Entradas

A falta de desarrollar otras tecnologías, el fomento de la movilidad con vehículos sin emisiones tiene a los automóviles movidos por electricidad como únicos actores de un reto que choca con el obstáculo de su precio, su limitada autonomía y la todavía escasa red de puntos de recarga. Un Real Decreto del pasado mes de diciembre incide sobre este último punto al establecer la obligatoriedad de montar postes para la carga en todos los edificios de uso no residencial que cuenten con más de veinte plazas de aparcamiento, ya sea en su interior o en un espacio exterior acotado. La norma, que afectaría a edificios de la administración pero también a centros comerciales, hoteles o fábricas, marca como plazo máximo para hacerlo el 1 de enero de 2023. Aunque ya hay iniciativas en marcha y existen fórmulas variadas para financiar las instalaciones, incluso a coste cero, quienes trabajan en estos proyectos creen que sera my complicado porder cumplir esos plazos.

José Ramón Esquiaga |  @josesquiaga | Abril 2022

Como en otros ámbitos en los que las tecnologías emergentes compiten con otras que han madurado a lo largo de décadas, se diría que los vehículos eléctricos combaten en una guerra que tienen perdida de antemano. Incluso con la aportación de las ayudas públicas, su precio de adquisición sigue por encima de los modelos equivalentes que utilizan combustibles fósiles, su autonomía compromete las condiciones de uso en desplazamientos largos y, unido a todo ello, la red de puntos de recarga continúa siendo escasa y obliga a planificar al detalle cualquier viaje que se salga de las rutas conocidas, pues habrá que prever dónde detenerse durante los muchos minutos que, en el mejor de los casos, tendrá que estar enchufado el vehículo. Frente a esto se contrapone el argumento de la sostenibilidad, las cero emisiones mientras circulas y las ventajas a las que ello da lugar cuando se trata de acceder a centros urbanos donde cada vez estarán más limitadas las posibilidades de moverse en coches con motores de combustión, sin olvidar la conciencia medioambiental de cada cual. De lo anterior, y a un ritmo lento pero con tendencia a acelerarse, está surgiendo un mercado que empieza a captar la atención de los fabricantes y también, cada vez en mayor medida, de las empresas energéticas, las principales interesadas en ampliar la red y preparar un escenario en el que tendrán que buscar un relevo a los hidrocarburos en los que hoy siguen basando buena parte de su negocio.

Un coche eléctrico repostando en uno de los postes de recarga instalados en la vía pública, en este caso en una calle de Santander.

La extensión de la red de postes de recarga para vehículos eléctricos es también el objetivo del Real Decreto-Ley 29/2021, de 21 de diciembre que, junto a otras medidas que buscan facilitar las condiciones de uso de los coches eléctricos, en su artículo 4 establece que los edificios de uso distinto al residencial que cuenten con más de 40 plazas de aparcamiento –20 si se trata de un edificio público– deberán contar con puntos para cargar estos vehículos, así como también deberán contar con ellos los estacionamientos existentes no adscritos a edificios. En esas categorías entraría cualquier edificio de la administración pero también, y por ejemplo, centros comerciales, hoteles, hospitales o fábricas, siempre que cuenten con zonas de estacionamiento, en su interior o en una zona adscrita a los mismos, que superen el número de plazas a que hace referencia el decreto. En los edificios que tengan como titular al Estado o a organismos públicos dependientes de este, deberá montarse un poste de recarga por cada 40 plazas de estacionamiento, y cada 20 plazas en el resto de casos. El plazo para cumplir con esta obligación expira con el año en curso, de manera que el 1 de enero de 2023 deberían estar operativas las nuevas estaciones de recarga a las que dará lugar la nueva normativa, algo que quienes están habituados a trabajar con estos proyectos consideran muy difícil de conseguir.

“Son proyectos que llevan su tiempo, seis meses en el mejor de los casos, y más si el montaje de la estación de recarga implica obra civil, que suele ser algo habitual”, explica Pablo Casado, ingeniero de Energy Watch, consultoría energética cántabra que ha desarrollado el proyecto técnico para montar varias instalaciones de este tipo. Como en otras normativas que se han aprobado anteriormente para poner en marcha iniciativas que tienen que ver con el sector eléctrico, Casado está convencido de que habrá prórrogas para alargar el plazo, ante la imposibilidad de cumplir con el que inicialmente contempla el real decreto: “Pero siempre es conveniente no dejar las cosas para última hora, porque lo que es seguro es que hay una voluntad tanto por parte de la Administración como de las empresas energéticas para fomentar la movilidad eléctrica, y eso ofrece oportunidades tanto para quien está obligado a montar un poste de recarga como a quien quiera hacerlo porque considera que tiene una buena ubicación para ello”.

El objetivo de la norma publicada el pasado mes de diciembre es romper  el círculo vicioso que supone uno de los principales lastres para el mercado de los vehículos movidos por electricidad: la red de puntos de recarga no crece porque el número de potenciales usuarios es pequeño, y se venden pocos coches porque hay pocos lugares donde llenar sus baterías, más allá del que pueda habilitarse en el propio domicilio. Encontrar una forma de resolver ese enredo es también el objetivo de las empresas petroleras, que necesitan posicionarse de cara a un futuro en el que la demanda de los combustibles tradicionales será muy inferior a la actual. De esa coincidencia entre lo que persigue la legislación y lo que contemplan las estrategias empresariales surgen ya algunas oportunidades que pueden favorecer la entrada en funcionamiento de nuevos puntos de carga, incluso a coste cero para los propietarios del lugar donde se instalen.

 

Energy Watch ha elaborado los proyectos técnicos para la instalación de postes de carga en hoteles y parkings de uso público, y trabaja actualmente en el desarrollo de otros en edificios de la administración y hospitales. Lo que se valora ahí, explica Pablo Casado, es todo lo que tiene que ver con la viabilidad de la instalación, poniendo sobre la mesa factores como los requerimientos que puede implicar en lo referente a la obra civil o a las redes de suministro de la energía, la demanda esperada por parte de los potenciales usuarios, el número de postes o la potencia de carga de cada uno, y casando todos esos elementos con el interés del tecnólogo –normalmente una empresa energética– que en último término es quien se hará cargo de montar la estación de recarga.

La fórmula que puede resultar de ello es tan variada como puede serlo cada caso, pero lo más común es que pueda resolverse sin que el propietario del estacionamiento tenga que asumir ningún desembolso: “Lo habitual es que quien instala el punto de recarga es asumir todo el coste de instalación a cambio de que se le ceda el uso y explotación del mismo durante un número determinado de años”, explica el ingeniero de Energy Watch, que con la referencia de los proyectos en los que ha trabajado, siempre con Totalenergies como tecnólogo, calcula que doce años suele ser el plazo más utilizado en esos acuerdos. “Pero dependiendo de cada caso las condiciones pueden ser otras, incluso llegando a contemplar la cesión de parte del beneficio de las recargas al propietario de la instalación, si esta está ubicada en un lugar especialmente interesante, por ser de paso para muchos vehículos”.

Con independencia de la fórmula elegida, Pablo Casado admite que, hoy por hoy, los postes de recarga no van a ser una gran fuente de ingresos para ninguna de las partes. Las cifras que manejaba el Gobierno, recuerda, calculaban que el 2% del parque español de vehículos actual sería eléctrico, un porcentaje que está muy lejos de alcanzarse. A ello hay que unir que la mayor parte de quienes utilizan un vehículo eléctrico lo hacen para desplazamientos cortos, normalmente entre el trabajo y el domicilio, y hacen las recargas en su casa, donde el precio es más barato. En estas circunstancias, señala el ingeniero de Energy Watch, la rentabilidad de los postes hay que medirla en términos distintos a los económicos: “Para la empresa o la administración propietario del aparcamiento donde se instala supone cumplir la norma, por supuesto, pero también demostrar el compromiso con la movilidad sostenible y el medio ambiente. A la energética, por su parte, le permite extender los puntos donde dar servicio a sus clientes, aunque ahora estos no sean muchos”.

Pablo Casado, ingeniero de la consultora Energy Watch, en uno de los puntos de recarga instalados en el Hotel Torresport, donde la empresa cántabra ha hecho el estudio técnico para ello.

En el caso de los aparcamientos en edificios de la administración pública, la instalación mediante el mecanismo de cesión de la explotación del poste puede chocar con la normativa que regula los contratos de cualquier organismo público, aunque desde Energy Watch se confía en que pueda habilitarse una fórmula para ello. En ausencia de esta, siempre quedaría la opción de recurrir a un sistema convencional, en el que se licite la instalación y se adjudique a la mejor oferta. Esa es también la posibilidad a la que puede recurrir cualquier empresa privada o particular, aunque el coste y la difícil amortización del mismo serían importantes obstáculos a salvar.

Según los cálculos que realizan los responsables de la consultoría energética cántabra, el precio de un poste de recarga puede moverse entre los 1.000 euros que puede costar uno con  la potencia de carga más baja, los 3.500 de las potencias intermedias y los 18.000 de los de carga ultrarápida, en principio destinados únicamente a las llamadas electrolineras. Por debajo de esas cifras estarían los cargadores domésticos, a instalar en el propio garaje y concebidos para cargar durante toda la noche. “Hecha la ley, hecha la trampa, es verdad que estamos viendo que hay empresas que optan por instalar un punto de recarga de estas características en sus aparcamientos, por ejemplo en centros comerciales”. Con ello, admite Pablo Casado, cumplen la norma, pero la utilidad práctica de esa instalación sería muy escasa: “En el tiempo que puede estar enchufado el vehículo de un cliente el nivel de recarga que se consigue es mínimo, aunque es cierto que quien opta por este sistema suele ofrecer la energía de forma gratuita”.

Dentro del laberinto que supone la generalización del coche eléctrico como alternativa, la forma de pago es otro de las cuestiones a resolver, lo que pasaría por unificar los diferentes sistemas que se emplean para ello, siempre con el teléfono móvil como instrumento. Cada operador cuenta actualmente con su propia ‘app’, algo que obliga al usuario a descargarse la de todos si quiere planificar un desplazamiento largo. Con alguna plataforma que ya ha conseguido integrar varios sistemas, este parece un reto menor en comparación con el que tiene que ver con la red de recarga, la infraestructura definitiva para que la movilidad del futuro sea también competitiva frente a los vehículos y combustibles que se emplean en el presente.

Agustín Ibáñez dirige desde agosto de 2019 el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), un organismo con competencias en control de la calidad del aire y de las aguas, así como en divulgación en materia medioambiental. En esta entrevista desgrana las principales líneas de actuación presentes y futuras de la entidad que dirige y desgrana algunos de los retos pendientes.

Manuel Casino |  @mcasino8 | Febrero 2022

Agustín Ibáñez sostiene que, en términos generales, la calidad del aire de Cantabria es buena o muy buena, apela a la necesidad de que Administración y sociedad aborden juntos la transición ecológica y estima que hay suficiente regulación ambiental, aunque reconoce que lo que seguramente falta es aplicarla y cumplirla mejor.
Pregunta.– ¿Que la sede del CIMA esté en Torrelavega obedece más al deseo de descentralización de organismos o a esa tradicional mayor preocupación medioambiental que existe en la comarca del Besaya?
Respuesta.– Obedece un poco a las dos cosas, aunque seguramente algo más a la segunda. Hace treinta años, cuando se creó el CIMA, el contexto social, económico e industrial de Cantabria era muy diferente al de ahora. En aquella época se decidió, y creo que con acierto, ubicar el centro en Torrelavega, a escasos metros del río Besaya, como una clara apuesta por la investigación medioambiental en una cuenca por aquel entonces más industrializada. Sobre la descentralización que comenta, considero que es bueno que haya centros de trabajo que no estén en Santander. Estamos a 24 kilómetros de la capital y en una localización privilegiada porque este es casi el centro de la región: por aquí se pasa para ir al sur, a occidente… Es decir, creo que estamos muy bien ubicados y que fue un claro acierto abrir aquí el CIMA.

P.¬ El CIMA dispondrá en 2022 de un presupuesto de casi tres millones de euros. ¿Suficiente?
R.– Un director de un centro siempre quiere más. Pero estoy satisfecho. Hay que tener en cuenta que formamos parte de una gran Consejería, como es la de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con cerca de 1.300 trabajadores, desde la que atendemos las necesidades del sector primario, del mundo rural y por supuesto también las medioambientales. En ese contexto, entiendo que esos tres millones de euros han de ser suficientes para seguir desarrollando en 2022 los proyectos clásicos del CIMA y acometer nuevas líneas de trabajo.

P.– El recientemente creado Consejo Asesor de Cambio Climático y Medio Ambiente, que sustituye al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMAC), cuenta con una representación social más amplia y un mayor componente técnico. ¿Qué espera de este órgano?
R.– Es un órgano al que damos mucha importancia a la hora de asesorar, aconsejar y emitir informes que ayuden a la Consejería a poner en práctica una política más eficaz y participativa. Reconocemos y agradecemos el trabajo del CAMAC, pero como bien dice hemos querido dotarle de una representación social más amplia, con más de 60 miembros de diferentes entidades, y con un carácter más técnico. Tenemos el compromiso de dinamizar desde aquí ese consejo asesor y convocar en enero una primera sesión constitutiva de este nuevo órgano que está presidido por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Creemos que va a ser un órgano muy relevante de participación ciudadana que va a ayudar a que la gestión de esta Consejería sea en los próximos años también más transparente y participativa.

P.– La última cumbre mundial sobre el clima celebrada en noviembre se ha cerrado con un acuerdo de mínimos y con mensajes descafeinados, pese a que todos los gobiernos reconocieron que están fallando en su lucha contra el cambio climático ¿Una cosa es predicar y otra dar trigo?
R.– Sin duda. Pero ocurre en todas las cumbres, no solo en esta última celebrada en Glasgow. Está claro que este tipo de encuentros siempre arrancan con unas expectativas muy altas y al finalizar los resultados suelen defraudar a casi todas las partes. Pero en el caso de la COP 26 también hubo buenas noticias, como el acuerdo de no superar 1,5 grados centígrados a final de siglo, que medio millar de grandes firmas financieras gestionarán 130 billones de dólares destinados a objetivos climáticos relacionados con el Acuerdo de París, o que más de un centenar de países se han comprometido a salvar los bosques y acabar con la deforestación en 2030.

P.– Los combustibles fósiles, ¿deberían tener las horas contadas?
R.– Pues deberían. Eso nos está diciendo Europa y todos los organismos internacionales. Creo que el proceso de transición ecológica no tiene marcha atrás y que todos hemos de adaptarnos al mismo, por lo que es inevitable la descarbonización de los procesos productivos en el plazo corto-medio. No obstante, y enlazando con la pregunta anterior, lo cierto es que en la reciente COP 26 los negociadores finalmente no acordaron la eliminación progresiva de combustibles fósiles como el carbón, si bien pienso que es cuestión de tiempo. Pero estoy convencido de que esta transición ecológica tiene que hacerse no de forma impuesta, sino teniendo en cuenta a los agentes económicos y sociales. Ha de ser fruto de un camino compartido, de una negociación y un entendimiento entre Administración y sociedad. Si no lo hacemos así, no tendrá éxito.

P.– Cantabria reconoció en 2019 la situación de emergencia climática. ¿Somos conscientes los cántabros de lo que nos jugamos?
R.– Quiero entender que sí. Pero no dejo de reconocer que queda mucho por hacer. Esta declaración ponía sobre la mesa el camino de no retorno que hemos emprendido de degradación y abuso de los recursos naturales y el Gobierno de Cantabria alertaba de la necesidad de cambiar el paso y de apostar por una economía circular, por una bioeconomía. Lo que nos quedaría seguramente es hacer llegar ese mensaje a más estratos de la sociedad. Es sin duda uno de los retos que tenemos por delante porque, al final, todos somos parte del problema y de la solución.

P.– ¿A qué o a quién hay que achacarle los males que sufre nuestro medio ambiente?
R.– Todos tenemos la culpa. Todos somos responsables de lo bueno y de lo malo que le ocurre al planeta. Evidentemente, nuestro estilo y calidad de vida supone una huella ecológica sobre el medio ambiente. Pero igualmente, como decía antes, creo que todos debemos ser parte de la solución. Por eso, considero que la educación ambiental es una herramienta fundamental para, de alguna manera, revertir esta situación de degradación medioambiental.

P.– El respiro que dimos al medio ambiente con el confinamiento, ¿ha venido para quedarse o hemos vuelto a las andadas?
R.– Pues creo que lamentablemente fue algo efímero. Fue una auténtica pasada cómo descendieron los índices de contaminantes y de partículas en el aire, sobre todos en esos primeros meses de marzo, abril y mayo de 2020. Evidentemente dimos un respiro al planeta, pero unos meses después, con la famosa desescalada, los índices de calidad del aire volvieron a límites bastante normales. Con lo cual hay que deducir que aquel descenso no obedeció a que nos volviéramos de repente muy sostenibles, sino que fue la única parte positiva de la maldita pandemia. Ahora mismo estamos en una situación muy parecida a la que teníamos en 2020. Con todo, hay que decir que la calidad del aire en Cantabria es entre buena y muy buena, aunque tenemos algún punto como son el área metropolitana de Santander y el eje Torrelavega-Los Corrales de Buelna más preocupantes lo que, por otra parte, no debe sorprender a nadie. Y ahí debemos incidir todos: Gobierno regional, ayuntamientos, empresas y sociedad para construir ciudades más habitables y sostenibles. Pero por concluir, se puede decir que en el cómputo anual no hay superaciones en los niveles de calidad del aire. Y si los hubiera, para eso estamos nosotros. De hecho, una de las prioridades de trabajo del CIMA en 2022 será adaptar los procedimientos establecidos de aviso a la población en materia de calidad del aire, dado que ahora son más exigentes los parámetros nacionales e internacionales y en Cantabria deberemos adaptar los protocolos a la nueva normativa.

P.– ¿Tienen alguna otra prioridad?
R.– Mirando al futuro, estamos pendientes de distintas convocatorias nacionales y europeas a las que podamos presentarnos. Mientras tanto, el CIMA seguirá participando en proyectos europeos que suponen atraer a Cantabria financiación externa, como por ejemplo el Proyecto LIFE3E, que coordina MARE y del cual el CIMA es socio beneficiario, con el objetivo de investigar distintos aspectos del proceso de depuración de aguas residuales; o el Proyecto Interreg BIOMIC, coordinado en Cantabria por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, para impulsar el uso de nuevos bioindicadores que apoyen la gestión preventiva y la recuperación de las zonas costeras con medidas que favorezcan la adaptación al cambio climático.

Los laboratorios del CIMA, en la imagen, tienen encomendada la vigilancia de la calidad del aire y de las aguas de Cantabria.

P.– Un reciente informe señalaba que Santander es la tercera ciudad española con peor calidad de aire por contaminación de vehículos. ¿Es así?
R.– No es así. Lo desmiento. Lo primero, ese estudio que está ligado a determinadas organizaciones o por qué no decirlo, a determinadas corrientes políticas, no toma como referencia los valores legales oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, sino los niveles que establece la OMS, que son mucho más exigentes, y que son recomendaciones y, por tanto, no son como tal vinculantes. Por eso, no lo podemos considerar fidedigno. En cualquier caso, alguien podría decirme que, aunque sean los valores de la OMS y no los oficiales, seguimos estando mal. Nos sorprende muchísimo. Santander es una ciudad pequeña-mediana y no parece razonable pensar que la capital de Cantabria tenga más contaminación que Zaragoza, Valencia o Sevilla. De hecho, los informes anuales del Ministerio confirman que en Cantabria la calidad del aire es muy buena.

P.– ¿Echa algo de menos en la actual legislación medioambiental para luchar contra la contaminación?
R.– Creo que es profusa y que hay suficiente regulación. Lo que falta seguramente es aplicarla y cumplirla mejor. Y también nos falta, y aquí hago un poco de autocrítica, coordinarnos mejor las distintas administraciones porque para el ciudadano, cuando tiene un problema real, puede resultar un tanto mareante no saber a quién tiene que acudir, si al Gobierno, al ayuntamiento, a la confederación… Lógicamente, la legislación medioambiental tiene que ir mejorando con el paso del tiempo pero, insisto, lo que tenemos que hacer es ser capaces de aplicarla y coordinarnos mejor para que ese famoso problema de las competencias deje de ser tal.

P.– Sostiene que el CIMA es mucho más que la medición del aire que respiramos. ¿Quizá hace falta una mayor labor de difusión del trabajo que desarrolla?
R.– Es verdad que el CIMA es mucho más que la medición del aire que respiramos, si bien otorgamos una importancia capital a la Red Automática de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Cantabria porque, a la postre, estamos hablando de medio ambiente pero también de salud. Pero es igualmente muy importante la labor de nuestro laboratorio de calidad –uno de los emblemas del centro–, y el trabajo que desempeñamos en el ámbito de la información y educación ambiental, voluntariado, etc., con programas como el Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria (Cedreac) y el Programa de Educación Ambiental y Voluntariado de Cantabria (Provoca).

P.– Desde su organismo han hecho un esfuerzo por acercar la información ambiental al ciudadano a través de diferentes páginas y plataformas en internet. Sin embargo, la lectura e interpretación de los datos que ofrecen no están siempre al alcance de todos. ¿No es un poco tratar de matar moscas a cañonazos?
R.– Puede ser. Somos conscientes de que la información ambiental es árida. Y que muchas veces hay que traducirlo. Por eso tratamos de emitir mensajes claros a través de la página corporativa del CIMA, que es más asequible y digerible para el ciudadano de a pie. Por otro lado, también apostamos en los últimos tiempos por las redes sociales, donde se lanzan píldoras de información ambiental en formatos populares y de fácil comprensión; e incluso, vinculado al Cedreac, tenemos nuestro propio canal de YouTube con mensajes de información ambiental. Con todo ello creo que seremos capaces de comunicar mejor lo que queremos.

P.– ¿Cómo calificaría la calidad de las aguas en Cantabria?
R.– Ha experimentado un cambio brutal. Recuerdo cómo era la calidad de las aguas de Cantabria hace veinte años y es evidente que ha mejorado mucho gracias a los esfuerzos de los ayuntamientos y del Gobierno regional para habilitar infraestructuras. Aquí también ha sido importante la labor de investigación de laboratorios como el del CIMA. Dicho esto, es claro que todo es mejorable. Seguramente tenemos un problema todavía en el mundo rural con muchos núcleos muy pequeños y muy aislados pendientes de depurar sus aguas residuales. Conseguir la depuración de todos estos pequeños núcleos es sin duda un reto. Y aquí, pensado en nuevas soluciones, hay que hablar de biotecnología, un campo en el que ya existen experiencias de fitodepuración de aguas residuales en las que ya participamos y en las que se puede seguir trabajando en los próximos años. A todo esto, hay que recordar que la competencia en este capítulo corresponde a la Consejería de Obras Públicas, con la que trabajamos de la mano aportando nuestro granito de arena.

P.– ¿El riesgo de contaminación en Cantabria viene más por tierra (industrias y vehículos a motor), mar (transporte marítimo) o aire (tráfico aéreo)?
R.– Los focos emisores son múltiples. Los principales son el tráfico rodado y los centros productivos, pero al final todos, incluidos los edificios y los hogares, contribuimos a esa contaminación. Con todo, creo que el mundo de la empresa en Cantabria, la industria y otros sectores productivos han hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años para reducir esas emisiones y adaptarse al cambio. Está claro que la adaptación inherente a la transición ecológica es algo muy fácil de decir, pero muy complicado de hacer.

P.– Ya que lo cita, para preservar el medio ambiente los expertos abogan, entre otros objetivos, por incorporar mejores técnicas industriales en las empresas. ¿Lo están cumpliendo?
R.– Totalmente. La empresa de Cantabria es una empresa responsable. En este sentido, también reconozco la labor de organizaciones como la CEOE y la Cámara de Comercio, que a través de sus distintos foros medioambientales les asesoran en este proceso. Muchas empresas tienen autorizaciones ambientales e implantados sistemas de gestión ambiental e, incluso, otras que en el marco de la responsabilidad social corporativa llevan a cabo actuaciones ambientales. Pero como es lógico hay empresas más ejemplares que otras. Y en este camino, Gobierno y empresas debemos caminar juntos. De hecho, colaboramos con ellas, a través de distintas líneas de ayuda, en ese proceso de adaptación y transición ecológica hacia una economía más sostenible. No obstante, como no todo es de color de rosa, cuando las empresas incumplen, ahí está la Administración y el vigilante para actuar.

P.– ¿Qué nos falta entonces para que Cantabria sea realmente verde?
R.– Cantabria es verde, pero lo podría ser más. Es una comunidad extraordinaria. Tenemos numerosos espacios naturales protegidos y están en camino las declaraciones de otros nuevos parques. Somos un paraíso, pero evidentemente también tenemos riesgos. Por eso, desde organismos como el CIMA debemos estar vigilantes para que los impactos que genera la propia vida en las ciudades y los pueblos, la actividad industrial y el transporte no impidan que Cantabria siga siendo verde. Desde este centro y desde la Consejería vamos a seguir velando por el cumplimiento de la normativa medioambiental que, en términos generales, se está cumpliendo. Se puede decir que el comportamiento de empresas y personas es bueno en general y que cuando se produce algún incumplimiento, que claro que lo hay y seguirá habiendo, entra en vigor la ley y la Administración. En este sentido, quiero poner en valor el trabajo de organismos como el nuestro para ayudar al Gobierno de Cantabria a que la comunidad siga siendo infinita, también desde el punto de vista ambiental.

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, EIT, es un organismo creado por el Consejo de Europa con el objetivo de impulsar la innovación en Europa. Para conseguirlo creó las llamadas KIC, Knowledge Innovation Communities, es decir Comunidades de Conocimiento e Innovación. Una de ellas, el Climate KIC, trabaja para paliar los efectos del cambio climático y, además de sede en Valencia, tiene representación en Cantabria. Cliona Howie del Río, experta en Economía Circular y directora de la antena cántabra de Climate KIC, explica  lo que esta entidad puede ofrecer a las empresas de la región para innovar medioambientalmente.

Cristina Bartolomé |  @criskyraEnero 2020

Cliona Howie, directora de la oficina cántabra de Climate KIC, explica que cada KIC está destinado a promover la innovación para un reto social y que el que ella dirige, que en Cantabria tiene su sede en la Cámara de Comercio, fue uno de los primeros de los ocho que funcionan actualmente, y también el más amplio y con el reto –favorecer la innovación en la lucha contra el cambio climático– más definido. “Nosotros lo tenemos bien claro, el objetivo es mitigar el CO2 mediante una transformación sistémica de nuestra economía y sociedad”. Uno de los cambios que propone es el del modelo de economía, pasando de un sistema lineal a un sistema de economía circular basado en la reutilización de los materiales que evita generar residuos y abarata los costes de producción reduciendo así impactos negativos en el ecosistema.

Pregunta.– Habla de que el objetivo primordial es reducir las emisiones de CO2 y hay una línea roja de aquí a 2030: que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados centígrados. ¿De qué manera pueden ayudar en ese objetivo iniciativas como la de Climate KIC?
Respuesta.– Se trata de crear mecanismos económicos sostenibles, por ello todos los KICs que existen están muy orientados a la sostenibilidad, no todos trabajan con bajar las emisiones de carbono pero de alguna forma están vinculados. La innovación si no es sostenible no es innovación, dependemos mucho de los recursos de fuera de Europa y la manera de hacer negocios está cambiando, en Climate-KIC estamos muy centrados en ello. Apuntamos muy alto. Que la innovación sea sostenible es una necesidad, no es una cuestión de diseño, sino de supervivencia, para todos los KICs. Creo que están claras algunas cosas como la necesidad de financiar programas de investigación y hay empresas que han de cambiar sus modelos de negocio. Pero los cambios también han de darse a nivel político, tenemos que cambiar en nuestras políticas.

Presentación de la antena de EIT Climate- KIC Spain en Cantabria, el pasado 10 de septiembre.

P.– ¿Cómo se financia el Instituto Europea de Innovación y Tecnología y, en consecuencia, las KIC?
R.– Desde 2014 y hasta 2020 ha recibido para todas las acciones y todas sus líneas de trabajo un presupuesto de 2,4 billones de euros de la UE. El Climate-KIC en concreto cuenta con cerca de 90 millones de euros anuales de presupuesto. Cada Comunidad de Innovación y Conocimiento, cada KIC, tiene su curva de financiación. En Climate-KIC estamos saliendo del pico de la financiación y ya estamos poniendo en marcha nuevas formas de trabajar con otros tipos de inversión, pretendemos llegar a la financiación público-privada. Al principio las KIC están impulsadas por Europa, pero al cuarto o quinto período va bajando esa aportación. La idea es que la Comisión Europa financie el arranque de un modelo para estimular la innovación, pero este impulso tiene que ser sostenible y Climate-KIC  ya está en esa fase. Después de unos años de financiación europea hemos conseguido por ejemplo un acuerdo con el Gobierno de Eslovenia mediante el cual éste financiará un proyecto de economía circular contando con expertos de Europa. Nosotros lo implementamos pero lo financia el gobierno esloveno.

P.– ¿Cómo puede beneficiar económicamente a Cantabria éste impulso para paliar el cambio climático y para alcanzar la economía circular?
R.– La nueva Comisión Europea está 100% a favor de un modelo de economía circular y los nuevos programas de financiación están orientados a ello. Cantabria puede beneficiarse de nuevos programas de financiación si demuestra que está alineada con la estrategia de Comisión Europea. Nosotros, como instrumento de la Comisión, sabemos qué quiere financiar y podemos ayudar al Gobierno y a las empresas a captar esos recursos. Hay que demostrar ese compromiso. Yo en Bruselas, y ante la Comisión, he presentado los pasos que ha dado Cantabria y despertaron mucha atención.

P.– Cómo es el sistema de apoyo económico y subvenciones?
R.– Después de una década financiando la innovación de una forma más convencional, nos hemos dado cuenta de que no es suficiente. Para enfrentar el cambio climático necesitamos cambiar el sistema en que vivimos, desde las políticas hasta la forma en que compramos, nos movemos… todo. Eso se llama transformación sistemática. Climate-KIC apuesta por retos a gran escala y trabajamos mucho con ciudades, regiones o países. En cada caso identificamos los retos y áreas para mejorar la vida de los ciudadanos y al tiempo enfrentar el cambio climático. Toda de nuestra sociedad está relacionado con el medio ambiente: transporte, contaminación, industria, emprendimiento… .

P.– ¿Cuál es la influencia que tiene la acción de los gobiernos frente al cambio climático y, en concreto, la economía circular?
R.– Hay un ejemplo muy claro: pensemos en cómo tratamos los residuos. Esas líneas de acción vienen de los gobiernos. Hay empresas especializadas para ejecutar las estrategias y planes del gobierno, pero hay que matizar que las empresas solo reaccionan ante las políticas, ya que si concurren a concursos públicos tiene que atenerse a determinadas condiciones. Por ejemplo, en el País Vasco todas las carreteras nuevas deben construirse con un porcentaje de cemento reciclado, es una medida que estimula el mercado. Cuando las políticas favorecen eso hay más probabilidad de que las empresas busquen la manera de emprender e innovar, y después tengan éxito en el mercado. Por tanto hay que introducir cambios en las políticas y para llegar a ese punto hace falta formación. En Climate-KIC traemos y transferimos conocimiento desde toda Europa, cogemos lo bueno y lo traemos. Tratamos de acelerar la innovación, porque para superar  ese reto de los 1,5º C y para armonizar una sociedad de bajas emisiones de carbono tenemos que acelerar lo que estamos haciendo. Hay mucho conocimiento y hay que replicarlo en toda Europa y es necesaria una organización que puede facilitar esa transferencia.

P.– ¿Cómo puede influir Climate-KIC en ese proceso?
R.– Somos un instrumento, tenemos oficinas en toda Europa, somos un equipo de 260 técnicos preparados para facilitar estos procesos. Trabajamos en toda Europa y reconocemos las diferencias de las condiciones y contextos para poder codiseñar proyectos de trasformación. Cada KIC tiene una comunidad de socios que incluye universidades, gobiernos, empresas, centros tecnológicos, ciudades… En Climate-KIC trabajamos con todos ellos, en algunos casos financiamos, pero nuestro rol fundamental es evaluar y reconocer lo que funciona para poder traerlo e implementarlo en otros sitios. Algunas de las mayores industrias de Europa son socias nuestras, entre ellas por ejemplo está Ferrovial que creo se beneficia del conocimiento que puede encontrar en nuestro KIC. En cada caso, hay que definir el proceso según el reto. Algunas veces implica definir una estrategia y entonces Climate-KIC puede ayudar a ponerla en marcha, hay que definir cómo se gasta ese dinero público para combatir el cambio climático y como se pueden integrar actividades para el cambio climático en todas las líneas de actuación.

P.– ¿En qué nivel está Cantabria?
R.– Cantabria está comprometida. Estamos iniciando un acuerdo para ayudar a Cantabria para que sea lo más sostenible posible y pensar estratégicamente. Cambiar la política es urgente y el proceso requiere una implicación global, que todas las industrias participen, también los colegios, la universidad, la ciudadanía… hay que diseñar proyectos a nivel de ecosistema y Cantabria es un ecosistema en sí. El estilo de gobernanza diseñado es así, hay que facilitar que Cantabria trabaje además con País Vasco y Asturias. La gestión de residuos, por ejemplo, puede ser macroregional. La idea es que si podemos gestionar todo el ecosistema a la vez, el impacto es mayor y se puede contribuir realmente a reducir el CO2 que se emite. Cuando un gobierno está comprometido ya hay un impacto. Planteamos y diseñamos soluciones a ese nivel para acelerar la disminución del CO2.

P.– ¿En Cantabria hay empresas o industrias que deberían trabajar en este sentido con más urgencia?
R.– En realidad todas las empresas pueden estar vinculadas, porque todas las empresas tienen algún impacto: todas forman parte del ecosistema. Aunque sea una empresa digital, ocupa un espacio, debe conectarse a una red de agua, a la red eléctrica, genera algún tipo de desecho… Es casi imposible no estar relacionado. En Cantabria se firmó un acuerdo entre Sodercan, la Cámara de Comercio y Climate-KIC. Lo que interesa esa usar ese acuerdo para estimular el diseño de un plan estratégico de cambio climático. Uno que ya existe entra ahora en 2020 en revisión y participaremos para mejorar ese plan. Además se quiere diseñar un plan estratégico para la economía circular, que aún no existe, y vincular ambas estrategias. .

P.– Además de al medio ambiente, ¿en qué medida la economía circular puede ayudar a la mejora de la competitividad de las empresas?
R.– La economía circular es un nuevo modelo de economía para aumentar la competitividad, y es el instrumento clave para combatir el cambio climático. En una estrategia circular se repiensa todo el ecosistema, porque se trata de mantener el valor de los materiales dentro del ecosistema sin aumentar los residuos. Ahora funcionamos de una manera lineal: extraemos recursos naturales, producimos algo, compramos materiales, lo usamos y luego lo tiramos. El planeta ya no puede funcionar así. Hay que rediseñar los productos para que se puedan reutilizar, no vale solo el reciclaje. Estamos hablando de algo que va más allá del concepto medioambiental.

P.– ¿Cómo podemos diseñar desde el principio productos que se puedan reutilizar?
R.– La respuesta está en el ecodiseño. Por ejemplo, sin el packaging, el empaquetamiento, evitamos ese problema. La economía circular pone de relieve la forma en la que se hacían las cosas hace una generación: las cosas se hacían para durar y durar. Y es que la forma en la que se fabrica hoy no es sostenible. Por ejemplo el móvil, que se produce con materias primas críticas. La cuestión es cómo diseñar un móvil para que no sea contaminante, y para eso hay que estimular la innovación. No es imposible, hemos llegado a la luna, ¿no?.

P.– Pero a las empresas les puede resultar difícil cambiar sistemas y cadenas de producción.
R.– Pero creo que a todas las empresas les interesa. Hay grandes empresas que ya saben que tienen que cambiar algunos aspectos para mejorar la sostenibilidad y ya están actuando. Hay otras empresas que dependen de ayudas del Gobierno, y saben que si contaminan lo van a pagar. Y hay otras que aún no lo han asumido, pero políticas bien diseñadas les ayudarán a ello. La noticia positiva en Cantabria es que hemos dado los primeros pasos para plantear una economía sostenible. Hemos llamado a líderes empresariales y de gobierno, a ONG y mancomunidades de la región. Entre septiembre y octubre hicimos dos reuniones, percibimos que existe el reconocimiento de que hay que replantearse las cosas y se comprobó el compromiso con el cambio, con la transición. Todos ven el riesgo de seguir con ese modelo lineal en el que los costes pueden llegar a ser muy altos, porque el precio de la materia prima depende muchísimo de factores que están fuera de control. Por ejemplo, empresas de componentes ven que cuando tu negocio es sostenible tienes más posibilidades de sumarte a ese modelo circular en el que ya están grandes empresas. Rediseñando la mejora de tu negocio mejoras la cadena de suministro y tu futuro a largo plazo. También se percibe por parte de inversores. La economía circular no es medioambiental, es de funcionamiento: existe cuando se da una simbiosis industrial en la que un residuo es materia prima o subproducto para otra empresa. Como la madera no usada, o la arena no usada en el cemento, o los tintes en una empresa textil… todo eso tiene un valor y es más barato que buscarlo como materia prima.

P.– ¿Cuál es el siguiente paso?
R.– Este mes empezaremos a trabajar con varias consejerías del Gobierno regional. Haremos también una reunión y presentaremos nuestras conclusiones para facilitar la transición a la economía circular, a raíz de las reuniones anteriores y que abarcan la investigación, el ámbito social, la economía, la gestión… Será un mapeo de hoja de ruta, de cómo se plantea y así elaboraremos la estrategia y las tareas a implementar. Es algo que se diseña con la voz de todos, no es para regular el emprendimiento: hay que plantear una transición que sea justa socialmente, dando oportunidades a todos, sostenible, baja en emisiones de carbono y accesible. Pero se hace en colaboración con todos.

P.– La Unión Europa lleva la iniciativa en éste cambio de modelo pero hay otras instancias que también promueven medidas medioambientales. ¿Por qué recurrir a Climate-KIC y el ITE?
R.– El interés de trabajar con Climate-KIC es precisamente ser una institución que viene de Europa. No hacemos esto para vender, nos vemos como otro actor para trabajar en colaboración y coordinar sinergias. Trabajamos de forma muy unida con la Comisión Europea y somos un instrumento suyo, nos gestionan en Bruselas, ese el formato que tenemos. Por eso podemos compartir información y transferencia de conocimiento entre los países, en todas las direcciones. Trabajamos también con otras instituciones fundamentales para diseñar el nuevo modelo económico, como el World Economic Fórum, el Banco Europeo de Inversiones, Naciones Unidas… este respaldo es otro beneficio que traemos al Gobierno de Cantabria. Yo ya he presentado el caso de Cantabria y ha generado interés, eso solo puede traer beneficios para la región.

P.– Si son necesarias nuevas leyes y acciones, ¿cuáles considera que serían las más positivas para Cantabria?
R.– Hay muchas leyes posibles, pero prefiero no enfocarme en ninguna en concreto porque esta transición tiene que ser algo sistemático, que toca todos los aspectos. Lo que sí puedo decir es que la contratación pública es un importante impulso para la economía circular: los concursos públicos deberían integrar la economía circular entre los requisitos, ya que esto tiene un impacto directo porque son muchas las empresas que dependen de la contratación por parte de las diferentes administraciones públicas. Así se estimula que las empresas concurran con esos requisitos. Esto les impulsa a innovar y cambiar.

España es uno de los principales exportadores mundiales de desechos plásticos, un tráfico en el que hasta ahora las irregularidades eran habituales, algo a lo que la UE y los países firmantes del Tratado de Basilea quieren poner fin. El objetivo es garantizar que nada de lo que salga de España acabe en un vertedero, y para ello se intensifican los controles, se digitaliza el proceso y se cruzan datos entre administraciones para interceptar los envíos ilegales. El cerco a la exportación irregular ha sido especialmente bien recibido por Alfinter Forwarding, que confía en que sirva para acabar con la competencia desleal en un transporte de tramitación muy compleja y en el que el transitario cántabro viene operando desde hace dos años, cumpliendo con todo lo que ahora será objeto de un control exhaustivo y convirtiéndose en uno de los mayores especialistas españoles en este tráfico.

Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga

En lo que es una paradoja muy significativa de la relación de los consumidores con el medio ambiente, los residuos plásticos a la deriva en los océanos ocupan un lugar más importante en las preocupaciones ciudadanas que aquellos otros que recorren esas mismas aguas a bordo de grandes buques portacontenedores, pese a que entre unos y otros hay muchas veces una relación tan directa como la que une el origen y el destino: el viaje transoceánico es solo la penúltima etapa antes de que esa basura acabe en el mar. El bloqueo en Malasia de 24 contenedores cargados con residuos plásticos, y su posterior devolución a España, fue el pasado mes de mayo una de esas puntas del iceberg que permite intuir las dimensiones de un problema que en su mayor parte permanece oculto a las miradas. Lo sucedido en el país asiático no fue ninguna sorpresa para los profesionales de Alfinter Forwarding, el transitario cántabro que desde hace dos años exporta desechos plásticos para su reciclaje y que, testigos del abismo que existe entre el pequeño número de operaciones que se realizan cumpliendo con lo que marca la ley y el enorme volumen de transporte que se genera en torno a este residuo, del que España es uno de los principales exportadores del mundo: “La última autorización que nos han concedido lleva el número 119, eso supone que solo se ha concedido ese número de permisos en lo que va de año, una cifra muy baja si tenemos en cuenta que España es el noveno país exportador mundial de residuos”, señala Guadalupe Rivero, encargada del desarrollo de proyectos en Alfinter y la persona que se ha ocupado de la exportación de residuos desde que el transitario abrió esa nueva línea de negocio. 

Poner coto al tráfico incontrolado de basura plástica es precisamente la meta de la enmienda aprobada, también en mayo, por los 180 países firmantes del  Tratado de Basilea, que obligarán a clasificar los desechos plásticos que se exporten y prohibirá que su destino sea el vertedero. Aunque los cambios no entrarán en vigor con todos sus efectos hasta el año 2021, la Administración española ya había puesto el foco sobre este tráfico, incrementando los controles y los requerimientos de información sobre cualquier operación que implique transporte desde España a otro país.

En su condición de transitario, esa es precisamente la tarea que realiza Alfinter, encargado de gestionar toda la cadena logística que hace posible llevar una mercancía desde su origen a destino, especialmente cuando ese viaje implica el uso de contenedores y obliga a cruzar el mar. Cuando lo que se mueven son residuos plásticos y las operaciones cumplen con todos los requisitos administrativos, la complejidad de las operaciones es mayor y la aportación del gestor se convierte en decisiva, de ahí que desde Alfinter –que se ha convertido en un especialista en este tráfico– se vea el incremento de los controles como una oportunidad, y no como una amenaza.

En los dos años que lleva operando este tráfico, el transitario cántabro ha exportado 3.000 contenedores de residuos plásticos, siempre botellas y en todos los casos con destino a plantas que utilizan ese material como materia prima, convirtiéndolo en granza, un producto equivalente al plástico de primera transformación. La granza reciclada se vende después a las plantas europeas que fabrican las botellas de plástico, con lo que se cierra el círculo de reciclaje en una de sus versiones más óptimas: de botella a botella con el mismo material. Esa condición, que se acredite que el residuo que sale de España sea reciclado, es una de las claves para que ese transporte cumpla con la ley, y también la principal razón que explica la complejidad de la tramitación de los permisos, en los que intervienen varias administraciones: “Cualquier operación obliga a mover una gran cantidad de información –explica Guadalupe Rivero– hay que identificar el tipo de residuo, su origen y su destino, y enviar toda esa documentación al Ministerio de Fomento. A partir de ahí se sabe ya si es o no exportable, pero para conseguir tener vía libre hay que esperar todavía a que el ministerio informe al país de destino, y que allí confirmen que acepten el material. Solo entonces te conceden el código para hacer la operación”. 

La carga documental no termina ahí, y para completarla es necesario confirmar que los residuos se han valorizado, por lo que la fábrica de destino tiene que emitir el certificado correspondiente. Para llevar a cabo todo el proceso es necesario depositar un aval, que solo queda liberado cuando llega la confirmación de que el residuo se ha reciclado. “Cualquier error en uno de esos pasos, o una documentación incompleta, puede llevar a que un contenedor sea inmovilizado. Eso supone tiempo y coste, como sucede con cualquier otro transporte, pero la atención que ahora va a prestarse a  al movimiento de residuos hace que sea más importante conocer todo el proceso y garantizar que no se cometen equivocaciones en la gestión de estos envíos”, advierte la responsable de proyectos de Alfinter, que considera muy positivo todo cuanto se haga desde la Administración para atajar el tráfico irregular, tanto por los beneficios medioambientales que se deriven de ello como por la posición que tiene ahora mismo el transitario cántabro en este mercado: “Después de dos años, podemos decir que somos uno de los pocos especialistas con los que se puede contar en España para exportar residuos plásticos con todas las garantías legales. Que se controle el tráfico irregular solo puede beneficiarnos”.

Además del creciente rigor administrativo, y de los cambios que se aplicarán en el protocolo internacional que lo regula, el transporte de residuos plásticos tiene otras particularidades que afectan directamente a la labor del transitario. Como tal, Alfinter realiza la gestión de todas las tareas logísticas necesarias para llevar un producto de un punto a otro, asumiendo el trato con transportistas, almacenistas, navieras, aduanas y cualquier otro agente que intervenga en esta tarea. En el caso de los residuos plásticos, esto supone recoger la mercancía en centros de tratamiento autorizados, encargada de la gestión de los residuos que se depositan en el contenedor amarillo, transportarla en camión a un almacén en el que se realiza el traslado a un contenedor, llevar este a puerto, tramitar el embarque con la naviera que se haya contratado y repetir en destino, a la inversa, todo el proceso, hasta que el contenedor llega a la fábrica que recicla el residuo. Al margen de los permisos y de la trazabilidad a la que obliga el sistema, todo lo anterior no es demasiado diferente de lo que sucede con cualquier otra mercancía. Lo más novedoso respecto a otros transportes en los que interviene Alfinter es que, aunque su cliente es la empresa que recicla en destino, es el transitario cántabro quien asume la compra del producto, a través de una filial creada al efecto. Es esta quien adquiere los residuos en las licitaciones que periódicamente  periódicamente sacan a adjudicación en las empresas homologadas por el Estado a tal efecto, para exportarlos después –con Alfinter como transitario– a la planta que los utiliza como materia prima. Este esquema, desarrollado por Alfinter para dar servicio al cliente que hace dos años le encargó el suministro de residuos plásticos hasta su planta de reciclaje, es igualmente válido para cualquier otro que tenga idéntica necesidad y, por tanto, una de las ventajas competitivas con las que cuenta el transitario cántabro para captar clientes. Porque nadie duda hoy que el volumen de las exportaciones españolas de desechos plásticos se reducirá drásticamente tras la enmienda al Tratado de Basilea y las recientes medidas tomadas por los países receptores, pero que ese descenso será a costa de las operaciones irregulares, y compatible con un aumento significativo de las que se realicen de acuerdo con lo que marca la ley. Y ahí es donde Alfinter cree que podrá jugar un papel importante en el futuro.

Alargar la vida de los productos y luchar contra la obsolescencia esta en el origen de un término en el que se agrupan todas aquellas iniciativas que buscan evitar el despilfarro de recursos económicos y ambientales asociados al cada vez menor ciclo de vida de los bienes de consumo.  Fomentar las reparaciones, el comercio de artículos usados o el uso compartido son algunas de las líneas de actuación de un movimiento que empieza a encontrar el apoyo legislativo: la UE prepara una directiva que obligará a los fabricantes a facilitar repuestos y facilitar los arreglos, y ya hay países que han establecido un IVA reducido para los trabajos de reparación. Sobre la mesa está la posibilidad de crear miles de empleos y revitalizar un sector tradicional.

Por J. Carlos Arrondo

Es un hecho difícilmente discutible que el ciclo de vida de los bienes de consumo masivo tiende a ser cada vez menor. El modelo de fabricación, muchas veces a bajo coste y con reducidos estándares de calidad, y las agresivas políticas de comercialización fomentan la rápida obsolescencia de los productos, ya sea acelerando su deterioro o promoviendo una continua sucesión de innovaciones o de modas. El consumidor se ve abocado a sustituir sus electrodomésticos, sus dispositivos electrónicos, su ropa y su calzado o el mobiliario de su hogar con mayor frecuencia de lo que lo hacía antes. Además de afectar al bolsillo de los ciudadanos, la obsolescencia conlleva una utilización tan desmesurada de recursos y origina tal cantidad de residuos que se ha convertido en un problema a escala global. Distintos ámbitos públicos y privados consideran que la mejor estrategia que se puede adoptar actualmente es fomentar iniciativas que contribuyan a alargar la vida útil de los productos y su reutilización. De acuerdo con esta perspectiva, la reparación o la venta de artículos de ocasión son actividades con un alto potencial y capacidad de generar empleo en los próximos años.

Alodia Pérez, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra.

En Amigos de la Tierra llevan años buscando  la manera de frenar la obsolescencia, pero se han dado cuenta  de que, sin normas que la regulen, desde la reacción poco pueden hacer ante una realidad promovida por grandes empresas. “Pensamos que quizás tendría mejores resultados ser proactivos y ver qué soluciones se podrían plantear desde la base. Vimos que existían negocios tradicionales que, sabiéndolo o no, estaban luchando contra la obsolescencia y  pensamos que sería muy interesante ponerlos en valor y unificarlos en un directorio”, explica Alodia Pérez Muñoz, responsable de Recursos Naturales y Residuos.  Así nació ‘Alargascencia’, una plataforma que reúne a más de mil establecimientos de toda España dedicados a la reparación, la compra y venta de segunda mano, el alquiler o el intercambio. Para la representante de la asociación ecologista es algo más que una herramienta en internet donde buscar estos servicios en un entorno cercano: “Es la visibilización de un sector cuyas actividades hacen innecesario fabricar de nuevo un producto, ya que permite alargar la vida de los que ya existen. Con su trabajo está aportando un valor medioambiental y social”.

El impacto sobre el medio ambiente que causa la ingente cantidad de residuos –sobre todo eléctricos y electrónicos– generados por la obsolescencia lleva preocupando desde hace tiempo a organizaciones conservacionistas de la naturaleza y ya está llegando a ámbitos mucho más alejados. En el recientemente celebrado Foro Económico Mundial de Davos se ha presentado el informe ‘Una nueva visión circular para la electrónica’, que alerta de que en el último año se desecharon 48,5 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos en el mundo, de los que sólo se tratan correctamente alrededor del 20%. Al ritmo actual y si no se adopta alguna medida al respecto, en 2050 se prevé que alcanzarán los 120 millones de toneladas anuales. “No tenemos la capacidad para gestionarlos adecuadamente y se acaban exportando a zonas empobrecidas, donde los residuos tóxicos y peligrosos acaban en vertederos sin ningún tipo de control”, señala Alodia Pérez Muñoz. Se sabe que algunos países africanos,  como Ghana, son receptores de un tráfico ilegal de millones de toneladas anuales de basura electrónica.

El periodo medio de renovación de un móvil es menor a los dos años. En la Unión Europea se reemplazan cada mes unos 10 millones de teléfonos, cada uno de los cuales contiene en torno a 30 minerales, alguno muy escaso y más de la mitad con riesgo de agotarse a medio plazo. La responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra advierte de las consecuencias que tiene aumentar su extracción: “Los productos nuevos requieren más recursos, que muchas veces se acaban expoliando de los países que acaban con nuestros residuos o generan conflictos, como en el Congo por el coltán. Es un problema global que con nuestra ‘guerrilla’ de la alargascencia queremos atajar”. Desde otra perspectiva, el informe presentado en Davos pone el acento en el valor de los materiales que contienen los dispositivos electrónicos desechados –estima que unos 55.000 millones de euros– y el despilfarro que supone no aprovecharlos mientras se continúan extrayendo más recursos de la naturaleza: hay cien veces más oro en una tonelada de móviles que en una tonelada de mineral de oro.

El documento ‘Una nueva visión circular para la electrónica’ –elaborado por la Plataforma para la Aceleración de la Economía Circular y la Coalición de Residuos Electrónicos de las Naciones Unidas– concluye que sustituir el actual modelo lineal –producir, usar y desechar– por otro circular, en el que se priorice la conversión de los residuos en recursos, reutilizar componentes o reparar los productos estropeados para alargar su vida, representa una gran oportunidad de crear millones de puestos de trabajo, mejores y más sostenibles, en todo el mundo. En la Unión Europea ya se contempla el concepto de la economía circular –reducir los residuos, reutilizar, reciclar– en su iniciativa de utilizar eficazmente los recursos dentro de la estrategia ‘Europa 2020’ y se ultima la aprobación de una normativa sobre reparaciones. No obstante, más allá del marco regulatorio, es crucial lograr la concienciación del consumidor como parte decisiva para alcanzar el reto de extender la vida de los artículos, algo que, además de suponerle un ahorro  y traducirse en mejoras medioambientales, contribuye al impulso de pequeños negocios locales y a la generación de empleo.

Alodia Pérez Muñoz cree que es un sector en auge, cuyo potencial será reforzado por la Unión Europea: “Está tramitándose una Directiva que facilite estos negocios, que obligue a las empresas a tener piezas de recambio durante más años, a asegurar garantías y a facilitar la reparación. Hasta ahora se ha dejado en manos de los fabricantes, que prefieren vender otro  producto que arreglar el que ya vendió”. Considera que habrá que esperar al alcance que finalmente tenga esta regulación de las reparaciones para ver su efectividad: “Por lo menos está sobre la mesa, aunque nos preocupa que su ambición quede por muy por debajo de lo que esperamos. Estaremos presionando para que sea lo más elevada posible”. Esta norma complementará a otra de 2008 sobre el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, cuya trasposición en España –la Ley de residuos de 2011– ha despuntado a nivel europeo por establecer un porcentaje obligatorio de reutilización superior al de cualquier otro Estado.

Según la Directiva de 2008, el 80% de los residuos eléctricos y electrónicos deben ser reutilizados y reciclados. La experiencia muestra que, al no detallarse qué porcentaje corresponde a cada actividad, prácticamente todo acaba yendo al reciclaje. La singularidad de la ley española es que obliga a los fabricantes a poner los canales adecuados para que el 3% de los productos desechados sean reparados y vuelvan a ponerse en el mercado. “Creemos que es el camino porque la reutilización es más sostenible ambientalmente que el reciclaje y, según distintos estudios, reparar crea más puestos de trabajo”, afirma Alodia Pérez Muñoz. Reconoce que todavía no tienen muchos datos sobre cómo se está cumpliendo la ley, pero es consciente de que su éxito será complicado si no hay un mercado para esos artículos: “Hay que hacer un trabajo muy potente para dar el valor que tienen a la reparación y la reutilización. Es necesaria una apuesta firme de la Administración por este sector”.

Varios países europeos están poniendo en marcha iniciativas legislativas para la promoción de la economía circular. En Francia, en el marco de la Ley de transición energética, se están tomando medidas contra la obsolescencia programada y están trabajando en alargar a los cinco años la garantía de los productos. En Suecia se han establecido incentivos fiscales para fomentar las reparaciones, a las que han quitado el IVA. “Nos parece un ejemplo, porque visibiliza la importancia que tienen socialmente y abarata los precios”, indica la responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra, asociación que ha lanzado una campaña –‘Se merecen un 10’– para pedir que en España se reduzca el IVA del 21 al 10% en los servicios de reparaciones, de alquiler y en la venta de segunda mano. Esta reducción ayudaría a paliar la dificultad para poner precios competitivos respecto al producto nuevo, uno de los principales problemas del sector según las encuestas realizadas entre los negocios de la plataforma ‘Alargascencia’.

Empresas cántabras en la plataforma Alargascencia

Entre  los trece establecimientos cántabros adheridos a este directorio está Inforlab, cuya actividad consiste en la reparación y en la compraventa de equipos informáticos de segunda mano. “Lo que hacemos fundamentalmente son reparaciones, si es posible con piezas de ocasión. También compramos ordenadores usados, bien para repararlos y venderlos o bien para despiezarlos. Tenemos tienda en eBay con algo más de tres mil referencias de piezas, sobre todo de portátiles”, describe Alberto Pérez, uno de los dos socios del negocio, que confirma que el tener un stock de esas características les ofrece más posibilidades para reparar todo tipo de ordenadores: “La gente no quiere gastarse un dineral en un ordenador antiguo, por lo que procuramos buscar la pieza de ocasión para repararlo. Si no es posible, tendrá que ser con una pieza nueva”. Dar una solución plenamente satisfactoria al cliente que acude con un problema es fundamental en una actividad que sufre un fuerte intrusismo de particulares que, con conocimientos limitados y escasos medios, suelen realizar reparaciones defectuosas, alimentando así la desconfianza del consumidor hacia el sector.

“Lo que funciona es el ‘boca a boca’. La mayor parte de los que entran por la puerta vienen recomendados por otros”, aclara Alberto Pérez. El conocimiento de las necesidades del cliente les diferencia de las grandes tiendas que suelen desaconsejar las reparaciones, por demasiado costosas, animando a comprar un artículo nuevo: “Aprovechando que se ha roto puede interesar cambiarlo si se necesita uno más potente, pero para lo que lo utiliza mucha gente le merece la pena arreglarlo porque aún tienen un buen ordenador y con piezas de ocasión, perfectamente operativas, les va a salir mucho más barato”. Según su experiencia, el cliente muy joven, al que todo se le queda obsoleto y siempre quiere lo innovador, es el más  proclive a la compra de productos nuevos. Contrasta con otro tipo de consumidor más mayor que no necesita esas novedades y prefiere reparar su antiguo equipo o comprar uno de ocasión de análogas prestaciones: “Los vendemos bien y muy rápido porque por 120 o 140 euros se puede comprar un ordenador verificado y totalmente actualizado”.

Alberto Pérez, uno de los socios fundadores de Inforlab, tienda de reparación y comercialización de aparatos electrónicos usados.

Desde su apertura en 2008, Inforlab no ha experimentado grandes altibajos. Independientemente de que durante los años más duros de la crisis económica el consumidor haya tirado algo más de las reparaciones y de la compra de ocasión, el negocio funciona en una línea muy estable y esta es la expectativa que percibe respecto al futuro inmediato: “La perspectiva es plana. No nos va mal, no vamos a cerrar, pero tampoco crecemos”, admite Alberto Pérez. Entiende que los incentivos fiscales, como la reducción del IVA en las reparaciones o, como en otros países,  su supresión en la venta de artículos de segunda mano, sería el impulso que necesita para crecer un sector ventajoso tanto para compradores como para vendedores: “Podríamos ser incluso más baratos y si esto fuera para adelante podríamos contratar a alguna persona. La mayoría de los productos nuevos se fabrican fuera de España y no tiene sentido estar siempre comprando si se pueden reutilizar y dar trabajo a más gente”.

La responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra coincide con esa visión de que la reparación y la reutilización son actividades que fomentan la actividad económica local y que debe apostarse por ellas como una opción sostenible y lógica. Pero, por muy concienciado que esté el consumidor, es necesario que las administraciones públicas sean el motor de su desarrollo: “Hasta que no haya una legislación es muy difícil que se modifiquen las conductas de los fabricantes, de os diseñadores o de los grandes mercados”. Para Alodia Pérez Muñoz la economía circular es la única manera de seguir avanzando y mantener nuestros estándares de calidad de vida: “La reparación es un elemento imprescindible para que la economía circular funcione, cree puestos de trabajo, no acabe con los recursos naturales y reduzca la cantidad de residuos que generamos cada día”.

Regular la entrega y la destrucción segura de los vehículos que ya no pueden circular. Ese es el objetivo prioritario de la nueva ley de recambios, en vigor desde hace más de un año. Una labor exclusiva de los CAT, los desguaces de toda la vida, que los convierte en los únicos autorizados para extraer, preparar y vender piezas de segunda mano.  Un marco idóneo, sin duda, para luchar contra la venta de recambios entre particulares y evitar la competencia ilegal. Al menos, sobre el papel.

Un reportaje de Laura Velasco

Es difícil poner límites a la mayor plataforma de venta del mundo: internet. Aún así, la ley 20/2017 sobre la gestión de los vehículos al final de su vida útil nace con voluntad de oficializar el mercado de piezas de recambio de segunda mano. Con la entrada en vigor en enero de 2017 de esta nueva norma se prohíbe la compra y la venta de piezas y recambios usados entre particulares y/o talleres; es decir, el real decreto establece que la extracción de piezas y componentes para su preparación para la reutilización y comercialización sólo se puede llevar a cabo en un CAT o centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (art.7.3). Paralelamente, el texto refiere explícitamente que previamente los vehículos han debido causar baja definitivamente en el registro de vehículos de la DGT y haber sido descontaminados.

La ley aborda otros aspectos relacionados con obligaciones de responsabilidad para los fabricantes, y otros agentes económicos, además de ahondar en definiciones y aspectos recogidos en leyes anteriores. Pero el meollo, el objeto para que el se ha sido promulgado, se concentra en los artículos 7.3 (anteriormente citado) y en el 9.1, relativo a obligaciones en el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor. En concreto, cuando señala que los productores de vehículos garantizarán y, en su caso, financiarán la adecuada recogida y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. Por todo lo anterior, los CAT presentarán una memoria anual relativa a todos los residuos que gestionen, incluyendo los neumáticos derivados de la preparación para la reutilización que hayan entregado directamente a gestores autorizados, así como los neumáticos preparados para la reutilización entregados a los profesionales.

Acabar con la venta de recambios entre particulares

Con esta nueva ley, lo que se persigue en primer lugar es acabar con la venta entre particulares, desde el momento en que todo recambio que no proceda de un CAT será ilegal, y en segundo lugar se persigue el cumplimiento de unos mínimos requisitos en materia de medioambiente y seguridad. Todo ello, a priori, en beneficio de los desguaces o centros autorizados, que se convierten en los grandes protagonistas, y de los propios conductores, a quienes se les ofrece unas garantías que las transacciones entre particulares no hacían. “De esta forma somos los CAT los encargados de realizar dicha labor –valora Estrella Becerril, de Desaguaces Becerril– centros especializados en descontaminación y que cumplimos con toda la normativa vigente al respecto, con las inversiones y esfuerzos en procedimientos que ello conlleva”.

Un año después de su entrada en vigor preguntamos al sector, ¿se ha notado en algo? ¿Se está llevando a la práctica? ¿Servirá para frenar el comercio entre particulares? ¿Son los CAT los encargados de vigilar que se cumpla la normativa?

La ley en Cantabria

Juan José Pellón García, secretario general de Revecan.

Por lo general, el texto ha sido bien acogido por el sector, especialmente el artículo que limita a los CAT la potestad de extraer piezas y componentes de vehículos dados de baja y descontaminados. De hecho, se trata de una vieja aspiración de estos centros y de la asociación que en Cantabria representa a buena parte de ellos, Revecan, integrada a su vez en la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje del Automóvil (AEDRA). “El sector ha recibido esta normativa con mucha satisfacción y esperanza en su aplicación por parte de las autoridades, muy especialmente la exigencia del artículo 7”, asegura Juan José Pellón García, secretario general de Revecan. “También la exigencia de recuperación anual se considera positiva, pues impedirá la existencia de centros con autorización como CAT que realmente no recuperan”.

En Desguaces Navajeda coinciden en lo oportuno de la ley en cuanto que está enfocada al negocio de los CAT y evita el pirateo de las piezas. Para Ricardo Castañeda Sánchez, responsable de Medio Ambiente, “teóricamente nos benéficia, la finalidad es buena: evitar que un “piratilla” o un chavalito, que se dedica a hacer chanchullos te diga: no que está todo bien y luego sea mentira… pero controlarlo todo es muy difícil. A nivel particular se vende todo lo usado; Wallapop está plagado”.

Dos años y dos meses después de entrar en vigor, el Real Decreto 20/2017 no es tan conocido como debiera. Incluso hay quienes siguen acudiendo a tráfico a tramitar las bajas de sus vehículos, a pesar de que son los CAT quienes lo gestionan desde 2004. A la nueva ley le falta, por tanto, recorrido. “Yo tengo impreso aquí en papel la orden ministerial que salió en el BOE y se la tengo que enseñar a mucha gente, porque no me creen –señala Castañeda– se piensan que es un negocio para nosotros”. Desde Revecan desconocen si las autoridades han llevado a cabo algún tipo de seguimiento sobre el cumplimiento de la norma a lo lago de estos 14 meses.

Y aunque la ley no es todo lo conocida que debiera ser, el sector sí cuenta con regulación suficiente. “Estamos súper vigilados, pero a nivel de piratillas de páginas web creo que no”, recuerdan desde Autos Navajeda. Para Estrella Becerril “de ninguna forma es suficiente con lo exigido solo a los CAT, habría que controlar el mercado ilegal”. “Se quiere actuar contra quienes anuncian la venta de piezas –apunta Pellón– especialmente por internet, donde es fácil hacerlo”.

Realmente es sencillo. En una primera búsqueda en Wallapop por ‘recambios coches’ aparecen centenares de anuncios. Desde coches deportivos por 91.000 euros, hasta un velocímetro de un Fiat 1300 por 249 euros, o una puerta de una furgoneta Mercedes-Benz a un precio de 120 euros. Se ofrece incluso un Seat 127 completo para recambios por 700 euros, dado de baja y sin documentación. La lista es interminable: una rueda de repuesto y un parabrisas de un Toyota verso por 50 euros o discos de freno TRW a 35 euros. “La gente va al precio, pero no ve el peligro” lamenta Ricardo Castañeda, que recuerda que con la nueva ley de recambios los CAT son los únicos que pueden vender estas piezas usadas.

Frente a la impunidad de internet, la Consejería de Medio Ambiente del gobierno de Cantabria realiza inspecciones periódicas en las instalaciones de los CAT, a los que además exige una serie de datos mensuales y anuales que deben remitirse tanto a la propia consejería como las Jefaturas de Tráfico.  ”Difícilmente puede permanecer en el anonimato ningún aspecto de nuestra actividad”, apuntan desde Revecan. Más tajante incluso es Castañeda “No trabajamos con dinero negro… yo facturo todo”.

Marcar las piezas 

Una pieza usada perfectamente identificada y lista para su venta.

Mayor transparencia, seguridad y garantía en las piezas que se adquieren a través de los CAT. Es otro de los propósitos del Real Decreto 20/2107. Pero ¿están todos los desguaces dispuestos a marcarlos? Los centros autorizados consultados para este reportaje sí marcan todas sus piezas, de hecho, es una forma de evitar la competencia ilegal. Sin embargo, desde Revecan reconocen que, aunque actualmente no sea práctica generalizada, tampoco existe una oposición por parte de los CAT a su implantación; de hecho, el criterio de la asociación de CAT mayoritaria en España, que es AEDRA y a la que Revecan pertenece, es favorable al marcaje. Esta, se realizaría, por ejemplo, mediante pegatinas, “siendo tema distinto el que en ocasiones se ha planteado de la ‘trazabilidad o rastreabilidad’ de la pieza, al entender que supondría trasladar al CAT la responsabilidad del fabricante hasta el final de su vida útil”.

Y es que, según la ley, el centro autorizado o CAT tiene que recepcionar el coche completo y rellenar un certificado de instrucción para la Consejería de Medio Ambiente en que se especifique cómo entra el vehículo. Pero no todo es tan fácil, explica Ricardo: “La ley es muy bonita: entero, despiezado o siniestrado. Pero no todo es sota, caballo o rey; hay muchas veces que se quedan con piezas para un familiar, o le falta un piloto que se ha caído en un accidente… son cosas muy ambiguas”. De hecho, ya han tratado este asunto con la consejería para que sea otros, policía o Seprona, los que denuncien: “Nosotros no somos policía de nadie, ni tenemos por qué denunciar”, insiste.

Control a medias

La ley exige de un lado: sólo los CAT pueden despiezar y vender componentes usados. Pero cojea de otro: los desguaces no están obligados a marcar dichas piezas de segunda mano, aunque la mayoría lo hagan o estén dispuestos a hacerlo. Ante esta falta de criterio es fácil caer en el mercado entre particulares para ahorrarse un dinero y pasar la ITV.

En el sector creen que durante las inspecciones de vehículos no son todo lo serios que debieran con la nueva ley. “Yo creo que no, entre comillas, si funcionase bien todo esto cambiaba”, apunta Ricardo. Desde Desguaces Becerril, Estrella no cree que sea fácil realizar comprobaciones en ese aspecto. “La ITV, según lo que conozco, comprueba que las piezas están”.

Ricardo Castañeda, responsable de Medio Ambiente de Desguaces Navajeda.

Para Revecan no hay duda de que el marcaje de las piezas contribuiría en gran medida a luchar contra el mercado ilegal. “Y aunque sospechamos que ese mercado ilegal o negro existe no tenemos datos fidedignos que nos permita ser más explícitos”, apunta Pellón, quien deja en manos de las autoridades, especialmente Medio Ambiente o Seprona, su detección y sanción, especialmente ahora que se cuenta con el arma legal que supone la entrada en vigor del citado artículo 7.3.

Tampoco soluciona el nuevo decreto el problema que existe en torno a las bajas temporales de vehículos que, según Revecan, se mantienen indefinidamente y a las que debería señalarse un límite temporal. También los vehículos declarados siniestro total, los abandonados con precinto, y algún otro supuesto de importancia menor. “Hay muchísimos coches tirados por los pueblos o puertos de montaña, en pajares… legalmente están bien –apunta Castañeda– el coche no puede circular, pero está generando unos residuos, tendrá una fuga de aceite, de anticongelante…” En cualquier caso, más allá de una suficiente o deficiente regulación, que no es el caso, para Pellón la problemática reside en la distinta interpretación que de la regulación se hace por cada comunidad autónoma, siendo ésta más o menos flexible.

Beneficios medioambientales 

La nueva ley nace hace más de un año con un objetivo ecológico. Como se ha explicado, los conductores que quieran deshacerse de su coche deberán entregarlo en un centro autorizado o CAT, donde recibirán un justificante de destrucción que libera al titular de cualquier responsabilidad y obliga al desguace a darlo de baja en los archivos de la DGT y destruirlo en un plazo de 30 días. “De cara a medioambiente se gana –reconoce Ricardo Castañeda– porque tienes toda la gestión controlada”. De hecho, asegura que cada vez les exigen más: “Se quiere llegar a generar un residuo de solo un 5% del peso del coche”.

A diferencia de lo que ocurre en países como Francia, en el nuestro la entrega del vehículo es gratuita siempre y cuando no se haya realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o componentes. “En Europa el cliente paga por dejar el coche en el desguace, cosa que aquí no sucede”, recuerda Castañeda. “Hasta cierto punto es normal que el usuario pague, porque está dejando un residuo que hay que descontaminar, y sin embargo la gente piensa que estamos a sacarles el dinero porque luego vienen a comprar las piezas”.

Recepcionado el vehículo todas las piezas y componentes son separados por los CAT para ser usados como piezas de segunda mano de acuerdo con la normativa de seguridad industrial, lo que añade más garantía para el cliente. Y esté o no marcada la pieza, al ser suministrada por un centro autorizado, gozará de la garantía de un año o seis meses que la normativa confiere a los productos de segunda mano.

Desde AEDRA son conscientes de los beneficios de la identificación de las piezas en la lucha contra la competencia ilegal. En la actualidad trabaja con asociaciones de talleres y los CAT en un proyecto para proponer a los desguaces la identificación voluntaria de recambios de segunda mano. Una medida que servirá para seguir avanzando en la lucha contra los recambios pirata pero que no erradicará el problema. Al menos mientras los conductores no comprendamos el peligro que corremos al circular con piezas que no han pasado los controles de seguridad.

Los usuarios no conectados a las redes abonan en sus recibos el canon de saneamiento de sus aguas residuales, pero a la vez tienen que pagar de su bolsillo la factura por el transporte y gestión de ese residuo. La empresa pública MARE ha invertido 386.000 euros para poner en marcha un sistema de recogida y gestión que acabe con esa paradoja y cumpla además un doble objetivo: estimular la conexión a red de quienes pueden hacerlo e identificar y atajar los vertidos irregulares.

Texto de Jose Ramón Esquiaga @josesquiaga Fotos de Nacho Cubero. Publicado en diciembre de 2014

Hay cuestiones que tienen una perfecta explicación en términos legales pero que, en la práctica, suponen un auténtico desafío para el sentido común. Los trabajadores del servicio de aguas de la empresa pública MARE, sobre todo aquellos que tratan más directamente con el público, están habituados a enfrentarse casi diariamente con uno de esos asuntos que ponen a prueba todos los razonamientos: la queja de aquellos usuarios que por no estar conectados a la red, y pese a abonar puntualmente el canon de saneamiento en sus recibos, se ven obligados a pagar de su bolsillo el transporte y tratamiento del agua residual de sus fosas sépticas. El carácter prácticamente universal del canon –que técnicamente es un impuesto, no una tasa– ofrece una respuesta que puede ser válida en lo jurídico, pero que incluso los propios responsables de la empresa pública entienden como difícilmente asumible para los afectados. Como fórmula para deshacer el enredo, pero también como un mecanismo capaz de cubrir un más amplio espectro de objetivos, desde MARE se ha diseñado un sistema de recogida, transporte y gestión de las aguas residuales procedentes de fosas sépticas que dará una respuesta transitoria o definitiva –según los casos– al problema.

Según los cálculos de MARE, y en una estimación que admiten que puede quedarse corta, en Cantabria existirían no menos de 600 viviendas no conectadas a las redes de saneamiento y que, por tanto, vacían sus aguas residuales en una fosa séptica. Cuando esta se llena, el propietario de la misma debe llamar a una cisterna para que retire el residuo y lo lleve hasta un gestor autorizado para su tratamiento, abonando la correspondiente factura y afrontando un coste que, según los casos, oscila entre los 2.500 y los 4.000 euros al año y que no exime, como hemos visto, del pago del canon de saneamiento. Es a estos usuarios –siempre que la vivienda que vierte a la fosa séptica esté ubicada en Cantabria y su propietario esté al corriente del pago del canon de saneamiento– a quienes MARE ofrece ahora la recogida, transporte y gestión gratuita de sus aguas residuales, según unas condiciones que varían en función de la razón por la que la vivienda no está conectada a la red.

Estimular la conexión a la red

En principio son dos las causas por las que una vivienda vierte a una fosa séptica: porque por estar aislada no cuenta con una red próxima a la que conectarse o porque, existiendo esta, el propietario ha preferido no hacer la obra de conexión, ya que es él quien tiene que afrontar el coste de la misma. Serán los técnicos de MARE quienes, tras recibir la solicitud del usuario que quiera utilizar el nuevo servicio gratuito de recogida, visitarán la instalación y decidirán en qué supuesto se encuentra cada caso. Para los primeros –los que no tienen posibilidad de conexión o el coste de la misma sería prohibitivo– la recogida, transporte y gestión del residuo de sus fosas sépticas será siempre gratuito. Para los segundos el servicio no tendrá coste durante un año, tiempo que MARE considera suficiente para que el beneficiario se conecte a la red. Cumplido ese plazo sin hacer la obra, la situación volverá a ser como hasta ahora, con el usuario teniendo que contratar los trabajos a los correspondientes gestores autorizados. Existiría un tercer supuesto, el de aquellas viviendas que hoy no tienen posibilidad de conectarse pero que, por estar prevista una ampliación de la red en su entorno, podrán hacerlo en el futuro: en este caso la gratuidad del servicio se mantendrá hasta que sea posible la conexión, contándose el año de plazo a partir de ese momento.

“Lo que buscamos es dar servicio, y al mismo tiempo favorecer que quien está ahora vertiendo a una fosa séptica pase a hacerlo a una red de saneamiento”, explica Mónica Mallavia, directora de Aguas de MARE, que asegura que las redes de saneamiento –canalizaciones y tratamiento en las correspondientes estaciones depuradoras– ofrecen las mayores garantías medioambientales y la máxima eficiencia en el uso de los recursos. Para poner en marcha el sistema, MARE ha invertido 386.000 euros, destinados a adecuar un sistema de recepción en cinco de las estaciones depuradores de aguas residuales (EDAR) que forman su red. En estas –las de Castro Urdiales, Cillórigo de Liébana, Quijano de Piélagos, Reinosa y Suesa, elegidas por ser las más cercanas a las áreas donde se ha identificado una mayor demanda potencial– se habilita un punto de vaciado de la cisterna y se hace un análisis de lo que llega para confirmar que entra dentro de los parámetros del un agua residual urbana. De no ser así, la cisterna no se vacía y el residuo se desvía a un gestor autorizado. Si se da por bueno, y tras separar el residuo sólido, el agua procedente de la fosa séptica pasa a la cabecera de la instalación para ser tratada de la misma manera que la procedente de las redes de saneamiento. Prácticamente la totalidad del coste de la puesta en marcha del sistema se corresponde con esta inversión en las plantas, dado que MARE prevé hacer el transporte con sus propios medios siempre que sea posible, subcontratándolo a un gestor autorizado en caso contrario.

Desde MARE se confía en que, contra lo que pueda pensarse en una primera lectura, la entrada en funcionamiento del sistema de recogida favorezca la actividad de los gestores. La explicación a este optimismo tiene que ver con un elemento incontrolable que cada vez lo es menos: lo vertidos irregulares. Los técnicos asumen que buena parte de las fosas sépticas que puedan existir en Cantabria se vacían hoy al margen de los canales establecidos para ello. O lo que es lo mismo, que en lugar de recurrir a un gestor autorizado –y abonar los cerca de 4.000 euros anuales correspondientes– se vierte directamente en una arqueta de la red de saneamiento. Con la puesta en funcionamiento de la plataforma de control –un sistema con el que ha identificado cada una de las arquetas de la red y con el que es posible conocer lo que pasa por cada una de ellas– MARE es cada vez más capaz de cuantificar e identificar estos vertidos irregulares. Facilitar las cosas para cumplir con lo reglamentado se traducirá en un mejor conocimiento del mapa de distribución de fosas sépticas y una más fácil identificación de los infractores. Eso significaría, según las previsiones que maneja la directora de Aguas, que la buena parte de lo que hoy se vierte fuera del sistema vaya a un gestor autorizado.

De cumplirse el objetivo de eliminar progresivamente las fosas sépticas –estimulando la conexión a la red de quien todavía las utiliza– también se propiciaría una actividad que puede ser modesta, pero no desdeñable, en términos de obra civil. El particular que solicite la recogida gratuita de su fosa séptica recibirá la visita de técnicos de MARE, que verificaran que la instalación cumple con los requisitos para beneficiarse del sistema, y que también decidirán en qué categoría inscribir a la vivienda: de imposible conexión a la red –y por tanto con recogida gratuita para siempre– o susceptible de conectarse a una red existente o futura. El criterio para adjudicarla una u otra condición será técnico, pero con un obvio componente económico: se descartaran aquellos saneamientos que impliquen bombeos o aquellos en los que la complejidad de la obra eleve el coste por encima de lo razonable. ¿Y qué se considerara razonable a estos efectos? La frontera, explica Mónica Mallavia, se movería siempre por debajo del coste anual que hoy supone la recogida y tratamiento por parte del gestor autorizado: esto es, al usuario le bastaría dedicar a la obra de conexión la cantidad que se ahorra durante el año que MARE le prestará gratuitamente el servicio.

Desde el 1 de junio cualquier inmueble que vaya a ser traspasado o alquilado ha de contar con un certificado energético, un documento que servirá para saber lo eficiente que es el edificio desde el punto de vista energético. Sin embargo, y aunque técnicamente la nueva normativa ya ha entrado en vigor, aún se desconoce dónde registrar la documentación, las posibles sanciones o el coste que supondrá.

Texto de Jesús García-Bermejo @chusgbh Fotos de Nacho Cubero
Publicado en junio de 2013

A la hora de adquirir un electrodoméstico, es habitual que el cliente se fije en la etiqueta que figura junto al precio y que mediante una letra y un color indica al usuario el consumo de energía del mismo. Sin embargo, desde el 1 de junio no sólo las lavadoras o secadoras deben contar con esta calificación, sino también todos aquellos inmuebles que vayan a ser traspasados o alquilados, algo que con el paso del tiempo puede convertirse en un importante elemento de juicio para posibles compradores.

De acuerdo al real decreto aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno de Mariano Rajoy, todos los edificios, salvo los industriales, los locales de menos de 50 metros cuadrados y aquellos que vayan a ser alquilados por un periodo inferior a 4 meses, ya sean pisos, comercios, oficinas, casas unifamiliares, colegios o polideportivos, deberán contar con un certificado energético para poder ser vendidos o arrendados, un documento que servirá para saber lo eficaz que es la construcción en lo que respecta a su consumo de energía. De esta forma, una vez que el técnico competente en la materia haya realizado la inspección del inmueble mediante una metodología específica, el propietario dispondrá de una etiqueta que servirá para clasificar su instalación entre las letras A –muy eficiente– y G –poco eficiente–, además de contar con una lista de las modificaciones a realizar para conseguir una mejor calificación y, por lo tanto, gastar menos energía y reducir las emisiones de CO2.

Sin embargo, y a pesar de que técnicamente la normativa ya ha entrado en vigor, aún son numerosas las incertidumbres existentes entre los propietarios en lo que respecta a las posibles sanciones, el punto en el que registrar la documentación, los técnicos autorizados a realizar las inspecciones o el coste que estas pueden suponer.

Obligación comunitaria

En 1991 España era la nación más eficiente desde el punto de vista energético de toda la Unión Europea. Hoy, sin embargo, nos situamos por debajo de la media comunitaria, y ni siquiera cuatro años de caída del PIB y de una crisis sin parangón han servido para reducir el derroche energético del país, dado que, según el balance publicado por el Ministerio de Industria, en los últimos 12 meses la intensidad en el consumo de energía primaria ha crecido un 0,4% en territorio nacional.

Actualmente los españoles importamos prácticamente el 100% del petróleo que consumimos, y casi el 100% del gas natural, una dependencia que en el anterior ejercicio supuso un gasto aproximado de 50.000 millones de euros y que, de no producirse un cambio radical, continuará incrementándose durante los próximos años. Además, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de edificios se han incrementado en el país un 20% desde 1990, y se calcula que cerca del 60% de nuestras viviendas han sido levantadas sin que la eficiencia energética fuese siquiera un criterio a tener en cuenta.

Ignacio López Rebollar, presidente de Afilia

Por este motivo, la Unión Europea aprobó una directiva que, entre otras cosas, obligaba a certificar el consumo de los edificios existentes a partir de enero de 2013. De hecho, en diversos puntos del continente, como Italia o Francia, la etiqueta energética es una realidad ya asentada en el mercado, aunque en España la lentitud en el desarrollo de la normativa ha provocado que el real decreto no estuviese aprobado hasta el pasado 13 de abril. Este retraso, unido a la denuncia presentada en su día por la Comisión Europea contra nuestro país por limitar el certificado de eficiencia a los nuevos inmuebles y a los que sufren una renovación importante, son los factores que, en buena medida, podrían explicar la rapidez con la que la nueva obligación ha entrado en vigor –apenas mes y medio desde su aprobación–, una premura que muchos profesionales del sector y propietarios consideran excesiva. “Las empresas aplaudimos la medida –afirma Ignacio López Rebollar, presidente de la agrupación de inmobiliarias Afilia–, es más, la consideramos necesaria para que los compradores dispongan de más información a la hora de adquirir una vivienda. Lo que no entendemos es la precipitación con la que ha comenzado a aplicarse, dado que nos está tocando informar al ciudadano acerca de todo el proceso, una labor que creemos que le corresponde a la Administración. Además, actualmente en Afilia contamos con 3.751 inmuebles en venta o alquiler, y es imposible tenerlos todos inspeccionados y clasificados para el 1 de junio”.

En este sentido, no hay que olvidar que, para su posterior registro en el ámbito territorial, una vez obtenidos los certificados, el propietario debe presentarlos ante el organismo de la comunidad autónoma competente en la materia –lo que muy probablemente conlleve el pago de una tasa–, responsabilidad que en el caso de Cantabria corresponde a la Consejería de Industria. Sin embargo, dado que todavía son muy pocas las regiones que cuentan con normativa propia, cuerpo de inspectores y registro en funcionamiento, el real decreto otorga un plazo de tres meses a las autonomías para desarrollar estos aspectos, por lo que se entiende que hasta el 13 de julio no se aplicarán sanciones de ningún tipo.

Sin embargo, aquellos propietarios o promotores –en casos de nuevas edificaciones– que a partir de la citada fecha no cuenten con absolutamente toda la documentación en regla y pretendan arrendar o vender un inmueble, podrán ser sancionados con infracciones leves –de 300 a 600 euros–, graves –de 601 a 1.000 euros– y muy graves –de 1.001 a 6.000 euros–. Así, publicitar una vivienda para su traspaso o alquiler sin contar con el certificado necesario, ya sea a través de un portal inmobiliario o en el escaparate de una agencia, será una falta leve, mientras que falsificar el documento se considerará una infracción muy grave. “Dado el escaso coste que supone, no creemos que muchos propietarios vayan a arriesgarse a comercializar sus inmuebles sin la etiqueta energética, especialmente porque la normativa, independientemente de la calificación obtenida, no obliga a realizar ninguna reforma. Eso, en principio, será siempre decisión del propietario”, expone López Rebollar.

Y una vez pasado el periodo de transición, el certificado no solo será necesario para el anuncio de una vivienda, sino que deberá estar presente siempre que se vayan a firmar escrituras de venta o contratos de alquiler, puesto que el nuevo dueño o inquilino puede denunciar al vendedor o casero por carecer del mismo.

Mercado potencial

A la hora de inspeccionar el inmueble son muchos los aspectos que se revisan. Básicamente consiste en una toma de los datos dimensionales del edificio y de las características de la envolvente e instalaciones del mismo: consumos de electricidad, gas, eficiencia de los aislamientos, etc. El objetivo es que a medio plazo todas aquellas construcciones que vayan a salir al mercado y que hayan sido llevadas a cabo antes de 2007 –se supone que las posteriores a esa fecha están obligadas a contar con la certificación– estén clasificadas en función de su consumo energético. “Parece impensable ahora mismo, pero la nueva normativa va a suponer un cambio muy importante para el mercado inmobiliario. Con el ‘boom’ de la construcción la simplicidad se antepuso a la eficiencia, por lo que la gran mayoría de los edificios de Cantabria y del resto del país obtendrán calificaciones entre la D y la G. Esto dará lugar a nuevas caídas en el precio de la compra y en el del alquiler, el cual ya venía reduciéndose un 15% en los últimos meses. Además, es muy probable que, al menos inicialmente, las operaciones comerciales en el sector se reduzcan, y los propietarios de viviendas edificadas antes de los años 70, numerosas en la región, van a tener serias dificultades para darles salida. Igualmente, aquellos que cuenten con inmuebles más eficientes podrán establecer precios superiores, y, a pesar ello, les resultará más sencillo traspasarlos o alquilarlos”, considera López Rebollar.

Pero el incremento en el valor de la propiedad no es el único incentivo para la realización de las reformas que indiquen los técnicos encargados de la certificación, obras a las que en ningún caso obliga el real decreto. De acuerdo a distintos estudios, se calcula que aquellos edificios que se adapten para ser eficientes podrían llegar a reducir la factura final de agua, luz y gas hasta en un 45%, lo que supondría un ahorro global de casi 6.000 millones de euros para el conjunto del país. Además, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha establecido una serie de ayudas y subvenciones dirigidas a fomentar la eficiencia energética dentro del próximo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, como las destinadas a la sustitución de calderas, la mejora de aislamientos o la incorporación de energías renovables, por citar algunas.

Así pues, todo parece indicar que la nueva normativa dará lugar a distintos nichos de mercado en el maltrecho sector de la construcción: por un lado, es probable que a medio plazo sirva para dinamizar la reforma, especialmente una vez que la ciudadanía pase a concebir el consumo de una vivienda como un criterio fundamental de cara a su adquisición, algo que, en opinión de los profesionales del ladrillo, tardará algún tiempo en darse; por otro, las propias inspecciones y la emisión de certificados pueden suponer una fuente de ingresos muy importante para colectivos que hasta la fecha habían visto reducida su actividad hasta mínimos históricos en todo lo relacionado con la edificación, especialmente teniendo en cuenta que a día de hoy Cantabria suma unos 6.000 inmuebles a la venta o en alquiler, y la inmensa mayoría de ellos carece de certificado alguno.

Serán los ingenieros industriales y los arquitectos, junto a los ingenieros industriales técnicos y los arquitectos técnicos los encargados de elaborar el informe, aunque la normativa contempla la posibilidad de que otros profesionales que realicen un curso de formación y obtengan un título al efecto puedan realizar también esta labor. En cualquier caso, cada autonomía tiene la posibilidad de ampliar o restringir estos criterios.

En este sentido, en los últimos meses han proliferado por todo el país empresas que ofrecen la emisión de este documento, ya sean compañías que se han creado a tal efecto o firmas que resultan de divisiones de negocio de tasadoras, consultoras o agencias de intermediación. Incluso los autónomos o las propias inmobiliarias están ofertando esta posibilidad, como es el caso de Afilia, que está formando a profesionales para que sus asociados puedan incorporar este servicio. Por su parte, Miguel Ángel Berrazueta, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria (Coaatcan), recomienda cautela al usuario ante la más que probable guerra de precios que se avecina. “Es importante tener en cuenta que la calidad del estudio que el facultativo haga del edificio determinará la validez de la calificación obtenida. Nosotros estamos preocupados ante las ofertas en las que se está delegando la captación de datos a los propios usuarios, creando una suerte de calificación energética a distancia que en modo alguno tendrá utilidad práctica. Posiblemente por esta razón la normativa incluye medidas de control por parte de la Administración de la validez de los datos de partida para la elaboración del certificado, lo que puede ser objeto de exigencia de responsabilidades. De cualquier manera, y a pesar de que no es el mejor momento para la compraventa y el alquiler de viviendas y locales, esperamos que esta nueva obligación sea satisfactoria para, al menos, algunos de nuestros colegiados, no en vano contamos con la formación, especialización y bagaje necesarios para garantizar un servicio de calidad a un coste proporcionado. Sea como fuere, aconsejamos acudir a técnicos que ofrezcan la máxima garantía y profesionalidad”.

A este respecto, antes de la aprobación de la ley se calculaba que el coste medio del certificado energético podía rondar los 250 euros para un piso en altura de entre 80 y 100 metros cuadrados, sin embargo, a medida que se ha ido incrementando la competencia entre las distintas firmas, este importe ha descendido a poco más de 150 euros. Así, será el propio equilibrio entre oferta y demanda el que fije el coste de la etiqueta, aunque no hay que olvidar que también influirán aspectos como dimensiones del inmueble, antigüedad, tipología constructiva, obras recientes de renovación documentadas, estado de mantenimiento de las instalaciones… En definitiva, la complejidad que en cada caso ofrezca la vivienda o local, tanto para captar datos como para ofrecer medidas de mejora de la calificación previamente obtenida.

Lo que aún se desconoce es el desembolso que supondrá la renovación del certificado, dado que este tiene una validez de 10 años, una responsabilidad que de nuevo recaería sobre el propietario del inmueble y para la que cada comunidad autónoma deberá establecer el protocolo de actuación, otra de las incógnitas que rodean a la normativa. “Aún no tenemos noticias por parte del Gobierno regional en lo que se refiere al registro en el que depositar la documentación de las inspecciones, aunque esperamos que en los próximos días se aclaren muchos de los interrogantes que a día de hoy siguen en el aire. En Cantabria no son pocas las viviendas y locales que están en venta o alquiler, por lo que una organización eficaz resultará fundamental de cara a evitar un colapso en la Administración”, asegura Berrazueta. Lo que al menos sí se sabe es que, en caso de realizarse obras de calado que supongan una clara mejora en la eficiencia del inmueble, se podrá actualizar el certificado antes de su expiración.

Francisco Javier Fernández, consejero de Medio Ambiente, aboga por ser estricto en el cumplimiento de las exigencias legales en materia medioambiental, pero flexible para que las empresas puedan adaptarse a la normativa sin poner en riesgo su continuidad.

Texto de José R. Esquiaga @josesquiaga. Publicado en enero de 2012.

Pregunta.- Desde el punto de vista medioambiental, ¿hay alguna cuestión que vaya a marcar la legislatura, un objetivo prioritario por parte de la consejería?
Respuesta.- Hay algunas líneas muy claras: una es la actuación a través de planes concretos, de ámbito comarcal. Un ejemplo es el plan Besaya 20-20, que ya ha sido presentado. Es un plan multidisciplinar, pero que va a tener como hilo conductor la recuperación ambiental de la comarca. El proyecto más ambicioso en esta legislatura va a ser éste. No es una actuación puntual y concreta, sino un plan vivo, que irá creciendo. Eso queremos combinarlo con actuaciones inmediatas, planes que ya no serían de recuperación, sino de puesta en valor de los valores ambientales. Ejemplos como los del ecoparque de Trasmiera en Arnuero, la recuperación de las marismas en Astillero… por esa vía queremos ir. Y relacionado con lo anterior, está la recuperación de zonas degradadas. Ya hemos comenzado a trabajar con la Federación de Municipios para elaborar un mapa de estos puntos negros medioambientales, para convertirlos en puntos verdes. Recuperarlos y, una vez recuperados, custodiarlos, dando un uso que evite que vuelvan a degradarse. Resumiendo, esas serían dos líneas claves: planes comarcales de recuperación y puesta en valor y actuaciones puntuales de eliminación de puntos negros medioambientales.

P.- ¿Qué papel van a jugar las empresas en esas actuaciones, qué se les va a pedir?
R.- Sobre todo les vamos a pedir implicación. Los agentes impulsores van a ser las diferentes administraciones, autonómica y municipal, pero el proyecto va a abrirse a sociedad y empresas. Vamos a estudiar fórmulas de colaboración en todas las actuaciones, porque entiendo que las empresas son conscientes de que sin respeto al medio ambiente su actividad no tiene futuro. De hecho están llevando a cabo importantes actuaciones en esa materia. Con las empresas queremos dejar claro dos cosas: vamos a ser inflexibles en el cumplimiento de la normativa en materia de protección medioambiental, y al mismo tiempo vamos a ser flexibles para que la empresa pueda adaptarse a esas normas sin poner en riesgo su continuidad. Es cuestión de equilibrio, pero sin que la segunda premisa signifique dejar de cumplir la primera.

P.- En esas actuaciones comarcales, ¿se va a ir más allá del cumplimiento estricto de la normativa, se va a elevar el nivel de exigencia?
R.- En Cantabria tenemos una normativa suficientemente exigente en materia de medio ambiente. Pero cuando hablamos de zonas degradadas, dejando al margen aspectos como los suelos degradados, donde sí existe una legislación al respecto, hay áreas que queremos recuperar aunque no haya una exigencia legal para hacerlo. Queremos trabajar en emisiones, y si conseguimos estar por debajo de los niveles exigidos, pues mejor que mejor. Otro tanto pasa con los vertidos. Siempre respeto a los límites, pero si se puede mejorar, lo haremos.

P.- El caso es que ahora mismo la situación económica no parece propicia para que las empresas acometan inversiones. ¿Hay riesgo de que estos planes, o incluso el simple cumplimiento de las normas, se vean comprometidos por esta circunstancia?
R.- Sabemos que el momento es muy difícil y no vamos a plantear objetivos propios de una época de abundancia cuando estamos en una época de crisis. Hay mínimos que no podemos obviar, por mucha crisis que haya, pero no vamos a pedir milagros. En todo caso, hay actuaciones que no comprometen una gran inversión y que pueden conseguir grandes resultados. Cuando hablamos de recuperación, no se trata de actuaciones caras, es más cuestión de saber emplear los recursos, los medios con los que contamos para conseguir con ellos los máximos objetivos. Vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la normativa, también flexibles para propiciar que las empresas puedan alcanzar esos objetivos y, en lo que va más allá de la normativa, no vamos a plantear exigencias que sean imposibles de cumplir. Escucharemos a las empresas y entenderemos sus problemas, pero sin perder de vista cuales son los objetivos.

P.- En su día, con la autorización ambiental integrada, se consideró que había un riesgo real de que algunas empresas vieran comprometida su continuidad. Finalmente no sucedió, no sé si por esa flexibilidad de la que hablamos o por un cumplimiento real. ¿Podemos dar por superado ese listón?
R.- Ahora mismo, con carácter general, la cuestión medioambiental no es un problema para la continuidad de las empresas. Se asumió la necesidad de obtener las autorizaciones ambientales, las empresas asumieron esa realidad y se adaptaron a ella. Nosotros, por nuestra parte, damos muestra de esa flexibilidad que estamos comentando. Por ejemplo, en la ley de acompañamiento de este año hemos limitado una exigencia que se establecía en la ley de control ambiental integrado: el acta de conformidad. Este es un trámite que, con carácter general, deben cumplir las empresas que se van a instalar, un estudio previo que determina que es conforme con los niveles de exigencia de la normativa actual. En la normativa de Cantabria, no en la española o en la comunitaria, se planteó la necesidad de esa acta de conformidad también para las empresas existentes. Yo creo que eso era excesivo y lo vamos a modificar. Pero eso no significa que tengan autorización para contaminar, los niveles que tienen que cumplir son los mismos para todos, pero partamos de un hecho real: no es lo mismo una empresa que se abre que una que lleva años trabajando.

P.- ¿Las empresas cántabras cumplen con lo comprometido, en materia de emisiones y vertidos, por ejemplo?
R.- No tenemos supuestos de incumplimientos reiterados en materia medioambiental. No hay una crisis generalizada en ese sentido, hay un cumplimiento aceptable, lo que no significa que no haya casos puntuales sobre los que actuar, tomando las medidas que procedan.

P.- En su momento se habló de la economía verde, incluso como una de las vías para un cambio de modelo. Da la impresión de que eso no se ha producido, y que incluso el sector medioambiental está sufriendo la crisis de una forma especialmente acusada.
R.- Sí que hay iniciativas en ese campo. Hay empresas de Cantabria que están reorientando su actividad hacia ese campo, pensemos en recuperación de residuos por ejemplo. Hay proyectos que se plantean esa recuperación, que esos residuos se conviertan en subproductos con un uso industrial. En materia de reciclaje de residuos de construcción y demolición, de plásticos… hay todo un movimiento en ese sentido, proyectos de plantas de biomasa, de biogás… Todo esto, que se irá poniendo en marcha con el tiempo, es economía verde y contará siempre con el apoyo de esta consejería.

P.- Alguna de las actuaciones que ha mencionado está vinculada con el concurso eólico. ¿Existe el riesgo de que esas inversiones queden en nada, debido al redimensionamiento del plan?
R.- El Plan Energético, que debe servir de marco para el desarrollo eólico, sigue su camino. Estamos en la fase de evaluación ambiental y el plan va a ser una realidad en los próximos meses, contemplando unas magnitudes de implantación eólica. De ahí se derivarán los proyectos de i+D+i relacionados con las energías alternativas. Queremos hacer las cosas como creo que deberían haberse hecho, y como los propios servicios jurídicos le plantearon al Gobierno anterior: primero un plan energético, y luego la ejecución del plan.

P.- Entiendo que el redimensionamiento del plan afectará a los proyectos asociados, de manera que las expectativas asociadas a los mismos sean menores de lo que se dijo inicialmente.
R.- Si las expectativas son todo lo que se aprobó en el anterior concurso, en efecto probablemente no van a ser expectativas viables. Por ejemplo, en energía eólica marina se planteaba que en Cantabria se iba a instalar del orden del 80 o el 90% de toda la energía marina de España. Eso no era muy realista. Las magnitudes que vamos a manejar van a ser inferiores, pero no por eso van a ser insuficientes. Lo que planificamos es cuáles son las dimensiones adecuadas para Cantabria. Una vez respondamos a eso, ejecutaremos los planes.

P.- ¿Los plazos para resolverlo caben en el marco de una legislatura?
R.- Sin duda. El consejero de Industria habla de meses para la aprobación del plan. Ahí habrá que encajar los proyectos para, a partir de ahí, hacer la tramitación y la ejecución de los proyectos. Cabe en una legislatura, seguro.

P.- ¿Para cuándo estará operativo el vertedero que sustituya a El Mazo?
R.- El Mazo sigue operativo en lo relativo a residuos industriales no peligrosos, que es a lo que se destinará el futuro vertedero de Monte Carceña en Castañeda. Respecto a este último, queda poco tiempo para acabar la obra civil con lo que su puesta en marcha dependerá del entendimiento entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento en todo lo relativo a los permisos municipales. Esperamos que quede resuelto cuanto antes, en el transcurso del primer trimestre de 2012.

P.- ¿Cómo puede conseguirse que haya menos material que vaya al vertedero, fomentarse el reciclaje y la reutilización?
R.- Hay empresas que tienen esa función, que recogen los residuos de construcción para reutilizarlos como árido o grava. Eso se está haciendo y habrá que buscar un plan que nos permita colaborar en esa línea, estableciendo sistemas de recogida y reciclado, de manera que llegue al vertedero la mínima cantidad posible. Ahí hay mucho por hacer.

P.- La Ley de Costas se ve como una amenaza para la continuidad de empresas, y también para propiedades de particulares. El año 2018 está cada vez más cerca. ¿Qué va a pasar de aquí a entonces?
R.- Hay una conciencia bastante generalizada de que la aplicación de la Ley de Costas puede dar lugar a situaciones injustas a las que debe buscarse una solución. La ley transforma derechos de propiedad en derechos concesionales cuando se opera dentro del dominio público, en una idea que no fue declarada inconstitucional en su día, pero sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera tener el Estado por la pérdida de derechos del propietario. Eso supone una situación de incertidumbre que habrá que abordar y es posible hacerlo por dos vías: o bien respondiendo a las reclamaciones que pudieran producirse o bien, por vía legal, haciendo una modificación del régimen transitorio para dar una solución más allá de 2018 a esa situación que va a producirse. Esta segunda posibilidad es la que había intentado ya el PP cuando estaba en la oposición y creo que ahora el camino está despejado para hacerlo. Habrá que ver en qué términos el Estado busca una solución, teniendo en cuenta que hay que dar una respuesta a todos los supuestos en los que el régimen transitorio de la ley de costas establecía el año 2018 como fin de las concesiones. ¿Con una nueva concesión, con un reconocimiento de otro tipo de derechos? No lo sé. Lo que sí se va a llevar a cabo es una reforma antes del vencimiento, de eso estoy convencido.

P.- Entiendo que esa postura descarta la búsqueda de soluciones puntuales, caso por caso, que era la respuesta que propugnaba el Gobierno anterior.
R.- No hablo como Gobierno, porque ahí no tenemos competencia, pero mi opinión personal, en efecto, es que que la solución no puede ser un estudio individualizado caso a caso, si no una respuesta legal de ámbito general.