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La náutica de recreo, rumbo al pasado

Después del fuerte tirón que registró la venta de embarcaciones deportivas tras la pandemia de 2020, el mercado no ha dejado de contraerse cada año, condicionado por las mismas razones que ya le ponían freno antes de la crisis sanitaria, con la escasez de amarres y la fiscalidad en los primeros puestos de la lista. También como entonces, y de forma paradójica, la demanda de servicios relacionados con esta actividad continúa creciendo, y ya es un problema cubrir las necesidades de trabajadores en algunas ocupaciones.

José Ramón Esquiaga | Junio 2025

Tanto para el conjunto de la economía como para casi cualquier actividad que quiera considerarse, la vuelta a las cifras previas a la pandemia ha sido un logro digno de celebración, un objetivo cuyo alcance permitía poner el contador a cero y encarar nuevos retos. No es ese el caso de la náutica deportiva, que tras el covid registró un impulso que llevó al mercado a cotas que no alcanzaba desde antes de la crisis financiera posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria, y para el que volver a 2019 supone desandar el camino de los últimos años, en un rumbo que apunta firme al puerto de partida.

De acuerdo con las cifras que maneja la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), durante el pasado año se matricularon en España 5.017 embarcaciones de recreo, una cifra en la que se contabilizan tanto las motos de agua y las embarcaciones neumáticas como los yates de más de más de 16 metros. El dato es inferior en un 15,9% al que se registró en 2023, y cae casi un 30% en relación a las 7.178 matriculaciones con que se cerró 2021, el año que marcó la mejor cifra desde 2008.

El estudio de ANEN viene a coincidir con la estimación de la evolución de las ventas en Cantabria que hace Jaime Piris, gerente de Yates y Cosas, una de las principales empresas del sector en la región, que calcula que el número de matriculaciones de embarcaciones nuevas disminuyó entre un 10 y un 15% el año pasado, en línea con lo que viene sucediendo desde los máximos poscovid: “Los números siguen sin ser malos, pero es verdad que confiábamos en que se frenara ya la caída y en que fuéramos alcanzáramos una cierta estabilización, y no ha sido así”, lamenta.

Jaime Piris, gerente de Yates y Cosas.

La coincidencia entre la percepción que Piris tiene del mercado y las cifras que recoge la patronal de las empresas náuticas contrasta con lo que recoge el informe de esta última en su análisis provincial de los resultados. Es una discrepancia habitual, y que siempre se da en el mismo sentido: el número de matriculaciones que el estudio de ANEN adjudica a Cantabria es mayor al de ventas que realmente se han realizado en la región. “Es habitual que a capitanías pequeñas, como la de Santander, se desvíen matriculaciones que en realidad corresponden a otras provincias”, explica el gerente de Yates y Cosas, que a pesar de la coincidencia que se da entre su propio cálculo y el descenso en las ventas que recoge el dato nacional del ANEN considera que esta es una referencia solo parcialmente válida para este caso concreto: “Los datos del conjunto de España están muy condicionados por los que se dan en el Mediterráneo, y el mercado del Cantábrico es muy diferente”.

El problema de los amarres

En el caso de Cantabria, y de nuevo en una característica que nos remite a circunstancias con una continuidad en el tiempo que les hace merecer el calificativo de históricas, el principal condicionante con el que convive el sector es la escasez de amarres, sobre todo en el entorno de la bahía de Santander –uno de los principales núcleos con una mayor demanda potencial para el sector, no solo en Cantabria, sino en todo el norte de España–, pero también cada vez más en el resto de la región. Los problemas que está teniendo la nueva concesionaria del puerto deportivo de Getxo para retener a sus propio amarristas ha llevado a que buena parte de estos hayan trasladado sus barcos al puerto de Laredo, lo que ha reducido la hasta no hace tanto abundante oferta de puntos de atraque que ofrecía esta dársena.

“Este es un problema que se veía venir, y que hace que sea muy difícil que se dé un crecimiento sostenido del mercado”, advierte Piris, que subraya lo que esto implica como pérdida de oportunidades para consolidar un sector que, además de la actividad que genera de forma directa, es un motor para otros, como el turismo: “Si una ventaja comparativa tenemos respecto a otros lugares, es el mar. Tenemos el centro de alto rendimiento de vela, nos conocen en todo el mundo por lo buenos navegantes que somos, tenemos playas, aguas protegidas… y justamente lo que no tenemos son amarres y puertos deportivos”.

«En Santander hay cierta disponibilidad de atraques pequeños, y esos son los barcos que es más fácil vende». Jaime Piris, gerente de Yates y Cosas

Desde la perspectiva que le da su posición en el mercado, el gerente de Yates y Cosas lamenta la forma en que esta escasez de atraques lastra no solo las ventas, sino la posibilidad de generar un turismo náutico con capacidad para atraer visitantes diferentes a los que ya eligen Cantabria. En el caso de las ventas, y con un efecto directo también sobre el turismo o la posibilidad de generar una flota de alquiler, la falta de puntos en los que amarrar el barco provoca tanto que deje de comprarse como que, en caso de que sí se haga, la embarcación que se adquiere no es la que se quiere, sino aquella para la que se ha encontrado un lugar al que amarrarla. “En Santander hay cierta disponibilidad de atraques pequeños, y esos son los barcos que es más fácil vender. Pero si te viene alguien que quiere un barco de 12 metros y le dices que se lo tiene que comprar de 8, o de 6, lo más probable es que se vaya a otro sitio”.

Un sector inestable

Con 1.200 atraques, el puerto deportivo Marina del Cantábrico, en Raos, es hoy el mayor de cuantos hay en Cantabria, superando en unas 200 plazas el número de las disponibles en Laredo. A diferencia de este, y como el resto de los que operan en la bahía de Santander, Marina del Cantábrico depende administrativamente de la Autoridad Portuaria de Santander, y no del Gobierno de Cantabria. El puerto arrastra décadas marcadas por problemas económicos y déficit de inversiones, paliado lo primero con la transmisión de la concesión a la comunidad de amarristas –en una decisión que sigue pendiente de lo que digan los tribunales, tras una primera resolución contraria– y condicionado lo segundo por la proximidad del fin de la concesión en 2027 y por la fórmula que se emplee para otorgar una nueva. La actual concesionaria, el Club Náutico Marina del Cantábrico, aspira a una prórroga a cambio del compromiso de invertir en un proyecto de mejora del puerto pendiente de concretar pero que, según explicó su presidente a esta revista, no contemplará tanto un aumento en el número de amarres como una reordenación de los mismos, restando espacio a las mayores esloras en beneficio de las menores.

Botes fondeados en una dársena de Raos infrautilizada, uno de los espacios que podría acoger un futuro puerto deportivo.

“Para invertir hace falta estabilidad, y ahí hay una inestabilidad terrible”, admite Jaime Piris, al que la referencia de lo sucedido en Getxo con el nuevo concesionario le hace contemplar con preocupación lo que pueda pasar en Marina del Cantábrico dentro de dos años. El gerente de Yates y Cosas, que recuerda las trabas que han imposibilitado que el puerto deportivo de Pedreña pudiera realizar la ampliación que tenía en proyecto, reclama valentía a todas las partes para solucionar un problema que va más allá de lo que afecta directamente al sector: “Es verdad que probablemente no ha habido una iniciativa privada que haya ido con un proyecto firme de creación de un nuevo puerto deportivo, pero quizá debería ser la Autoridad Portuaria de Santander la que liderara este asunto. Porque esto no es algo que nos atañe solo a las empresas náuticas, que somos pocas y quizá no somos lo suficientemente importantes para la actividad económica de Santander, esto es algo que afecta al turismo que atraen los barcos, que es importante y algo que se debería cuidar”.

El condicionante que la escasez de atraques supone a la hora de acotar ventas o atraer turismo afectan en menor medida a otros servicios relacionados con la náutica, en los que la demanda sigue siendo alta y que, como sucede en otros sectores, empieza a provocar dificultades para darle respuesta debido a la escasez de profesionales en determinados oficios. “Algo está fallando cuando hay gente que busca trabajo, y al mismo tiempo las empresas náuticas no encontramos trabajadores”, resume Jaime Piris, que recuerda que la náutica de recreo genera actividad y empleo en ocupaciones muy diversas, pero para las que cada vez es más complicado encontrar personas formadas. “No hay patrones profesionales con los que dar un servicio de alquiler, por ejemplo, y los mecánicos navales escasean tanto que las empresas estamos quitándonoslos las unas a las otras”, lamenta el gerente de Yates y Cosas, que cree que hay ahí un problema de ajuste entre la formación que se ofrece y la que demandan las empresas. “Ahí podía haber 200 empleos tranquilamente”, calcula.

 

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Salvador Marín, director general del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de España: «Cantabria va poco a poco hacia arriba, pero podría mejorar más»

Encargado de presentar hace unos días en Santander el ‘III Informe de Economía de Cantabria’, este reconocido y prestigioso economista profundiza en esta entrevista telefónica en las principales fortalezas y debilidades con las que cuenta la región. En su análisis, Salvador Marín aplaude el dinamismo del puerto de Santander, aboga por definir un plan de atracción de inversiones y otro de sostenibilidad rural, reclama la necesidad de apoyar e incentivar la innovación y defiende un mayor acercamiento entre el conocimiento público y privado.

Manuel Casino | Junio 2025

Pregunta.– A la vista del III Informe de Economía de Cantabria, que usted ha presentado recientemente, ¿diría que la región progresa adecuadamente o que en síntesis presenta la misma situación económica que en los últimos años?

Respuesta.– Diría, y de hecho lo decimos, que está progresando. En el índice de competitividad se mantiene en la misma posición con relación al resto de comunidades autónomas y ha mejorado algo con respecto a los años anteriores.

P.– El informe de competitividad regional que cita sitúa a Cantabria en el puesto 9 de las 17 comunidades autónomas, con buenas puntuaciones por encima de la media nacional en aspectos como el mercado de trabajo, en talento y capital humano o un entorno institucional sólido, pero también aparece con bajo nivel de eficiencia empresarial. ¿Qué necesitamos para ascender en esta clasificación y dejar de estar en mitad de la tabla?

R.– Bueno. Lo que necesita Cantabria, que es una comunidad pequeña, pero que puede competir, es poner en valor lo que hace bien, comunicarlo y anunciarlo. La tranquilidad y el entorno institucional es muy fuerte y eso atrae empresas. El capital humano también es bueno y las empresas irán allá donde haya capital humano. Lo que creo que habría que hacer es apoyar lo máximo posible para que se apueste por la innovación y que las empresas crezcan en tamaño, lo que no deja de ser un tema nacional. En el momento que las empresas estén en condiciones de dar un salto que no les suponga mayores impuestos o cargas y, además, se les incentive la I+D+i, creo que Cantabria mejorará posiciones.

P.– Debo entender, por tanto, que el papel de apoyo y promoción del Gobierno autonómico es determinante para conseguir este objetivo?

R.– Sí. Aunque no tenga competencias en el impuesto de Sociedades y limitadas en el de la Renta, sí puede, porque para eso son Gobierno, facilitar que las empresas puedan constituirse de forma rápida y ágil y que puedan acceder a polígonos y a suelo industrial de forma igualmente ágil. Si esto se consigue, y en paralelo se incentiva la inversión en I+D+i, que también lo puede hacer, sería muy buena señal.

P.– En este sentido va precisamente la Ley de Simplificación Administrativa que acaba de entrar en vigor.

R.– Sí, lo que ocurre es que vamos con muchas leyes y al final simplificamos y no terminamos de dar con la tecla. Si hubiera una regla de que por cada nueva norma autonómica o local que se aprueba se quitaran cuatro, le aseguro que crecían las empresas. Esa es la mayor simplificación que se podría hacer. Ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo pero, de hecho, la Unión Europea está proponiendo de alguna forma que antes de sacar una norma nueva, pensemos cómo ha resultado la anterior y qué objetivos ha alcanzado, y si hay alguna que están afectando de forma indirecta, elimínelas. No hace falta que haya tanta norma. Hay demasiadas ventanillas. A la empresa hay que ponérselo fácil, aunque luego haya que revisar que cumple. Los gobiernos autonómicos, cuando se les convoca a nivel estatal, también pueden influir en la parte que les corresponda para que esto ocurra. Dese cuenta que en Cantabria se constituyeron 897 nuevas empresas en 2024, un 16,6% más que en el año anterior. A poco que estas nuevas empresas generen cinco puestos de trabajo, por decir una cifra, imagínese cómo se multiplicaría el efecto consumo. Tras tres años realizando estudios en Cantabria, los economistas vemos lo que se está haciendo bien y que el retorno de destinar dinero público a facilitar la innovación y la eficiencia empresarial va a ser muy positivo. También les aconsejaría que compitan lo que puedan con los fondos europeos. Que Cantabria haga también, que seguro que lo hace, planes de captación de fondos directamente de Europa. Hay que buscar en la medida de lo posible financiación extra fuera de lo que son las arcas regionales y nacionales. Pero tiene que haber un plan claro. Por ejemplo, un plan que veo totalmente financiable es un plan a medio plazo de atracción de inversiones. Si Cantabria pone en valor el puerto de Santander, la tranquilidad institucional y el talento, y lograra además poner suelo a disposición de las inversiones de forma rápida y hubiera una regulación eficiente, estoy convencido de que este plan daría resultados.

P.– Pero si de algo adolece Cantabria es precisamente de capacidad para atraer capital foráneo. De hecho, en este aspecto está a la cola de España.

R.– Sí, sí. Está muy abajo, y lo decimos. Pero esta realidad choca con las otras variables que le he mencionado de estabilidad institucional, de talento o de deuda pública, que es muy baja. Quizá habría que dedicarle más tiempo a esto porque Cantabria es una comunidad amigable, en la que se vive bien, y en la que el puerto puede facilitar la entrada y salida de productos. Al final, no podemos olvidar que las empresas se instalan en los lugares que les facilitan su labor y donde existe un cierto polo industrial. Es claro que esto no se hace de la noche a la mañana. Por eso creo que tendría que ser un plan muy consensuado con los ayuntamientos que facilite el asentamiento de empresas, la captación de energía y que las personas que vengan a trabajar encuentren dónde vivir. Por eso creo que debe ser un plan potente. Si atraes inversiones, además generas inversiones y empleo a tu alrededor. Pero no descubro nada nuevo. El capital, sea nacional o extranjero, se suele mover en aquel lugar que le tratan bien. Eso es lo que hay que poner en valor. Lo que nos dicen las cifras es que, de momento, no se está consiguiendo atraer inversión extranjera ni nacional. Pero Cantabria cuenta con una marca muy potente que es Banco Santander. Esta marca te posiciona Santander fuera de España. Es más fácil que alguien ponga en el mapa a Cantabria a través del Banco Santander que a otra comunidad autónoma.

«Con las barreras naturales que tiene Cantabria, habría que apostar por un ferrocarril que se adapte a sus circunstancias, porque no todo siempre es comparable»

P.– ¿Las deficientes comunicaciones, especialmente ferroviarias, y no solo con Madrid, sino también con Bilbao, son un freno para el desarrollo de la economía regional?

R.– A ver. Nos hemos llevado una grata sorpresa por cómo se ha comportado este año el puerto de Santander, que es un polo logístico interesante con bastantes inversiones adicionales. Es evidente que todo lo que sea mejorar las conexiones ferroviarias es bueno. Lo que ocurre es que a veces queremos hacer todo en un día y a lo mejor hay que apostar por un ferrocarril rápido, que no tiene que ser de última generación. Con las barreras naturales que tiene Cantabria, habría que apostar por un ferrocarril que se adapte a sus circunstancias, porque no todo siempre es comparable. Nosotros somos economistas y sabemos que esto es verdad. Un economista dice ‘deme usted infraestructuras que del resto ya me encargo yo’. Si hay que empezar por algo, yo empezaría por el eje que me permita dar más y mejor salida a mis productos y atraer más turistas. Si me lo permite el de Bilbao, pues es una buena opción. Es un tema que hay que estudiar muy bien. Pero lo que sí echo en falta es un plan de atracción de inversiones.

P.– Con las previsiones ocurre que a veces es muy difícil acertar. Las de crecimiento de la economía regional entre el 2,3 y 2,4% en 2025 apuntadas en este informe, cómo las calificaría, ¿de optimistas, de moderadas o de conservadoras?

R.– El año pasado todo nos sorprendimos del crecimiento que hubo en España. Creo que ninguno o muy pocos servicios de estudios lograron dar con el dato final. Cantabria, si se comporta como indicamos en el informe, diría que son unas previsiones moderadas o moderadas-alto. Si el tema logístico sigue funcionando y se simplifica, y se logra hacer un altavoz de atracción de inversiones esta horquilla pudiera mejorarse, pero quizá ya no sería para este 2025, sino para el próximo año.

P.– Destacan el papel estratégico del puerto de Santander, que ya representa el 14% del PIB regional, y que no deja de batir récords de tráfico de mercancías y contenedores. Pero llegará un momento, a este paso más pronto que tarde, en que las limitaciones de espacio impidan a esta infraestructura seguir creciendo. ¿Estamos preparados para cuando eso ocurra?

R.– En el informe ya decimos que al puerto de Santander todavía le queda capacidad de recorrido. No ha llegado a su tope y le quedan años. Ahora, habrá que pensar en posibles expansiones, pero estoy seguro de que, respetando los temas ambientales, al final hoy en día todo se puede gestionar. Cuando llegue ese problema, ¡bendito sea que ese sea el problema! Ojalá llegáramos al máximo de ocupación del puerto de Santander. Si eso ocurriera, querrá decir que la economía va bien y ya se buscarán las soluciones adecuadas. Desde luego, lo que está claro es que si no inviertes es cuando no vas a crecer. Hay que invertir y buscar dinero debajo de las piedras.

P.– También abunda en el potencial de crecimiento del sector biosanitario y las nuevas tecnologías dirigidas o asociadas a éste. Con Valdecilla y los institutos de investigación y universitarios a la cabeza, ¿qué le falta a Cantabria para llegar a convertirse en un foco de la industria ligada a la salud?

R.– De momento, lo bueno es que ya existen las infraestructuras y que ya se ha creado el polo. ¿Qué le faltaría? Incorporar a más empresas, aunque ya hay bastantes, que les resulte rentable invertir en I+D+i y meterse en ese polo. Estimo que, dentro de ese plan de atracción de inversiones, este asunto debería ser clave. Lo que se necesita es vestir a este polo de largo y contarlo más y hacer fácil, como ya he dicho, que las empresas se instalen aquí, que seguro ya se está haciendo porque, de lo contrario, no existiría este polo. Lo hecho, hecho está. Ahora hay que pasar a una segunda fase y mirar al futuro. Tiene que haber alguien pensado en el futuro.

Salvador Marín, director general del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, durante la presentación del ‘III Informe de Eco-
nomía de Cantabria’.

P.– El sector cultural, por su parte, es otro de los que pueden contribuir, gracias a los centros ya existentes y a las nuevas dotaciones culturales que abrirán próximamente, en polos de atracción de un turismo de calidad, alejado del de masas, que contribuyan además a dejar atrás la excesiva estacionalidad que hoy presenta el turismo. Si cada vez la climatología juega más a nuestro favor, ¿por qué no acabamos de despegar turísticamente más allá de los meses de verano?

R.– Todo entra en paquete. Siempre es igual. Sin inversión y estrategia es muy difícil que cambien las tendencias. Hay que meterse en los circuitos de turoperadores, pero para hacerlo tienes que ofrecer algo adicional. Cantabria tiene una costa excepcional y una montaña que ya se conoce. En cultura, ya cuenta con instalaciones que hace unos años no tenía. Ahora, ¿Por qué va a ir un turista a Cantabria? Vuelvo a insistir en que, si quieres atraer a turistas, tienes que ofrecerles algo diferente, si no te va a venir el tradicional, el que siempre ha venido. No podemos olvidar, en cualquier caso, que al final Cantabria compite con el resto de comunidades y que España es muy fácil de recorrer. Hay que ofrecer experiencias diferentes y, cuando se pueda, conciertos y exposiciones, congresos… La marca Santander, la playa, la UIMP, Cabárceno… Hay muchas marcas potentes y muy conocidas. Hay que saber dónde estamos. Si queremos dar un salto, primero hay que cuidar lo que ya tenemos y tener una estrategia cada año. Este año voy a apostar por el tema cultural, el próximo por otro. Insisto en que alguien tiene que estar pensando en temas adicionales y en contar con las infraestructuras adecuadas para acoger a estas personas. Y eso tampoco se hace de la noche a la mañana.

P.– El sector agroalimentario en general, y la industria láctea y de semiconservas en particular, que representa ya el 22% del PIB regional, es otra de las fortalezas de nuestra economía y uno de los pilares para combatir el despoblamiento en las zonas rurales. ¿Hay futuro en el campo?

R.– Lo que vemos es que la despoblación rural afecta a toda España y que también ocurre a nivel europeo. Hay que cambiar este éxodo a las ciudades y promocionar y apoyar a los ayuntamientos para que les resulte más fácil atraer a los jóvenes a esas nuevas instalaciones. Los ganaderos también necesitan cierto apoyo de las administraciones, por lo menos en los primeros días. Pero, obviamente, esto tampoco se consigue de un día para otro. Tiene que haber un plan claro de sostenibilidad rural, que se llama así. E incluir a los propietarios de los terrenos en la ecuación. La foto es que la economía mejora, pero creemos que si se quiere dar un salto cualitativo habría que apostar por estas tres o cuatro palancas que venimos señalando. ¿Con qué prioridad? Con la que decidan los agentes sociales conjuntamente con los gobiernos. Hay que dedicarle tiempo. Lo que no nos damos cuenta y, en ocasiones habría que parar un minuto, es que las propias administraciones cada día que se levantan tiene también que ir a trabajar. No digo que no sea así, y estoy seguro de que lo hacen bien. Pero gestionar una comunidad o un ayuntamiento es un trabajo. No es solamente la rueda de prensa o atender las redes sociales. Y los ciudadanos deben exigir, igual que les exigen a ellos, que cada día las Administraciones públicas hagan las cosas un poquito mejor. Para eso son precisamente estos estudios, para darles ayudas y mostrarles lo que pensamos los economistas.

P.– Apuntan que la escasa internacionalización e inversión en innovación lastran el fortalecimiento del tejido empresarial regional y la mejora de su competitividad. ¿Echa de menos en este sentido un mayor protagonismo de la Administración para facilitar y generar un clima y un ambiente más favorable a las empresas?

R.– Vuelvo a insistir. No creo que sea solo la Administración. Con que simplifique y facilite la labor ya es suficiente. A veces no tiene que hacer grandes cosas. Tiene que diseñar un plan y comunicarlo bien y poner mucho ojo en las infraestructuras públicas. El resto, ya es cosa de la parte privada. Pero lo privado no puede sustituir a lo público en el tema de las infraestructuras porque no es su negocio. ¿Cree usted que las empresas no quieren exportar? Claro que quieren. Pero si las empresas son pequeñas tienen más difícil salir al exterior y llegan hasta donde llegan. Por eso, la estrategia debería ser la de unir de alguna forma las empresas que sean competencia y ahí la Administración sí puede actuar como pegamento.

«Los empresarios tienen visión a largo plazo y ven, cuando les preguntan, que Cantabria es una comunidad manejable»

P.– De otro lado, el informe refleja que la confianza de los empresarios cántabros en la economía está por encima de la media nacional. ¿Si los propios interesados perciben que las cosas van bien o relativamente bien, ¿por qué nos cuesta tanto atraer empresas y no digamos ya capital foráneo?

R.– Porque falta ponerlo en valor. Esas empresas a las que alude van bien pero son empresas pequeñas. Los empresarios tienen visión a largo plazo y ven, cuando les preguntan, que Cantabria es una comunidad manejable; que es fácil identificar a sus gobernantes por la calle y hablar con ellos, y eso es un activo; que hay una estabilidad decente… Pero atraer inversión son palabras mayores y ya tienes que entrar a competir de otra forma. En cualquier caso, esta confianza empresarial es un valor. Hay que decirles que, si usted viene aquí, sepa que hay una estabilidad muy buena, que es lo primero que te pide un empresario. Dicho esto, Cantabria va para arriba. Está en mitad de la tabla y no va para atrás.

P.– En Cantabria, la I+D esta fundamentalmente en manos de la universidad, que concentra el 43,92% de todo el gasto regional en este ámbito, casi el doble que en el conjunto del país. ¿Por qué el sector empresarial cántabro es tan poco innovador (17 puntos por debajo de la media nacional)?

R.– En primer lugar, hay que incentivarlo a través de la normativa nacional. Por otro lado, si no tienes empresas grandes, que son las que más innovan, pues ya cuesta mucho más. Tiene que darse un acercamiento, que por mucho que se diga no termina de producirse, entre el conocimiento público y privado. Y eso hay que facilitarlo. Cantabria debería primar a sus universitarios que apuesten por innovar y que logren esa unión. E igualmente habría que primar a las empresas que apuesten por ello. Ahí Cantabria tiene también un campo que recorrer. Lo que hay que hacer es que ese conocimiento que se genera en las universidades y en los centros público no se quede entre cuatro paredes, que salga. Y para eso hay que ponérselo fácil. Conozco casos de éxito que funcionan muy bien, pero eso debería ser lo normal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la universidad está de espaldas y al profesor no se le prima para hacer carrera universitaria. Y aquí si puede intervenir la parte pública para incentivarlo de alguna forma.

P.– Señalan en su informe que otro de los obstáculos para el crecimiento es la limitada transferencia universidad-empresa. ¿A qué lo achaca?

R.– En este caso siempre se mira hacia la universidad. Y no es justo. Hay que mirar hacia los dos lados. El empresario tiene que ver a la universidad como amigable, y también al revés. En este asunto sí se podría hacer un trabajo incluyendo, por ejemplo, a la universidad y los centros de investigación en las misiones comerciales que se hagan. Y primar los proyectos públicos que sean transferencia del conocimiento. Todo lo que se incentiva en economía prospera. Además, luego tampoco puede haber una lluvia fina. Si, por ejemplo, somos muy buenos en biosanitario y en otros dos o tres campos, pues habrá que intentar al principio apoyar esos ámbitos en los que somos muy buenos. No apoyar todo por apoyarlo. Hay que intentar hacer una bolsa grande con lo que somos muy buenos y después repartirla. Reconozco que esto también es difícil de hacer, pero bueno, es uno de los trabajos de los políticos.

«A poco que aproveche las tres o cuatro palancas con las que cuenta, creo que la región puede ganar posiciones en el tablero nacional»

P.- En esta clase de estudios económicos, dicen que lo importante es analizar los datos con perspectiva y una visión a medio y largo plazo. Si lo hacemos así, ¿qué tendencia apunta Cantabria?

R.– Han pasado tres años desde nuestro primer informe y vemos que Cantabria va hacia arriba. Y a poco que aproveche las tres o cuatro palancas con las que cuenta, creo que la región puede ganar posiciones en el tablero nacional. Ahora, debe dedicarse a ello con intensidad porque es evidente que a los pequeños les cuesta más competir, aunque esa menor dimensión también le da mayor flexibilidad. Insisto, después de tres años Cantabria va, poco a poco, hacia arriba. En economía a poco que anuncias cosas y las cumples, ya mejoras posiciones. A veces queremos hacer planes estratégicos muy rimbombantes cuando lo mejor es hacer planes, digamos, más quirúrgicos. Nosotros creemos que Cantabria es una comunidad que necesita cosas más quirúrgicas, no grandes planes. No sé si la palabra sería sectoriales, pero sí cosas que sean muy concretas y determinadas con todos los implicados metidos en la ecuación, lo que es fácil porque Cantabria no es muy grande.

P.– ¿Quizá lo que nos falta entonces es terminar de creérnoslo?

R.– Sería muy osado por mi parte decirlo porque no vivo allí. Pero cuando hablo con Fernando [García Andrés, el presidente del Colegio Oficial de Economistas de Cantabria], me comenta que los economistas cántabros ven que la comunidad prospera poco a poco. Cantabria tiene los habitantes que tiene. Vemos que hay datos buenos y que en estos tres años se ha mejorado, especialmente en cuanto al puerto de Santander y la atracción de talento, además de la estabilidad institucional, que se mantiene en buenos niveles. Pero también vemos que se puede mejorar más.

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GMI Reinosa estrena su condición global

La planta campurriana, que fabrica ferroaleaciones encapsuladas para acerías y fundiciones, abre en Brasil su primer centro productivo fuera de España, una fábrica en la que ha invertido algo más de 10 millones de euros y desde la que atenderá el creciente mercado con que cuenta al otro lado del Atlántico. El salto multinacional de GMI permitirá liberar a la factoría reinosana de la producción que destinaba a clientes de Latinoamérica y destinar esa capacidad para continuar incrementando su volumen de negocio en Europa, África, Oriente Medio e India.

José Ramón Esquiaga | Junio 2025

En lo que supone un paso decisivo dentro de un proceso de internacionalización que ha vivido muchos otros, Global Metwire Injection (GMI) ha comenzado este año a fabricar en la fábrica que su filial brasileña ha construido en Mendes, un municipio ubicado dentro del área metropolitana de Río de Janeiro. Con el inicio de la producción en su factoría brasileña, la empresa cántabra confirma una condición multinacional que ya había alcanzado sobradamente con su presencia en mercados de cuatro continentes, y que a partir de ahora se verá en condiciones de incrementar con las ventajas estratégicas y logísticas que aporta con un centro de fabricación al otro lado del Atlántico.

Con sede y principal centro de fabricación en el polígono de La Vega, en Reinosa, GMI produce aleaciones para su uso en acerías y fundiciones, a las que llegan encapsuladas en cables de acero, un sistema sobre el que la empresa cántabra asienta buena parte de su competitividad y que ofrece significativas ventajas frente al tradicional uso de aleaciones a granel. Los mayores costes comparativos que tiene el transporte del producto encapsulado frente a su alternativa a graneles es uno de los pocos inconvenientes a los que se enfrenta GMI para acceder a mercados lejanos en condiciones competitivas, algo que precisamente quiere paliarse con la entrada en funcionamiento de la fábrica brasileña.

Las ferroaleaciones son materiales que se añaden al acero líquido en el horno de cuchara, tanto en acerías como en fundiciones, para conseguir las características que se buscan en cada caso. Las que fabrica GMI se encapsulan en un hilo de acero que llega al cliente en bobinas, para que este corte la cantidad que precise en cada colada. En comparación con las aleaciones a granel, que el operario debe añadir a paladas, el producto encapsulado permite una mayor precisión en la mezcla y un mejor proceso de fundición. A ello hay que añadir, en el caso de los encapsulados en Reinosa, el nivel de precisión en la dosificación de aleantes al que da lugar la tecnología desarrollada por la empresa.

Expansión con enorme potencial

La nueva planta de GMI en Mendes, en la que se han invertido algo más de 10 millones de euros, ha sido diseñada para replicar el modelo de producción de Reinosa. Aún pendiente de ser inaugurada oficialmente en los próximos meses, GMI Americas ha producido ya sus primeras bobinas, en lo que supone un paso decisivo en los planes de internacionalización. Desde Brasil se atenderá el mercado americano, mejorando la capacidad de respuesta tanto en tiempo como en adaptabilidad del producto a lo que requiera cada cliente. «Con esta expansión, GMI refuerza su compromiso con la región, consolidando relaciones estratégicas con empresas del sector del acero y las fundiciones, y posicionándose como un proveedor clave de ferroaleaciones encapsuladas en América”, explica Javier Santiago, director comercial de la empresa en la región y que asume ahora también el cargo de su filial brasileña.

El equipo que ha iniciado la primera expansión internacional de la empresa, en la fábrica de Mendes, en Brasil.

Desde que diera sus primeros pasos en 2010 –fruto de la adquisición por parte del empresario José Luis Carmona de Metalslag, filial reinosana de la vasca Ilarduya– GMI ha llevado sus productos a más de 300 clientes en 60 países, con Europa como mayor mercado pero también con una presencia muy significativa India, África, Turquía, Oriente Medio y América. Ese proceso de globalización, que este pasado mes de marzo se vio reconocido con la condición de finalista en la categoría de internacionalización en los premios Pyme del Año 2024, se ha sustentado en la calidad de un producto que es más competitivo cuanto mayor valor añadido tiene el acero que fabrica su cliente pero que, por contra, debe enfrentar unos condicionantes de transporte que complican enormemente competir en precio a medida que se alarga el trayecto a cubrir hasta destino.

Como explicaba José Manuel Mariñas, director de GMI para Europa, en un reportaje en esta misma revista hace dos años, menos del 40% del peso de una bobina se corresponde con la aleación fabricada por la empresa –siempre una receta propia elaborada para cumplir con los requerimientos del cliente– correspondiendo el resto al hilo de acero en el que va encapsulada. Pese a lo que esto implica en términos de coste logístico y de transporte, en torno a un tercio de las aproximadamente 10.000 toneladas de ferroaleaciones que de media produce anualmente la planta de Reinosa tenían como destino a clientes americanos. Esa producción es la que heredará de forma inmediata la fábrica de Brasil que, liberada de los costes que se afrontaban desde Cantabria, estará en la mejor disposición para aumentarla atendiendo a un mercado en expansión y que se ha mostrado muy receptivo a las características del producto que desarrolla GMI.

Tecnología con sello propio

La tecnología desarrollada por GMI permite la dosificación individualizada de hasta 8 materias primas diferentes, con un grado de precisión que mejora significativamente el alcanzado por la competencia. La planta de Reinosa, como ahora la de Brasil, trabajan con una desviación máxima del 0,2%, cuando los estándares de otras empresas se mueven en el entorno del 2%. Es en factores como ese, unido a las ventajas que aporta el encapsulado, en los que la empresa campurriana ha asentado su competitividad, en combinación con un compromiso con el servicio que en la estrategia de GMI se ha antepuesto siempre al crecimiento.

En un mercado cíclico y tan condicionado por las variaciones de precios como es el del acero, contar con una amplia base de clientes, y conseguir la máxima fidelización por parte de estos, tiene más relevancia que los datos de producción y facturación. La planta de Reinosa se ha movido durante los dos últimos años cerca de sus límites de capacidad, lo que ha llevado a los responsables de la empresa a ajustar su política comercial para asegurar el suministro en tiempo y hora a las acerías y fundiciones a las que sirven.

Con el inicio de la producción en Brasil se mejora exponencialmente la capacidad para atender la demanda del otro lado del Atlántico, una zona alberga importantes acerías y fundiciones que requieren ferroaleaciones encapsuladas de alta calidad. En paralelo, y como consecuencia de lo anterior, la planta cántabra de Global Metwire Injection –que cuenta con una plantilla estable de en torno a 25 trabajadores– estará en condiciones de expandir su mercado en Europa y el resto de áreas geográficas a las que provee de producto., lo que redundaría en un crecimiento que debería compensar sobradamente ese tercio de producción que hasta ahora se destinaba a clientes americanos.

 

Un grupo con más presencia en Cantabria

Planta de GMI en Reinosa y los paneles solares con los que se abastece. Foto: Nacho Cubero.

Además de con Global Metwire Injectión, el grupo Global SDF Group cuenta con otras tres empresas con sede en Cantabria: SFT Global, dedicada a la programación informática, la promotora El Tambolar Europa y la constructora Global Tektia. Las dos primeras comparten sede con GMI en el polígono de La Vega y son de creación relativamente reciente: 2023 y 2020, respectivamente. La que completa la presencia de Global SDF en Cantabria se incorporó al grupo en 2023, con la compra de la antigua Excavaciones González Vega, rebautizada como Tektia tras esta operación. Fundada en 1999, la que operaba con el nombre comercial de Excavaciones Gabi hasta su adquisición por Global SDF Group ha pasado a ser la empresa del grupo con más trabajadores en Cantabria, con una plantilla que se acerca al centenar de personas.

 

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Centros de datos: el reto y el vértigo de pasar del cero al infinito

El anuncio del bautizado como Proyecto Altamira, un complejo de ‘data centers’ que daría lugar a una inversión de 3.600 millones de euros, ha puesto el foco en unas infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de servicios digitales y de la inteligencia artificial, pero que también plantean dudas en términos de sostenibilidad medioambiental. Con la salvedad del búnker del Santander en Medio Cudeyo, hasta ahora la región no había sido capaz de atraer inversiones para construir grandes instalaciones de este tipo, un precedente que deberá superar el campus tecnológico proyectado en Piélagos y Villaescusa, que de acuerdo a los datos hechos públicos hasta ahora contará con una capacidad mayor a la que suman todos los centros de datos que están operativos hoy en España.

José Ramón Esquiaga | Mayo 2025

Ha sido, como en otras ocasiones, uno de esos anuncios que dan pie tanto a la ilusión como al escepticismo, y a ambos por similares razones. El volumen de las cifras puestas sobre la mesa durante la presentación del bautizado como Proyecto Altamira, un complejo tecnológico formado por varios centros de datos, se mueve en unas cotas que dejan pequeña cualquier referencia que quiera emplearse para compararlas, algo que alienta las expectativas sobre el impacto económico al que puede dar lugar la iniciativa pero que, con la frustración a la que dieron lugar precedentes de similar ambición, alimenta también todas las dudas sobre su viabilidad.

A favor de la credibilidad del proyecto juegan las previsiones que contemplan un aumento de la demanda de los servicios que ofrecen los ‘data center’, lo que a su vez augura un fuerte crecimiento de las inversiones para construir estas infraestructuras, con España bien situada para acogerlas. Ese buen posicionamiento ya ha servido para captar inversiones y convertir a nuestro país en uno de los más competitivos para servir de sede de grandes centros de datos, con núcleos muy activos en Madrid, Cataluña y, más recientemente, Aragón. Como contrapunto, Cantabria no ha sido hasta ahora capaz de captar ninguno de los 54 data centers que contabiliza SpainDC, la asociación que los agrupa, en lo que es otro mal precedente que deberá vencer el Proyecto Altamira.

Las expectativas generadas, e incluso la propia relevancia dada a la presentación del proyecto para levantar un campus tecnológico en terrenos de Piélagos y Villaescusa, contrastan con la inclinación a la invisibilidad con la que suelen trabajar los centros de datos. Estas infraestructuras, a las que es más habitual referirse con el anglicismo ‘data center’, son imprescindibles para el sostenimiento de la economía digital, al albergar los servidores, sistemas de almacenamiento y aplicaciones informáticas con los que procesar, alojar y distribuir los ingentes volúmenes de información a los que da lugar la actividad de empresas y administraciones a través de la red. Todos los análisis coinciden en que la demanda que deberán cubrir estas infraestructuras va a multiplicarse en los próximos años, lo que precisará de un aumento de capacidad equivalente para darle respuesta.

 

El centro de proceso de datos del Banco Santander en Solares es la única instalación de Cantabria que, por sus características y actividad, se acerca a lo que se entiende como un ‘data center’. Foto: Nacho Cubero.

De acuerdo a la mejor de las proyecciones contempladas en el ‘Informe del Sector del Data Center en España 2025-post 2027’, España podría captar hasta 21.800 millones de euros en inversión directa para la puesta en funcionamiento de nuevos centros de datos entre hoy y el año 2030. Con ello se multiplicaría por algo más de seis la capacidad que actualmente suman todos los que están actualmente en funcionamiento en España, llevándola desde los 355 hasta los 2.180 MW.

Que la capacidad de una instalación destinada a albergar y hacer funcionar servidores se mida en vatios, y no en bytes, ya da una pista de la que es una de las principales características de los ‘data centers’: su elevado consumo energético. La referencia utilizada como medida se refiere a la máxima demanda de energía que puede precisar la instalación para su funcionamiento, algo que depende sobre todo de las necesidades de refrigeración, lo que a su vez varía en función de la temperatura exterior y, por tanto, de la ubicación del centro y de la época del año.

Las claves de Altamira

En el caso del complejo de centros de datos proyectado en Cantabria, el conjunto de capacidad de los doce módulos que componen Altamira sumará 480 MW de capacidad, una más de las llamativas cifras –»apabullantes», las denominó la presidenta María José Sáenz de Buruaga en su presentación– que caracterizan a la iniciativa. La contemplada en el Proyecto Altamira supone una capacidad mayor a la que hoy suman todos los ‘data centers’ operativos en España, según los datos que contabiliza el informe elaborado por SpainDC. La comparación es algo menos llamativa, pero no demasiado, si la hacemos en relación a las cifras que prevén ese estudio para el futuro al que hace referencia: de llevarse a término en las dimensiones adelantadas en su presentación, el futuro campus tecnológico cántabro aportaría casi la cuarta parte de la capacidad de todos los centros de datos que funcionarán en España en 2030. Eso en el más optimista de los pronósticos, porque SpainDC contempla también escenarios más adversos. En esos casos, la participación de Altamira en el total de capacidad de la red española de ‘data centers’ sería mucho más elevada.

Esa diversidad de escenarios responde a los distintos entornos en los que podrían desarrollarse las futuras inversiones, más o menos hostiles en términos regulatorios, en una proyección que plantea el informe de SpainDC admitiendo que no dispone de variables que permitan establecer mayores o menores probabilidades de ocurrencia a unos u a otros. Otra incógnita que el informe considera imposible de despejar es el futuro desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, factor crítico para el funcionamiento de los centros de datos.

Ambos criterios, el marco regulatorio y el acceso a energía, son los principales condicionantes para establecer lo favorable o desfavorable de los escenarios futuros y, con ello, la previsión de mayor o menor potencia instalada en España de aquí a cinco años, que se mueve en un amplio abanico que parte de los 1.400 MW en el peor de los pronósticos, lo que reduciría notablemente la inversión prevista por SpainDC. Es en esa imprevisibilidad de circunstancias en la que deberá desarrollarse el Proyecto Altamira, del que no hay razones para pensar que este ni en mejor ni en peor disposición para hacerlo que el resto del sector.

Concentración de ‘data centers’ en pocos lugares

Lo que sin duda no juega a favor del proyecto cántabro es la forma en que hasta ahora se ha desplegado la red de centros de datos operativos en España, concentrados en torno a dos grandes núcleos –Barcelona y, sobre todo, Madrid– al que en los últimos años se ha sumado Aragón. En torno a la capital de España se agrupa hoy el 54,8% del total de la potencia instalada en todo el país, un 18,5% lo hace en Barcelona y un 10,7% tiene su sede en tierras aragonesas, en torno a Zaragoza. El 16% restante se reparte de forma irregular por el arco mediterráneo, Toledo, Andalucía, Baleares y Canarias. La asociación SpainDC no contabiliza ningún ‘data center’ en el norte de España.

La cuestión de dónde se ubican los ‘data center’ existentes, y el hecho de que la asociación que los agrupa no identifique ninguno en Cantabria, lleva a preguntarse qué es o qué no es un centro de datos o, de forma más precisa, qué características debe tener una instalación para ser considerada como tal. “Un ‘data center es un centro de proceso de datos (CPD) como el que muchas empresas tienen para darse servicio, pero con muchísimo más tamaño y con muchísimas más medidas de protección y de uso. Y luego hay que ver cuál es su filosofía de uso”, explica Roberto García, presidente del Clúster Tera, que agrupa a empresas cántabras de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Sala de control del CPD del Santander en Solares (Medio Cudeyo).

En relación con la seguridad y disponibilidad de estas instalaciones, precisa el representante de las TIC cántabras, los ‘data centers’ deben tener garantizada la energía, la refrigeración y las comunicaciones, en una medida de la que resultará una categoría determinada en función de la redundancia y disponibilidad que se le dé a la instalación. Respecto a la filosofía de uso a la que hace referencia Roberto García, lo que SpainDC considera un ‘data center’ es siempre una instalación que, con las características de seguridad y disponibilidad apuntadas, presta servicios a terceros. De ahí que no se le dé esa consideración al ‘búnker’ del Banco Santander en Solares, que sí responde por capacidad y seguridad a lo que caracteriza a esas instalaciones, pero es un centro propio de la entidad financiera, y solo para su uso, lo que le aleja de la definición de ‘data center’ a la que se remite el presidente de Tera.

Condiciones particulares de Cantabria

Por sus características, y pese a esa diferente naturaleza, el centro de datos del Santander es la instalación que más puede parecerse a la que plantea el Proyecto Altamira, con el que comparte condicionantes similares en cuanto a consumo energético, seguridad y redundancia. También en relación a su capacidad, aunque asumiendo que en este aspecto es difícil encontrar hoy nada, ni es Cantabria ni fuera de ella, que pueda aproximarse a lo que plantea el futuro complejo de Piélagos-Villaescusa.

Además de presidir Tera, Roberto García es director general del grupo Ambar, que promueve la construcción de un ‘data center’ en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan). Esa condición le sitúa en una inmejorable posición tanto para incidir en la caracterización de estas instalaciones, como en la consideración de su tamaño. Los ‘data center’, explica García, ofrecen a sus clientes un espacio en el que alojar y gestionar lo que deseen –un “armario vacío”, en la comparación que emplea– o bien unos dispositivos en los que meter las aplicaciones que desee, lo que en la terminología del sector se define respectivamente como ‘housing’ o ‘hosting’. El que construye Ambar en el Pctcan ofrecerá servicios de ‘housing’, con una capacidad de 5 MW cuando esté completo y funcione con los máximos requerimientos de potencia.

El tamaño de Altamira, enorme con independencia de la referencia que se use para compararlo, es también uno de los principales factores que pueden condicionar el desarrollo del proyecto en las dimensiones y plazos contemplados, y ello debido a lo que implica en términos de disponibilidad de energía y de sistemas de refrigeración, en una necesidad que siempre es proporcional a la capacidad del centro. El presidente del Clúster Tera entiende que ahí va a estar una de las claves para sacar adelante el complejo, pero cree que ese es un elemento que forzosamente han tenido que tener en cuenta sus promotores: “Es un megaproyecto, al que hay que alimentar con toda la potencia que requiere, y eso implica contar con las subestaciones eléctricas y los sistemas de provisión energética necesarios. Entiendo que eso está estudiado y que se habrá hecho un análisis completo de cómo va a llegar esa energía”, apunta.

La disponibilidad de energía, un factor que tiene ver con las redes de distribución y con la proximidad de fuentes de generación de origen renovable, es uno de los principales elementos que entran en juego para decidir la ubicación de un gran centro de datos. Roberto García destaca la relevancia que para una instalación de este tipo tiene minimizar su huella de carbono, algo que teniendo en cuenta su gran consumo energético solo se consigue consiguiendo que toda o la mayor parte de la electricidad empleada sea de origen renovable. “Cantabria tiene ahí una limitación, pero es esperable que eso cambie en los próximos años”, apunta el presidente del Clúster Tera al valorar las fortalezas y debilidades que puede tener la región para acoger un proyecto de las dimensiones del que plantea Altamira.

 

Roberto García, presidente del Clúster Tera, que agrupa a empresas cántabras que operan en el sector de las nuevas tecnologías. Foto: Nacho Cubero.

En relación con el consumo energético y la huella de carbono, también jugarían a favor de Cantabria las escasas variaciones de temperatura que se dan a lo largo del año, que sobre todo en la zona más cercana a la costa reducirían las necesidades de refrigeración en verano y de calentamiento en invierno. También entre los puntos fuertes, el presidente del clúster tecnológico cántabro cita la existencia de una red de fibra que garantiza una buena conexión, algo que se verá reforzado con la entrada en funcionamiento del cable de Meta –la empresa propietaria de Facebook o Instagram– que cruza el Atlántico entre Estados Unidos y España, y que llega a la península a través de Santander: “En los usos de un ‘data center’ cada vez va a ser más importante reducir la latencia, el tiempo de respuesta, y esa conexión directa con Estados Unidos garantiza esa conexión de alta velocidad”.

Que a pesar de contar con esos argumentos favorables, Cantabria no haya sido capaz de atraer hasta ahora inversiones para la construcción de grandes ‘data centers’ tiene que ver, en opinión de Roberto García, con la enorme capacidad de atracción que para ello tienen Barcelona y, sobre todo, Madrid. Sin problemas de disponibilidad de energía ni de acceso a una potente red de fibra, ambas ubicaciones tienen además la ventaja de contar en su entorno con un gran número de potenciales clientes. El caso de Aragón, el tercer polo que está demostrándose capaz de atraer ‘data centers’ en España, ofrece el que puede ser un punto de referencia más cercano a la realidad de Cantabria. “Ahí se han dado acuerdos entre el Gobierno regional y grandes corporaciones para ofrecer suelo en unas condiciones muy económicas. Eso ha hecho del entorno de Zaragoza una zona muy atractiva, y Amazon, por ejemplo, está teniendo ahí crecimientos muy importantes. Ese es un punto fuerte que entiendo que Cantabria también tiene potencial para desarrollar”.

Además de todo lo relacionado con la mayor o menor capacidad de Cantabria para sacar adelante una inversión como la planteada por Altamira, las principales incertidumbres de este proyecto tienen que ver con los plazos y el impacto que este puede provocar en términos económicos y de empleo. En relación con esto último, lo anunciado en la presentación cuantificaba en 1.500 el número de empleos que se generarían durante la construcción del complejo, y en 1.450 –350 directos y 1.100 indirectos– los puestos de trabajo a los que daría lugar una vez en funcionamiento. Es esa segunda cifra –la del número de trabajadores vinculados a la actividad del ‘data center’– la que más dudas provoca entre quienes conocen de cerca el funcionamiento de estas instalaciones, criticadas muchas veces por su escaso impacto en términos de empleo.

Altamira crearía 1.500 puestos de trabajo durante su construcción y 350 directos cuando esté en funcionamiento, según sus impulsores.

El presidente del Clúster Tera considera razonables esas dudas, sobre todo en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo directos. En relación con los indirectos, considera que un ‘data center’ tiene potencial para atraer actividad en su entorno, aunque en una medida difícil de cuantificar a priori. “Es cierto que las cifras que se han anunciado son muy elevadas. Yo no puedo validarlas ni discutirlas. También puedo tener dudas de que se pueda llegar a los volúmenes de inversión y capacidad que se están planteando, pero no tengo toda la información para ponerlo en cuestión. Ojala se pueda hacer como nos han dicho, porque lo que sí es seguro es que sería algo muy positivo para el sector tecnológico de Cantabria”.

La implicación que puedan aportar las diferentes administraciones para facilitar el proyecto –lo que se correspondería con el entorno menos hostil que contemplan las proyecciones del informe de SpainDC– sería otra de las claves para que este salga adelante y, sobre todo, para que lo haga en los plazos que se pusieron sobre la mesa durante su presentación. De acuerdo a lo que allí se dijo, las obras comenzarían en 2026 en su fase 1 –la que se desarrollará en terrenos de Piélagos– y en 2028 las correspondientes a la fase 2. De cumplirse esos plazos, algo que depende en gran medida de la tramitación administrativa, el complejo podría estar en marcha en 2032.

Son plazos que parecen amplios contemplados desde la perspectiva de 2025, pero que quienes están habituados a enfrentarse a proyectos similares consideran excesivamente optimistas, cuanto menos si se trata de tener listo un ‘data center’ con las dimensiones de las que se está hablando. En cualquier caso, la ley de simplificación administrativa recientemente aprobada por el Parlamento de Cantabria va a tener ahí una buena piedra de toque para probar su eficacia.

Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC: “Los centros de datos requieren perfiles profesionales altamente cualificados”

La exvicealcaldesa de Madrid es, desde enero de 2025, directora ejecutiva de SpainDC, la asociación de ‘data centers’ de España.

 ¿A qué se considera un ‘data center’ en el informe de SpainDC, que no contabiliza ninguna instalación de este tipo en Cantabria?

La guía del sector solo refleja las infraestructuras de nuestros asociados, por lo que es posible que haya centros de datos relevantes fuera del listado, como los que mencionas en Cantabria. Un centro de datos se define como la infraestructura que alberga los servidores de las empresas, proporcionando la capacidad necesaria para almacenar y procesar datos de manera segura. Sin ellos, simplemente, no habría internet. Son la columna vertebral de la conectividad global, y sin su existencia no podríamos realizar operaciones digitales cotidianas como enviar un correo, hacer una videollamada o consultar un banco online. Además, son la base física sobre la que se apoya la economía digital. No podemos hablar de transformación digital, ni de inteligencia artificial, ni de automatización de procesos sin una red potente y sostenible de centros de datos que lo haga posible.

Llama la atención que se mencione el precio de la energía (por relativamente barato) como uno de los factores que contribuye a que España atraiga inversiones para instalar CPD, cuando el precio de la energía suele considerarse (por relativamente caro) un factor que resta competitividad a otro tipo de industrias. ¿A qué se debe esta aparente contradicción?

La clave para entender esta cuestión es que los centros de datos “no consumen” energía en el mismo sentido que otras industrias, sino que proporcionan la infraestructura necesaria para almacenar y procesar datos de manera eficiente. Además, operan utilizando energía 100% renovable, lo que les permite aprovechar acuerdos a largo plazo con productores de energías limpias que garantizan un suministro estable y competitivo. España se ha convertido en un destino atractivo para los centros de datos precisamente por su abundancia de energía renovable, con una capacidad de producción que supera con creces el consumo del país. Esta disponibilidad permite que el sector acceda a precios más competitivos en comparación con industrias intensivas en energía que dependen de fuentes más costosas o sujetas a mayor volatilidad en el mercado.

Según recoge el informe de SpainDC, Madrid y Barcelona concentran la mayor parte de la potencia instalada de ‘data centers’ en España, y Aragón se acerca al 11% tras atraer importantes inversiones en los últimos años. ¿Qué tienen estos territorios, aparentemente tan diferentes, que los hace especialmente adecuados para estas infraestructuras?

Madrid lidera el desarrollo del sector de centros de datos en España, concentrando actualmente el 54,8% de la oferta nacional, seguida de Barcelona (14,4%) y Aragón (10,7%). Sin embargo, Aragón se perfila como una de las regiones con mayor crecimiento en los próximos años, con previsiones de superar a Barcelona como el segundo polo de desarrollo del sector. El atractivo de Madrid es por haber ejercido de epicentro del sector en los últimos años, capitalizando buena parte de la inversión que llegaba a España al ser un hub importante de interconexión. En el caso de Aragón la llegada de las grandes empresas tecnológicas radica en tres factores clave: facilidad institucional, disponibilidad de suelo y acceso a energías renovables.

¿Qué cálculo puede hacerse en relación con la generación de empleo de un CPD, en función de su tamaño (entiendo que medido en términos de potencia)?

Los últimos datos disponibles reflejan que el sector de los centros de datos genera más de 480.000 empleos directos e indirectos en España. Este impacto demuestra que el crecimiento del sector no solo fortalece la infraestructura digital del país, sino que también tiene un papel clave en la creación de empleo estable y cualificado. Dado que se espera que la capacidad instalada se multiplique por seis en los próximos años, es previsible que la generación de empleo crezca en la misma proporción, consolidando su impacto positivo en un mercado laboral que, en muchos sectores, sigue siendo altamente estacional.

¿Qué perfiles profesionales demanda un ‘data center’ en funcionamiento y qué capacidad tiene para generar actividad dentro del sector TIC de su entorno?

Los centros de datos requieren perfiles profesionales altamente cualificados en electricidad, refrigeración, sistemas, ciberseguridad, automatización, IA y muchas otras ramas. Realizamos en 2023 un informe, sobre Perfiles Profesionales, que identificó 140 perfiles de alta demanda. Ante esta necesidad, desde Spain DC estamos colaborando con instituciones públicas y privadas para crear programas formativos que acerquen a los jóvenes al sector. Además, el desarrollo de los centros de datos dinamiza todo el ecosistema TIC, impulsando la innovación y la digitalización en empresas. Y aquí queremos insistir en algo crucial: sin centros de datos no hay economía digital. No hay inteligencia artificial. No hay soberanía sobre el dato. Por eso, estso CPD son una infraestructura crítica que un país como España debe proteger, fomentar y anclar como parte de su estrategia geopolítica, tecnológica e industrial.

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Alternativas a la vaca para un mejor equilibrio rural

El sector primario cántabro sigue dominado por el ganado bovino, que supone el 98% de la renta agraria de la región, pero iniciativas de cría de razas autóctonas, ganadería extensiva y producción alternativa, como la avicultura, demuestran que la diversificación es posible, aunque difícilmente rentable por sí sola.

Ana Bringas | Mayo 2025

Hubo un tiempo, muchos años atrás, en el que la ganadería en Cantabria se caracterizaba por la crianza en régimen extensivo, aprovechando los pastos naturales de los montes y prados. Ya entonces el vacuno predominaba frente a otros tipos de ganadería, pero también había presencia de ovejas, cabras, cerdos o caballos, estos últimos, sobre todo, eran utilizados en labores agrícolas y de transporte. Con el paso del tiempo, la modernización de infraestructuras, la mecanización del campo y la introducción de razas más productivas fueron transformando la ganadería.

Hoy, la región es un referente en la producción láctea y cárnica, con una actividad ganadera dominada casi en su totalidad por el vacuno. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 98% de la renta agraria animal procede del ganado bovino, con un 60% generado por la producción de leche y un 38% por la carne. El resto de especies apenas aportan un 2% del total. Así, la ganadería continúa siendo el motor económico del sector primario en Cantabria, representando más del 70% del valor de la producción agraria de la comunidad, un porcentaje que la sitúa entre las regiones con mayor peso ganadero de España. Además, en el ámbito de la producción vegetal, más del 85% del valor se destina a plantas forrajeras, fundamentales para la alimentación del ganado.

Esta clara prevalencia del vacuno se refleja también en la distribución de explotaciones ganaderas en la región. Los números que arrojan los últimos informes del Icane reflejan que Cantabria cuenta con 7.096 explotaciones de vacuno, que albergan un total de 254.605 reses, con una media de 35,88 reses por explotación. En comparación, la ganadería ovina y caprina presenta cifras mucho más modestas. En el caso del ovino, existen 5.769 explotaciones, con 65.109 reses y un promedio de 11,29 animales por explotación, mientras que el caprino registró 3.432 explotaciones, con un censo de 30.257 reses con una media de 8,82 por explotación. Estas cifras ponen de manifiesto la menor dimensión de la ganadería alternativa en Cantabria.

Con todo, y a pesar del dominio absoluto del ganado vacuno en la economía agraria cántabra, ese pequeño 2% restante de la ganadería juega un papel crucial en la sostenibilidad del medio rural y la conservación de algunas razas autóctonas. Estas explotaciones, en su mayoría extensivas, contribuyen a la limpieza y regeneración de los montes al aprovechar los pastos naturales y los recursos forestales sin necesidad de insumos externos intensivos. Además, la conservación de especies como el cerdo celta o la yegua monchina ayudan a evitar que se pierdan razas autóctonas bien adaptadas al ecosistema cántabro así como a reducir el riesgo de incendios al consumir el matorral y las llamadas árgumas. Aunque su peso económico es reducido en comparación con el vacuno y, en algunos casos, se crían por entretenimiento o como complemento a otras actividades, su impacto ambiental positivo las convierten en una alternativa clave para un desarrollo agrario más sostenible a largo plazo.

La alternativa a la carne de la vaca

Consciente de esta cuestión, desde la quesería Quesoba, ubicada en el Valle de Soba, Álvaro Alonso decidió emprender un proyecto de recuperación del cerdo celta, combinando su conservación con una gestión sostenible del medio. Alonso vio en este animal una oportunidad para complementar su actividad, reutilizando el suero sobrante del queso como alimento para los cerdos y aprovechando los recursos naturales del monte que, dice, “es una pena que se pierdan”.

Por ello, desde hace seis años, Quesoba cría cerdos celtas en semilibertad en una extensa parcela en Sangas de Soba, donde los animales se alimentan de bellotas de robles y encinas, hayucos y ortigas procedentes de la limpieza de otras fincas. Estas últimas, ricas en proteína y nitrógeno, representan un excelente complemento nutricional. En este punto, el propietario de la empresa indica que a diferencia de la ganadería intensiva, donde los cerdos alcanzan su peso de sacrificio en apenas cuatro meses, los cerdos celtas siguen un crecimiento “natural y lento”, tardando 14 meses en desarrollarse completamente, lo que repercute en una carne de mayor calidad y sabor.

La empresa cuenta actualmente con 40 cerdos, cuya carne es procesada en el matadero de Barreda y transformada en embutidos y otros productos en Villaescusa, para después distribuirse en tiendas y restaurantes. Esta actividad, admite Álvaro Alonso, no supone una gran fuente de ingresos, pero sí aporta valor añadido a la marca, diferenciándola en el mercado con una propuesta exclusiva basada en la recuperación de una raza casi desaparecida.

Álvaro y José María Alonso, propietarios de la Quesería Quesoba. La cría de cerdos se plantea como una actividad complementaria, que permite una producción alternativa y aprovechar el suelo sobrante de la fabricación. Foto: Nacho Cubero.

El responsable de Quesería Quesoba destaca la importancia de diversificar dentro del sector ganadero y no depender únicamente de una sola producción. “Los ganaderos tienen que darse cuenta de la importancia de diversificar. El ganadero es muy rígido en ese sentido”, afirma. “Antes de la expansión de la industria láctea, en Cantabria era común encontrar piaras de cerdos y ganado menor, pero con el tiempo esta tradición se ha ido perdiendo”. Sin embargo, iniciativas como la de Quesoba demuestran que recuperar estos modelos no solo es posible, sino que además contribuye al aprovechamiento de los recursos naturales.

Si las amenazas a las que se enfrentan las explotaciones bovinas son, en líneas generales, las trabas burocráticas, la amenaza del lobo o el relevo generacional, la ganadería alternativa tampoco está exenta de dificultades. A pesar de su menor presencia en el sector, estas explotaciones también deben lidiar con normativas exigentes que a menudo no se adaptan a su escala productiva, lo que dificulta su viabilidad económica. Además, la presión de la fauna salvaje, especialmente en sistemas extensivos, supone un riesgo constante para el ganado menor, como ovejas y cabras.

Carlos Elizondo, representante de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), advierte de que la falta de protección frente a los ataques del lobo está llevando a la desaparición del ganado caprino y ovino en Cantabria. Además de esta amenaza natural, los ganaderos enfrentan problemas burocráticos que dificultan la rentabilidad de su actividad.

El coste del sacrificio

Uno de los principales obstáculos es la normativa sobre sacrificio. Actualmente, los ganaderos están obligados a llevar su ganado al matadero de Barreda, donde el coste de sacrificio de un cordero oscila entre 20 y 30 euros, mientras que su precio de venta ronda los 90 euros. A esto hay que sumarle los gastos de transporte, lo que reduce considerablemente el margen de beneficio. Elizondo rememora que, en el pasado, los corderos podían venderse directamente a restaurantes o particulares, lo que permitía ahorrar costes y mejorar la rentabilidad. El representante de Asaja propone que se facilite el sacrificio en las propias explotaciones bajo unas condiciones sanitarias mínimas, para evitar que gran parte del dinero se pierda en el proceso.

Además del ovino y caprino, Elizondo cría yeguas monchinas en el Valle de Soba, una raza autóctona de Cantabria que, aunque menos productiva que la hispano-bretona, desempeña un papel crucial en la conservación del paisaje. Sin embargo, su comercialización es limitada, ya que en España no existe una gran tradición de consumo de carne de potro, a diferencia de países como Italia o Francia. Aunque algunos ejemplares se venden en Pamplona, los precios son bajos, lo que dificulta su rentabilidad.

Carlos Elizondo, representante de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Cantabria y criador de yeguas monchinas, además de ganadero de cabras y ovejas. Foto: Nacho Cubero.

Otro gran problema es el lobo, cuya presencia ha afectado gravemente la cría de potros. “Llevo años sin vender potros porque son presas fáciles. Además, tienen una carne dulce y tierna, y eso les gusta”, lamenta Elizondo. A pesar de las dificultades, sigue conservando la raza por su valor ecológico y su aprecio personal. “Me gustan mucho”, reconoce.

Desde el punto de vista medioambiental, las yeguas monchinas cumplen una función clave en la prevención de incendios forestales, dado que se alimentan de maleza como las árgumas, uno de los combustibles más comunes en los incendios. “Son desbrozadoras naturales, eso no lo hacen las vacas, que son más delicadas”, explica.

Para fomentar la conservación de estas razas autóctonas, la Dirección General de Ganadería ofrece incentivos económicos anuales a los ganaderos que las crían, calculados en función de la Unidad de Ganado Mayor (UGM), una medida que varía según el tipo de ganado. El importe máximo por explotación es de 5.000 euros, según lo establecido en el Boletín Oficial de Cantabria de 2025.

Más allá de ganado ovino, caprino o equino, existen también otras opciones como la cría de gallinas. Supone otra alternativa viable, aunque el contexto actual presenta algunas dificultades. Como en la Holanda del siglo XVII, –cuando una acuciante fiebre especulativa catapultó el precio de los bulbos de tulipán hasta situarlo 40 veces por encima del ingreso medio anual de una persona de la época– España atraviesa lo que ya se ha popularizado como la fiebre del huevo.

Pilar Ortiz, en las instalaciones de la granja familiar donde producen bajo la denominación Huevos Camperos del Asón. Foto: Nacho Cubero.

Este fenómeno golpea de hecho el mercado global, afectando, claro, a negocios locales como el del matrimonio conformado por Pilar Ortiz y Pablo Fox. Su granja de gallinas Huevos Camperos del Asón, situada en el término municipal de Arredondo, se ha visto obligada a subir el precio de la docena hasta los 5,50 euros. Son 30 céntimos más que hasta hace unas semanas. A esta cuestión, que se ve incrementada igualmente por la subida en el precio del pienso de los animales, se suma la gripe aviar. “Todos los años hay casos de la enfermedad, pero este hay mucho más”, lamenta Pilar, quien destaca también entre las amenazas a su negocio los ataques de aves rapaces, que admite que tienen “difícil solución”. Por otra parte, lo que sí tienen controlado son las incursiones de zorros o jinetas, grandes depredadores terrestres de gallinas, gracias a un cierre perimetral que rodea la hectárea de terreno donde pastan sus 1.800 gallinas.

En junio de este 2025, su negocio familiar cumplirá 11 años. En origen Pilar comenzó con el negocio sola. Después, dado el volumen de trabajo, su marido Pablo dejó su trabajo para dedicarse a la granja. “Ahora, no es la pera pero vivimos de esto toda la familia [ellos y sus hijos]”, indica.

Además de producir, hacen venta directa a hostelería y tiendas locales. Parte de la producción se va a Vizcaya. Pilar dice que en los momentos más productivos del año, obtienen una centena de docenas diarias y que cuando la producción disminuye, generalmente en invierno, se aprovecha para hacer el “cambio de lote”, es decir, renovar las gallinas y hacer una limpieza y desinfección de las instalaciones. Son los dos meses de menor producción.

Entre los planes de la empresa, no se plantean aumentar la producción. Apuestan, “por el momento”, por una producción “pequeña y de calidad”. Para Pilar, su negocio es una prueba de que en Cantabria aún queda mucho por explorar fuera del vacuno, aunque reconoce que las opciones siguen siendo limitadas. La historia de su granja demuestra que la diversificación puede ser una alternativa viable, pero también que requiere de una gran capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado y a las dificultades propias de la ganadería en extensivo.

A pesar de los múltiples desafíos que enfrentan los ganaderos cántabros, tanto aquellos dedicados al vacuno como quienes apuestan por alternativas extensivas, una reciente medida del Gobierno de Cantabria abre una vía para aliviar una de sus principales preocupaciones: los ataques del lobo. La Consejería de Desarrollo Rural, encabezada por María Jesús Susinos, ha propuesto a la Mesa del Lobo la extracción de hasta 41 ejemplares con el objetivo de reducir el impacto de esta especie sobre la cabaña ganadera cántabra.

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Autocares NR Ruiz: experiencia y renovación en ruta

La veterana empresa cántabra con sede en Ontaneda ha invertido más de dos millones de euros en los últimos tres años para adquirir doce nuevos autocares con los que continuar modernizando su flota, compuesta hoy por medio centenar de unidades. Próxima a cumplir los 70 años de trayectoria y con una sólida posición en transporte escolar y en rutas discrecionales, NR Ruiz confía en mantener el crecimiento durante el presente ejercicio, pese a una situación del mercado marcada por la constante subida de los costes y la escasez de conductores.

Manuel Casino | Mayo 2025

“Este año intentaremos crecer algo, pero va ser complicado porque todos los costes se han incrementado muchísimo”. Así lo augura el gerente de Autocares NR Ruiz, Juan Carlos Ruiz, la cara visible y miembro de la segunda generación de esta empresa familiar de transporte de viajeros por carretera fundada en 1958 por los hermanos Nilo y Raúl Ruiz –de ahí las iniciales NR en el nombre de la compañía– especializada en rutas escolares y servicio discrecional que en la actualidad factura alrededor de 3,5 millones de euros anuales.

Para justificar su pronóstico, Ruiz resalta el importante aumento que han experimentado los precios de los vehículos, el gasoil y el personal, los tres principales ‘input’ a tener en cuenta en el sector. “El coste de un autobús ha subido entre un 20 y 30% y hoy uno de largo recorrido supera con facilidad los 300.000 euros”, explica el responsable de esta empresa, que en los tres últimos ejercicios ha invertido más de dos millones de euros en la adquisición de doce nuevos autocares para renovar una flota compuesta por aproximadamente medio centenar de unidades con una edad media de entre seis y siete años.

En el caso del combustible, que se ha incrementado en más de un 30% con relación a 2021, según reflejan varios estudios, este empresario recuerda que el consumo medio de un autocar ronda los 30 litros cada 100 kilómetros, un dato que, no obstante, reconoce que los nuevos vehículos, cada vez más eficientes, pueden llegar a reducir en hasta cuatro o cinco litros.

Finalmente, Ruiz cita la mejora que han experimentado los conductores en sus condiciones laborales, no solo salariales. “Los sueldos son buenos, al igual que las dietas, y los tiempos de conducción y de descanso obligado de dos días semanales son también ahora muy buenos”, detalla convencido del papel destacado que estos trabajadores desempeñan en su negocio, especialmente en el caso del servicio discrecional, es decir, aquellos transportes que no están sujetos a itinerarios, horarios, calendarios ni rutas preestablecidas, sino que obedecen a encargos de clientes, ya sean particulares o empresas, para celebraciones, eventos o congresos, un mercado floreciente por el que esta compañía ha hecho una apuesta decidida destinando diez de sus vehículos en exclusividad.

Juan Carlos Ruiz, gerente de NR Ruiz, en uno de los últimos autobuses adquiridos por la empresa de Ontaneda. Foto: Nacho Cubero.

“Para que un cliente repita el 90% es el conductor. Puedes tener el mejor conductor del mundo, pero si es una persona desagradable, pierdes al cliente”, razona Ruiz antes de alabar la profesionalidad de su plantilla integrada por entre 45 y 50 empleados en función de la época del año –“nuestra actividad es muy estacional”, subraya–, de los que solo tres de ellos –dos en talleres y otro en oficinas– no se sientan al volante.

La temporada de más actividad para la empresa de Ontaneda se concentra en los meses de abril, mayo y junio, coincidiendo con las excursiones de fin de curso, los días más largos y la llegada del buen tiempo. A las puertas de esta temporada alta, a la que siguen los meses de verano, de menos trabajo hasta que en septiembre se reinicia el curso escolar, Ruiz precisa que no ve tanta alegría como en otros años. “En Semana Santa seguramente llenaremos, pero la incertidumbre y la carestía de la vida hacen que muchas personas vayan muy justas. Seguro que lo vamos a notar en el servicio discrecional. Porque primero es comer y vestirse y luego, si se puede, irse de excursión”, concede.

Pese a ello, el gerente de esta empresa agradece el creciente interés turístico que Cantabria despierta entre las asociaciones de personas mayores, agencias de viajes y mayoristas del sector. “El clima, que antes era un freno, ahora nos está ayudando”, confiesa esperanzado en que algún día también recalen más cruceros en el Puerto de Santander. “Los pocos cruceristas que vienen demandan habitualmente excursiones a Santillana, Comillas o Potes, además de conocer el Guggenheim en Bilbao. Es un público objetivo que nos interesa mucho. Ojalá llegaran más, pero por el momento ahora atracan poco más de quince cruceros al año cuando en el País Vasco casi llegan los mismos en un día”, lamenta el gerente de NR Ruiz.

Rutas escolares

Con todo, este empresario que vive pegado al teléfono móvil detalla que más del 60% de su actividad descansa en las rutas escolares que periódicamente saca a concurso la Consejería de Educación. En concreto durante este curso los autocares de NR Ruiz atienden 53 rutas de colegios públicos de la región, fundamentalmente en las zonas de Torrelavega, Santillana del Mar y el arco de la bahía de Santander.

«Si por ejemplo se avería un autocar, estamos en condiciones sustituirlo por otro en muy pocos minutos”, Juan Carlos Ruiz, gerente de NR Ruiz

Se trata, según explica el responsable de la empresa, de un segmento del mercado que cada vez se muestra más competitivo y en el que, además del precio ofertado y de las condiciones y edad media de los vehículos, pesa y mucho contar con las infraestructuras necesarias que permitan a la empresa reaccionar con rapidez ante cualquier eventualidad. “En nuestro caso, si por ejemplo se avería un autocar, estamos en condiciones sustituirlo por otro en muy pocos minutos”, aclara para destacar la oportunidad de contar con una sede central en Ontaneda y otras dos bases en Torrelavega y Santander donde, avanza, prevé trasladar sus actuales instalaciones de la Ciudad del Transporte a una nueva nave que recientemente han adquirido en el polígono industrial El Campón, e Peñacastillo.

Pero por encima de esta consideraciones, Ruiz sostiene que lo que diferencia a su compañía de la competencia es el hecho de contar con una flota “muy moderna” y una experiencia de más de 60 años en el sector “sin incidencias”. “Tenemos prestigio y ofrecemos mucha confianza a los clientes”, resume.

Sector poco valorado

En su análisis, el gerente de NR Ruiz se queja de que el sector está poco valorado en España. “El autocar viene de muy abajo y tenemos que dar valor a lo que hacemos”, reclama antes de ilustrar su petición con un ejemplo: “Alquilar un autobús para una excursión de fin de curso de siete días a París cuesta unos veinte euros por pasajero, es decir, unos 140 euros por tener a tu entera disposición un vehículo y su conductor 15 horas al día durante una semana. ¿Es eso caro?”, se pregunta comparándolo con el desembolso que en ese caso supone el alojamiento o la manutención. Como contrapartida, explica que cualquier empresa del sector tiene que tener en cuenta que el coste de rodar un kilómetro es de 1,71 euros, según refleja el último informe elaborado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del que echa mano. “Que cada empresario haga luego sus números, estime lo que su negocio aporta de valor añadido y el beneficio que espera obtener. Si no le salen, está claro que no podrá renovar la flota ni hacer las cosas bien”, enfatiza.

Volviendo la vista hacia atrás, Ruiz defiende que lo que más evolucionado en los últimos años es la seguridad de los vehículos, un aspecto en el que sostiene que su empresa ha ido por delante, antes incluso de que la Unión Europea impusiera en julio de 2022 la obligatoriedad de equipar los vehículos nuevos con sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). “Nosotros, aunque la UE aún no lo exigía, decimos implantar estos sistemas en nuestros vehículos porque la tecnología ya existía”, esgrime para resaltar la importancia de que los autocares cuenten con sensores, cámaras, radares y otros dispositivos para mejorar la seguridad y la experiencia de conducción.

Las pantallas que sustituyen a los espejos retrovisores, y que son uno de los equipamientos tecnológicos de seguridad que incorporan los nuevos autobuses. Foto: Nacho Cubero.

“Hoy los conductores trabajan más seguros”, subraya mientras muestra uno de los últimos autocares que acaba de sumar a su flota, dotado de cámaras en lugar de los clásicos y voluminosos espejos retrovisores exteriores que penalizan la aerodinámica y, por consiguiente, también el consumo. “Cada vez es más fácil conducir. El vehículo lo hace casi todo solo: corrige si es necesario la rodadura, frena en caso de emergencia, detecta la fatiga del conductor e incluso le obliga a soplar en un alcoholímetro antes de subirse al autobús de tal forma que, si detecta grado de alcohol, no arranca”, especifica.

Escasez de conductores y renovación constante

De otro lado, el gerente de NR Ruiz pone el foco en la falta de profesionales que quieran ponerse al volante, un problema que, en su opinión, resulta aún más acuciante en el caso del servicio discrecional. “Encontrar conductores para hacer discrecional puro y duro es mucho más complicado que para cubrir rutas escolares. A los trabajadores les cuesta cada vez más tener que pasar varios días fuera de casa como exigen, por ejemplo, los viajes de fin de curso”, explica.

Sin embargo, Juan Carlos Ruiz admite que este obstáculo se está logrando superar gracias, en parte, al creciente número de conductores que están abandonando el camión para pasarse al autobús, mucho más llevadero. “El sector del autocar resulta atractivo para estos conductores porque evidentemente no es lo mismo recorrer 200 kilómetros diarios que como mucho conducirá uno de autocar, que los 700 que puede llegar a hacer un camionero”.

En cualquier caso, lo que Ruiz demanda es la necesidad de incentivar que los jóvenes se incorporen al sector. En este sentido, aplaude el acuerdo provisional alcanzado por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo el pasado 25 de marzo sobre las nuevas normas relacionadas con el permiso de conducir que permitirá, entre otros aspectos, reducir de 24 a 21 años la edad mínima para conducir un autocar, siempre que se disponga del correspondiente certificado de aptitud profesional (CAP).

La especialización en transporte escolar y discrecional obliga a tener una flota diversa y adaptada a cualquier uso. Foto: Nacho Cubero.

Del mismo modo, también reconoce la importancia de iniciativas pioneras como la adoptada el pasado año por Alsa, cuando promovió la igualdad de género en el sector de la movilidad con la concesión de 150 becas de formación gratuita destinadas exclusivamente a mujeres que quisieran convertirse en conductoras de autobús profesional. En esta línea, Ruiz anuncia que mantiene, a través de la asociación profesional Upavisan, contactos con el Gobierno de Cantabria de cara a convocar subvenciones que ayuden a los jóvenes de la región a costearse la obtención del carnet D de conductor de autobús que, según sus cálculos, puede suponer, incluido el CAP de 280 horas de duración, un desembolso de entre 3.000 y 4.000 euros.

Finalmente, el gerente de esta empresa de transporte de viajeros por carretera reitera que su objetivo fundamental es continuar renovando la flota de autocares. “Es una constante que tenemos que mantener”, afirma con un ojo puesto en otras empresas del sector que, según afirma, no encuentran relevo generacional, como sí es su caso –de hecho, ya se ha incorporado al negocio algún miembro de la tercera generación familiar– para continuar ejerciendo su actividad. “Hay empresarios que por este motivo se están planteando vender. Si surgiera alguna oportunidad interesante, no nos importaría incorporar su negocio al nuestro”, concluye el responsable de NR Ruiz.

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Los otros partidos que juega el Racing

El último cambio de propiedad del club impulsó un viraje del rumbo de la Fundación Real Racing Club, que pasó de ser un medio para aligerar la carga presupuestaria de la sociedad anónima deportiva a operar como un instrumento con el que acometer proyectos de responsabilidad social. Aunque la academia y los programas formativos mantienen un notable peso dentro de su catálogo, la entidad desarrolla su actividad en torno a otros seis grandes ejes, con la sostenibilidad, la inclusión, la salud y la cultura como objetivos centrales. Con un presupuesto de 900.000 euros y una decena de trabajadores en plantilla, la Fundación busca diversificar sus fuentes de financiación a través de mecenazgos y patrocinios, adaptados tanto a grandes y pequeñas empresas como a particulares.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Mayo 2025

Ha sido un cambio que ha pasado casi desapercibido fuera de los círculos más cercanos, pero cuyos efectos pueden rivalizar en trascendencia con cualquiera a los que puedan dar lugar los hipotéticos, y siempre coyunturales, éxitos deportivos. Eclipsado por todo lo que ha supuesto en términos competitivos, el último cambio de propiedad del Real Racing Club ha provocado también una radical transformación de la Fundación que la sociedad anónima creó en 2012, coincidiendo con una de las etapas más convulsas, tanto en lo económico como en lo deportivo, vividas por la institución. En aquel momento, el objetivo era descargar en el nuevo organismo la labor de organizar los actos del centenario del club y, pasados estos, liberar al club de alguna de sus partidas de gasto, captando los ingresos para sostenerla.

Nada queda de eso en el papel diseñado por los nuevos propietarios, que sobre la base de lo realizado en la anterior etapa dan un giro completo a la naturaleza de la Fundación: de funcionar como un instrumento de generación de recursos para el club, pasa a ser el instrumento con el que este lleva a cabo iniciativas sociales, corriendo a cargo del Racing la financiación de estas, bien directamente o bien aprovechando su relevancia en Cantabria para lograr la implicación de terceros.

En lo que fue una de los primeras decisiones tomadas por los nuevos propietarios del Racing, las secciones de fútbol base del club dejaron de depender de la Fundación para volver a la estructura deportiva del equipo, un cambio relevante por cuanto suponía liberarla de una de las tareas que asumió en sus orígenes, y muy indicativo de la transformación que se buscaba. Entre lo que sí permanece de una etapa a la otra está César Anievas, director de la Fundación Real Racing Club, a la que se incorporó en 2015 como responsable de su iniciativa más exitosa, la Academia Racing. Esta sigue siendo, junto al resto de actividades que componen el eje formativo, el principal pilar de la entidad, aunque en el nuevo diseño de su estructura se contempla que el desarrollo de las nuevas líneas puestas en marcha en los últimos meses vaya restándole protagonismo.

 

Parte del equipo de la Fundación Real Racing Club: Estela Monar, responsable de redes y diseño; César Anievas; Ana San Segundo, responsable de administración; Sebastián Ceria, máximo accionista del Real Racing Club y presidente de la Fundación; Leire Malo, responsable de logística; Agustín Ibáñez, director del área de sostenibilidad; y Ariadna Siri, psicóloga y responsable del programa Racing vs Bulling.

Junto a la formación, la oferta de la Fundación se organiza en torno a otras seis líneas verticales: deporte inclusivo, Racing Sostenible, iniciativas solidarias, alianzas, programas sociales y Racing Cultura. Todas ellas se han concretado ya en acciones concretas, algunas con éxitos tan notables –y en cierto modo sorprendentes, por lo rápido que se ha alcanzado tras su puesta en marcha– como el de Racing Genuine, el equipo formado por personas con discapacidad intelectual que participó el año pasado en la competición organizada por la Fundación Laliga.

Al Genuine, estandarte junto a las escuelas para personas con discapacidad de la línea de deporte inclusivo, se añaden programas como el del Racing contra el Bulling o Mujer Global –englobados dentro de la vertical de programas sociales–, el fomento de la economía circular que constituye una de las líneas de Racing Sostenible, los convenios con empresas y organismos públicos en los que se concretan las alianzas o los eventos y actos que promueve el área de cultura.

Entorno deportivo y mucho más

“La Fundación es el medio que tiene el Racing para transformar la sociedad en Cantabria”, resume César Anievas al repasar los objetivos de cada una de las iniciativas puestas en marcha, un propósito tan ambicioso que hay quien podría calificarlo de utópico, y en el que no es difícil encontrar el rastro de esa “suspensión de la incredulidad” que Sebastián Ceria, el filántropo hispanoargentino que es el máximo accionista del club, pide tanto a los seguidores del equipo como a quienes trabajan con él.

“Sebastián piensa a lo grande. Si ponemos en marcha un programa, que sea un programa modélico para que nos copien. Si hacemos esto, ¿por qué no lo exportamos? Si lo hacemos en Cantabria, ¿por qué no lo hacemos a en toda España? Y si lo hacemos a nivel nacional, vamos a buscar ayuda para trasladarlo a otros países… creo que está siendo capaz de transmitirnos esa mentalidad a todos”, explica el director de la Fundación Real Racing Club.

Además de con la puesta en marcha de programas en todas las áreas en las que organiza su actividad, el renovado planteamiento con el que ahora se rige la Fundación ha llevado a un refuerzo de su estructura y un aumento presupuestario que ha transformado por completo el día a día de la entidad. “Hace dos años, para mí era impensable que estuviésemos presentes en quince colegios dando un programa preventivo contra el ‘bullying’, o que trabajásemos codo con codo con Valdecilla para trabajar con veinte chicos para que trabajen con nuestros medios, con nuestros nutricionistas y los psicólogos becados en la academia para generar hábitos de vida saludables y ser parte del tratamiento con el que mejorar su salud”, expone César Anievas remitiéndose a alguno de los programas en marcha: “Ha sido un cambio radical de mentalidad, nos hemos convencido de lo mucho que somos capaces de hacer”.

Más medios para aprovechar la ola de ‘racinguismo’

La Fundación Real Racing Club cuenta con un presupuesto para este año que se mueve en el entorno de los 900.000 euros, y una plantilla estable compuesta por 11 empleados. Ambas cifras se mueven en los máximos históricos, aunque tanto en un caso como en otro se confía en dar continuidad al crecimiento y dejar atrás las cifras actuales más pronto que tarde. Como referencia, César Anievas recuerda que cuando se produjo el último cambio de propiedad del Racing, en el verano de 2023, la plantilla era de solo tres personas, excluyendo a quienes trabajaban en las secciones inferiores del club y que hoy vuelven a depender directamente de este.

El crecimiento en medios y actividad experimentado en el último año y medio, y el que se espera en un futuro próximo, ha hecho que las instalaciones que ahora ocupa la Fundación, en las instalaciones Nando Yosu de La Albericia, empiecen a quedarse pequeñas. “Nos pasa un poco como al equipo, hay una ola de ‘racinguismo’ que ha venido muy rápido y a la que tenemos que adaptarnos. Diría que resolver esa falta de espacio empieza a ser algo urgente”, advierte el director de la Fundación Racing Club, que recuerda también el vuelco que se ha dado, también en este aspecto, en relación con la situación anterior, cuando el edificio en el que hoy trabaja, recuerda, parecía un “hospital vacío”.

Una de las clases de la Academia Racing. La formación es uno de los siete áreas que atiende la Fundación.

En lo que tiene que ver con la actividad de la Fundación, las instalaciones de La Albericia acogen a la academia y los campus, las actividades con mayor participación entre las que realiza. La academia, que ofrece clases de apoyo, un lugar en el que realizar los deberes y practicar deporte, atiende a más de 500 chicos y chicas durante el curso escolar, a los que hay que sumar los casi 2.000 que pasan por las instalaciones durante los campus que se organizan coincidiendo con los periodos vacacionales en colegios e institutos. y cuantos críos pasan por ahí. Ambos programas, describe César Anievas, son el nexo de unión entre el Racing y los niños y niñas de Cantabria, una relación con la que no se buscan talentos futbolísticos para el equipo, sino el fomento de valores como el respeto y el compañerismo a través de la práctica deportiva.

Las cuotas que abonan los alumnos de academia y campus son una de las fuentes de autofinanciación con que cuenta la Fundación. César Anievas admite que en términos presupuestarios existe una excesiva dependencia de los ingresos que generan las actividades que combinan formación y deporte. “Aunque lógicamente los recursos que generamos ahí también los destinamos a los programas sociales, queremos cambiar esa tendencia”.

Implicación de las empresas

Como es habitual en cualquier fundación, una parte del presupuesto se cubre con la aportación del patronato y de las empresas que se implican en uno u otro programa. En el caso de la Fundación Real Racing Club, esas fórmulas de colaboración se amplían a particulares a través de la iniciativa club ‘racinguista’, que ofrece la posibilidad de donar cualquier cantidad a partir de 60 euros al año. La fórmula tiene también su réplica para empresas a través de la bautizada como Zona Racinguista, con aportaciones desde 250 euros al año que, además de servir para respaldar e implicarse en los proyectos de la Fundación, ofrecen como contrapartida la posibilidad de identificar al negocio como punto de encuentro de los seguidores del club.

A lo anterior hay que unir la subvención pública, por parte del Gobierno de Cantabria, a varios de los programas que desarrolla la Fundación, como los de sostenibilidad, contra el ‘bulling’, el deporte inclusivo o el de ‘Sabor a norte’, con el que se quiere promocionar la alimentación saludable a partir del consumo de productos que se elaboran artesanalmente en Cantabria.

«Tenemos que conseguir que [el tejido empresarial de la región] nos vea como una oportunidad para apoyar medidas sociales». César Anievas, director de la Fundación.

En todos los casos son iniciativas que parten de una idea de la Fundación Real Racing Club, para la que luego se ha conseguido financiación pública. “Hemos notado ese apoyo y estamos muy agradecidos. Nos falta la que para mí es la última pata, el tejido empresarial de la región, que tenemos que conseguir que nos vea como una oportunidad para apoyar medidas sociales. Esos mecenas pueden ayudarnos a crecer y a poner en marcha nuevos programas”, concluye el director de la Fundación Real Racing Club.

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El sector ganadero ante Mercosur, el lobo y otros desafíos

Un año después de la gran tractorada, el sector ganadero sigue denunciando la asfixia burocrática, la falta de relevo y la competencia desleal de productos importados. La situación es compleja y, aunque se han producido algunas mejoras, advierten que no permitirán que su sector siga siendo tratado como una “moneda de cambio”.

Ana Bringas | Abril 2025

Como una “moneda de cambio”. Así se siente el sector ganadero en términos generales respecto al acuerdo con los países del Mercosur o la abundante presencia del lobo en Cantabria. La primera es una de las principales amenazas y preocupaciones para las organizaciones agrarias cántabras, y varias coinciden en señalar que para la clase política son un instrumento de negociación que ha entrado a jugar un importante papel en las complejas dinámicas de intereses políticos, económicos y ambientales de España en la Unión Europea (UE). La segunda, el aumento de manadas de lobos en el territorio y sus continuos ataques, se suma a la problemática sin visos de mejora.

Ya se ha cumplido un año desde la multitudinaria tractorada que tomó Santander en febrero de 2024 en protesta por la delicada situación del campo. En aquel momento, unos tres centenares de tractores ocuparon las principales calles de Santander en señal de defensa del campo y sus problemas. El acuerdo con Mercosur, posterior a aquello, la asfixia burocrática, la proliferación del lobo, la falta de relevo generacional… Son varios los frentes abiertos del sector y aunque desde las organizaciones profesionales agrarias de Cantabria no quieren lanzar un mensaje negativo sobre el panorama actual, sí reconocen que hay mucho por solucionar.

Es curioso porque observando los datos del Instituto Cántabro de Estadística (Icane), conocemos que entre los años 2001 y 2023, el número total de explotaciones ganaderas ha aumentado de 14.516 a 16.297, lo que representa un crecimiento del 12,3%. No obstante, este incremento se observa principalmente en las explotaciones de ovino y caprino, que han aumentado en 3.747 y 2.922, respectivamente. Sin embargo, en el caso del vacuno, el número de explotaciones ha disminuido en 4.888, lo que indica un cambio en la estructura de la ganadería.

Ganado vacuno en un paisaje cántabro de montaña. Foto: PM Photo.

A pesar del aumento en el número de explotaciones, el total de reses ha disminuido en 70.854 cabezas, pasando de 420.825 en 2001 a 349.971 en 2023. Esta reducción se ha dado principalmente en vacuno y ovino, con una caída de 80.702 y 5.813 reses, respectivamente. En contraste, el sector caprino ha experimentado un crecimiento en su número de reses, con 15.661 más que en 2001.

El tamaño promedio de las explotaciones ha seguido una tendencia mixta. Destaca el caso del vacuno, en este sentido, aunque hay menos explotaciones, el número de reses por explotación ha aumentado de 27,98 a 35,88, lo que indica una mayor concentración de animales por unidad productiva. Por otro lado, en ovino y caprino, el promedio de reses por explotación ha caído significativamente. En ovino, pasó de 35,08 a 11,29, mientras que en caprino, bajó de 28,62 a 8,82, lo que sugiere una fragmentación de la producción en unidades más pequeñas.

Aunque hay más explotaciones ganaderas en Cantabria, el número total de reses ha disminuido, especialmente en vacuno

En conclusión, aunque hay más explotaciones ganaderas en general, el número total de reses ha disminuido, especialmente en vacuno. Además, la estructura de las explotaciones ha cambiado: en vacuno hay menos pero con mayor tamaño, mientras que en ovino y caprino hay más explotaciones, pero con menos reses por unidad.

Llama la atención la pérdida de casi 5.000 explotaciones ganaderas de especie vacuna. Más allá de los datos, la situación actual evidencia una escasez de relevo generacional que previsiblemente apunta a la pérdida de muchas explotaciones más. Desde las organizaciones agrarias cántabras señalan que la media de edad de los dueños de ganaderías en la región está por encima de los 60 años, lo que se traduce en un sector envejecido, con dificultades para renovarse y también para adaptarse a la carga burocrática que se exige actualmente.

Alberto Pérez Quintial, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA). Foto: PM Photo.

Según Alberto Pérez Quintial, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la situación del sector desde las manifestaciones del año pasado “no ha ido a peor” e incluso “algo ha mejorado”. En cuanto a los precios, destaca que el de la carne se encuentra en un momento óptimo –“los terneros valen mucho dinero”– y el de la leche “no está mal”. La escasez en Europa, especialmente en Francia, dice, está beneficiando a España. También resalta que el precio de las materias primas, como los cereales, no es alto.

Por su parte, Luis Pérez Portilla, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (Ugam-Coag), subraya la necesidad de incrementar los precios de la leche, ya que en España se encuentran, advierte, “por debajo de la media del resto de la Unión Europea”.

Mercosur

Sin embargo, tanto Pérez Quintial como Pérez Portilla y Carlos Elizondo, secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), coinciden en expresar una gran preocupación por el acuerdo Mercosur, al considerar que se está utilizando a ganaderos y agricultores como “moneda de cambio para las multinacionales”. Desde UPA explican que los productos importados desde Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay llegan con condiciones de producción distintas, lo que supone una “competencia desleal” para el sector primario de Cantabria.

En el mismo sentido, en cuanto al libre comercio, desde Ugam-Coag Pérez Portilla critica que no se apliquen los mismos controles de seguridad alimentaria a los productos importados que a los que se exigen a las explotaciones españolas, las cuales deben cumplir con sistemas de producción mucho más complejos. Considera que esta diferencia supone una competencia desleal que perjudica gravemente al sector.

Luis Pérez Portilla, secretario general de Ugam-Coag. Foto: PM Photo.

Pérez Portilla también señala que la burocracia “exagerada” es un problema histórico que cada vez lastra más a los ganaderos españoles, mientras que en otros países no se imponen los mismos requisitos. Explica que este exceso de trámites administrativos dificulta la obtención de ayudas en el día a día. En este sentido, cuestiona la Política Agraria Común (PAC), afirmando que “no tiene sentido” debido a sus exigencias y directrices alejadas de la realidad del sector. Sostiene que pocos ganaderos pueden acceder a estas ayudas y que, en su opinión, la PAC debería garantizar una renta asegurada, ya que Mercosur “tira por tierra la seguridad de los ganaderos”. “A nosotros se nos exige mucho en materia medioambiental, mientras que a Mercosur no”, denuncia.

Sobre la carga burocrática, Elizondo advierte que “cada vez va a peor y exigen más y más documentación”. Según él, esta situación provoca el cierre de explotaciones, no por falta de viabilidad, sino por la burocracia. “Vamos a peor, todo es por el bienestar animal y nadie se preocupa por los ganaderos”, critica.

Precisamente, la burocracia es otro de los grandes problemas que enfrenta el sector ganadero y aunque se perciben pequeños avances en su flexibilización, el proceso, lamentan, “es muy lento”. Los representantes de los ganaderos cántabros explican que estas exigencias provienen de la Comisión Europea y de la PAC, por lo que Cantabria tiene un margen de maniobra “limitado” para simplificar los trámites.

Pérez Quintial insiste en que la burocracia es su mayor “caballo de batalla” y que muchas ganaderías están gestionadas por personas mayores de 60 años, quienes a menudo carecen de los conocimientos o los medios tecnológicos necesarios para cumplir con los requisitos administrativos. Además, la falta de conexión a internet y de cobertura en algunas zonas rurales dificulta aún más la gestión. Sobre la tramitación de ayudas, comenta: “Es bonito y necesario, pero difícil de aplicar”.

Nuevas explotaciones

Respecto al relevo generacional, Pérez Quintial señala que “cuesta mucho” mantener el número actual de explotaciones, y aún más complicado es iniciar una ganadería desde cero sin alguien que ceda terrenos. Aunque existe una ayuda de 50.000 euros para nuevas explotaciones, considera que no es suficiente y que debería ascender, como mínimo, a 100.000 euros. Además, la ayuda exige estar dado de alta como ganadero durante cinco años, algo que él estima insuficiente. Propone aumentar tanto la cantidad económica como el tiempo de compromiso para afianzar a los nuevos profesionales y consolidar las explotaciones. “Cada vez somos menos, hay que reforzar las incorporaciones con ayudas más atractivas y por más años”, concluye.

En relación con este asunto, Elizondo explica que las nuevas incorporaciones al sector se dan mayormente en explotaciones ganaderas ya existentes, dentro de negocios familiares, lo que impide la apertura de nuevas explotaciones, una realidad que califica como “muy complicada”. Además, señala que “no solo cierran explotaciones pequeñas, también desaparecen grandes”.

Pérez Portilla insiste en la necesidad de un plan real que no solo facilite la incorporación de nuevos ganaderos, sino que también refuerce y apoye a los que ya están en activo, en su mayoría mayores de 60 años, para que puedan transmitir su conocimiento y experiencia a los jóvenes.

Además, advierte que Cantabria lidera el ranking de pérdida de explotaciones de leche, una situación preocupante para el futuro del sector. Aunque hay ganaderos interesados en incorporarse, lamenta que el ambiente general en el sector es de “derrotismo”, lo que desanima a quienes podrían iniciarse en la actividad. “Por mucho que guste el oficio, hace falta estabilidad”, señala, reclamando una PAC que garantice una renta digna para los productores.

 

Carlos Elizondo, secretario general de Asaja Cantabria. Foto: PM Photo.

Otro tema que inquieta al sector ganadero es la creciente amenaza del lobo. Elizondo lo califica como “una sangría” y afirma que la situación ya no tiene arreglo porque el cánido está ya en toda la región, hasta las mismas playas: “Se pasea sin miedo por los pueblos y mata todos los días”, una situación ante la que, dice, el Gobierno no hace nada. A su juicio, la única solución viable sería extraer ejemplares, ya que, de lo contrario, la situación será insostenible.

En este sentido, los últimos estudios revelan la existencia de 23 manadas de lobos en el año 2024, lo que supone que casi se han duplicado en la última década, pues el Censo Nacional 2012-2014 apuntó que había 12. Se calcula que estos animales están presentes ya en un 78,8% del territorio de la región incluyendo terrenos de 65 municipios, además de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga. En los últimos cinco años se han extendido a 11 municipios nuevos, llegando a zonas de costa y urbanas e industriales.

Pérez Quintial recuerda un reciente incidente en Ruiloba, donde un lobo fue atropellado mientras comía una oveja, lo que, según él, evidencia que cada vez están más cerca de los núcleos urbanos. Señala que los ataques son diarios y que afectan tanto al vacuno extensivo como a pequeños rebaños de ovejas. “Están por todas partes, cada vez más cerca de la población”, advierte.

Luis Pérez Portilla denuncia que los ataques son “desmedidos”, incluso en municipios costeros. “La situación se ha ido de las manos en la montaña y está llegando al litoral”.

“Desde las capitales se defiende al lobo, eso queda muy bonito, pero hay que cambiar la mentalidad. Nosotros lo sufrimos y no queremos que desaparezca, pero sí que haya un control”. Carlos Elizondo (Asaja)

Sobre la situación general del sector, Elizondo manifiesta su preocupación: “Lo veo complicado, no me gusta decir mal”, y reclama: “Nos tienen que dejar respirar”. Si el panorama no cambia, advierte que convocarán movilizaciones. “No vamos a permitir que se nos trate como moneda de cambio y que los lobos estén en las playas, matan hasta dentro de las cuadras”, advierte el representante de Asaja, que lamenta la distancia que en este asunto existe entre el mundo rural y el urbano: “Desde las capitales se defiende al lobo, eso queda muy bonito, pero hay que cambiar la mentalidad. Nosotros lo sufrimos y no queremos que desaparezca, pero sí que haya un control”.

Pérez Quintial menciona otras preocupaciones del sector, como los parques eólicos. En la zona oriental, los proyectos en El Peruquito y Corus amenazan con instalarse en áreas agrícolas. Aclara que los ganaderos no están en contra de estas infraestructuras, pero solicitan que se ubiquen en zonas altas y alejadas de los pueblos, ya que su presencia conlleva una pérdida de valor en los terrenos.

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Aeropuerto Seve Ballesteros-Parayas, entre la ambición y la realidad

Ante la caída de pasajeros del último año, el director general de Transportes, Pablo Herrán, defiende que el Seve Ballesteros-Parayas mantiene una actividad importante a tenor de la población de Cantabria, y se muestra convencido de que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo cántabro para revitalizar algunas conexiones nacionales contribuirán a mejorar las cifras en los próximos meses. Además, critica la política tarifaria de Aena, a la que reclama que haga “algo más” para favorecer que las compañías aéreas trabajen más desde los aeropuertos regionales, y abre la puerta a que el Seve Ballesteros acoja el posible exceso de demanda que puede llegar a soportar el aeropuerto de Bilbao, que está “bastante saturado”.

Manuel Casino | Abril 2025

«No se puede decir que el Seve Ballesteros no haya despegado”. Así lo afirma el director general de Transportes del Gobierno de Cantabria, Pablo Herrán, para atajar las críticas vertidas tras los resultados alcanzados por el aeródromo cántabro el pasado año y en enero del presente ejercicio, último mes del que se disponen datos, que confirman una tendencia negativa iniciada a finales del 2023.

“El aeropuerto llegó ese año a un récord absoluto que otros aeropuertos han alcanzado un año después”, recuerda Herrán para tratar de explicar lo ocurrido en 2024 y antes de poner el foco en otros aspectos que, a su juicio, explican las cifras: “Nuestra población es mucho menor que la de otras comunidades autónomas, y nuestra cercanía al aeródromo de Bilbao, que ocasionalmente nos permite una mejor conexión, especialmente a los cántabros de la zona oriental, también actúa como principal competidor. El de Asturias tiene como público objetivo el doble de habitantes que Cantabria y no tiene cerca a un aeropuerto tan potente como el vasco que le ‘robe’ pasajeros”, ilustra a modo de ejemplo.

Una opinión que también es compartida por el responsable técnico del Transporte Aéreo en el Gobierno de Cantabria, Javier Gundelfinger, quien recuerda que el aeródromo asturiano no contaba hasta hace dos años con conexión a Bruselas, lo que hacía que decenas de miles de asturianos vinieran hasta el Seve. “Esto ahora no ocurre, pero si hiciéramos un ratio entre el número de pasajeros con respecto a la población, si no somos líderes en todo el norte de España poco le falta”, enfatiza, para poner luego en relación los datos del aeródromo cántabro con los de otras provincias del norte: “Somos una comunidad con 600.000 habitantes y contamos prácticamente con el doble de pasajeros. La provincia de Pontevedra, por ejemplo, tiene un millón de población y el aeropuerto de Vigo registró el pasado año menos pasajeros que el nuestro; y el de A Coruña, que cuenta con 1,1 millón de habitantes, sumó poco más de 40.000 pasajeros más que nosotros en 2024”.

Pablo Herrán, director general de Transportes del Gobierno de Cantabria. Foto: PM Foto.

En esta línea, Herrán reitera su opinión de que el aeropuerto cántabro cuenta con mucha actividad en relación con la población a la que atiende: “Pero no nos conformamos porque creemos que es mejorable. Y en ello estamos”, enfatiza.

En este sentido, ambos responsables coinciden en que la meta de los 1,5 millones de pasajeros está ahí, pero sin comprometerse a que sea alcanzable en esta legislatura o a medio plazo. “La demanda no la podemos medir. No sabemos cuánto va a viajar la gente, ni tampoco lo que va a ocurrir en los aeropuertos de Asturias o de Bilbao. En la medida de cómo evolucionen sus rutas, tendremos más o menos incremento. Lo que está claro que para lo que somos estamos bien. ¿Queremos y debemos estar mejor? Sí, pero hay que ser conscientes de la población que tenemos”, insiste Gundelfinger, quien cita el caso de Ikea, que abrió grandes superficies en Bilbao y Asturias y aún no lo ha hecho en Santander. ¿Por qué?: “Seguramente porque la previsión de la cadena escandinava es que venderá más en esos territorios”, reflexiona.

Para entender mejor los resultados de este último año, Herrán rememora también los problemas de suministro de aeronaves que han sufrido las compañías desde 2023 y al mantenimiento preventivo que ha obligado a dejar en tierra a algunos modelos de aviones durante meses. “Según las conversaciones que hemos mantenido con la mayoría de ellas, esta coyuntura desfavorable podría estar superada a finales de este año y las compañías recuperar entonces la flota que tenían e incluso incrementarla, lo que sin duda nos favorecerá a todas las regiones. Si estas predicciones se cumplen, el año que viene pude ser una oportunidad de mejorar las cifras”, augura.

«Pese al descenso del pasado año, los datos siguen estando entre los mejores de la historia del aeropuerto”. Pablo Herrán, director general de Transportes

En cualquier caso, el director general de Transportes insiste en reiterar que el Seve Ballesteros viene de un 2023 de récord. “Lo que intentamos trasladar es que no todos los años se puede mantener esas cifras y que, pese al descenso del pasado año, los datos –cerca de un 1,1 millón de pasajeros– siguen estando entre los mejores de la historia del aeropuerto”, asevera.

Batería de medidas

En su objetivo de ampliar la actividad del aeropuerto, tal y como ya aseguró el consejero de Fomento, Roberto Media, a finales de febrero en el Parlamento de Cantabria, Herrán alude a la batería de acciones que el Gobierno de Cantabria está llevando a cabo para mejorar algunas de las conexiones y que, según resuelve, ya han tenido un reflejo en las estadísticas de enero.

Así resalta que, a pesar de que los resultados en el primer mes del año han sido negativos, fundamentalmente por la cancelación de las rutas de invierno de Ryanair a Birmingham, Manchester y Venecia, estas medidas han surtido su efecto en las rutas de Madrid y Barcelona, las dos principales del aeródromo cántabro que ya presentan, gracias a nuevos vuelos semanales, “un aumento significativo” de pasajeros con relación al pasado año. En este sentido, Herrán no duda en poner en valor las salidas, cuatro días a la semana, de un vuelo a Madrid a las 6,30 de la mañana que, subraya, permite a sus usuarios conectar con vuelos a cualquier ciudad europea.

En Sevilla, por su parte, sostiene que las mejoras introducidas desde mediados de enero permiten contar con dos vuelos semanales en la temporada de invierno –hasta marzo– y tres en la de verano, época en la que también adelanta que se verán las mejoras en las conexiones con Ibiza y Menorca, que contarán con dos vuelos cada una, el doble que en 2024. Además, recapitula que a partir de este mes de marzo Canarias dispondrá de cinco conexiones semanales –tres con Gran Canaria y dos con Tenerife– lo que representa un incremento del 20%, y que se encuentra en licitación la conectividad con Bucarest, que la pasada temporada operó la compañía Wizz Air.

El responsable de Transportes coincide con Media en no estar satisfecho con los datos alcanzados en 2024, pero también en que 1,1 millón de pasajeros es una cifra “muy digna”, al tiempo que resaltó los “buenos resultados” alcanzados por algunas rutas británicas, especialmente las de Edimburgo y Dublín, así como la de Canarias, un mercado que podría pensarse que era de salida de cántabros hacia las islas pero que, aclara Gundelfinger, muestra la tendencia contraria: “Dos tercios de los pasajeros son canarios que vienen y se quedan en Cantabria”.

Política tarifaria de Aena

De otro lado, Herrán justifica el negativo comportamiento que presenta el Seve en este arranque del ejercicio –ha registrado una caída del 10,7% en pasajeros y del 8,9% en operaciones– frente al aumento que se observa en el conjunto de los aeropuertos de Aena, en los que estas cifras crecieron de media en un 6,1% y 5,2%, respectivamente, en que estos mejores resultados globales descansan principalmente en los grandes aeropuertos españoles y no tanto en los pequeños, como el de Santander que, según mantiene, se están viendo perjudicados por la política tarifaria del operador público.

“Estamos convencidos de que Aena podría y debería hacer algo más para favorecer que las aerolíneas trabajen más desde los aeropuertos regionales como el nuestro”, reclama al hilo de la guerra que Ryanair mantiene con esta sociedad pública a cuenta de la tarifas áreas. “Al final la diferencia de tarifas entre Bilbao y Santander no es muy grande y las compañías prefieren implantar conexiones desde la capital vizcaína porque tienen más masa y público al que dirigirse”, razona. “Está claro que no aplicar más bonificaciones a los aeropuertos regionales nos perjudica y nos hace ser menos competitivos”.

Pasajeros embarcan en el vuelo de una de las siete compañías que operan en el aeropuerto. Foto: PM Foto.

Así se lo han trasladado ya al Ministerio de Transportes, con cuyos responsables adelanta que se reunirán a principios de marzo para tratar este tema e intentar mejorar la competitividad del aeropuerto. “Es evidente que la situación en que actualmente se encuentran los aeropuertos regionales no favorece la implantación de nuevas rutas y, si la situación no cambia, es de esperar que se produzcan pocas novedades en las rutas de los aeropuertos de la cornisa cantábrica, exceptuando el de Bilbao”, destaca.

Así lo opina también el responsable técnico del Transporte Aéreo, quien avanza que en España van a abrirse a partir de marzo del orden de cincuenta nuevas rutas, de las que sola una corresponderá a aeropuertos regionales del norte. “Esta es una evidencia de que los incentivos aquí no están funcionando. Y no es una opinión, es un dato”, reflexiona sobre la oportunidad de estas bonificaciones que, a su juicio, los aeropuertos principales como Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga Valencia o Sevilla no necesitarían: “O no al menos tanto como los pequeños, porque ya son, en sí mismos, polos de atracción económica y turística, y no digamos ya Canarias y Baleares”.

Mejorar la conectividad

Sobre las cifras que el Gobierno de Cantabria maneja de cara al fin de este ejercicio, Herrán asegura que nunca se marca objetivo de pasajeros: “Lo que buscamos es contar con la mejor conectividad posible tanto en cantidad como en calidad para favorecer la movilidad de los cántabros y también la llegada de turistas, nuestros dos propósitos principales”.

Además de mejorar la conectividad nacional e internacional, el responsable regional afirma que otro de los objetivos de su departamento es desestacionalizar la actividad del aeropuerto, que sigue concentrando en los meses de verano su mayor volumen de tráfico de pasajeros. “Intentamos que las rutas, en la media de lo posible, estén todo el año para generar la llegada de turistas también en invierno”, precisa. Así, recuerda que actualmente hay 16 rutas –siete nacionales y nueve internacionales–, que esta próxima temporada de verano se incrementarán a 26, lo que supone que más del 60% de las rutas son anuales.

Relación “excelente” con Ryanair

En el caso de Ryanair, la principal compañía que opera en el Seve Ballesteros, Herrán no duda en destaca la “excelente” relación que el Ejecutivo cántabro mantiene con sus responsables, pese a que la aerolínea irlandesa ha anunciado un recorte del 5% en sus operaciones con la supresión este verano de la ruta de Alicante. “Es un aliado estratégico”, ratifica Gundelfinger.

En cuanto a la posibilidad de contar con nuevas compañías aéreas –actualmente son siete las que operan con líneas regulares en el aeropuerto cántabro–, el director general de Transportes reconoce que mantiene continuas conversaciones para hacerlo posible. En este sentido, avanza que Santander acogerá los días 12 y 13 de marzo las IV Jornadas de Conectividad Aérea, un foro organizado por Aena y Turespaña con la colaboración en este caso del Gobierno de Cantabria, “que nos podrá en el centro de la conectividad nacional y europea y será una extraordinaria oportunidad para vender de primera mano nuestra tierra a las compañías”.

Inversiones en el aeropuerto

Al margen de las inversiones que Aena anunció en diciembre pasado por valor de 3,4 millones de euros para optimizar sus instalaciones y mejorar el flujo de pasajeros, especialmente de los vuelos internacionales No Schengen, Herrán anticipa la necesidad de reclamar a esta sociedad que gestiona los aeropuertos y helipuertos españoles de interés general la ampliación tanto de la zona de llegadas como de salidas. “Si queremos que aumenten las operaciones en el aeropuerto, necesitamos más espacio porque ahora hay momentos en los que, si coinciden varios vuelos a la vez, la capacidad es limitada”, admite.

Para concluir, el director general de Transportes retoma la reunión prevista con los responsables de Aena, a los que adelanta que también hará llegar la situación que vive el aeropuerto de Bilbao, que considera que está “bastante saturado”: “Vamos a intentar convencerles de que el Seve Ballesteros está en condiciones de atraer esa demanda que puede ser excesiva para el aeropuerto bilbaíno”, recalca Herrán y confirma el responsable técnico del Transporte Aéreo, quien detalla que en Bilbao pernoctan cada noche quince aviones comerciales, mientras que en Asturias lo hacen dos, en Santander solo uno y ninguno en el aeródromo de Vitoria. “Si en Bilbao duermen quince y aquí solo uno, es evidente que existe un desequilibrio porque Cantabria no es quince veces más pequeña que Vizcaya. Y eso habrá que pelearlo”, sentencia.

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Centro de datos Altamira: un proyecto contra el escepticismo

El Gobierno de Cantabria presenta la que sería la mayor inversión privada acometida nunca en Cantabria: los 3.600 millones de euros que la empresa XDC Properties destinará a la construcción y puesta en marcha de Altamira, un complejo tecnológico en torno a una concentración de centros de datos que sumaría una capacidad similar a la que hoy está operativa en toda España. Con una larga tramitación por delante y con cifras que la propia presidenta regional califica como «apabullantes», la iniciativa asume el reto de hacer olvidar el encadenamiento de fracasos en los que terminaron todos los grandes anuncios realizados por gobiernos anteriores, a razón de prácticamente uno por legislatura desde que se constituyera la comunidad autónoma.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2025

Por más que con cada anuncio de gran proyecto pueda tenerse la impresión contraria, no es posible encontrar ningún antecedente que se acerque a las cifras desgranadas por el Gobierno de Cantabria en la presentación de Altamira, descrito como un Campus Tecnológico de Centros de Datos de grandes capacidades, entre ellas la de convertir a la región en “uno de los principales ‘hubs’ tecnológicos de Europa, al nivel de Madrid, Milán, Frankfurt o Londres”, según auguró María José Sáenz de Buruaga. Es en afirmaciones como esa de la presidenta de Cantabria, y no tanto en las cifras, donde puede encontrar arraigo el escepticismo con el que inevitablemente se reciben vaticinios como ese, que remiten a los realizados por otros gobiernos desde el nacimiento de la autonomía, y que siempre se vieron después desmentidos por la realidad de los hechos.

La principal diferencia del proyecto Altamira con cualquier referencia que pueda buscarse tiene que ver con las dimensiones y con la concreción de cuantías de inversión y plazos. De acuerdo con lo que se expuso en la presentación, la empresa XDC Properties invertirá 3.600 millones de euros para construir 12 módulos de centros de datos adyacentes que, a razón de 40 MW por cada uno de ellos, sumarán una capacidad conjunta de 480 MW. Durante su construcción se generarían 1.500 empleos directos, que serían 350 directos y 1.100 indirectos una vez esté el complejo en funcionamiento.

La mayor inversión privada de la historia

Son cifras que, como dijo la presidenta de Cantabria en la presentación, “apabullan” y que no solo convertirían a esta iniciativa en la de mayor inversión privada entre las acometidas nunca en Cantabria, sino que la situarían a una enorme distancia tanto de esos antecedentes como de cualquiera de las que se hayan anunciado nunca. Como referencia, el ‘bunker’ del Santander en Solares –la que hoy pasaría por la inversión más alta acometida nunca por una empresa en la región– costó 240 millones de euros, y en torno al centenar se emplearon en la construcción del Centro Botín, incluyendo el túnel bajo los jardines de Pereda. Muy por encima de esas cantidades, aunque también muy lejos de las previstas en Altamira, se mueven proyectos ya anunciados, pero aun sin echar a andar: entre 700 y 800 millones de euros se invertirán en la tantas veces aplazada ampliación de la central de bombeo de San Miguel de Aguayo, 250 en el proyecto de descarbonización de Solvay o, en lo que sería la referencia de mayor cuantía pero también la que se enfrenta a mayores incertidumbres, los 850 millones que costaría poner en marcha Besaya H2, la planta productora de hidrógeno verde que quiere levantarse en terrenos de Sniace.

Las dimensiones del complejo de centros de datos que componen el núcleo del campus tecnológico son también, como las de la inversión, enormes, tanto en términos absolutos como comparativos. A pesar del impulso que en los últimos años se ha dado a la apertura de centros de datos, en España el conjunto de los que están hoy operativos suma una capacidad de 355 MW –la unidad de medida que se utiliza en estas infraestructuras–, según se recoge en el ‘Informe del Sector del Data Center en España 2025-post 2027’ elaborado por Spain DC, la Asociación Española de Data Centers.

El consejero de Industria y la presidenta de Cantabria siguen la intervención de Javier Gonzalo, CEO de XDC Properties, promotora del proyecto. Junto a ellos,  Javier Ibáñez, responsable de adquisiciones de Stonieshield Capital. Foto: Raúl Lucio.

Durante la presentación de este informe, los responsables de la agrupación empresarial avanzaron varios escenarios de cara al futuro, teniendo en cuenta la enorme demanda que generará el desarrollo de la IA y el crecimiento asociado al aumento de los servicios en la nube. En la mejor de esas proyecciones, calculan que en 2027 España habrá captado inversiones para la puesta en marcha de nuevos centros de datos por valor de 21.800 millones de euros de forma directa, y otros 36.500 millones de forma indirecta. El resultado sería un aumento de la capacidad total que la llevaría hasta los 2.180 MW. Dando por buenas tanto estas previsiones como las cifras que se anuncian para el proyecto Altamira, este aportaría casi la cuarta parte del total de la capacidad con la que contarían los ‘data center’ operativos en España en el año 2030, si bien difícilmente estaría en funcionamiento para entonces.

Plazos conocidos

La cuestión de las fechas también establece diferencias con alguno de los grandes proyectos que anteriormente plantearon objetivos igual de ambiciosos, pero finalmente frustrados. A diferencia por ejemplo de la reapertura de la explotación minera de Reocín, de la que nunca se detalló plazo alguno, aquí sí se ha avanzado un calendario que será posible confrontar con la realidad ya este mes de marzo, cuando está previsto tramitar la declaración de interés regional previa a la redacción del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para los terrenos de Piélagos y Villaescusa en los que se levantará el campus tecnológico.

La aprobación del PSIR está prevista para julio de 2027; y la adquisición de los terrenos en los que se desarrollará la fase 2 del proyecto –la fase 1 se hará en el polígono de Vipar, en Piélagos, en una parcela ya a la venta y que tiene como única oferta de compra la presentada por los promotores de Altamira– en julio de 2028, de tal manera que las obras podrían comenzar en noviembre de 2028. Las obras de la fase 1, en los 374.572 metros cuadrados de la parcela del polígono de Vipar comenzarían en 2026. De cumplirse todos los plazos anunciados, la totalidad del complejo estaría en marcha en 2032.

Las condiciones climáticas de Cantabria son uno de los factores que se mencionan como propicios para el funcionamiento de los ‘data centers’, así como la conexión con el cable submarino de datos de Meta.

Aun con la relativa rapidez asociada a la figura del PSIR, la complejidad administrativa a la que da lugar un proyecto de estas dimensiones puede poner a prueba esos plazos. En términos energéticos y de impacto ambiental –uno de los principales condicionantes de los centros de datos– el proyecto contempla la instalación de paneles fotovoltaicos, de manera que el complejo reduzca su huella de carbono.

Las condiciones climáticas de Cantabria son uno de los factores que se mencionan como propicios para el funcionamiento de los ‘data centers’. Otro, citado expresamente por los promotores de Altamira, es la aportación del cable submarino Anjana, propiedad de Meta –la empresa detrás de Facebook, Instagram o Whatsapp– que conecta Santander con Carolina del Sur. Desde otra óptica, la elección de Cantabria también puede relacionarse con los vínculos de los promotores del proyecto con la región. XDC Properties es una filial de la gestora Stoneshield Capital, propiedad de Juan Pepa y Felipe Morenés. Este último, aunque ha nacido en Madrid y ha desarrollado toda su carrera profesional fuera de Cantabria, es hijo de Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

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