsión inicial, que era llegar a 850.000 unidades de convivencia y a 2,3 millones de beneficiarios.

Jesús Castanedo, tesorero de la Red Cántabra de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y director técnico de la Cocina Económica de Santander. Foto: Nacho Cubero.

Según la mayoría de los expertos, el cuello de botella está en los muchos problemas que el Estado está teniendo para dar respuesta a la gran cantidad de solicitudes presentadas, casi 1,5 millones en dieciséis meses, de las que 14.687 corresponden a Cantabria. En este sentido, Castanedo recuerda que el IMV es la prestación base para las rentas mínimas autonómicas, por lo que las personas más necesitadas deben solicitarlo, aun a sabiendas de que no cumplen algunos de los requisitos, para poder tramitar después estas otras rentas básicas de gestión autonómica en cuyos perfiles sí encajan, una vez obtenidas la denegación del primero. “Esta actividad está generando un tráfico inesperado en la administración de la Seguridad Social y, en consecuencia, demoras en el acceso a estas ayudas tan necesarias para miles de personas que están al borde del precipicio”, reconoce el tesorero de EAPN Cantabria y director técnico de la Cocina Económica, una de las trece organizaciones del llamado Tercer Sector que forman parte de esta red cántabra. En su análisis de la situación, este responsable alerta también del escaso porcentaje de expedientes, por debajo del 30%, que finalmente son aprobados lo que, a su juicio, deja entrever que el diseño de esta prestación se ajusta poco y mal a la realidad social.

Entre las razones que justifican que de los 13.523 expedientes válidos presentados hasta septiembre en Cantabria solo se hayan aprobado 3.756, según recoge EAPN en su informe El ingreso mínimo vital un año después. La perspectiva autonómica, dado a conocer hace poco más de un mes, o que otros muchos potenciales beneficiarios simplemente no soliciten esta ayuda, Castanedo cita en primer lugar la brecha digital de las personas solicitantes: “La dificultad de acceder a internet, a un ordenador o ‘smartphone’ y la falta de competencias digitales y menor nivel formativo está empobreciendo y cronificando a las personas más vulnerables”, critica con pesar.

Además, menciona la dificultad de cumplir los requisitos exigidos y la inclusión de términos y conceptos muchas veces confusos que no hacen sino complicar al solicitante la comprensión de lo que le piden. Así, explica que la Seguridad Social alega que la mayoría de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad al superar los umbrales de renta y patrimonio, si bien Castanedo aclara que hay que tener en cuenta que para su concesión se han tenido en cuenta en la mayoría de los casos los ingresos de 2019, ejercicio en el que aún no había impactado la pandemia.

Otras cuestiones como el certificado de empadronamiento, la acreditación de la composición de la unidad familiar o la documentación de la residencia en regla pueden resultar, según destaca, obstáculos insalvables para quienes no tienen hogar, familias extensas gitanas, personas inmigrantes o para varias unidades de convivencia que residen en una única vivienda: “Pero son aspectos que deducimos a partir de las encuestas que llevan a cabo las redes de las diferentes comunidades autónomas, porque lo cierto es que el ministerio no explica en ningún caso cuáles son las razones de las denegaciones, solo las comunica”, precisa el tesorero de EAPN Cantabria.

“Tres de cada cuatro solicitudes son denegadas. Pero no sabemos los motivos. Lo que sí conocemos es que esa falta de transparencia genera una fuerte indefensión en los solicitantes”, argumenta Castanedo claramente contrariado por esta falta de información sobre las resoluciones que impide en la mayoría de las ocasiones que el interesado pueda iniciar un proceso de reparación. A su juicio, estas disfunciones que denuncia parten de la inexistencia de una infraestructura administrativa específica para la gestión del IMV. “A diferencia de los departamentos de servicios sociales de las comunidades autónomas, que ya contaban con un sistema definido, la Seguridad Social ha tenido que partir de cero y con la dificultad añadida de hacerlo en plena crisis de la Covid-19 y con las oficinas físicas cerradas por seguridad ante la pandemia”, razona.

Además, sostiene que lo ha hecho sin conocer las características de los perfiles de las personas solicitantes y, lo que es aún peor, sin una base de datos de los potenciales beneficiarios. “Ha faltado coordinación entre los servicios sociales autonómicos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. No existe una base de datos conjunta o general que facilite el intercambio de información entre ambas administraciones, una carencia amplificada por la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El resultado es que la Seguridad Social se ha visto sobrepasada y no ha sabido responder a determinadas cuestiones en el momento en que más se necesitaba, ya que el número de personas en situación de vulnerabilidad extrema no ha dejado de crecer en el último año, especialmente en Cantabria”, resume.

Cantabria, peor que la media

El reciente estudio sobre pobreza y exclusión social elaborado por EAPN señala que Cantabria ha experimentado un deterioro superior al registrado por el conjunto del territorio nacional en la mayoría de los criterios analizados. Según resalta este trabajo, este empeoramiento de la situación se constata de manera singular en el caso de la privación material severa (PMS), que ha experimentado el mayor incremento de toda España hasta multiplicar su tasa por cinco.

En concreto, este indicador, que viene definido por la carencia de al menos cuatro de los nueve conceptos de consumo básico que establece la Unión Europea –poder permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días; mantener la vivienda a una temperatura adecuada o no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros, entre otros–, alcanzó el pasado año al 4,4% de la población cántabra, es decir, a unas 25.000 personas, 20.000 más que en 2019.

El comedor de la Cocina Económica de Santander, listo para servir comidas a los usuarios que aguardan para entrar. Foto: Nacho Cubero.

Pero con ser alarmante este dato, aún lo es más el que sostiene que el 23,7% de los habitantes de Cantabria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2020. Este porcentaje, que implica un aumento del 4,3% con relación al ejercicio anterior, significa en la práctica que unas 138.000 personas, 25.000 más que en 2019, viven en hogares con ingresos que no llegan al 60% de la mediana de la renta nacional.

Además, este informe de EAPN alerta igualmente de que unas 50.9000 personas, 10.200 más que un año antes, están en situación de pobreza severa, esto es, aquellas que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional. O dicho de otro modo: cada persona debe sobrevivir con menos de 281 euros mensuales, en el caso de una familia con dos adultos y dos menores; o con menos de 535 euros al mes si vive sola.

Castanedo atribuye este deterioro por encima de la media española al importante peso específico de los servicios en Cantabria, especialmente del turismo y el comercio. “Las personas más vulnerables trabajaban fundamentalmente en estos sectores, los más afectados por la pandemia, y en los que muchos negocios se han visto obligados a echar el cierre”. Además, apunta también al hecho de contar con una población más envejecida en torno a la cual existe toda una economía de los cuidados que igualmente se ha visto muy afectada. “El miedo a los contagios, unido al fallecimiento de muchas personas mayores, ha expulsado del mercado laboral a un número muy alto de trabajadores que cuidaban de ellas”, argumenta el tesorero de esta red cántabra que asegura está “en construcción” y centrada en luchar contra la exclusión social, la pobreza y el hambre.

De vueltas a cómo superar la deficiente implementación del IMV, Castanedo saluda el anuncio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de crear un registro de organizaciones no gubernamentales que puedan servir de mediadoras y que certifiquen la idoneidad de los potenciales beneficiarios. “Que nos homologuen porque las entidades del Tercer Sector somos la alianza natural de las administraciones”, puntualiza sobre esa medida que el ministro del ramo, José Luis Escrivá, declaró que entraría en vigor por medio de un real decreto y en funcionamiento antes de finalizar noviembre, aunque aún no lo ha hecho.

Cuantía del IMV

Sobre la cuantía media del IMV que, según datos del Portal de Transparencia de la Seguridad Social, es de 172 euros por persona y de 436 por hogar, el director técnico de la Cocina Económica entiende que habría que revisarla o, cuando menos, buscar elementos de complementariedad. “Con ese dinero no te mueres, pero no se puede vivir porque no solo de pan vive el hombre. Además de la comida hay que pagar la vivienda, suministros…”, reflexiona antes de recordar que la renta es igual para todos, “pero el nivel de vida no es el mismo en todas las comunidades autónomas”.

En su opinión,  el IMV es “un buen escudo de protección”, pero necesita complementarse con otras ayudas y, sobre todo, potenciar los ascensores sociales que permitan a las personas salir de esa situación de vulnerabilidad, entre los que cita la formación y el apoyo en la búsqueda de empleo: “Los temas de activación social no están y deberían estar”, reivindica.

Al tiempo que reclama “engarzar estas cuestiones para facilitar la inserción social”, Castanedo advierte de la necesidad de dignificar la vivienda. “El 50% de las personas que viene a la Cocina Económica vive en habitaciones en casas compartidas. Les queda esa opción o el cajero y la gente, en la mayoría de las ocasiones el propio arrendatario que lo subarrienda a otras personas, se aprovecha de su vulnerabilidad para hacer negocio con los pisos. Habría que regularlo e incluso nosotros nos estamos planteando ofrecer este servicio para evitar estos abusos”, analiza antes de lanzar un aviso: “Con la vivienda ocurre lo mismo que con la ley de la gravedad; siempre que se dan ayudas al alquiler, sube el precio”

De otro lado, El tesorero de EAPN Cantabria reconoce que en España está en un “buen momento” en cuanto al gasto social gracias, en gran parte, a la pandemia. “Quizá sea lo único bueno que ha traído consigo esta crisis”, explica para reclamar a continuación una “buena gestión” de los fondos europeos. “Va a ser clave para que la apertura que se adivina en materia social salga adelante”, enfatiza.

Por último, Castanedo pone el foco en la relación con las administraciones públicas, que pide potenciar. “Con el Gobierno de Cantabria ha habido sus más y sus menos, pero se deben desarrollar los mecanismos de gobernanza para que en aquellos temas en los que estemos implicados las entidades del Tercer Sector podamos participar juntos. En este asunto hay mucho por hacer”, recapitula. “La activación entre lo público y lo privado se tiene que desarrollar porque la pobreza es una palabra con muchos apellidos –material, infantil, energética…– que debemos combatir todos unidos, administraciones, organizaciones no gubernamentales y empresarios. Nosotros en EAPN tenemos al menos muy claro cuál es nuestro objetivo: mejorar la vida de las personas y cuidar la tierra como elemento común”, concluye.