Ganadería en Cantabria: un sector estable, pero en alerta

Los ganaderos cántabros se sienten amenazados por Mercosur, la posible caída de los precios de la leche, la expansión de la dermatosis nodular y la dificultad para garantizar relevo generacional, mientras valoran el respaldo del Gobierno regional frente al lobo.

Ana Bringas | Abril 2026

En calma, pero con “mucha preocupación”, se encuentra el sector ganadero cántabro. Los profesionales del campo afrontan múltiples frentes abiertos y, aunque atraviesan un periodo de relativa estabilidad, se sienten amenazados por el futuro. El acuerdo con Mercosur, la posible caída en los precios de la leche de cara a la primavera, el avance de enfermedades como la dermatosis nodular contagiosa o la tuberculosis, y las dificultades para asegurar un relevo generacional son motivos de inquietud. Sin embargo, también existen razones para la esperanza: la respuesta del Gobierno regional ante la proliferación de lobos ha sido proactiva, con 41 extracciones ejecutadas hasta ahora, y los ganaderos confían en que esta línea de actuación continúe y que los efectos de las medidas sean pronto visibles.

El citado acuerdo aspira a crear la mayor zona comercial del mundo, integrando a más de 780 millones de ciudadanos de la Unión Europea y América del Sur en un espacio común basado en la reducción progresiva –y en muchos casos eliminación– de aranceles y barreras comerciales entre ambos bloques. Tras más de 25 años de negociaciones intermitentes, el tratado fue rubricado oficialmente este enero. Sin embargo, la polémica que ha suscitado llevó al Parlamento Europeo a acordar su remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el fin de que determine si el texto se ajusta plenamente a los tratados comunitarios o no. Aunque esto retrasa la aplicación formal del tratado, la Comisión Europea puede implementarlo de manera provisional, y eso es precisamente lo que se ha anunciado, lo que mantiene en vilo al sector ganadero.

La entrada de carne y otros productos animales, producidos bajo normas diferentes, según la apreciación generalizada en el sector ganadero, genera sensación de desigualdad. “No jugamos en la misma liga que el resto de países”, apunta Carlos Elizondo, secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja. Por su parte, Luis Pérez Portilla, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG) destaca la a su juicio “dudosa calidad y procedencia” de los productos de fuera de la UE que llegarían merced al acuerdo, y que a su juicio servirán para “echar por tierra” el valor de los productos locales y favorecer la desaparición de la ganadería y agricultura familiar de Cantabria.

En la misma línea se expresa Alberto Pérez Quintial, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA): “Aunque nos quieran vender que hay cláusulas para garantizar que todo está bien, son solo parches. Este acuerdo no beneficia al sector local, solo a los intereses de grandes multinacionales”. Añade que Europa necesita un mercado masivo para vender coches y otros productos, y que los ganaderos cántabros se han convertido en un “mero encaje” en esa estrategia, sin ventajas reales para su producción.

Además, los secretarios generales de las tres organizaciones agrarias expresan serias dudas sobre la eficacia de los controles de calidad en frontera. “No hay personal suficiente para revisar todos los productos que entran, y el Gobierno se pone de perfil ante esta realidad. Se perjudica a nuestra población y a la dieta mediterránea de la que tanto se ha presumido. Otros países no van a adaptarse de la noche a la mañana a las exigencias europeas. Esto es una trampa y un engaño que puede poner en riesgo la salud de la sociedad”, sostiene Alberto Pérez Quintial.

Luis Pérez Portilla, también escéptico respecto a la capacidad inspectora, calcula que no se controla ni el 1% de lo que llega, cuestionando así la garantía real de que los productos importados cumplan los mismos estándares que se exigen a los ganaderos europeos. “Es el cóctel perfecto para favorecer la desaparición de nuestras ganaderías”, zanja.

 

Elizondo advierte de que, si Europa no toma medidas para frenar los efectos del tratado, el sector volverá a movilizarse como ya lo ha hecho en dos ocasiones durante este año en Santander. Sobre las masivas tractoradas, el secretario de Asaja reconoce que el efecto no ha sido el deseado, mientras que Pérez Quintial opina que las protestas han cambiado el paso a los políticos: “Ahora empiezan a entender que no es tan fácil defender este acuerdo”, señala e incluso añade que los resultados electorales recientes, como la subida exponencial de VOX y la victoria del PP en las citas en las urnas de Aragón y Extremadura frente a la bajada del PSOE, reflejan que el campo busca alternativas políticas que “consideren sus intereses”.

El secretario general de UGAM-COAG vincula directamente los tratados internacionales con los recortes planteados en la Política Agraria Común (PAC) por parte de la Comisión Europea. En concreto, se refiere a la propuesta de reducir en un 22% la dotación destinada a la PAC en comparación con el actual periodo presupuestario. “No entendemos qué soberanía alimentaria quiere Europa si, por un lado, firma estos pactos comerciales y, por otro, recorta la PAC”, cuestiona. Además, denuncia que, pese a la disminución de fondos, las exigencias burocráticas y medioambientales aumentan. “Lo que consiguen es generar miedo entre quienes están pensando en incorporarse al sector, y los necesitamos”, advierte.

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que la edad media de los ganaderos supera los 60 años y que, según reconocen las organizaciones agrarias, el relevo generacional no avanza al ritmo que la actividad requiere para garantizar su continuidad.

Tractoradas

Los tractores han vuelto a tomar Santander en dos ocasiones a lo largo de este 2026. A las protestas contra el acuerdo con Mercosur se suman los daños provocados por el lobo, la expansión de la dermatosis nodular bovina y los anunciados recortes en la Política Agraria Común (PAC).

Para Alberto Pérez Quintial, la mayor inquietud en estos momentos no está tanto en los precios como en las enfermedades del ganado. La dermatosis nodular contagiosa (DNC) concentra buena parte de la preocupación del sector. El Gobierno de Cantabria ha prorrogado hasta el 30 de abril —dos meses más— las medidas preventivas ya en vigor, al considerar que la evolución sanitaria a nivel estatal no es mejor que hace tres meses, según explicó la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos. A ello se suma la llegada de la primavera, con el aumento de mosquitos, principales transmisores de la enfermedad.

Entre las medidas adoptadas figura, por ejemplo, la suspensión de ferias y concentraciones ganaderas, una decisión que afecta directamente a la actividad comercial y a la visibilidad del sector.

Por su parte, Luis Pérez Portilla asegura no comprender por qué el Ministerio y Bruselas no abordan conjuntamente la posibilidad de permitir la vacunación preventiva en Cantabria, lo que implicaría rebajar la categoría sanitaria de la enfermedad. Advierte de que, si la DNC llegara a territorio cántabro, el impacto sería “una ruina”, dado que las explotaciones se encuentran muy próximas entre sí, y ello facilitaría una rápida propagación del virus.

En el capítulo de noticias positivas, los precios de la carne y de la leche se mantienen en buenos niveles, lo que permite una estabilidad económica. Sin embargo, esa tranquilidad se vive con cautela. Los profesionales reconocen que su principal temor es que esta situación cambie a corto plazo, especialmente en el caso del sector lácteo. “La industria está amenazando con bajar de manera brusca los precios de cara a la primavera y no lo entendemos, porque cada vez somos menos los ganaderos de leche”, advierten desde el sector, que no comprenden el posible ajuste a la baja en un contexto de reducción constante de explotaciones. Lo cierto es que, según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), en 2025 permanecían activas 788 explotaciones ganaderas dedicadas a la producción láctea, frente a las 1.514 registradas en 2015.

Otro de los aspectos que el sector valora de forma positiva es el respaldo del Gobierno cántabro en la gestión del lobo, aunque no perciben la misma sintonía por parte del Ministerio. “El Gobierno central nos machaca intentando volver a incluir al lobo en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”, critica Carlos Elizondo, en referencia al debate abierto sobre su estatus jurídico.

Al mismo tiempo, reconoce que los efectos de las 41 extracciones realizadas por el Ejecutivo autonómico no serán inmediatos. “Los resultados se verán en unos años”, señala, aunque insiste en que la línea de actuación debe mantenerse e intensificarse, ya que la presencia del lobo “ha llegado incluso a la costa, algo que no es habitual”.

En la misma línea, Alberto Pérez Quintial apunta que uno de los principales escollos actuales es la actualización de las tablas de indemnización por ataques. “Se han quedado devaluadas”, afirma, recordando que el valor de los animales ha aumentado “entre un 30 y un 40% en los últimos años”.

Frente a las críticas de algunas plataformas ecologistas, el sector defiende que es necesario actuar con determinación. “No podemos andar con miramientos”, sostiene Pérez Quintial, quien aboga por continuar con las extracciones para alcanzar un equilibrio que permita reducir lo que califican como un exceso de lobos. “Solo así podemos seguir viviendo de esto”, concluye.

Así, los secretarios generales de las organizaciones agrarias cántabras coinciden en que la situación general es similar a la del año pasado con relativa estabilidad, pero con inquietud sobre el futuro. Sobrevuela, una vez más, el problema del relevo generacional, un asunto recurrente que sigue sin resolverse de manera estructural.

En este contexto, algunos dirigentes comienzan a plantear la necesidad de explorar modelos “diferentes” de incorporación al sector. Entre ellos, recuperar la figura del ganadero mixto: profesionales con dedicación parcial a la explotación y otra actividad laboral complementaria fuera de la ganadería. Alberto Pérez Quintial recuerda que este esquema era habitual en las décadas de los 70 y 80 y considera que podría adaptarse a la realidad actual para facilitar la entrada de jóvenes.

Carlos Elizondo añade otro factor de peso: la despoblación rural. “Vivir en un pueblo cada vez es más complicado; se están quedando sin gente y sin vida social”, señala.

“No podemos permitirnos perder más ganaderías en Cantabria, que quede claro a los organismos competentes”, concluye Luis Pérez Portilla. “Vertebran el territorio y generan valor económico y social. Están en riesgo, y no podemos perderlas”.