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Rosa Fernández, directora de Sobaos El Macho: “El sobao es una tradición que los pasiegos no queremos perder”

La Empresaria del Año 2024 reconoce que ha crecido entre sobaos y que lo que más le gusta de su trabajo al frente de Casa El Macho es atender a los clientes en la tienda. Con una producción de 700.000 kg de sobao anuales que venden por toda España y una facturación estimada de 4,5 millones, Rosa Fernández sostiene que la principal aspiración de esta empresa familiar es conservar un producto de calidad, de sabor único y de gran jugosidad, que sea completamente natural. Entre sus preocupaciones, sobresale el desorbitado precio de la mantequilla, su principal materia prima, que, asegura, se ha triplicado en apenas unos meses y para cuyo control y estabilidad reclama la creación de una fábrica en Cantabria que, según defiende, sería viable si todos los sobadores se comprometieran a comprarle este ingrediente.

Manuel Casino | Febrero 2025

Pregunta.– La Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC) ha destacado de usted su capacidad de trabajo, su liderazgo y gestión de equipos, su proactividad, su adaptabilidad y su superación para mantener una productividad y facturación sobresalientes. ¿Con qué rasgo de todos se identifica con más fuerza?

Respuesta.– Adaptabilidad y capacidad de trabajo. Esas son mis señas de identidad. También de superación en el día a día y de innovar cosas.

P.– Es, junto a sus hermanos, la tercera generación de una empresa familiar. ¿Lo de ser empresaria le vino más por obligación o por devoción?

R.– Sí, más por obligación porque lo he vivido desde pequeña. He crecido entre sobaos. Es mi vida. Pero también he aprendido a apreciar este negocio desde que empecé a trabajar con 21 años. Es algo que me gusta mucho. Podía haber elegido otro camino, pero la verdad es que me ha gustado continuar con este actividad.

P.– Lo pasiego está de dulce, ¿o no?

R.– Bueno. Los sobaos y las quesadas son ahora mismo un sello de identidad. Nos identifican a los pasiegos. Se han convertido en productos autóctonos.

P.– En Casa El Macho mandan las mujeres. ¿La repostería artesanal se entiende mejor en femenino?

R.– Es una tradición de las pasiegas ocuparse de estas tareas. Los hombres se iban al campo y las mujeres se ocupaban de la repostería. Esa tradición aún hoy continúa. Al principio yo ayudaba a mis padres y luego he ido haciendo de todo. He estado en todas las funciones: elaborando, empaquetando, haciendo las cuentas junto a mi padre… Pero a mí la que más me gusta es atender al público en la tienda. Me gusta la relación con los clientes.

P.– ¿La principal preocupación del sector son los costes de las materia primas –mantequilla, azúcar, huevos y harina de trigo– y de la electricidad, cada vez más elevados, o hay otros asuntos que les inquietan más?

R.– No, la verdad es que es el asunto que más nos preocupa porque los precios se disparan de un día para otro. Además, sin avisar. No hay un precio constante. De repente, nos triplican el precio de la mantequilla. Podemos gestionarlo gracias a una ayuda que concede el Gobierno de Cantabria a todos los productores de Indicación Geográfica Protegida (IGP) para hacer frente a esta subida. Si no, sería un desastre. La idea es crear en Cantabria una fábrica de mantequilla para conseguir un precio estable. Ahora mismo la mantequilla la traemos hasta de Francia porque Pascual, que es nuestro principal proveedor, nos dice que no tiene suficiente.

P.- Entiendo que para pymes como la suya, y en general para todo el sector, tiene que ser muy complicado afrontar una situación como esa.

R.- Es un problema muy serio porque el precio se ha triplicado en apenas cuatro meses. Todo es pura especulación. No sé quién compra toda la materia grasa y fija el precio diciendo que no hay en el mercado. Hay que tener en cuenta que en Cantabria se consume muchísima mantequilla. El 27% del ingrediente del sobao es mantequilla. Pero, de repente, su precio ha subido de cuatro a diez euros el kilo. Tenemos que abastecernos de diferentes proveedores para poder seguir trabajando. Por eso, entre todos los sobaderos queremos hacer fuerza para intentar instalar aquí una fábrica de mantequilla comprometiéndonos todos a comprarles a ellos para que, de este modo, no jueguen con los precios y sean estables. Somos más de veinte sobaderos en Cantabria. Estamos en conversaciones para ver si conseguimos unirnos. En teoría, la cooperativa de ganaderos Agrocantabria ya montó una fábrica en Bárcena de Carriedo. El único inconveniente era que no tenía vendida la leche desnatada –para hacer mantequilla hay que desnatar la leche– y el proyecto se paró. Si tuviera una salida esa leche… Nosotros, por ejemplo, para fabricar quesadas necesitamos leche fresca recién ordeñada y tenemos nuestra propia ganadería.

Línea de producción de sobaos en la fábrica de El Macho, que produce en torno a 700.000 kilos de este producto cada año. Foto: Nacho Cubero.

P.– ¿Qué le debe el sobao y la quesada a la tecnología?

R.– Si no fuera por la automatización hoy no se podría alcanzar el volumen de producción que tenemos. Las máquinas han agilizado todos los procesos. Antiguamente todo era manual, pero ahora hay máquinas para amasar harina, para cascar huevos, robots empaquetadores, hornos… La elaboración del sobao está muy tecnificada. En el caso de las quesadas, en cambio, todo continúa siendo manual.

P.– ¿Y el comercio electrónico?

R.– A partir de la pandemia ha crecido muchísimo. Es una ventaja indudable. En menos de 24/48 horas el producto recién hecho está en cualquier punto de España. En la actualidad, en torno al 20% de nuestras ventas proceden del comercio online y hay épocas del año, como puede ser Navidad, en las que este porcentaje es incluso mayor. En cualquier caso, nuestro mes más fuerte siempre es agosto por el turismo. En el conjunto del año llegamos a producir alrededor de 700.000 kg de sobao.

P.– Ese volumen, traducido en unidades, supone entre seis y siete millones de sobaos al año. ¿El secreto está en la masa?

R.– El secreto está en utilizar ingredientes de primera calidad. Los cuatro ingredientes básicos del sobao son mantequilla, azúcar, harina y huevo. No hay más. Y fabricar un producto totalmente natural. Nosotros fabricamos dos tipos de sobaos: unos más pequeños, que llevan un mínimo de conservantes para poder estar en los lineales de los supermercados; y otros más grandes, completamente naturales, que se conservan ocho días a temperatura ambiente y tres semanas en frío. Para nosotros es muy importante mantener este sobao natural, sin conservantes, con todo lo que ello implica. El sobao también se puede congelar, que es una opción muy buena. Y preferimos eso antes que añadirles conservantes. Luchamos por eso, por conservar un sobao natural.

P.– La innovación al servicio de la tradición. ¿Por ahí pasa el futuro, también en los sobaos?

R.– Sí. Cada vez los consumidores reclaman cosas nuevas, aunque es cierto que la tradición del sobao clásico siempre se mantendrá. Hemos creado sobaos especiales que tienen mucha aceptación. En verano, por ejemplo, fabricamos sobaos con arándanos y los fines de semana de otoño, con nueces y pasas. Durante todo el año también hacemos uno con perlas de chocolate Valrhona y otro de perlas de chocolate y naranja confitada. Eventualmente, fabricamos otros con plátano y manzana que están muy ricos. Son productos que solo se venden aquí, en tienda y en ‘online’. Pero no los comercializamos.

P.– La RAE decidió incorporar el término sobao a su diccionario en 2010 definiéndolo como un “bizcocho hecho con una masa a la que se añade aceite o manteca de vaca, cocido al horno en un envase de papel”. ¿Acertaron?

R.– Sí. El sobao viene precisamente del acto de sobar, de amasar. De ahí su nombre. No lo tocaría.

P.– La quesada pasiega figura entre las siete maravillas gastronómicas de España. ¿Lo sabemos aprovechar?

R.– Lo que ocurre que la quesada es un producto que solo dura seis días. Ese es el límite que tenemos para comercializarlo y para llegar a los lugares. Hay una que se envasa al vacío, pero cambia completamente la textura. La quesada es completamente natural. Y tampoco queremos añadirle nada para que dure más tiempo. Es lo que es. Y no queremos perder esa esencia.

P.– Además de imagen de marca y de identidad del territorio, así como de ser una importante fuente de ingresos para Selaya, los sobaos y quesadas contribuyen a sensibilizar a los consumidores sobre la riqueza del ámbito rural y la oportunidad que representa para fijar población o recuperar costumbres y tradiciones. Tres valores –identitario, económico y sociocultural– en un mismo producto. ¿A cuál le da más importancia?

R.– Al de la identidad. Nos identificamos con una tradición de toda la vida que no queremos perder. Esa identidad nuestra de crear un producto que hoy en día es conocido en toda España.

Rosa Fernández, premiada como empresaria del año por ADMEC, junto a su hija Arancha en la tienda de venta al público de la fábrica de El Macho, en Selaya. Foto: Nacho Cubero.

P.– Su sector vive del turismo. ¿Verdad o mentira?

R.– Verdad. El mayor porcentaje de compradores es de turistas. Aunque hay clientes locales que lo consumen a diario, el turismo absorbe nuestro mayor volumen de ventas, especialmente en verano y Navidades. En agosto, por ejemplo, podemos llegar a fabricar hasta 50.000 sobaos diarios. Pero eso no quita para que sea un producto que consumimos muchos cántabros.

P.– Los sobaos y quesadas pasiegas son uno de los productos agroalimentarios más representativos de Cantabria. Pese a ello, ¿echa de menos un mayor apoyo institucional?

R.– No, creo que lo hemos tenido y que también lo tenemos ahora mismo. La verdad es que nos sentimos apoyados en nuestra lucha por conseguir estabilizar el precio de la mantequilla que, como apuntaba antes, es nuestro principal reto. Esa ayuda la recibimos todos los productores que fabricamos un sobao de Indicación Geográfica Protegida (IGP) solo de mantequilla 100%. Nosotros no hacemos otro tipo de sobao.

P.– Ya que lo menciona, el sobao cuenta con el sello IGP y tiene hasta cofradía propia. Lo próximo, ¿que será?

R.– Ya contamos también con el sello ‘Calidad Rural. Valles Pasiegos’. No podemos aspirar al de Denominación de Origen (DO) porque todos los ingredientes deberían ser de aquí. Nuestro principal objetivo es continuar defendiendo un producto de calidad, de sabor único y de gran jugosidad que se puede consumir a cualquier hora y en cualquier momento.

por Redacción

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Responsabilidad empresarial sí, pero… ¿es rentable?

Un curso de formación en innovación social y sostenibilidad impulsado por el Colegio de Economistas y el Gobierno de Cantabria incide sobre el debate acerca de la ética en los negocios. Jesús Tortosa, director de la formación, asegura que a más sostenibilidad, más beneficio. Los participantes en el curso, estudiantes de administración y dirección de empresas, confían en poner en práctica lo aprendido.

Ana Bringas | Febrero 2025

¿Está el triunfo en los negocios reñido con la ética corporativa? Sin duda, se trata de una cuestión ampliamente debatida y que muchas empresas se han planteado en algún momento. El capitalismo más agresivo, basado en el beneficio a toda costa, está cediendo terreno ante la responsabilidad empresarial que han adoptado muchos gigantes del mercado. Lo cierto es que, a pesar de lo que pudiera parecer, este enfoque no tiene por qué implicar una disminución en los ingresos, sino más bien una transformación en el modelo de negocio que puede resultar beneficiosa. Más aún cuando el telón de fondo de la economía es, en muchos casos, pura incertidumbre. El cambio climático, la sustitución de puestos de trabajo por la tecnología o la ya avanzada inteligencia artificial (IA) son algunos de los retos que desestabilizan el mercado y que requieren una visión basada en la sostenibilidad.

Precisamente, de este dilema ha tratado el programa gratuito de formación en innovación social y sostenibilidad impulsado por el Colegio de Economistas y el Gobierno de Cantabria. En el curso han participado 21 jóvenes que, en cinco sesiones celebradas entre el 26 de septiembre y el 21 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria, han recibido información en áreas como gestión sostenible, ética empresarial o financiación responsable. Una oportunidad para que los asistentes adquieran habilidades clave y se preparen como líderes con valores sólidos, capaces de enfrentar los retos sociales y económicos de nuestro tiempo.

En las sesiones, los jóvenes han aprendido los secretos de la ética de las empresas de la mano de Jesús Tortosa del Valle, director del programa y CEO de Inchange Impact Company, quien ha hecho hincapié en la implicación y el entusiasmo de los participantes. “El desarrollo del curso me ha transmitido esperanza. Hemos reflexionado juntos sobre sostenibilidad, psicología y los valores que definen el liderazgo ético, como la empatía, la generosidad y el compromiso. También sobre la hipocresía, el cinismo y los dilemas entre hacer lo correcto y no lo fácil. Ver a los jóvenes en acción y trabajando con textos como ‘El Príncipe’ de Maquiavelo o ‘Matar a un elefante’ de Orwell ha sido una experiencia extraordinaria”. El director afirma haber percibido una juventud “cada vez más crítica y comprometida”.

En primer término, Jesús Tortosa, director del curso, junto a alguno de los alumnos participantes.

Tortosa se ha encargado de romper algunos mitos de la economía con ejemplos sencillos y aplicables también a pequeña escala y, junto a él, el programa ha contado con la participación de destacados expertos en diversas áreas, como Daniel Nieto, vicepresidente de Mastercard; Arancha Martínez, presidenta de ItWillBe; Carol Blázquez, directora de Innovación y Sostenibilidad de Ecoalf; Alexandra Entrena, asesora en el Parlamento Europeo; y Agustín Vitorica, co-CEO de GAWA Capital.

La ética empresarial genera confianza

No es difícil adivinar que cada marca o negocio proyecta una imagen en sus consumidores. Una imagen que puede marcar la diferencia a la hora de elegir dónde invertir nuestros ahorros. De hecho, el último informe anual elaborado por el Foro Económico Mundial indica entre sus páginas que los altos estándares éticos entre los líderes empresariales “pueden contribuir a generar confianza”, e identifica la falta de ética laboral como un factor problemático a la hora de hacer negocios.

Responsabilidad social o medioambiental, solidaridad, respeto al bienestar animal, valoración al producto de cercanía o mejora de la relación de la empresa con sus trabajadores son algunos de los términos que se tienen en cuenta hoy en día antes de tomar decisiones que afectan a nuestro bolsillo. Cada vez conocemos más del ADN de las empresas y, por tanto, estas están de alguna manera obligadas a cumplir con las expectativas de sus potenciales clientes para seguir manteniendo su estatus.

Al hilo de esto, Jesús Tortosa destaca que la responsabilidad social corporativa “ha muerto como ingrediente” porque ahora “está en el ADN de las empresas”, sobre todo, y centrándonos en el pequeño mercado, de las promotoras creadas recientemente ya que “para muchas de las más antiguas sigue siendo una asignatura pendiente”. Explica que es común que esos negocios sean impulsados a entrar en esta dinámica por parte de empresas grandes a las que proveen, aunque, en otros casos, son los propios valores de nuevos gerentes los que cambian el rumbo de las empresas.

Las grandes empresas influyen en las pequeñas

Los ejemplos más claros de liderazgo en responsabilidad social los encontramos en grandes compañías que han decidido marcar la diferencia. Un caso destacado es el de los supermercados Lidl, mencionado por Jesús Tortosa, quienes en 2018 tomaron la decisión de eliminar la venta de huevos provenientes de gallinas criadas en jaulas. Este cambio no solo tuvo un impacto positivo en el bienestar animal, sino que también sentó un precedente importante en el sector minorista. La iniciativa de Lidl impulsó a otras cadenas de supermercados a adoptar medidas similares, demostrando el poder de influencia que una empresa puede ejercer sobre toda una industria. Además, esta acción fomentó una mayor conciencia entre los consumidores, quienes comenzaron a valorar más el origen y las condiciones de producción de los alimentos que adquieren.

La medida, que generó una conversación sobre la sostenibilidad y la ética en la cadena de suministro, demuestra cómo una decisión estratégica puede tener un impacto transformador tanto en la sociedad como en los negocios. Esto da lugar a una ola de cambio a la que se suman pequeños negocios con políticas responsables. Ya sea por requerimiento legal, por petición de los trabajadores, para atraer a nuevos clientes o fidelizar a los antiguos, o por iniciativa propia, los pequeños negocios cántabros también están participando activamente en este movimiento.

El CEO de Inchange Impact Company señala que la ética es indispensable para la supervivencia de las empresas, incluidas las pequeñas empresas familiares. “Hoy en día, o eres mejor o eres más barato”, sentencia Tortosa, subrayando que la clave está en escuchar a los grupos de interés, principalmente trabajadores y clientes. “No requiere mayores pretensiones, solo escuchar”.

Tortosa destaca a Birla Carbon, ubicada en Gajano, como un ejemplo de ética empresarial bien implementada. Esta empresa, uno de los mayores productores de negro de carbono de alta calidad a nivel mundial, lleva más de 160 años liderando su industria. Según el director del curso organizado por el Colegio de Economistas, parte de su éxito radica en el cuidado que brinda a sus trabajadores y sus respectivas familias. Este enfoque, asegura, ha sido clave para su longevidad.

Respecto a los pequeños negocios, Tortosa considera que “desde abajo se está trabajando mucho para que sobrevivan”, mientras que “los grandes han dado pasos hacia adelante para ser más éticos y convertirse en palancas de cambio”. Hasta hace poco, esa labor de impulso recaía principalmente en los sindicatos, pero ahora también se extiende a las propias empresas.

“El momento de la ética de cara a la galería ya pasó”, añade Tortosa. “Hoy todos llevamos un móvil en la mano, y las mentiras tienen las patas muy cortas”. Como ejemplo, cita el escándalo de Volkswagen, que evidenció en 2015 los riesgos de priorizar la imagen sobre la realidad en cuestiones éticas. Cabe recordar que la empresa reconoció que cerca de 600.000 vehículos vendidos en Estados Unidos estaban equipados con un software diseñado para manipular los resultados de las pruebas de emisiones de los motores diésel y fruto de aquello pagó las consecuencias.

La filantropía esporádica provoca desconfianza

La ética se encuentra en la intersección entre el deber empresarial y las aspiraciones sociales, y al consumidor ya no le sirven los actos de filantropía esporádicos sino la integración de los valores con la operatividad diaria. Una máxima que ha quedado clara para los alumnos participantes del curso organizado por el Colegio de Economistas. Estefanía Liaño, Paula Dou o Miguel Duque coinciden: el camino hacia la responsabilidad corporativa es el futuro, como también ellos son el futuro de las empresas del mañana. Todos son jóvenes veinteañeros que están cursando el último año de sus estudios en Administración y Dirección de Empresas (ADE), aunque algunos planean aplicar los conocimientos adquiridos en otros campos que, aunque relacionados con el sector, ofrecen una perspectiva diferente.

Estefanía Liaño quiere aplicar lo aprendido en el curso al activismo rural que practica la asociación El Bardal.

Es el caso de Estefanía Liaño, quien estudia ADE en la Universidad de Cantabria (UC) y tiene la intención de utilizar lo aprendido en el curso para mejorar la gestión de La Bardal, una asociación de jóvenes que busca revitalizar y regenerar el medio rural a través de proyectos de gobernanza participativa. La inquietud de Estefanía por este enfoque fue precisamente lo que la motivó a participar en esta iniciativa, que, aunque está dirigida principalmente a empresas, ella adapta a esta plataforma centrada en los pueblos cántabros. Estefanía lleva algún tiempo colaborando en este proyecto y considera que la gestión de recursos, tema tratado durante el programa, es el área a la que más provecho le sacará. Además, valora especialmente la estructura del curso, las sesiones prácticas y las intervenciones de los invitados.

Paula Dou, alumna de último curso de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y también del curso de liderazgo ético.

Paula Dou, otra de las participantes, también está en su último año de carrera y valora que el curso ha tratado temas que no se abordan en la universidad. Al igual que Liaño, coincide en que lo que más le ha gustado han sido las visitas de expertos. Paula explica que actualmente está en un proceso de reflexión sobre su futuro profesional y valora enormemente el curso, ya que le ha permitido ampliar sus horizontes y obtener una visión “más práctica y realista del sector”. Este tipo de experiencias, afirma, le ha permitido identificar áreas de interés que no había considerado previamente y pensar en cómo aplicarlas a su desarrollo tanto personal como profesional. Además, resalta que las experiencias compartidas por los expertos le han dado una visión más concreta del mundo laboral y han despertado su curiosidad por sectores que antes no había explorado.

En conclusión, ahora sabemos que ser responsable hoy significa más que donar a causas nobles; implica adoptar prácticas sostenibles, garantizar condiciones laborales dignas, respetar los derechos humanos y minimizar la huella ambiental. Las empresas que abrazan dichas prácticas no solo cosechan beneficios reputacionales, sino que construyen vínculos profundos con sus clientes, empleados y socios.

por Redacción

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El Racing abre una nueva etapa

Con el pago del último plazo del convenio, la sociedad anónima deportiva deja atrás el concurso de acreedores declarado en 2011. A pesar de que la deuda sigue moviéndose en cotas que superan los ingresos ordinarios de cualquier temporada en segunda división, el Racing vislumbra un objetivo antes impensable: dotarse de una ciudad deportiva y volver a contar con patrimonio, casi medio siglo después de que el club lo perdiera con la venta de los Campos de Sport del Sardinero.

José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Febrero 2025

A falta de que se cubran los trámites judiciales que le den oficialidad, el Racing dejó atrás en diciembre el concurso de acreedores en el que estaba inmerso desde 2011, sumándose a la escasa nómina de empresas que han podido eludir la liquidación tras haber hecho frente a su insolvencia con esa figura. El abono del último pago del convenio con los acreedores, firmado en 2012 y modificado en su calendario varias veces desde entonces, supone poner fin a la que ha sido la etapa más complicada de la centenaria historia del club, con un encadenamiento de dificultades económicas y fracasos deportivos que lo situó por momentos al borde de la desaparición.

El tiempo y los avatares transcurridos desde la solicitud del concurso –durante el verano de 2011, con el equipo jugando todavía en la máxima categoría del fútbol español– dotan de una enorme carga simbólica al cumplimiento del convenio, pero el trámite tiene un alcance que va más allá de eso. Una vez confirmado judicialmente el fin del concurso, algo que desde el Racing se calcula que puede demorarse unos meses, se relajarán los criterios que el control financiero de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) aplica a las sociedades anónimas deportivas (SAD) que están en esa condición, lo que redundará en una mayor capacidad para afrontar inversiones. En lo que sería el efecto más claro de este cambio, en una hipotética ampliación de capital o capitalización de deuda sería posible destinar la totalidad de lo invertido a gasto salarial, en lugar de limitarse al 50% como sucedió, por ejemplo, en la operación que en ese sentido realizó el actual máximo accionista –la sociedad Sebman, propiedad de Sebastián Ceria y Manuel Higuera– cuando tomó el control del club en julio de 2023.

Sebastián Ceria, máximo accionista del club, junto al presidente, Manuel Higuera, y otros miembros del Consejo de Administración de la SAD Real Racing Club.

Aun con consecuencias menos definidas y plazos más difusos, la salida del concurso da también un vuelco a las opciones que la sociedad anónima deportiva tiene para financiarse. El Racing no ha tenido nunca capacidad para afrontar los pagos del concurso con los recursos que generaba con su actividad, y ha venido dependiendo para ello de lo aportado por el que era su propietario en cada momento –Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, primero, y Sebman, después– en lo que en la práctica suponía solo un cambio de acreedor, y no una minorización de la deuda. Lo anómalo de esta circunstancia hacía imposible tanto la externalización de parte de ese pasivo –un objetivo que ya expresaron los nuevos propietarios en la Junta de Accionistas de 2023– como el conseguir financiación bancaria para cualquier inversión.

Primer año de Sebman

El pago del último plazo del concurso de acreedores –en los últimos días de diciembre, cuatro años después de lo fijado en el primer calendario del convenio– se produjo poco después de la celebración de la junta de accionistas en la que se cerraron las cuentas correspondientes al ejercicio 2023-24 y el presupuesto de la temporada actual. El Racing facturó 14,4 millones de euros el primer año de Sebman como máximo accionista, una cifra que de acuerdo a lo presupuestado alcanzaría los 16 millones esta temporada, y que superaría los 17 según las previsiones avanzadas en la junta.

El incremento sobre el ejercicio anterior responde sobre todo a la mejora en los ingresos por publicidad, venta de entradas y abonos, capítulo este último que también es responsable de la mejora sobre lo presupuestado en julio. A esto último también contribuye el éxito de la tienda que vende equipajes, prendas y merchandising oficial del club, una fuente de ingresos no relacionada directamente con la competición que sumó 2,3 millones de euros a la cifra de negocio del Racing la temporada pasada, una cota que lleva camino de alcanzar también esta, pese a que en el presupuesto –elaborado según los criterios a los que obliga la LFP– se contemplan únicamente 1,6 millones.

El equipo prevé cerrar la temporada con un beneficio récord de 3,7 millones de euros.

Con el volumen de negocio moviéndose en cifras récord, el Racing prevé cerrar la presente temporada con un beneficio de 3,7 millones de euros, un cifra que se alcanza gracias a los 4 millones de euros que aporta el traspaso del futbolista Gerard Fernández, ‘Peque’, formalizado el pasado verano. Sin ese aporte extraordinario, y aun contando con el incremento de ingresos sobre lo presupuestado, las cuentas se moverían en un precario equilibrio, repitiendo lo acontecido en el ejercicio 2023-24, cerrado con 26.000 euros de pérdidas.

Planes futuros

Tras el pago del último plazo, la deuda del Racing se mueve en el entorno de los 24 millones de euros, toda con su accionista de referencia y en unas condiciones –al 4%, en siete años y con intereses exigibles solo al vencimiento– difícilmente mejorables por el mercado. El marco que delimitan los números de la pasada temporada y adelantan los de esta –un club capaz de generar recursos para sostener su propia actividad, pero poco más– no parece el mejor para afrontar un pasivo que supera el volumen de negocio que puede alcanzarse el mejor de los ejercicios en segunda división.

A la espera de un ascenso que cambie esto, la salida del concurso de acreedores permite cuanto menos cerrar una etapa en la que la generación de deuda era una cuestión estructural, para abrir otra en la que pueda accederse a financiación para acometer inversiones. En ese capítulo, la construcción de una ciudad deportiva que solucione las carencias de las actuales instalaciones de La Albericia es una opción que se puso de nuevo sobre la mesa durante la última junta de accionistas. Sin plazos ni planes concretos, y cuatro décadas después de la venta de los Campos de Sport de El Sardinero, volver a contar con patrimonio ha pasado de ser un objetivo utópico a una posibilidad extraordinariamente compleja, pero planteable una vez dejado atrás el concurso y, sobre todo, si se diese un ascenso de categoría. En ese cambio de perspectiva se resume buena parte del camino recorrido por el Racing en los últimos años.

por Redacción

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La marca propia impulsa a Electrónica Olaiz

La empresa cántabra comercializa desde el pasado año equipos de posicionamiento electrónico de marca y desarrollo propios, en lo que ha supuesto el último y más significativo paso de una empresa en continua transformación. Nacida hace casi cuarenta años como videoclub y para vender emisoras, Electrónica Olaiz pasó posteriormente a centrar su negocio en la electrónica y los navegadores GPS. Con una actividad que hoy depende en un 80% de la caza, la empresa desarrolló en 2023 un collar de posicionamiento para perros dotado de doble tecnología, VHF y SYM, que ofrece una cobertura máxima y que distribuye con su propia marca: Iocus

José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Febrero 2025

Ni toda la tecnología se mide en bytes, ni la innovación tiene necesariamente áreas de aplicación especialmente complejas. Con una historia que se acerca a los cuarenta años, Electrónica Olaiz ha completado una trayectoria caracterizada por la continua transformación que, en lo que por ahora es su último eslabón, ha llevado a la empresa a salir al mercado con producto y marca propia, desarrollados ambos para dar respuesta a lo que se demanda en una actividad tan tradicional cono la caza. En ese ámbito se concentra hoy la mayor parte de las ventas de la empresa, que a partir de una estrategia que combina innovación y servicio se ha labrado una sólida posición en un mercado que, sin dejar de ser de nicho, aporta volúmenes notables a partir de un no menor nivel de exigencia.

Los antecedentes de Electrónica Olaiz, que hoy vende a clientes de toda España desde sus instalaciones en el polígono de Polimbesa, en Requejada, hay que buscarlos en un videoclub que abrió sus puertas en diciembre de 1987, también en Polanco, cuando todavía el alquiler de películas en VHS era una actividad boyante, tanto como para dar pie a una segunda apertura en Bezana. Fueron, recuerda Eva Olaiz, actual gerente de la empresa, años de fuerte crecimiento, que terminaron de forma más o menos abrupta cuando la llegada de las televisiones privadas empezó a multiplicar la oferta audiovisual. Ahí tuvo Electrónica Olaiz la primera oportunidad de poner a prueba una capacidad para adaptarse a los cambios sobre la que ha asentado gran parte de su competitividad.

Eva Olaiz, gerente de la empresa, con el premio Futuro en Femenino Besaya, con el que fue galardonada este año, en la categoría Innovación. Foto: Nacho Cubero.

Electrónica Olaiz ya había compaginado su actividad como videoclub con la venta de emisoras, un producto que iría ganando protagonismo al tiempo que lo perdía el servicio de alquiler de películas. Como había sucedido con estas unos años antes, las emisoras se convirtieron en un producto de gran demanda en la década de los noventa que, a diferencia de lo que sucedió con el vídeo y pese a que posteriormente ese mercado también vivió cambios profundos, nunca ha dejado de tener presencia en el catálogo de la empresa de Requejada.

Amplio catálogo

La oferta de productos y servicios de Electrónica Olaiz está compuesta hoy, además de por las emisoras y walkies, por dispositivos GPS en un amplísimo abanico de aplicaciones, entre las que son mayoría las que tienen como destino la localización y adiestramiento de perros. La empresa vende además un extenso surtido de productos electrónicos, que van desde las sondas y plotters para uso en embarcaciones, hasta cámaras de trampeo o relojes deportivos, además de otros complementos y accesorios de uso habitual en las actividades relacionadas con el aire libre o la caza, como linternas, cargadores, antenas o correas y collares para perros.

Dos factores son claves para explicar la condición de referencia que la empresa cántabra tiene en los mercados en los que opera: su condición de distribuidor de la marca Garmin y su homologación como operador de telecomunicaciones. Ambas circunstancias, vinculadas entre sí, propiciaron a partir del año 2010 un enorme salto adelante para Electrónica Olaiz, cuya actividad creció un 75% casi de un año para otro. “Comenzamos a distribuir los localizadores para perros de Garmin en toda España, y fue un ‘boom’”, resume Eva Olaiz, que considera que ese paso de vender localmente a hacerlo en todo el país supuso un antes y un después para la empresa.

Aunque en los años ochenta y noventa las emisoras fueron de uso habitual en otros ámbitos –en automoción, por ejemplo– con este producto Olaiz ya tenía un mercado estable entre los cazadores, algo que se multiplicó a medida que se generalizaba entre estos el uso de localizadores caninos. Con estos dispositivos es posible conocer en todo momento dónde se encuentra el perro, además de poder utilizarse para su adiestramiento. Actualmente la empresa cántabra vende alrededor de 5.000 collares equipados con localizador, lo que unido a los accesorios y el resto de productos destinados a cazadores convierte a esta actividad en la principal destinataria de las ventas de Electrónica Olaiz, que tiene ahí en torno al 80% de su volumen de negocio.

Iocus, la marca propia

Además de su reflejo en los números, este mercado ha sido también clave en la transformación de la empresa, que de su mano ha pasado de ser un simple distribuidor de productos de terceros a convertirse en desarrolladora de sus propias soluciones. Electrónica Olaiz, que ya importaba directamente productos fabricados en China, vende desde finales de 2023 localizadores no solo identificados con su propia marca, Iocus, sino con prestaciones que responden a la intención de la empresa de dar respuesta a necesidades planteadas por sus clientes. La principal mejora que ha buscado con los localizadores Iocus es la mejora de la cobertura, mediante la incorporación de una doble tecnología: el VHS y la telefonía, a través de la incorporación de una tarjeta SYM.

En los dispositivos convencionales, como los que fabrica Garmin, la señal VHF que recibe el GPS garantiza la conexión incluso en áreas donde no existe cobertura telefónica, como puede suceder en las zonas donde se caza. Con esa tecnología, la localización de los perros se produce en un radio que depende de cada modelo, pero que se sitúa en el entorno de los 15 kilómetros. Con la incorporación de la tarjeta, y siempre que haya cobertura telefónica, el alcance es total, lo que permite al cazador saber la ubicación de sus perros desde cualquier lugar y por lejos que se encuentren.

“Por la relación que tenemos con nuestros clientes, sabemos lo que estos necesitan. Hasta ahora había dispositivos con tarjeta, y dispositivos GPS, pero ninguno que aunara las dos tecnologías”, explica la directora de Electrónica Olaiz. “Nosotros trabajamos con China desde hace muchos años. Allí explicamos los requerimientos que buscábamos y a partir de ahí un fabricante nos hizo el producto que queríamos”. La empresa cántabra, que inició la comercialización de los localizadores Iocus en septiembre de 2023, hace un balance positivo del camino recorrido desde entonces, tanto por la valoración que los clientes hacen del producto como por lo que este ha aportado en términos estratégicos. Hasta su salida al mercado, recuerda Eva Olaiz, el 100% de los localizadores que vendían eran de Garmin, y ahora la proporción puede ser de un 80-20. “El objetivo es ir acercándonos al equilibrio, mitad y mitad entre nuestro producto y el de ellos”, señala.

Un cazador coloca un collar con el localizador Iocus, la marca con la que Electrónica Olaiz identifica su producto. Foto: Nacho Cubero.

La incorporación del producto propio a la gama de Electrónica Olaiz ha reforzado la posición de la empresa en el sector cinegético, destinatario prácticamente único de los localizadores caninos, cuyo coste –en torno a 600 euros, como media– los hace poco interesantes para otros usos. El resto de productos de la gama de la empresa sí tienen aplicaciones en otros ámbitos, básicamente el náutico, que aportaría en torno al 10% de la facturación, con productos de electrónica marina como sondas, GPS-Plotter y además de las emisoras. La náutica de recreo aporta el mayor número de clientes, aunque Electrónica Olaiz también vende e instala estos componentes en barcos de la flota pesquera.

Electrónica Olaiz vende sus productos por una triple vía: directamente en su tienda del polígono de Requejada, por Internet a través de su web y en toda España por medio de distribuidores. Con independencia del canal, y de si se trata de producto propio o de terceros, la empresa cántabra ofrece todo el soporte técnico, en lo que Eva Olaiz considera que es una de sus principales claves competitivas: “Las tiendas nos envían el producto hoy, y en 24 horas lo tienen reparado. Tener un servicio técnico propio es fundamental”, concluye.

por Redacción

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Eduardo Arasti, consejero de Industria, Innovación y Empleo: «Cantabria debería tener siempre suelo industrial en reserva»

El titular de Industria repasa las actuaciones seguidas por su departamento desde que asumió el cargo, hace ahora casi año y medio; saca pecho por los buenos datos en materia de empleo del sector, los mejores en muchos años, según destaca; y apunta a la falta de ayudas a la cogeneración como el principal problema que lastra la producción industrial en la región. Entre las medidas adoptadas para atraer inversión, Eduardo Arasti enumera la reforma fiscal emprendida este año y que anuncia tendrá continuidad en el próximo, la creación de casi dos millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en tres emplazamientos estratégicos y el primer Plan de Internacionalización o la recién presentada Agenda Digital, dos iniciativas que asegura ayudarán a mejorar la competitividad del tejido empresarial.

Manuel Casino | @mcasino8 | Enero 2025

Pregunta.– La industria en Cantabria no acaba de despegar. De hecho, la contribución del sector industrial al PIB regional en 2023 se situó por debajo del 20%. Este año, ¿seguirá por los mismos derroteros o espera un cambio de tendencia?

Respuesta.– Yo le puedo decir cómo encontramos la comunidad hace casi un año y medio y cómo está ahora. Cuando llegamos al Gobierno, el sector industrial de Cantabria estaba en recesión técnica. Concretamente, los hornos de las electrointensivas estaban apagados, la producción deslocalizada y el futuro de empresas emblemáticas seriamente comprometido, y le pongo el ejemplo de Siemens Gamesa. Le doy un dato. Ahora mismo, con cifras de octubre, en la industria hay 2.206 desempleados, lo que supone el mejor dato de la serie histórica en todos los sectores, también en el de la industria. En el último año, el paro en este sector ha disminuido un 12,18% y, según el último dato de la EPA, en el sector industrial de Cantabria trabajan 45.100 personas, que son 3.500 más que hace doce meses y representa un incremento del 8,41%, el mejor dato de los últimos dieciséis años. Con estas cifras de empleo, que son lo más importante, el cambio ha sido notable. Hay, además, otros indicadores que son positivos. En lo que va de año, las exportaciones en Cantabria han subido un 3%, mientras que la media en España ha descendido un 0,9%, y el tráfico de mercancías en el puerto de Santander está batiendo todos los registros. Esto ¿qué indica? Pues confianza, seguridad jurídica… Usted se ha referido al PIB industrial, que es tanto como decir el Índice de Producción Industrial (IPI). Pues bien, este índice, aunque en el último mes ha crecido un 15,23%, en variación anual ha disminuido un 5,2%. Resulta llamativo que con unos datos de empleo tan positivos lo que produce la industria salga negativo. ¿Por qué ocurre esto? Si lo analizamos por sectores, vemos que el de la madera y el corcho ha aumentado en el último año un 27,27%; que la fabricación de madera y equipo eléctrico lo ha hecho en un 15,8%; la fabricación de productos minerales no metálicos, un 12,8%; la metalurgia, un 4,4%; y la industria química, un 1,2%. ¿Qué es lo que falla entonces? Los dos problemas fundamentales están, de un lado, en el sector de suministro de energía eléctrica, el segundo en importancia en el cálculo del IPI, que ha disminuido un 28,9% en el último año. De otro, el sector de fabricantes de componentes de la automoción, que ha caído un 13,4% en los últimos doce meses.

P.- ¿A qué achaca esa caída tan importante en la aportación de la energía al IPI?

R.- La cuestión está en la cogeneración, que es un problema nacional. La cogeneración de alta eficiencia recibe por la electricidad que genera una retribución regulada, adicional al mercado diario, durante su vida útil, que es de veinticinco años. Lo que ocurre es que desde 2012 no se han convocado subastas de potencia para la cogeneración, lo que ha impedido a las empresas poder invertir en nuevas plantas de cogeneración y, sobre todo, en la renovación tecnológica de las ya existentes. La consecuencia de todo esto es que el 25% de toda la cogeneración en España ya no recibe retribución regulada, un porcentaje que se calcula llegará al 40% en dos años. Esta situación contrasta con lo que pasa en países como Italia o Alemania, donde las cogeneraciones duplican y triplican a España en esta faceta. El sector lo que reclama es que el Gobierno convoque las subastas de 1.200 MW previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y que fueron anunciadas en 2022. Nuestras principales cogeneraciones han cumplido ya, o están cerca de cumplir, su vida útil regulatoria, o sencillamente han dejado de producir por la incertidumbre asociada a esta retribución regulada. De hecho, las dos mayores cogeneraciones cántabras están paradas: Solvay, desde febrero; y Dynasol, desde esta primavera. Esto explica perfectamente el descenso del sector energético y del IPI. ¿Solución? Que el Gobierno de España convoque ya estas subastas de potencia para la cogeneración. Es la única manera de que las empresas puedan invertir en nuevas plantas o renovar tecnológicamente las que ya existen. Si ya hubiera salido, ni la cogeneración de Solvay ni la de Dynasol estarían cerradas y nuestro IPI no sería negativo, sino positivo.

P.- En el caso de la automoción la caída es menor, pero entiendo que muy significativa por el peso que tiene ese sector en la región.

R.- Hay que tener en cuenta la situación mundial que atraviesa el automóvil, con el anuncio de cierres de plantas por parte de algunos de los principales fabricantes. Con todo, y a pesar de esta situación, insisto en que nuestro datos en materia de empleo, que son los más fundamentales, no es que sean buenos, es que son los mejores de la serie histórica en cuanto a afiliación y, en cuanto a paro, tenemos la segunda tasa más baja de toda España.

P.– ¿Qué hace falta para que la industria de Cantabria recupere el protagonismo que tuvo en épocas anteriores?

R.– Lo primero, como ya le he apuntado, sacar las subastas de cogeneración porque es muy importante para ayudar a las empresas a que compitan. Y son muchas empresas. En segundo lugar, destinar parte de lo que el Estado recauda en concepto de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que en nuestro caso son aproximadamente 3.584 millones de euros, a ayudas a las empresas electrointensivas. La Comisión Europea permite destinar como máximo el 25% de esa recaudación, que es lo que destinan países como Francia o Alemania. Nosotros destinamos 300 millones, que es menos del 9%. Por tanto, para lo mismo que ellos deberíamos prácticamente triplicar nuestras ayudas. En vez de destinar 300, destinar 900 millones. Esto resulta importante porque el precio final de la energía en España, que es cierto que ha disminuido, aún es el triple que en Francia y el doble que en Alemania. En resumen, estas ayudas a la cogeneración y a las empresas electrointensivas son dos medidas que se deberían de tomar ya, a corto plazo.

P.– Hace unos meses, la patronal reclamaba al Gobierno de Cantabria decisiones valientes para mantener y consolidar el tejido industrial y pedía acompasar los ritmos de los empresarios a los de la Administración que, a su juicio, son mucho más lentos. ¿Han tomado nota?

R.– Hablemos de hechos y de qué medidas hemos tomado para ayudar a la industria e incentivar la inversión. Nada mas llegar al gobierno, una de las cosas que dije es que no había que paralizar nada y sí, en cambio, agilizar todo. Hemos agilizado La Pasiega porque en Cantabria tenemos un problema, que es que no tenemos suelo industrial. El ritmo de las obras, que se circunscriben a la etapa 1 de la Fase 1, van por encima de lo previsto. Además, para recortar plazos hemos tramitado conjuntamente el resto del proyecto, lo que nos va permitir que el Centro Logístico, que estaba previsto para 2032, se termine en septiembre de 2030.

P.– Ya que cita La Pasiega, hace escasos días, la comisión de Industria del Congreso aprobó una iniciativa del PP para que el Gobierno de España se comprometa con la construcción de la estación intermodal en La Pasiega. Si finalmente este acuerdo no llegara a materializarse, ¿Cantabria estaría en condiciones de asumir en solitario la inversión necesaria?

R.– Vamos a ver. En primer lugar, la intermodal. Como sabe, el Gobierno de España siempre dijo que esta estación la iba a llevar a cabo Adif, lo que tiene toda la lógica del mundo por ser el administrador de infraestructuras ferroviarias. Eso es lo que dijeron. Pero cuando hubo un cambio de gobierno, lo primero que dijo Adif es que la intermodal no tenía demanda y que, por tanto, no era rentable financieramente ni tampoco técnicamente viable porque quedaba encajonada entre taludes de nueve metros. Nosotros, nada mas llegar, rebatimos todo esto. Y el pasado 30 de mayo, en una nota técnica que remitimos a Adif, demostramos que sí había demanda, que sí había rentabilidad económica y que sí era viable. Y lo cuantificamos. La siguiente manifestación de fuentes oficiales del Ministerio de Transportes fue que no era de interés del Estado. Y nosotros también rebatimos esta cuestión porque si alguien está interesado y a alguien beneficia esta estación es al Puerto de Santander, y no al polígono de la Pasiega, que se va a llenar sí o sí porque en Cantabria no hay suelo industrial. Además, la terminal de Muriedas ya está tensionada y la de Torrelavega se saturará en 2030. Espero, por tanto, que el Estado no se pegue un tiro en el pie y se perjudique a sí mismo. Una cosa es que crea que la intermodal se va a hacer porque, entre cosas, el Gobierno de España se dará cuenta de que a quien beneficia es a sí mismo, y otra cosa distinta es que crea que Cantabria deba asumir algo que no le corresponde. Mire, Cantabria es un sándwich entre dos infraestructuras ferroviarias importantísimas: la variante de Pajares, de 4.000 millones de euros; y la Y vasca, de 6.000 millones, que no han pagado ni vascos ni asturianos, sino todos los españoles. Y aquí estamos hablando de que nos tengamos que costear 35 millones de euros. En fin, creo que en la próxima reunión política, que por cierto la presidenta Sáenz de Buruaga ya ha pedido cita al ministro, se acuerden los términos concretos para llevar a cabo la intermodal del centro logístico de La Pasiega.

Eduardo Arasti, consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio el Gobierno de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

P.– Por su parte, la Cámara de Comercio ha expresado su preocupación por la escasa motivación que existe en las nuevas generaciones, no ya solo para trabajar en la industria, sino también para ser empresario del sector. ¿Lo comparte?

R.– No me gusta entrar en este tipo de debates. Sí que es cierto que al empresariado hay que ponerle las cosas lo más sencillas posibles por parte de las administraciones. Pero si subes los impuestos hasta llegar a ser casi confiscatorios, eso lógicamente frena la inversión. Es una invitación a que la inversión huya hacia otras territorios con una fiscalidad más atractiva. Si, además, el propio Gobierno de España demoniza al empresario, hasta llegar a insultar públicamente a un empresario de la talla de Amancio Ortega; y cuando no pones en valor la labor tan importante que genera el empresario, que es quien genera empleo, inversión y riqueza… Hay que poner fácil la labor al mundo empresarial. ¿Cómo? Lo primero, con una reforma fiscal para poner freno a la huida a la inversión. En 2024 hemos bajado todos los impuestos y el próximo año se van a introducir dos nuevas deducciones en el IRPF para captar inversión extranjera y para que personas físicas trasladen su residencia habitual a Cantabria. Pero otro manera de apoyarles es desarrollando suelo industrial, y nosotros ya hemos puesto encima de la mesa el desarrollo de nuevo suelo en Guarnizo Sur, en Villaescusa-Parbayón y en Penagos, con 830.000. Tres emplazamientos estratégicos que suman cerca de dos millones de metros cuadrados. Es el inicio. Por otro lado, el nuevo Plan Director de Desarrollo de Suelo de Cantabria, que se licitará próximamente, se va a centrar en dos líneas de trabajo: el desarrollo de áreas industriales con necesidades de grandes parcelas, de entre 30.000 y un millón de metros cuadrados; y el desarrollo de áreas que acojan, reordenen y faciliten el crecimiento de las pymes, de 2.000 hasta 10.000 metros cuadrados.

P.– Cantabria lleva años a la cola de la inversión extranjera en España. ¿A qué achaca esta nula capacidad para atraer proyectos empresariales de capital extranjero?

R.– Llevamos ocho años en que no se ha incentivado la inversión, ni nacional ni extranjera. Para empezar, como le he dicho, los impuestos eran prácticamente confiscatorios y, precisamente, para frenar esa huida de inversores hacia otros territorios hemos puesto en marcha la citada reforma fiscal. Además, hemos reestructurado Sodercan para que, en lugar de ser un organismo que otorgue subvenciones, sea un organismo que atraiga inversiones. De ahí, por ejemplo, ha llegado la posible inversión de Lifthium Energy, del grupo portugués Joao de Mello. Si finalmente se solucionan todos los problemas, esta empresa podría invertir en Cantabria 500 millones de euros y crear 180 puestos de trabajo en su fábrica de Torrelavega para la producción de hidróxido de litio. Estamos trabajando para que esta inversión sea positiva y soy moderadamente optimista en que finalmente sea así. [con posterioridad a esta entrevista, la compañía renunció a los 21 millones de euros concedidos en el PERTE del vehículo eléctrico (VEC III) porque, según aseguró, los plazos y condiciones establecidos no han podido encajar con la planificación del proyecto]. Si la fiscalidad es negativa; si no hay suelo industrial; y si las ayudas a la cogeneración son inferiores a las que se conceden en países como Italia o Alemania, el empresario se va a esos otros países. Si, además, el precio final de la energía es el triple que en Francia y el doble que en Alemania, pues el empresario se irá a esos países. Y ya ha pasado. Aquí hay empresas que han deslocalizado su producción a su filial francesa. Alguna empresa electrointensiva lo ha hecho. Estamos tomando un conjunto de medidas, fiscales, de suelo industrial, de ayudas… Por ejemplo, una medida que hemos tomado en la Ley de Simplificación Administrativa es la relacionada con la normativa de declaración de proyectos empresariales estratégicos. Esto nos lo han pedido empresas que quieren venir a Cantabria Es decir, mediante esta nueva normativa, cuando una empresa tenga una repercusión importante en la economía regional puede ser declarada por el Gobierno de Cantabria proyecto estratégico, lo que simplificará y agilizará al máximo todos los trámites que conlleva su instalación.

«En Cantabria hay cantidad de empleos bien retribuidos que no se cubren. No está alineada la oferta con la demanda de empleo. Cantabria tiene una tasa de desempleo del 7%, la segunda más baja de España.»

P.– ¿En qué sectores productivos puede Cantabria presentar una posición competitiva y atractiva para los inversores internacionales?

R.– Vamos a ver. El sector de componentes del automóvil, claramente. Pero también hay otros. Le doy algunos datos. El más importante por porcentaje en el PIB industrial es el sector de alimentación, que representa el 16,28%. En segundo lugar, la industria química, que supone el 12,5%; el suministro de energía eléctrica, el 10%; y fabricación de productos metálicos, otro 10%. Por su parte, en términos de empleo el más importante sigue siendo el agroalimentario, con el 21,3% del empleo industrial, seguido de la fabricación de productos metálicos, con el 18,6%; y en tercer lugar la fabricación de material y equipo de transporte, con el 9%. Pero veo oportunidad de negocio en el sector tecnológico porque demanda mucha mano de obra cualificada, que no la hay, pero la va a haber, y genera más valor añadido. En Cantabria hay cantidad de empleos bien retribuidos que no se cubren. No está alineada la oferta con la demanda de empleo. Cantabria tiene una tasa de desempleo del 7%, la segunda más baja de España. Por lo tanto, hay problemas de cubrir plazas en todos los sectores. Precisamente para cubrir esa demanda de las empresas la Agenda Digital va a proporcionar soluciones para formar personas cualificadas en competencias digitales.

P.– También ha avanzado para antes de fin de año el primer Plan de Internacionalización de Cantabria para apoyar la salida al exterior de las empresas cántabras. ¿La escasa propensión a exportar de nuestro tejido industrial se justifica en el pequeño tamaño de las empresas o hay otros factores que lo explican?

R.– Hay varios factores, pero sin duda el principal es el tamaño. Lo que llama la atención es que, como usted ha dicho, sea el primer plan. Es decir, que este tema nunca se había planificado convenientemente. Sus objetivos pasan por incrementar el número de empresas exportadoras de la región, diversificar los destinos de las exportaciones cántabras, potenciar la incorporación de talento y fomentar la innovación y la digitalización en la internacionalización. Este plan, que se presentará antes de fin de año, tiene como principal novedad su enfoque sectorial, abandonando los enfoques generalistas y centrándose en proporcionar formación y asesoramiento especializado a las empresas de cada sector, ayudándolas a comprender los requisitos legales, culturales y logísticos específicos para que puedan operar de forma exitosa en los mercados extranjeros. Por ejemplo, en fomento de la inversión de I+D+i, una de las medidas es llevar acabo un servicio de asistencia técnica para incrementar la presencia de empresas cántabras en programas de ayudas de fomento a la I+D+i nacionales y europeos. Es una oportunidad que hasta el momento el tejido empresarial de Cantabria está desperdiciando. Y estas ayudas son la antesala de la inversión.

P.– ¿Los fondos europeos están siendo el revulsivo que se esperaba o se están desaprovechando?

R.– Se están desaprovechando, pero no por los fondos en sí, sino porque muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no son capaces de aprovecharlos como se debería. De ahí que queramos acompañarlos en ese proceso para que puedan ser capaces de captar todas las ayudas que puedan con este proyecto denominado Actuación Singular para el Fomento de la Innovación en el Tejido Empresarial de Cantabria (Asfitec).

P.– Los elevados costes de la energía; las deslocalizaciones; la falta de talento, de perfiles profesionales o de relevo generacional en las empresas; la escasa internacionalización, el déficit en infraestructuras… ¿Cuál es a su juicio la mayor amenaza no ya para crecer, sino para mantener la industria que ya tenemos?

R.– Esto es acción, reacción. Ante cada problema la Administración tiene que reaccionar. Es decir, todo el mundo está de acuerdo que para atraer inversión una herramienta fundamental es la fiscalidad. Un ejemplo paradigmático es Irlanda. Pero, además, tienes también que proporcionar a las empresas suelo industrial. Creo que una comunidad autónoma, cualquiera, debería tener siempre en reserva suelo industrial. Siempre. El suelo es un activo que no se puede malbaratar. Tiene que esperar a proyectos importantes desde el punto de vista social y esperar la oportunidad de crear empleo. Y también tiene que tener gente formada para ocupar puestos. Si no, tampoco vendrán empresas. Tiene que tener ayudas por parte de la región y de la nación. Si no ayudas a las empresas que tienen plantas de cogeneración, se irán a otro sitio. Y le voy a dar algunas cifras para que entienda su importancia. En 2019, la cogeneración en España produjo 29.615 GWh de energía eléctrica, lo que representó el 11,4% del toda la energía producida. En 2023, esta producción disminuyó a 17.455 GWh, es decir, un 41% menos, lo que redujo su participación al 6,5%. Esto da una idea del destrozo que se ha hecho a la cogeneración con la falta de convocatoria de las subastas. En Cantabria, por su parte, la producción fue de 1.583 GWh en 2019, que cayó a 557 GWh en 2023, es decir, un 65% menos. Con todo, ahora mismo la cogeneración en Cantabria representa el 5,3% de la potencia instalada en España. Además, si quieres tener empresas electrointensivas, y en Cantabria hay unas cuantas –Global Steel Wire (GSW), Ferroatlántica, Solvay, Reinosa Forgings & Castings, Bondalti, Birla Carbón, Nissan, Derivados del Flúor, Saint Gobain PAM, Sidenor, Fundiciones Carg y Hergom– y les das menos del 9% de ayudas, mientras que en Europa les están dando el 25%, tú no les estás ayudando. Estas empresas están en inferioridad competitiva. Y eso es competencia del Gobierno de España. Está muy bien hablar del cambio climático, pero hay que combatirlo.

P.– ¿Y nuestra mayor oportunidad?

R.– La mayor oportunidad es aprovechar la revolución tecnológica. Lo hemos visto en el pasado. Los países con mayor bienestar y libertad son los que supieron aprovechar en siglos pasados las revoluciones industriales que se produjeron. Ahora hay una revolución tecnológica que está cambiando nuestra manera de vivir y que va a cambiar profundamente el tejido productivo. Insisto en que la mayor oportunidad de Cantabria es aprovechar las nuevas tecnologías para impulsar la competitividad. Si eres más competitivo, venderás más, producirás más empleo y, en consecuencia, tendrás mayor bienestar y riqueza. De ahí la primera Agenda Digital de Cantabria que creemos imprescindible para coger ese tren. Ese tren no lo podemos perder ahora. Porque, además, la digitalización afecta a todas las empresas, no solo a las industriales. Pero este sector, en concreto, genera mucho empleo de un nivel de formación elevado, que lo tenemos porque contamos con universidades que forman muy bien a los alumnos, y que, además, supondría un modo de fidelizar y fijar a la población.

por Redacción

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Prevención de riesgos laborales: un progreso insuficiente

Casi tres décadas después de la entrada en vigor de la normativa que la regula, la seguridad y salud de los trabajadores sigue siendo una asignatura pendiente en muchas pequeñas y medianas empresas que aún ven la acción preventiva como un gasto y no como una inversión. El presidente de la Asociación de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria, una entidad que este año celebra su vigésimoquinto aniversario, pone el foco en la escasa cultura preventiva, reclama la necesidad de integrar esta actividad en todas las áreas de gestión de las compañías y pide dar mayor visibilidad a la siniestralidad laboral.

Manuel Casino | @mcasino8 | Enero 2025

“La prevención de riesgos laborales no ha evolucionado todo lo que quisiéramos en estos últimos veinticinco años”. Así de tajante se muestra el presidente de la Asociación de Técnicos Superiores en Prevención de Riegos Laborales de Cantabria, Enrique Rodríguez Pechón, para quien el especial interés que despertó la promoción de la seguridad y salud de los trabajadores a finales del siglo XX no ha seguido la curva de mejora que cabría esperar. Rodríguez Pechón reconoce que, a raíz de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), en vigor desde febrero de 1996, la acción preventiva arrancó con cierta energía, aunque por desgracia no ha mantenido la intensidad que se necesita. “Es verdad que se ha avanzado porque las empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de desarrollar la prevención dentro de sus organizaciones, pero queda mucho camino aún por andar”, matiza.

Rodríguez Pechón concede que, pese a los logros conseguidos, muchos empresarios todavía siguen considerando la prevención como un gasto y no como una inversión, una visión a la que, explica, contribuye la urdimbre del tejido empresarial en Cantabria, integrado en su inmensa mayoría por pequeñas empresas que viven al día y que, cuando abordan esta cuestión, “ven que hay que poner dinero encima de la mesa”. “Esta es una de las labores en la que los profesionales de sector tenemos que hacer más hincapié: tratar de convencer a todos esos empresarios de que el dinero destinado a la prevención es realmente una inversión”, subraya.

Para corroborarlo, sostiene que, en el ámbito de la siniestralidad, el coste de las medidas para evitar un accidente laboral viene a ser hasta treinta veces menor de lo que realmente cuesta luego ese accidente, una diferencia que, advierte, puede ser hasta cincuenta veces inferior en el caso de que el accidente sea grave o mortal. “Pese a ello, al empresario aún le cuesta, quizá también porque los técnicos no hemos sabido transmitirlo con esta claridad”, asume.

Enrique Rodríguez Pechón, presidente de la Asociación de Técnicos Profesionales en Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

En su exposición, el presidente de la asociación que agrupa a los técnicos en la materia asimila la prevención a un equipo de fútbol, donde es clave que cada uno juegue en su puesto, y lo argumenta. “En este la finalidad es ganar, mientras que en nuestro caso es reducir al máximo la siniestralidad laboral. ¿De quién depende que se consiga? De todos los agentes implicados: de la Administración, con su normativas y su nivel de vigilancia del cumplimientos de esas leyes; de los empresarios, que son los que soportan la carga de la prevención; de los trabajadores, que también tienen bien marcadas sus responsabilidades en la LPRL; y, evidentemente, de los profesionales, que somos el canal de desarrollo de la prevención y que, en muchas ocasiones nos encontramos con dificultades para llevar a cabo nuestro trabajo”. Según critica, hay técnicos en servicios de prevención ajeno a los que le asignan la prevención de 250 empresas o más. “¡Ya me dirá cuántas visitas puede realizar en un año! Pero esto es lo que hay establecido y no hay normativa que lo impida”, subraya.

Aunque admite que el empresario suele ser más reacio a promover e implantar la prevención en su organización, Rodríguez Pechón resuelve que también notan en muchas ocasiones la falta de colaboración de los propios trabajadores. Si bien las unidades sindicales realizan su labor, admite, luego el trabajador adolece del compromiso necesario: “La opinión mayoritaria es que a ellos no les va a pasar. Aquí está nuestra labor de insistir en las medidas y los controles”, recuerda.

Actualización de la ley

Para este especialista en el área de seguridad y salud en el trabajo, la LPRL de 1996 necesita de una actualización a todos los efectos. De hecho, precisa que ya ha habido varios intentos, pero que se limitaron a modificaciones muy básicas, por lo que reclama dar un vuelco a determinados aspectos de esta norma. Entre ellos, recapitula que uno de los puntos fundamentales que contiene esta ley es la integración de la prevención en todas las áreas de gestión de una empresa. “Y al día de hoy ese nivel de integración, después de más de dos décadas de su aprobación, no se ve en muchas empresas, singularmente en las pequeñas y medianas, en las que parece que la prevención es cuestión solo del técnico”, advierte. “Uno de nuestros principales caballos de batallas es inculcar entre el empresariado la necesidad de que cumplan las condiciones legales mínimas establecidas. La Ley de Prevención es una ley de mínimos, pero el empresario siempre puede ir más allá aunque, salvo en el caso de las grandes compañías, muy pocos lo hacen”, aclara.

Por ello, sostiene que uno de los principales retos de la profesión es tratar de llegar con más credibilidad en todos los aspectos a empresarios y trabajadores. “Tenemos que tratar de convencerles de que trabajamos por su seguridad y salud. Cuando alguien va al médico lo hace buscando la opinión de un profesional para que le cure pero, sin embargo, cuando vamos a hablar con un empresario, los técnicos de prevención no percibimos esa imagen en demasiadas ocasiones”. A partir de ahí, también reivindica la necesidad de que los profesionales mejoren y actualicen sus conocimientos para adaptarse a las nuevas realidades laborales, entre las que destaca el teletrabajo, una figura que reconoce que la ley no contempla.

Enrique Rodríguez Pechón, presidente de la Asociación de Técnicos Superiores en Prevención de Riegos Laborales de Cantabria, primero por la derecha. A su lado, Miguel Lavín, tesorero, y junto a ellos Ana Agudo, vicepresidenta, y Luis Vidal, tesorero. Foto: Nacho Cubero.

Ligado a éste, Rodríguez Pechón apunta también la necesidad de conseguir un mayor reconocimiento de la profesión a nivel social, un objetivo que, defiende, también es compartido por la asociación que preside. “Cuando se habla del técnico de prevención da la impresión de que nos referimos a una actividad profesional de segundo nivel en una empresa. Parece que se le da más valor al jefe de administración o al jefe técnico cuando la realidad es que el técnico de prevención normalmente es una mano derecha del empresario que, además, cuenta con una titulación universitaria”, subraya el representante de los profesionales cántabros, que se remite a su propio caso: “Soy técnico superior de prevención en las tres especialidades, pero también soy ingeniero técnico industrial”.

Las tres ‘patas’ de la prevención: ética, legal y penal

A su juicio, existen tres `patas` que sostienen la prevención. En primer lugar, la ética, es decir, el deber del empresario, desde un punto de vista ético y por el simple hecho de abrir las puertas a los trabajadores, de velar por su seguridad y salud desde el primer momento. Cuando esta parte no está muy clara –razona–, entra en juego la parte legal, de la que cuelga el ámbito punitivo al que señala como uno de los factores que sin duda más pueden ayudar a reducir la siniestralidad. Por último, “lo que ya asusta mucho es cuando entran en juego cuestiones penales”.

Aunque las sanciones son la vía más inmediata, Rodríguez Pechón admite que probablemente no se imponen tantas multas como incumplimientos hay, un hecho que, según subraya, descansa en que la inspección de Trabajo llega hasta donde puede llegar: “Hay muchos escenarios a los que no llega y el debido nivel de vigilancia a veces se puede quedar corto”, enfatiza.

Sea como fuere, el presidente de esta asociación refrenda que las elevadas cifras de siniestralidad –cada día se registran más de 1.800 accidentes laborales en España, de los que al menos dos resultan mortales, según afirma– descansa en la escasa cultura preventiva que existen en nuestro país. “Este es sin duda uno de nuestros mayores retos: tratar de ayudar a implantar en las organizaciones una cultura preventiva sólida y sostenible”, una tarea en la que reconoce aún hay mucho por hacer y que pueda tardar en concretarse varias generaciones.

Cada día se registran más de 1.800 accidentes laborales en España, de los que al menos dos resultan mortales. En Cantabria hubo 585 accidentes en octubre de 2024, un 11% más que en el mismo periodo el año anterior.

En el caso de Cantabria, los últimos datos publicados por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst) recogen que en octubre se registraron 585 accidentes laborales con baja en Cantabria, un 11% más que en igual periodo de 2023, de los que únicamente dos fueron graves.

Con estas cifras, el número de accidentes en lo que va de este año –hasta octubre, último mes con datos– se eleva a 5.320, de los que 34 han sido graves y ocho mortales, lo que representa un leve descenso con relación a esos mismos diez primeros meses del pasado ejercicio, en los que se registraron 5.376, de los que 37 fueron graves y doce mortales.

En opinión del representante de los técnicos en prevención de riesgos laborales, estas pequeñas reducciones en la siniestralidad no sirven de consuelo al sector de la prevención. “Para nosotros un accidente siempre será demasiado”, resuelve antes de insistir en que muchas veces no se es consciente de que detrás de estas estadísticas siempre hay una persona y que todos los accidentes son evitables: “Nunca lo achacaría a la mala suerte y sí a una falta de la gestión del riesgo”, acentúa.

Mayor visibilidad de la siniestralidad

Por todo ello, el presidente de la Asociación de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria reivindica dar mayor visibilidad a este grave problema que, según sostiene, no recibe toda la atención de los medios de comunicación que merece. “Lo hemos visto en las recientes inundaciones ocasionadas por la dana. En los informativos, solamente ha tenido eco la muerte de un trabajador por el derrumbe del tejado de un colegio público en Massanassa. Pero porque se enmarcaba dentro de esta tragedia. Mientras tanto, al menos dos trabajadores han fallecido en accidente laboral cada día y no nos hemos enterado, salvo en medios locales. Pero no hay debates en televisión, no se buscan responsables.”, lamenta.

En este sentido, recalca que desde las asociaciones de técnicos de prevención exigen, como parte especializada en la materia, más presencia en los foros de debate y de trabajo junto a la Administración, empresas y sindicatos, aunque admite que en la región, “por las relaciones que mantenemos en los últimos tiempos con el ICASST o con la Cátedra Prevención Cantabria, cada vez cuentan más con nosotros”. Sobre el futuro del sector, Rodríguez Pechón se muestra convencido de que es una profesión de largo recorrido. “No se va agotar mientras la siniestralidad no desaparezca del todo e, incluso siendo así, el técnico de prevención tendrá que estar en las empresas para evitar que pueda volver a aparecer”, argumenta para explicar a continuación que actualmente existe una evidente demanda de profesionales. “Es raro que alguien obtenga la titulación y en unos pocos meses no encuentre trabajo”, concluye esperanzado.

por Redacción

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El Clúster de la Industria de Defensa cumple cinco años

La media década transcurrida desde la creación del Clúster de la Industria de Defensa (CID) ha coincidido con una de las etapas más conflictivas vividas por Europa desde la segunda guerra mundial. La entidad, que conmemoró su aniversario en un evento celebrado el pasado 27 de noviembre en Comillas, agrupa hoy a más de 70 socios entre los que hay una presencia significativa de empresas que tienen su sede fuera de la región, lo que convierte a esta agrupación empresarial en la más singular entre las que operan desde Cantabria.

José Ramón Esquiaga | @josesquiaga | Enero 2025

Ya sea por el sector en el que opera, por la heterogeneidad de actividades que realizan sus socios, o por el número, condición y naturaleza de estos, el Clúster de la Industria de Defensa cuenta con sobrados argumentos para ser considerado como una excepcionalidad dentro de las entidades de este tipo que tienen su sede en Cantabria. Incluso esta última apreciación, su condición de clúster cántabro, merece algún matiz, por cuanto desde su propio origen los fundadores quisieron darle una vocación transregional, llevando tanto su actividad como su afiliación más allá de los límites que marcan las fronteras regionales. Por más que la práctica totalidad de las empresas que lo formaron en 2019 fueran cántabras, y constituyan todavía hoy la mayor parte de las que lo integran, el clúster nunca quiso serlo solo de la industria de defensa de Cantabria, algo que ha puesto de manifiesto en la media década de actividad transcurrida desde entonces, y también en el evento organizado con motivo del aniversario el pasado 22 de noviembre en el antiguo Seminario Mayor de Comillas.

Además de para conmemorar la efeméride, el acto sirvió como marco para la entrega de los diplomas de honor que la entidad concede con carácter anual en reconocimiento a aquellas personas, empresas, instituciones, organismos o entidades en general que se hayan distinguido por su especial colaboración o apoyo a las iniciativas del CID o a la causa de la Defensa de España, en su sentido más amplio y en cualquiera de sus aspectos. En esta ocasión los diplomas fueron para el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell; el expresidente de Airbus, Carlos Suárez; el general Rubén García Servert; la empresa Sistemas de Misiles de España (SMS) y su exdirector general, Fernando Mato. Tanto Carlos Suárez como el general García Servent son miembros del consejo asesor del CID, en tanto que SMS –una empresa que asume el objetivo de dotar a España por vez primera de soberanía estratégica en la tecnología de misiles– es uno de los socios del clúster.

La agrupación constituida en julio de 2019 nació con una veintena de socios entre los que era significativa la presencia de empresas cántabras de sistemas de telecomunicaciones –Luis García, CEO de Erzia Technologies, fue su primer presidente–pero en una relación de integrantes en la que ya era patente la enorme diversidad sectorial y geográfica que desde sus primeros pasos iba a caracterizar al clúster. La media década pasada desde entonces ha estado marcada por el continuo crecimiento en el número de miembros y la confirmación de la heterogeneidad sectorial y de procedencia de los mismos, algo que de alguna manera ya se adelantaba en los propios objetivos fundacionales. También por una evolución de las circunstancias internacionales que era mucho menos previsible, y que ha dotado al sector de la defensa de un protagonismo que, sobre todo en lo tocante a su relevancia pública, no tenía en el momento en que el CID daba sus primeros pasos. Primero la crisis sanitaria, que puso el foco en la necesidad de dotarse preventivamente de medios para afrontar lo inesperado, y después la invasión de Ucrania, que volvió a convertir Europa en escenario bélico, situaron a las empresas que operan en el ámbito de la defensa ante una coyuntura con pocos precedentes.

Cultura de defensa

Con una actividad articulada en torno a 16 grupos de trabajo, el CID ha sido particularmente activo en los objetivos que persigue uno de ellos: la generación de una cultura de defensa. La realización de conferencias divulgativas, visitas, jornadas y homenajes, o la entrega anual de sus diplomas de honor, se enmarcan en este área, que tuvo su evento de mayor alcance popular en la organización de Santander 4 Days (S4D). Al estilo de las que tienen lugar en otros países, en junio de 2022 esta se convirtió en la primera marcha internacional cívico-militar que tuvo lugar en España, en un formato que combinando lo social, lo lúdico y lo deportivo reunió en Santander a participantes de todo el mundo.

Ya con propósitos más homologables con los de otros clústeres, el de defensa articula el resto de grupos de trabajo en torno a materias con las que busca generar oportunidades y sinergias para sus socios, articulándolas en torno a las áreas en los que se enmarca la actividad de estos. Ahí entrarían por ejemplo el grupo aeroespacial y de telecomunicaciones, el de construcción naval, automatización y robótica marítimas, equipamiento militar, inteligencia económica, logística e infraestructuras de defensa o ciberseguridad. En todos esos conceptos hay una referencia a la gran diversidad de campos en los que operan los miembros del clúster y lo limitado que sería identificar defensa con armamento.

Autoridades, miembros del clúster y los premiados con los diplomas de honor del CID, en la foto de familia tomada al finalizar el acto que tuvo lugar en Comillas el pasado 22 de noviembre.

El CID, presidido hoy por Manuel Vila, CEO a su vez de la cántabra Newtesol, cuenta hoy con algo más de setenta socios, entre los que siguen teniendo una presencia significativa los dedicados de una u otra forma a los sistemas de comunicaciones, pero en los que hay también industrias metalúrgicas, empresas informáticas, laboratorios o centros de investigación, todos ellos con una producción muy diversificada y con mercado tanto en el ámbito militar como el civil. También empresas que operan exclusivamente en el ámbito de la defensa, o que lo hacen de forma casi exclusiva, como la ya citada SMS o Sener.

La integración en el clúster con sede en Cantabria de empresas en principio ajenas a la región, en un proceso que en algunos casos ha sido el paso previo a establecer aquí un centro de trabajo, ha sido uno de los logros de la entidad, por más que le haya supuesto enfrentarse a las limitaciones que la normativa ponía a la presencia de socios foráneos en los clústeres cántabros.

Con todo, los vínculos con su región de origen van más allá de esa circunstancia, haciéndose patentes no solo en la reiterada presencia en Cantabria de algunos de los más significados mandos de las Fuerzas Armadas, en jornadas organizadas para acercarlas a sus proveedores, sino en iniciativas como la puesta en marcha del titulo de experto en guerra electrónica. Con este posgrado, incorporado a la oferta de la Universidad de Cantabria, se busca no solo atender las necesidades de personal cualificado por parte del sector agrupado en torno al CID, sino cubrir la demanda de profesionales en un ámbito que tiene una altísima empleabilidad. El programa formativo, puesto en marcha en 2022, desarrolla actualmente su tercer año académico.

por Redacción

•, Emprendedores

Perfil del emprendedor cántabro: seguro de su formación, con redes de ayuda y tardío

El informe GEM Cantabria 2023, publicado por el Observatorio del Emprendimiento en España, analiza el fenómeno emprendedor en la región, y concluye que aumenta la confianza para sacar proyectos adelante y la percepción de oportunidades (aunque solo las ven una de cada cuatro personas).

Francisco Rouco | Enero 2025

“Hay que olvidarse de que el emprendedor es un chaval joven, universitario, que monta una empresa en un garaje”, explica Ana Fernández-Laviada, presidenta del Observatorio del Emprendimiento en España y directora también del informe GEM, el estudio que desde hace 25 años radiografía el emprendimiento a partir de encuestas a una muestra demoscópicamente representativa de la sociedad. Según la edición cántabra de este informe, el perfil de emprendedor montañés es hombre, de unos 44 años, tiene educación secundaria, trabaja como autónomo o tiene menos de cinco profesionales a su cargo, se dedica al sector servicios y sus clientes se encuentran casi con total probabilidad entre sus vecinos de comunidad autónoma. Su relación con la tecnología es nula y dice no innovar ni en los productos y servicios que ofrece ni tampoco en los procesos para elaborarlos.

El informe GEM Cantabria 2023 analiza el emprendimiento regional desde cuatro enfoques: la autopercepción de quienes lanzan sus proyectos, el escenario actual (donde son expertos del ámbito público y privado quienes responden), cómo son quienes emprenden y cuáles son las características de sus proyectos.

Ana Fernández-Laviada, presidenta del Observatorio del Emprendimiento en España y directora también del informe GEM, en su despacho de la Universidad de Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

Uno de los bloques más reveladores es el que se centra en las percepciones que tienen las personas emprendedoras de sí mismas y su entorno. Variables como la percepción de oportunidades de emprender en los próximos seis meses, tener acceso a una red social emprendedora o la autopercepción sobre los conocimientos son, para la directora del GEM, una referencia consensuada para evaluar el fenómeno emprendedor, además de factores que terminan por influir en el nivel de crecimiento de una región.

Tres de cada cuatro cántabros no ven oportunidades

El porcentaje de cántabros que ven oportunidades de emprender en los próximos seis meses es del 25,6% para la población en general, del 24,3% entre la población no emprendedora y del 34,4% en la población que ya tiene un proyecto. Esto significa que tres de cada cuatro cántabros no ven oportunidades para emprender a corto plazo. A pesar de este dato, desde el informe se pone el foco en el incremento del optimismo con respecto al año pasado: en la población en general aumentó en 5,9 puntos porcentuales (o pp); en la no emprendedora, 4,2 pp; y en la emprendedora, 17 pp.

Como el informe regional utiliza las mismas métricas que las ediciones española y de otros países, se pueden comparar los resultados domésticos con los de aquellos. El 25,6% de cántabros que ven oportunidades está por debajo de la media nacional (31%) y todavía más al comparar el dato con Alemania (41%), Reino Unido (47%), la media de la UE (49%), Francia (51%), Estados Unidos (54%) o Países Bajos (67%). La posición de España en la cola del optimismo es habitual en el histórico de informes.

Otra variable que también describe el entorno emprendedor es el acceso a una red social de emprendedores y actores clave que puedan servir de guía. El porcentaje de cántabros con este acceso es del 43,5% en general, del 40,5% entre personas no emprendedoras y del 64,5% entre quienes sí tienen sus proyectos en marcha. En las tres variables hay una mejora importante con respecto al año pasado: en la población en general, 7,9 pp; entre no emprendedores, 5,9 pp, y entre emprendedores, 22,5 pp.

Desde GEM valoran muy positivamente contar con la ayuda de una red social emprendedora, pero matizan que dicha red suele concentrarse en el arranque de los proyectos y no en las fases posteriores. “Faltan programas de seguimiento. Levantar la persiana es difícil, pero mantenerla, más. Al final, hablamos de hombres y mujeres orquesta que tienen que hacer de todo, vender, facturar, comprar… y algo que ayudaría sería buscar equipos, que no emprendan solos y solas. Una solución serían las cooperativas, para las que ahora hay bastantes ayudas”, explica Ana Fernández Laviada.

Una formación especializada de nivel medio

La formación es otra de las claves del Informe GEM Cantabria 2023, y se aborda de diversas formas: autopercepción, educación para emprender, educación financiera y formación académica. El dato más rotundo aparece en la consulta sobre autopercepción, que se refiere a la confianza en los propios conocimientos, experiencia y habilidades para sacar un proyecto adelante. La población en general se reconoce confiada en un 50,7%, la no emprendedora, en un 42,7% y la emprendedora, en un 100%. Ante esta rotundidad, la directora del GEM recuerda que una cosa es la percepción sobre los conocimientos y otra “muy distinta” que existan dichos conocimientos.

El contraste entre percepción y realidad se deja entrever cuando se pregunta por la formación concreta. En el caso de la formación específica para emprender, la pregunta se dirige a tres colectivos precisos: las personas que quieren iniciar un proyecto en los próximos tres años (que llamaremos potenciales), quienes tienen un proyecto con menos de 3,5 años en funcionamiento (proyectos jóvenes, “TEA” en la gráfica que se muestra en la página siguiente) y quienes tienen un proyecto con una vida superior a los 3,5 años (proyectos consolidados). Entre los potenciales sobresale la formación “intermedia” (30,8%) y “ninguna” (26,9%); entre los proyectos jóvenes destacan la “intermedia” (37,3%), “ninguna” (18,4%) y la “avanzada” (16,5%); y entre los proyectos consolidados son notables la “intermedia” (26,6%), la “alta” (21,1%) y la “básica” (18,6%). Es decir, la formación específica sobre emprender que más se repite en los tres segmentos analizados es la “intermedia”.

Detalle del informe donde se muestra la formación especializada del emprendedor cántabro según sus propias respuestas.

El informe consulta también sobre la educación financiera. En este caso, los tres segmentos estudiados repiten un resultado equidistante: se declaran con una formación “media” el 50% de los potenciales, el 59,4% de los proyectos jóvenes y el 37% de los consolidados (es importante señalar que el 28,9% de este segmento reconoce un nivel “bajo”).

El capítulo de la educación se cierra con la pregunta sobre el nivel de formación académica, que puede ser primaria, secundaria o universitaria. En dos de los tres segmentos estudiados, la formación más alta es la educación secundaria: tanto para los proyectos jóvenes (53,5% secundaria, 31,9% universitaria) como para los consolidados (56,3% secundaria y 31,5% universitaria). El segmento de potenciales se separa de este escenario, si bien con un margen muy estrecho: el 42,3% alcanza el nivel universitario frente al 40,8% que tiene la secundaria.

“Se ha vendido un emprendimiento muy bonito, comercial, universitario, ligado a startups y tecnológicas, pero esto no es así. Tener una idea es fundamental, pero antes hay que hacer números, tener fondos para aguantar un negocio que no va a ser rentable de la noche a la mañana y formarse en educación empresarial y financiera, no solo en emprendimiento, sino en saber cómo gestionar un negocio, algo que se suele olvidar”, subraya la presidenta del Observatorio del Emprendimiento en España. “Me gusta bajar los pies a la tierra y decir que en España tenemos muchos emprendedores que no voy a decir vulnerables, pero sí menos glamurosos de lo que vendemos”.

Inicio tardío y poco entusiasmo de la juventud

Al comparar los datos nacionales y de Cantabria sobre la edad para emprender se obtienen los resultados que cabría esperar: la edad media en el segmento de emprendedores potenciales es de 38,1 años en España, de 40 en Cantabria; en proyectos jóvenes (menos de 3,5 años en funcionamiento), de 40,8 años en España, de 43,7 en Cantabria; y en proyectos consolidados (más de 3,5 años desde su puesta en marcha), de 49,4 años en España, de 49,7 en Cantabria.

Todos estos datos resultan esperables en una comunidad con una edad media de 46,6 años, superior a la nacional (44,2) y la cuarta más alta, solo por detrás de Asturias (49,3), Castilla y León (48,3) y Galicia (48,2). Sin embargo, sí hay un dato que enciende las alarmas en el Observatorio: la caída en la franja de 18-24 años de emprendedores potenciales, que el año pasado estaba situado en el 25% y este se encuentra en el 4,2%.

«Muchas veces pido que levante la mano la gente que quiera crear una empresa, y en clases de 30 o 40 personas levanta la mano uno, que suele ser extranjero». Ana Fernández-Laviada, presidenta del Observatorio del Emprendimiento en España.

La directora del GEM se muestra preocupada al respecto, y espera a los resultados del informe del próximo año para comprobar si es una anomalía estadística o una tendencia preocupante. Aunque duda, su experiencia como profesora de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Cantabria le sugiere una de las dos opciones. “Muchas veces pido que levante la mano la gente que quiera crear una empresa, y en clases de 30 o 40 personas levanta la mano uno, que suele ser extranjero. Entonces pregunto si van a opositar, y se levantan muchas más. Pero quedan muchas más manos sin levantar. Esto me preocupa. ¿Qué quieren hacer [los estudiantes]? No lo saben, pero tampoco veo que les preocupe”, remarca. “Me gustaría saber qué estamos haciendo para que esto esté pasando, porque es importante. La gente joven que se plantea emprender es lo que alimenta todo el sistema. Si la tendencia no cambia, en unos años no tendremos emprendedores en Cantabria”.

por Redacción

•, Entrevistas

Carlos Montes, director general de Vivienda y Arquitectura del Gobierno de Cantabria: “El derecho a una vivienda y el derecho a la propiedad no se pueden enfrentar”

Carlos Montes, responsable de vivienda en Cantabria, analiza en esta entrevista la crisis que vive el sector ante la escasez de oferta y la falta de nuevas viviendas. Para tratar de superar este problema, que reconoce poliédrico, defiende la necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica y deducciones fiscales a los propietarios, reducir las cargas administrativas y fortalecer el parque público.

Manuel Casino | @mcasino8 | Enero 2025

Pregunta.– La vivienda está en crisis. ¿En su peor crisis?

Respuesta.– Bueno, desde hace unos años para acá, sin lugar a dudas. Venimos de la época del boom y de la época de desarrollismo de las décadas de los años 50 y 60 en las que la gente tenía la capacidad de elegir si quería entrar en la vivienda en forma de compra o de alquiler. Han sido quizá tres generaciones que han podido elegir. Ahora, sin embargo, nos encontramos en un momento en el que es complicado que los jóvenes puedan hacerlo. En eso estamos trabajando para tratar entre todos de revertir esta situación. Y creo que lo vamos a conseguir.

P.– Muchos ciudadanos han salido recientemente a la calle para expresar su malestar por esta grave situación que afecta a cada vez más y más personas. Sin duda, el acceso a la vivienda es un problema en el que influyen muchos factores, pero ¿por dónde cree que empieza la solución?

R.– La solución no es fácil. Es poliédrica. Y no solo tiene que ver con la Administración, ni solo con el mercado, ni solo con el sector y ni solo tampoco con los ciudadanos. Es un compendio de muchísimas cosas. Desde el lado de la Administración, desde luego sí tenemos detectado que la solución pasa por generar seguridad jurídica en los propietarios. Y hablo en el ámbito del alquiler. Desde el punto de vista de la compra, la Administración tiene que hacer un esfuerzo por reducir cargas administrativas, que es uno de los proyectos de este Ejecutivo regional, a través de la Ley de Simplificación Administrativa. El 18 de noviembre se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el decreto por el cual se derogan las cédulas de habitabilidad, que para nosotros era uno de los ejes fundamentales. Queríamos dar la vuelta al cajón de toda la normativa y en eso estamos. Es un decreto que viene del año 91 y que era totalmente anacrónico. Y no lo hemos quitado porque sí. Tenemos un sistema lo suficientemente garantista ya, con un sistema de colegios profesionales, de notarios y registradores y de controles desde los propios ayuntamientos sobre todas las viviendas que se ponen en el mercado. Además, desde el punto de vista de la gestión del propio departamento, con esta modificación conseguimos que seis trabajadores que estaban dedicados de forma exclusiva a esta labor, pasen ahora a apoyar técnicamente el control y supervisión de las ayudas a la rehabilitación que desde esa dirección general se tramitan, sean de fondos europeos o del plan estatal En cuanto a la vivienda protegida, tenemos claro que la Administración tiene que estar detrás de esos ciudadanos que tienen problemas de acceso. Tenemos que fortalecer el parque público y, en esa línea, se enmarca el proyecto que ya tenemos en ejecución de 30 de esas 285 viviendas que en una primera fase van a completar este parque público.

P.– Varios expertos apuntaban hace unos días que Cantabria se asoma a un horizonte lleno de oportunidades para comprar y vender viviendas. ¿Lo cree usted también así?

R.– Es matizable. Desde luego sí que parece que los indicadores del mercado de vivienda libre indican una cierta recuperación, pero es cierto que hay una demanda no satisfecha que tiene que ver con una clase media que, digamos, aún tiene dificultades de acceso al mercado hipotecario. Creo que, no ya a nivel estatal, sino a nivel europeo, hace falta articular algún mecanismo que permita mayor dinamismo en este mercado hipotecario.

Carlos Montes, en su despacho durante la entrevista. Foto: Nacho Cubero.

P.– Se calcula que en España, uno de cada cinco inquilinos destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, lo que complica la situación económica de muchos hogares. ¿Cantabria está en esa media?

R.– Sí. Vamos a ver. Por eso apuntaba antes que una de las soluciones para dinamizar el mercado del alquiler tiene que ver con la seguridad jurídica. ¿Y por qué? Porque la estructura de la propiedad en Cantabria está atomizada, es decir, que las viviendas son propiedad de particulares y no de grandes fondos de inversión. Si en Cantabria existen 50.000 viviendas vacías, ¿qué lleva a un propietario que tiene su vivienda vacía a no ponerla en rentabilidad? Desde que en mayo de 2023 entró en vigor la Ley estatal de Vivienda tenemos un dato muy significativo de la patronal de las inmobiliarias, que indica que se ha retirado del mercado el 37% de la oferta. Entendemos que esta retirada tiene que ver lógicamente con que el propietario no se siente cómodo poniendo su vivienda en alquiler. La ley no ofrece garantías. Creo que el derecho a una vivienda y el derecho a la propiedad no se pueden enfrentar como ha tratado de enfrentar y están logrando con esta norma estatal. Lo que tenemos que hacer es aunar ambos derechos y buscar un punto en común. Generar seguridad jurídica en el propietario porque el problema de la vivienda en alquiler no son los propietarios, son una parte muy importante de la solución. Nosotros estamos por una política en positivo y por unas deducciones fiscales que animen a estos propietarios a poner sus viviendas en alquiler. Un dato también muy significativo es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su último informe, dice que, de media, se tardan 23 meses en un alzamiento. No puede ser que tardemos de media casi dos años en que un propietario recupere su vivienda. Eso genera temor.

P.– Afirma que en Cantabria hay alrededor de 50.000 viviendas vacías que no salen al mercado. Ha puesto en marcha rebajas fiscales para incentivar a los propietarios a que cambien de opinión, pero ¿no sería también necesario avanzar en mejorar la seguridad jurídica? ¿Observa ya un cambio de tendencia?

R.– La seguridad jurídica y las deducciones fiscales tienen que ir de la mano. Lo que ocurre es que la Ley estatal de Vivienda, en sus disposiciones adicionales, modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es medular para este tema. Nosotros, como comunidad autónoma, no podemos modificar esta ley, es competencia del Estado. Todas esta serie de trabas que se ponen a la recuperación de una vivienda desincentivan desde el temor. En las conferencias sectoriales a las que acude el consejero [Roberto Media] siempre se esgrime este argumento y se pide a la ministra que recapacite porque, lógicamente, la solución a nivel estatal tiene que conjugarse y estar conforme con todos los agentes. Sí que es cierto que muchas comunidades están pidiendo esta modificación para, a la vez de incentivar fiscalmente, quitar trabas a la recuperación de la vivienda. También la declaración de zonas tensionadas, que es potestad de las comunidades autónomas y que nosotros vamos a aplicar, pero que viene dibujada en esa ley, genera desconfianza y temor. Y otro desincentivo es el incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por vivienda desocupada. Frente a ello, insisto que nuestra hoja de ruta es política en positivo e incentivadora. No tenemos previsiones. Todas y cada una de las 50.000 viviendas serían importantes. Pero si consiguiéremos que se pusieran en el mercado 10.000 o 15.000 viviendas estaríamos en unas condiciones muy diferentes que, seguramente, conllevaría una rebaja de precios.

P.– ¿Hay déficit de viviendas en Cantabria?

R.– Sí, sí, desde luego. Desde el punto de vista del alquiler y también de compra. Parece que desde determinados sectores se está abocando a los jóvenes a que no puedan decidir. Y nosotros queremos que sí puedan hacerlo. Que haya un dinamismo en el mercado que permita acceder en condiciones dignas al alquiler, pero también hay que incentivar la compra, que en España es un tema cultural y a la que muchas personas quieren optar. De hecho, uno de los ejes presupuestarios de cara a 2025 es incremento en un 30% de las ayudas de hasta 10.800 euros a la adquisición de viviendas para jóvenes menores de 35 años en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y a lo largo del ejercicio, si hubiera más peticiones, estamos dispuestos a ampliar esta partida que está cuajando y que tiene éxito.

«Entiendo que los precios seguirán incrementándose en 2025. No solo de incentivos fiscales vive el incremento de la oferta en el mercado de alquiler.»

P.– El consejero Roberto Media sostiene, y usted acaba de corroborar, que desde que entró en vigor la Ley estatal de Vivienda, la oferta de inmuebles en alquiler en la Cantabria ha caído un 37%, mientras que la demanda ha crecido un 17%. Así las cosas, ¿es esperable que los precios no dejen de subir?

R.– Entiendo que los precios seguirán incrementándose en 2025. No solo de incentivos fiscales vive el incremento de la oferta en el mercado de alquiler. Manifestaciones como hace unos días hubo en Madrid del Sindicato de Inquilinas, que abogaban por hacer una huelga de alquileres, también desincentivan. Y si el Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana no sale a corregir completamente esas declaraciones, el temor seguirá presente. Y, ¿en qué se mide el temor? En el número de viviendas que desaparece del mercado de alquiler. Está claro. Le podremos poner todas las puertas que queremos al campo, pero si insistimos en confrontar un derecho con otro nunca vamos a conseguir nada.

P.– La ‘okupación’ es un tema que preocupa en Cantabria?

R.– Por supuesto. Un solo caso nos preocupa y muchísimo. Y no hay uno, hay muchos. Y donde ocurre, la situación que genera es tremenda, desoladora. Lo primero que provoca es un conflicto vecinal brutal y una bajada del precio de las viviendas del entorno. Pero también una sensación de impotencia en todos los vecinos, que se ven incapaces de que el sistema les garantice una convivencia normalizada.

P.– El Gobierno regional ha retrasado la presentación del proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria hasta finales del primer semestre de 2025. ¿Qué podemos esperar de ella?

R.– Cantabria tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda. En cuanto a normativa, el tema de la vivienda tiene muchísimos frentes: Ley de Propiedad Horizontal (LPH), de Enjuiciamiento Civil, de Arrendamientos Urbanos, además de las normativas de notaría y registro, que también incide sobre ella. En el ámbito de nuestras competencias, la ley dibujará toda serie de garantías para que todo lo que entre en el mercado cumpla escrupulosamente la legalidad. También vamos a regular los colectivos profesionales que tienen que ver con el tráfico de vivienda, como son los agentes inmobiliarios, los administradores de fincas… Desde luego que vamos a buscar cualquier resquicio competencial para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios en el caso del alquiler, y hacer más sencillo, desde el punto de vista administrativo, la generación de vivienda. Y eso no obsta para que haya los controles precisos que tenga que haber. Pero no más.

P.– Defiende el trabajo realizado por su departamento para reducir la carga administrativa y ahorrar burocracia y tiempo al ciudadano. ¿En qué lo vamos a notar?

R.– Por ejemplo, la reorganización interna del personal que le he apuntado antes y que ya está trabajando en la verificación y comprobación de ayudas a la rehabilitación, optimizando recursos humanos y materiales. Se trata de muchos pequeños detalles en todos y cada uno de los procedimientos para modificar y eliminar todo lo que es superfluo.

P.– ¿Falta personal?

R.– Sí. Desde luego. Le pongo un ejemplo: con la llegada del Bono de Alquiler Joven, que nos han asignado 3,8 millones de euros, necesito cinco personas que no tengo para verificar los requisitos de los solicitantes y hacer la prelación de un proceso que es en concurrencia competitiva. Al igual que los fondos europeos establecieron un porcentaje de costes indirectos que, digamos, podíamos cargar contra esos fondos, el Ministerio es completamente reacio a dejarnos imputar personal a esa partida. Lo hemos pedido por activa y por pasiva. El Ministerio también nos había prometido una herramienta informática centralizada a nivel estatal, que es fundamental para, de forma conjunta, seguir todas las comunidades autónomas el mismo procedimiento para el Bono Joven. Pues bien, esa herramienta aún no ha llegado.

Carlos Montes, a la derecha, junto al consejero de Fomento, la presidenta de Cantabria, el gerente de Gesvican y el alcalde de Reinosa, en el acto de inicio de las obras para construir 19 viviendas de protección oficial en la capital campurriana.

P.– El Ejecutivo regional ha anunciado la construcción de 285 viviendas de VPO en régimen de alquiler asequible con una inversión que asciende a más de 42 millones en nueve ayuntamientos de la región, pero lamenta el nulo apoyo económico recibido hasta ahora por parte del Gobierno de España para este tipo de iniciativas. ¿Confía en que cambien las tornas?

R.– De momento, en este programa, no. Dentro de la partida de fondos europeos destinados a vivienda hay un programa que es el de construcción de vivienda de alquiler asequible, dibujado con trece millones de euros. El Ejecutivo regional anterior no tenía proyectos que soportaran esa partida y, en palabras de la anterior consejera, ese montante se iba a devolver. El 21 de julio de 2023 tomé posesión del cargo. Y a los tres días estaba en el Ministerio con los acuerdos para optimizar esos trece millones, que son parte –el 30%– de la inversión para este programa de vivienda asequible. Tenga en cuenta que el actual parque público de vivienda lo componen 400 viviendas, que están ocupadas en su totalidad. Ahora nosotros con este proyecto vamos a poner 285 viviendas en una primera fase. Estamos pidiendo corresponsabilidad al Ministerio porque, repito, los fondos europeos ponen el 30% de esos recursos y el 70% restante son a costa el Gobierno de Cantabria.

P.– El consejero Media ha adelantado su intención de acudir a la colaboración privada para construir 212 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible. ¿Qué puede hacer el Gobierno para hacer más atractiva la VPO a la iniciativa privada, si es que se puede hacer algo?

R.– De esas 285 viviendas, 212 salen de forma inmediata a licitación de constitución de derecho de superficie. Es un modelo de colaboración público-privada que llega para quedarse porque el real decreto que desarrolla este plan estatal, en su exposición de motivos, dice que preferentemente se adoptará este modelo. Todas las comunidades autónomas, salvo dos, tienen ya procesos de licitación. A buen seguro que esta licitación va a tener buen acogida entre la iniciativa privada.

P.– Aunque no es de su competencia directa, uno de los factores que inciden en la falta de vivienda es la proliferación de pisos turísticos, muchos de ellos ilegales. ¿Cómo se puede combatir?

R.– Efectivamente no es de nuestra competencia, pero los datos que manejamos en esta dirección general es que, frente a esas 50.000 viviendas vacías, que representan el 14% del parque edificado en Cantabria, ahora mismo los pisos turísticos están por debajo del 4%. Desde esta dirección general y desde la Consejería de Fomento nos estamos centrando en ese 14%, que es lo que nos preocupa. En cualquier caso, el tema de los pisos turísticos también es poliédrico y muy complejo. Aquí tiene mucho que decir la LPH, que es competencia del Estado, al igual que ocurre con la fiscalidad en el IRPF. La comunidad autónoma en cuanto a las condiciones que deben de cumplir como alojamiento turístico; los ayuntamientos, en cuanto a los modelos que quieren para su municipio; y las comunidades de propietarios.

P.– Algunas comunidades llevan tiempo explorando la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros. ¿Ustedes también se lo han planteado?

R.– Para nada. Sí que es cierto que ese mercado extranjero no es en Cantabria tan significativo como puede ser en otras zonas de España. Pero si lo fuera, tampoco entraría en los planes de este gobierno.

P.– El departamento que usted dirige contará el próximo año con un presupuesto de cerca de 23,5 millones de euros, un 8,7% más que en 2024. ¿A qué lo va a destinar, fundamentalmente?

R.– Tenemos líneas estratégicas. Ayudas directas a la compra de vivienda para jóvenes, que aumenta un 30%; también incrementamos un 300% una partida que hemos innovado en ella para la rehabilitación de edificios públicos de ayuntamientos y juntas vecinales en la que este año hemos incorporado una novedad para la puesta en valor de vivienda existente o de cambio de uso y su puesta a disposición del parque público. Evidentemente, los fondos nunca son suficientes. Pero a lo largo del año hacemos modificaciones presupuestarias para optimizar aquellas líneas que tienen más éxito.

por Redacción

•, Actualidad

El taxi en Cantabria: regulación frente a las VTC y el reto rural

El nuevo decreto aprobado en septiembre de 2024 para la regulación de la actividad del taxi deja fuera algunas peticiones históricas de los profesionales, como la fijación de un ratio que limite el número de licencias en función de la población del municipio, el establecimiento de medidas que faciliten optar a rutas de transporte escolar o una mayor regulación de la actividad de los vehículos de alquiler con conductor.

Ana Bringas | Enero 2025

El sector del taxi en Cantabria, una de las comunidades con menor número de licencias de España, enfrenta una etapa de transformación marcada por un nuevo decreto regulador, aprobado el pasado mes de septiembre; la competencia creciente de los vehículos de transporte con conductor (VTC) con la llegada de empresas como Cabify (2019) y Uber (2024) que han alterado el equilibrio; y las dificultades inherentes al ámbito rural. Aunque los datos sugieren que la actividad se mantiene, los retos son evidentes y multifacéticos.

Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a 1 de noviembre de 2024, Cantabria cuenta con un total de 458 autorizaciones de taxi (VT) y 179 autorizaciones de alquiler con conductor (VTC). Estas cifras posicionan a la comunidad como una de las regiones con menor número de licencias a nivel nacional en ambas categorías. En el ámbito de taxis, Cantabria se encuentra muy por debajo de comunidades como Madrid (15.685), Cataluña (12.985) o Andalucía (8.955). De hecho, su cifra es la segunda más baja de España, superando únicamente a Navarra que cuenta con 440 autorizaciones. Por su parte, las ciudades autónomas Ceuta y Melilla cuentan con dos y cero licencias respectivamente.

Respecto a las autorizaciones VTC, Cantabria cuenta con 179 licencias, un número igualmente reducido frente a comunidades como Madrid, que lidera con 8.831 autorizaciones, y Cataluña, en segundo lugar con 3.726. Sin embargo, está por encima de regiones como La Rioja (85), Navarra (119), Murcia (125) o Asturias (174). Así como de Canarias que no tiene ninguna.

Cantabria representa un 0,73% de las licencias de taxi y un 0,88% de las de VTC de toda España, cifras por debajo de las correspondientes por población y peso económico de la región

A nivel nacional, el total de autorizaciones para taxis asciende a 62.251, mientras que las licencias de alquiler con conductor (VTC) suman 20.355. Cantabria representa un 0,73% de las licencias de taxi y un 0,88% de las de VTC, cifras ambas que se sitúan por debajo de las que corresponderían en función de la población o el peso económico de la región. Cantabria tiene una densidad aproximada de 77 licencias de taxi por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional 127, que en regiones como Madrid se eleva ligeramente por encima de las 220.

Respecto a las licencias de VTC, las 179 que operan en Cantabria suponen 30 por cada 100.000 habitante, de nuevo claramente por debajo de referencias como las de Madrid –125– y también, aunque en una medida más cercana, de la media del conjunto de España, que es de 41,6 licencias de VTC por cada 100.000 habitantes. En resumen, Cantabria mantiene una baja proporción de autorizaciones en el sector del transporte de viajeros en automóviles con conductor –ya sean taxis o VTC– en comparación con otras comunidades autónomas, lo que podría sugerir limitaciones en la oferta de estos servicios en la región.

Muchos más taxis que licencias tanto a nivel estatal como regional

Si ponemos el foco en la evolución de los datos en los últimos años, entendemos que, en términos generales, la cifra en taxis se mantiene. Si bien es cierto que sufre un ligero descenso prolongado en el tiempo, la línea marca algunos picos puntuales. En el año 2000 las licencias ascendían en la comunidad cántabra a 510, mientras que en noviembre de 2024 se quedan en 458. En ese periodo, que comprende más de dos décadas, los números bailan de manera sutil: el máximo se alcanzó en 2021 con 527 autorizaciones y el mínimo en 2005 con 447.

Un taxi recoge pasajeros en Santander. La capital de Cantabria cuenta con 230 licencias de taxi, algo más de la mitad de las existentes en toda Cantabria. Foto: Nacho Cubero.

Centrándonos únicamente en la región cántabra, Santander, como capital, concentra una aplastante mayoría, con 230 licencias, que representan algo más de la mitad del total. Este dato refleja el papel de la ciudad como el principal núcleo urbano y económico de la comunidad autónoma. Después de Santander, destaca Torrelavega, que hace gala de su posición como segunda ciudad de Cantabria con 52 licencias, consolidándose también como el segundo municipio con mayor cantidad de taxis. Su relevancia como centro industrial y comercial en la región justifica esta cifra.

En tercer lugar se encuentra Astillero, con 13 licencias, una cifra notable considerando su tamaño. La localidad tiene una alta densidad poblacional y una posición estratégica cerca de la Bahía, lo que aumenta la demanda de transporte. Del mismo modo, sobresale Camargo con 11 licencias, probablemente debidas a su cercanía al aeropuerto de Santander y su rol como área residencial y comercial; o Cabezón de la Sal y Laredo, que cuentan cada uno con 10 licencias que reflejan su importancia turística y dinamismo económico.

En el otro extremo, hay varios municipios que cuentan con una sola licencia de taxi, como Alfoz de Lloredo, Anievas, Bareyo, o Santoña, mientras que otros, como Arredondo o Cartes, no disponen de ninguna. Estas cifras son comunes en zonas rurales o con menor densidad de población.

Así, la distribución de taxis en Cantabria está claramente centralizada en los núcleos urbanos más importantes, como Santander y Torrelavega, mientras que en áreas rurales la presencia de este servicio es limitada, lo que pone de manifiesto las dinámicas poblacionales y económicas de la región, donde las mayores poblaciones concentran la actividad y movilidad.

El nuevo decreto: modernización y retos normativos

El 12 de septiembre de 2024, el Gobierno de Cantabria aprobó un decreto para regular el sector del taxi, sustituyendo la ley nacional obsoleta de 1979. Según detalló entonces el Ejecutivo, este marco busca garantizar la calidad del servicio, modernizar la tecnología de los vehículos e introducir licencias temporales para épocas de alta demanda. También permite la transmisión de licencias por jubilación, algo que según Manuel Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra del Taxi, era una necesidad urgente: “Muchas licencias desaparecieron porque los titulares no podían transferirlas al retirarse”.

Quizá el ejemplo más claro en este sentido sea el caso de Jorge Álvarez. Jorge es taxista en Ampuero desde hace tres años. Él mismo explica que al jubilarse, su padre dejó vacante una plaza en el municipio y él la retomó, aunque no la heredó. Esa es una novedad incluida en el nuevo decreto de septiembre que permite a los titulares transferir las licencias. El trabajo en Ampuero, un municipio que ronda los 4.000 habitantes y cuenta con tres taxis, se centra en transportar a personas mayores de sus casas al centro de salud. Un hecho que evidencia la mayoritaria población envejecida del mundo rural y sus particulares necesidades.

Jorge Álvarez, taxista de Ampuero, tras uno de los viajes realizados para traer vecinos a realizar gestiones en la capital de Cantabria, una de las actividades habituales en los taxis rurales. Foto: Nacho Cubero.

“No hay autobuses a todas horas, ni familiares que siempre estén disponibles para transportar a los mayores al médico, entonces nos reclaman”, apunta Álvarez, que subraya lo que aporta su actividad en un entorno rural: “Llevo a personas mayores al centro de salud, estudiantes al instituto o vecinos al aeropuerto. Aquí los taxis son una necesidad”. Ello marca distancias con el transporte ocasional que puede ser más habitual en las ciudades: “En Santander coges un taxi para llegar a tu destino más rápido, aquí es casi por obligación”, señala. Respecto a la competencia de las VTC, y aunque reconoce que se están haciendo con buena parte del mercado y es complicado luchar contra ellos, todavía no llegan a lugares como Ampuero donde, según recalca “hay el trabajo que hay, ni más ni menos”.

Dificultades económicas y normativas que erosionan el sector

La falta de rutas escolares, una fuente de ingresos clave, se suma a la carencia de medidas como el taxi a demanda, que permitiría crear rutas regulares en zonas con poca actividad. Ruiz enfatiza que esta solución no solo garantizaría ingresos fijos para los taxistas rurales, sino que también mejoraría la movilidad de los habitantes. Los concursos de transporte escolar presentan un obstáculo adicional: la subrogación obligatoria de conductores de empresas de autobuses. Esto hace que para los taxistas sea económicamente inviable optar a estas rutas, ya que, en muchos casos, tendrían que asumir indemnizaciones que superan el valor del contrato. “Llevamos mucho tiempo reclamando a la Consejería de Educación que se divida la licitación en dos lotes para evitar la competencia entre autobuses”, declara el presidente de la Federación Cántabra del Taxi, que detalla que cuando una empresa mayor se convierte en adjudicataria de una ruta “la blinda” y es inaccesible para los taxis autónomos.

Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación Cántabra del Taxi, en su vehículo. Foto: Nacho Cubero.

Ese es un objetivo aún por cumplir dentro de las demandas que quedaron fuera del último decreto que, aunque ha sido bien recibido en general, ha pasado por encima de algunas peticiones que Ruiz califica de “claves” como establecer un ratio que limite el número de licencias según la población. Tal y como asegura Manu Andoni Ruiz, esta omisión perpetúa la posibilidad de que algunos municipios otorguen licencias de forma indiscriminada, desbordando el mercado en ciertos puntos. A esto se suma la escasa regulación de las VTC en Cantabria, que trabajan casi sin restricciones, un tema que el sector ve como prioritario para abordar.

Además, la Federación del Taxi de Cantabria ha planteado al Gobierno otras propuestas para mejorar las condiciones del sector como la creación de tarifas concertadas para mayor transparencia, la unificación de Áreas de Prestación Conjunta (APC) –que permitirá mayor flexibilidad en el servicio– la habilitación para transporte sanitario complementario y la implantación del taxi a demanda, especialmente útil en zonas rurales.

Las VTC consolidan su presencia en Santander

El competencia entre taxis y VTC no es nuevo, pero en Cantabria la situación es singular. Según la perspectiva de los profesionales del taxi, la comunidad es una de las más liberalizadas en España, al permitir a las VTC operar sin necesidad de licencias específicas para servicios urbanos. Esto crea una competencia directa con los taxis, que deben cumplir con normativas más estrictas, incluyendo el pago de licencias municipales, la instalación de taxímetros y la revisión anual de tarifas.

Las VTC, diseñadas originalmente para ofrecer un servicio de lujo y precontratado, han adaptado sus modelos lo que, según apunta Ruiz, ha llevado a que las fronteras entre los mercados de ambas opciones se hayan difuminado casi por completo: “En la práctica no hay diferencia entre un taxi y una VTC; ambas hacen lo mismo, pero con normativas muy distintas”, asegura. Además, critica la falta de inspecciones para garantizar que las VTC cumplan con la normativa, como el retorno a la base tras cada carrera. En Santander operan dos emisoras principales a través de las que pueden contratarse los servicios del taxi (Radiotaxi y Teletaxi), un entorno y una modalidad de acceso al servicio en la que la competencia con Uber y Cabify –cuyos vehículos solo pueden transportar pasajeros que hayan contratado el viaje con antelación– es más que evidente. Sin embargo, en el ámbito rural, la situación es distinta ya que las VTC tienen poca presencia fuera de la capital.

Las demandas del sector reflejan la necesidad de adaptación del taxi a los nuevos retos de movilidad, equilibrando la competencia con las VTC y mejorando la cobertura de transporte en Cantabria, especialmente en las áreas menos conectadas. La Federación confía en que el Gobierno regional atienda estas peticiones, que asegura que no solo beneficiarían a los profesionales del taxi, sino también a los usuarios y al conjunto de la sociedad cántabra.

por Redacción

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